SALA DE CASACIÓN SOCIAL
Ponencia del
Magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ
Mediante
decisión Nº 732, de fecha 16 de octubre del año 2003, esta Sala de Casación
Social, admitió la solicitud de avocamiento formulada por la abogada Marisol
Nogales Zamora, actuando en su condición de apoderada judicial de los
ciudadanos LUIS RODRÍGUEZ DORDELLY,
NELLY COLMENARES DE MENDOZA, AURA MÉNDEZ, CARMEN DE PISANI, GLADYS FUENTES,
MARÍA MORALES, MARÍA GUTIÉRREZ, RAMÓN LORETO, JESÚS MILÍAM ESPINOZA, JUAN JOSÉ
BATTAGLINI, GUILLERMO ROJAS CHIRINOS y
JOSÉ CHACÓN, titulares de las cédulas de identidad números 2.107.302,
2.082.782, 2.117.564, 1.859.550, 144.439, 3.728.047, 1.660.802, 1.888.140,
1.495.840, 1.812.677, 1.415.194, 4.630.885, 3.232.501, 1.906.617 y 2.962.354, respectivamente,
en el juicio que cursa ante esta Sala de Casación Social, en el expediente
signado bajo el Nº 05-545, constante de las actuaciones realizadas ante
Tribunales que tienen atribuida competencia en materia laboral, con ocasión a
la acción que interpusiera el ciudadano JAIME
ALBELLA O., en su carácter de Presidente de la FEDERACIÓN NACIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE TELÉFONOS DE VENEZUELA
(F.E.T.R.A.J.U.P.T.E.L.), representada judicialmente por los abogados
William Benshimol R., Vicenta López Mendoza, José Antonio Ramos Martínez, Ángel
Armas Oropeza, Marinela Guanipa Acosta, Álvaro Daniel Garrido y Leopoldo
Encinozo Lavieri, contra la sociedad mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (C.A.N.T.V.), representada judicialmente por los abogados
Emilio Pittier Sucre, Luis Alfredo Araque, Manuel Reyna Pares, Alfredo De Jesús
S., Pedro Sosa Mendoza, María del Pilar Aneas de Viso, Emilio Pittier Octavio,
Maritza Siino Palacios, Ingrid García Pacheco, Giuseppe Mauriello, César Augusto
Carballo, Gustavo Nieto M., Álvaro Leal Trejo,
Carmen Elisa Briceño Bruzual, Claudia Fuentes Gruber, Vicente Amado
Ramallo, Juan Pablo Livinalli, Blas Rivero Betancourt, Jorge Kiriakidis Longhi,
Roshermari Vargas Trejo, Mariana Ramos Oropeza, María Mercedes Arrese-Igor, Ana
Carolina Jiménez Chacín, José Augusto Rondón y María Ana Montiel S.
Posteriormente,
en fecha 7 de septiembre de 2004, esta misma Sala de Casación Social, en
sentencia Nº 1.035, y en la oportunidad para decidir sobre el mérito del avocamiento
acordado, declaró sin lugar la demanda propuesta por la Federación Nacional
de Jubilados y Pensionados de Teléfonos de Venezuela (F.E.T.R.A.J.U.P.T.E.L.),
y sin lugar igualmente, las demandas que por vía de terceros interesados,
intentaron los referidos ciudadanos LUIS RODRÍGUEZ DORDELLY, NELLY COLMENARES
DE MENDOZA, AURA MÉNDEZ, CARMEN DE PISANI, GLADYS FUENTES, MARÍA MORALES, MARÍA
GUTIÉRREZ, RAMÓN LORETO, JESÚS MILÍAM ESPINOZA, JUAN JOSÉ BATTAGLINI, GUILLERMO
ROJAS CHIRINOS y JOSÉ CHACÓN.
Luego, en
sujeción a la petición que en fecha 21 de octubre de 2004, explanara el
profesional del derecho Lombardo Bracca López, en representación de los
ciudadanos supra identificados, ante la Sala Constitucional
de este Tribunal Supremo de Justicia, a los fines que se revisara el fallo sub iudice citado, dicha Sala, en
decisión de fecha 25 de enero de 2005, dictaminó ha lugar la solicitud de
revisión, declarando la nulidad de la sentencia proferida por esta Sala de
Casación Social y remitiendo el expediente a la misma, a efecto que dicte un
nuevo pronunciamiento acatando la doctrina por ella desarrollada.
Con
ocasión a la inhibición de los Magistrados Omar Alfredo Mora Díaz, Juan Rafael
Perdomo y Alfonso Valbuena Cordero, y dado que en el expediente AA60-S-2005-000544,
se ordenó convocar al Tercer Magistrado Suplente de esta Sala de Casación
Social, Dr. Jesús Alberto Luzardo y a la Primera Conjuez, Marjorie Acevedo Galindo, en
fecha 17 de junio de 2005, se convocó a la Primera Magistrada
Suplente, Dra. Betty Josefina Torres Díaz, al Quinto Magistrado Suplente, Dr.
Medardo Antonio Páez y a la Segunda Conjuez, Dra. Ingrid Gutiérrez Domínguez.
No se
ordenó la convocatoria de la Segunda Magistrada Suplente, Dra. Nora Vásquez de
Escobar, por haberse convocado en el expediente AA60-S-2005-000480.
La
convocatoria del Quinto Magistrado Suplente, Dr. Medardo Antonio Páez, responde
a la imposibilidad en convocar a quien fuera designado como Cuarto Magistrado
Suplente de esta Sala de Casación Social, Dr. Antonio Espinoza Prieto, al no haber prestado la juramentación de
rigor.
Vista la
excusa presentada por el Quinto Magistrado Suplente, Dr. Medardo Antonio Páez, y
en razón de la convocatoria para conocer de la presente causa formulada a la Primera Magistrada
Suplente, Dra. Betty Josefina Torres Díaz y de la Segunda Conjuez, Dra. Ingrid
Gutiérrez Domínguez, se ordenó convocar a la Tercera Conjuez, Dra. Hilen Daher
Ramos de Lucena, en fecha 20 de junio de 2005.
Habiendo
manifestado su aceptación los convocados, en fecha 29 de junio de 2005, se
constituyó la Sala
Accidental de esta Sala de Casación Social, quedando
conformada de la manera que sigue: Presidente de la Sala y Ponente, Magistrado
Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez; Vicepresidenta, Magistrada Carmen Elvigia
Porras de Roa; Magistrada Suplente, Betty Josefina Torres Díaz; Conjuez, Ingrid
Gutiérrez Domínguez y Conjuez, Hilen Daher Ramos de Lucena.
