SALA DE CASACIÓN SOCIAL

 

Ponencia  del  Magistrado  ALFONSO  VALBUENA  CORDERO

 

               En incidencia surgida en el juicio que por servidumbre de paso siguen los ciudadanos RÓMULO EMILIO ALMEIDA GONZÁLEZ, IVÁN DE JESÚS ALMEIDA GONZÁLEZ Y DAMARIS CRISTINA LUSINCHI DE ALMEIDA representados por los abogados Doris Zabaleta Santaella y Edgar Tovar Mayz, contra la ciudadana MIRAIDA RÍOS DE HERNÁNDEZ, representada por el abogado Andrés José Orsoni Calabria; el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil (Bienes) de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y de lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental con sede en la ciudad de Maturín, conociendo en alzada dictó sentencia en fecha 19 de septiembre del año 2001 mediante la cual declaró con lugar la apelación interpuesta por la parte demandada revocando así el fallo apelado de fecha 05 de diciembre del año 2000 que declaró con lugar la medida preventiva solicitada por los demandantes. En consecuencia, negó el acceso a los ciudadanos Rómulo Amalio Almeida, Diamaris Cristina Lusinchi de Almeida e Iván de Jesús Almeida González a la finca denominada "Santa Lucia".

 

               Contra la referida decisión del Juzgado Superior, anunció recurso de casación la representación judicial de la parte demandante, el cual una vez admitido fue formalizado. Hubo impugnación.

 

               Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social se dio cuenta en fecha 07 de noviembre del año 2001 correspondiendo la ponencia al Magistrado Alfonso Valbuena Cordero.

 

               Concluida la sustanciación del presente recurso de casación y cumplidas como han sido las formalidades legales, pasa esta Sala de Casación Social a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, previas las siguientes consideraciones:

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

ÚNICA

 

               De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12 y 243 numeral 4° eiusdem, al considerar el formalizante que la recurrida, incurrió en el vicio de inmotivación por silencio de pruebas.

 

               Aduce el formalizante, lo siguiente:

 

“Como ustedes pueden observar honorables Magistrados, de la sentencia recurrida se observa, que en el Capitulo referido al RESULTADO DE LAS PRUEBAS, el Juez simplemente se limitó a manera de ilustración en forma olímpica a expresar su criterio subjetivo con respecto a las mismas, al manifestar su criterio respecto a los puntos I y II ‘Mérito de los Autos y al Principio de la Comunidad de las Pruebas’, así mismo en lo referente al punto III de las pruebas analizadas el Ciudadano Juez se reserva pronunciarse en la parte dispositivo del fallo, lo cual no lo hace, en el punto VI en atención al mérito favorable a lo establecido en el Artículo 8 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, no manifiesta que valor probatorio le otorga, contraviniendo lo establecido en el Artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, es decir, el sentenciador debe de analizar (sic) todos y cada uno de los medios de pruebas alegados en los autos, de modo, que cuando no lo hace viola el contenido de dicho Artículo, como ocurrió en el caso de marra, por lo tanto se desconoce la suerte de los mismos, no se sabe que se probó o no, admite y acepta que mis representados son Productores Agropecuarios y le da pleno valor probatorio a los documentos demostrativos de tal hecho presentados por mí en el punto V, pero en el punto VI, manifiesta que es facultad del Juez proteger y asegurar la producción agraria y los Recursos Naturales Renovables los cuales deben de ser (sic) explotados en beneficio de colectivo de los Venezolanos, pero en forma incongruente y contraria a lo expresado y aún a expensa de que la parte APELANTE no presento escrito de PROMOCIÓN DE PRUEBA ni manifestó en ningún momento porque hecho o motivo apelaba, y con todo ello ACUERDA CON LUGAR TAL APELACIÓN a sabiendas que tal decisión produce un perjuicio en la Unidad Económica de producción agropecuaria de mis representados, el cual afecta al colectivo de los Venezolanos y atenta contra la producción agrícola y pecuaria.

 

Motivo este por el cual no hace mención alguna al hecho innegable que la parte APELANTE NO PROMOVIÓ PRUEBA ALGUNA, para demostrar él porque no estaba de acuerdo con la decisión de la Medida acordada, la cual protege la producción agrícola, razón por lo cual puedo decir, que ciertamente el sentenciador del fallo recurrido no expresó los motivos de hecho y de derecho por los cuales consideró CON LUGAR la APELACIÓN formulada por la parte demandada Ciudadana MIRAIDA RÍOS DE HERNÁNDEZ.”

 

               Para decidir la Sala observa:

 

               El formalizante expresa, que la recurrida incurrió en el vicio de inmotivación por silencio de pruebas, en razón de la omisión de análisis de cada uno de los medios probatorios empleados por él.

               En este sentido y con fin de verificar lo aseverado por el formalizante, la Sala reproduce la parte pertinente del fallo recurrido y lo hace de la siguiente manera:

 

“En fecha 23 de enero del 2001, LA PARTE QUERELLANTE PRESENTÓ ESCRITO DE PROMOCIÓN DE PRUEBAS, DE LA SIGUIENTE FORMA:

 

1.- ‘Reproduzco el mérito favorable, en cuanto beneficie a mi representada de lo que se desprende de los autos.’

 

2.- ‘Invoco a favor de mi representada el principio de Comunidad de la prueba.’

