SALA  DE  CASACIÓN  SOCIAL

 

 

Caracas,  cuatro (04) de abril del año 2002. Años: 191° y 143°

 

 

 

En el juicio que por cobro de prestaciones sociales sigue la ciudadana ANGELA ROSA ORELLANA, representada judicialmente por la abogado Belkis Delgado Prieto, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE SALUD DEL ESTADO APURE (INSALUD-APURE), representado judicialmente por los abogados Gisela Duno, Albis L. Padrón O., Rocio Mundarain H. y Jesús M. Hernández; el Juzgado del Municipio San Fernando de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, en fecha 10 de julio del año 2001, declaró con lugar la cuestión previa contenida en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y declinó el conocimiento de la causa al Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de esa misma Circunscripción Judicial.

 

En fecha 16 de octubre del año 2001, el Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Región Sur de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, con sede en San Fernando de Apure, difiere de la decisión del Juzgado del Municipio San Fernando, y en consecuencia se declaró incompetente para conocer del asunto, por lo que de conformidad con el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil solicitó a este Alto Tribunal la regulación de la competencia.

 

            Remitidas las actuaciones fueron recibidas en esta Sala de Casación Social, dándose cuenta del asunto en fecha 28 de febrero del año 2002, y correspondiéndole la ponencia al Magistrado ALFONSO VALBUENA CORDERO, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

         Siendo la oportunidad legal para decidir, pasa esta Sala a hacerlo previas las siguientes consideraciones:

 

-I-

 

            En fecha 10 de julio del año 2001, el Juzgado del Municipio San Fernando de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, declaró con lugar la cuestión previa opuesta por la demandada, basándose en la siguiente argumentación:

 

“En fecha 30 de enero del presente año, se recibió libelo de demanda con sus recaudos anexos (folios del 01 al 07), presentado por la ciudadana ANGELA ROSA ORELLANA, venezolana, mayor de edad, secretaria, titular de la Cédula de Identidad N° 9.989.004, y de este domicilio, debidamente asistido en este acto por la Abogada BELKIS DELGADO, inscrita en el Impreabogado bajo el N° 63.570, de PAGO DE PRESTACIÓNES SOCIALES, en contra del INSTITUTO AUTÓNOMO DE SALUD DEL ESTADO APURE (INSALUD), en la persona de su Presidente y representante legal, ciudadano Dr. JORGE PÉREZ, y en la cual expone que fue empleado del INSTITUTO AUTÓNOMO DE SALUD DEL ESTADO APURE (INSALUD), y que en tal manera actúa en búsqueda de manera judicial el PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES que por Ley y derecho le corresponden:

 

Que demanda al INSTITUTO AUTÓNOMO DE SALUD DEL ESTADO APURE (INSALUD), en la persona de su Presidente y representante legal, ciudadano Dr. JORGE PÉREZ, para que convenga en pagarle o que en su defecto sea condenado por este Tribunal, lo que corresponde por concepto de PAGO PRESTACIONES SOCIALES e INDEMNIZACIÓN, lo que alcanza la suma total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS BOLÍVARES CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 2.803.362,62).

 

Que desempeñaba el cargo de SECRETARIA, cumpliendo funciones en el Ambulatorio Rural II Bruzual, ubicado en la población Bruzual, Estado Apure, para el INSTITUTO AUTÓNOMO DE SALUD DEL ESTADO APURE (INSALUD).

 

Que la relación de trabajo con el INSTITUTO AUTÓNOMO DE SALUD DEL ESTADO APURE (INSALUD), se inició en fecha 01-10-1999, y culminó en fecha 31-10-2.000, cuando fue despedida mediante notificación, teniendo la misma una duración de UN (1) AÑO, Y UN (1) MES, devengando una remuneración mensual de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL BOLÍVARES (Bs.144.000,00) con una jornada de trabajo a tiempo completo cumpliendo sus funciones en una forma ininterrumpida.