Por ende,
encontrándose esta Sala en la oportunidad de emitir el pronunciamiento de
fondo, con relación al avocamiento acordado y en el ámbito de la doctrina
especificada por la Sala Constitucional, en su fallo Nº 03, de fecha 25 de
enero de 2005, pasa a hacerlo bajo la ponencia del Magistrado, que con tal
carácter la suscribe y en los términos siguientes:
I
ANTECEDENTES DEL CASO
La
exégesis del presente caso, que para una mejor ilustración resume esta Sala de
Casación Social, tiene su origen en la demanda de fecha 20 de marzo de 1997
(folio 1 al 147 pieza 1), interpuesta por el ciudadano Jaime Albella O., en su
carácter de Presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de
Teléfonos de Venezuela (F.E.T.R.A.J.U.P.T.E.L.), y en representación de un gran
número de personas, tres mil cuatrocientas ocho (3.408), que son consideradas
jubilados y pensionados de la sociedad mercantil Compañía Anónima Nacional
Teléfonos de Venezuela (C.A.N.T.V.), pretendiendo el pago de seiscientos nueve
mil seiscientos bolívares (Bs. 609.600,00), para cada uno de ellos por concepto
de ajustes de sus pensiones de jubilación, de acuerdo a lo establecido en las
Cláusulas 28 de los Contratos Colectivos, correspondientes a los períodos del
01/01/93 al 31/12/94 y del período 01/01/95 al 31/12/96, lo que deviene en una
cantidad total a cancelar de dos mil setenta y siete millones quinientos diez y
seis mil ochocientos bolívares (Bs. 2.077.516.800,00). Asimismo, pretenden la
cancelación de los aumentos salariales que pudieran surgir de futuras
contrataciones colectivas en las mismas condiciones pactadas, para los
trabajadores activos. Por último, solicitan para una mayor exactitud de las
cantidades demandadas, que una vez dictada la sentencia, se ordene la
experticia complementaria del fallo, para determinar la cantidad adeudada a
cada uno de los jubilados, incluyendo la corrección monetaria.
Señala el
demandante como fundamento al derecho que reclama, que en sentencia de fecha 27
de junio de 1991, la
Corte Suprema de Justicia, reconoció la aplicabilidad de los
artículos 25 y 27 de la Ley
del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o
Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y
de los Municipios, al régimen de jubilaciones y pensiones establecidos en las
contrataciones colectivas pactadas por la empresa C.A.N.T.V., y sus
trabajadores. Continúa señalando la parte demandante que sobre esta materia, la Corte Suprema de
Justicia, estableció que los jubilados y pensionados de la C.A.N.T.V., gozan de los
mismos beneficios salariales que tienen los trabajadores activos a través de
los convenios colectivos. Por otro lado, señala que la C.A.N.T.V., ya privatizada en
reconocimiento de la aplicabilidad del artículo 27 de la Ley del Estatuto sobre el
Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración
Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, otorgó
a los jubilados y pensionados el aumento general previsto en la Contratación
Colectiva de año 1991-1992, tal y como se evidencia del
oficio N° 910940, de fecha 28 de octubre de 1991, emanado del Vicepresidente de
Organización y Recursos Humanos de la empresa.
Por último, se sustenta la actual acción en el artículo 23 de la Ley de Privatización, la cual
establece que dicho proceso no puede afectar los derechos de los trabajadores y
que tanto las convenciones colectivas, usos y costumbres laborales, así como
los derechos adquiridos de los trabajadores, no pueden ser desmejorados salvo
que sean sustituidos por otros que superen o mantengan la misma amplitud. De
este modo, indica el demandante, que en todo caso no se pretende que se aplique
la Ley del
Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o
Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y
de los Municipios, a la empresa C.A.N.T.V., hoy privatizada, lo que se está exigiendo
es que los beneficios económicos logrados por los jubilados y pensionados de la
empresa, en virtud de la aplicación de dicha ley se mantengan, pues esa ha sido
la intención de las disposiciones normativas y de la jurisprudencia analizada.
Admitida la demanda por auto de
fecha 10 de abril de 1997, emanado del Juzgado Segundo de Primera Instancia del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana
de Caracas (folio 456 pieza 1), se ordenó la citación de la accionada para dar
contestación a la misma en el término de ley.
Del folio 19 al 30 de la 2ª pieza,
cursa escrito suscrito por los abogados Luis Araque Benzo y Giuseppe Mauriello,
en su carácter de apoderados de la empresa C.A.N.T.V., de fecha 16 de junio de
1997, en el cual oponen cuestiones previas por falta de competencia del
tribunal, así como la ilegitimidad de la persona que se presenta como apoderado
o representante del actor, por no tener capacidad necesaria para ejercer
poderes en juicio. Oponen igualmente la ilegitimidad de la persona que se
presenta como apoderado o representante de los actores, dado que el poder no
está otorgado en forma legal y por último, opusieron la cuestión previa por
defecto de forma de la demanda y por
inepta acumulación de pretensiones.
Mediante escrito de fecha 27 de
junio de 1997 (folio 31 al 43 pieza 2), el ciudadano Jaime Albella O.,
Presidente de la
Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Teléfonos
de Venezuela (F.E.T.R.A.J.U.P.T.E.L.), asistido por el abogado William
Benshimol R., rechaza y contradice las cuestiones previas opuestas por la
demandada, promoviendo las pruebas conducentes en fecha 04 de julio de 1997
(folio 55 y 56 pieza 2), siendo estas admitidas en la misma fecha (folio 74
pieza 2).
En
fecha 04 de noviembre de 1998 (folio 88 al 128 pieza 2), el Tribunal Cuarto de
Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dicta sentencia
interlocutoria y declara sin lugar la cuestión previa opuesta por la demandada,
relativa a la incompetencia del tribunal por razón de la materia, contenida
ésta en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y como
consecuencia de ello, asume la competencia para conocer del presente asunto,
sin perjuicio al derecho que tienen las partes de solicitar la regulación de
competencia, según lo dispuesto en el artículo 67 eiusdem.
En fecha 23 de febrero de 1999
(folio 139 y 140 pieza 2), la parte demandada solicita la regulación de
competencia, remitiéndose el expediente al Juzgado Superior Cuarto del Trabajo
de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas,
en su carácter de distribuidor.
Mediante auto de fecha 08 de marzo
de 1999 (folio 379 pieza 2), fue recibido el expediente en el Juzgado Superior
Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana
de Caracas.
El Juzgado Superior Segundo del
Trabajo, antes identificado, en fecha 24 de marzo de 1999 (folio 380 al 386
pieza 2), resuelve la solicitud de regulación de competencia y la declara sin
lugar, conservando en consecuencia la competencia los tribunales laborales.
Recibido el expediente por el
Tribunal Cuarto de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 12 de
agosto de 1999 (folio 4 al 56 pieza 3), resuelve las restantes cuestiones
previas pendientes por efecto de la solicitud de regulación de competencia, y
declara con lugar la cuestión previa de ilegitimidad de la persona que se
presenta como apoderado o representante del actor, por no tener capacidad
necesaria para ejercer poderes en juicio y la ilegitimidad de la persona que se
presenta como apoderado o representante de los actores, porque el poder no está
otorgado en forma legal, todo ello contenido en el ordinal 3° del artículo 346
del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, declaró sin lugar las cuestiones
previas por defecto de forma de la demanda contenidas en el ordinal 6° del
artículo 346 eiusdem.
En fecha 15 de octubre de 1999
(folio 65 al 72 pieza 3), comparece ante el Tribunal de la causa la parte
demandante, a los efectos de subsanar las cuestiones previas, declaradas con
lugar.
Al folio 73 de la 3ª pieza, consta
escrito de fecha 21 de octubre de 1999, suscrito por la abogada Roshermari
Vargas Trejo, en donde solicita al Tribunal a-quo
declare extinguido el proceso, por cuanto el demandante no subsanó
correctamente las cuestiones previas declaradas con lugar, al no consignar los
instrumentos poderes de los tres mil trescientos diez (3.310) (sic) jubilados y
pensionados demandantes.
El Juzgado Cuarto de Primera
Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana
de Caracas, en fecha 25 de octubre de 1999 (folio 74 al 94, 3° pieza), dictó
sentencia declarando extinguido el proceso por la falta de subsanación de la
cuestión previa opuesta por la demandada, con fundamento en el ordinal 3° del
artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 27 de octubre de 1999
(folio 95, 3ª pieza), la parte demandante apela de la decisión de fecha 25 de
octubre de 1999.
