SALA DE CASACIÓN SOCIAL

 

Ponencia de la Magistrada Doctora CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

En el juicio que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales siguen los ciudadanos DANIEL SOTO, ELICEO GALINDEZ y LEONCIO VIZCAÍNO, titulares de las cédulas de identidad números V-3.279.507, V-3.652.980 y V-14.737.075, respectivamente, representados judicialmente por el abogado José Gregorio González Zambrano, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 46.409, contra la sociedad mercantil PETROQUÍMICA DE VENEZUELA, S.A. (PEQUIVEN), inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 1 de diciembre de 1977, bajo el número 35, Tomo 148-A, representada judicialmente por los abogados Leonte Landino Martínez, Oscar Vivas Landino, Sergia Valbuena, Javier Socorro Alvarado, Julio Boscán, Daisy Cardoso, Ángel Delgado y Luis Duque, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 8.304, 51.655, 24.035, 57.132, 84.306, 46.685, 13.594 y 91.937, en su orden; el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante sentencia de fecha 15 de febrero de 2007, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada, sin lugar la demanda incoada por el ciudadano Leoncio J. Vizcaíno y parcialmente con lugar la demanda interpuesta  por los ciudadanos Daniel Soto y Eliceo Galíndez; confirmando la sentencia apelada proferida por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha 13 de julio de 2006, que declaró parcialmente con lugar la demanda incoada por los ciudadanos Daniel Soto y Eliceo Galíndez y prescrita la acción intentada por el ciudadano Leoncio Vizcaíno.

 

Contra la sentencia de alzada, la representación judicial de la parte demandada anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado en el término legal. No hubo impugnación.

 

El 26 de julio de 2007 se dio cuenta del asunto y se designó ponente a la Magistrada doctora CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA, quien con tal carácter suscribe la decisión.

 

Concluida la sustanciación del recurso, tuvo lugar la audiencia oral, pública y contradictoria en fecha 10 de abril de 2008, y se dictó el fallo oral e inmediato, a tenor de lo previsto en el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

En esta oportunidad, pasa la Sala a publicar la sentencia, de conformidad con lo establecido en la citada disposición legal, en los siguientes términos:

 

DEL RECURSO DE CASACIÓN

ÚNICO

INFRACCIÓN DE LEY

 

I

 

De conformidad con el numeral 1 del Artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 175 eiusdem, 8 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y numeral 8 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el formalizante denuncia falta de aplicación del artículo 60 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por cuanto se evidencia de las actas procesales que no fue agotado por la parte actora, el procedimiento administrativo especial previo, es decir, el antejuicio administrativo establecido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en sus artículos 54 al 59, aplicable a la demandada según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Estímulo al Desarrollo de las Actividades Petroquímica, Carboquímica y Similares.

 

Aduce el recurrente que el Juzgado de Sustanciación habría declarado -de oficio-, inadmisible la demanda que dio origen al presente juicio, si hubiese aplicado la norma infringida, que de conformidad con el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es de estricto orden público, motivado a que según lo previsto en el artículo 9 de la Ley que rige a Petroquímica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN), ésta goza de los privilegios, prerrogativas y garantías de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

 

Tal situación, a decir del recurrente, fue determinante en el fallo, ya que evitó que la demanda se declarase inadmisible.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Del escrito de formalización se desprende que el recurrente delata falta de aplicación del artículo 60 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por cuanto del expediente no se evidencia que la parte actora haya agotado el procedimiento administrativo previo a las acciones contra la República, previsto en los artículos 54 al 59 eiusdem, por gozar la demandada de los privilegios, prerrogativas y garantías de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Estímulo al Desarrollo de las Actividades Petroquímica, Carboquímica y Similares, lo que a la luz del artículo 60, denunciado como infringido, debió declararse inadmisible la demanda.