 

(Omissis)

 

En el libelo de demanda la demandante indica que ingresó al INSTITUTO AUTÓNOMO DE SALUD DEL ESTADO APURE (INSALUD) cumpliendo funciones como Secretaria, el cual venía desempeñando desde el día 01-10-99 hasta el 30-10-2000, a tiempo completo, y anexa en estado original, la comunicación N° GRH-729, de fecha18-10-2000, donde se le notifica la decisión de prescindir de sus servicios como tal, así mismo, anexa en estado original Constancia de Trabajo de fecha 21-11-2000, igualmente presentó copia fotostática de oficio S/N°, donde JOSÉ CARDENAS, Jefe del Distrito Sanitario solicita ante el ciudadano Administrador del INSTITUTO AUTÓNOMO DE SALUD DEL ESTADO APURE (INSALUD), el pago pendiente correspondientes a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de la ciudadana ANGELA ROSA ORELLANA como Secretaria del Ambulatorio Rural II, Bruzual, por todas las razones antes indicadas se concluye, que la demandante es un funcionario o empleado administrativo público, en razón de un contrato a tiempo indeterminado no podría considerar de otra manera, sino que fue designado como funcionario fijo, en virtud que no puede existir indeterminación en dicho Contrato por cuanto la Ley de Carrera Administrativa, establece que luego de seis meses de prestar servicios en forma ininterrumpida, todo funcionario público pasa a ser considerado de carrera, y como lo indica el demandante estuvo prestando servicios como personal administrativo (Secretaria), durante un año y un mes, por lo que considera quien aquí juzga, que la demandante es un funcionario de Carrera, así se decide.

 

La parte demandada al oponer la Cuestión Previa prevista en el Ordinal 1° del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil por falta de competencia de este Juzgado, señala que la demandante es una empleada o funcionaria administrativa por tanto quien debe conocer este tipo de demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, es el Tribunal o Juzgado Contencioso Administrativo de esta misma Circunscripción Judicial.

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 349 del Código de Procedimiento Civil, en atención a los documentos presentados por las partes y que cursan en autos, quien aquí decide considera, que la demandante es una funcionaria pública de carrera por el cargo que la mismo(sic) indica ejercía, y por el principio legal que establece en materia de relación laboral prevalece la realidad de los hechos sobre el derecho, desprendiéndose de los hechos que la demandante es una funcionaria o empleadora pública de carrera. Así se decide.

 

Como quiera que el Artículo 8° de la Ley orgánica del Trabajo establece taxativamente que la Ley de Carrera Administrativa, regirá para los funcionarios o empleados públicos que en dicho Artículo se indica, encontrándose dentro del mismo los funcionarios o empleados públicos estadales, como es en el presente caso, así se decide.

 

Con fundamento a las consideraciones expuestas y analizadas, este juzgador de Municipio San Fernando de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley. DECLARA: CON LUGAR la Cuestión Previa, prevista en el Ordinal 1° (falta de competencia), del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, opuesta por la parte demandada INSTITUTO AUTÓNOMO DE SALUD DEL ESTADO APURE (INSALUD), en la persona de su Presidente, Dr. JORGE MANUEL PÉREZ, a través de sus Apoderadas Judiciales Abogadas GISELA DUNO y ALBIS PADRÓN, plenamente identificadas en autos. En consecuencia una vez que quede firme la presente decisión se ordena remitir el presente expediente al Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de esta misma Circunscripción Judicial, quien es el competente para conocer de la presente causa. Así se decide. 2°) Se exonera en costas a la parte demandante por la naturaleza de la acción.“

 

 

 

-II-

 

Por su parte, el Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Región Sur de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, al declarar su incompetencia se basó en lo siguiente:

 

