SALA DE CASACIÓN SOCIAL

ACCIDENTAL

Ponencia del Magistrado Dr.ALBERTO MARTINI URDANETA

 

         En el proceso que por pago de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales siguen los ciudadanos ANA SANOJA, ZORAIDA DE DORTA, INGRID DE PERAZA, NERIA DE PALACIOS, ISABEL DE HERNÁNDEZ, ANTONIO MONTAÑO, EDGAR RODRÍGUEZ y ARGELIA SALOM, representados judicialmentes por los abogados Omar Mora Díaz, Leopoldo F. Laya y Glin Cristóbal Francis, contra el BANCO NACIONAL DE AHORRO Y PRÉSTAMO, representado judicialmente por los abogados Julio Velutini Octavio, Oscar Ignacio Torres B., Andrés A. Mezgravis y Manuel A. Iturbe; el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Matropolitana de Caracas, conociendo en reenvío, dictó sentencia en fecha 20 de noviembre de 1998, mediante la cual declaró parcialmente Con Lugar la apelación interpuesta por la parte demandada, Con Lugar la prescripción de la acción interpuesta por los ciudadanos Ana Sanoja, Zoraida de Dorta, Ingrid de Peraza, Isabel de Hernández, Antonio Montaño, Edgar Rodríguez y Argelia Salom; y Con Lugar la acción interpuesta por la ciudadana Neria de Palacios; modificando así la decisión del aquo.

 

         Contra el referido fallo anunció Recurso de Casación el abogado OMAR MORA DÍAZ, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, el cual una vez admitido fue formalizado e impugnado.

 

         La Sala de Casación Civil de la antes Corte Suprema de Justicia se dio cuenta en fecha 27 de enero de 1999. Por auto de fecha 13 de enero de 2000 la Sala de Casación Civil, declinó la competencia del presente asunto en esta Sala de Casación Social, en virtud de la competencia que a ésta última le fuera atribuida al entrar en vigencia un nuevo texto constitucional. Por auto de fecha 27 de enero de 2000 se designó ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe el fallo. Por inhibición del Magistrado OMAR MORA DÍAZ, que fuera declarada Con Lugar, fue convocado el respectivo Suplente, por lo que en fecha 24 de febrero de 2000 se constituyó la Sala Accidental que conocerá el presente recurso, la cual quedó integrada de la siguiente manera: Magistrados Dr. JUAN RAFAEL PERDOMO y Dr. ALBERTO MARTINI URDANETA, Presidente y Vicepresidente, respectivamente y el Dr. CÉSAR MATA MARCANO, Conjuez. El asunto planteado se decide de seguidas en los siguientes términos:

 

PUNTOS PREVIOS

 

         En primer lugar es necesario pronunciarse respecto de la admisibilidad del presente Recurso de Casación, habida cuenta que la parte demandada en su Escrito de Impugnación ha señalado, que a la fecha de interposición del mismo, se encuentra en vigencia el Decreto Nº 1.029 publicado en Gaceta Oficial fechada 22 de enero de 1996, que prevé para los juicios laborales una cuantía para acceder al Recurso de Casación de Tres Millones de Bolívares (Bs.3.000.000,oo), y se desprende del libelo de la demanda que la acción de autos fue estimada en la cantidad de Un Millón Trescientos Dieciocho Mil Ochocientos Quince Bolívares con Ochenta Céntimos (Bs.1.318.815,80), ello aunque en la presente causa ya fuera admitido y decidido un recurso de casación.

 

         Tal y como lo señaló el adquem al momento de oír el recurso de casación anunciado, desde el 30 de abril de 1997 la Sala de Casación Civil ha considerado al respecto, en síntesis, lo siguiente: 1) Que la apertura de la fase de reenvío implica que el juicio cumplió con el requisito de admisibilidad previsto en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, por lo que el control por parte del máximo tribunal sobre el juicio se mantiene hasta el final. 2) La Sala no puede ser privada de ejercer el control respecto del cumplimiento de una decisión que fuera dictada por ella misma o por la antes Sala competente; y 3) Se concluyó que en los casos de Casación múltiple, queda excluido el requisito de la cuantía, por lo que no ha lugar a una inadmisibilidad sobrevenida por tal motivo.

 

         Esta Sala de Casación Social Accidental comparte y hace suyos los argumentos mencionadas, de allí que resuelva declarar improcedente el petitorio formulado por la parte impugnante, ratificando en consecuencia la admisibilidad del recurso de casación que nos ocupa. Así se decide.