 

La normativa a que hace alusión el recurrente establece lo siguiente:

 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:

 

Artículo 60. Los funcionarios judiciales deben declarar inadmisibles las acciones o tercerías que se intente (sic) contra la República, sin que se acredite el cumplimiento de las formalidades del procedimiento administrativo previo a que se refiere este Capítulo.

 

Ley de Estímulo al Desarrollo de las Actividades Petroquímica, Carboquímica y Similares (Gaceta Oficial No. 38.488, del 28 de julio de 2006):

 

Artículo 9. Petroquímica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN), estará exenta del pago de las tasas por servicios de aduana y los impuestos de importación a todos los productos necesarios para el desarrollo propio de esta empresa; igualmente se exonera el pago de tasas y contribuciones nacionales y municipales en la utilización de buques para cabotaje, cuando éstos presten servicios a Petroquímica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN). Así mismo, Petroquímica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN), gozará de los privilegios y garantías que se acuerden a la Tesorería Nacional en los artículos 3, 6, 15 y 16 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional.

 

Por su parte, la jurisprudencia señalada por el recurrente en su escrito de formalización, caso Instituto Nacional de Hipódromos, de fecha 25 de marzo de 2004,  no regula ningún caso semejante al planteado en el presente juicio, sino que está orientada a dejar sentado que ante la falta de contestación de las demandas intentadas contra la República, o de excepciones que hayan sido opuestas, se tendrán unas y otras como contradichas en todas sus partes.

 

En este sentido, la Sala en sentencia No. 989, de fecha 17 de mayo de 2007, interpretó la disposición contenida en el artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y fijó criterio respecto al agotamiento del procedimiento administrativo previo, en los siguientes términos:

 

(…) En relación con el agotamiento del procedimiento administrativo previo, la doctrina de la Sala ha sido uniforme y reiterada en cuanto a la exigencia de la previa comprobación de haberse gestionado la respectiva reclamación por la vía administrativa para poder dar curso a la demanda, no así en cuanto a la forma de gestionar o agotar la reclamación en vía administrativa. En efecto, aquí el criterio ha sido distinto a partir de la diferenciación de dos estadios temporales, esto es, bajo la vigencia de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, y bajo la vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

(omissis)

 

En el régimen actual esa exigencia no existe, al menos de manera expresa, en su lugar la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 12 establece … en aquellos procesos en los cuales se encuentren involucrados los derechos, bienes o intereses patrimoniales de la República, los funcionarios judiciales deben observar los privilegios y prerrogativas consagrados en leyes especiales.

 

Para determinar el alcance de la norma transcrita, es necesario atemperar dichos privilegios y prerrogativas dentro del proceso laboral en consideración de los principios que lo rigen y de los principios protectores del  trabajador.

 

En este orden de ideas, se debe dar especial consideración al trabajador como débil jurídico y económico, y al trabajo como hecho social que goza de la protección especial del Estado y que se rige por una serie de principios tales como la intangibilidad y la progresividad de los derechos de los trabajadores y el in dubio pro operario, entre otros.

 

De manera que, considera la Sala, los privilegios y prerrogativas deben encontrar el justo límite que permita el equilibrio entre el denominado interés general y la correlativa responsabilidad del Estado con los derechos y garantías que constitucionalmente corresponden a los trabajadores.

 

(omissis)

 

Con base en los lineamientos anteriores, considera esta Sala que al desaparecer del ordenamiento procesal del trabajo, con la promulgación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la exigencia expresa del agotamiento del procedimiento administrativo previo a las demandas, debe interpretarse que la disposición del artículo 12 no alcanza a exigir el cumplimiento de tal formalidad. En efecto, si por un lado los derechos de los trabajadores y los principios que los protegen deben interpretarse de la forma más favorable al trabajador y procurando su progreso; por otro, correlativamente, las normas que tengan efectos limitantes de los mismos deben interpretarse en forma restringida. Sostener lo contrario es ir en contra de los principios establecidos, en otras palabras, es darle regresividad al derecho de los trabajadores de acceso a la justicia.