“Visto el expediente No. 1-2448, que contiene el juicio de Trabajo (Prestaciones Sociales), seguido por la ciudadana: ORELLANA, ANGELA ROSA, asistida por la abogada BELKIS DELGADO, en contra del INSTITUTO AUTÓNOMO DE SALUD DEL ESTADO APURE (INSALUD), remitido a este despacho anexo a oficio No. 464, de fecha 24 de septiembre de 2.001, por el Juzgado del Municipio San Fernando de la Circunscripción Judicial del Estado Apure; remisión que fue ordenada en sentencia interlocutoria dictada por el juzgado antes mencionado en fecha 10 de julio del año en curso, donde este declaró CON LUGAR la Cuestión Previa prevista en el Ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, opuesta por la parte demandada, Instituto Autónomo de Salud del Estado Apure, referida a la falta de competencia de ese juzgado para conocer del juicio de Cobro de Prestaciones Sociales por ser la demandante una funcionaria publica, por consiguiente la competencia para conocer de la causa corresponde a este Juzgado Superior Contencioso Administrativo, siendo la oportunidad para pronunciarse sobre la admisibilidad de dicha causa, se hace preciso realizar las siguientes consideraciones:

 

El Código de Procedimiento Civil en su artículo 70 y 71 establece todo lo relativo al conflicto de competencia:

 

(Omissis)

 

La regulación de competencia, corresponde al Juzgado Superior en sentido jerárquico de la correspondiente circunscripción. El Tribunal Supremo de Justicia conoce excepcionalmente de esta figura solo cuando le incumbe directamente porque está discutiendo la competencia material o territorial inderogable, siempre que a los efectos de tal regulación no hubiere Tribunal común a ambos jueces involucrados en la determinación: es decir, el que termine su incompetencia y el disidente de tal determinación, todo de acuerdo en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, y así se encuentra establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 266, Numeral 7°, el cual señala expresamente:

 

(Omissis)

 

Ahora bien, en sentencia N° 00453, de fecha 27 de marzo de 2001, de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, caso conflicto de competencia. Ponente: Magistrado Dr. Levis Ignacio Zerpa. Se precisó la competencia de la Sala del Tribunal Supremo de Justicia, llamada a dirimir el conflicto de competencia relacionado con un asunto laboral, ‘...es preciso determinar, a la luz de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y dada la creación de las nuevas Salas de este alto Tribunal por la recientemente publicada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala a la cual corresponde decidir el conflicto planteado’.

 

‘Al respecto se observa, que el artículo 42 numeral 21 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, confiere la competencia a este Máximo Tribunal para decidir los conflictos de competencia entre Tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro Tribunal Superior común a ellos en el orden jerárquico y el artículo 43 eiusdem, determina que la Corte conocerá en Sala de Casación Civil los asuntos correspondientes a la jurisdicción Civil, Mercantil, del Trabajo o de alguna otra especial’.

 

Ahora bien, el artículo 262 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, deroga expresamente la competencia de la Sala de Casación Civil de este Supremo Tribunal para conocer de los asuntos en materia agraria, laboral y de menores, por cuanto atribuye el conocimiento de los mismos a la recientemente creada Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia’

 

Por tales motivos corresponde a la Sala Social en sede Tribunal Supremo de Justicia por ser competente por la materia dirimir los conflictos de competencia relacionados con asuntos laborales, por cuanto la controversia de esa causa se refiere a la competencia del Tribunal que debe conocer del juicio de Cobro de Prestaciones Sociales, en tal virtud a la luz de las normas supra señaladas corresponde esa regulación de competencia a la sala antes mencionada.

 

Ahora bien, a los fines de fundamentar la presente regulación de competencia, este Tribunal Superior considera necesario precisar la condición en que la demandante prestó sus servicios que según nuestro criterio determinará el tribunal competente para conocer del caso.

 

Consta en autos y así se desprende del escrito libelar y sus recaudos que la accionante prestó sus servicios a la administración pública en la calidad de CONTRATADA, desempeñándose en el cargo de Secretaria  del Ambulatorio Rural II de Bruzual, dependiente del Instituto Autónomo de Salud del Estado Apure, este adscrito a la Gobernación de esta Entidad Federal, desde el 01-10-99 hasta el 31-10-2.000.

 

Ahora bien a los fines de precisar la competencia de los tribunales que deben conocer de los casos relacionados con este tipo de personal, se hace necesario establecer las siguientes consideraciones:

 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (Casación Social) en fecha 5 de abril de 2.001, caso E.J. Vivas contra la Alcaldía del Municipio Barinas señaló: ‘...Si bien algunos de los que trabajan en la Administración Pública se rigen por normas especiales sobre Carrera Administrativa Nacionales, Estadales o Municipales, como es el caso de los que prestan servicios bajo contratos por necesidades especiales de la Administración...’