En fecha
28 de febrero del año 2000 (folio 177 al 188 pieza 3), comparecen por ante el Juzgado Superior Sexto
del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana,
a los efectos de ratificar el mandato conferido al ciudadano Jaime Albella O.,
Presidente de la
Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de la Compañía
Anónima de Teléfonos de Venezuela (F.E.T.R.A.J.U.P.T.E.L.),
los ciudadanos Luis Rodríguez Dordelly, Nelly Colmenares de Mendoza, Aura
Méndez, Carmen Godoy, Carmen de Pisani, Ofelia de Figueroa, Juan José
Battaglini, Ramón Loreto y Jesús Miliam Espinoza, actuando todos en su carácter
de litisconsortes a la demanda principal, asistidos por el abogado Lombardo
Bracca López.
En fecha 13 de junio del año 2000
(folio 79 al 138, 4ª pieza), el Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia
sobre la apelación ejercida por la parte demandante en fecha 27 de octubre de
1999, contra el fallo de fecha 25 del mismo mes y año, que declaró extinguido
el proceso. En este sentido decidió: 1) Con lugar la apelación interpuesta; 2)
sin lugar la suspensión del proceso solicitada por la parte demandada; 3)
subsanadas las cuestiones previas previstas en el ordinal 3° del artículo 346
del Código de Procedimiento Civil, mediante el escrito presentado por la parte
demandante en fecha 15 de octubre de 1999; 4) revoca la decisión de fecha 25 de
octubre de 1999, emanada del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Trabajo de
la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y;
5.) ordena al Tribunal a quo fijar por auto expreso la oportunidad para
la contestación de la demanda para dentro de los cinco (05) días de despacho
siguientes al recibo del expediente.
Mediante escrito de fecha 27 de
junio del año 2000 (folio 147 pieza 4), la apoderada judicial de la parte
demandada anuncia recurso de casación contra la sentencia de fecha 13 de junio
del año 2000, dictada por el Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Por auto de fecha
14 de julio del mismo año (folio 153 y 154 pieza 4), el referido Tribunal,
niega la admisión del recurso de casación.
En fecha 20 de julio del año 2000,
la apoderada de la parte demandada ocurre de hecho para ante el Tribunal
Supremo de Justicia (folio 155, pieza 4), contra el auto de fecha 14 de julio
del mismo año.
Recibido el expediente en esta Sala
de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, se dicta sentencia en
fecha 23 de noviembre del año 2000 (folio 218 al 229 pieza 4), declarando sin
lugar el recurso de hecho incoado contra la decisión de fecha 14 de julio del
año 2000.
Llegada la oportunidad fijada para
la contestación a la demanda, comparecieron los abogados Luis Alfredo Araque,
Vicente Amado y Rhosermari Vargas Trejo, en su carácter de apoderados de la
empresa Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (C.A.N.T.V.), y
consignaron escrito en 20 folios útiles, insertos entre los folios 287 al 306
de la 4ª pieza.
Del folio 338 al 402 de la 4ª
pieza, consta escrito de promoción de pruebas y sus anexos, de fecha 13 de
febrero del año 2001, suscrito por los abogados Vicente Amado y Roshermari
Vargas Trejo, en su carácter de apoderados de la parte demandada. Por su parte,
los abogados Vicenta López Mendoza, Leopoldo Encinozo Lavieri, Marinela Guanipa
Acosta y Álvaro Daniel Garrido, en su condición de apoderados de la parte
actora, presentaron escrito de promoción de pruebas cursantes a los folios 403
al 449 de la pieza 4, siendo sus anexos agregados por separado en cuadernos de
recaudos, según consta en auto de fecha 19 de febrero del año 2001 (folio 450
pieza 4).
En fecha 12 de marzo del año 2001
(folio 9 pieza 5), la parte demandante se opone a la admisión de las pruebas de
la parte demandada.
Mediante auto de fecha 19 de marzo
del año 2001 (folio 14 pieza 5), se admiten las pruebas promovidas por las
partes.
Mediante auto de fecha 19 de marzo
del año 2001 (folio 16 pieza 5), el Juzgado Primero de Primera Instancia del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana
de Caracas, niega la oposición hecha por la parte actora, contra las pruebas
promovidas por la demandada en fecha 12 de marzo del año 2001.
En fecha 25 de abril del año 2001 (
folio 101 al 114 pieza 5), comparecen por ante el Juzgado Primero de Primera
Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana,
en condición de partes litisconsorciales con la demanda principal los
ciudadanos Luis Rodríguez Dordelly, Nelly Colmenares de Mendoza, Aura Méndez,
Carmen de Pisani, Gladys Fuentes, María Morales, María Gutiérrez, Ramón Loreto
y Jesús Milián Espinoza, Juan José Battaglini y Guillermo Rojas Chirinos, todos
asistidos por la abogada Marisol Nogales Zamora, a objeto de introducir demanda
litisconsorcial.
Consta en los folios 3 al 9 pieza
6, escrito de conclusiones de fecha 30 de abril del año 2001, suscrito por los
abogados Luis Alfredo Araque Benzo, Blas Rivero, María Mercedes Arrese-Igor y
Mariana Roso Quintana, en el carácter de apoderados de la parte demandada.
Asimismo consta desde los folios 25
al 63, escrito de conclusiones de fecha 30 de abril del año 2001, suscrito por
los abogados Vicenta López Mendoza, Marinela Guanipa Acosta, Álvaro Daniel
Garrido y Leopoldo Encinozo Lavieri, con el carácter de apoderados de la parte
actora.
En fecha 09 de mayo del año 2001
(folios 69 y 70 pieza 6), las partes litisconsortes en este procedimiento,
solicitan la admisión de la demanda litisconsorcial.
Por auto de fecha 30 de octubre del
año 2001 (folio 34 pieza 7), el Juzgado Noveno de Primera Instancia del Trabajo
de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas,
admite la solicitud planteada en fecha 25 de abril del mismo año, aceptando de
acuerdo a lo establecido en el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil,
la intervención como terceros adhesivos en el juicio de los ciudadanos, Luis
Rodríguez Dordelly, Nelly Colmenares de Mendoza, Aura Méndez, Carmen de Pisani,
Gladys Fuentes, María Morales, María Gutiérrez, Ramón Loreto, Jesús Miliam
Espinoza, Juan José Battaglini, Guillermo Rojas Chirinos y José Chacón.
En fecha 22 de abril del año 2003,
la abogada Marisol Nogales Zamora, solicita por ante la Secretaría de la Sala de Casación Social de
este Tribunal Supremo de Justicia, el avocamiento de la causa, siendo declarada
con lugar su petición en fecha 16 de octubre del año 2003.
En
sentencia de fecha 7 de septiembre de 2004, esta misma Sala de Casación Social,
decide el mérito del avocamiento, declarando sin lugar la demanda propuesta por
la
Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Teléfonos
de Venezuela (F.E.T.R.A.J.U.P.T.E.L.), y sin lugar igualmente, las demandas que
por vía de terceros interesados intentaron los ciudadanos LUIS RODRÍGUEZ
DORDELLY, NELLY COLMENARES DE MENDOZA, AURA MÉNDEZ, CARMEN DE PISANI, GLADYS
FUENTES, MARÍA MORALES, MARÍA GUTIÉRREZ, RAMÓN LORETO, JESÚS MILÍAM ESPINOZA,
JUAN JOSÉ BATTAGLINI, GUILLERMO ROJAS CHIRINOS y JOSÉ CHACÓN, titulares de las
cédulas de identidad números 2.107.302, 2.082.782, 2.117.564, 1.859.550,
144.439, 3.728.047, 1.660.802, 1.888.140, 1.495.840, 1.812.677, 1.415.194,
4.630.885, 3.232.501, 1.906.617 y 2.962.354, respectivamente.
