RECURSO DE INTERPRETACIÓN

 

Ponencia del Magistrado ALFONSO VALBUENA CORDERO.

 

El ciudadano RAMÓN HENDER ANÍBAL SOTO RINCÓN, Presidente del Concejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Libertador del estado Mérida, ejerciendo su propia representación judicial y en uso de las atribuciones legales conferidas en el artículo 149 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y en defensa y resguardo de los derechos colectivos y difusos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Libertador del estado Mérida, mediante escrito consignado por ante esta Sala de Casación Social en fecha 10 de junio del año 2010, solicitó la interpretación del artículo 57 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en especial lo referente al retiro o expulsión del niño, niña o adolescente de la escuela, plantel o instituto de educación, motivado al vacío legal o laguna jurídica que existe, hasta tanto se dicten las leyes que se deriven de la vigente Ley Orgánica de Educación.

 

De dicha solicitud, se dio cuenta en Sala en fecha 22 de junio  del año 2010 y se designó ponente al Magistrado Alfonso Valbuena Cordero.

 

Siendo la oportunidad para decidir el presente recurso de interpretación, lo hace esta Sala de Casación Social en los siguientes términos:

 

 

 

 

PUNTO PREVIO

 

El artículo 266 numeral 6° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que: “Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: (...) Conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados en la ley. (...)”. Esta atribución, como finalmente lo señala el artículo citado, será ejercida por las diversas Salas “conforme a lo previsto en esta Constitución y en la Ley”.

 

Por otro lado, el artículo 262 de la Carta Magna establece que “El Tribunal Supremo de Justicia funcionará en Sala Plena y en Sala Constitucional, Político Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, cuyas integraciones y competencias serán determinadas por su Ley Orgánica. La Sala Social comprenderá lo referente a la casación agraria, laboral y de menores.”

 

En tal sentido, el artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece:

 

Son competencias comunes de cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia:

 

(...) 5. Conocer las demandas de interpretación acerca del alcance e inteligencia de los textos legales, siempre que dicho conocimiento no signifique una sustitución del mecanismo, medio o recurso que disponga la ley para dirimir la situación de que se trate.

 

En el presente caso, el recurso solicitado versa sobre una materia en la cual se invocan los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, al pretenderse la interpretación de normas relativas a la disciplina escolar contenidas en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, materia cuya competencia evidentemente corresponde a esta Sala de Casación Social, de conformidad con lo establecido en el primer aparte del artículo 262 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; por tanto, asume la competencia para conocer del recurso ejercido. Así se decide.

 

ÚNICO

 

Esta Sala de Casación Social se ha pronunciado sobre los requisitos de admisibilidad del recurso de interpretación, según sentencia N° 498 de fecha 10 de mayo del año 2005, en los siguientes términos:

 

1. Que se establezca la conexidad con un caso concreto, para determinar la legitimidad del recurrente y la existencia de una duda razonable sobre la inteligencia de la disposición legal.

 

2. Que la interpretación solicitada verse sobre un texto legal, aun cuando el mismo no establezca expresamente la posibilidad de interpretarse.

 

3. Que se precise en qué consiste el motivo de la interpretación.

 

4. Que la Sala no se haya pronunciado con anterioridad sobre el punto requerido y, en tal caso, que no sea necesario modificar el criterio sostenido.

 

5. Que el recurso de interpretación no persiga sustituir los recursos procesales existentes, u obtener una declaratoria con carácter de condena o constitutiva.

 

6. Que no se acumule a la pretensión otro recurso o acción de naturaleza diferente, o acciones incompatibles, excluyentes o contradictorias.

 

7. Que el objeto de la interpretación no sea obtener una opinión previa del órgano jurisdiccional para la solución de un caso concreto que esté siendo conocido por otro órgano jurisdiccional, bien sea entre particulares o entre estos y los órganos públicos.

 

De las exigencias indicadas, ameritan especial mención las contempladas en los numerales 1) y 4), relativas a la conexidad con un caso concreto, que permita establecer la legitimidad de la parte actora y la duda razonable sobre la norma legal, y a la inexistencia de un pronunciamiento previo por parte de la Sala, salvo que sea necesario modificar el criterio sostenido.

