Ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León.

 

LOS HECHOS

 

            El Juzgado Vigésimo Cuarto de Juicio (Unipersonal) del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la Juez María Lourdes Afiuni Mora, en sentencia de fecha 17 de marzo de 2009, estableció los siguientes hechos en la causa seguida al ciudadano JESÚS ANDRU BLANCO ROMERO:

 

“…Ahora bien, con las pruebas controvertidas en el acto del juicio oral y público celebrado con la plena observancia de las garantías de ley, las cuales fueron libremente apreciadas de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto a los hechos, observa esta Juzgadora  que efectivamente ha quedado demostrado que en fecha 1 de junio de 2006, el ciudadano Jesús Andru Blanco Romero, en compañía de dos ciudadanos más, abordaron al ciudadano (sic) Carlos Figueroa, quien se desplazaba en su moto para ir a trabajar cuando lo interceptan y el acusado de autos realiza varios disparos el cual uno de ellos (sic) impacta en su abdomen, cayendo herido de muerte quien es trasladado de inmediato por sus familiares al Hospital (sic), falleciendo en plena intervención quirúrgica…”.

 

 

            Por estos hechos, el referido Juzgado CONDENÓ al ciudadano JESÚS ANDRU BLANCO ROMERO, quien es venezolano, natural de Caracas, nacido en fecha 5 de octubre de 1981, de 27 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio Bachiller, residenciado en la Calle 17 de Los Jardines del Valle, Casa No. 14, y titular de la Cédula de Identidad No. 16.202.051, a cumplir la pena de QUINCE AÑOS DE PRISIÓN, por haberlo encontrado autor responsable del delito de HOMICIDIO CALIFICADO por motivos fútiles, previsto y sancionado en el artículo 406.1 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano Carlos Figueroa, (occiso).

 

            En fecha 25 de marzo de 2009, la Defensora Pública Octogésima del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Alejandra Kuske A.,  interpuso Recurso de Apelación.

 

           

En fecha 23 de abril de 2009, el Recurso de Apelación fue declarado SIN LUGAR por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del mencionado Circuito Judicial.

 

            En fecha 18 de mayo de 2009, la mencionada Defensora Pública interpuso en tiempo hábil el Recurso de Casación, el cual no fue contestado por la representación fiscal.

 

            Remitido el expediente a esta Sala de Casación Penal, se dio cuenta del mismo en fecha 11 de junio de 2009, siendo asignada la ponencia a la Magistrada quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

            En fecha   7 de agosto de 2009,   fue admitido el Recurso de Casación interpuesto y en fecha     24 de septiembre de 2009,    fue celebrada la correspondiente audiencia, con la presencia de las partes, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 459 al 466 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

            Cumplidos como han sido los trámites procedimentales, la Sala pasa a decidir.

 

 

PLANTEAMIENTO DEL RECURSO. ÚNICA DENUNCIA.

FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA RECURRIDA.

 

 

            La Defensa, luego de transcribir casi totalmente las sentencias del tribunal de juicio y de la Corte de Apelaciones,  aduce la violación de los artículos 173 y 364.4 del Código Orgánico Procesal Penal, por falta de aplicación; que interpuso Recurso de Apelación por falta de motivación de la sentencia condenatoria; que la Corte de Apelaciones no realizó ningún análisis que demostrara el por qué la sentencia de primera instancia se encontraba debidamente motivada, que sólo se limitó la recurrida a establecer la inexistencia del vicio denunciado en apelación, respecto del análisis de las pruebas de testimonios y su contradicción.

 

RESOLUCIÓN

 

           

            La Defensa Pública denunció la falta de motivación de la decisión dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, alega que ésta no analizó la denuncia efectuada en el Recurso de Apelación, referida también a la falta de motivación respecto de las pruebas de testimonios, que según decir de la Defensa son contradictorias y por ello no suficientes para demostrar la responsabilidad del acusado.

 

              La Sala para decidir observa el contenido de la sentencia recurrida, cuyo tenor es el siguiente:

                       