 

En este orden de ideas la doctrina (a través de Caballero Ortíz en su obra Los Institutos Autónomos) sostiene los siguientes: ‘...si prevalece la actividad intelectual sobre el manual o material y, a su vez, los servicios son prestados a un ente estatal de derecho público, nos encontramos en presencia de un funcionario, siempre y cuando no se halle vinculado al instituto mediante un contrato de naturaleza laboral, cuyos elementos no configuren una relación de función pública simulada...’ este autor agrega, que existe una categoría de servicios públicos constituida por empleados contratados, y con respecto a los cuales debe tenerse presente la siguiente consideración: ‘...Si los contratos así celebrados no tipifican una verdadera relación de empleo publico en la cual se den los elementos que configuran al contratado como empleado público, y existe subordinación, nos encontramos en presencia de contratos laborales, sometidos al derecho del Trabajo, criterio éste acogido tanto por la Casación Civil como por los Tribunales de Instancias.

 

Al respecto, la Sala de Casación Civil, en sentencia del 13 de marzo de 1.973 se pronunció en los siguientes términos:

 

‘Considera la Sala que no solo los obreros al servicio del Estado están protegidos por la Ley del Trabajo, sino también lo están los servidores de la Administración Pública que carezcan de la Cualidad de funcionarios públicos...’

 

 

Ahora bien, la Constitución de 1.999, en su artículo 146, hace expresa recepción del principio general de no aplicabilidad del régimen legal de función pública, a los contratados por la Administración, al establecer:

 

(Omissis)

Ahora bien, con relación a la competencia de los Juzgados del Trabajo para conocer de los asuntos laborales el artículo 5° de la Ley Orgánica del Trabajo dispone:

 

(Omissis)

 

En este sentido, el artículo 1° de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo dispone:

 

(Omissis)

 

Considera este Tribunal Superior que el Juzgado del Municipio San Fernando de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, en la sentencia interlocutoria de fecha 10 de julio de 2.001, donde declaró CON LUGAR la Cuestión Previa prevista en el Ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, opuesta por la parte demandada, Instituto Autónomo de Salud del Estado Apure, referida a la falta de competencia de ese juzgado para conocer del juicio de Cobro de Prestaciones Sociales por ser la demandante una funcionaria pública, por consiguiente el competente para conocer de la causa es el Juzgado Contencioso Administrativo y se ordena remitir el presente expediente a este tribunal, no apareció suficientemente la figura de los contratos de prestación de servicios en los entes públicos y sus efectos otorgarle la cualidad de funcionario público a la demandante sin tener en consideración la excepción constitucional y el principio de NO APLICABILIDAD DEL RÉGIMEN LEGAL de funcionario público a los contratados por la administración pública, establecidos en el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cualidad que carece la demandante por ser contratada, el otorgamiento de la cualidad de funcionario público solo puede ser acreditado a través de la querella funcionarial establecida en la Ley de carera Administrativa cuando de otra forma no se puede crear u otorgar cualidad o condición alguna.

 

