SALA DE CASACIÓN SOCIAL

 

Ponencia del Magistrado ALFONSO VALBUENA CORDERO.

 

 

                   En el juicio que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales sigue el ciudadano JAIME RAMÓN ROA VALERO, representado judicialmente por los abogados Rosa Marina Quintero y Santiago Zerpa Marín contra la sociedad mercantil TRAIBARCA, C.A., asistida judicialmente por los abogados Jesús Vitoria y Carlos E. Aponte y representada judicialmente por la abogada Marisela Bermúdez; el Juzgado Quinto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo en alzada, dictó sentencia, en fecha 17 de mayo del año 2007, mediante la cual declaró sin lugar la apelación intentada por la parte demandada y con lugar la acción incoada, confirmando la sentencia recurrida.

 

                   Contra la anterior decisión, anunció recurso de casación la parte demandada, el cual fue admitido. Fueron consignados oportunamente escritos de formalización y de impugnación.

 

                   Remitido el expediente, fue recibido en esta Sala de Casación Social dándose cuenta del asunto en fecha 26 de junio del año 2007 y correspondiéndole la ponencia al Magistrado Alfonso Valbuena Cordero.

 

                   Fijada el día y la hora para la realización de la audiencia oral y pública, comparecieron las partes y expusieron sus alegatos.

 

Concluida la sustanciación con el cumplimiento de las formalidades legales, pasa esta Sala de Casación Social a reproducir la sentencia dictada en fecha 27 de marzo del año 2008, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, previa las siguientes consideraciones:

                  

RECURSO DE CASACIÓN

-  I  -

 

                   Con fundamento en el numeral 1° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se denuncia la infracción de los artículos 126 eiusdem y 15 y 208 del Código de Procedimiento Civil, por menoscabo del derecho a la defensa de la accionada.

 

                   Aduce el formalizante:

 

Con fundamento en el numeral primero, del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denuncio la infracción, por la recurrida, de los artículos 126 eiusdem, así como del artículo 15 y el artículo 208, ambos del Código de Procedimiento Civil, por cuanto se menoscabó, ostensiblemente, el derecho de defensa, de mi representada, la demandada.

 

Como fundamento de la presente denuncia, señalo a ustedes, ciudadanos Magistrados, que la Sentencia recurrida, infringió el indicado artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y los artículos 15 y 208 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que no ordenó la reposición de la causa, aún cuando no fueron cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para la notificación de la empresa mercantil demandada.

 

En efecto, dispone el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que: "Admitida la demanda se ordenará la notificación del demandado, mediante un cartel que indicará el día y la hora acordada para la celebración de la audiencia preliminar, el cual será fijado por el Alguacil, a la puerta de la sede de la empresa, entregándole una copia del mismo al empleador o consignándolo en su secretaría o en su oficina receptora de correspondencia, si la hubiere. El Alguacil dejará constancia en el expediente de haber cumplido con lo prescrito en este artículo y de los datos relativos a la identificación que recibió la copia del cartel. El día siguiente a la de la constancia que ponga el Secretario, en autos, de haber cumplido dicha actuación, comenzará a contarse el lapso de comparecencia del demandado...".

 

En cuanto a la modalidad de notificación por carteles del demandado, la citada norma procesal, dispone que deberá fijarse un cartel en la sede de la empresa, por el alguacil y entregársele una copia del mismo, al empleador o consignarla en su secretaría o en la oficina receptora de correspondencia, si la hubiere.

 

Aún más, del artículo 126, antes, parcialmente transcrito, se evidencia, que el Alguacil debe, entre otras funciones, en la notificación de la parte accionada, fijar el cartel en la sede donde funciona la empresa demandada y entregar una copia del cartel a la persona que funge como secretaria o en la secretaría del patrono o en la oficina receptora de correspondencia de éste, identificando a la persona que recibió el cartel.