“…En este sentido al realizar una revisión detallada de la sentencia recurrida, se evidencia que la misma contiene dos capítulos titulados “ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS OBJETO DE JUICIO” y otro “DETERMINACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS”,  en donde se expresa de forma separada la calificación  jurídica por la cual la representación fiscal presentó formal acusación, cuáles fueron los hechos que dieron lugar a la formación e iniciación de la causa, los medios de prueba ofrecidos para ser debatidos en el debate oral y público, así como los fundamentos esgrimidos por la defensa de los enjuiciados en la causa hoy recurrida.  Igualmente se evidencia un tercer capítulo nombrado como “EXPOSICIÓN CONCISA DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO”, en el cual el a-quo, procedió a señalar cuáles fueron los elementos de prueba recibidos durante el desarrollo del juicio oral, indicando cual fue la exposición realizada por cada uno de los testigos e indicando la razón por la cual consideró pertinente cada una de las declaraciones; dejando igualmente constancia de la recepción de las pruebas documentales presentadas y consignadas durante el debate, valorando las pruebas, de acuerdo a la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los  conocimientos científicos y las máximas de experiencia, relacionados con la apreciación de las pruebas, contenido en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, asimismo de acuerdo a lo previsto en el artículo 13 eiusdem, que establece como finalidad del proceso el de establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del Derecho, y el principio de la licitud de la prueba, de la libertad de pruebas y del presupuesto de apreciación de las pruebas, contenidos en los artículos 197, 198 y 199 del Código Orgánico Procesal Penal, utilizando una redacción propia, en el cual indico entre otras cosas lo siguiente…”.

 

            Luego transcribe casi totalmente el contenido de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, y expresa:

 

“…Consideran estos decidores, que si bien es cierto la motivación de la sentencia se encuentra reflejada en los capítulos referentes a los numerales 2, 3 y 4 del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, pues en ellos se explana todo lo relacionado al proceso y desarrollo del juicio; es principalmente en el capítulo concerniente a los (sic) “TERCERO EXPOSICIÓN CONCISA DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHOS Y DE DERECHO” donde se encuentra verdaderamente la motivación de la sentencia, por cuanto es en dicho capítulo en el cual el Juzgador indica las causas por las cuales toma la decisión, es decir, explica paso a paso los fundamentos por los cuales llegó a la conclusión expuesta en la sentencia.

El recurrente alega que el a-quo, no dejó establecido en este capítulo, los motivos que demuestran la intención del actor de los hechos; sin embargo, se evidencia de la sentencia recurrida, que luego de realizar un análisis de cada una de los medios de pruebas testimoniales, como documentales presentados, estableció lo siguiente…”.

 

            La recurrida continúa transcribiendo parte de la sentencia del juzgado a-quo y concluye:

 

         “…De lo anteriormente transcrito se evidencia que la recurrida se encuentra motivada, ya que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, no evidenciándose el vicio establecido en el numeral 2 del artículo 452 (…) indicado por el recurrente, por cuanto se desprende en la sentencia que se establecieron los motivos por los cuales el sentenciador considera que se encuentra demostrado el dolo del sujeto activo para realizar la acción antijurídica por la cual desarrolló el juicio.  Siendo lo procedente y ajustado a Derecho, declarar SIN LUGAR el 1° motivo de apelación. ASI SE DECLARA…”.

 

            Respecto de la segunda denuncia en apelación, esta Sala igualmente transcribe el contenido de dicha resolución, a los fines de verificar si existe o no el vicio de falta de motivación alegado por la Defensa, así tenemos que la recurrida al respecto expresó:

 

“…Como segundo motivo de apelación, el recurrente plantea el vicio establecido en el numeral 4 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, la errónea aplicación de una norma jurídica…”.

 

            Seguidamente, la Corte de Apelaciones transcribe la denuncia donde la Defensa alegó la errónea aplicación del artículo 406 ordinal 1 del Código Penal, posteriormente establece:

 

“…Ahora bien, observa esta Sala dos de la Corte de Apelaciones, de la revisión realizada a la sentencia dictada por el Juzgado Vigésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que cursa escrito de acusación presentado por los Dres. IVANA RICCI MÉNDEZ y FLORENTINO DUARTE NOGUERA en su condición de Fiscal y Auxiliar respectivamente de la Fiscalía Cuadragésima Cuarta (44°) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 2 de mayo de 2008, en contra del ciudadano JESÚS ANDRU BLANCO ROMERO, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el ordinal 1° del artículo 406 del Código Penal, con relación a los artículos 424, eiusdem, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de CARLOS JOSÉ FIGUEROA, observando del escrito de acusación lo siguiente:

