SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia  del  Magistrado  OMAR  ALFREDO  MORA  DÍAZ.

 

En el juicio de estimación e intimación de honorarios profesionales, seguido por el abogado JOSÉ NAVARRO ADEYÁN, actuando en su propio nombre, contra la Asociación Civil INSTITUTO DE PREVISIÓN FARMACÉUTICA (IN.PRE.FAR), representada por las abogadas Lourdes Durán Magallanes y Silvia Nora González; el Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 17 de julio de 2001, declaró sin lugar la apelación, confirmando la decisión de primera instancia que declaró parcialmente con lugar la demanda.

 

Contra dicha decisión de Alzada, la parte intimante, anunció recurso de casación, el cual, una vez admitido, fue oportunamente formalizado. Hubo impugnación, sin réplica.

 

               Recibido el expediente, se dio cuenta en Sala en fecha 4 de octubre de 2001 y se designó ponente al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.

 

Concluida la sustanciación del presente recurso de casación y cumplidas como han sido las formalidades legales, pasa esta Sala de Casación Social a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, con base en las consideraciones siguientes:

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

 

Ú N I C O

 

De conformidad con el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia el error de interpretación acerca del contenido y alcance del artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.

 

Para fundamentar su denuncia, el recurrente textualmente señala:

 

“En el presente caso, el Juez de la recurrida incurrió en el vicio de error de interpretación  del artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, al considerar que la parte demandada-intimada podía darse por citada cuando ella lo considerase conveniente, obviando el lapso establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, la cuestión a precisar radica en determinar cómo se cuenta  ese plazo, si por días consecutivos o si es por días de despacho en el Tribunal de la causa” (sic).

 

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

En la primera denuncia del escrito de formalización, el recurrente señala que la sentencia objeto del presente recurso de casación, interpretó erróneamente el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.

 

Al revisar la Sala la decisión recurrida en casación, observa que el sentenciador, expresamente señaló lo siguiente:

 

“Considera necesario esta Alzada pronunciarse ahora sobre la extemporaneidad alegada por la parte intimante, dependiendo el pronunciamiento sobre las costas recíprocas de lo que se decida sobre aquella.

Señala en este punto la parte intimante que el emplazamiento de la parte intimada se llevó a cabo mediante cartel fijado el 16 de octubre de 2000 y que los 15 días transcurrieron entre el 17 y 31 de octubre de 2000.

El artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, establece: ‘Si el Alguacil no encontrare a la persona del citado..., el Juez dispondrá que el Secretario fije en la morada, oficina o negocio del demandado un Cartel emplazándolo para que ocurra a darse por citado en el término de 15 días... El lapso de comparecencia comenzará a contarse el día siguiente de la constancia en autos de la última formalidad cumplida.

De la disposición adjetiva copiada supra se advierte que el plazo para darse por citado, esto es, para acudir al Tribunal y darse por citado, lo cual requiere que el Tribunal de la causa haya despachado, pues si no hay despacho no es posible actuar para darse por citado. Este lapso no puede contarse por días consecutivos, pues de hacerlo se estaría reduciendo los quince días a número menor, porque se incluirían los sábados y domingos como días hábiles para darse por citado, cuando es sabido como hecho conocido que en esos días no hay acceso a las sedes tribunalicias.

Si en el presente caso, como pretende el apelante, los quince días transcurrieron entre el 17 y el 31 de octubre de 2000, todos inclusive, tenemos que estaríamos considerando como días hábiles para darse por citado el 21 -sábado-, 22 -domingo-, 28 -sábado- y 29 -domingo-, con lo cual se reduce el lapso a once días, en lugar de quince, amén de que en esos días pudo haber otros días sin despacho.

De esta manera esta Alzada concluye que los 15 días a que alude el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil se computan por días de despacho en el Tribunal de la causa.

Si en el presente caso aparece que la parte se dio por intimada el 01 de septiembre de 2000, estaba dentro del lapso de 15 días de despacho, siendo improcedente la solicitud del intimante sobre la extemporaneidad de la intimación” (sic). (vide: folios 166 al 168 del expediente).

 

 

 

De la anterior transcripción se evidencia que el sentenciador de la recurrida, interpretó que el lapso para darse por citado, establecido en el artículo 223 del vigente Código de Procedimiento Civil, se debe computar por días de despacho del Tribunal de la causa, sin contar los días de fiestas, sábados y domingos.