 

         En segundo lugar se tiene que, éste Alto Tribunal ha señalado en diferentes oportunidades, la necesidad de que las reposiciones deben perseguir una finalidad útil para corregir así los vicios ocurridos en el trámite del proceso. Ello conduce a que los jueces deben examinar exhaustivamente y verificar la existencia de algún menoscabo de las formas procesales, que implique violación del derecho a la defensa y del debido proceso, para acordar una reposición.

 

         Por su parte, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 26 dispone, que el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas ni reposiciones inútiles, y el artículo 257 expresa en su parte final que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. (resaltado de la Sala).

 

 

         Con relación a las reposiciones, nuestra Ley Adjetiva Civil, en armonía con el vigente texto constitucional, dispone en la última parte del artículo 206, que en ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.

 

               Además de lo anterior se observa, que la vigente Constitución da prioridad a la resolución de la controversia, en tanto que el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, segundo aparte, privilegia la resolución de las cuestiones de forma. Dada la contradicción de esta disposición legal con los principios constitucionales referidos y en acatamiento del deber de aplicar con preferencia las disposiciones y principios contenidos en la Constitución, a efecto de garantizar su supremacía y efectividad, con fundamento en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala Accidental desaplica la regla legal del artículo 320 ejusdem, que obliga a resolver en primer término y en forma excluyente el recurso de forma, para asumir la función de determinar en cada caso concreto cual es el orden de decisión que mejor sirve a los fines de hacer efectiva la justicia, a efecto de cumplir igualmente con el deber de defender la ley y unificar la jurisprudencia.

 

         Por tanto, esta Sala Accidental de Casación Social, tomando en consideración que no puede acordar reposiciones inútiles y acatando las disposiciones constitucionales y legales antes referidas, señala que no declarará la nulidad de la sentencia cuestionada, si la misma no contiene alguna deficiencia que sea determinante para la resolución de la controversia, que produzca o implique alguna violación del derecho a la defensa y el debido proceso de alguna de las partes, o que tal deficiencia se traduzca en una omisión de pronunciamiento o en falta de fundamentos de tal entidad que impida el control de la legalidad de la sentencia impugnada.

 

         En virtud de lo antes expuesto, se pasa a analizar el recurso de casación propuesto, acatando el principio finalista recogido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como por el Código Adjetivo Civil, en los siguientes términos, considerando que en el caso que nos ocupa es menester primeramente pronunciarse respecto del planteamiento de fondo, antes que el de forma, por las razones ya expuestas:

 

INFRACCIÓN DE LEY

ÚNICO

 

         Con fundamento en el ordinal 3º del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ordinal 2º del artículo 313 ejusdem, fue delatada la infracción por parte de la recurrida del artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, por error en su interpretación.

 

         Fundamentó el recurrente su delación en el hecho que la recurrida, tomó en consideración como fecha de terminación del vínculo de trabajo de cada uno de los demandantes, la aparecida en las planillas de liquidación de prestaciones sociales como fecha de retiro, en lugar de las fechas al efecto señaladas en el libelo de la demanda, las cuales también aparecen en las referidas planillas y con tal comportamiento la recurrida violó por errónea interpretación el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, ya que habiendo establecido que existía contradicción respecto de las fechas de termino del vínculo de trabajo, ha debido la parte demandada demostrar las fechas que a tales efectos alegó, y no haciéndolo debe presumirse que las fechas de termino del vínculo de trabajo son las señaladas en tal sentido en el libelo de la demanda. Añade el formalizante que en las planillas en cuestión aparecen cuatro (4) fechas diferentes, y se pregunta por qué la recurrida tomó como válida la alegada por el patrono y no la alegada por los trabajadores, y por qué ante la duda no consideró a tales efectos la fecha de pago de las prestaciones sociales. Considera el formalizante que la recurrida de manera parcializada y sin fundamento probatorio, declara la prescripción de la acción sobre la base de una interpretación errónea de lo que debe entenderse por terminación de la prestación de servicios (subrayado de la Sala).

 

         La impugnante no contradice en modo alguno los alegatos que respecto de esta delación esgrimió la formalizante, ya que se limitó a solicitar la inadmisibilidad del recurso, en los términos expuestos en punto previo.