“…La presente averiguación penal tuvo su inicio en fecha 1 de junio de 2006, mediante Transcripción de Novedades suscrita por el Funcionario Carlos Gómez Credencial No. 16.891, adscrito al departamento de Transmisiones de la Sub-Delegación El Valle del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, informando que en el Hospital Periférico de Coche, se encontraba el Cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino presentando heridas producidas por el paso de un proyectil disparado por arma de fuego, el mismo procedente de la calle 18 de los Jardines del Valle, vía pública, desconociendo más datos al respecto…es el caso que el día jueves 1 de junio de 2006, el ciudadano imputado JESÚS ANDRU BLANCO ROMERO alias “El CHUCHU”, en compañía  de los ciudadanos RONALD GONZÁLEZ alias “RONIN”  el cual quedó plenamente identificado como RONALD JOSÉ COLMENARES RODRÍGUEZ, titular de la Cédula de identidad No. 18.269.946, y a quien se le solicitó medida judicial privativa de libertad, por ante el Juzgado 46° de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por cuanto se encuentra incurso en la comisión del delito de Homicidio Calificado con Alevosía en grado de Complicidad Correspectiva EN AGRAVIO de Carlos José Figueroa, víctima en la actual causa, YORAINE CALZADILLA  alias “EL POLLITO”, RICHARD GONZÁLEZ, alias “RICARDITO”  y JESÚS DÍAZ, alias “CHICHO”, quienes en horas de la mañana encontrándose en la calle 18 de Los Jardines de El Valle, Segunda Torre, Callejón Latino, portando armas de fuego y sin mediar palabra alguna dispararon en la humanidad del ciudadano Carlos José Figueroa, quien posteriormente falleció en el Hospital Dr. Leopoldo Terrero Manrique (Periférico de Coche, a consecuencia de Hemorragia interna debido a herida por arma de fuego de proyectil único al abdomen…”.

“…Así mismo se observa de la sentencia recurrida en el capítulo denominado “GRADO DE PARTICIPACIÓN DEL ACUSADO”, que el Juez decidor hace un análisis pormenorizado de los medios de prueba testimoniales presentados en el juicio, donde se desprende que el ciudadano:

“…JESÚS ANDRU BLANCO ROMERO ALIAS “EL CHUCHU”, hoy acusado, en compañía de los ciudadanos RONALD JOSÉ COLMENARES RODRÍGUEZ, ALIAS “RONIN” YORAINE CALZADILLA, ALIAS “EL POLLITO”, RICHARD GONZÁLEZ, ALIAS “RICARDITO” Y JESÚS DÍAZ, ALIAS CHICHO, en horas de la mañana encontrándose en la calle 18 de Los Jardines del Valle, Segunda Torre, Callejón Latino, portando armas de fuego y sin mediar palabra alguna dispararon contra la humanidad del ciudadano CARLOS JOSÉ FIGUEROA, quien posteriormente falleció en el Hospital “Dr. Leopoldo Terrero Manrique”, Periférico de Coche, a consecuencia de hemorragia interna debido a herida por arma de fuego de proyectil único al abdomen, que quedó suficientemente probado el dolo, la intención del acusado en querer provocar el daño, con los testimonios de las testigos presenciales: JUANA MABEL BENCOMO MACHADO, titular de la cédula de identidad No. V-14.954.216, TIBISAY MACHADO SALCEDO, titular de la Cédula de Identidad No. V-11.917.651 y EDITZA NOHEMÍ HENRÍQUEZ BOLÍVAR, titular de la cédula de identidad No. V-14.363.237, que la única persona que disparó contra el hoy occiso CARLOS JOSÉ FIGUEROA fue el ciudadano JESÚS ANDRU BLANCO ROMERO.

Como se lee en la audiencia Oral y Pública el Ministerio Público en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 351 de la Ley Adjetiva Penal, anunció cambio de calificación jurídica en el lapso de recepción de pruebas, toda vez que consideró que las circunstancias habían variado una vez oídas las exposiciones de las testigos presenciales de los hechos; razón por la cual invocó la comisión del delito de Homicidio Calificado, prescindiendo de la complicidad correspectiva.

Efectivamente, de la lectura de la sentencia se evidencia en los razonamientos de su decisión, se apreciaron aspectos y circunstancias obtenidas por el juzgador con ocasión a la inmediación con los elementos probatorios, concatenando y relacionando todos los elementos presentados con la calificación jurídica que sirvió de motivo para acusar al ciudadano JESÚS ANDRU BLANCO ROMERO ALIAS “EL CHUCHU”, evidenciándose también que durante el debate oral y público, fue solicitado por el Ministerio Público el cambio en la calificación jurídica de los hechos, en razón de lo que se estaba ventilando en el juicio, por lo que observa esta alzada que fue advertido por el Juez de la causa, conllevando  ello a entender que el curso de la audiencia oral, jamás estuvo orientado a que se pudiera entender que el acusado actuó bajo la figura de la COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, prevista en el artículo  424 del Código Penal, debido a que hay certeza de que el autor de la muerte de CARLOS JOSÉ FIGUEROA es JESÚS ANDRU BLANCO ROMERO, por lo que se determinó que fue el autor del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° en relación con el artículo 405, ambos del Código Penal, no existiendo errónea aplicación de norma jurídica alguna, por consiguiente lo procedente y ajustado a Derecho es declarar Sin Lugar el 2° motivo de apelación. ASÍ SE DECLARA.