 

(omissis)

 

Así, interpretando la disposición contenida en el artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a la luz de los lineamientos aquí expuestos, considera esta Sala y así se establece, que en aquellos procesos en los cuales se encuentren involucrados los derechos, bienes o intereses patrimoniales de la República se observarán los privilegios y prerrogativas consagrados en leyes especiales, con excepción del agotamiento del procedimiento administrativo previo a las demandas.

 

Del análisis de las actas procesales, aun cuando se evidencia que la demandada goza de los privilegios y garantías que se acuerdan a la Tesorería Nacional, en los artículos 3, 6, 15 y 16 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, se determina que, en aquellos procesos en los cuales se encuentren involucrados los derechos, bienes o intereses patrimoniales de la República, se observarán los privilegios y prerrogativas consagrados en leyes especiales, con excepción del agotamiento del procedimiento administrativo previo a las demandas, acogiendo la doctrina de casación ya señalada, por lo que no es procedente la denuncia delatada por el formalizante.

 

En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar la denuncia. Así se decide.

 

II

 

Bajo el particular “2DA. DENUNCIA: INFRACCIÓN DE LEY.-”, conforme al numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el recurrente delata el error de interpretación y falsa aplicación del artículo 156 eiusdem, señalando el error cometido por el ad quem en su sentencia, por el hecho de darle valor probatorio a una prueba documental promovida por los demandantes en la audiencia de juicio.

 

Aduce el recurrente, que el tribunal de alzada apreció como prueba válida, un documento consignado por la parte actora de manera extemporánea, es decir, en la audiencia oral y pública de juicio, luego de las defensas opuestas por la demandada en la contestación de la demanda y en la referida audiencia, en las cuales alegó la prescripción de la acción. Señala que en esta audiencia, la parte actora consignó en copias simples, de conformidad con el artículo 156 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, acta levantada por ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia, de fecha 8 de mayo de 2000, para demostrar válidamente la interrupción de la prescripción alegada por la demandada, lo que constituyó un hecho nuevo no alegable en la audiencia oral, salvo la ocurrencia de una prueba sobrevenida, razón por la cual la parte actora debió prever, en la oportunidad de la audiencia preliminar de inicio, consignar dicho instrumento en su escrito de promoción de pruebas, bien como prueba documental o como prueba de informes, por lo que el mencionado artículo 156, a decir del recurrente, permite al juez evacuar pruebas para el mejor esclarecimiento de la verdad, pero es la verdad procesal ya trabada entre las partes, no otra, para no incurrir en violación de los artículos 12 de la ley adjetiva laboral y 15 del Código de Procedimiento Civil.

 

Para decidir, se observa:

 

El recurrente denuncia la infracción del artículo 156 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, debido a que la recurrida le dio pleno valor probatorio a unas instrumentales presentadas por la parte demandante, en la oportunidad de celebración de la audiencia oral y pública de juicio, dirigidas a enervar la defensa de prescripción de la acción opuesta por la demandada, delatando el mismo vicio bajo dos supuestos, al señalar indistintamente error de interpretación y falsa aplicación de la norma.

 

La Sala ha establecido reiteradamente, que la falsa aplicación de la Ley, consiste en una incorrecta elección de la norma jurídica aplicable, lo que se traduce en una preterición u omisión de la norma jurídica que debió ser aplicada.

 

En cambio, el error en la interpretación de la ley, ocurre cuando el juez, aun reconociendo la existencia y validez de la norma que ha seleccionado apropiadamente, yerra en la determinación de su verdadero alcance general y abstracto, haciéndose derivar de ella, consecuencias que no resultan de su contenido.