 

               La interpretación expuesta por el juzgador de la última instancia es acorde con la interpretación que, sobre cómo deben computarse los lapsos procesales, ha señalado este Supremo Tribunal, al expresar:

 

“Así pues, cuando el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil establece que, “los términos o lapsos procesales se computarán por días calendarios consecutivos excepto los lapsos de pruebas, en los cuales no se computarán los sábados, los domingos, el Jueves y el Viernes santo, los declarados días de Fiestas Nacionales, los declarados no laborables por otras leyes, ni aquellos en los cuales el Tribunal disponga no despachar”, se enfrenta a los postulados que respecto al debido proceso y al derecho a la defensa se establecen en la vigente Constitución, al convertir lo que debió ser una regla del cómputo, en la excepción, ya que al computarse los demás lapsos procesales por días calendarios contínuos, sin atender a las causas que llevó al mismo legislador a establecer tales excepciones en el cómputo de los lapsos probatorios, se viola el contenido normativo del artículo 49 de la Constitución de 1999, por disminuir, para el resto de los actos procesales, el lapso que el legislador consideró -en su momento- razonable para que las partes cumplieran a cabalidad con los actos procesales que las diferentes normativas adjetivas prevén. De allí, que esta Sala considere que la contradicción advertida conduce a situaciones de Summum Jus-Summa Injuria, tanto en lo que atañe al ejercicio de la función jurisdiccional propiamente dicha, como respecto de los derechos de las partes en el proceso.

(...) De manera que, concluye esta Sala, que el debido proceso exige, tal como quedara expuesto, un plazo razonable para todos los actos sin excepción, y por ello, visto que tal como está redactada la norma contenida en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, ésta resulta inconstitucional por ser contraria al debido proceso y al derecho a la defensa, debe esta Sala DECLARAR SU NULIDAD PARCIAL en lo que respecta a la frase: ‘(...) los lapsos de pruebas, en los cuales no se computarán...’. Así, ante la prohibición absoluta de actuación del Tribunal fuera de días y horas de despachos, conforme lo dispone el Código de Procedimiento Civil, debe entenderse, que por regla general los términos y lapsos a los cuales se refiere dicho artículo, tienen que computarse efectivamente por días consecutivos, en los cuales el Tribunal acuerde dar despacho, no siendo computables a esos fines aquellos en los cuales el Juez decida no despachar, ni los sábados, ni los domingos, ni el Jueves y Viernes Santos, ni los días declarados de fiesta o no laborables por ley, criterio que debe ser aplicado en concatenación con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código de Procedimiento Civil, que establecen:

‘Artículo 199.- Los términos o lapsos de años o meses se computarán desde el día siguiente al de la fecha del acto que da lugar al lapso, y concluirán el día de fecha igual a la del acto, del año o mes que corresponda para completar el número del lapso.

El lapso que, según la regla anterior, debiera cumplirse en un día de que carezca el mes, se entenderá vencido el último de ese mes.

Artículo 200.- En los casos de los dos artículos anteriores, cuando el vencimiento del lapso ocurra en uno de los días exceptuados del cómputo por el artículo 197, el acto correspondiente se realizará en el día laborable siguiente’.

En virtud de lo expuesto, esta Sala declara parcialmente nula la norma contenida en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, y a tal efecto, ordena que se tenga la redacción de la misma de la siguiente manera:

‘Artículo 197.Los términos o lapsos procesales se computarán por días calendarios consecutivos excepto los sábados, los domingos, el Jueves y el Viernes Santo, los declarados días de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales, los declarados no laborables por otras leyes, ni aquellos en los cuales el Tribunal disponga no despachar.’” (Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 1 de febrero de 2001).

 

 

 

Ahora bien, la Sala de Casación Social, en diversos fallos se ha pronunciado sobre el cómputo de los lapsos procesales, expresando lo siguiente:

 

“Entonces, de conformidad con el criterio antes transcrito, el cómputo de los términos y lapsos procesales señalados por días, se efectúa, por días consecutivos en que el Tribunal tenga a bien despachar  -días de despacho-, quedando excluidos, en consecuencia, aquellos que resulten feriados; mientras que los lapsos más largos que sean de meses o años, se contaran por días consecutivos, siéndole aplicable la disposición legal establecida en el artículo 200 del vigente Código de Procedimiento Civil. Constituyendo una excepción, que para el cómputo de los lapsos para sustanciar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, no se tomen las vacaciones judiciales comprendidas del 15 de agosto al 15 de septiembre y, del 24 de diciembre al 6 de enero” (Sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 17 de febrero de 2000).

 

 

 

               De todo lo antes expuesto se evidencia que, el juzgador  de la sentencia objeto del presente recurso de casación, interpretó correctamente la normativa inserta en el artículo 223 del vigente Código de Procedimiento Civil, al establecer que el cómputo de los quince (15) días para darse por citado debe hacerse por días contínuos de despacho, quedando excluidos los días sábados, domingos, el jueves y el viernes santo, los declarados días de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales, los declarados no laborables por otras leyes, ni aquellos en los cuales el Tribunal disponga no despachar. Así se declara.

 

               Es por todo lo antes señalado, que la sentencia recurrida no adolece del vicio de errónea interpretación del artículo 223 del Código de Procedimiento Civil y, en consecuencia, se desestima por improcedente, la denuncia ahora examinada. Así se declara.

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

Ú N I C O

 

               De conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente delata “la infracción del artículo 243 ordinal 2º y 12 eiusdem”.