 

3.- ‘Reproduzco el mérito favorable’, que se desprende del escrito presentado por la ciudadana MIRAIDA RÍOS HERNÁNDEZ, ‘donde apela de la medida que les fuera acordada a sus apoderados, en virtud de que es altamente sabido y así se ha reiterado por la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia que el procedimiento previsto para atacar una medida cautelar innominada es la OPOSICIÓN una vez que ha sido otorgado y no la APELACIÓN como erróneamente lo hizo la parte demandada, tal y como así fue dictaminado por la Corte en fecha Cuatro (4) de marzo del Mil Novecientos Noventa y Nueve (1.999), la cual consignó marcada ‘A’, a fin de que surta pleno valor probatorio y se declare sin lugar la apelación por cuanto lo legal y procedente era la oposición y así solicito sea declarado’.

 

4.- ‘Reproduzco el merito favorable en cuanto beneficie a mis representados, de lo que se desprende del escrito presentado por mi en fecha (sic) y el cual corre inserto en el folio donde solicité que no se admitiera la apelación interpuesta, ya que el procedimiento era la oposición.’

 

5.- ‘Reproduzco el mérito favorable’, de lo que se desprende de las constancias emitidas por el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRÍA, donde hace constar que sus representados son productores Agropecuarios.

 

6.- ‘Reproduzco el mérito favorable’, de lo establecido en el artículo 8 de la ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios y de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia hoy Tribunal Supremo, en Sala de Casación Civil, en fecha 21 de junio de 1.999, donde se determina que el Juez está facultado para dictar medida asegurativa o conservativa y más aún cuando de los autos se evidencia que mis representados son productores agropecuario y en base a ello fue que el Juez acordó dicha medida con la finalidad de proteger y asegurar la producción agraria y los recursos naturales renovables que debe ser explotados en beneficio colectivo de los venezolanos.

 

7.- ‘Reproduzco el mérito favorable’, que se desprende de la jurisprudencia de fecha 4 de marzo de 1.999, la cual consignó marcada ‘G’, en donde se establece: ‘El Procedimiento previsto para atacar una medida cautelar innominada es la oposición una vez que ha sido otorgado...’ y no la apelación como lo hizo la parte demandada.

 

8.- ‘Reproduzco el mérito favorable’, que se desprende de la Inspección Ocular practica (sic) por el Juzgado de Parroquia Santa Inés Municipio Libertad de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoategui, en fecha 13 de mayo de 1.999, y la cual consigno marcada con la letra ‘H’, a fin de que surta pleno calor probatorio, ya que del contexto de la misma se evidencia en su primera pregunta que si existe obstrucción de la vía de acceso al Fundo Santa Lucía, en la pregunta N° 5 se evidencia que la única vía de acceso para pasar a dicho fundo es la que conduce a la Jarilla y lo más grave aún es que de la pregunta N° 6 se evidencia que la tubería que suministra agua al pueblo atraviesa el fundo Santa Lucía, y al cerrar la parte demandada el paso causa aún más daño, ya que se rompe la tubería la empresa Hidrocaribe no puede pasar a arreglar dicha tubería y el pueblo se queda sin agua por varios días.

 

RESULTADO DE LAS PRUEBAS.

 

1.- Del mérito de los autos: Este Tribunal considera, que promover como pruebas el mérito favorable de los autos, no está catalogado como prueba en el Código Civil, como tampoco en El Código de Procedimiento Civil, ya que el mérito probatorio de los autos, resulta del estudio jurídico y mental del sentenciador cuando analiza las pruebas de ambas partes para decidir la procedencia o no, de la acción propuesta en el libelo de la demanda. Y así se declara.

 

2.- En relación al principio de comunidad de la prueba o también llamado de la adquisición, este Juzgador comparte el criterio del autor Devis Echandía al considerarlo una consecuencia del principio de la Unidad de la Prueba según la cual no pertenece a quien la aporta por lo que no es procedente pretender que sólo beneficie a quien la promueva, una vez introducida a la causa el Juez la tomará en cuenta en función de determinar la existencia o inexistencia de un hecho con consecuencia jurídica, cuestión ésta que representa una obligación para el Juez a los fines de la realización del Derecho y como fin del proceso, nada importa quien la haya pedido o aportado, la función del Juez es valorar la prueba e indicar a favor de quien amerita el valor de las mismas independientemente de cual de las partes las produzca. Y así se declara.

 

3.- En cuanto al escrito donde la ciudadana MIRAIDA RÍOS DE HERNÁNDEZ, apela de la medida innominada, se observa que aunque estampó la palabra ‘REPRODUZCO’ no promovió ni aportó ese medio probatorio, más sin embargo y atendiendo al Principio de verdad Procesal, se observa que el motivo por el cual esta incidencia se encuentra en esta Alzada está determinado porque el Juzgado de la causa oyó en un efecto la apelación interpuesta por la demandada, ahora bien toda vez que la interposición de la apelación es un hecho procesal que incide en el fondo de la controversia, este Juzgador se pronunciará en la dispositiva de este fallo sobre esa cuestión. Y ASÍ SE DECLARA.

 

4.- Esta prueba no será valorada por cuanto no indica la fecha del escrito que está invocado ni el numero de folio en el que riela. Y así se declara.

 

5.- En cuanto a la copia fotostática que certifica que los demandante son productores agropecuarios, éste Juzgador le dá valor probatorio ad colorandan a favor del demandante, toda vez que no fueron impugnadas por la demandada. Y así se declara.