 

Bajo este contexto, la recurrida en su motiva expresó que la parte demandante, en la audiencia de juicio, consignó original de las actas levantadas por ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia, de fecha 8 de mayo de 2000, de los ciudadanos Eliceo Galíndez y Daniel Soto, por concepto de reclamación de pago de diferencia de prestaciones sociales contra Petroquímica de Venezuela (PEQUIVEN), que demuestran la interrupción de la prescripción de la acción opuesta por la demandada, señalando que dicha prueba fue presentada tempestivamente, por cuanto esta defensa fue alegada en el escrito de contestación, y el acto procesal siguiente era la audiencia de juicio.

 

Adicionalmente, aduce que las documentales presentadas constituyen documento administrativo, emanado de la Inspectoría del Trabajo, siendo tachados y desconocidos por la demandada, los “documentos públicos administrativos” presentados, por lo que la alzada consideró que tal impugnación debió ser fundamentada en alguna de las causales previstas en el artículo 83 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 1380 del Código Civil, limitándose la demandada a tachar y desconocer las documentales presentadas, con fundamento en que las mismas fueron incorporadas en forma extemporánea, procediendo, en consecuencia, a declarar inadmisible la tacha incidental propuesta, por lo que le otorgó a las actas presentadas, pleno valor probatorio, según lo establecido en el artículo 77 de la ley adjetiva laboral.

 

Por último, concluye que la demanda incoada por los accionantes fue intentada en el tiempo hábil establecido en la Ley, declarando improcedente la defensa de prescripción de la acción.

 

La normativa jurídica, delatada como infringida, establece lo siguiente:

 

Artículo 156. El Juez de Juicio podrá ordenar, a petición de parte o de oficio, la evacuación de cualquier otra prueba que considere necesaria para el mejor esclarecimiento de la verdad; también podrá dar por terminados los actos de examen de testigos, cuando lo considere inoficioso o impertinente.

 

El Artículo 156 antes transcrito, debe analizarse conjuntamente con el artículo 71 de la misma ley, que establece:

 

Artículo 71. Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el Juez en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la evacuación de medios probatorios adicionales, que considere convenientes.

 

Estas dos últimas disposiciones legales, facultan a los jueces para  ordenar o instar la evacuación de alguna prueba adicional o no promovida por las partes, que a su juicio sea conveniente, para juzgar según la verdad real, ya que es importante para la justicia, que ésta quede determinada en el juicio.

 

Al respecto, “el Estado debe dotar al juez de poderes para investigar la verdad de los hechos que las partes afirman en oposición, y nadie puede alegar un derecho a ocultar la verdad o a engañar al juez con pruebas aparentes u omisiones de otras; la imparcialidad del funcionario consiste en aplicar la ley al dictar sentencia, sin que en su criterio pesen otras razones que sus conocimientos jurídicos y las conclusiones a que llegue después del examen de los hechos y sus pruebas”. (Devis Echandía, Teoría General de la Prueba Judicial. Víctor de Zavalía Editor. Bogotá, Tomo I).

 

Esta regla, contemplada en la ley adjetiva laboral, pretende evitar sentencias apartadas de la realidad por ausencia de pruebas esenciales, deja incólume el principio de la carga de la prueba y reafirma el carácter instrumental del proceso, previsto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Observa la Sala, que la parte demandante consignó a los autos (folios 390 y 391 de la 2º pieza), original de prueba documental constituida por dos (2) actas de fecha 8 de mayo de 2000, de procedimiento administrativo incoado por los demandantes ante la Inspectoría del Trabajo en el Estado Zulia, por reclamo de diferencia de prestaciones sociales, en el cual hizo acto de presencia la representación judicial de la empresa demandada y se opuso a los reclamos presentados.

 

                   También se verifica, que tales documentos fueron consignados a los autos, en la audiencia de juicio.

 

                   Con motivo de lo alegado, resulta pertinente señalar la naturaleza jurídica de las instrumentales consignadas, resultando que las mismas constituyen documentos administrativos, por cuanto emanan de un funcionario de la Administración Pública, actuando en el ejercicio de sus funciones.