Contra la
identificada decisión, en fecha 21 de octubre de 2004, el abogado Lombardo
Bracca López, en representación de los ciudadanos supra identificados, interpuso solicitud de revisión ante la Sala Constitucional
de este Tribunal Supremo de Justicia.
En fecha
25 de enero de 2005, la
Sala Constitucional decide la solicitud, ponderando ha lugar
la misma y declarando la nulidad de la sentencia sujeta a revisión, remitiendo
el expediente a esta Sala de Casación Social, a efecto que dicte un nuevo
fallo.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Debe
preliminarmente advertir esta Sala, que la presente decisión se soporta
estrictamente en su construcción argumental, conteste con los lineamientos
esbozados por la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su
sentencia de fecha 25 de enero de 2005, signada con el Nº 03, ello, en
acatamiento al carácter vinculante de la potestad de revisión atribuida a la Sala Constitucional
de este Tribunal Supremo de Justicia (artículo 336, numeral 10 de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela).
PUNTO PREVIO
La
empresa demandada expuso en su escrito de la litiscontestación, lo siguiente:
“En
el supuesto negado que este tribunal considere que la pretensión de FETRAJUPTEL de extender los
aumentos dados a los trabajadores activos en las convenciones colectivas de los
años 1993, 1995, 1999 y el laudo arbitral de 1997, a los terceros
relacionados en el libelo de la demanda como supuestos pensionados y jubilados
de la demandada, oponemos la prescripción de la acción intentada en atención a lo
dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, es decir, la de un año.
Para
el supuesto negado que este Tribunal considere que la anterior prescripción
prevista en la Ley
Orgánica del Trabajo, no sea la aplicable oponemos la
prescripción prevista en el artículo 1980 del Código Civil, que señala que
prescribe a los tres (3) años todo cuanto deba pagarse por años o por plazos
periódicos más cortos (Ver sentencia de la Sala de Casación Social del 29 de mayo del año en
curso identificada anteriormente). En
tales casos, cada pago periódico tiene su propio lapso de prescripción. Así en
el supuesto negado de que mi representada tuviese que cancelar cantidades
correspondientes a ajustes por pagos periódicos hechos anteriormente, tal
obligación solo podría ser exigida por lo que respecta a los pagos periódicos
cuyo pago no se encuentra prescrito”.
De la transcripción precedentemente
expuesta, se observa que la parte demandada opone la prescripción de la
presente acción con fundamento en lo establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica
del Trabajo, el cual establece que “Todas
las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse
un (1) año contado desde la terminación de la prestación de los servicios”.
Continúa señalando la parte demandada, que para el supuesto negado que se
considere que la anterior prescripción no sea la aplicable al caso, se opone la
prescripción de la acción establecida en el artículo 1.980 del Código Civil, la
cual señala que el lapso de prescripción es de tres (3) años, para todo cuanto
deba pagarse por años o por plazos periódicos más cortos.
Pues
bien, constata la Sala
al Capítulo VI del escrito de contestación, calificado “De la prescripción de
la acción propuesta”, una diáfana carencia en la motivación o sustento de dicha
defensa de fondo, limitándose a señalar la demandada que “tal obligación sólo
podrá ser exigida por lo que respecta a los pagos periódicos cuyo pago no se
encuentra prescrito”, omitiendo indicar cuáles son esos pagos que se consideran
ya prescritos, por lo que, al no poder esta Sala de Casación Social, suplir
argumentos no alegados por la misma, debe declarar improcedente la invocada
defensa de fondo relativa a la prescripción de la acción. Así se decide.
DE LA DECISIÓN DE LA SALA CONSTITUCIONAL
Ahora
bien, la sentencia Sala Constitucional sostuvo como base conceptual lo
siguiente:
“En primer lugar, la Sala constata que la Sala de Casación Social con
fundamento en sentencias número 483 del 29 de mayo de 2000 (Caso: Queremos
Elegir y Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de febrero-marzo
de 1.989 (C.O.F.A.V.I.C.) y número 656 del 30 de junio de 2000 (Caso:
Defensoría del Pueblo) acertadamente estimó que: "...el carácter colectivo
o difuso de los intereses en juego, cuya representación fuera asumida por la
demandante, concierne a personas indeterminadas y no, como en este caso, a
individuos perfectamente particularizados e identificados". En efecto, en
las decisiones anteriormente citadas y en sentencia número 3.648 del 19 de
diciembre de 2003, la Sala
realizó una síntesis con fundamento en los precedentes sentados en distintas
oportunidades, referida a los derechos e intereses colectivos o difusos y en
ella se indicó que: “en materia de indemnizaciones por intereses colectivos,
ellas sólo pueden ser pedidas por las personas jurídicas para sus miembros
constituidos conforme a derecho, y los particulares para ellos mismos, al
patentizar su derecho subjetivo, sin que otras personas puedan beneficiarse de
ellas; pero en lo referente a la condena sin indemnización, al restablecimiento
de una situación común lesionada, los otros miembros del colectivo pueden
aprovecharse de lo judicialmente declarado, si así lo manifestaren”.
Ahora bien, dado que
el presupuesto de los intereses colectivos y difusos es la uniformidad de
intereses, bien de sujetos indeterminados, como de grupos sociales
determinados, en una sola dirección y con un mismo propósito, lo cual pareciera
no ocurrir en el presente caso ya que aquí podría producirse un fallo que
lesione el interés jurídico de otro sector de la sociedad no representado por
los hoy peticionantes. Lo anterior, en modo alguno significa que su pretensión
no pueda ser satisfecha judicialmente. Por el contrario, la misma ha de serlo mediante
la utilización de medios que permitan la contención del interesado en los
resultados del juicio y no mediante la acción de intereses colectivos tal y
como apreció la sentencia sometida a revisión de la Sala, en la cual se aceptó la
legitimidad de los solicitantes como particulares, esto es el que posee
cualquier ciudadano de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela en garantía de su derecho de petición y de acceso a una tutela
judicial efectiva consagradas en el texto constitucional.
Precisado lo anterior,
observa la Sala,
que lo que peticionado por la parte actora ante la Sala de Casación Social fue
que la
Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (C.A.N.T.V.)
ajustase las pensiones que venían recibiendo los jubilados y pensionados de
dicha compañía, según los aumentos contractuales obtenidos por los trabajadores
activos.
Ahora bien, aprecia la Sala que la decisión objeto
de revisión tuvo como fundamento “el que la privatización de C.A.N.T.V., colocó
a esta empresa fuera del ámbito de aplicación de la Ley del Estatuto sobre el
Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración
Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, de
manera que dicha Ley no es aplicable a la C.A.N.T.V., a raíz y a partir de su
privatización ocurrida el 3 de diciembre de 1991, fecha correspondiente al
documento de compraventa de acciones cursantes en autos” y por ello estimó que
lo solicitado por los hoy demandantes en aplicación de la Ley del Estatuto sobre el
Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración
Pública Nacional de los Estados y de los Municipios, carecía
de fundamento.