 

6.- En relación al mérito favorable de lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios y de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia hoy Tribunal Supremo, en Sala de Casación Civil, en fecha 21 de julio de 1.999, donde se determina que el Juez está facultado para dictar medida asegurativa o conservativa, no es objeto de prueba toda vez que en el proceso el objeto de prueba son los hechos que inciden en él, más no el Derecho. Lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios es una facultad de Juez fundamentada en proteger y asegurar la producción agraria y los recursos naturales renovables que deben ser explotados en beneficio colectivo de los venezolanos. Y así se declara.

 

7.- En relación al mérito favorable que se desprende de la jurisprudencia de fecha 4 de marzo de 1.999, la cual consignó marcada ‘G’, en donde se establece: ‘El Procedimiento previsto para atacar una medida cautelar innominada es la oposición una vez que ha sido otorgado...’ y no la apelación como lo hizo la parte demandada. Por tratarse de cuestión de derecho esto será considerado en la dispositiva del fallo, atendiendo a lo antes señalado en relación a las pruebas, el hecho con consecuencia jurídica y el Derecho. Y así se declara.

 

8.- En la Inspección Ocular que fuera practicada en el sitio señalado por el querellante, el Tribunal dejó constancia de que: ‘PRIMERO: cuando nos dirigimos por la vía de penetración al sitio denominado la jarilla, vía que conduce al fundo Santa Lucia la presente se encontraba obstaculizada por varias piedras de gran tamaño, posteriormente nos encontramos con una zanja de aproximadamente 50 centímetros de ancho por 6 metros de largo, así como también 4 tubos de hierro atravesados por 5 pelos de alambre de púas y un tanque de agua. (sic) QUINTO: Solicito a este Tribunal, deje constancia si la vía que conduce a la jarilla para pasar a los Fundos existentes, entre ellos Fundo Santa Lucia, es la única vía de acceso para pasar a dicho fundo. En este estado interviene el tribunal vista la solicitud realizada lo acuerda, si es la única vía de acceso para llegar al sector denominado la Jarilla y sus Fundos circunvecinos- SEXTO: Solicito a este Tribunal, que se deje constancia de la existencia de la tubería que suministra el agua al pueblo, y si ésta atraviesa el Fundo Santa Lucía.’ El Tribunal visto visto (sic) el pedimento lo acuerda y deja constancia de que si es cierto que existe dicha tubería y que la misma atraviesa el Fundo Santa Lucía. Esta prueba deja evidencia de la negativa rotunda de la demandada a cumplir con el decreto de la medida innominada de acceso acordada por el Tribunal que conocía la causa en ese momento 13 de mayo de 1.999, medida ésta que fuere revocada en fecha 11 de abril del año 2.000, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoategui, por lo que la prueba contenida en dicho medio probatorio no es apreciada por éste Juzgador. Y así se declara.

 

Ahora bien la incidencia objeto de la presente decisión versa sobre el decreto de una medida decretada por el Juez Agrario haciendo uso de la potestad que le otorga el artículo 8 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, que fuera recurrida en apelación por la demandada que es contra quien obra la medida, ahora bien la naturaleza de las medidas que puede dictar el Juez Agrario en atención al artículo 8 antes mencionado, son de naturaleza asegurativa o conservativa, destinadas a proteger la producción agraria, para lo cual es necesario que el Juez tenga la convicción de la existencia de una amenaza de desmejoramiento, ruina o destrucción de la producción agraria y los recurso naturales renovables, de manera tal que afecte los intereses de la sociedad evitando extralimitación en el cumplimiento de los fines públicos y cualquier consideración inequitativa o irracional al momento de acordar las medidas por lo que sólo serán dictadas en los casos en los cuales la necesidad de la medida se haga evidente para evitar un daño cierto que de otra manera podría ser irreparable o de difícil reparación.

 

En este mismo orden de ideas y a los fines de pronunciarse en cuanto al modo de recurrir de una medida decretada por un Juez Agrario haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 8 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento Agrarios, las medidas que se puedan decretar en el ámbito de ese artículo deben estar circunscritas a la protección de los intereses públicos referidos a la producción agraria y los recursos naturales renovables que atañen directamente a la soberanía económica y a la forma como deben ser explotados en beneficios de los venezolanos. De modo alguno estas medidas pueden confundirse con una medida anticipativa tendiente a garantizar los resultados del proceso, dentro de las que estarían las medidas preventivas, cuyo tratamiento procesal es el estipulado en el libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, de manera que no es susceptible de aplicación del procedimiento de oposición contemplado en el Código de Procedimiento Civil. Por el contrario es recurrible por vía ordinaria de apelación toda vez que se trata de una medida decretada por un Juez. Y así se declara.

 

De conformidad con lo anterior y a lo planteado en la controversia se observa que el Juez de la causa dictó la medida innominada que acuerda el acceso de los demandantes sin cumplir con los extremos referidos a los principios de seguridad, protección agraria, de conservación y explotación en beneficio del colectivo venezolano de los recursos naturales renovables, no se demostró en que forma atenta o amenaza la producción agropecuaria y de las probanzas se observa que en la inspección ocular que se hiciera en mayo de 1.999, fue valorada por el Juez de la causa desechándola en fecha 11 de abril del 2000, por la sentencia interlocutoria que emitiera la Jueza Tercera de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoategui, quien revocara la medida dando con lugar la oposición que interpusiera la demandada, por lo que no guarda relación los hechos que constan en la inspección ocular con los hechos que deben ser aprobados con ocasión de decretar las medidas de conformidad con el artículo 8 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento Agrarios.”

