SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado Doctor OMAR ALFREDO MORA DÍAZ.

 

               En el proceso judicial por cobro de prestaciones sociales, seguido por la ciudadana TERESA CARRASQUEL, representada en la instancia por los abogados Asdrúbal José Román y Wilfred Solórzano y ante este Supremo Tribunal por el abogado Luis Beltrán González Vásquez, contra la sociedad mercantil HOTEL PRADO S.R.L., representada por los abogados Carmen Brito Rausseo y José Antonio Silva Agudelo, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en la ciudad de San Juan de Los Morros, conociendo en apelación, dictó sentencia definitiva en fecha 13 de abril de 2000, en la cual declaró parcialmente con lugar la demanda, confirmando la decisión de primera instancia.

 

Contra dicha decisión de Alzada anunció recurso de casación la parte demandada, el cual, una vez admitido, fue oportunamente formalizado.  Hubo impugnación sin réplica.

 

Recibido el expediente, se dio cuenta en Sala en fecha 17 de mayo de 2000 y se designó ponente al Magistrado Dr. Omar Alfredo Mora Díaz.

 

Concluida la sustanciación del presente recurso de casación y cumplidas como han sido las formalidades legales, pasa esta Sala de Casación Social a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, con base en las consideraciones siguientes:

 

RECURSO POR VICIOS DE ACTIVIDAD

- I -

 

La empresa recurrente en casación, en su primera denuncia del escrito de formalización delata de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del vigente Código de Procedimiento Civil, la infracción del artículo 243 ordinal 4º del vigente Código de Procedimiento Civil.

 

Para fundamentar su denuncia, la recurrente textualmente señala:

 

“En el fallo recurrido se evidencia el vicio de inmotivación al  constatarse que hubo medios de prueba promovidos por la parte demandada, que he venido representando, que a pesar de haber sido mencionados y valorados en la sentencia, el sentenciador no respalda su decisión, en un análisis aunque sea breve de los hechos en que se fundamentaron sus convicciones y criterios para decidir.

 

(…) El Juzgador de la recurrida en la motiva (folio 182) decide: ‘…que de los elementos anteriores se desprende comprobado la existencia de la relación laboral de trabajo entre la demandante y la demandada, la fecha del inicio de la misma y la fecha de culminación, las labores desarrolladas por la trabajadora y el salario devengado por la misma’.

 

Evidentemente que cuando el juzgador se refiere al Salario en forma singular y no a los salarios, tiene la convicción de que se trata del último salario, es decir, el correspondiente al mes de Junio de 1998 omitiendo el salario del corte establecido por la Ley Orgánica del Trabajo para el 31 de diciembre de 1996, cuya única referencia, no probada es la del libelo de la demanda, no sólo no hay análisis del salario de la transferencia, tampoco del origen de esa convicción y las conclusiones de que el salario era el del libelo de la demanda. Este vacío que contiene la recurrida acarrea el vicio de inmotivación…”.

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

La recurrente en casación le imputa a la recurrida el vicio de inmotivación por infracción del ordinal 4º del artículo 243 del vigente Código de Procedimiento Civil, por cuanto, en su entender, el sentenciador no motivó cómo llegó a la conclusión de que el salario indicado era el percibido por la parte actora.

 

Ahora bien, la recurrida en casación, en su parte motiva, expresamente señaló:

 

“De los elementos probatorios aportados encontramos lo siguiente:

 

(…) Estas testimoniales fueron desestimadas por el Juzgado de la Primera Instancia por considerarlos tener interés en el caso, por la defensa de su patrono, toda vez que laboran en la empresa y le deben lealtad y obediencia al mismo y ese hecho también es considerado por esta Alzada para desechar sus declaraciones dado el tipo de juicio, y conforme a los artículos 478 y 508 del Código de Procedimiento Civil no se aprecian sus testimonios.

 

(…) En cuanto a la prueba documental arriba indicada, agregada por la parte demandada en el capítulo III del escrito respectivo, o sea, los recibos y los cálculos de prestaciones a que se refiere, los mismos no fueron impugnados ni tachados por la contraparte y siendo así se aprecian y valoran conforme a las reglas establecidas en los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil.

 

En relación a la copia simple de participación del retiro del trabajador, agregado por la accionada, la misma no fue tachada ni impugnada y así se aprecia como fidedigno  de acuerdo al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

 

También se aprecia por no haber sido impugnados ni tachados en forma alguna, originales de tarjetas de servicio del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, marcadas con las letras B-1 hasta la B-55, donde surge el número de la empresa cotizante al Seguro Social, el número de la asegurada trabajadora  y la fecha de su ingreso a la empresa Hotel Prado S.R.L.

 

Con relación a la prueba de informes al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, se obtuvo respuesta de los mismos y allí se constata que Teresa Carrasquel ingresó al Instituto bajo el No. De asegurado 10-6624863 al 01-07-82 afiliada por el número patronal G2-85-0020-9 del Hotel Prado S.R.L. y actualmente tenía acumulada 812 semanas, reflejándose  última salario semanal cotizado de Bs. 17.307,oo con fecha de retiro 15-6-98 (folio 113). Se aprecia conforme a lo dispuesto en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil.