Observa la Sala, que por remisión
expresa del artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, el sistema de seguridad social se encuentra regulado por una Ley
Orgánica especial que en la actualidad es la Ley Orgánica
del Sistema de Seguridad Social, publicada en la Gaceta Oficial Nº
37.600 del 30 de diciembre de 2002, la cual derogó el Decreto con Rango y
Fuerza de Ley Nº 425, que regula el Subsistema de Salud, publicado en la Gaceta Oficial Nº
5.398, Extraordinario, del 26 de octubre de 1999; el Decreto con Rango y Fuerza
de Ley Nº 366, que regula el Subsistema de Paro Forzoso y Capacitación Laboral,
publicado en la Gaceta
Oficial Nº 5.392, Extraordinario, del 22 octubre de 1999, y
el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Nº 426 que regula el Subsistema de
Pensiones, publicado en la
Gaceta Oficial Nº 5.398, Extraordinario, del 26 de octubre de
1999. De la misma manera se observa que la Ley Orgánica
del Sistema de Seguridad Social, dispone en su
artículo 134 lo siguiente:
“Artículo 134. Hasta tanto se promulgue la Ley que regule el Régimen Prestacional de
Pensiones y Otras Asignaciones Económicas, se mantiene vigente la Ley del Estatuto sobre el
Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración
Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios,
publicada en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela N° 3.850 Extraordinario,
de fecha 18 de julio de 1986 y su reglamento, en cuanto sus disposiciones no
contraríen las normas establecidas en la presente Ley”.
Observa la Sala que las disposiciones
anteriormente referidas no fueron tomadas en consideración por la Sala de Casación Social, en
la sentencia que dictó el 7 de septiembre de 2004.
De la misma manera,
indicó la sentencia sometida a revisión que al caso de autos no resultaba
aplicable la disposición del artículo 23 de la Ley de Privatizaciones, promulgada el 10 de marzo
de 1992, que indica lo siguiente:
“La
privatización de cualquier ente, compañía o instituto del Estado, no puede
afectar los derechos de los trabajadores en su relación laboral.
Parágrafo Único: Las convenciones colectivas, usos y costumbres laborales
así como los derechos adquiridos de los trabajadores no podrán ser
desmejorados, salvo que sean sustituidos por otros beneficios que en su
totalidad superen o por lo menos mantengan la misma amplitud de los derechos
vigentes para la fecha anterior a la privatización”.
La Sala de Casación Social indicó
que la norma anterior no abarca “derechos de ex trabajadores provenientes de
una jubilación convencional.” y concluyó que el “estado jurídico de ser jubilado,
es esencialmente distinto al del trabajador, y por ello no cabe a favor del
jubilado o pensionado, así como ni de sus familiares beneficiarios de la
jubilación que nunca fueron trabajadores, indicados en el artículo 13 del Anexo
“C” de la
Contratación Colectiva, una interpretación extensiva del
artículo 23 de la Ley
de Privatizaciones cuyo texto se circunscribe a fin de preservar los derechos
de los trabajadores solamente”.
La anterior
afirmación sirvió como fundamento para
desechar la demanda de los ciudadanos Luis Rodríguez Dordelly, Nelly Colmenares
de Mendoza, Aura Méndez, Carmen de Pisani, Gladys Fuentes, María Morales, María
Gutiérrez, Ramón Loreto, Jesús Milián Espinoza, Juan José Battaglini, Guillermo
Rojas Chirinos y José Chacón, en su condición de jubilados de la referida
empresa, sin entrar a analizar los montos de las jubilaciones que éstos reciben
de la misma y el fundamento de su pretensión.
En efecto, observa
esta Sala que la sentencia que dictó el 7 de septiembre de 2004 la Sala Casación
Social, tal y como se señaló anteriormente, con fundamento en disposiciones
legales dictadas bajo la vigencia de la Constitución de 1961, infringió lo dispuesto en
el artículo 89 de la
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, el cual consagra lo siguiente:
“Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del
Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales,
morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el
cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes
principios:
Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y
progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones
laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias.
Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o
convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible
la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad
con los requisitos que establezca la ley.
Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o
concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma
se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se
aplicará en su integridad.
Toda medida o acto del patrono contrario a esta Constitución es nulo y no
genera efecto alguno.
Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones
de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición.
Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su
desarrollo integral. El Estado los o las protegerá contra cualquier explotación
económica y social”.
Debe
precisar esta Sala que al establecerse una distinción entre un funcionario
público y un trabajador de la empresa privada, en virtud de la privatización de
la referida empresa y posteriormente entre la condición de trabajador y la de
jubilado, la decisión objeto de examen resulta discriminatoria e infringe el
derecho a la igualdad consagrado en el artículo 26 de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela, desconociendo
precisamente la naturaleza progresiva e intangible de los derechos laborales.
De la misma manera, se desconoció la intención del constituyente consagrada en
la referida norma, que hace prevalecer la realidad sobre las formas o
apariencias en materia laboral.
Al respecto, esta Sala
Constitucional, en sentencia número 708 del 10 de mayo de 2001 (Caso: Juan
Adolfo Guevara y otros), declaró:
“…Observa esta Sala, que el artículo 26 de la Constitución
vigente, consagra de manera expresa el derecho a la tutela judicial efectiva,
conocido también como la garantía jurisdiccional, el cual encuentra su razón de
ser en que la justicia es, y debe ser, tal como lo consagran los
artículos 2 y 3 eiusdem, uno de los valores fundamentales presente en todos los
aspectos de la vida social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento
jurídico y constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en
garantía de la paz social. Es así como el Estado asume la administración de
justicia, esto es, la solución de los conflictos que puedan surgir entre los
administrados o con la
Administración misma, para lo que se compromete a organizarse
de tal manera que los mínimos
imperativos de la justicia sean
garantizados y que el acceso a los órganos de administración de justicia
establecidos por el Estado, en cumplimiento de su objeto, sea expedito para los
administrados.
El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende
el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia
establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también
el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas,
los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los
particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el
contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente
Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de
formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento
fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado
social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde
se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos
o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las
instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea
una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por
ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo
26 constitucional instaura.
La conjugación de artículos como el 2, 26 ó 257 de la Constitución
de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio
de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera
imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o
reposiciones inútiles.
[omissis]
Ha dicho esta Sala, reiteradamente, que los errores de juzgamiento en que
pueda incurrir el juez en el cumplimiento de su función, en la escogencia de la
ley aplicable o en su interpretación, o en la apreciación de los hechos que se
les someten y las infracciones legales, sólo será materia a conocer por el juez
constitucional cuando constituyan, a su vez, infracción directa de un derecho
constitucionalmente garantizado”. (subrayado añadido).
De la
misma manera, esta Sala Constitucional constata que la Sala de Casación Social no
tomó en cuenta ni analizó las disposiciones contenidas en los artículos 80 y 86
de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela, en los que se consagra lo
siguiente:
“Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y
ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la
participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar
su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los
beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las
pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no
podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas
se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que
manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello”.
“Artículo 86. Toda persona tiene derecho a la seguridad social como
servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure
protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez,
enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos
laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad,
vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra
circunstancia de previsión social. El Estado tiene la obligación de
asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social
universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y
participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad
contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Los
recursos financieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros
fines. Las cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores y las
trabajadoras para cubrir los servicios médicos y asistenciales y demás
beneficios de la seguridad social podrán ser administrados sólo con fines sociales
bajo la rectoría del Estado. Los remanentes netos del capital destinado a la
salud, la educación y la seguridad social se acumularán a los fines de su
distribución y contribución en esos servicios. El sistema de seguridad
social será regulado por una ley orgánica especial”.
