SALA DE CASACIÓN SOCIAL

ACCIDENTAL

 

Ponencia del Magistrado ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

               En el juicio por indemnización derivada de accidente de trabajo y daño moral, que sigue el ciudadano JUAN CARLOS CALDERA CASTRO, representado judicialmente por los abogados Nancy Milagros Pire Campos, Hugo Arias Bracho y Pedro Pablo Chirinos, contra la empresa ALBA, S.A., representada judicialmente por los abogados Víctor Hugo Bolívar, María Gabriela Pro, Félix Figueroa y Hecdys Victoria Reyes Aguado; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, conociendo en alzada, dictó sentencia en fecha 30 de abril del año 2002, mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la representación judicial de la empresa demandada, con lugar la apelación interpuesta por el actor, con lugar la acción, confirmó y modificó parcialmente la decisión apelada.

 

               Contra el fallo dictado por el Juzgado Superior, anunció recurso de casación la apoderado judicial de la parte demandada, abogado HECDYS VICTORIA REYES AGUADO, el cual fue admitido y posteriormente formalizado. No hubo impugnación.

 

               Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social se dio cuenta del asunto el 09 de agosto del año 2002 y, en esa misma fecha se designó Ponente al Magistrado Alfonso Valbuena Cordero.

 

               En fecha 25 de septiembre del año 2002, el Magistrado JUAN RAFAEL PERDOMO, manifestó tener motivos de inhibición para conocer del presente asunto, la cual declarada con lugar, se procedió a convocar al suplente o conjuez respectivo.

 

               Manifiesta la aceptación del respectivo suplente para integrar la Sala accidental, la misma quedó constituida en fecha 23 de octubre del año 2002 de la siguiente manera: Magistrados OMAR MORA DÍAZ y ALFONSO VALBUENA CORDERO Presidente y Vicepresidente respectivamente y la primera suplente Dra. MARISOL MORENO MARIMÓN. Se designó Secretaria a la Dra. Birma I. Trejo de Romero. El Presidente electo, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se reservó la Ponencia del presente asunto.

 

               En fecha 06 de noviembre del año 2002, el Juzgado de Sustanciación declaró concluida la sustanciación del presente asunto.

 

               Cumplidas las formalidades legales, y siendo la oportunidad legal para ello pasa esta Sala de Casación Social (accidental) a decidirlo bajo la Ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero, previa las siguientes consideraciones:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

 

                   Con base a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción por la recurrida del artículo 243 numeral 4º ejusdem, por haber incurrido en el vicio de inmotivación “al no fundamentar la razón por la cual condena al pago de una suma determinada por concepto de lucro cesante”. En ese sentido expone lo siguiente:

 

omissis

 

Expresa la decisión recurrida:

 

‘En lo relativo al daño material o lucro cesante, ha sido reiterado el criterio doctrinario y jurisprudencial, que como el mismo no está previsto en materia laboral, el trabajador debe demostrar el hecho que lo origina y a la relación de causalidad entre el daño sufrido y el hecho que lo origina; para que sea procedente su indemnización. En el caso de autos como bien lo señala el Tribunal A-quo, demostrado el accidente y la relación de causalidad entre el hecho causante del daño y el daño sufrido, debe confirmarse el fallo en cuanto a la suma condenada a pagar por tal indemnización. Y así se decide. (Negrillas nuestras).

 

Con este ‘fundamento condena al pago de la cantidad de Bs. 62.612.921,25, por concepto de Lucro Cesante de conformidad con el artículo 1.273 del Código Civil.

 

Ahora bien, si los honorables Magistrados observan el libelo de demanda, actividad permitida a la Sala en un recurso por defecto de actividad como el presente, encontrarán que el apoderado actor afirma en el libelo reformado que su representado ‘..ha quedado incapacitado para ejercer el oficio que desempeñaba en la empresa, así como también para ejercer el otro tipo de oficio que amerite la utilización de un cien por ciento (100%) del sentido de la vista...’, para luego aseverar que tiene ‘...una pérdida de la visión del ojo izquierdo de un 90 a un 92 por ciento (90-92%) (folio 18 vto del Expediente).

 

Luego afirma que su representado ‘...ha disminuido su capacidad de prestar sus servicios a cualquier otro empleador, y en consecuencia, ha disminuido su expectativa de generar ingresos propios que ayude a mantener y sostener su familia...’, es decir, que asevera que su capacidad para generar ingresos es menor por la disminución de la visión, pero en ningún momento afirma que haya incapacidad absoluta para obtener ingresos...

 

Omissis

 

...Es claro que el demandante sostiene que tiene una incapacidad parcial, sin embargo demanda la indemnización por todos los salarios durante su vida, útil, como si hubiese quedado impedido de trabajar.

 

No obstante ello, el Sentenciador Superior condena al pago de la suma demandada sin ningún razonamiento en cuanto al monto condenado a pagar. No debió sólo referirse al hecho generador y al resultado, sino que debió explicar por qué condena al pago de esa cantidad y no alguna otra.

 

El error formal cometido por la recurrida impide al fallo alcanzar su fin, de una justa resolución de la controversia y no cumple con la finalidad central de la motivación que es permitir el control de legalidad. Si bien se observa un obvio error en la aplicación y cálculo del lucro cesante, nos vemos impedidos de denunciarlo en su carácter de infracción de ley porque el Juez para nada se refiere a ello, impidiendo así el control de legalidad en cuanto a la mayor condena asignada a nuestra representada.”