 

En este sentido, la Sala Constitucional en sentencia Nº 1307, de fecha 22 de mayo de 2003, expresó:

 

El concepto de documento público administrativo ha sido tratado ampliamente por la jurisprudencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y de la Sala Político Administrativo, y se fundamenta en que los actos escritos emanados de la Administración Pública gozan de una presunción de veracidad y legitimidad, lo que es característico de la autenticidad; formalmente para que un acto sea auténtico se requiere que esté firmado por el funcionario competente para otorgarlo, y que lleve el sello de la oficina que dirige.

 

 

La doctrina jurisprudencial de esta Sala de Casación Social, en relación al documento administrativo, ha establecido:

 

(…) el documento administrativo se encuentra dotado de una presunción de veracidad y legitimidad -característico de la autenticidad-, respecto a lo declarado por el funcionario en ejercicio de sus funciones, la cual puede ser desvirtuada o destruida por cualquier medio de prueba en contrario, y dicho carácter auténtico deviene precisamente del hecho de ser una declaración emanada de un funcionario público, con las formalidades exigidas en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

 

Ahora bien, como antes se explicara, dicho documento público administrativo fue llevado a los autos por la parte actora a los fines de atacar la defensa de prescripción alegada por la parte demandada al momento de la contestación a la demanda, y de la misma se evidencia con total claridad que la parte accionante instauró con anterioridad al presente juicio el procedimiento administrativo por ante la Inspectoría del Trabajo (19 de mayo de 2005), y siendo que durante la sustanciación del mismo se produjo la notificación de la parte accionada (15 de junio de 2005), la Sala considera justo el criterio asumido por la Alzada al tomar como interrumpida la prescripción con fundamento en la probanza, pues, al decidir no solo reflexionó sobre el hecho de que las circunstancias antes señaladas respecto del procedimiento administrativo no fueron negadas de manera expresa por la representación judicial de la demandada, sino que aunado a ello, la Alzada dio preeminencia a la primacía de la realidad y a la verdad sobre los formalismos para una justa y correcta aplicación de la justicia, de manera que se considera suficiente a los fines de pronunciarse sobre el punto en cuestión, acoger la motivación acreditada en dicha sentencia. (Sentencia Nº 1412 del 28-06-07).

 

 

Finalmente, durante la audiencia de juicio, la demandada tachó y desconoció los documentos administrativos, alegando que los mismos fueron incorporados en forma extemporánea, no evidenciándose que se haya fundamentado la impugnación en alguna o algunas de las causales previstas en el artículo 83 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 1380 del Código Civil, por lo que mal pudo el tribunal de alzada tramitar tal desconocimiento, declarándolo inadmisible y en consecuencia, con pleno valor probatorio los documentos administrativos promovidos por la parte actora.

 

En mérito de lo antes indicado, el tribunal de alzada aplicó e interpretó correctamente el artículo 156 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por lo que se declara sin lugar la denuncia. Así se decide.

 

III

 

Bajo el particular “3RA. DENUNCIA: INFRACCIÓN DE LEY.-”, de conformidad con el numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el recurrente delata el error de interpretación en el alcance y falsa aplicación del artículo 73 eiusdem, ratificando y dando por reproducidos los argumentos descritos en la denuncia anterior, esto es, el error cometido por el ad quem en su sentencia, por el hecho de darle valor probatorio a una prueba documental promovida por los demandantes en la audiencia de juicio.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Por cuanto la presente delación tiene como fundamento, los mismos hechos descritos por el recurrente en la denuncia que antecede, ratificando los argumentos en ella señalados, esta Sala, bajo los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos en la denuncia anterior, los cuales da por reproducidos, declara sin lugar la presente denuncia, así se decide.