El concepto de
seguridad social consagrado en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela debe ser entendido como un sistema que abarca toda una estructura
que integra entes de derecho público-sistema de asistencia y seguridad social,
configurado bajo el régimen único de seguro social entendido, en su acepción
tradicional- al igual que el régimen privado, cuyo objeto común es garantizar
la obtención de los medios económicos suficientes para cubrir las necesidades
básicas de los ciudadanos titulares del derecho a pensiones y jubilaciones. En
consecuencia, resulta obligatoria la aplicación del artículo 80 de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela a los diferentes entes de
derecho público o privado, distintos de la República, que hayan implementado mecanismos
alternativos de pensiones y jubilaciones, por ser considerados como parte integrante
del actual sistema de seguridad social, inclusive aquellos derivados de las
contrataciones colectivas o laudos arbitrales, como es el caso, determinando
que, según lo dispuesto en dicha norma, el monto que pagan los sistemas
alternativos de jubilaciones y pensiones a sus beneficiarios no puede ser
inferior al salario mínimo urbano. En este contexto cabe destacar que, el
principio de la
Seguridad Social es de orden público y no se puede modificar
ni por convención colectiva ni por convenio entre particulares. En tal sentido,
esta Sala ha indicado en decisión número 85 del 24 de enero de 2002 (Caso:
Asodeviprilara) que:
“...el
Estado Social de Derecho no sólo crea deberes y obligaciones para el Estado,
sino también en los particulares, los cuales -conforme a las normas
transcritas- serán de mayor exigencia cuando el sector privado
incide en áreas socio-económicas. La protección que
brinda el Estado Social de Derecho, varía desde la defensa de intereses
económicos de las clases o grupos que la ley considera se encuentran en una
situación de desequilibrio que los perjudica, hasta la defensa de valores
espirituales de esas personas o grupos, tales como la educación (que es
deber social fundamental conforme al
artículo 102 constitucional), o la salud (derecho social fundamental
según el artículo 83 constitucional), o la protección del trabajo,
la seguridad social y el derecho a la vivienda (artículos 82, 86 y 87
constitucionales), por lo que el interés social gravita sobre actividades tanto
del Estado como de los particulares, porque con él se trata de evitar un
desequilibrio que atente contra el orden público, la dignidad humana y la
justicia social. (Ver
sentencia 2403 de esta Sala de 27-11-01).
Se trata de evitar los perjuicios derivados de una desigualdad en las
relaciones, proveniente de que una de
las partes se encuentra en una posición dominante ante otras que forman un
grupo o una clase social, por lo que dichas relaciones, de carecer de tutela
efectiva, generarían una situación desproporcionadamente ventajosa para quien
se encuentra naturalmente en la posición dominante sobre los miembros de las
clases o grupos que en tal relación, les correspondería estar en situación de
inferioridad. No se trata sólo de
la desproporción que puede existir entre el poderoso económico que explota a
los menesterosos, sino que puede ocurrir en otras relaciones donde por motivos
tecnológicos o de otra índole, una
de las partes del contrato, debido a su
posición, lesiona en su calidad de vida, al otro contratante, quien
incluso podría formar parte del grupo privilegiado, pero que en este tipo de
relación queda igualado a la masa explotable.
Ello puede ocurrir -por ejemplo- con consumidores de bienes, cuya
publicidad masiva y subliminal los presiona inconscientemente a su adquisición;
o con usuarios de servicios públicos necesarios o de bienes esenciales de
amplia distribución, que no reciben dichos servicios o bienes en la calidad y
condiciones requeridas, ni dentro de una relación de armonía entre lo recibido
y lo pagado por ello; o con aquellos a quienes colectivamente se les sorprende
en la buena fe, al no prestarles la información comprensible y necesaria,
abusando de la ignorancia y obteniendo sobre ellas leoninas ventajas”.
En consecuencia, la
protección que el Estado brinda al hecho social trabajo, incide directamente en
el contexto de toda la sociedad, ya que ello puede conllevar a un alto índice
de desempleo y una serie de inconvenientes colaterales socioeconómicos que de
mantenerse causarían daños, tanto a los trabajadores, como a los entes públicos
vinculados al caso. Tal protección no debe excluir a quienes ostenten la
cualidad de pensionados o jubilados, ya que el cobro de las pensiones de
jubilación forma parte del carácter irrenunciable del que gozan los derechos
laborales previstos en el Texto Fundamental.
A juicio de la Sala, se encuentra que la
jubilación se incluye en el derecho constitucional a la seguridad social que
reconoce el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela -artículo 94 y 2 de la
Enmienda de la Constitución de 1961- como pensión de vejez para
la persona que cumplió con los requisitos de edad y años de servicio para que
sea recipendiaria de tal beneficio de orden social, pues su espíritu es,
precisamente, garantizar la calidad de vida del funcionario público o trabajador privado, una vez que es jubilado.
En ese sentido, la Sala considera que la pensión
de jubilación, por definición, si bien debe ser calculada sobre la base de los
últimos sueldos que percibió el beneficiario de la misma, no puede ser inferior
al salario mínimo urbano, tal y como lo ordena el artículo 80 de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela. De allí que, en el caso
de autos, al no tomarse en cuenta ni considerar el cumplimiento de la
disposición constitucional para el cálculo de las pensiones de jubilación, se
vulneró ese derecho constitucional.
De la misma manera,
cónsono con lo expuesto precedentemente, se aprecia que la decisión sometida a
revisión de la Sala
vulneró el carácter irrenunciable del que gozan los derechos laborales, al
excluir a quienes ostenten la cualidad de pensionados o jubilados del beneficio
de los aumentos en las pensiones de jubilación proporcionales a los incrementos
salariales que reciban los trabajadores activos de la Compañía
Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela producto de las
contrataciones colectivas.
Ciertamente, como se
ha indicado en diversas oportunidades, la Sala no puede desconocer el valor social y
económico que tiene la jubilación, pues ésta sólo se obtiene luego que una
persona dedica su vida útil al servicio de un empleador, y conjugado con la
edad –la cual coincide con el declive de esa vida útil- el beneficio de la
jubilación se configura como un logro a la dedicación de un esfuerzo que se
prestó durante años. Así, se ha entendido que el objetivo de la jubilación es
que su titular –que cesó en sus labores diarias de trabajo- mantenga la misma o
una mayor calidad de vida de la que tenía, producto de los ingresos que ahora
provienen de la pensión de jubilación, con la finalidad de asegurar una vejez
cónsona con los principios de dignidad que recoge el Texto Fundamental en su
artículo 80 de la
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, que reza:
“Artículo
80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus
derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias
y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les
garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que
eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas
mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario
mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un
trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en
capacidad para ello”. (Resaltado de la
Sala).
Esta noción de
jubilación fue infringida en el caso de autos, por cuanto, como se observó
anteriormente, la pensión de jubilación de los demandantes, en aquellos casos
que resulte inferior al salario mínimo urbano, debe igualarse al mismo para así
dar efectividad y contenido al postulado plasmado en el artículo 80 de la Carta Fundamental.
De la misma manera, las pensiones que reciban los jubilados y pensionados
deberán incrementarse en la medida en que se produzcan aumentos para los
trabajadores activos. Así se decide.
