Ponencia de la Magistrada Doctora MIRIAM MORANDY MIJARES.

 

Dio origen al presente juicio el hecho ocurrido el 20 de abril de 2007, en la Carretera Petare- Mariche, Barrio el Winche, sector Las Malvinas, cuarta escalera, casa n° 79 cuando funcionarios de la Dirección de Inteligencia de la Policía Municipal de Sucre, irrumpieron con una orden de allanamiento, emitida por el Tribunal Décimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la referida vivienda donde se encontraban  ciudadanos POLICARPA QUEZADA DE SERRANO y  JAVIER ALBERTO MARÍN ALZUALDE y en presencia de dos testigos, consiguieron dentro  de uno de los dormitorios y en el interior una cesta de color azul y blanco, tres envoltorios de material sintético  contentivos de fragmentos vegetales, quince envoltorios de material sintético, contentivos de polvo de color blanco, dieciséis envoltorios, contentivos de una sustancia color beige y dos envoltorios, de material sintético, contentivos de un polvo blanco con un peso de ochenta y seis gramos de bicarbonato de sodio. Una vez realizada la experticia química y botánica a las sustancias incautadas resultó ser 15 gramos con cuatrocientos miligramos de cannabis sativa (marihuana), siete gramos con trescientos miligramos de clorhidrato de cocaína y dos gramos con setecientos miligramos  de cocaína  base (crack). Además se localizó en el interior de la vivienda, coladores de metal, hojillas de afeitar y una balanza electrónica.

 

En efecto, los hechos establecidos por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, fueron los siguientes:

 

“…En este sentido, tenemos que señalar, tal como se hizo precedentemente, que se incautó un lote de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, de acuerdo a lo concluido por la experticia efectuada a la misma, en una vivienda ubicada en la carretera Petare-Santa Lucía, Barrio El Winche, sector Las Malvinas, Municipio Sucre del estado (sic) Miranda, como consecuencia de una orden de allanamiento emanada de un tribunal (sic) en funciones de control (sic), por lo que funcionarios adscritos a la policía (sic) del Municipio Sucre del estado (sic) Miranda procedieron a practicar dicha orden, siendo incautada en esa vivienda que servía de hogar a los acusados de autos, cuatro (4) evidencias, la primera evidencia constante de tres (3) envoltorios de material sintético de fragmentos vegetales, positivo para marihuana con un peso de 15 gramos, cuatrocientos (400) miligramos, la segunda evidencia se trató de quince (15) envoltorios de material sintético, contentivos de polvo de color blanco con siete (7) gramos trescientos (300) miligramos, dando resultado positivo para cocaína clorhidrato, la tercera evidencia se trató de dieciséis (16) envoltorios, contentivos de una sustancia beige con dos (2) gramos setecientos (700) miligramos y dando positivo para cocaína (crack) y la cuarta evidencia, son dos (2) envoltorios, de material sintético, contentivos de un polvo blanco con un peso de ochenta y seis (86) gramos con cuatrocientos (400) miligramos, arrojando resultados negativos para cocaína y positivo para bicarbonato de sodio, siendo en consecuencia aprehendidos los ciudadanos POLICARPA QUESADA (sic) DE SERRANO Y JAVIER ALBERTO MARIN ALZUALDE.

 
Hecho el análisis anterior y estando fundamentado en las declaraciones rendidas por los funcionarios de la Policía Municipal de Sucre, estado (sic) Miranda JOSE APONTE, CARMEN CRUZ, RIGEL VARGAS RAMOS y JAIME ALTUVE y del testigo del procedimiento, GREGORIO RAMÓN SÁNCHEZ MARTÍNEZ, así como por la experta adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, MARJORIE MARCANO, apreciadas individualmente y debidamente comparadas entre sí, hay certeza que los ciudadanos POLICARPA QUESADA (sic) DE SERRANO Y JAVIER ALBERTO MARIN ALZUALDE ocultaban en la vivienda base del hogar de ambos, cuatro (4) evidencias, la primera evidencia constante de tres (3) envoltorios de material sintético de fragmentos vegetales, positivo para marihuana con un peso de 15 gramos, cuatrocientos (400) miligramos, la segunda evidencia se trató de quince (15) envoltorios de material sintético, contentivos de polvo de color blanco con siete (7) gramos trescientos (300) miligramos, dando resultado positivo para cocaína clorhidrato, la tercera evidencia se trató de dieciséis (16) envoltorios, contentivos de una sustancia beige con dos (2) gramos setecientos (700) miligramos y dando positivo para cocaína (crack) y la cuarta evidencia, son dos (2) envoltorios, de material sintético, contentivos de un polvo blanco con un peso de ochenta y seis (86) gramos con cuatrocientos (400) miligramos, arrojando resultados negativos para cocaína y positivo para bicarbonato de sodio, sustancias que fueron incautadas como consecuencia de la orden de allanamiento emanada de un Tribunal en Funciones de Control y que conllevaron a la incautación de las sustancias antes descritas, luego de la revisión efectuada en la misma, con lo cual la conducta puesta en acción por los dos acusados de autos encuadra en el supuesto de hecho contenido en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra El (sic) Tráfico Ilicíto
(sic) Y (sic) El (sic) Consumo De (sic) Sustancias Estupefacientes Y (sic) Psicotrópicas en concordancia con la agravante prevista en el artículo 46 numeral 5 de la misma ley especial, en consecuencia la acción desplegada por ambos acusados es típica....”.