 

De los elementos anteriores se desprende comprobado  la existencia de la relación laboral de trabajo entre la demandante y la demandada, la fecha del inicio de la misma y la fecha de culminación, las labores desarrolladas por la trabajadora y el salario devengado por la misma”. (vide: folios 180 al 182 del expediente) (Subrayados y  negrilla de la Sala).

 

 

De la precedente transcripción de la sentencia objeto del presente recurso de casación, se evidencia que el Juez sentenciador de la última instancia motivó su decisión, con fundamento en el análisis de las pruebas para entonces declarar “la existencia de la relación laboral de trabajo entre la demandante y la demandada, la fecha del inicio de la misma y la fecha de culminación, las labores desarrolladas por la trabajadora y el salario devengado por la misma”.

 

Lo antes expuesto debe ser valorado de conformidad con el criterio de esta Sala de Casación Social, el cual, a continuación se transcribe:

 

“En criterio de esta Sala y siguiendo la doctrina de los tratadistas y de casación, el vicio de inmotivación sólo se materializa cuando la sentencia carece en absoluto de fundamentos, pues no debe confundirse la escasez o exigüidad de la motivación con la falta de motivos. La motivación exigua o errónea no constituye inmotivación. (…) De este modo, para que sea declarado con lugar el vicio de inmotivación, es necesario que lo expresado por el juez como fundamento, no permita el control de la legalidad”. (Sentencia de la Sala de Casación Social, de fecha 15 de marzo de 2000, en el juicio Enio Zapata contra el Banco de Venezuela S.A.C.A.).

 

También debemos señalar que, si la recurrente no está de acuerdo con la motivación del sentenciador, por considerarla errónea, debió denunciarlo en otro capítulo por infracción de ley, como bien lo ha señalado la doctrina patria al expresar:

 

“Los motivos erróneos no constituyen vicio de inmotivación de la sentencia. Lo que constituye el vicio es la carencia o falta de motivación.

 

…lo ha reconocido la casación en algunos fallos, al sostener que en caso de ser errónea la motivación puede ocasionar la casación del fallo cuando sea influyente en lo dispositivo del mismo, pero en este caso se trataría de infracción del texto de ley que fundamenta el argumento mismo, y que debe ser denunciado como infringido para que pueda ser considerada y resuelta la denuncia’. Doctrina que claramente reconoce ser la cuestión no de forma, sino de fondo, infracción de ley censurable en casación, (…) es imprescindible determinar cuál es el precepto legal quebrantado, porque de lo contrario se encontraría la Corte en la imposibilidad  de descubrir si hubo o no error de derecho, y en caso afirmativo, si éste tuvo influencia en lo dispositivo de la sentencia, que es lo que constituye la cosa juzgada”. (Rengel Romberg, Arístides; Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, Editorial Ex Libris, Caracas, 1991, pp. 297, 298 y 299).      

 

Por todo lo antes expuesto, esta Sala desestima, por improcedente, la denuncia de inmotivación planteada por la recurrente. Así se declara.

- II -

 

La empresa recurrente de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del vigente Código de Procedimiento Civil, denuncia la infracción por parte de la recurrida en casación del artículo 244 y 12 eiusdem, por incurrir en el vicio de ultrapetita.

 

Para fundamentar su denuncia, la recurrente señala:

 

“En efecto la recurrida incurre en el vicio de ultrapetita, que afecta de nulidad del fallo del 13 de abril del dos mil y no se atiene a lo alegado y probado en autos, cuando arbitrariamente condena a la demandada a pagar 450 días por concepto de bono de transferencia, cuando la demandante sólo pretendió 300 días en el punto QUINTO de su libelo (folio 5).

 

(…) La violación del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil que sanciona con la nulidad de la sentencia a aquellas infeccionadas (sic) del vicio de ultrapetita, que consiste en dar mas de lo pedido en la demanda, se evidencia cuando la recurrida condena a la demandada a pagar 150 días más de los 300 pretendidos por la demandante (folio 183)(sic)”.

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

 

 

 Alega la formalizante que la recurrida en casación incurrió en el vicio de ultrapetita, por cuanto condenó el pago de 450 días por concepto de bono de transferencia, cuando lo solicitado por la parte actora en su libelo fue el pago de 300 días, de conformidad con el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo.

 

Debe esta Sala señalar que efectivamente, la parte actora en su libelo introductivo del presente proceso, solicitó el pago de “la cantidad de Setecientos Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 750.000,oo) que me corresponde por concepto de BONO DE TRANSFERENCIA computado a razón de 300 días multiplicados por (Bs. 2.500,oo) conforme a lo previsto en el artículo 666 de la LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO. (…) Como conclusión demando a la Sociedad Mercantil ‘Hotel Prado S.R.L.’ .... para que me cancele la cantidad de OCHO  MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON OCHO CÉNTIMOS (Bs. 8.839.991,8) que me corresponde por concepto de Prestaciones Sociales, bono de transferencia, días feriados y domingos laborados y no pagados; cantidad ésta .... en la cual estimo la presente demanda...” (vide: folios 5 y 6 del expediente).