 

IV

 

Conforme al numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 175 eiusdem y 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el recurrente denuncia la aplicación de una norma no vigente, esto es, la contenida en el artículo 92 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo, a una situación de hecho que ocurrió bajo la vigencia de la Ley del Trabajo de 1975.

 

Señala el formalizante, que la recurrida condenó a Petroquímica de Venezuela S.A. (PEQUIVEN), a pagar diferencias por prestaciones sociales por un tiempo de servicio que abarca la relación de trabajo que sostuvo la parte actora con Venezolana del Nitrógeno, S.A. (NITROVEN), tomando como un solo período de relación de trabajo, el tiempo transcurrido frente a NITROVEN y PEQUIVEN, estimando que las indemnizaciones recibidas por la parte actora a su salida de la nómina de NITROVEN, debían considerarse como un anticipo, aplicando de manera retroactiva el artículo 92 la Ley Orgánica del Trabajo, y violando el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que tales pagos ocurrieron antes de la creación de PEQUIVEN en el año 1977, bajo la vigencia de la Ley del Trabajo de 1975, y no de la actual Ley Orgánica del Trabajo de 1997.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Delata el recurrente la falsa aplicación del artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, por el hecho de que la recurrida determinó como una sola relación de trabajo, la prestación de servicios realizada por la parte actora en Venezolana del Nitrógeno, S.A. (NITROVEN) y Petroquímica de Venezuela S.A. (PEQUIVEN), y en consecuencia, todos los pagos e indemnizaciones realizados por aquella, antes de la creación de esta última en el año 1977, los consideró como anticipos, condenando a pagar a la demandada diferencias de prestaciones sociales.

 

A este respecto, la sentencia recurrida, en su motiva estableció que, en cuanto a la continuidad laboral de los demandantes, el juzgador de primera instancia señaló en su fallo que se estaba en presencia de una sustitución de patrono, por lo que en igualdad de criterios con el a quo, consideró que la fecha de inicio de la relación laboral del ciudadano Daniel Soto, fue el 24 de marzo de 1977 hasta el 31 de mayo de 1999, laborando por un tiempo de 22 años, 2 meses y 5 días; y del ciudadano Eliceo Galíndez, comenzó el día 14 de noviembre de 1974 hasta el 31 de mayo de 1999, laborando por un tiempo de 24 años, 6 meses y 13 días.

 

Se evidencia de la sentencia recurrida, que el tribunal de alzada mantuvo el mismo criterio sostenido por el Tribunal de Primera Instancia, en relación a la sustitución de patrono, y por ende, de la continuidad laboral de los demandantes.

 

El fallo proferido por el a quo, en su motiva establece que de la revisión de las actas procesales y de los alegatos expuestos en la audiencia de juicio por la sociedad mercantil Petroquímica de Venezuela S.A. (PEQUIVEN), y en especial de las pruebas aportadas al proceso por las partes en conflicto, se determinó que en el presente juicio se produjo una de las especies de sustitución de patrono, consagrada bajo la vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1961 y de la Ley del Trabajo derogada, específicamente en su artículo 25, aplicables a la relación de trabajo para la época en que se suscitaron los hechos.

 

Al respecto, el artículo 25 de la Ley del Trabajo de 1975 - vigente para la fecha en que ocurrió la sustitución de patrono - establecía lo siguiente:

La sustitución de patronos no afectará los contratos existentes. El patrono sustituido será solidariamente responsable con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o de la Ley, nacidas antes de la fecha de su sustitución, hasta por el término de seis meses, y concluido este plazo, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrono.

 

Como se dijo anteriormente, ha sido criterio reiterado de la Sala, que la falsa aplicación de la Ley, consiste en una incorrecta elección de la norma jurídica aplicable, lo que se traduce en una preterición u omisión de la norma jurídica que debió ser aplicada.