 

La Sala para decidir observa:

 

 

 

         La argumentación del formalizante, en lo que respecta al establecimiento de uno u otro hecho por parte de la recurrida, no se corresponde con el denunciado vicio de errónea interpretación de norma jurídica, ya que éste atiende al error acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley, tanto en lo que respecta a la hipótesis abstractamente prevista en la norma, como en la determinación de sus consecuencias legales. Ahora bien, siendo que la delación también se contrajo al hecho que la recurrida interpretó erróneamente lo que debe entenderse por terminación de la prestación de servicios, y la Sala ha constatado que ciertamente ello tuvo lugar, ésta, extremando sus funciones, observa lo siguiente:

 

        La recurrida en su parte pertinente señaló:

 

           “A juzgar por las fechas del escrito libelar, se tomó como fecha de despido la que se encuentra en el extremo superior de las planillas de liquidación y que en principio, corresponde a la fecha en la cual fueron elaboradas dichas planillas, pues esa fecha no es igual ni a la del despido, ni a la del pago efectivo, en consecuencia, su apreciación fue totalmente errónea, por cuanto al momento de la elaboración del cálculo de las prestaciones sociales es una labor unilateral del patrono, el actor está absolutamente ausente y se desprende que el cálculo será elaborado desde la fecha de ingreso del trabajador, hasta la fecha del despido, o en su defecto del retiro, más nunca se prolongará hasta la oportunidad en que se realizaron los cálculos; en consecuencia, a los efectos de verificar si se produjo la prescripción de la acción, no es posible hacerlo tomando como punto de partida, la fecha de elaboración de las planillas que contienen el cálculo de la liquidación de las prestaciones sociales. Así se decide.-

 

Por otra parte, hay que analizar el punto de derecho relacionado con la incidencia de la omisión del preaviso en cuanto a modificar la fecha real del despido. Al respecto, el parágrafo único del artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo sanciona al patrono con la inclusión del lapso correspondiente a todos los efectos legales, en la antigüedad del trabajador, pero ello se entiende en cuanto a los efectos patrimoniales, por cuanto se considera como la indemnización lógica por haberle negado el derecho a disponer del tiempo suficiente para poder dedicarse a obtener otro empleo y por lo intempestivo del despido, con ello, se persigue que no tenga el apremio económico mientras trata de conseguir otro trabajo, y por otra parte es la oportunidad que le permite al legislador al patrono que quiera prescindir ipso facto de la prestación de servicio de alguno de sus trabajadores. Sin embargo, ello en nada altera la fecha de despido, por cuanto si bien es cierto que los tres meses se deben computar en la antigüedad, será para la percepción de las prestaciones sociales y el pago de los meses dejados de trabajar, distinto hubiese sido, si efectivamente los hubiese laborado, pues entonces hubiesen percibido los tres meses de salario pero con el deber correlativo de la prestación de servicio, las mismas prestaciones sociales hasta ese momento y la fecha del despido se hubiese materializado en el último de los días efectivamente trabajados. Al omitirse el preaviso, la fecha determinante del despido es la que el patrono, unilateralmente expresa en los términos que le permite el artículo 99 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se declara. Mutatis mutandi, es pretender que el tiempo pagado y no laborado del preaviso, incremente y prolongue hasta la inclusión de dicho preaviso no trabajado, la prestación del servicio que al producirse un retiro del trabajador sin darle el preaviso de ley al patrono, pero que el mismo le es descontado de sus prestaciones sociales exija se le incluya como fecha cierta de la relación laboral.

 (...).

Por todo lo expuesto, se concluye que la fecha del despido, es la que sigue para cada uno de los demandantes: ARGELIA CLEMENTE SALOM OLIVARES: 06-06-91; ANA TERESA SANOJA PERDOMO: 06-06-91; INGRID CELESTE CAMPINS DE PERAZA: 06-06-91; ISABEL ROSA CAMARGO DE HERNÁNDEZ: 06-06-91; ZORAIDA JOSEFINA SEMIDEY DE DORTA: 06-06-91; NERIA NATERA DE PALACIOS: 01-07-91; EDGAR JOSÉ RODRÍGUEZ MÉNDEZ: 04-06-91; ANTONIO VICENTE MONTAÑO RODRÍGUEZ: 06-06-91.

