Ponencia de la Magistrada Doctora MIRIAM MORANDY MIJARES.

 

Dio origen al presente juicio el hecho ocurrido el 15 de marzo de 2003, en la avenida Francisco de Miranda a la altura del barrio San Miguel, donde tres sujetos intentaron despojar al ciudadano ÁNGEL ALBERTO NAVARRO GUZMÁN de su vehículo marca Toyota, modelo Land Cruiser, color blanco y placas AF-1775. En ese momento funcionarios adscritos a la División de Patrullaje Vehicular de la Policía Municipal del Municipio Autónomo Sucre, que circulaban por ese sector, escucharon varias detonaciones y avistaron a los tres sujetos, quienes al percatarse de la presencia policial emprendieron la huida, se internaron en la maleza y posteriormente en una vivienda del sector, ubicada en el Primer Plan del barrio San Miguel, vereda dos, callejón N° 5, propiedad de la ciudadana TIBISAY CARPIO, quien autorizó la entrada a los funcionarios policiales y en uno de los dormitorios fue detenido el ciudadano CARLOS JOSÉ OLASCUAGA REQUENA y se le incautó un arma de fuego.

En efecto, constan en la sentencia del tribunal de juicio los hechos siguientes:

“… Que el acusado CARLOS JOSÉ OLASCUAGA REQUENA, en fecha 15 de marzo de 2003, siendo aproximadamente las seis de la tarde, en compañía de dos ciudadanos más, intentó despojar al ciudadano ÁNGEL ALBERTO  NAVARRO GUZMÁN de su vehículo marca Toyota, modelo Land Cruiser, Chasis largo, color blanco, año 2002, placas AF-1775, cuando ante la reacción asumida por éste de detener repentinamente la marcha del vehículo, emprenden veloz huida, atrayendo la atención de los transeúntes del lugar así como de compañeros de trabajo de la víctima, quienes en compañía de la comisión policial que transitaba por el lugar, procediendo (sic) a la persecución de los mismo, cuando fueron avistados por la comisión policial cuando estos (sic) se introducían en una vivienda de color blanco y rejas negras, de friso rustico de una sola planta, ubicada en el primer plan del barrio San Miguel, vereda dos, callejón numero 5, propiedad de la ciudadana TIBISAY CARPIO, quien autorizó a la comisión policial, para entrar a la mencionada vivienda, donde fue localizado en el área utilizada como dormitorio al acusado CARLOS JOSÉ OLASCUAGA REQUENA, acostado en una cama y cuando se le requirió levantarse de la cama, fue incautada debajo del colchón un arma calibre 38 mm., igualmente actuando como testigo el ciudadano RAFAEL MARTÍNEZ OJEDA ...”.

El Juzgado Décimo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la ciudadana juez abogada AURA GONZÁLEZ, el 15 de marzo de 2006 hizo los pronunciamientos siguientes: 1) CONDENÓ al ciudadano acusado CARLOS JOSÉ OLASCUAGA, venezolano e identificado con la cédula de identidad V-11.028.688, a cumplir la pena de OCHO AÑOS Y OCHO MESES DE PRISIÓN, más las accesorias correspondientes, por el delito de ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR EN GRADO DE FRUSTRACIÓN Y DE COOPERADOR INMEDIATO, tipificado en el artículo 6, numerales 1, 3 y 8  de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en concordancia con lo dispuesto en el último aparte del artículo 80, 82 y 83 del Código Penal; 2) decretó la prescripción por el delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, tipificado en el ordinal 3° del artículo 219 del Código Penal (numeral 3 del artículo 218 de la Ley de Reforma Parcial del Código Penal), en relación con el artículo 110 “eiusdem” y el numeral 3 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal; 3) exoneró al referido ciudadano del pago de las costas procesales estipuladas en el artículo 34 del Código Penal, según lo consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y 4) ordenó detención del ciudadano acusado CARLOS JOSÉ OLASCUAGA, según lo estipulado en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal.

La referida decisión se fundamentó en lo siguiente:

“… Este Tribunal concluye que en el presente caso ha quedado plenamente demostrada la culpabilidad y consiguiente responsabilidad penal del ciudadano CARLOS JOSE OLASCUAGA REQUENA, en la comisión del delito de ROBO FRUSTRADO AGRAVADO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN GRADO DE COOPERADOR INMEDIATO, (...) delito por el cual lo acusó formalmente la Fiscal 15° del Ministerio Público, y que este Tribunal en forma Unipersonal determinó que la sentencia debe contener carácter CONDENATORIO ...”.  ( folio 52, pieza 4 del expediente).