 

               Pues bien, en innumerables sentencias de esta Sala de Casación Social se ha expresado que uno de los supuestos que sustenta el vicio de inmotivación por silencio de pruebas, es el hecho de que la recurrida omita de manera total o parcial el análisis sobre una o todas las pruebas promovidas, por lo que en este sentido, los jueces tienen el deber impretermitible de examinar cuantas pruebas se han aportado a los autos, para de esta manera no incurrir en la violación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:

 

"Los jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aún aquéllas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresando siempre cuál sea el criterio del juez respecto de ellas."

 

               Por otra parte, también se ha expresado esta Sala  con relación al vicio de silencio de pruebas, de la siguiente manera:

"El alegado vicio de silencio de pruebas se produce cuando el sentenciador ignora completamente el medio probatorio, pues ni siquiera lo menciona o cuando refiere su existencia, pero no expresa su mérito probatorio. Este vicio puede ser denunciado por cualquiera de las partes, por cuanto una vez que la prueba es incorporada al expediente, escapa de la esfera dispositiva y pertenece al proceso, lo que autoriza al juez para valorarla con independencia de quien la promovió, con fundamento en el principio de adquisición procesal."

 

               Pues bien, de la lectura detallada de la sentencia y como se puede observar de la transcripción precedentemente expuesta, esta Sala constata que el Juez de alzada sí analizó todas y cada una de las pruebas promovidas por la parte demandante, tanto es así que la recurrida expresa de manera detallada, cuales fueron los motivos tanto de derecho como de hecho que lo impulsaron a desechar o a darle pleno valor probatorio a las pruebas promovidas por la parte demandante, concatenando posteriormente tal motivación al dispositivo del fallo que determinó que la medida en cuestión fue dictada por el juez a-quo sin cumplir con los extremos referidos a los principios de seguridad, protección agraria, de conservación y explotación de los recursos naturales renovables en beneficio del colectivo venezolano, al no demostrarse en que forma atenta o amenaza la producción agropecuaria de los ciudadanos actores.

               Así pues, considera esta Sala que la recurrida no incurrió en el vicio de inmotivación por silencio de pruebas, razón por la cual es improcedente la delación formulada al respecto. Así se establece.

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

ÚNICA

 

               Denuncia el formalizante, de conformidad con el ordinal 2° del articulo 313 del Código de Procedimiento Civil, “el error de falsa aplicación” de la norma 602 eiusdem.

 

               Alega el formalizante, lo siguiente:

 

“La decisión dictada por el Tribunal A-quo, es una Medida Cautelar asegurativa de la acción planteada, por lo tanto este, incurre en el ERROR DE FALSA APLICACIÓN DE LA NORMA, la cual se produce cuando el Ciudadano Juez realiza la aplicación de una determinada Norma Jurídica, a una situación de hecho que no es la contemplada en ella, ya que mal podría haberse escuchado la apelación cuando ni siquiera la parte demandada fundamentó dicha apelación, por cuanto no basta ejercer un recurso por ejercerlo sin demostrar el porque lo hace y más aún cuando lo único procedente era que la parte afectada por la MEDIDA Decretada, formulara OPOSICIÓN, tal y como lo prevé el Artículo 602 del Código de Procedimiento Civil así lo ha reiterado esta Sala en múltiples decisiones.- Mal podría el Juez A-quo haber ordenado escuchar la APELACIÓN erróneamente formulada y lo más grave, es que el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, incurre en el mismo error al declarar Con Lugar La Apelación formulada en forma errada, es por ello, que con fundamento en lo establecido en el Ordinal Segundo del Artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, solicito a esta Sala se sirva Corregir el Vicio de la Decisión aquí recurrida; ya que como lo manifiesta el profesor Giuseppe Chiovenda, en su Instituciones de Derecho Procesal Civil, Tomo III, el Juez A-quo, realizó una torcida interpretación de una voluntad abstracta de la Ley existente, incurriendo en un error In Indicando, como lo afirma el Doctor JOSÉ NUÑEZ ARTISTIMUÑO.

 

Es por todas las razones aquí expuestas Ciudadanos Magistrados, que acudo por ante esta Sala a fin de que el recurso presentado sea declarado procedente y ordene se dicte una nueva decisión de acuerdo a la Doctrina que la Sala establezca en el referido fallo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 322 ejusdem, a menos que esta Sala decida Casar Sin Reenvío el Fallo Recurrido, declarando así Nula la Sentencia Dictada por el Tribunal Superior Quinto Agrario, de la cual aquí se recurre.

 

Ciudadanos Magistrados, el Error In Indicando (sic) en que incurrió el Juez Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas al no rectificar la conducta asumida por el Tribunal A-quo, en virtud que no debió de haber declarado con lugar la Apelación formulada por la parte demandada, y mucho menos bajo la fundamentación en que baso su decisión, ya que lo hizo aplicando en forma errada una norma, es decir, baso la  decisión en una errónea interpretación de la norma, ya que no la podía dictar basándose en que la Medida acordada por el Tribunal A-quo no es susceptible de aplicación del procedimiento de OPOSICIÓN contemplado en el Código de Procedimiento Civil, sino que por el contrario es recurrible por vía ordinaria de apelación, cuestión esta que es improcedente, ya que sabemos que de toda MEDIDA bien sea PREVENTIVA o INNOMINADA, el procedimiento adecuado aplicar es el de la OPOSICIÓN y nunca el de la APELACIÓN, y este criterio ha sido mantenido por esta Sala en reiteradas jurisprudencias, así como lo establece el Artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, y también es sabido que de lo que se apela son de las decisiones y de los autos y es en virtud de ello que manifiesto que el Juez Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas hizo una ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA, y mucho más cuando establece en su decisión que el procedimiento era el de la apelación toda vez que se trata de una MEDIDA DECRETADA POR UN JUEZ, (SUBRAYADO PROPIO), cebe preguntarse ¿Quién sino es un juez dicta las medidas?, por lo que también se puede apreciar un desconocimiento del Derecho por parte de Juez, ya que el que dicta las medidas son los jueces.

