Ponencia de la Magistrada doctora CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

En el juicio que por cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales sigue la ciudadana SORAYA COROMOTO SANZ BRICEÑO, representada judicialmente por el abogado Humberto Vecchione M. y Evelyn Sanz Briceño, contra la Sociedad Mercantil AVON COSMETICS DE VENEZUELA, C.A., representada judicialmente por los abogados Henrique Castillo, Elías Hidalgo, Pedro Garroni, Carlos Alcántara, Lorenzo Marturet, Juan Carlos Senior, José Armando Sosa, Nelson Mata Aguilera, Ayleen Guédez y María Fernanda Pulido; el Juzgado Quinto Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante decisión de fecha 21 de julio de 2009, declaró desistido el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada, con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, con lugar la demanda y modificó el fallo proferido por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, en fecha 8 de diciembre de 2008, que declaró parcialmente con lugar la demanda.

 

Contra la sentencia de alzada, la representación judicial de la parte demandada anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado en el término legal. Hubo impugnación por parte de la demandante.

 

El 1 de octubre de 2009 se dio cuenta del asunto y se designó ponente a la Magistrada doctora CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA, quien con tal carácter suscribe la decisión.

 

Mediante Resolución Nº 2009-0062, de fecha 11 de noviembre de 2009, emanada de la Sala Plena de este alto Tribunal, fue creada la Sala de Casación Social Especial, correspondiéndole el conocimiento del presente asunto; quedando integrada por la Presidenta y Ponente, Magistrada CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA y los Conjueces Accidentales Principales, abogados JESÚS RAMÓN TORRES PERTUZ y EVELIN EDREY SALAS MORENO. Se designó secretario al doctor JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA y alguacil al ciudadano RAFAEL ARÍSTIDES RENGIFO.

 

Concluida la sustanciación del recurso, tuvo lugar la audiencia oral, pública y contradictoria, y se dictó el fallo oral e inmediato, a tenor de lo previsto en el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

En esta oportunidad, pasa la Sala a publicar la sentencia, de conformidad con lo establecido en la citada disposición legal, en los siguientes términos:

 

DEL RECURSO DE CASACIÓN

INFRACCIÓN DE LEY

I

 

De conformidad con el numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la recurrente alega que la sentencia impugnada incurrió en error de interpretación del artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ya que consideró admitidos los hechos por parte de la demandada con relación a algunos conceptos reclamados, sin tomar en consideración que la demandada contestó la demanda negando las pretensiones de la demandante.

 

Aduce que el ad quem contrarió el criterio reiterado de la Sala de Casación Social con relación a la interpretación del artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que establece en qué casos pueden considerarse como admitidos los hechos que han sido negados de forma pura y simple.

 

Señala que el ad quem debió considerar el cobro por concepto de comisiones, como una asignación especial, que le atribuye a la demandante la carga de probar la referida acreencia.

 

La Sala para decidir observa:

 

El error de interpretación consiste en atribuirle a una norma un contenido y alcance distintos al contemplado en ella.

 

Del escrito recursivo se desprende, que la recurrente señala que el ad quem incurrió en error de interpretación del artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ya que condenó al pago del concepto de comisiones por venta reclamados por la demandante en el escrito libelar, sin haber sido probada por su parte dicha acreencia, y sin considerar que la demandada negó y rechazó en la contestación de la demanda adeudar el referido concepto.

 

Ahora bien, el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece, lo siguiente:

 

Artículo 135.- Concluida la audiencia preliminar sin que haya sido posible la conciliación ni el arbitraje, el demandado deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, consignar por escrito la contestación de la demanda, determinando con claridad cuales hechos invocados en la demanda admite como ciertos y cuáles niega o rechaza, y expresar asimismo, los hechos o fundamentos de su defensa que creyere conveniente alegar. Se tendrán por admitidos aquellos hechos indicados en la demanda respectiva, de los cuales al contestar la demanda, no se hubiere hecho la requerida determinación, expuestos los motivos del rechazo, ni aparecieren desvirtuados por ninguno de los elementos del proceso.(Resaltado de la Sala).