 

 

CUARTO:

 

Una vez precisadas las fechas de terminación de la relación laboral, se procede a analizar si consta en autos alguna de las formas capaces de interrumpir la prescripción en los términos que los determina la Ley Orgánica del Trabajo en sus artículos 61 al 64 ambos inclusive. Consta al folio 27 del expediente el auto de admisión de la demanda de fecha 10 de junio de 1992, ... Ahora bien, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo establece: ‘... Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la prestación de los servicios ...’, en consecuencia, si 7 de los 8 co-demandantes tiene reconocida como la fecha del despido el 6 de junio de 1991, es obvio que para ellos, la causa está prescrita, mientras que para la ciudadana Neria Natera de Palacios para quien la relación laboral culminó el 01-07-91, la acción está activa al haberse intentado la demanda dentro del año al que alude el artículo rector de la Ley sustantiva, como lo es el 61 ya transcrito, por cuanto se intentó el 10 de junio de 1992, antes de haberse cumplido el año de haberse terminado la prestación de servicio. (...)”.

 

 

        De la transcripción que antecede observa la Sala que la recurrida se pronunció correctamente y sin dubitar respecto de la fecha de despido de todos los co-demandantes, al establecer que no es la fecha de elaboración de las correspondientes planillas de liquidación de prestaciones sociales (alegadas en el libelo de la demanda como fechas de despido), sino la fecha señalada en esas mismas planillas como de retiro, ya que en tales oportunidades fue cuando se materializó el acto voluntario y unilateral del patrono de poner fin a los vínculos de trabajo, en atención al contenido del artículo 99 de la Ley Orgánica del Trabajo. Es así como la instancia ha establecido correctamente que los co-demandantes ARGELIA SALOM, ANA SANOJA, INGRID DE PERAZA, ISABEL DE HERNÁNDEZ, ZORAIDA DE DORTA y ANTONIO MONTAÑO fueron despedidos el día 06 de junio de 1991, el co-demandante EDGAR RODRÍGUEZ el día 04 de junio de 1991 y la co-demandante NERIA DE PALACIOS el día 1º de julio de 1991.

 

       

 

        Ahora bien, la Sala considera que, a pesar de la correcta apreciación anterior (fechas de despido), la recurrida ha incurrido en errónea interpretación del artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto erró acerca del contenido y alcance de dicha disposición legal, ya que erró específicamente en lo que debe entenderse por “terminación de la prestación de servicios”, en una situación como la de autos, al considerar coincidentes las fechas de despido con las fechas de termino del vínculo de trabajo.

 

        Ciertamente, en aquellos casos en que el patrono despida injustificadamente un trabajador, sin permitirle laborar el lapso que la ley establece como de preaviso, dicho lapso, así omitido, se computa en la antigüedad para todos los efectos legales, es decir, por ficción legal, la fecha de terminación de la prestación de servicios se prolonga en el tiempo por un período igual al que le hubiera correspondido de preaviso, tomando en consideración su antigüedad en el trabajo.

 

        Sobre el tema señala FERNANDO VILLASMIL BRICEÑO, en su Obra “Comentarios a la Ley Orgánica del Trabajo” (Volumen I, 1ª Edición, 1991, p.241), lo siguiente:

 

“... la nueva Ley aclara un aspecto en el cual la doctrina ha sido siempre unánime, pero en el que la Ley derogada no era nada específica: en caso de omitirse el preaviso, el lapso correspondiente a su tiempo, debe computarse para la antigüedad del trabajador y para todos los efectos legales, como lo dispone el Parágrafo Único del Artículo 104, lo cual significa que el preaviso no tiene ningún efecto suspensivo ni interruptivo sobre la relación de trabajo, razón por la cual, en caso de omitirse, su duración se adiciona al tiempo efectivo de servicios del trabajador”.

 

 

        En el caso que nos ocupa la instancia ha establecido, al otorgarle valor probatorio a pruebas documentales, que la antigüedad de todos los co-demandantes excede de 10 años, por lo que resulta aplicable el literal e) del artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, que prevé un lapso de Preaviso de tres (3) meses.  Es así como puede concluirse, con vista a las fechas de despido establecidas por la recurrida, que la prestación de servicios de los co-demandantes culminó los días que a continuación se señala: ARGELIA SALOM, ANA SANOJA, INGRID DE PERAZA, ISABEL DE HERNÁNDEZ, ZORAIDA DE DORTA y ANTONIO MONTAÑO el día 06 de septiembre de 1991, el co-demandante EDGAR RODRÍGUEZ el día 04 de septiembre de 1991 y la co-demandante NERIA DE PALACIOS el día 1º de octubre de 1991.

 

         Por los razonamientos que anteceden la Sala concluye que la recurrida, infringió por errónea interpretación, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo y el parágrafo único del artículo 104 ejusdem. Así se decide.