Contra esa decisión interpusieron recurso de apelación los ciudadanos abogados OMAR GARCÍA AGOSTINI y RAIZA PÉREZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 18.401 y 79.647, respectivamente, con el carácter de abogados Defensores del ciudadano acusado CARLOS JOSÉ OLASCUAGA REQUENA.

En dicho recurso plantearon dos denuncias: en la primera denunciaron la infracción del numeral 4 del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal en relación con el artículo 173 “eiusdem” y alegaron que el fallo recurrido no estableció los hechos dados por probado. En la segunda denuncia, señalaron la infracción del artículo 6 (numerales 1, 3 y 8) de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en concordancia con los artículos 80, 82 y 83 del Código Penal, por indebida aplicación.

La Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de los ciudadanos jueces abogados OSWALDO REYES CAMACHO (Presidente), BEATRIZ MARÍN DE ODREMÁN (Ponente) y EVELINDA ARRÁIZ HERNÁNDEZ, el 10 de mayo de 2006 hizo los pronunciamientos siguientes: 1) Declaró SIN LUGAR la primera denuncia del recurso de apelación interpuesto por la Defensa del ciudadano acusado; 2) declaró CON LUGAR la segunda denuncia de ese recurso de apelación; y 3) RECTIFICÓ la pena impuesta al ciudadano acusado CARLOS JOSÉ OLASCUAGA REQUENA, el 15 de marzo de 2006 por el Juzgado Décimo de Primera Instancia de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal. Así, lo condenó a cumplir la pena de SIETE AÑOS DE PRISIÓN, por el delito de TENTATIVA DE ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR EN GRADO DE COOPERADOR INMEDIATO, tipificado en el artículo 7 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en relación con el numeral 11 del artículo 77 del Código Penal. En la fundamentación del fallo expresó lo siguiente:

“... El Juzgado de Instancia estableció en su fallo, la exposición concisa de los hechos que consideró probados, los fundamentos de hecho y derecho que quedaron acreditados, con una concatenación de los elementos de prueba llevados a juicio, y el derecho aplicable, por lo que, considera esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones que no es cierto lo argumentado por la defensa (...) La acusación, el pase a juicio, el juicio y la sentencia señalan que el robo se cometió en grado de frustración, nada dijeron en relación a esta calificación las partes, pero según el criterio de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, esbozado en la sentencia anteriormente transcrita, se trata de un error de derecho que debe ser subsanado por la Corte de Apelaciones ...”.

La Defensa del ciudadano acusado interpuso recurso de casación y en su única denuncia señaló la infracción del numeral 4 del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal en relación con el artículo 173 “eiusdem”.

El 19 de junio de 2006 se remitió el expediente a la Sala Penal y se recibió el 21 del mismo mes y año. En esa misma fecha fue designada ponente la Magistrada Doctora MIRIAM MORANDY MIJARES.

El 3 de octubre de 2006 la Sala declaró admisible el recurso de casación interpuesto por la Defensa y el 6 de octubre del mismo año se acordó la notificación de las partes.

El 31 de octubre de 2006 se celebró la audiencia pública y las partes presentaron sus alegatos.

Se cumplieron los trámites procedimentales y la Sala pasa a decidir en los términos siguientes.

RECURSO DE CASACIÓN

ÚNICA DENUNCIA

Sobre la base del artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, la Defensa denunció que la Corte de Apelaciones infringió el numeral 4 del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal en relación con el artículo 173 “eiusdem”.

En la fundamentación alegó que el fallo recurrido es inmotivado porque no estableció los hechos dados por probados, cuando desechó la primera denuncia del recurso de apelación y que sólo se limitó a señalar que el juez de juicio sí analizó todos los supuestos que demostraban la responsabilidad penal de su defendido.

También señaló que la recurrida no tomó en cuenta los alegatos esgrimidos en la primera denuncia del recurso de apelación y que sólo señaló (la recurrida) que el fallo del tribunal de juicio sí estaba motivado, pero no analizó las testimoniales que se desarrollaron en el debate oral y público.

Igualmente transcribió jurisprudencia de la Sala Penal relacionada con la correcta motivación del fallo y para concluir señaló que el vicio de inmotivación tiene potencialidad para alterar los resultados del juicio porque en virtud de ello la recurrida confirmó el fallo condenatorio contra su defendido.