 

El Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la ciudadana juez abogada LILIAM FABIOLA UZCATEGUI GIMÉNEZ, el 11 de febrero de 2009, CONDENÓ a la ciudadana POLICARPA QUEZADA DE SERRANO, natural de Colombia, (nacionalizada) titular de la cédula de identidad n°12.455.248 y al ciudadano JAVIER ALBERTO MARIN ALZUALDE, venezolano, titular de la cédula de identidad n° 18.604.572, a cumplir la pena de DIEZ AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, por la comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, tipificado y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en relación con la agravante prevista en el artículo 46 numeral 5 eiusdem. Asimismo condenó a los referidos acusados a cumplir las penas accesorias a las de prisión, previstas en el artículo 16 del Código Penal, basándose fundamentalmente en lo siguiente:

 

“...  Tenemos pues que en las audiencias del juicio oral y público rindieron declaración los ciudadanos JOSE APONTE, CARMEN CRUZ, RIGEL VARGAS RAMOS y JAIME ALTUVE, funcionarios actuantes adscritos a la Policía Municipal de Sucre, quienes fueron contestes en afirmar que en la oportunidad de practicar el allanamiento en la residencia de los hoy acusados y ordenado por un tribunal en funciones de control, incautaron varias porciones de droga, varios relojes y una balanza, siendo aprehendidos en consecuencia los acusados en la presente causa. El funcionario JOSE APONTE manifestó con absoluta seguridad y claridad que el allanamiento en cuestión se realizó en la carretera Petare-Santa Lucía, Barrio El Winche, sector Las Malvinas, cuarta escalera a mano izquierda y que en varias áreas de ese inmueble se incautaron ‘...quince envoltorios de supuesta cannabis sativa, tres envoltorios de crack, una balanza, unos relojes...’, encontrándose en esa vivienda ‘... una señora llamada Policarpa y un joven de apellido Martínez ...’, por lo que se procedió a ubicar a los testigos del procedimiento que estaban desarrollando. También manifestó este funcionario que había designado al funcionario Jaime Altuve para que realizara la revisión del inmueble, quien, a preguntas formuladas por quien aquí juzga, respondió que practicaron el allanamiento a la vivienda de los acusados en virtud de una orden emanada de un tribunal (sic) y que en dicha vivienda, en una cesta, se localizó presunta droga, pero que no recordaba qué clase de sustancia era, describiendo con mayor claridad que al penetrar en la vivienda localizó a una pareja acostada en una cama. También expresó claramente el funcionario RIGEL VARGAS RAMOS, y en completa contesticidad con JOSE APONTE, que el funcionario JAIME ALTUVE fue el designado para hacer la revisión del inmueble y que en dicho inmueble se habían incautado varios envoltorios en papel aluminio de presunta droga y varios relojes de pulsera, tal como también lo manifestó la funcionaria policial CARMEN CRUZ, quien fue la encargada de realizarle la revisión corporal a la ciudadana POLICARPA QUESADA (sic) DE SERRANO, no incautándole a la misma ningún elemento de interés criminalístico en su cuerpo.


Estas declaraciones rendidas en sala de juicio por los funcionarios aprehensores producen convicción a esta juzgadora, en virtud que provienen del aporte de unos funcionarios que merecen credibilidad por su trayectoria en la institución policial a la cual pertenecen, siendo contestes en afirmar que la aprehensión se produjo como consecuencia de la visita domiciliaria realizada a la residencia de los ciudadanos POLICARPA QUESADA (sic) DE SERRANO Y JAVIER ALBERTO MARIN (sic) ALZUALDE, en la que se incautó sustancias estupefacientes, una balanza y varios relojes de pulsera, todo lo cual quedó acreditado con estos testimonios.
También en el transcurso del juicio oral  y público, se escuchó la declaración del ciudadano GREGORIO RAMÓN SÁNCHEZ MARTÍNEZ, quien participó como testigo del procedimiento en el que se incautó la presunta droga y se aprehendió a los ciudadanos POLICARPA QUESADA (sic) DE SERRANO Y JAVIER ALBERTO MARIN ALZUALDE, afirmando con absoluta claridad y coherencia que siendo aproximadamente las 10:00 horas de la mañana, del día en que se realizó el allanamiento en el que sirvió de testigo, unos funcionarios policiales le informaron que sería testigo de un procedimiento de allanamiento, pudiendo observar el mencionado testigo, en una cesta, unas bolsas amarradas con un polvo blanco dentro de las mismas y en una gaveta observó unos envoltorios de papel aluminio y unas bolsas de plástico amarradas en la parte superior; así mismo, manifestó que sobre una nevera habían una balanza o pesa, unos relojes y dos bolsas de bicarbonato.

 
A criterio de esta Juzgadora los testimonios de los funcionarios JOSE APONTE, CARMEN CRUZ, RIGEL VARGAS RAMOS y JAIME ALTUVE y del testigo del procedimiento, GREGORIO RAMÓN SÁNCHEZ MARTÍNEZ, se aprecian para acreditar que efectivamente se produjo la incautación de tres (3) envoltorios de material sintético de fragmentos vegetales, quince (15) envoltorios de material sintético, contentivos de polvo de color blanco, dieciséis (16) envoltorios, contentivos de una sustancia beige y dos (2) envoltorios, de material sintético, contentivos de un polvo blanco y una balanza, en la vivienda habitada por los acusados POLICARPA QUESADA (sic) DE SERRANO Y JAVIER ALBERTO MARIN (sic) ALZUALDE, luego que los funcionarios aprehensores penetraran en la vivienda de los mismos, localizando lo que ya se indicó en el cuerpo de esta sentencia.