 

En el presente caso, el ciudadano RAMÓN HENDER ANÍBAL SOTO RINCÓN, Presidente del Concejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Libertador del estado Mérida, en uso de las atribuciones legales conferidas en el artículo 149 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y en defensa y resguardo de los derechos colectivos y difusos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Libertador del estado Mérida, solicita la interpretación del artículo 57, de la citada Ley, dado que en la nueva Ley Orgánica de Educación fueron derogados los artículos 123 y 124, relacionados con las faltas graves cometidas por los alumnos y las sanciones a aplicar según su gravedad, de lo cual se evidencia la conexidad con un caso concreto, por la necesidad de determinar la forma como serán sancionadas las faltas graves comedidas por niños, niñas y adolescentes en las escuelas, planteles o institutos de educación, visto que la nueva Ley Orgánica de Educación publicada en Gaceta Oficial N° 5.929 extraordinario, de fecha 15 de agosto del año 2009, no establece los mecanismos jurídicos para tales casos, lo cual podría conllevar a violación del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, así como no poder sancionar las faltas graves donde éstos violen lo establecido en el artículo 93 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

 

En tal sentido expone el solicitante:

 

Al revisar el contenido de la Ley Orgánica de Educación publicada en la Gaceta Oficial N° 5.929 Extraordinaria, de fecha 15 de Agosto de 2.009, como ley especial en la materia Educativa, en sus Disposiciones Transitorias en especial el punto primero; numeral 10 señala textualmente lo siguiente: (OMISSIS).

 

Una vez examinadas las dos Leyes Orgánicas especiales una en materia de Niños, Niñas y Adolescentes y la otra en materia de Educación, podemos comprobar que dichas normas no señalan con claridad y exactitud, lo referente al retiro o la expulsión de los Niños, Niñas y Adolescentes de la escuela, plantel o instituto de educación, por cuanto una refiere a la otra y viceversa, trayendo consigo un vacío legal o laguna jurídica por no encontrarse una norma jurídica aplicable al caso en concreto "retiro o la expulsión de los niños, niñas y adolescentes de la escuela, plantel o instituto de educación"; que conlleva a la flagrante violación del Derecho a la Educación, establecido en la norma constitucional en el artículo 102 y en la Ley especial de Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 53 como un derecho humano y un deber social fundamental, siendo la misma democrática, gratuita y obligatoria, a los Niños, Niñas y Adolescentes, violentada ésta por parte de los Directores de las escuelas, planteles o institutos de educación que se basan en la doctrina como fuente de Derecho aplicando el libro 8vas Jornadas de la LOPNA "Reconciliación de los Educadores con la Ley", coordinadores Cristóbal Cornieles, María Gracia Moráis, editado por la Universidad Católica Andrés Bello, Facultad de Derecho, Centro de Investigaciones Jurídicas, Caracas, 2.007 desde las páginas 175 al 219 ambas inclusive, "Anexo B" fundamentándose en los artículos 123 y 124 de la Derogada Ley Orgánica de Educación; publicada en la Gaceta Oficial N° 2.635 Extraordinario, de fecha 28 de Julio de 1.980, que señala textualmente lo siguiente: (OMISSIS).

 

Dicha ejecución trae consigo la aplicación de una norma, que perdió su plena vigencia y fue suprimida por otra Ley; conllevando con el uso de ella; a que se violente el Derecho a la Educación aun cuando los Niños, Niñas y Adolescentes cometan actos que puedan considerarse graves o vulnerables a una sanción disciplinaria.

 

No obstante los directores y directoras se encuentran preocupados, por la aplicación de Medidas de Protección, dictadas y aplicadas por los Consejos de Protección, que conllevan al no poder retirar, ni expulsar a los estudiantes y a las estudiantes que cometen faltas graves en las escuelas, planteles o institutos de educación, aplicando lo establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, referente al Reglamento Interno de Disciplina Escolar, en lo que respecta a los hechos susceptibles de sanción, la sanción aplicables (sic) y los procedimientos administrativos, aun cuando, estos estudiantes hayan violentado el derecho a las demás personas con hechos que se pueden considerar como faltas graves, el cual está consagrado como un deber, tal y como lo establece el artículo 93 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, así mismo existe la inquietud planteada por los Niños, Niñas y Adolescentes fundamentados en el artículo 80 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, como la de sus padres o Representantes, quienes sienten una gran preocupación por el retiro o expulsión de estos, en las escuelas, planteles o institutos de educación, considerando con este tipo de sanción o correctivo, la violación al Derecho a la Educación, por la aplicación de retiros o expulsiones sin fundamento legal.