 

Ciudadanos Magistrados, el Juez A-quo, dictó la Medida de acuerdo a lo establecido en el Ordinal 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Agrarios, es decir, basados en los principios de seguridad, protección agraria de conservación y explotación de los recursos naturales renovables, toda vez que se le demostró que mis representados son productores agropecuarios, y además, lo más importante es que se le tiene que garantizar a los productores la cosecha y con el paso cerrado, lo que se hace es causar un daño irreparable tanto a los productores como a los consumidores, por cuanto esa es la única Vía de acceso que tienen mis representados para llegar a su finca, razón por lo cual mal puede pretender el Tribunal A-quen manifestar que no se demostró en que forma.

 

Ciudadanos Magistrados, de la Sentencia dictada por el Tribunal Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, se puede evidenciar que la misma incurre en tres errores como son: 1.- la Falsa Interpretación, 2.- La Falsa Aplicación y 3.- La Falta de Aplicación de la Norma, la primera es por error en el contenido de la norma, la segunda es por la errónea adecuación que se pone entre la Ley y el Hecho, y la tercera se refiere a que si el Juez aplica una norma no correspondiente al caso Sub judice, se entiende que dejó de aplicar la que si correspondía, es decir, el Juez, debió de (sic) aplicar la norma contenida en el Artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, ya que es la que corresponde con el caso de marra, por cuanto se refiere a los procedimientos a seguir en caso del Juez Decretar algunas Medidas como es el presente caso que nos ocupa y al no aplicarlos sino todo lo contrario, enfatizó la sentencia sobre una norma errada, ya que es sabido y como lo dije anteriormente, que el procedimiento a seguir y el adecuado cuando se acuerda una Medida es el de OPOSICIÓN y no el de APELACIÓN, como así lo mal interpretó el sentenciador, o sea el Juez negó expresamente la aplicación de una Regla que había sido invocada por mí en defensa de mis representados, por lo tanto el Tribunal A-quen debió de haber corregido la infracción cometida por el Tribunal A-quo, el cual permitió y admitió una Apelación en contra del Decreto de una MEDIDA Cautelar, cuando lo procedente es la OPOSICIÓN, prevista en el Artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, es por ello que esta interpretación errónea de la norma ocurre cuando se desnaturaliza su sentido y se desconoce su significación tal y como ocurrió, por lo tanto el Tribunal A-quo erró en la aplicación de la norma prevista en el Artículo antes aquí citado, realizando una falsa aplicación, lo que conlleva a una errónea interpretación entre la Ley y el hecho.”

 

Para decidir la Sala observa:

 

               Se advierte que el formalizante comete una equivocación de técnica de casación, al denunciar en una misma delación, falsa aplicación y errónea interpretación, así como la falta de aplicación de una norma jurídica, lo cual resulta a todas luces improcedente, pues la errónea interpretación supone la aplicación de la norma por parte del juez, pero dándole un contenido y alcance indebido, de forma que si existe falta de aplicación o inaplicación de una norma jurídica no puede incurrirse evidentemente en la errónea interpretación de la misma, por otro lado se entiende por falsa aplicación la errónea relación entre los hechos y la norma.

 

               En este orden de ideas, estima conveniente esta Sala de Casación Social explanar el criterio que ha venido sosteniendo este Alto Tribunal con respecto a la técnica casacional de las denuncias por infracción de ley. Así tenemos que en sentencia de fecha 17 de mayo del año 2001 en el caso Milagros G. de Méndez contra PDVSA Petróleo y Gas, S.A., con ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, se estableció:

 

"Ha sido reiterada la posición de esta Sala de Casación Social en cuanto al deber del formalizante de cumplir con la adecuada técnica casacionista, lo cual se traduce en una carga para el recurrente, que debe en su escrito de formalización precisar con claridad y especificidad sus denuncias y que éste, éste constituido en cuanto a su construcción lógico-jurídica bajo un esquema lo suficientemente coherente para delimitar los motivos o causales de casación.

 

La presente denuncia se encuadra dentro de los supuestos de infracción de normas expresas que valoran la prueba sustentada en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, supuestos de excepción que permiten al Máximo Tribunal extender su examen al establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas, conocida esta modalidad como casación sobre los hechos.

 

Considera esta Sala adecuado, en la búsqueda de una formalización ajustada a las normas del sistema procesal vigente, dejar claro la manera en que se debe formalizar el recurso de casación sobre los hechos, siguiendo la doctrina jurisprudencial ratificada por este Alto Tribunal. Así tenemos que:

 

Efectivamente, el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil permite a la Sala extenderse al establecimiento y valoración de los hechos, o al establecimiento y valoración de las pruebas que haya efectuado la instancia, en los siguientes casos de excepción:

 

a)           Denuncia de infracción de una norma jurídica expresa que regule: 1) el establecimiento de los hechos, 2) la valoración de los hechos, 3) el establecimiento de las pruebas, ó 4) la valoración de las pruebas; como también

 

b)           Denuncia de alguna de las tres hipótesis de suposición falsa, porque el juez de alzada: 1) atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contienen, 2) dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos, ó 3) dio por demostrado un hecho cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo.