También en audiencia de juicio oral y público, rindió testimonio la ciudadana MARJORIE MARCANO, funcionaria experta adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y quien practicó la experticia Química Botánica N° 9700-130-8978, de fecha 11/12/2007, practicada a la sustancias incautadas, ratificando en su testimonio que efectivamente se trató de cuatro (4) evidencias, la primera evidencia constante de tres (3) envoltorios de material sintético de fragmentos vegetales, positivo para marihuana con un peso de 15 gramos, cuatrocientos (400) miligramos, la segunda evidencia se trató de quince (15) envoltorios de material sintético, contentivos de polvo de color blanco con siete (7) gramos trescientos (300) miligramos, dando resultado positivo para cocaína clorhidrato, la tercera evidencia se trató de dieciséis (16) envoltorios, contentivos de una sustancia beige con dos (2) gramos setecientos (700) miligramos y dando positivo para cocaína (crack) y la cuarta evidencia, son dos (2) envoltorios, de material sintético, contentivos de un polvo blanco con un peso de ochenta y seis (86) gramos con cuatrocientos (400) miligramos, arrojando resultados negativos para cocaína y positivo para bicarbonato de sodio. A pregunta formulada por quien aquí juzga, en cuanto al uso del bicarbonato de sodio incautado junto a las sustancia estupefacientes, la experta respondió que esa sustancia (bicarbonato de sodio) se utiliza para rendir la cocaína y así obtener más cantidad y más ganancias económicas a la hora de su comercialización. A criterio de quien aquí juzga, el testimonio de la funcionaria MARJORIE MARCANO, se aprecia para acreditar la existencia de la sustancia ilícita en la vivienda habitada por los acusados y la declaración de esta experta adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, produce absoluta credibilidad en quien aquí juzga, basada en la experiencia de la misma, con años de servicio en esa institución y su trayectoria en la realización de experticias y reconocimientos técnicos a objetos y/o lugares involucrados en hechos delictivos, lo que a criterio de esta sentenciadora le da la experiencia necesaria para que su dicho merezca las (sic) más absoluta credibilidad.


Tenemos pues que con las testimoniales de los funcionarios aprehensores adscritos a la Policía Municipal de Sucre, estado  Miranda, el testigo del procedimiento y la experta, tomadas individualmente y debidamente comparadas entre si (sic), se acredita que en una vivienda ubicada en la carretera Petare-Santa Lucía, Barrio El Winche, sector Las Malvinas, Municipio Sucre del estado (sic) Miranda, fue incautada una cantidad importante de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que se encontraba ocultada en dicha vivienda y en la que habitaban los acusados POLICARPA QUESADA (sic) DE SERRANO Y JAVIER ALBERTO MARIN (sic) ALZUALDE, quienes se encontraban en dicho inmueble al momento de practicarse el allanamiento que dio como resultado la incautación de las sustancias ilícitas antes descritas y que resultaron ser cocaína y marihuana y la posterior aprehensión de los mencionados acusados, por lo que con los elementos o medios de prueba analizados y comparados, se acreditó el hecho objeto de este juicio, es decir, la materialidad delictiva del OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, tipificado y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra El (sic) Tráfico Ilícito Y (sic) El (sic) Consumo De (sic) Sustancias Estupefacientes Y (sic) Psicotrópicas, en concordancia con la circunstancia agravante prevista en el artículo 46 numeral 5 de la misma ley especial, por tratarse el inmueble allanado del hogar doméstico en el que residían los acusados de autos . Y ASI SE DECLARA.

 

 

La ciudadana abogada YOLANDA MAGLENE PEREIRA, en representación de los ciudadanos acusados,  interpuso recurso de apelación.

  

La Sala 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de las ciudadanas jueces abogadas ANGÉLICA RIVERO BERMÚDEZ (Presidenta y Ponente) ALEGRIA BELILTY BENGUIGUI y VERÓNICA ZURITA PIETRANTONI el 11 de junio de 2009 declaró SIN LUGAR el recurso interpuesto, confirmó el fallo del juzgado de juicio y manifestó lo siguiente:

 

“...En este orden de ideas alega la Recurrente en el punto marcado con la letra “B”, que durante la celebración del Juicio Oral y Público sólo participaron funcionarios policiales, a excepción de un testigo que estuvo presente durante el allanamiento realizado, pero que según su dicho, llegó después de que los funcionarios policiales llegaran a realizar el allanamiento. En cuanto a este aspecto, esta Sala considera pertinente observar, que el Titular de la Acción Penal en los delitos de acción pública, es el Estado, representado por el Ministerio Público, quien a su vez es personificado por el Fiscal del Ministerio Público, quien finalmente está en la obligación de ejercer la acción penal, salvo que se recurra al principio de oportunidad, cuando las circunstancias así lo requieran, motivo por el cual tiene la facultad y a la vez el deber de realizar las investigaciones que considere pertinentes a los fines de encontrar la verdad de los hechos, ya sea para exculpar al sujeto objeto del proceso, o para recabar los elementos de convicción que acrediten la responsabilidad del mismo en la comisión del hecho punible, para así posteriormente basarse en éstos al momento de presentar la Acusación.

 
En el presente caso, es evidente que el Fiscal del Ministerio Público, como Titular de la Acción Penal consideró pertinente ofrecer como medios de prueba a los funcionarios policiales actuantes en el allanamiento, quienes, por demás está decir, son estrictamente necesarios para que pueda llevarse a cabo una orden de allanamiento, así como los testigos que presenciaron el mismo, y a la persona que realizó la experticia de las sustancias incautadas durante el allanamiento; ya que estimó que los ya mencionados medios de prueba eran los adecuados para acreditar la responsabilidad penal de los Acusados POLICARPA QUEZADA DE SERRANO y JAVIER ALBERTO MARIN ALZUARDE, debido a la vinculación que tenían los mismos con los hechos, puesto que tanto los testigos como todos los funcionarios actuantes estuvieron presentes al momento del allanamiento; aunado a que el Fiscal del Ministerio Público consideró necesarios y pertinentes dichos medios de prueba, se evidencia de las actas que conforman el presente Expediente, que los mismos fueron debidamente ofrecidos por el Fiscal del Ministerio Público en la Acusación, siendo posteriormente admitidos en la Audiencia Preliminar de fecha 28 de enero de 2008, y finalmente fueron evacuados durante la celebración del Juicio Oral y Público. Por lo establecido anteriormente, es que considera esta Alzada que los mismos fueron promovidos y evacuados correctamente, independientemente de si se trataba en su mayoría o no de funcionarios policiales, por lo que al haberse cumplido con el marco normativo referente a la actividad probatoria, y puesto que no se evidencia violación de ningún derecho o garantía, es por lo que esta Sala considera que lo pertinente y ajustado a derecho es declarar Sin Lugar la presente denuncia. Y ASÍ SE DECIDE.-