Ahora bien, en fuerza de las razones expuestas y visto el escrito libelar y sus anexos y actas procesales, este Tribunal Difiere de la decisión del Juzgado del Municipio San Fernando, quien mediante sentencia interlocutoria otorgó la cualidad de funcionario público  a la demandante, y declaró competente a este Juzgado Contencioso Administrativo para que siguiera conociendo del juicio de Cobro de Prestaciones Sociales y llega a la convicción que la ciudadana ANGELA ORELLANA, es un servidor público al servicio de la Administración Pública, quien se desempeñó como Secretaria, cumpliendo funciones en el Ambulatorio Rural II en la población de Bruzual del Estado Apure, adscrito al Instituto Autónomo de Salud del Estado Apure bajo la modalidad de un Contrato de trabajo a tiempo indeterminado por ende sujeta a éste órgano por esta misma figura y en ningún caso funcionario público por cuanto a aparte de no haber cumplido con los requisitos exigidos en el Título Cuarto, Capítulo Primero de la Ley de Carrera Administrativa para el ingreso a la Administración Pública, entró a laboral a ese organismo bajo las normas consensuales bilaterales de un contrato de trabajo (Prestación de Servicios), por tanto queda excluido de la aplicación de las normas contenidas en la Ley de Carrera Administrativa por carecer de la cualidad de funcionario público. A tal efecto, atendiendo a la condición del trabajador y naturaleza del reclamo es criterio de este Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Región Sur de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, que los tribunales de la Jurisdicción Laboral son los competentes en razón de la materia para conocer del presente caso y consecuencia se declara INCOMPETENTE para conocer del mismo y consecuencialmente presenta de conformidad con el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, conflicto negativo de competencia, por lo que solicita a la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia la regulación de la misma.”

 

 

 

 

 

 

 

-III-

 

            Para decidir se observa:

 

            El caso bajo análisis, trata sobre un juicio por cobro de prestaciones sociales interpuesto por la ciudadana ANGELA ROSA ORELLANA, quien alegó que se desempeñó como trabajadora contratada por tiempo indeterminado, en el Ambulatorio Rural II en la población de Bruzual del Estado Apure, adscrito al Instituto Autónomo de Salud de ese mismo Estado y en virtud de haber sido despedida solicitó el pago de sus prestaciones sociales ante el Juzgado de Municipio quien declaró con lugar la cuestión previa prevista en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referente a la falta de competencia y remitió el expediente a el Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Región Sur, ambos de la Circunscripción Judicial del Estado Apure. El primer Tribunal estimó que la referida ciudadana es funcionario de carrera, en contra posición con el criterio del segundo Juzgado declarado incompetente, que manifestó que dicha ciudadana no es funcionario público por cuanto aparte de no haber cumplido con los requisitos exigidos en el título cuarto, capítulo primero de la Ley de Carrera Administrativa para el ingreso a la Administración Pública, entró a laborar a ese organismo bajo las normas consensuales bilaterales de un contrato de trabajo, quedando excluida de la aplicación de las normas contenidas en la Ley de Carrera Administrativa por carecer de la cualidad de funcionario público.

 

         Ahora bien, a los fines de verificar el Tribunal competente para conocer del presente asunto cabe señalar que para que la mencionada ciudadana sea considerada funcionario público, debe cumplir con una serie de requisitos señalados en la Ley de Carrera Administrativa, los cuales constata esta Sala que no se cumplen en el presente caso.

 

         Así, el artículo 5° de la Ley Orgánica del Trabajo estipula:

 

“La legislación procesal, la organización de los tribunales y la jurisdicción especial del Trabajo se orientarán por el propósito de ofrecer a los trabajadores y patronos la solución de los conflictos sobre derechos individuales o colectivos que surjan entre ellos, mediante una administración de justicia rápida, sencilla y gratuita.

 

Los conflictos colectivos sobre intereses y los que se planteen para exigir el fiel cumplimiento de los compromisos contraídos se tramitarán de acuerdo con lo pautado en el Título VII de esta Ley".

 

         En este mismo sentido, el artículo 1º de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo prevé:

 

“Los asuntos contenciosos del trabajo, que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje, y en todo caso, las cuestiones de carácter contencioso que susciten la aplicación de las disposiciones legales y de las estipulaciones de los contratos de trabajo, serán sustanciados y decididos por los Tribunales del Trabajo que se indican en la presente Ley”.

 

 

Así mismo, el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece lo siguiente:

 

“Artículo 146: Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la Ley.

 

El ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los cargos de carrera será por concurso público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso estará sometido a métodos científicos basados en el sistema de méritos, y el traslado, suspensión y retiro será de acuerdo con su desempeño.”