 

En los cuatros primeros casos del litera ‘a’ se trata de un error de derecho pues lo denunciado es la infracción de normas jurídicas que regulan el establecimiento o valoración de los hechos o pruebas; siendo por lo tanto sus hipótesis distintas unas de las otras. En criterio de este Alto Tribunal son normas que regulan el establecimiento de los hechos, las que exigen un preciso medio de prueba, o que exigen alguna prueba en concreto para establecer la existencia de determinados hechos o actos. Igualmente son normas de valoración de los hechos, aquéllas que a un conjunto de hechos les confiere una denominación o determinada calificación. Por otra parte, serían normas que establecen un medio de prueba, aquéllas que consagran formalidades procesales para la promoción y evacuación del mismo, siendo necesario su cumplimiento para la validez el medio de prueba. Asimismo, serían normas para la valoración de las pruebas, aquéllas que fijen una tarifa legal al valor probatorio del medio; o, aquéllas que autorizan la aplicación de las reglas de la sana crítica.

 

Lo antes expuesto permite concluir que el error del derecho a juzgar los hechos, se materializa en la interpretación o aplicación de las normas que regulan el establecimiento o apreciación de los hechos o de las pruebas, conforme a lo estipulado en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil; por lo tanto su delación debe, no sólo cumplir con los requisitos propios de toda denuncia por infracción de ley, sino que además, debe ajustarse a las exigencias propias de la casación sobre los hechos.

 

En tal sentido, el recurrente está obligado en su denuncia a lo siguiente: a) apoyar la denuncia en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem; b) precisar cuál es la norma jurídica que regula el establecimiento o apreciación de los hechos o de las pruebas que resultó infringida; c) denunciar alguno de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 ibídem; esto es, la errónea interpretación, falsa aplicación o falta de aplicación; d) explicar cómo, cuándo y en qué sentido se produjo la infracción, la cual debe ser determinante en el dispositivo del fallo; y e) señalar las normas jurídicas que el juez de alzada no aplicó y debió aplicar para resolver la controversia.

 

Con todo lo especificado ut supra, se pretende establecer de manera preliminar, la carga que tiene el formalizante al solicitar de esta Sala, se extienda al conocimiento de los hechos."

               Ahora bien, esta Sala de Casación Social extremando sus funciones legales y a pesar de la falta de técnica en la presente denuncia, pasa a conocerla, al considerar de utilidad emitir un pronunciamiento con respecto a lo planteado. En este caso, entiende esta Sala que el formalizante lo que quiso denunciar fue la falta de aplicación del artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, que tiene lugar cuando el juzgador se niega aplicar la norma a una relación jurídica que está bajo su alcance.

 

               El formalizante expresa en su escrito que, el Juez debió aplicar la norma contenida en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, ya que a criterio del formalizante es la que corresponde al caso sub iudice, por cuanto se refiere al procedimiento a seguir en caso de impugnación de la medida preventiva decretada por el Juez conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Agrarios. Continúa señalando el formalizante, que el procedimiento en cuestión cuando se acuerda una medida de este tipo, es el de la oposición contenida en el artículo mencionado y no el de apelación como así lo dispuso el Juez de Alzada.

 

               Pues bien, estima importante esta Sala transcribir extractos de la sentencia de fecha 21 de julio del año 1999 emanada de la Sala de Casación Civil de la entonces Corte Suprema de Justicia, y la cual acoge esta Sala de Casación Social,  en el caso  Manuel Antonio Martínez y Mirían Rincón de Martínez contra Rafael Omaña Spooner y Yasmile Martínez de Omaña con ponencia del Magistrado Alirio Abreu Burelli, la cual señaló:

 

"En la interpretación del artículo 8 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios es necesario tener en cuenta las razones por las cuales el legislador agrario otorgó a los jueces la atribución de dictar medidas preventivas, diferentes a las establecidas en el Código de Procedimiento Civil; aquéllas están dirigidas a la tutela de intereses colectivos, más que a la protección de los intereses de las partes y el mantenimiento de un status quo, o creación de las condiciones favorables para el correcto desenvolvimiento del proceso, a lo cual se dirigen las medidas cautelares innominadas.

 

Dichas razones, en palabras de la sentencia citada en segundo término están dirigidas ‘al cumplimiento de altos fines supraindividuales, cuales son, la protección de la producción agraria y de los recursos naturales renovables, sustentos éstos del ambiente y por lo cual se confiere al Juez Agrario un poder cautelar general, para proteger y asegurar por una parte, la producción agraria, que atañe directamente a la soberanía económica del país; y por la otra, los recursos naturales renovables que deben ser explotados en beneficio colectivo de los venezolanos (artículo 95 y 106 de la Constitución Nacional); sin embargo, luego estableció la Sala que el juez debe analizar ‘de conformidad con el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil (derogado) los elementos que dijo haber probado la actora, que a su juicio, constituyen presunción grave del derecho que se reclama’, lo cual pareciera, a primera vista, sustentar la afirmación del formalizante, de que debe existir demostración de los extremos de procedencia de las medidas cautelares innominadas, establecidos en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil vigente.