En cuanto a la denuncia de la Recurrente con respecto a que el testigo del allanamiento, llegó después que los funcionarios policiales realizaran el referido procedimiento, esta Sala observa, que no obstante a que se refiere a denuncias propias de la Fase Preparatoria, la Sala en resguardo al Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considera pertinente traer a colación distintas actuaciones llevadas a cabo durante el desarrollo del proceso, tales como: 1.- El Acta Policial de Allanamiento, de fecha 9 de noviembre de 2007, levantada por ante la Policía Municipal de Sucre en la Dirección de Inteligencia y División de Investigaciones y suscrita por los funcionarios actuantes Sub-Inspector VARGAS RIGEL, Detective ALTUVE JAIME, Inspector RUBEN APONTE y la Agente CRUZ CARMEN, cursante a los folios tres y su vuelto (f-3 y Vto) de la Primera Pieza, y el folio cuatro (f-4) de la Primera Pieza. 2.- El Acta de Entrevista, de fecha 09 de noviembre de 2007, levantada por ante la Policía Municipal de Sucre en la Dirección de Inteligencia y División de Sustanciación, practicada al ciudadano GARABITO GARCIA MARNIS GREGORIO, titular de la Cédula de Identidad Nº V-19.617.669, cursante al folio once y su vuelto (f-11 y Vto) de la Primera Pieza; y 3.- El Acta de Entrevista, de fecha 09 de noviembre de 2007, levantada por ante la Policía Municipal de Sucre en la Dirección de Inteligencia y División de Sustanciación, practicada al ciudadano SANCHEZ (sic) MARTINEZ (sic) GREGORIO RAMON (sic), titular de la Cédula de Identidad Nº V-18.151.476, cursante al folio doce y su vuelto (f-12 y Vto) de la Primera Pieza.

 De las actuaciones mencionadas anteriormente, se evidencia que el allanamiento fue practicado en presencia de dos personas que fungieron como testigos, éstos son GARABITO GARCIA MARNIS GREGORIO y SANCHEZ (sic) MARTINEZ(sic) GREGORIO RAMON (sic), ya que tanto del Acta Policial de Allanamiento, como de las Actas de Entrevista a los testigos que presenciaron la visita domiciliaria, se aprecia que los funcionarios policiales localizaron a estas dos personas que fungieron como testigos y procedieron a realizar el allanamiento en compañía de ellos, por lo que mal podría entenderse que los testigos se apersonaron una vez que los funcionarios policiales habían procedido a realizar el allanamiento, siendo que de estas actuaciones cursantes al Expediente, lo que verdaderamente se evidencia es que los funcionarios policiales actuaron en protección de las personas que llevaron como testigos para salvaguardar la integridad de éstos, por lo que eventualmente pudieron haber asegurado el sitio para posteriormente ingresar con los testigos, pero en todo caso se puede constatar de las actuaciones que conforman el presente Expediente, que el allanamiento fue realizado en compañía de los dos testigos; motivo por el cual esta Sala considera que lo pertinente y ajustado a derecho es declarar Sin Lugar la presente denuncia Y ASÍ SE DECIDE.-


Igualmente, observa esta Sala que la Recurrente denuncia en el punto marcado con la letra “C”, que no existe según su criterio, proporcionalidad entre la pena impuesta y la presunta droga incautada; con respecto a lo cual este Tribunal Colegiado estima necesario precisar que el contenido del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en el segundo aparte, establece lo siguiente: “…Si la cantidad de drogas no excede de mil gramos de marihuana, cien gramos de cocaína, sus mezclas o sustancias estupefacientes a base de cocaína, veinte gramos de derivados de la amapola o doscientos gramos de drogas sintéticas, la pena será de seis a ocho años de prisión….”, por lo que se observa que el artículo transcrito establece una proporción entre la cantidad de drogas y la pena correspondiente; lo cual era aplicable al caso que nos ocupa hoy, debido a que la cantidad de droga incautada no excedía de los límites impuestos por el Legislador en el presente artículo, motivo por el cual las circunstancias del hecho son subsumibles en el segundo aparte del artículo 31 la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Sin embargo, en este mismo sentido es necesario decir, que tal como lo estableció la Juez a quo, los acusados se encontraban incursos en una causal agravante, tal como es la establecida en el artículo 46 numeral 5 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por lo que la pena debía ser aumentada de un tercio a la mitad, siendo que en el presente caso, la Juez a quo, consideró que debía ser aumentada en la mitad, lo cual es ajustado a derecho debido a que el Juez ejerciendo su función de administrar justicia puede ponderar las circunstancias del caso en concreto para establecer la pena que debe ser impuesta, siempre y cuando respete los parámetros establecidos por el Legislador, lo cual se cumplió en el presente caso, ya que se estableció una pena prevista en la Ley y la determinación de la misma se hizo de acuerdo a los parámetros establecidos por el Legislador, motivo por el cual esta Sala considera que lo ajustado a derecho es declarar Sin Lugar la presente denuncia Y ASÍ SE DECIDE.-