 

De la lectura parcial del artículo transcrito, se desprende que el demandado en la contestación de la demanda, deberá negar o admitir los hechos expuestos por el demandante, y se tendrán por admitidos aquellos hechos que no se hayan expuesto los motivos del rechazo, ni aquellos hechos que no fueron desvirtuados por ninguno de los elementos probatorios.

 

Asimismo, esta Sala de Casación Social, en sentencia Nº 419 de fecha 11 de mayo de 2004 (caso: Juan Rafael Cabral Da Silva contra Distribuidora La Perla Escondida, C.A), señaló con respecto a la contestación de la demanda, lo siguiente:

 

(Omissis)

3°) Cuando el demandado no niegue la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral. Es decir, es el demandado quién deberá probar la improcedencia de los conceptos que reclama el trabajador. Asimismo, tiene el demandado la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar la pretensión del actor.

4°) Se tendrán como admitido aquellos hechos alegados por el demandante en su libelo, que el demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los actos, alguna prueba capaz de desvirtuar los alegatos del actor.

5°) Se tendrán como admitidos aquellos hechos alegados por el demandante en su libelo, cuando el demandado no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar los alegatos del actor.(Resaltado de la Sala).

En el caso sub examine, la demandante aduce que comenzó a prestar servicios para la empresa demandada el 21 de febrero de 2006 y que dicha relación terminó el 18 de octubre de 2006, que ostentó el cargo de supervisora de zona de ventas, que devengó un salario básico mensual de setecientos noventa mil bolívares (Bs. 790.000,00) y que la demandada le adeuda por concepto de comisiones por venta un monto de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00).

 

La empresa demandada en el escrito de contestación de la demanda admite la existencia de la relación de trabajo, el cargo, la naturaleza del despido, la fecha de inicio y de finalización del vínculo existente entre las partes, no obstante, alega que no adeuda ningún concepto laboral a la demandante, ya que en fecha 3 de octubre de 2006, se celebró ante un Tribunal de Primera Instancia una transacción, en la que se le canceló a la trabajadora todos los beneficios laborales surgidos durante la relación de trabajo.

 

Asimismo, niega que adeude a la demandante comisiones por ventas, alegando que “las comisiones que aparecen en los recibos de pagos, no eran fruto del trabajo directo de la trabajadora en la venta de los productos de la empresa, ni siquiera provenían de un esfuerzo proveniente de la colocación en el mercado de dichos productos, sino de simples tareas de administración que realizaba esta (sic)…”.

 

Por otra parte, se desprende al folio 26 del cuaderno de recaudos del expediente, “memorandum” promovido por la demandante, el cual fue dirigido a los gerentes y supervisores, en el que se les informó sobre un plan de contingencia en el pago de comisiones, expresando que le correspondía a la gerente de zona titular, el uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre la venta total comisionable y sobre la venta base dependiendo del mes que se generó la comisión, o el dos por ciento (2%), sobre la venta total comisionable, siempre y cuando exceda la venta base.

 

A los folios 43 al 89, del cuaderno de recaudos del expediente, cursan recibos de pago a nombre de la demandante, en los que discrimina las horas, los ingresos y los egresos de la trabajadora, clasificando en el renglón de los ingresos el pago de comisiones, y en el que se desprende de la sumatoria de los conceptos por salario base más comisiones por venta, un salario mixto.

 

A los folios 284 al 289, del cuaderno de recaudos del expediente, recibos de nómina a nombre de la ciudadana Soraya Sanz, en el que se especifican los sueldos y las asignaciones por comisiones.