 

En el presente caso, se aprecia que el Alguacil no entregó la copia del cartel a la secretaria de la accionada, ni identificó, claramente a quien entregó el cartel, por cuanto no fue indicada la cédula de identidad de este último, por lo que conllevó, a que mi representada, la demandada, no estuviere debidamente notificada y por ello, no estaba en conocimiento, formalmente, de la causa incoada en su contra, acarreando la no comparecencia a la audiencia preliminar y violentando, de esta manera, las garantías contenidas en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Entregar la copia del cartel, a quien no es la secretaria del patrono, sino a otra persona, equivale a no haberse cumplido los requisitos para una notificación, tal como dispone el artículo 126 eiusdem, y por tanto, la incomparecencia a la audiencia preliminar, no puede tener como consecuencia aplicar los efectos jurídicos previstos por el legislador, esto es, la presunción de admisión de los hechos narrados en el libelo, lo que representa un error imputable al Tribunal, que reclama su corrección, lo que impone, en el presente caso, acordar la reposición de la presente causa al estado de que el Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, ordene que se practicada (sic) la notificación, dando cabal cumplimiento a los requisitos del mencionado artículo 126, para así salvaguardar los derechos constitucionales, contenidos en los mencionados artículos 26, 49 y 257 de nuestra Ley Madre.

 

Por si todo lo anterior fuese poco, ciudadanos Magistrados, en el presente, caso, el Alguacil entregó la copia del cartel de notificación a una persona que estaba trabajando el preaviso, quién, además de no hacer del conocimiento de tal hecho, a la parte patronal, ni siquiera para el momento de la celebración de la audiencia, ni para la presente fecha, se encuentra en la empresa, por haber finalizado la relación de trabajo.

 

De lo expuesto, es evidente, claramente, entonces, que en esta causa no se le garantizó debidamente, el derecho a la defensa de la parte que represento, la demandada, al estar viciada la notificación que le fue practicada, situación que acarrea la declaratoria con lugar de la presente denuncia, lo que conlleva, necesaria e impretermitiblemente, (sic) a la reposición de la causa al estado que sea practicada la notificación, cumpliendo todas las exigencias contenidas en el artículo 126 Ibidem.

 

                   Para decidir, se observa:

 

                   Alega el formalizante que la sentencia recurrida infringió los referidos artículos, al no ordenar la reposición de la causa, en virtud del incumplimiento de los requisitos exigidos en el citado artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para la notificación de la empresa demandada. Aduce la parte recurrente que si bien el cartel fue fijado en la sede de la empresa por el Alguacil, este funcionario no entregó la copia del mismo a la secretaria de la accionada, ni identificó correctamente a la persona a la cual se la entregó, pues no dejó constancia de la cédula de identidad de ésta, lo que acarreó que la empresa accionada no estuviese debidamente notificada y por ello, al no estar en conocimiento de la causa incoada en su contra, no compareció a la celebración de la audiencia preliminar.

 

                   Respecto a lo denunciado, en la sentencia recurrida, se estableció:

 

(…) En el caso concreto bajo estudio vemos que corre inserto al folio 37 del expediente actuación suscrita por el funcionario Alguacil Titular Nelson Abache, del cual se extrae “…Una vez en la dirección indicada me entrevisté con el ciudadano (a) JORGE SALAZAR, en su carácter de empleado de la demandada, a quine (sic) le hice entregal (sic) del cartel de notificación el cual revisó en todo su contenido manifestando que lo recibía conforme y procedió a firmarlo siendo las 9:30 a.m.

 

Así mismo dejo constancia que en la puerta principal de entrada que da acceso a las instalaciones de la empresa, fijé una copia del cartel de notificación..."; siendo así se evidencia que el cartel de notificación fue recibido de manera conforme por el ciudadano Jorge Salazar, manifestando su carácter de empleado de la demandada, adminiculando la actuación judicial con lo expuesto por la parte demandada en el desarrollo de esta audiencia se corrobora que el mencionado ciudadano efectivamente ostentaba el carácter de empleado, ejerciendo el cargo de mensajero de la recepción, aduciendo que el mismo se encontraba cumpliendo el preaviso de ley y que para la presente fecha no es empleado de la demandada, argumentos con los cuales lejos de desvirtuar, corrobora el carácter de empleado de la demandada para el momento de la práctica de la notificación, por lo que si bien en la actuación judicial no se hace alusión al medio por el cual el Alguacil verifica la identidad del mismo, siendo ello un criterio sustentado por esta Alzada, ha sido ratificado por la propia demandada que el ciudadano Jorge Salazar, era empleado de la demandada y desempeñaba el cargo antes referido. Adicionalmente, se verifica según la actuación judicial que se cumplió con la fijación del cartel de acuerdo a los extremos del artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sobre lo cual no hizo alusión alguna la parte demandada. (…). En sincronía con lo anterior, este Juzgador concluye que es ajustada a derecho la notificación practicada a la parte demandada por cuanto la misma cumple con los extremos previstos por el legislador adjetivo del trabajo en el artículo 126, en concordancia con los desarrollos jurisprudenciales de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