En relación al punto marcado con la letra “D”, relativo a que la defensa denunció durante la apertura del Juicio Oral y Público, que los testigos promovidos por la Fiscalía nunca ratificaron sus declaraciones ante la Fiscalía; es menester establecer que forman parte de las actuaciones del presente Expediente, las Actas de Entrevistas practicadas a los testigos, adicionalmente, los mismos fueron ofrecidos por el Representante del Ministerio Público en la oportunidad legal correspondiente, y de igual forma fueron admitidos durante la Audiencia Preliminar de fecha 28 de enero de 2008, lo cual evidencia que el trámite que se le dio a la actividad probatoria de las partes fue el correcto de acuerdo a lo establecido con el Legislador, esto es que tanto el ofrecimiento como la incorporación de los medios de prueba cumplieron con los requisitos legales, motivo por el cual mal podría considerarse que los mismos fueron obtenidos de forma ilegal, puesto que se evidencia que se cumplió a cabalidad el trámite probatorio establecido por el Legislador en el Código Orgánico Procesal Penal, culminando la actividad probatoria con la evacuación de uno de los testigos durante el Juicio Oral y Público; motivo por el cual considera este Tribunal Colegiado que lo pertinente y ajustado a derecho es declarar Sin Lugar la presente denuncia, debido a que no fueron obtenidas estas pruebas de forma ilegal. Y ASÍ SE DECIDE.-


Con respecto a lo que se refiere a la denuncia marcada por la Recurrente con la letra “E”, según la cual la orden de allanamiento había perdido su vigencia para el momento en que se practicó el mismo; observa esta Sala que de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, se evidencia que la denuncia de la hoy Recurrente, ya había sido planteada anteriormente por la defensa de los acusados ciudadanos POLICARPA QUEZADA DE SERRANO y JAVIER ALBERTO MARIN ALZUARDE, tal como consta en el Acta de Audiencia para Oír al Imputado, en fecha 10 de noviembre de 2007, que cursa a los folios veinticuatro al veintinueve (f-24 al 29) de la Primera Pieza del presente Expediente, donde se alegó que la orden de allanamiento y la forma en que fue llevada a cabo la misma presentaba irregularidades que podían conllevar a la nulidad, debido a que según el dicho de la defensa, la misma había perdido su vigencia por cuanto fue expedida el 2 de noviembre de 2007, y se practicó el 9 de noviembre de 2007. Es estrictamente necesario, establecer que con respecto a estas denuncias el órgano administrador de justicia, esto es el Tribunal Décimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, brindó respuesta oportuna a la defensa de los acusados POLICARPA QUEZADA DE SERRANO y JAVIER ALBERTO MARIN ALZUARDE, tal como consta en el Acta de Audiencia para Oír al Imputado, en fecha 10 de noviembre de 2007, que cursa a los folios veintiséis (sic) al veintisiete (f-26 al 27), en la cual, se declaró Sin Lugar lo solicitado por la defensa en cuanto a la nulidad de todo lo actuado de conformidad con lo establecido en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal.

 
Por lo anteriormente expuesto, considera esta Sala que de conformidad con el tercer aparte del artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece lo siguiente: “…Contra el auto que declare la nulidad, las partes podrán interponer recurso de apelación, dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Este recurso no procederá si la solicitud es denegada…”, siendo que en el caso de marras, la nulidad de las actuaciones fue solicitada, por cuanto según el dicho de la defensa de los acusados POLICARPA QUEZADA DE SERRANO y JAVIER ALBERTO MARIN ALZUARDE, la orden de allanamiento había perdido vigencia para el momento en que se llevó a cabo el mismo, y en este mismo sentido, fue respondida por el Tribunal Décimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que Declaró Sin Lugar la Nulidad; motivo por el cual considera esta Alzada que no puede ser objeto de revisión la presente denuncia, debido a que ha sido expresamente prohibido por el Legislador que de la declaratoria sin lugar de la nulidad tenga apelación; por lo que considera esta Sala que lo pertinente y ajustado a derecho es declarar Sin Lugar la presente denuncia. Y ASÍ SE DECIDE.-


Ahora bien, es menester establecer que con respecto a las denuncias realizadas por la Recurrente, referentes a los medios de prueba y a la forma en que fueron incorporados al Juicio Oral y Público, las cuales fueron analizadas anteriormente, siendo desechadas todas por esta Alzada, debido a que no tenían asidero jurídico, es por lo que se establece que en el presente caso no se puede considerar que haya habido violación a normas legales o constitucionales, debido a que no hubo obtención ilegal de medios probatorios, puesto que como se dijo anteriormente, los mismos fueron incorporados al proceso de conformidad con los parámetros establecidos por el Legislador en cuanto a la pertinencia, necesidad, promoción y evacuación de los mismos.

(…)

Por último es necesario establecer que con respecto al vicio denunciado, marcado con la letra “G”, esto es que los acusados no fueron detenidos de manera flagrante en la comisión del delito, es necesario establecer que tal como consta de las actas que conforman el presente Expediente, cursa a los folios veinticuatro al veintinueve (f-24 al 29) Acta de Audiencia para Oír al Imputado, de fecha 10 de noviembre del año 2007, lo cual permite establecer que en el presente caso se llevó a cabo la mencionada Audiencia de conformidad con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece el procedimiento que debe seguirse en caso de flagrancia, tal como ocurrió en este caso, debido a que los acusados fueron detenidos al realizarse el allanamiento practicado el día 9 de noviembre de 2007, en el inmueble ubicado en la Carretera Petare-Mariche, Barrio El Winche, Sector Las Malvinas, Casa N° 079, donde tal como consta de las actas que conforman el presente Expediente, se incautaron en la revisión en todas las dependencias del referido inmueble, sobre una cesta de material sintético de color azul y blanco, tres (3) envoltorios elaborados en material sintético, atados en su único extremo, con hilo de color blanco, contentivo en su interior de restos de semillas de vegetales de presunta droga, dentro de la misma cesta, en la primera gaveta, los funcionarios actuantes, localizaron una bolsa de color negro, contentiva de quince (15) envoltorios, elaborados en material sintético de color blanco, atados en su único extremo con hilo de color blanco, contentivo en su interior de polvo de color blanco de presunta droga, de igual manera, en la segunda gaveta, localizaron una bolsa de material sintético, contentiva en su interior de dieciséis (16) envoltorios, elaborados en papel aluminio, contentivos de una sustancia compacta de color beige. Así mismo, al continuar con la revisión del inmueble, específicamente en el área de la sala, sobre una nevera, localizaron un colador de metal de color plateado, con empuñadura de color rojo, dos hojillas para afeitar marca Schik, una balanza electrónica de color gris, así mismo, dos bolsas de material sintético de color transparente, contentivo en su interior de polvo de color blanco; también los funcionarios actuantes localizaron en dicho inmueble seis (6) relojes, todos de diferentes marcas; por lo que se desprende de las actuaciones del presente Expediente que los acusados sí fueron detenidos de forma flagrante por haber sido incautados en la Residencia las cantidades de droga anteriormente mencionadas; motivo por el cual esta Sala considera que lo procedente y ajustado a derecho es declarar Sin Lugar la presente denuncia. Y ASÍ SE DECIDE.-