 

 

 

               La Sala para decidir observa:

 

               Alega el formalizante que la recurrida incurrió en el vicio de inmotivación al condenar al pago de la suma demandada sin ningún razonamiento en cuanto al monto condenado a pagar, sino sólo en cuanto al hecho generador y al resultado.

 

                   Para verificar lo expuesto por el recurrente, es necesario trasladar textualmente lo establecido por la recurrida al respecto:

 

“A lo anterior debe agregar este sentenciador, que en materia laboral, según criterio doctrinario, jurisprudencial y procesal se debe aplicar el principio de favor.

 

Igualmente está plenamente demostrado en autos, que el trabajador, ha sufrido una incapacidad parcial permanente en el ojo izquierdo, por tener un visión (sic) reducida de 90 a 92%. Además de que en materia laboral, según la jurisprudencia de la Sala de Casación del máximo Tribunal de la República, que señala el Tribunal A-quo, en el contenido del fallo apelado, de fecha 15 de Marzo de 2000, el patrono al reconocer la existencia de la relación laboral, tiene la carga de la prueba de todo aquello que rechace expresamente.

 

En consecuencia teniendo el patrono la carga de la prueba en materia laboral, estableciendo el artículo 33 de la Ley Orgánica de Condiciones, Prevención y Medio Ambiente del Trabajo una indemnización mayor y más beneficiosa, que la del artículo 573 de la Ley Orgánica del Trabajo; aplicándose en materia laboral el principio de favor , y la teoría objetiva del riesgo; no puede el Tribunal de la causa, acoger un principio o una teoría para una cosa y para otra no, ya que además de estar contradiciéndose, la convirte (sic) una decisión incongruente.

 

Por lo anterior debe modificarse el fallo apelado, en lo que respecta al monto de la indemnización, que debe cancelarse al trabajador por concepto de indemnización por la incapacidad parcial permanente, que sufrió en su ojo izquierdo; como consecuencia del accidente laboral, antes indicado. Y así se decide.

 

En lo que respecta al daño moral y a la cantidad que fue condenada a cancelar al trabajador, por parte de la empresa demandada, debe esta Alzada señalar lo siguiente, según las modernas teorías laborales, el daño moral no puede ser objeto de prueba, ya que el dolor y el sufrimiento de una persona, no puede ser objeto de prueba alguna, y el actor solo debe demostrar la ocurrencia del hecho dañoso o causante del daño, para que el Juez, le acuerde a su consideración y ponderación, una indemnización acorde con el daño sufrido, por lo que se debe confirmar la decisión apelada, en cuanto a la indemnización acordada por daño moral en el Tribunal A-quo. Y así se establece.

 

En lo relativo al daño material o lucro cesante, ha sido reiterado el criterio doctrinario y jurisprudencia que como el mismo no esta previsto en materia laboral, el trabajador debe demostrar el hecho que lo origina y la relación de causalidad entre el daño sufrido y el hecho que lo origina; para que sea procedente su indemnización. En el caso de autos como bien lo señala el Tribunal A-quo, demostrado el accidente y al relación de causalidad entre el hecho causante del daño y el daño sufrido, debe confirmarse el fallo en cuanto a la suma condenada a pagar por tal indemnización. Y así se decide.-

 

 

 

               En ese sentido, de lo anteriormente transcrito, se evidencia que efectivamente el sentenciador de la recurrida motivó la procedencia del pago por concepto de lucro cesante, al señalar que quedó demostrado el accidente y la relación de causalidad entre el hecho causante del daño y el daño sufrido, mas no así la cantidad condenada a pagar por parte de la empresa demandada al trabajador, ni la procedencia de la misma, lo cual hace inmotivada la decisión en cuanto a ese punto, es decir, en cuanto a la condena de pago de una cantidad de dinero determinada, por concepto de lucro cesante, incurriendo así en la infracción del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

 

               En consecuencia, esta Sala de Casación Social declara la procedencia de la presente denuncia y así se decide.

 

               De conformidad con lo pautado en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, la Sala al encontrar procedente una infracción de las descritas en el numeral 1° del artículo 313 eiusdem se abstiene de conocer el resto de las denuncias presentadas en el escrito de formalización.

 

DECISIÓN

 

               En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, (accidental) administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado por la representación judicial de la empresa demandada ALBA, S.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en fecha 30 de abril del año 2002. En consecuencia, se declara nulo el fallo recurrido y se repone la causa al estado de que el Juzgado Superior que resulte competente dicte nueva sentencia subsanando el vicio referido.

 

               Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior antes señalado, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

 

               Dada, firmada y sellada  en  la  Sala de  Despacho de la Sala  de  Casación  Social,  (accidental)  del  Tribunal  Supremo de Justicia, en Caracas, a  los   doce    (12)  días  del  mes  de  diciembre de dos mil dos. Años: 192° de la Independencia y 143° de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

                                                                                             

El Vicepresidente,

 

 

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ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

 

                                                                      La Suplente,

 

 

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                                                        MARISOL MORENO MARIMÓN

 

 

La Secretaria,

 

 

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BIRMA I. TREJO DE ROMERO

 

R.C. N° AA60-S-2002-000464