 

         Ahora bien, dado que la Sala considera que están establecidos todos los hechos necesarios para pronunciarse respecto del fondo de la controversia, aplicando la apropiada norma de derecho, decide CASAR SIN REENVIO el fallo recurrido, en atención a la facultad que en tal sentido está prevista en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil, atendiendo además al principio finalista de la Constitución, que garantiza una justicia expedita, y además declara que se abstiene de pronunciarse respecto de la infracción de forma denunciada, por cuanto lo planteado ya se encuentra resuelto en el análisis de la presente delación y además en modo alguno varia la decisión adoptada.

 

         Vistas las fechas de termino de los vínculos de trabajo que mantuvieron los co-demandantes (04 y 06-09-91 y 01-10-91), de introducción del libelo de la demanda (08-06-92), de protocolización de la copia certificada del libelo (11-06-92) y de citación de la parte demandada (08-07-92), con fundamento en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 1969 del Código Civil y los literales d) y a) del artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, se declara que la acción de cada uno de los co-demandantes no prescribió. Así se decide.

 

         La decisión que antecede hace menester un pronunciamiento respecto del fondo de lo debatido, en lo que respecta a la pretensión de los co-demandantes ARGELIA SALOM, ANA SANOJA, INGRID DE PERAZA, ISABEL DE HERNÁNDEZ, ZORAIDA DE DORTA, ANTONIO MONTAÑO y EDGAR RODRÍGUEZ, habida cuenta que la recurrida declaró procedente la acción de la co-demandante NERIA DE PALACIOS, sin que la parte demandada impugnara la decisión, que en consecuencia respecto de ella se encuentra definitivamente firme.

 

         Es así como la Sala considera, en aplicación del artículo 25 de la Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, que establece que el Banco Nacional de Ahorro y Préstamo, tiene funcionarios públicos y empleados, y que éstos últimos gozarán de los derechos acordados en la legislación del trabajo, que en el caso de autos, al haberle sido aplicable a los co-demandantes en la oportunidad de su liquidación la Ley Orgánica del Trabajo, éste grupo de trabajadores califica como empleados, y son igualmente beneficiarios de los aumentos de salarios decretados antes de la finalización de sus respectivos vínculos de trabajo, mediante Decretos Presidenciales Nos. 1.678 y 1.679 de fechas 05 de junio de 1991, con vigencia retroactiva desde el 1º de mayo de ese año, ello en concordancia con el artículo 15 de la Ley Orgánica del Trabajo, y aún ante el hecho cierto que la demandada es un Instituto Oficial, pero tiene personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional, adscrito en consecuencia como ente descentralizado al Ministerio de Hacienda. Así se establece.

 

         En virtud de las premisas que anteceden, estando ajustada a derecho la pretensión de los co-demandantes, la Sala resuelve declarar procedente la acción de autos. Igualmente, en atención a jurisprudencia pacífica y reiterada tanto de la Sala de Casación Civil como ahora de la Sala de Casación Social, se condena a pagar adicionalmente lo que corresponda por corrección monetaria, desde la fecha de admisión de la demanda, hasta la ejecución del fallo, con exclusión de los lapsos a que se refiere decisión de la Sala de Casación Civil de fecha 28 de noviembre de 1996. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