 

La presunción grave del derecho, a que se refiere la jurisprudencia citada no puede serlo del derecho reclamado en el proceso, pues la medida no está dirigida a su protección, sino a la tutela de intereses colectivos; por tanto debe entenderse como la presunción grave de daños a los derechos e intereses supraindividuales protegidos por la regla legal en cuestión. En otras palabras, es necesario que el juez llegue a la convicción de que existe una amenaza de desmejoramiento, ruina o destrucción de la producción agraria y los recursos naturales renovables, de una entidad tal que afecte los intereses de la sociedad.

 

Ahora bien, siempre tiene la medida un carácter instrumental, pues se dicta en el curso del proceso y sólo podrá mantenerse mientras éste se desarrolle. Nace en previsión de una sentencia que será dictada, en la cual, además de los intereses individuales, el juez Agrario está obligado a proteger, en forma definitiva los mismos intereses colectivos de mantenimiento de la producción agraria y tutela de los recursos naturales renovables.

 

Por tratarse de medidas que en principio se adoptan de oficio, lo cual no excluye que pueda tomarse luego de una solicitud de alguna de las partes, probablemente no existieran en autos elementos directamente dirigidos a evidenciar el peligro de desmejoramiento, ruina o destrucción, sino que deberán ser deducidos por el Juez a través de presunciones que se deriven de los hechos ciertos que consten de las actas. Asimismo es importante la utilización de máximas de experiencia que sirvan de reglas de juicio en cuanto a la existencia de tal peligro.

 

Debe el juez evitar cualquier extralimitación en el cumplimiento de los fines públicos, así como cualquier consideración inequitativa o irracional en el momento de acordar las medidas, tal como lo estableció la doctrina transcrita, por lo cual sólo deberán ser dictadas en casos en los cuales la necesidad de la medida se haga evidente para evitar un daño cierto, que de otra manera podría se irreparable o de difícil reparación.

 

Queda así aclarado en algunos aspectos, y modificado en otros, el criterio que había sentado esta Sala de Casación Civil en sentencias de fecha 19 de julio de 1984 y 19 de junio de 1986, antes citadas.

 

(omissis).

 

En conclusión, no interpreto el Juez de Alzada en forma errónea el artículo 8° de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios y las disposiciones de los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, denunciados como infringidos, no son aplicables a la cuestión debatida.”

 

               En este sentido, este Alto Tribunal dejó sentado la inaplicabilidad de los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil en los casos de decretarse una medida preventiva conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, con ello se comenzó a delimitar la naturaleza jurídica de las medidas cautelares contempladas en la ley agraria, en razón de su materia especialísima.

               Pues bien, esta Sala de Casación Social cumpliendo con su función uniformadora  de derecho, estima conveniente realizar determinadas precisiones sobre la aplicación del Código de Procedimiento Civil en la materia agraria, es así, que comparte y hace suyo el criterio expuesto por el autor Rafael Ortiz Ortiz en su obra "Las Medidas Cautelares Innominadas (Estudio Analítico y Temático de la Jurisprudencia Nacional)", cuando señala lo siguiente:

 

"La Integración Normativa del texto Procesal Civil y la Ley Procesal Agraria:

 

En el ordenamiento jurídico pueden distinguirse aquellas normas de aplicación general y las llamadas leyes especiales que, por razones de interés colectivo, regulan determinados aspectos de la conducta humana los cuales, por su naturaleza e importancia, requieren de un enfoque distinto y singularizado. El artículo 14 del Código Civil en este sentido establece ‘Las disposiciones contenidas en los Códigos y leyes nacionales especiales se aplicarán con preferencia a las de este Código en las materias que constituyan la especialidad’. Como podrá apreciarse el principio civilístico es propender a la aplicación de la norma especial sobre la norma general y ello tiene su razón en la esencia de la ‘especialidad’ que constituiría una explícita voluntad del legislador en las regulaciones específicas de situaciones concretas.

 

En materia procesal, el vigente Código de Procedimiento Civil es de suyo, mucho más riguroso puesto que ordena de manera indubitable la preferente aplicación de las normas procesales especiales y las normas generales sólo en aquellos casos en que haya un vacío en las normas especiales de que se trate. En efecto, el mencionado artículo 22 establece ‘Las disposiciones y los procedimientos especiales del presente Código se observaran con preferencia a los generales del mismo en todo cuanto constituye la especialidad; sin que por eso dejen de observarse en los demás las disposiciones generales aplicables al caso’.

 

Para el lector incauto la norma pudiera hacer pensar que sólo se trata de los ‘procedimientos especiales previstos en este Código’, en verdad, tanto la doctrina como la jurisprudencia del Supremo Tribunal han admitido que este mismo esquema es aplicable a todos aquellos procedimientos establecidos en leyes especiales.

 

Todo este análisis previo nos permiten demostrar con toda claridad que la materia agraria está regulada, no sólo sustantivamente sino también adjetivamente, por normas especiales, ello en atención del preferente tratamiento que hace la Constitución de la República y, sobre todo, por la importancia que reviste la actividad agrícola y pecuaria para la vida y los destinos de la nación.

 

Procesalmente la materia agraria está regulada por la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios constituyéndose en normas de aplicación no sólo preferente sino también excluyente en todas aquellas situaciones reguladas de manera expresa por dicha ley, en cuyo caso el Código de Procedimiento Civil tendrá siempre un carácter supletorio en aquellas situaciones de silencio o de vacío en la LOTPA.