 

III

PETITORIO

 

Por todas las razones de hecho antes expuestas y con fundamento en las normas invocadas, las cuales deben ser interpretadas conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con fundamento en el numeral 6º del artículo 266 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 5 numeral 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, conjuntamente con el artículo 5 ejusdem, es por lo que acudo a su máxima autoridad para interponer como en efecto formalmente interpongo RECURSO DE INTERPRETACIÓN del artículo 57 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en especial lo referente al retiro o la expulsión del niño, niña o adolescente de la escuela, plantel o instituto de educación, motivado al vacío legal o laguna jurídica existente, que conlleva a la violación del Derecho a la Educación de los Niños, Niñas y Adolescentes, así mismo como el no poder sancionar las faltas graves donde los Niños, Niñas y Adolescentes violan lo establecido en el artículo 93 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en lo que se refiera al derecho de las demás personas, por no tener las herramientas jurídicas actualizadas y legales ya que se requiere saber si mientras se dicten las leyes que se deriven de la presente Ley Orgánica de Educación Vigente, se puede aplicar la Doctrina como fuente de Derecho utilizando el procedimiento establecido en las 8vas Jornadas de la LOPNA "Reconciliación de los Educadores con la Ley", coordinadores Cristóbal Cornieles, María Gracia Moráis, editado por la Universidad Católica Andrés Bello, Facultad de Derecho, Centro de Investigaciones Jurídicas, Caracas, 2.007 desde las páginas 175 al 219 ambas inclusive, fundamentándose en los artículos 123 y 124 de la Derogada Ley Orgánica de Educación; publicada en la Gaceta Oficial N° 2.635 Extraordinario, de fecha 28 de Julio de 1.980. (Resaltado del solicitante).

 

Esgrime el recurrente, que una vez examinadas las leyes orgánicas en materia de Niños, Niñas y Adolescentes y en materia de Educación, las mismas no señalan con claridad y exactitud, lo referente al retiro o expulsión de la escuela, plantel o instituto de educación, de los Niños, Niñas y Adolescentes, por cuanto una refiere a la otra,  trayendo consigo un vacío legal, por no encontrarse una norma jurídica aplicable al caso  en concreto, como sí lo establecía la derogada Ley Orgánica de Educación en sus artículos 123 y 124, publicada en la Gaceta Oficial N° 2.635 Extraordinario, de fecha 28 de julio del año 1.980. En tal sentido, considera que dicha situación conlleva a una flagrante violación del derecho a la educación, establecido en el artículo 102 Constitucional y en el artículo 53 de la Ley Especial de Niños, Niñas y Adolescentes.

 

Señala asimismo, que debido a dicha situación, los directores y directoras de los centros educativos se encuentra preocupados por la aplicación de medidas de protección dictadas y aplicadas por los Consejos de Protección, que conllevan a no poder retirar, ni expulsar a los estudiantes que cometen faltas graves en las escuelas, planteles o institutos de educación, al aplicar el artículo 57 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, referente al Reglamento Interno de Disciplina Escolar, en lo que respecta a los hechos susceptibles de sanción, la sanción aplicable y los procedimientos administrativos para imponerlas. Que de igual forma existe la inquietud planteada por los niños, niñas y adolescentes fundamentados en el artículo 80 eiusdem, así como la  preocupación de sus padres o representantes, en cuanto al retiro o expulsión de estos de los centros de estudios, quienes consideran que este tipo de sanción o correctivo violan el derecho a la educación, al no existir un fundamento legal.

 

Lo anterior permite concluir que la parte recurrente tiene legitimidad para interponer el recurso, referido a la norma contenida en el artículo 57 Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

 

Ahora bien, la norma cuya interpretación se solicita, como antes se indicó, es la contenida en el artículo 57 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual está ubicado bajo el Título: Disciplina escolar acorde con los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, y es del siguiente tenor:

 

Artículo 57. La disciplina escolar debe ser administrada de forma acorde con los derechos, garantías y deberes de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia:

 

a)                Debe establecerse claramente en el reglamento disciplinario de la escuela, plantel o instituto de educación los hechos que son susceptibles de sanción, las sanciones aplicables y el procedimiento para imponerlas.

b)                Todos los niños, niñas y adolescentes deben tener acceso y ser informados e informadas oportunamente, de los reglamentos disciplinarios correspondientes.

c)                Antes de la imposición de cualquier sanción debe garantizarse a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio de los derechos a opinar y a la defensas y, después de haber sido impuesta, se les debe garantizar la posibilidad de impugnarla ante una autoridad superior e imparcial.

d)                Se prohíben las sanciones corporales, así como las colectivas.

e)                Se prohíben las sanciones por causa de embarazo de una niña o adolescente.