La Sala, para decidir, observa:

En la primera denuncia del recurso de apelación interpuesto por la Defensa del ciudadano acusado CARLOS JOSÉ OLASCUAGA REQUENA, se denunció la infracción del numeral 4 del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal en relación con el artículo 173 “eiusdem” y alegaron falta de análisis y comparación de todas las pruebas debatidas en el juicio, lo cual se traduce (según la Defensa) en inmotivación del fallo.

En cuanto a este aspecto alegaron que las testimoniales de los ciudadanos ÁNGEL ALBERTO NAVARRO GUZMÁN (víctima), RAFAEL ÁNGEL MARTÍNEZ OJEDA, ALEXIS JOSÉ CORDERO (testigos presenciales) y de los ciudadanos ORVIN OVIEDO AGUILAR DÍAZ, JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ ORTEGA y JUAN CARLOS MAVARE GÓMEZ, funcionarios adscritos a la Policía Municipal del Municipio Autónomo Sucre, Estado Miranda, no fueron analizadas ni comparadas entre si por el juez de juicio como para obtener la certeza acerca de la culpabilidad de su defendido.

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en relación con esa denuncia estableció lo siguiente:

“... Se aprecia de la sentencia recurrida, en el capitulo denominado ‘FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO’, se declaró plenamente comprobado el delito de ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, citando jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia sobre el delito de robo agravado, señalando el grado de participación del ciudadano CARLOS JOSÉ OLASCUAGA, como cooperador inmediato; se hizo la enunciación de los hechos y circunstancias objeto del juicio, según lo dispone el referido artículo, y se explica con suficiente claridad de donde surgió la contesticidad del dicho de los testigos; las deposiciones de los ciudadanos ANGEL ALBERTO NAVARRO GUZMÁN, RAFAEL ANGEL MARTINEZ OJEDA, ALEXIS JOSÉ CORDERO, fueron reseñadas, al igual que las rendidas por los ciudadanos ORVIN OVIEDO AGUILAR DIAZ, JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ ORTEGA, JUAN CARLOS MAVARE GÓMEZ, funcionarios policiales adscritos a la Policía Municipal del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, siendo debidamente analizadas y comparadas entre sí, haciendo mención de aquellas que eran contestes (...)

Considera esta Sala que en la sentencia recurrida se declaró plenamente comprobado el delito de ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, señalando el grado de participación del ciudadano CARLOS JOSÉ OLASCUAGA, como cooperador inmediato; las pruebas evacuadas en el juicio, fueron debidamente analizadas. Asimismo de la lectura del fallo cuestionado se observa que en la apreciación de las declaraciones y pruebas técnicas, la sentenciadora se ciñó al sistema de valoración consagrado en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, sin infringir en su valoración las reglas de la lógica ...”.

En reciente jurisprudencia la Sala Penal estableció que “…Las Cortes de Apelaciones incurrirán en inmotivación de sus sentencias, fundamentalmente por dos razones: la primera, cuando omitan cualquiera de las circunstancias denunciadas por el apelante; y la segunda: cuando no expresen de forma clara y precisa los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales se adopta el fallo, tales violaciones constituyen infracciones a los artículos 26 y 49 (numeral 1) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”. (Sentencia N° 164, con ponencia del Magistrado Doctor Eladio Ramón Aponte Aponte, publicada el 27 de junio de 2006)

La Sala constató que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, realizó un análisis de la sentencia recurrida y estableció de forma clara y precisa las razones de hecho y Derecho que utilizó para la resolución de todos los puntos contenidos en la denuncia planteada por el apelante.

En atención a lo expuesto la Sala considera que en el presente caso no le asiste la razón a los recurrentes, por cuanto no existe el vicio de inmotivación denunciado y, por consiguiente, no fue infringido el numeral 4 del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones expuestas el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la Defensa del ciudadano acusado CARLOS JOSÉ OLASCUAGA REQUENA, contra el fallo dictado el 10 de mayo de 2006, por la Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los   31 días del mes de octubre de dos mil seis. Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente.

 

El Magistrado Presidente,

 

ELADIO RAMÓN APONTE APONTE

 

El Magistrado Vicepresidente,

 

HÉCTOR CORONADO FLORES

 

La Magistrada,

 

BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

 

La Magistrada,

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 

La Magistrada,

 

MIRIAM MORANDY MIJARES

Ponente

La Secretaria,

 

 

 

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

 

Exp. 06-300

MMM.