Como corolario, previa revisión de las actuaciones y en cuanto a los alegatos esgrimidos por la Recurrente en su escrito de Apelación, considera esta Sala que no hubo contradicción alguna en la motivación de la Sentencia, por cuanto fue totalmente coherente en su análisis, apreciando los diferentes medios de prueba y adminiculándolos entre sí, evidenciándose que no hubo una deposición contradictoria y sí hubo pruebas que aportaron elementos para determinar la culpabilidad de los Acusados; a grandes rasgos y a profundidad la sentencia no presenta ninguna de las circunstancias que pudieran incidir en el resultado del juicio de valor que tuvo que realizar la Juez a quo, para llegar a sus conclusiones; partiendo del hecho que es sabido por todos de que la Sentencia es el acto decisorio de un proceso de cognición, significando ello, que la misma se ha formado en un proceso complejo de conocimiento, pues de lo que se trata es de adoptar una argumentación fundamentativa, racional y coherente, que esté alejada de los argumentos baladíes y que se circunscriba a los elementos precisos para hacer racionalmente justificada y controlable la decisión, que no es más que el dessideratum del análisis, apreciación y valoración de las pruebas presentes en este caso y la sumatoria del reconocimiento adecuado de la existencia de los hechos probados; por lo que concluye esta Sala que estamos en presencia de una Sentencia que no adolece de motivación en ningún sentido, contrario a como lo ha señalado la Recurrente, lo que genera que esta Sala desestime las denuncias presentadas por la Recurrente en contra de la Sentencia Recurrida. Y ASÍ SE DECIDE.-.
...”.  

 

Contra este fallo la ciudadana abogada YOLANDA MAGLENE PEREIRA, defensora de los acusados, interpuso recurso de casación.

 

En fecha 2 de octubre de 2009 fue remitido el expediente a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y se recibió el 7 de octubre de 2009. En esa misma fecha se designó ponente a la Magistrada Doctora MIRIAM MORANDY MIJARES.

 

Se cumplieron los trámites procedimentales y la Sala pasa a decidir en los términos siguientes.

  

RECURSO DE CASACIÓN

PRIMERA  DENUNCIA

 

La demandante manifestó lo siguiente:

 

  “… la primera denuncia, se fundamenta en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal; por existir UN DEFECTO DEL PROCEDIMIENTO, que llevaron a cabo LOS FUNCIONARIOS DE LA POLICIA (sic) MUNICIPAL DEL DISTRITO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA, (…) quienes PRACTICARON UN ALLANAMIENTO A LA RESIDENCIA DE NUESTROS DEFENDIDOS, CON UNA ORDEN QUE TENÍA COMO FECHA DE EXPEDICIÓN POR EL TRIBUNAL DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL AREA (sic) METROPOLITANA EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y LO LLEVARON A CABO EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2007, FECHA PARA LA CUAL, DICHA ORDEN DE ALLANAMIENTO HABÍA CADUCIDO, LA MISMA ERA EXTEMPORÁNEA Y LOS FUNCIONARIOS QUE LA LLEVARON A CABO, NO SON O FUERON LOS MISMOS QUE ESTABAN AUTORIZADOS, PARA INGRESAR A LA RESIDENCIA DE NUESTROS DEFENDIDOS (…) ello violentó garantías Constitucionales a nuestros defendidos, previstas en el artículo 47 del Texto Constitucional, referido a la inviolabilidad del hogar domestico.

(…)

Nuestros defendidos no fueron asistidos, durante el allanamiento, ni por sus abogados de confianza, ni por ninguna persona, así lo dispone el artículo 210 del instrumento adjetivo penal.

(…)

EL IN DUBIO (sic) PROREO (sic)

Invocamos este principio nuevamente, por cuanto la Corte de Apelaciones no resolvió y en atención a lo antes expuesto, en esta causa, debido a las series (sic) de dudas que existen, ya que no hay pruebas, de quien o quienes son los autores de este hecho ES CLARO, NO EXISTE CERTEZA, PRUEBAS SUFICIENTES Y PLENA (sic) DE QUE nuestros defendidos sean  los autores o partícipes del hecho que nos ocupa. Ello genera una absolución por vía de aplicación de la DUDA PROBATORIA, en contraposición a la CERTEZA declarada por los operadores de justicia.

(…)

Esta situación expuesta y transcrita se le expuso a la Corte de Apelaciones en el recurso de apelación de la sentencia y no lo resolvió, por lo que dicha sentencia DEBE SER DECLARADA NULA DE NULIDAD ABSOLUTA debido a la violación de los derechos y garantías constitucionales y legales a nuestros defendidos, los cuales fueron expuestos anteriormente al no cumplir formalidades legales, ello le causa UN GRAVAMEN IRREPARABLE  a nuestros defendidos, que no han sido AUTORES O PARTÍCIPES EN ESE HECHO PUNIBLE…”.