 

En el caso de autos, se observa que la recurrida aplicó la normativa legal vigente para el momento en que se produjo la sustitución del patrono, es decir, lo previsto en el artículo 25 de la Ley del Trabajo del año 1975, y no el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo; y tal como lo estipulaba la norma derogada, la sustitución de patronos no afectará los contratos existentes, considerándose una sola relación de trabajo, por ello, todo los pagos que se le hicieren al trabajador son considerados como un anticipo de lo que en definitiva le corresponda al terminar la relación de trabajo,  siendo ello motivo suficiente para desechar la presente denuncia. Así se decide.

 

V

 

Con fundamento en el numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, delata el “error en la interpretación acerca del alcance y negativa y falsa aplicación”, de una norma vigente para la fecha de la ocurrencia de los hechos, al “desaplicar” el artículo 25 de la Ley del Trabajo vigente para el año 1977, fecha en que “nació” Petroquímica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN).

 

Señala el recurrente:

 

(…) cuando la recurrida condena a PEQUIVEN a pagarle a la parte actora indemnizaciones por una antigüedad surgida por el tiempo de servicio que le prestó a NITROVEN, está condenando a aquella por obligaciones posteriores a la fecha de la sustitución, cuando PEQUIVEN lo que estaba obligada a pagarle a la parte actora, es el producto del tiempo de servicio que le prestó directamente a ella; el artículo 25 de la Ley del Trabajo, vigente para la fecha de la alegada sustitución patronal, única disposición legal vigente para esa fecha, sólo exigía a los patronos sustitutos que garantizaran a los trabajadores, el pago de lo que los patronos sustituidos le podrían adeudar por la relación de trabajo que existió entre éstos; en consecuencia, la recurrida al condenar a pagar a PEQUIVEN por obligaciones posteriores a la fecha de la sustitución, mal aplicó la norma denunciada como infringida que estaba vigente para la fecha cuando surgieron los hechos sobre los cuales resolvió. (Resaltado de la Sala).

 

Para decidir, se observa:

 

Delata el recurrente la falta de aplicación del artículo 25 de la Ley del Trabajo de 1975, normativa legal vigente para el momento en que se constituyó  Petroquímica de Venezuela S.A. (PEQUIVEN), esto es, en el año 1977, que tal y como se resolvió en la denuncia anterior, la recurrida sí aplicó la referida normativa legal, para resolver la presente controversia.

 

En consideración a lo antes expuesto, se declara sin lugar la denuncia.

 

VI

 

Bajo el particular “6TA. DENUNCIA: INFRACCIÓN DE LEY.-”, de conformidad con el numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente delata el error de interpretación y falsa aplicación del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por cuanto el tribunal de juicio instó a la parte actora para que probara o demostrara la interrupción de la prescripción de la acción, violando el principio de preclusión procesal e infringiendo el artículo 151 de la ley adjetiva laboral.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Por cuanto la presente delación tiene como fundamento, los mismos hechos descritos por el recurrente en la tercera y cuarta denuncia, las cuales ya fueron analizadas por esta Sala con los correspondientes fundamentos de hecho y de derecho, que se dan aquí por reproducidos, se procede a declarar sin lugar la presente denuncia, así se decide.

 

 

DECISIÓN

 

En mérito de las consideraciones anteriores, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1) SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la representación legal de la parte demandada Petroquímica de Venezuela S.A. (PEQUIVEN), contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha 15 de febrero de 2007; 2) CONFIRMA el fallo recurrido.

 

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a fin de que sea enviado al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución competente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, particípese de esta decisión al Tribunal Superior de origen.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de abril de dos mil ocho. Años: 197º de la Independencia y 149º de la Federación.

 

Presidente de la Sala,

 

_____________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

Vicepresidente,

 

________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO

 

Magistrado,

 

________________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ

 

Magistrado,

 

______________________________

ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

Magistrada Ponente,

 

__________________________________

CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

Secretario,

 

____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

R.C. Nº AA60-S-2007-001564

Nota: Publicada en su fecha a

El Secretario,