Por otra parte, si
bien la referida empresa está obligada a negociar y celebrar nuevas convenciones
colectivas con las organizaciones sindicales más representativas de los
trabajadores de la misma, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 514 de la Ley Orgánica
del Trabajo, una vez que culmine la vigencia de las convenciones colectivas que
en la actualidad rigen la relación laboral entre los trabajadores y la Compañía
Anónima Teléfonos de Venezuela; y visto que según lo previsto
en el artículo 96 constitucional y en la vigente legislación laboral, ni el
constituyente de 1999 ni el legislador de 1997 reconocieron a las asociaciones
de jubilados y pensionados legitimación para negociar y celebrar convenciones
colectivas con sus antiguos patronos, lo cual está reservado hasta hoy día a
las organizaciones sindicales que representen a la mayoría absoluta de los
trabajadores (materia de estricta reserva legal-artículos 96 y 156.32 del Texto
Constitucional-, que mal podría ser innovada por esta Sala), este Tribunal sin
embargo declara que lo anterior no impide que las asociaciones de jubilados y
pensionados tengan la posibilidad, en virtud del carácter irrenunciable del que
gozan los derechos laborales, de participar en las discusiones sindicales y
exigir de los sindicatos la inclusión de sus propuestas en la negociación de la
contratación colectiva. Así finalmente se declara”.
Así,
en el marco de la sentencia de la Sala Constitucional
transcrita, desglosa esta Sala, las bases jurídicas constitutivas de la
resolución de la presente controversia, observando:
En
primer término, extrae esta Sala, que el conglomerado de personas que pudieran
favorecerse de los efectos de la presente decisión y naturalmente, de la
proferida por la
Sala Constitucional, se encuentran delimitadas ab initio,
por los ciudadanos Luis Rodríguez Dordelly, Nelly Colmenares de Mendoza, Aura
Méndez, Carmen de Pisani, Gladys Fuentes, María Morales, María Gutiérrez, Ramón
Loreto, Jesús Miliam Espinoza, Juan José Battaglini, Guillermo Rojas Chirinos,
José Chacón, Gavriel Vitoria, Ramona de Estrada y Felipe Marcano, titulares de las cédulas de identidad números
2.107.302, 2.082.782, 2.117.564, 1.859.550, 144.439, 3.728.047, 1.660.802,
1.888.140, 1.495.840, 1.812.677, 1.415.194, 4.630.885, 3.232.501, 1.906.617 y
2.962.354, respectivamente; y correspondería en todo caso, al
universo restante de ciudadanos que se atribuyan la condición de jubilados de
la sociedad mercantil Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, y
ponderen como lesionados sus derechos e intereses en el marco de la actual
decisión, acceder a los órganos jurisdiccionales de manera autónoma a los fines
de garantizar su derecho de petición y en general, a la tutela judicial
efectiva.
Y
en efecto, la Sala
Constitucional de este Supremo Tribunal de Justicia, enervó
la posibilidad que la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de
Teléfonos de Venezuela (F.E.T.R.A.J.U.P.T.E.L.), como los jubilados interesados,
hubieren intentado la presente acción en el ámbito de los llamados intereses
colectivos o difusos, ello, en el entendido, que “(...) la Sala de Casación Social con
fundamento en sentencias número 483 del 29 de mayo de 2000 (Caso: Queremos
Elegir y Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de febrero-marzo
de 1.989 (C.O.F.A.V.I.C.) y número 656 del 30 de junio de 2000 (Caso:
Defensoría del Pueblo) acertadamente estimó que: "...el carácter colectivo
o difuso de los intereses en juego, cuya representación fuera asumida por la
demandante, concierne a personas indeterminadas y no, como en este caso, a
individuos perfectamente particularizados e identificados". Indicando
además la sentencia de marras, que“(…)
el presupuesto de los intereses colectivos y difusos es la uniformidad de
intereses, bien de sujetos indeterminados, como de grupos sociales
determinados, en una sola dirección y con un mismo propósito, lo cual pareciera
no ocurrir en el presente caso ya que aquí podría producirse un fallo que
lesione el interés jurídico de otro sector de la sociedad no representado por
los hoy peticionantes. Lo anterior, en modo alguno significa que su pretensión
no pueda ser satisfecha judicialmente. Por el contrario, la misma ha de serlo
mediante la utilización de los medios que permitan la contención del interesado
en los resultados del juicio y no mediante la acción de intereses colectivos
tal como apreció la sentencia sometida a revisión de la Sala, en la cual aceptó la
legitimidad de los solicitantes como particulares, esto es el que posee
cualquier ciudadano de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela en garantía de su derecho de petición y de acceso a una tutela
judicial efectiva consagradas en el texto constitucional”.
Así
las cosas, la sentencia de la Sala Constitucional que como se explicó, comporta
la aplicación de manera vinculante para esta Sala de la doctrina jurídica en
ella explanada, concluyó, que los ciudadanos precedentemente referidos en su
carácter de interesados en la presente acción, les asistía el derecho a
percibir aumentos en sus pensiones de jubilación en forma proporcional a los
incrementos salariales que reciben los trabajadores activos de la Compañía
Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, en sujeción a las
estipulaciones contenidas en las Convenciones Colectivas de Trabajo.
Adicionalmente
previó para aquellos casos en los que la pensión de jubilación de los
demandantes, resultare inferior al salario mínimo urbano, la nivelación de ésta
a dicho parámetro, dándosele así plena eficacia al postulado inserto en el
artículo 80 de la
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela.
De
forma que, conteste con las premisas enunciadas sub iudice, forzoso es para esta Sala de Casación Social, declarar
con lugar la pretensión de los ciudadanos Luis Rodríguez Dordelly, Nelly
Colmenares de Mendoza, Aura Méndez, Carmen de Pisani, Gladys Fuentes, María
Morales, María Gutiérrez, Ramón Loreto, Jesús Miliam Espinoza, Juan José
Battaglini, Guillermo Rojas Chirinos, José Chacón, Gavriel Vitoria, Ramona de
Estrada y Felipe Marcano, titulares de
las cédulas de identidad números 2.107.302, 2.082.782, 2.117.564, 1.859.550,
144.439, 3.728.047, 1.660.802, 1.888.140, 1.495.840, 1.812.677, 1.415.194,
4.630.885, 3.232.501, 1.906.617 y 2.962.354, respectivamente, con
relación al ajuste de sus pensiones de jubilación.
III
DE LA EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA
Observa
la Sala, que aun
cuando la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como se
advirtió, restringe consecuencialmente los efectos del presente fallo a los
ciudadanos antes nombrados, deviene sin embargo esencial en aras de garantizar
el derecho a una tutela judicial efectiva y fomentar una justicia accesible,
idónea, responsable, sin dilaciones indebidas, equitativa y expedita,
escudriñar con relación a la condición deducida en juicio de la citada
Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Teléfonos de Venezuela
(F.E.T.R.A.J.U.P.T.E.L.).
Así se tiene, que la mencionada
Federación, reclama una sentencia de condena a favor de terceras personas, a
saber, los supuestos jubilados que se enumeran en el libelo de demanda, lo cual
hace presumir que asume en nombre propio un derecho ajeno, pues los titulares
de la relación o estado jurídico invocado se configurarían en el universo de
jubilados, para lo cual, es decir, asumir legítimamente la representación de
sus agremiados, han debido agotarse las reglas de la representación en juicio.
Lógicamente, constituyendo la
jubilación un derecho personalísimo, la exigencia de su concreción pecuniaria
(la pensión), recae exclusivamente en quien se arroga titular de dicha
condición jurídica y no puede un tercero hacer valer como propio, tal derecho.