 

         Al respecto, esta Sala de Casación Social en sentencia de fecha 19 de septiembre del año 2001 (caso: Yliana Josefina Duque Rojas Vs. Gobernación del Estado Amazonas) precisó lo siguiente:

 

“Ahora bien, el precepto del artículo 144 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, atribuye a la Ley la creación de las normas que deben regir en cuanto a los derechos y deberes de los funcionarios públicos, entre los que se encuentran el ingreso, ascenso, retiro, entre otros, al disponer:

 

‘La Ley establecerá el estatuto de la función pública mediante normas sobre el ingreso, ascenso, traslado, suspención y retiro de los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública, y promoverá su incorporación a la seguridad social.

 

La Ley determinará las funciones y requisitos que deben cumplir los funcionarios públicos y funcionarias públicas para ejercer sus cargos ‘

 

El funcionario público de carrera, de conformidad con la Ley de Carrera Administrativa debe ser nombrado, previo el cumplimiento de los requisitos para el ingreso establecido en los artículos 34 y siguientes de la mencionada Ley, la cual perceptúa: 

 

‘Artículo 34: Para ingresar a la Administración Pública Nacional, es necesario reunir los siguientes requisitos:

 

1)   Ser Venezolano.

2)   Tener buena conducta.

3)   Llenar los requisitos mínimos correspondiente al cargo respectivo.

4)   No estar sujeto a interdicción civil y,

5)   Los demás que establezca la Constitución y las Leyes’.

 

Igualmente, uno de los elementos definidores de la condición de funcionario público, le da carácter de permanencia del cual gozan los empleados en la prestación de sus servicios, carácter éste que se prevé expresamente en el articulo 3° ejusdem.

 

A este respecto, en decisión proferida por esta Sala Social en fecha 17 de febrero de 2000, en relación con el carácter de funcionario público, se expresó lo que de seguidas se transcribe:

 

‘A tal efecto, los derechos y deberes de los funcionario públicos en sus relaciones con la Administración Pública Nacional, están regulados por la Ley de Carrera Administrativa, (artículo 1°, de la Ley de Carrera Administrativa). Así mismo se agrega, que la Ley no define al funcionario público, pero sí establece expresamente que el funcionario puede ser ‘de carrera o de libre nombramiento o remoción’ (art. 2° L.C.A.) y determina que la categoría de funcionario de carrera implica el ingreso mediante nombramiento y el desempeño de servicios con carácter permanente (art. 3° L.C.A.); características estas que son inherentes al estatuto del servidor (empleado o funcionario) público.”

 

 

 

         En el presente caso al tratarse de una trabajadora al servicio de un ente integrante de la administración pública, bajo la modalidad de un contrato de trabajo a tiempo indeterminado, se evidencia que no estamos ante un funcionario público, por cuanto no cumplió con los requisitos exigidos en el título cuarto, capítulo primero de la Ley de Carrera Administrativa para el ingreso a la administración pública; por el contrario entró a trabajar bajo las normas consensuales bilaterales de un contrato de trabajo; razón por la que considera esta Sala que la ciudadana Angela Rosa Orellana carece de cualidad de funcionario público y por lo tanto queda excluida de la aplicación de las normas contenidas en la Ley de Carrera Administrativa.

 

En atención a los razonamientos anteriormente expuestos y a las normas transcritas, es evidente que el Juzgado con competencia en materia laboral es el competente para conocer del presente asunto, razón por la que el Juzgado del Municipio San Fernando de la Circunscripción Judicial del Estado Apure tiene la competencia para conocer y decidir la demanda interpuesta por la ciudadana Angela Rosa Orellana y así se decide.

 

DECISIÓN

 

         En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara COMPETENTE para conocer del presente juicio al JUZGADO DEL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE, CON SEDE EN SAN FERNANDO DE APURE. En consecuencia remítase el presente expediente a dicho Tribunal para que continúe con los trámites de Ley.

Publíquese y regístrese. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la región Sur de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, con sede en San Fernando de Apure.

 

El Presidente de la Sala,

 

_________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente,

 

______________________

JUAN RAFAEL PERDOMO

 

Magistrado-Ponente,

 

____________________________

ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

La Secretaria,

 

________________________

BIRMA I.TREJO DE ROMERO

RH N° AA60-S-2002-000099