 

 

La Sala, para decidir, observa:

 

 

La defensora  denunció la falta de aplicación de garantías constitucionales y del principio de indubio Pro Reo. Para fundamentar sus alegatos expresó que la orden de allanamiento acordada por el juzgado de control se encontraba vencida, que los funcionarios actuantes no fueron los señalados en el texto de la orden y que sus defendidos no contaron con la asistencia jurídica correspondiente durante el curso del procedimiento donde se incautó la sustancia que a la postre resultó ser droga. Además adujo violación del artículo 47 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Sin embargo, el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal establece los requisitos que debe contener el recurso de casación, para tenerse el mismo como debidamente fundamentado. Tales requisitos son: Escrito debidamente fundado, indicando en forma clara y precisa, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, indebida aplicación o por errónea interpretación, expresando el modo en que tales vicios impugnan la decisión; y fundándolos separadamente si son varios.

 

La Sala, observa, que el recurrente denunció la falta de aplicación de una disposición constitucional y se limitó a indicar que existió un defecto del procedimiento de allanamiento y que además se violó el principio del indubio pro reo.  Al respecto, la Sala Penal, ha indicado en reiterada jurisprudencia, que las normas que contemplan principios y garantías ya sean constitucionales o procesales no pueden denunciarse aisladamente en casación, toda vez que éstas contienen formulaciones abstractas y generales, que la ley señala al Juez para el recto cumplimiento de su función decisoria y dado que son de naturaleza genérica, deben ser denunciadas adminiculándose con la norma particular y concreta (procesales o sustantivas), que se haya infringido por el Juzgador al apartarse de los aludidos preceptos legales.

  

La Sala Penal a indicado con reiteración los requisitos que debe contener el escrito de fundamentación del recurso de casación y sobre esto a dicho:

 

“...las normas denunciadas como infringidas por la Corte de Apelaciones son normas constitucionales y legales de carácter programático, las cuales como ha dicho la Sala deben ser denunciadas conjuntamente con la norma procesal que resulte infringida como consecuencia de la no observancia de tales preceptos constitucionales y legales...”. (vid. Sentencia n° 248 del 22 de mayo de 2007).

 

 

En consecuencia, la Sala de Casación Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal, DESESTIMA por manifiestamente infundada la primera denuncia del recurso de casación. Así se decide.

 

SEGUNDA DENUNCIA

 

En la segunda denuncia, la impugnante manifestó lo siguiente:

 

“… NO EXISTE UNA PROPORCIONALIDAD, ENTRE LA PENA Y LA PRESUNTA DROGA RETENIDA EN EL PROCEDIMIENTO.

 

Esta segunda denuncia, esta (sic) referida a la aplicación de la pena, en cuanto a su tiempo, si tomamos en consideración la cantidad de la droga, que fue incautada durante el procedimiento ilegal del allanamiento, el cual aparece reflejado en la experticia, que realizara la MARJORIE MARCANO, EXPERTA DELCICPC, quien declaró en la audiencia de Juicio oral y público, el día 08 de julio de año 2008:  (…) Si sumamos las cantidades retenidas por el tipo de droga, tendríamos que en el caso de la cocaína son diez (10) gramos y en el caso de la marihuana, son quince (15) gramos con cuatrocientos (400) miligramos, por cuanto la cuarta evidencia, son ochenta y seis gramos (86) con cuatrocientos (400) miligramos de carbonato de sodio, lo cual es producto, que lo venden libremente en el mercado, de uso doméstico, más no esta (sic) demostrado en autos, que nuestro defendido, lo (sic) están (sic) utilizando como material de mezcla, a los fines del rendimiento en el mercado de alguna droga.

Aunado a los vicios antes indicados, relativos al procedimiento del allanamiento policial a la residencia de nuestros defendidos, no le encontraron bajo su dominio o cuerpo esa droga incautada, que hagan presumir, ser autores del delito imputado y por el cual fueron condenados, es lo que hace presumir que no existe una proporcionalidad respecto de la pena aplicada de diez (10) años y seis (6) meses de prisión, debido al aumento que se le hace a la pena prevista en el segundo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra El (sic) Tráfico Ilícito y El(sic) Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, de un tercio a la mitad, por la aplicación del artículo 46.5° ejusdem, que consagra las circunstancias agravantes en esta materia, por cuanto el hecho se cometió en el HOGAR DOMESTICO, ELLO PUEDE CONSTITUIR UN ERROR EN LA INTERPRETACIÓN E INDEBIDA APLICACIÓN DE LAS NORMAS CITADAS, Y ASI (sic) SE SOLICITA SU CORRECCIÓN A LA SALA PENAL, RESPECTO DEL CALCULO DE LA PENA APLICARSE (sic)…”.

 

La Sala, para decidir, observa:

 

Sobre la segunda denuncia interpuesta, es preciso señalar que la Corte de Apelaciones no pudo haber infringido la normativa alegada por errónea aplicación, pues el análisis de los hechos y la adecuación del tipo aplicable así como la pena establecida para el delito corresponde al juzgado de juicio. La defensa fundamentó su denuncia señalando, entre otras cosas, que la condena de diez años y seis meses de prisión impuesta a sus defendidos no es proporcional con las cantidades de las distintas drogas incautadas.

 

Al respecto, es pertinente mencionar que la Sala ha dejado de forma muy clara que el recurso de casación, por su carácter extraordinario, sólo es procedente contra las Sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones, y no puede el impugnante alegar ante esta instancia, posibles vicios que sólo presuntamente pudieron haber sido cometidos por el Tribunal de Juicio, pues para ello disponía el recurso de apelación.

 

La Sala Penal ha dicho:

 

“…el recurso de casación es un recurso extraordinario, mediante el cual solo se puede pretender subsanar los vicios de las sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones, y así lo expresa el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal: “…sólo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las Cortes de Apelaciones que resuelven sobre la apelación…”. En consecuencia, mal podría pretender el formalizante que se subsanaran vicios, imputados en forma conjunta contra el fallo de segunda instancia y la sentencia de juicio…”. (Vid. Sentencia Nº 265 del 31 de mayo de 2005).