 

Por otra parte, la demandada promovió como prueba para fundamentar los motivos de su rechazo, reporte bancario de la cuenta corriente perteneciente a la demandante y copia certificada del acta transaccional realizada en audiencia preliminar ante el Juzgado Vigésimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 3 de octubre de 2006, en la que se determinó el pago por concepto de prestaciones sociales, indemnización sustitutiva del preaviso e indemnización por despido injustificado.

 

Esta Sala observa de las pretensiones aducidas y de las pruebas presentadas por las partes, que el patrono admitió que a la demandante se le pagaban comisiones por venta, no obstante, aduce que dichas asignaciones no fueron generadas por la naturaleza del cargo, ya que la demandante, a su decir, no era vendedora, sino que se generaron por las funciones administrativas a su cargo.

 

Ahora bien, la sentencia objeto del presente escrito recursivo, señaló que en virtud de haber contestado la demanda de forma pura y simple, deben tenerse como admitidos los hechos plasmados por la parte actora en su escrito libelar, referidos al concepto de comisiones por venta, en consecuencia, condenó a la demandada al pago de cinco mil bolívares fuertes (Bs. F 5.000,00) por el referido concepto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

En consecuencia, el ad quem no incurrió en el vicio aducido por la demandada, ya que la empresa demandada debió fundamentar los motivos de su rechazo con pruebas fehacientes y determinantes que evidenciaran el pago liberatorio del concepto de comisión por venta. Así se decide.

 

En mérito de las  consideraciones anteriores, se declara sin lugar la presente denuncia. Así se decide.

 

II

 

De conformidad con el numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denuncia la recurrente que la sentencia incurrió en falta de aplicación del artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ya que no aplicó el contenido de la referida norma a fin de determinar a quien corresponde la carga de la prueba de los hechos alegados por la demandante en el escrito libelar.

 

Aduce que por consistir “las comisiones por venta una acreencia distinta o especial, corresponde la carga de probar su afirmación, a la demandante”.

 

Para decidir la Sala observa:

 

La falta de aplicación de una norma, tiene lugar cuando el sentenciador niega la aplicación de una disposición legal que esté vigente o aplica una norma no vigente, a una determinada relación jurídica que está bajo su alcance.

 

El artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece:

 

Artículo 72: Salvo disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos. El empleador, cualquiera que fuere su presencia subjetiva en la relación procesal, tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo (…). (Resaltado de la Sala).

 

De la lectura de la sentencia recurrida, se desprende que el ad quem condenó a la empresa demandada al pago de cinco mil bolívares fuertes (Bs. F 5.000,00), en virtud de que la demandada negó y rechazó que le adeudara a la demandante comisiones por venta, sin fundamento, ni mediante pruebas fehacientes que demostraran los motivos de su rechazo.

 

Ahora bien, tal y como se evidenció en la primera denuncia analizada, la demandante adujo que comenzó a prestar servicios para la empresa demandada el 21 de febrero de 2006 y que dicha relación terminó el 18 de octubre de 2006, que ostentó el cargo de supervisora de zona de ventas, que devengó un salario básico mensual de setecientos noventa mil bolívares (Bs. 790.000,00), y que la demandada le adeuda por concepto de comisiones por ventas un monto de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00); la demandada, admitió que a la demandante sí le pagaban comisiones por venta, pero que las mismas eran causadas por funciones administrativas, y niega que le adeude a la demandante cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00) por tal concepto.

 

Asimismo, esta Sala observa que la demandante promovió recordatorio detallado dirigido por la empresa demandada a los gerentes y supervisores, que expresa un plan de contingencia en el pago de comisiones, asignándole a los gerentes de zona, el uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre la venta total comisionable y sobre la venta base dependiendo del mes que se generó la comisión, o el dos por ciento (2%), sobre la venta total comisionable, siempre y cuando exceda la venta base; también, promovió recibos de pago a nombre de la demandante, en los que discrimina las horas, los ingresos y los egresos de la trabajadora, clasificando en el renglón de los ingresos el pago de comisiones, y en la que se observa de la sumatoria del salario básico mensual más las comisiones por venta, un salario mixto, y finalmente se observó de las pruebas promovidas por la demandante, recibos de nómina, en el que se especifica los sueldos y las asignaciones por comisiones.