 

En el campo concreto del proceso agrario es perfectamente posible la aplicación de las medidas cautelares civiles tanto las típicas como las innominadas por extensión del artículo 22 del texto procesal antes comentado; y en caso de aplicación supletoria de cualquier ley se impone el principio de la ‘extensión normativa’, esto es, que el juzgador debe aplicar ‘in extenso’ las normas que creyere oportunas; así, si el juez agrario pretendiere dictar un secuestro, embargo o una cautelar innominada debe atender a los requisitos, procedimiento, sustanciación y medios de impugnación previstos en el Código de Procedimiento Civil.

 

Por otro lado, la propia ley agraria establece una medida que tiene mucho de ‘cautelar’ y mucho más de ‘tutela de derechos’, esto es, el artículo 8 de la LOTPA según el cual:

 

Es necesario destacar que esta medida está sujeta a la extensión y los límites de la LOTPA, es decir, la apelación como mecanismo de impugnación, la cuantía del juicio principal a los efectos de la apelación, etc.

 

(omissis).

 

Estimamos que no es jurídicamente sustentable que se decrete una medida cautelar cuya fundamentación jurídica sea el artículo 8 de la LOTPA y, el mismo tiempo, el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil. Fundamentalmente porque ambas medidas tienen procedimientos totalmente diferentes: el recurso de apelación en las primeras que es un recurso de segundo grado y en el cual el juez pierde la competencia, por virtud de la apelación, de modificar su propia decisión; en cambio que las cautelas innominadas pueden ser impugnadas a través del recurso de oposición que es de primer grado y en el cual se requiere necesariamente que el juez se pronuncie nuevamente sobre la cautela sea para revocarla o confirmarla.

 

Si una medida estuviera fundamentada en ambas normas colocaría a la parte afectada en la grave disyuntiva de no saber si ‘apelar’ o ejercer el ‘recurso de oposición’, ello en desmedro del derecho a la defensa y el derecho al debido proceso y, lo que es más grave aún, quien conozca de la apelación pudiera desecharla por la existencia del recurso de oposición y quien conozca de la oposición puede negarlo por la existencia de la apelación. Existe, en todo caso, un problema de formas procedimentales a las cuales el juez debe sujetarse por mandato de los artículos 7° y 15 del Código de Procedimiento Civil y 68 de la propia Constitución de la República.

 

Por ello hemos recomendado que el juez agrario pueda utilizar la cautela genérica agraria que es mucho más general que las innominadas y, además pueden ser decretadas de oficio, por ello mismo luce innecesario que el juez apoye su poder cautelar en el texto procesal, salvo que se trate de situaciones que no se ubiquen en el supuesto de hecho previsto en el artículo 8 de la LOTPA, en cuyo caso será necesario hacer uso del poder cautelar general en aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil."

 

               Las precedentes consideraciones, las cuales esta Sala comparte, nos permite dirimir la presente denuncia. Es así y como bien lo dice el autor, que el artículo 14 del Código Civil  en concordancia con el artículo 22 del Código de Procedimiento Civil han sido admitidos por este Alto Tribunal como esquema aplicable a todos aquellos procedimientos establecidos en leyes especiales, en el sentido que debe observarse las disposiciones especiales preferentemente a las de carácter general.

 

               En otras palabras y como lo ha establecido la doctrina, la ley especial prefiere a la general, porque de esta manera ambas se observan, ésta como principio, aquella como excepción, en tal sentido al haber colisión entre normas generales y especiales, debe observarse en primer lugar la disposición especial incluso aún cuando no se haya declarado la colisión por la autoridad competente.

 

               En este sentido, subsumiendo lo dicho al caso que nos ocupa y al estar la materia agraria regulada tanto sustantivamente como adjetivamente por normas especiales y específicamente por tratarse el artículo 8 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios de medidas cautelares especialísimas en cuanto a la materia que la regula por estar las mismas dirigidas a tutelar intereses colectivos en pro de la actividad agrícola y pecuaria del país, es por lo que se declara que efectivamente el proceso de impugnación de estas medidas es la contenida en Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, es decir el procedimiento de apelación, tal y como lo establece el artículo 23 de la precitada Ley.

 

               Esta Sala de Casación Social deja sentado a partir de la publicación de este fallo el presente criterio con relación a la impugnación de las medidas preventivas señalas en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios.

 

               Pues bien, en el caso bajo estudio se observa que el juez de alzada declaró, de manera acertada, que no es susceptible de aplicación el procedimiento de oposición contemplado en el Código de Procedimiento Civil como medio de impugnación de las medidas establecidas en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, puesto que dichas medidas son recurribles por vía ordinaria de apelación, razón por la que conoció de la medida decretada por el Juzgado de Primera Instancia por apelación.

 

               En consecuencia, el Juez de alzada no incurrió en falta de aplicación del artículo 602 del Código de Procedimiento Civil por no ser esta la norma aplicable al caso que nos ocupa. En consecuencia se declara improcedente esta denuncia. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

               Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia dictada en fecha 19 de septiembre del año 2001 por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil (Bienes) de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y de lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental con sede en la ciudad de Maturín.

 

               De conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 274 eiusdem, se condena en costas a la parte recurrente.

 

               Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de la causa, es decir, al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. Notifíquese esta decisión al Juzgado Superior de origen ya mencionado, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

               Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil dos. Años: 192° de la Independencia y 143° de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

_________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente,

 

______________________

JUAN RAFAEL PERDOMO

 

                                                  Magistrado-Ponente,

 

                                               ____________________________

                                               ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

La Secretaria,

 

_________________________

BIRMA I. TREJO DE ROMERO

 

 

R.C. N° AA60-S-2001-000714