 

Sin embargo, el sentenciador de la última instancia declaró parcialmente con lugar la demanda, condenando a la empresa demandada al pago de la cantidad de “Bs. 3.250.643,90, por los conceptos ya expresados y que se reiteran así: Antigüedad (art. 108): Bs. 166.666,50; Antigüedad (Art. 665): Bs. 199.999,80; Utilidades: Bs. 799.999,20; Vacaciones vencidas y no canceladas: Bs. 1.199.998,80 y Bono de Transferencia Bs. 1.125.000,oo. Menos los pagos recibidos por la trabajadora como se dejó sentado por los recibos agregados por el patrono y que asciende a la suma de Bs. 241.020,48”.

 

Ahora bien, esta Sala de Casación Social, ha establecido el siguiente criterio:

 

“Aduce el formalizante que la sentencia recurrida incurrió en el vicio de ultrapetita (…).

Ahora bien, es necesario retomar nuevamente lo expuesto en el capítulo que precede, en el sentido de señalar que la Ley Orgánica del Trabajo expresa en su artículo 10 que las disposiciones allí establecidas son de orden público. Siendo así y como lo ha señalado en jurisprudencia reiterada este Máximo Tribunal, dado el carácter de orden público de la Ley en referencia, la misma debe aplicarse a toda relación laboral siendo para los jueces de obligatorio cumplimiento todas  las disposiciones allí contenidas.

En el caso examinado ciertamente se incorporó la incidencia de las utilidades en el salario promedio para determinar el salario integral para el cálculo de la antigüedad. Al respecto, los artículos 133 y 146 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para el momento de la ruptura del vínculo, consagran las utilidades como parte del salario base para el cálculo de la prestación de antigüedad. Siendo así, el Juez debía como lo hizo, incorporar al salario promedio las utilidades a que alude el formalizante, sin que ello implique que se produzca el vicio de ultrapetita, toda vez, y como ya se indicó es de obligatorio cumplimiento para los jueces todas las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo, siendo que por mandato legal, el Juez debe incorporar al Salario base las utilidades para conformar el Salario integral que es la base de cálculo de la indemnización de antigüedad.

En consecuencia y por lo anteriormente expuesto, no incurre el sentenciador superior en el vicio de ultrapetita denunciado, y así se establece”. (Sentencia de la Sala de Casación Social, de fecha 29 de marzo de 2000, en el caso Virgilio Carmona contra Biotech Laboratorios C.A.).

 

 

En el caso bajo examen, debemos reiterar la doctrina de la Sala, precedentemente transcrita, por cuanto, ciertamente el sentenciador de alzada condenó al pago de 450 días por bono de transferencia, de conformidad con el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual era de obligatorio cumplimiento y si el cálculo del Juez sentenciador es distinto al señalado en el libelo de la demanda, no configura el vicio de actividad de ultrapetita, en todo caso, podría configurar un error de interpretación del juzgador, el cual, para ser revisado por esta Sala, debió ser denunciado por infracción de ley. Así se declara.

 

En virtud de lo anterior, esta Sala desestima, por improcedente, la presente denuncia del escrito de formalización. Así se declara.

 

- III -

 

La recurrente en su tercera denuncia por vicios de actividad, delata de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del vigente Código de Procedimiento Civil, la infracción del artículo 243 ordinal 4º, por cuanto la sentencia recurrida adolece del vicio de inmotivación.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Por cuanto en el primer capítulo del presente fallo, esta Sala estableció que la sentencia objeto del presente recurso de casación no adolece del vicio de inmotivación, reitera los fundamentos allí expuestos y desestima, por improcedente, la última denuncia del escrito de formalización. Así se declara.

 

DECISIÓN

 

En virtud de las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia definitiva emanada del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en la ciudad de San Juan de Los Morros, en fecha 13 de abril de 2000. Se condena en costas a la parte recurrente, de conformidad con lo establecido en los artículos 320 y 274 del Código de Procedimiento Civil.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juez de la causa, es decir, al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Trabajo y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en la ciudad de Calabozo. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen, antes identificado, todo de conformidad con el artículo 326 del vigente Código de Procedimiento Civil.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Supremo Tribunal de Justicia, en Caracas, a  los     nueve     (  09  )  días  del  mes  de    agosto de dos mil. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

El Vicepresidente

 

 

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  JUAN RAFAEL PERDOMO

 

      Magistrado,

 

 

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                                               ALBERTO MARTINI URDANETA

 

 

La Secretaria,

 

 

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BIRMA I. TREJO DE ROMERO

 

 

R. C. Nº  00-261