 

Sobre las consideraciones expuestas, lo ajustado a derecho es desestimar, por manifiestamente infundada la presente denuncia, de conformidad con el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República,  por autoridad de la Ley, DESESTIMA por manifiestamente infundado el recurso de casación  interpuesto por la ciudadana abogada YOLANDA MAGLENE PEREIRA, Defensora Privada, en representación de los ciudadanos acusados POLICARPA QUEZADA DE SERRANO y JAVIER ALBERTO MARIN ALZUALDE, contra la sentencia dictada el 11 de junio de 2009 por la sala 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal Área Metropolitana de Caracas.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los   TRECE  días del mes de         NOVIEMBRE  de dos mil nueve. Años 199° de la Independencia y 150º de la Federación.

 

            Publíquese, regístrese y remítase el expediente.

 

 

El Magistrado Presidente,

 

 

ELADIO RAMÓN APONTE APONTE

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,

 

 DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 

 

La Magistrada,

  

BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

 

 

El Magistrado,

 

 HÉCTOR CORONADO FLORES

 

 

 

 

 

 

La Magistrada,

 

 

MIRIAM MORANDY MIJARES

                                                                                                                  Ponente

 

 

La Secretaria,

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

 

Exp. 09-357

MMM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO SALVADO

            Yo, Blanca Rosa Mármol de León, Magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, salvo mi voto en la presente decisión aprobada por la  mayoría de mis colegas de Sala, con base en las consideraciones siguientes:

 

La Sentencia aprobada por la Sala, desestima el recurso de casación interpuesto por la Defensa de los ciudadanos POLICARPA QUEZADA DE SERRANO y JAVIER ALBERTO MARÍN ALZUALDE, al considerar que las denuncias planteadas se encontraban manifiestamente infundadas.

 

Ahora bien, de los autos se desprende que en su primera denuncia, la Defensa señaló la violación de los artículos 197, 198, 199, 210, 211 y 212 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto existe un “…Defecto DEL PROCEDIMIENTO”, que llevaron a cabo LOS FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA, LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES BRIGADAS “B” y “C”, QUIENES PRACTICARON UN ALLANAMIENTO A LA RESIDENCIA DE NUESTROS DEFENDIDOS, CON UNA ORDEN QUE TENÍA COMO FECHA DE EXPEDICIÓN POR EL TRIBUNAL DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS  EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y LO LLEVARON A CABO  EL DÍA 09  DE NOVIEMBRE DE 2007, FECHA PARA LA CUAL, DICHA ORDEN DE ALLANAMIENTO HABÍA CADUCIDO (sic), LA MISMA ERA EXTEMPORÁNEA Y LOS FUNCIONARIOS QUE LA LLEVARON A CABO NO SON O FUERON LOS MISMOS QUE ESTABAN AUTORIZADOS, PARA INGRESAR A LA RESIDENCIA DE NUESTROS DEFENDIDOS, esta denuncia fue planteada o reclamada su subsanación ante el Tribunal de Control que la expidió, durante la etapa del juicio y en el recurso que se ejerció ante la Corte de Apelaciones en contra de la sentencia del Tribunal Segundo de Juicio, por ello se violentó garantías Constitucionales a nuestros defendidos, prevista en el artículo 47 del Texto Constitucional, referido a la inviolabilidad del hogar doméstico…”.

 

Más adelante señala la recurrente que denunció en apelación igualmente el vicio de falta de motivación, la violación del principio IN DUBIO PRO REO y que la Corte de Apelaciones no resolvió  lo apelado.

 

Y finalizó:

“….EN CUANTO A SU FUNDAMENTACIÓN, RAZONAMIENTO Y MOTIVACIÓN, incluso se cita el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, POR FALTA DE APLICACIÓN POR PARTE DE LA CORTE DE APELACIONES, EN EL RECURSO QUE SE LE INTERPUSO, DEJARON DE APLICAR ESTA NORMA PROCESAL…”.

 

A mi juicio, la Sala ha debido admitir esta denuncia, por cuanto se entiende claramente el vicio de inmotivación denunciado, cuando se señala que la recurrida  no resolvió los planteamientos contenidos en el Recurso de Apelación, relativos a supuestas irregularidades contenidas en la orden de allanamiento, emitida por el Tribunal de Control.

 

En la segunda denuncia la recurrente denunció “…NO EXISTE UNA PROPORCIONALIDAD, ENTRE LA PENA Y LA PRESUNTA DROGA RETENIDA EN EL PROCEDIMIENTO…”.

 

Señala la impugnante que, “…si sumamos las cantidades retenidas por el tipo de droga, tendríamos que en el caso de la cocaína son diez (10) gramos y en el caso de la marihuana, son quince (15) gramos con cuatrocientos miligramos …no existe una proporcionalidad respecto de la pena aplicada de diez (10) años y seis (6) meses de prisión, debido al aumento que se le hace a la pena prevista en el segundo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito  y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas…”.

 

Considero igualmente que esta denuncia ha debido ser admitida, por cuanto se entiende claramente el vicio denunciado, el cual es la falta de proporcionalidad entre la cantidad de droga incautada y la pena impuesta a los acusados.

 

Vista la gravedad de las infracciones a que se hace referencia, la Sala ha debido admitir la presente denuncia, a la luz de un modelo desformalizado de Justicia, en el cual no se sacrificará la Justicia por formalidades no esenciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En virtud de lo antes expuesto y por no compartir la decisión aprobada por esta Sala, es por lo que salvo mi voto en la presente decisión. Fecha ut supra. 

 

El Magistrado Presidente,

 

Eladio Aponte Aponte

 

La Magistrada Vicepresidenta,      La Magistrada Disidente,

 

Deyanira Nieves Bastidas              Blanca Rosa Mármol de León

 

El Magistrado,                              La Magistrada,

 

Héctor Coronado Flores                 Miriam Morandy Mijares

 

La Secretaria,

 

Gladys Hernández González

 

 

 

BRMdeL/hnq.

VS. Exp. N° 09-0357 (MMM)