 

Para fundamentar su denuncia, el recurrente textualmente señala:

 

“...para fundamentar a la Sala el por qué el Juez de la recurrida violó el ordinal 2do. del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, me permito señalar que cuando el Juzgado Superior Quinto del Trabajo, confecciona la sentencia interlocutoria recurrida omite a la parte actora que en este caso es el abogado José Navarro Adeyán y no la ciudadana Isabel Araque de Troconis.

De allí que, cuando el ad-quem señala que yo me presento como apoderado de la ciudadana Isabel Araque de Troconis, no quiere decir que yo esté intimando honorarios profesionales en nombre de la mencionada ciudadana, no es esa la interpretación que el ad-quem debe darle a la demanda de intimación.

...Ciudadanos Magistrados, evidente y claramente como ha quedado demostrado bajo los precedentes, el Juez violó flagrantemente el ordinal 2º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, al omitir en su sentencia a la parte actora, configurando el vicio de Indeterminación Subjetiva, el cual acarrea la nulidad de la sentencia” (sic).

 

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

               En la segunda y última denuncia del escrito de formalización, el recurrente señala que la sentencia objeto de examen adolece del vicio de indeterminación subjetiva, por infracción del ordinal 2º del artículo 243 del vigente Código de Procedimiento Civil.

 

               El recurrente fundamenta su delación en que, el sentenciador de la última instancia dejó de identificar expresamente quién era el intimante en el presente caso.

 

               Ahora bien, al realizar la Sala una revisión de la sentencia recurrida en casación, observa que en la parte motiva el respectivo juzgador, expresamente señaló lo siguiente:

 

“Como punto previo, este sentenciador observa que el abogado José Navarro Adeyán en su escrito presentado en esta Alzada esgrime que la parte intimada es él y que la ciudadana Isabel Araque de Troconis es ajena al proceso y que la oposición al cobro de honorarios profesionales no se hizo contra él por lo que no debe tenerse como hecha, ni la solicitud de retasa, con lo cual está firme el monto de los honorarios profesionales.

Al respecto se observa:

El escrito de estimación e intimación de honorarios profesionales se encuentra inserto a los folios 02 al 04 y en el mismo se lee que el abogado José Navarro Adeyán se identifica como apoderado de la ciudadana Isabel Teresa Araque de Troconis; mientras que en el auto de admisión de la intimación se establece que el abogado José Navarro Adeyán procede en su propio nombre y representación.

Ante tal dualidad, resulta desproporcionado pretender una confesión cuando estamos frente a una situación que permite la duda por presentarse el intimante con el doble carácter, por lo que en función del derecho a la defensa del intimado, téngase como realizada la oposición, lo que en modo alguno se traduce en la procedencia o no de la misma”. (vide: folios 165 y 166 del expediente).

 

 

               También señala el sentenciador de la última instancia, en su parte dispositiva, lo que a continuación se transcribe:

 

“Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte intimante, abogado José Navarro Adeyán, en el procedimiento de estimación e intimación de honorarios seguido al Instituto de Previsión Farmacéutica (INPREFAR), partes identificadas en los autos”. (vide: folio 171 del expediente).

 

 

 

               De lo antes expuesto se evidencia que el sentenciador de alzada, aun cuando el intimante en algunas actas se identificó como apoderado judicial de la ciudadana Isabel Teresa Araque de Troconis, expresamente señaló en su parte dispositiva, que el intimante era el abogado José Navarro Adeyán.

 

               Es decir, que el sentenciador de alzada sí identificó a la parte intimante en el presente caso, por ello debemos señalar el conocido “principio de la UNIDAD PROCESAL DEL FALLO”, conforme al cual la sentencia forma un todo indivisible, de modo que todas las partes que integran su estructura tradicional (narrativa, motiva y dispositiva) se encuentran vinculadas con lo que la Sala ha llamado ‘...un enlace lógico...’ que no es otra cosa que la expresión de la fuerza del pronunciamiento judicial en toda su integridad (Sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 29 de noviembre de 2001).

 

               Es por lo antes expuesto, que esta Sala desestima, por improcedente, la denuncia ahora examinada. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

               En virtud de las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación anunciado por el abogado José Navarro Adeyán, contra la sentencia emanada del Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 17 de julio de 2001.

 

De conformidad con los artículos 274 y 320 del vigente Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte recurrente.

               Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado de la causa, es decir, al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen, antes identificado, todo de conformidad con el artículo 326 del vigente Código de Procedimiento Civil.

 

               Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,   a   los   veintidós   ( 22 )   días   del   mes   de  enero de dos mil dos. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

El Vicepresidente,

 

 

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   JUAN RAFAEL PERDOMO

 

 

Magistrado,

 

 

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  ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

 

 

La Secretaria,

 

 

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BIRMA I. TREJO DE ROMERO

 

 

 

 

R.C. Nº AA60-S-2001-000579