En consecuencia, por todos los razonamientos anteriormente expuestos y luego de la revisión realizada a la sentencia dictada por el Juzgado Vigésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en lo que respecta a los puntos impugnados en la apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal; al considerar que no existe la falta manifiesta en la motivación de la sentencia, ni una errónea aplicación de una norma jurídica, lo procedente y ajustado a Derecho es DECLARAR SIN LUGAR  el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada, ALEJANDRA KUSKE A., Defensora Pública (80°) del Área Metropolitana de Caracas, Defensora del ciudadano JESÚS ANDRU BLANCO ROMERO, conforme a lo establecido en los ordinales 2° y 4° del artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de la sentencia dictada el 17/3/09, por el Juzgado Vigésimo Cuarto en Función de Juicio de este mismo Circuito Judicial, mediante la cual condena al acusado JESÚS ANDRU BLANCO ROMERO titular de la cédula de identidad V-16.202.051, a cumplir la pena de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° literal “a” del Código Penal vigente, y a tenor de lo previsto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal.  ASÍ SE DECLARA…”.  

 

 

 

Al respecto observa la Sala de la revisión de la sentencia recurrida, antes transcrita, que la misma se limitó a transcribir el contenido de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia y posteriormente concluye que la sentencia no incurrió en ninguno de los vicios denunciados por la Defensa, sin explicar con sus propias palabras de que manera el juzgado a-quo dio por demostrado los hechos, cómo aplicó el artículo 406 ordinal 1° del Código Penal, en cuanto a la determinación de los hechos y la responsabilidad del acusado en los mismos, igualmente, la Sala dos de la Corte de Apelaciones no explica en términos propios cual es la conclusión a la que llega el tribunal de instancia,  respecto de los elementos de prueba y cómo determina los hechos por los cuales resultó la condenatoria del ciudadano JESÚS ANDRU BLANCO ROMERO.

             

            Ha dicho la Sala, en reiterada jurisprudencia, que la motivación de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones debe indicar el por qué considera que el tribunal a-quo llegó al convencimiento de los hechos y la participación del justiciable, es decir debe “expresar en su decisión cuál fue la actuación del acusado con ocasión al delito cometido y las circunstancias que lo responsabilizan, lo cual no consta en la sentencia recurrida”. (Ver Sentencia N° 390 del 12 de julio de 2007, ponencia del Magistrado Héctor Manuel Coronado Flores).

 

Considera la Sala que no es suficiente transcribir el contenido de la sentencia recurrida en apelación y afirmar que sí se encuentra motivada, sino que debe la Corte de Apelaciones expresar el por qué estima que el Tribunal de Primera Instancia llegó a su resolución y si dichas razones se encuentran cónsonas o conformes con las reglas de valoración, previstas en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal y con la determinación lógica y razonada de los fundamentos de hecho y de Derecho. (Sentencia 124 del 31 de marzo de 2009, ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León).

 

             Así mismo estima la Sala que es un deber de las cortes de apelaciones, explicar motivadamente lo que se desprende de la sentencia recurrida, sobre los hechos, sobre la determinación de la responsabilidad, sobre aspectos de la valoración de las pruebas o errores en el procedimiento, que hubieren sido alegados en el Recurso de Apelación.

 

             

            Por ello, la Sala declara CON LUGAR el Recurso de Casación interpuesto por la defensa del ciudadano JESÚS ANDRU BLANCO ROMERO, en consecuencia ANULA la decisión dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y ORDENA a otra Sala de la referida  Corte de Apelaciones, resuelva el Recurso de Apelación interpuesto en la presente causa, prescindiendo del vicio que dio lugar a la presente decisión.  Así se decide.

 

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos:

 

Primero: DECLARA CON LUGAR el Recurso de Casación interpuesto por la abogada Alejandra Kuske A, Defensora Pública Octogésima del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su carácter de defensora del ciudadano JESÚS ANDRU BLANCO ROMERO.

 

Segundo: ANULA la decisión de fecha 23 de abril de 2009, dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

 

Tercero: ORDENA a otra Sala de la Corte de Apelaciones del referido Circuito Judicial Penal, resuelva el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa, prescindiendo del vicio que dio lugar a la presente decisión.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente.

 

Dada, firmada  y  sellada en el Salón de Audiencia del Tribunal Supremo de  Justicia, en    Sala de    Casación Penal,    en Caracas a los   24     días del mes de      septiembre    de dos mil nueve.    Años:   199°  de la Independencia   y  150°  de la Federación.

El Magistrado Presidente,

 

Eladio Aponte Aponte

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,           La Magistrada Ponente,

 

Deyanira Nieves Bastidas                 Blanca Rosa Mármol de León

 

 

El Magistrado,                                 La Magistrada,

 

Héctor Coronado Flores                   Miriam Morandy Mijares

 

 

La Secretaria,

 

Gladys Hernández González

 

 

BRMdL/tcp.-

Exp. 2009-232