 

El retiro o la expulsión del niño, niña o adolescente de la escuela plantel o instituto de educación sólo se impondrá por las causas expresamente establecidas en la ley, mediante el procedimiento  administrativo aplicable. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser reinscritos o reinscritas en la escuela, plantel o instituto donde reciben educación, salvo durante el tiempo que hayan sido sancionados o sancionadas con la expulsión.

 

Por su parte, la derogada Ley Orgánica de Educación publicada en Gaceta Oficial N° 2.635 Extraordinario, de fecha 28 de julio del año 1.980, en sus artículos 123 y 124 regulaba las sanciones de retiro o expulsión de los estudiantes de los centros de estudios, estableciendo:

 

Artículo 123: Los alumnos incurren en falta grave en los siguientes casos:

 

     1. Cuando obstaculicen o interfieran el normal desarrollo de las actividades escolares o alteren gravemente la disciplina.

     2. Cuando cometan actos violentos de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la comunidad educativa, o del personal docente, administrativo y obrero del plantel.

     3. Cuando provoquen desórdenes graves durante la realización de cualquier prueba de evaluación o participen en hechos que comprometan su eficacia.

     4. Cuando deterioren o destruyan en forma voluntaria los locales, dotaciones y demás bienes del ámbito escolar.

 

Artículo 124: Las faltas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas, según su gravedad, con:

 

     1. Retiro del lugar donde se realice la prueba y anulación de la misma aplicada por el docente.

     2. Retiro temporal del plantel, aplicada por el director respectivo.

     3. Expulsión del plantel hasta por un año, aplicada por el Consejo de Profesores.

     4. Expulsión del plantel hasta por dos años, aplicada por el Ministerio de Educación.

 

Ahora bien, tal y como lo esboza el solicitante en su escrito, en  la Ley Orgánica de Educación vigente, publicada en fecha 15 de agosto del año 2009, en Gaceta Oficial N° 5.929 Extraordinario, se suprimió los artículos que establecían las faltas graves y las sanciones a ser aplicadas, según su gravedad, estableciendo en forma genérica, en la Disposición Transitoria Primera, numeral 10º, que los estudiantes que incurran en faltas de disciplinas, se someterán a medidas alternas de resolución de conflictos, mediante la mediación y conciliación que adopten los integrantes de la comunidad educativa.

 

Por su parte, el artículo 31 de la citada Ley de Educación, estipula, que una ley especial normará el funcionamiento del subsistema de educación básica, y en la Disposición Transitoria Segunda, establece, que en un lapso no mayor de un año a partir de la promulgación de la Ley, se sancionarán las legislaciones especiales contempladas en ella.

 

En tal sentido, cabe señalar que aún y cuando hay una mora en la promulgación de la referida Ley, en la que se debe desarrollar todo lo concerniente a la educación básica, y en donde se debe prever todo lo relacionado con faltas graves y las sanciones a ser aplicadas, existe una Reserva legal, y por tanto, debe provenir del parlamento el desarrollo de las normas inmediatamente subconstitucionales, relativas a la organización del Estado y a la regulación efectiva de los derechos fundamentales, en virtud del principio de la división de los poderes constitucionalmente establecida. Por lo que, es la Asamblea Nacional, el organismo o poder a quien corresponde legislar sobre esta materia.

 

En virtud de lo antes expuesto, resulta inadmisible el presente recurso, por cuanto de haber un pronunciamiento de esta Sala de Casación Social, se estaría legislando sobre una materia que no es de su competencia, pues, en el presente caso no se trata de la interpretación de una norma jurídica, sino de suplir un vacío legal. Así se resuelve.

 

DECISIÓN

 

En mérito de las consideraciones anteriores, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE el recurso de interpretación del artículo 57 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes interpuesto por el ciudadano RAMÓN HENDER ANÍBAL SOTO RINCÓN, Presidente del Concejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Libertador del Estado Mérida.

 

 

No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión.

 

Publíquese y regístrese. Agréguese y archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los nueve (9) días del mes de agosto de dos mil once. Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

 

 

El Presidente de la Sala,

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

El Vicepresidente,                                                                       Magistrado,

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ                           JUAN RAFAEL PERDOMO

 

 

Magistrado Ponente,                                                                   Magistrada,

 

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ALFONSO VALBUENA CORDERO        CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

El Secretario,

 

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MARCOS ENRIQUE PAREDES

 

 

R.d.I. Nº AA60-S-2010-000862

Nota: Publicada en su fecha a las

 

 

El Secretario,