 

Respecto, a la distribución de la carga de la prueba en materia laboral, esta Sala de Casación Social, en sentencia Nº 445 de fecha 9 de noviembre de 2000, (caso: Manuel de Jesús Herrera Suárez contra Banco Italo Venezolano, C.A.), señaló lo siguiente:

 

También debe esta Sala señalar que, habrá inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos, en los siguientes casos:

 

Cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aun cuando el accionado no la califique como relación laboral. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).

 

Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicio, si le fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc.

 

(Omissis)

 

En otras palabras, la demandada tendrá la carga de desvirtuar en la fase probatoria, aquellos hechos sobre los cuales no hubiese realizado en la contestación el fundamentado rechazo, de lo contrario, el sentenciador deberá tenerlos como admitidos. (Resaltado de la Sala).

 

De la lectura del criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, se desprende que la carga de la prueba depende de los términos en que el demandado se defienda o se excepcione en el acto de la litis contestación, porque allí se produce la inversión de la carga de la prueba si éste alega hechos nuevos, hechos modificativos, hechos impeditivos o extintivos de la pretensión del actor de acuerdo a sus intereses.

 

Así pues, se invertirá la carga de la prueba en lo referente a los alegatos contenidos en el libelo que tengan vinculación con la relación de trabajo, por lo tanto es el demandado quien tiene que probar los pagos liberatorios, y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que devengaba el trabajador, no obstante, al alegar el demandante la existencia de conceptos extraordinarios o de excesos legales, es él en principio quien debe probarlos.

 

Ahora bien, el segundo parágrafo del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, conceptúa el salario normal de la manera siguiente:

Parágrafo Segundo. A los fines de esta Ley se entiende por salario normal, la remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente por la prestación de su servicio. Quedan por tanto excluidos del mismo las percepciones de carácter accidental, las derivadas de la prestación de antigüedad y las que esta Ley considere que no tienen carácter salarial.

De la lectura del artículo precedentemente transcrito, se desprende que constituye “salario normal” la remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente por la prestación del servicio, resultando excluidas las percepciones de carácter accidental, las derivadas de la prestación de antigüedad y las que no tienen atribuido expresamente carácter salarial.

 

Previene la Sala, que si el trabajador recibe primas, comisiones, premios o incentivos en forma constante y con regularidad, tales conforman el salario normal. En el caso sub examine, se observa de las pruebas aportadas por la demandante, que la demandada le pagaba comisiones por ventas, es decir, que la trabajadora tenía un sueldo básico mensual más las comisiones por ventas generadas, sin embargo, tal y como se desprende de las actas procesales, la demandada no logró probar el pago por concepto de comisiones por venta, y tal  como se desprendió del análisis del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, las comisiones forman parte del salario normal del trabajador, es decir, que es una percepción de naturaleza ordinaria, que por lo tanto, le corresponde al patrono probar el pago liberatorio del mismo. Así se decide.

 

En mérito de las consideraciones anteriores, se declara sin lugar la presente denuncia. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social Especial, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1) SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 21 de julio de 2009, 2) CONFIRMA la sentencia recurrida.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a fin de que sea enviado al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución competente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, particípese de esta decisión al Tribunal Superior de origen.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dos (2) días del mes de noviembre de dos mil diez. Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

 

 

 

La Presidenta de la Sala y Ponente,

 

 

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CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

Conjuez Accidental Principal,                                Conjueza Accidental Principal,

 

 

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JESÚS RAMÓN TORRES PERTUZ                       EVELIN EDREY SALAS MORENO

 

 

 

El Secretario,

 

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

 

R.C. Nº AA60-S-2009-1156

Nota: Publicada en su fecha a

 

 

 

El Secretario