               En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social (Accidental), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: 1) CON LUGAR el Recurso de Casación anunciado contra la decisión dictada en fecha 20 de noviembre de 1998 por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; 2) CON LUGAR la acción intentada por los ciudadanos ANA SANOJA, ZORAIDA DE DORTA, INGRID DE PERAZA, NERIA DE PALACIOS, ISABEL DE HERNÁNDEZ, ANTONIO MONTAÑO, EDGAR RODRÍGUEZ y ARGELIA SALOM contra el BANCO NACIONAL DE AHORRO Y PRÉSTAMO,  por lo que condena a éste último al pago de las siguientes cantidades: A la ciudadana ANA SANOJA la cantidad de Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Un Bolívares con Sesenta y Seis Céntimos (Bs.144.431,66) por diferencia en los siguientes conceptos: Preaviso (Bs.13.325,40), Indemnización por Despido (Bs.124.370,40), Vacaciones 90-91 (Bs.604,08), Bonificación Especial Antigüedad (Bs.2.005,03), Sueldo mayo 91 (Bs.3.438,96) y Sueldo junio 91 (Bs.687,79), a la ciudadana ZORAIDA DE DORTA la cantidad de Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Veintitrés Bolívares con Sesenta y Nueve Céntimos (Bs.254.223,69) por diferencia en los siguientes conceptos: Preaviso (Bs.15.737,40), Indemnización por Despido (Bs.230.815,20), Vacaciones 90-91 (Bs.1.486,31), Bonificación Especial Antigüedad (Bs.1.311,46), Sueldo mayo 91 (Bs.4.061,61) y Sueldo junio 91 (Bs.812,32); a la ciudadana INGRID DE PERAZA la cantidad de Ciento Treinta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Dos Bolívares con Cuarenta y Cuatro Céntimos (Bs.137.342,44) por diferencia en los siguientes conceptos: Preaviso (Bs.12.077,10), Indemnización por Despido (Bs.112.719,60), Vacaciones 90-91 (Bs.5.786,28), Bonificación Especial Antigüedad (Bs.3.019,28), Sueldo mayo 91 (Bs.3.116,82) y Sueldo junio 91 (Bs.623,36); a la ciudadana NERIA DE PALACIOS la cantidad de Ciento Diecisiete Mil Cientos Noventa y Tres Bolívares con Cincuenta y Nueve Céntimos (Bs.117.193,59) por diferencia en los siguientes conceptos: Preaviso (Bs.9.626,40), Indemnización por Despido (Bs.96.264,oo), Vacaciones 90-91 (Bs.3.927,57), Bonificación Especial Antigüedad (Bs.2.406,60), Sueldo mayo 91 (Bs.2.484,51) y Sueldo junio 91 (Bs.2.484,51); a la ciudadana ISABEL DE HERNÁNDEZ la cantidad de Doscientos Cuatro Mil Ochocientos Nueve Bolívares con Noventa y Seis Céntimos (Bs.204.809,96) por diferencia en los siguientes conceptos: Preaviso (Bs.14.804,10), Indemnización por Despido (Bs.177.649,20), Vacaciones 90-91 (Bs.4.893,57), Bonificación Especial Antigüedad (Bs.2.878,47), Sueldo mayo 91 (Bs.3.820,52) y Sueldo junio 91 (Bs.764,10); al ciudadano ANTONIO MONTAÑO la cantidad de Ciento Cincuenta y Siete Mil Trescientos Tres Bolívares con Ochenta y Cinco Céntimos (Bs.157.303,85) por diferencia en los siguientes conceptos: Preaviso (Bs.14.785,20), Indemnización por Despido (Bs.128.138,40), Vacaciones 90-91 (Bs.6.105,12), Bonificación Especial Antigüedad (Bs.3.696,29), Sueldo mayo 91 (Bs.3.815,70) y Sueldo junio 91 (Bs.763,14); al ciudadano EDGAR RODRÍGUEZ la cantidad de Ciento Treinta y Siete Mil Seiscientos Doce Bolívares con Veinticuatro Céntimos (Bs.137.612,24) por diferencia en los siguientes conceptos: Preaviso (Bs.11.947,50), Indemnización por Despido (Bs.119.475,oo), Vacaciones 90-91 (Bs.2.256,75), Bonificación Especial Antigüedad (Bs.2.396,20), Sueldo mayo 91 (Bs.3.083,43) y Sueldo junio 91 (Bs.411,12) y a la ciudadana ARGELIA SALOM la cantidad de Ciento Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Ocho Bolívares con Cincuenta y Seis Céntimos (Bs.165.898,56) por diferencia en los siguientes conceptos: Preaviso (Bs.13.914,90), Indemnización por Despido (Bs.139.149,oo), Vacaciones 90-91 (Bs.5.046,47), Bonificación Especial Antigüedad (Bs.3.478,72), Sueldo mayo 91 (Bs.3.591,21) y Sueldo junio 91 (Bs.718,26); más lo que corresponda a cada uno por corrección monetaria, en los términos señalados en la motiva.

 

               No ha lugar a condenatoria en COSTAS del proceso, por cuanto la parte demandada, de conformidad con el artículo 4 de la Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, goza del privilegio establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional.

 

               Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de la causa, es decir, al Juzgado Sexto de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, participándole dicha remisión al Juzgado Superior de origen, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento

Civil.

 

         Dada,  firmada  y  sellada  en  la  Sala  de  Despacho  de  la  Sala de Casación Social (Accidental) del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los nueve  (09) días del mes de agosto de dos mil Años: 189 de la Independencia y 141º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

__________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO

 

 

 

El Vicepresidente - Ponente,

 

 

_____________________________

ALBERTO MARTINI URDANETA

 

 

                                               Conjuez,

 

 

________________________

                                               CÉSAR MATA MARCANO

                                                                                      

La Secretaria,

 

 

______________________

BIRMA I. DE ROMERO

 

Exp. RC Nº 99-075