 

                   Ahora bien, el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo dispone:

                  

Artículo 126. Admitida la demanda se ordenará la notificación del demandado, mediante un cartel que indicará el día y la hora acordada para la celebración de la audiencia preliminar, el cual será fijado por el Alguacil, a la puerta de la sede de la empresa, entregándole una copia del mismo al empleador o consignándolo en su secretaría o en su oficina receptora de correspondencia, si la hubiere. El Alguacil dejará constancia en el expediente de haber cumplido con lo prescrito en este artículo y de los datos relativos a la identificación de la persona que recibió la copia del cartel. El día siguiente al de la constancia que ponga el Secretario, en autos, de haber cumplido dicha actuación, comenzará a contarse el lapso de comparecencia del demandado.

También podrá darse por notificado quien tuviere mandato expreso para ello, directamente por ante el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo respectivo.

El Tribunal, a solicitud de parte o de oficio, podrá practicar la notificación del demandado por los medios electrónicos de los cuales disponga, siempre y cuando éstos le pertenezcan. A efectos de la certificación de la notificación, se procederá de conformidad con lo establecido en la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas en todo cuanto le sea aplicable, atendiendo siempre a los principios de inmediatez, brevedad y celeridad de la presente Ley. A todo evento, el Juez dejará constancia en el expediente, que efectivamente se materializó la notificación del demandado. Al día siguiente a la certificación anteriormente referida, comenzará a correr el lapso para la comparecencia de las partes a la audiencia preliminar.

Parágrafo Único: La notificación podrá gestionarse por el propio demandante o por su apoderado, mediante cualquier notario público de la jurisdicción del Tribunal.

 

                   La norma citada presenta la figura de la notificación, como el acto mediante el cual se le informa al demandado que se intentó una acción en su contra, la cual fue admitida por el órgano jurisdiccional y se le emplaza a que comparezca al acto de la audiencia preliminar en la fecha allí indicada, pretendiendo con ello, el Legislador, tal como lo señala en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, “garantizar el derecho a la defensa, pero mediante un medio flexible, sencillo y rápido, para lo cual, la Comisión ha considerado idónea la notificación, en virtud que la citación, es de carácter eminentemente procesal y debe hacerse a una persona determinada, debiendo agotarse la gestión personal; en cambio, la notificación puede o no ser personal, pero no exige el agotamiento de la vía personal, que es engorrosa y tardía”.

 

                   Si bien es cierto que mediante dicha ley adjetiva laboral se simplificó el sistema de citación que regía con anterioridad en esta materia, no es menos cierto que mediante tal institución procesal se garantiza directamente el derecho a la defensa de la parte demandada y es por ello, que habiéndose consagrado pocas exigencias para la realización de la notificación, de conformidad con el artículo 126 de la citada Ley Orgánica Procesal del Trabajo, éstas deben ser cumplidas de manera cabal para lograr su perfeccionamiento.

 

                   Ahora bien, en el presente caso, se observa que en el escrito de demanda se solicitó que la notificación de la demandada fuera realizada en cualquiera de sus dos representantes legales, ciudadanas María Teresa Conde Expósito o Maribel Tamara Conde, sin embargo, de la declaración del Alguacil, se evidencia que no se entregó el cartel respectivo a ninguna de éstas dos ciudadanas, sino a una persona que dijo ser empleado de la empresa accionada, la cual no fue debidamente identificada, pues se omitió la indicación de su cédula de identidad y no se mencionó el cargo que supuestamente desempeñaba en la empresa demandada TRAIBARCA, C.A..

 

                   De la propia narración hecha por el Alguacil Titular del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, puede constatarse que la forma en que fue practicada la notificación en el presente caso, no permitió su perfeccionamiento, puesto que no garantizó que la demandada efectivamente hubiese sido informada de que existía una demanda en su contra y que se había fijado una fecha para la celebración de la audiencia preliminar a la cual se encontraba en la obligación de asistir, en virtud de que no se cumplieron los parámetros fijados por el artículo 126 de