La postura esgrimida fue asumida
por la Sala, en
sentencia de fecha 25 de marzo de 2004, previendo:
“Así las cosas, debe la Sala resaltar, que si bien es
cierto que en la esfera jurídica de las atribuciones de los sindicatos, están
implícitas aquellas orientadas a la defensa de los trabajadores, tal ejercicio
de defensa se sustrae fundamentalmente, al desarrollo de la libertad sindical,
y específicamente, al acometimiento de los contenidos esenciales de la misma, a
saber, el derecho a la sindicación y la actividad sindical.
Pero, más allá del campo de
acción colectivo antes referido, los sindicatos tienen legalmente atribuida la
potestad de representar y defender a sus afiliados y aun aquellos trabajadores
que no lo sean, en el ejercicio de sus derechos e intereses individuales, sólo
que cuando tal representación y defensa se ejerce por ante los órganos
jurisdiccionales competentes, deben garantizarse los requisitos de
representación judicial.
Ello se infiere, del alcance y
contenido del literal d) del artículo 408 de la Ley Orgánica
del Trabajo, refiriendo:
“(...) Representar y defender
a sus miembros y a los trabajadores que lo soliciten, aunque no sean miembros
del sindicato, en el ejercicio de sus intereses y derechos individuales en los
procedimientos administrativos que se relacionen con el trabajador, y, en
los judiciales sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la
representación; y, en sus relaciones con los patronos (...)” (Subrayado de la Sala).
Así, para asumir la defensa legítima de los trabajadores (afiliados o no
al respectivo sindicato) en sus derechos subjetivos y personales y, en el
ámbito jurisdiccional, deben satisfacerse los extremos de ley para la
representación, predominantemente, el conferir mandato expreso cada uno de los
trabajadores afectados al Sindicato correspondiente.
El artículo 47 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, indica:
“Las partes podrán actuar en el proceso mediante apoderado, debiendo estar
éstos facultados por mandato o poder, el cual deberá constar en forma
auténtica. (...).
En el presente juicio, la accionante (el Sindicato), se arroga la
representación de un supuesto universo de trabajadores que peticionan su
derecho a la jubilación, sin embargo, no evidencia esta Sala de los autos que
rielan (sic) al expediente, el otorgamiento del respectivo poder por parte de
los trabajadores al Sindicato para que asumiera la defensa de éstos (de sus
derechos subjetivos).
Bajo esta misma línea argumental, debe señalarse, que al pretender
constituir la parte actora un litisconsorcio activo genérico, es decir, sin
especificar las condiciones de tiempo, modo y lugar propias de la pretensión
individualizada de los trabajadores en litigio, se atenta palmariamente contra
el derecho a la defensa de la parte demandada.
En conclusión, la recurrida violenta
el mandato contenido en el artículo 47 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, por falta de aplicación, y genera en la Sala, la obligación de
declarar inadmisible la presente demanda, ello, por la falta manifiesta de
representación exteriorizada en el actual proceso. Así se decide.” (Sentencia
de la Sala de
Casación Social, de fecha 25 de marzo de 2004, Sindicato Nacional de
Trabajadores, Caballericeros, Aprendices, Capataces, Serenos de Cuadra
Similares y Conexos de Venezuela contra Instituto Nacional de Hipódromos.).
De manera que, al no constar en
autos los instrumentos poder de cada uno de los presuntos jubilados, de los
cuales se desprenda mandato suficiente para que la Federación Nacional
de Jubilados y Pensionados de Teléfonos de Venezuela (F.E.T.R.A.J.U.P.T.E.L.),
los represente en juicio, y en tal sentido, hiciera valer sus derechos e
intereses supuestamente conculcados, la falta de cualidad de dicha Federación, resulta
elocuente, tal como lo precisara al menos indirecta o implícitamente, la Sala Constitucional
de este Máximo Tribunal.
Dilucidado
para la Sala, lo
referente a la falta de cualidad de la Federación, estima entonces como fundamental
precisar, la situación jurídica de otras personas o ciudadanos, que no
aprovechándose directamente de los efectos del actual fallo, estarían
compelidos a incoar una acción de manera autónoma ante los órganos
jurisdiccionales.
En efecto, el universo de los
tentativos jubilados tendrían la carga de intentar por ante los tribunales de la República, una
nueva acción para satisfacer sus derechos e intereses y, lógicamente, la
pretensión que por intermedio de la presente decisión han materializado, los
ciudadanos Luis Rodríguez Dordelly, Nelly Colmenares de Mendoza, Aura Méndez,
Carmen de Pisani, Gladys Fuentes, María Morales, María Gutiérrez, Ramón Loreto,
Jesús Miliam Espinoza, Juan José Battaglini, Guillermo Rojas Chirinos, José
Chacón, Gavriel Vitoria, Ramona de Estrada y Felipe Marcano, titulares de las cédulas de identidad números
2.107.302, 2.082.782, 2.117.564, 1.859.550, 144.439, 3.728.047, 1.660.802,
1.888.140, 1.495.840, 1.812.677, 1.415.194, 4.630.885, 3.232.501, 1.906.617 y
2.962.354, respectivamente; en su condición de jubilados de la Compañía
Anónima Teléfonos de Venezuela.
Tal circunstancia, estima la Sala, resulta contraria a la
eficacia del proceso, a su idoneidad y a lo expedito del mismo, amén de la
eventualidad de configurarse decisiones contradictorias. Ahora, consustanciado
con las premisas plasmadas, la Sala Constitucional, en sentencia de fecha 17 de
diciembre de 2001, caso Haydeé Margarita Araujo contra Ministerio de Interior y
Justicia, promovió la figura de la extensión de los efectos del fallo, arguyendo:
“(…)
Consecuencia natural del Derecho de Defensa (artículo 49 Constitucional), es
que los efectos directos de la sentencia solo tengan lugar entre las partes
efectivas del proceso. De allí que el demandado deba ser citado o emplazado
personalmente o por medio de un defensor, y si se trata de fallos que surten
efectos erga omnes, mediante edictos se cita a toda la sociedad, o a su
representante, el Ministerio Público (o a ambos), a fin que ella o los
interesados dentro de la colectividad puedan defenderse.
Sin
embargo, y debido a la naturaleza de algunas relaciones o situaciones
jurídicas, personas que no han sido partes en un proceso, pero que eran
potenciales litis consortes facultativos, pueden gozar de los efectos directos
del fallo dictado en un juicio donde no fueron partes, siempre que dicha
decisión los beneficie. Tal ocurre en materia de solidaridad donde el artículo
1.236 del Código Civil expresa: “La sentencia dictada contra uno de los
deudores solidarios no produce los efectos de la cosa juzgada contra los otros
codeudores. La sentencia dictada a favor de uno de los deudores aprovecha a los
otros, a menos que se le haya fundado en una causa personal al deudor
favorecido”.
Mientras
el artículo 1.242 del Código Civil, reza: “La sentencia condenatoria
obtenida por uno de los acreedores contra el deudor común, aprovecha a los
otros. La sentencia dictada a favor del deudor aprovecha a éste contra todos
los acreedores, a menos que se le haya fundado en una causa personal al
acreedor demandante.
Ambas
normas previenen que personas que no han sido partes en un proceso, gocen de
sus efectos.
También,
los efectos expansivos o extensivos de la sentencia penal (artículo 438 del
Código Orgánico Procesal Penal), ha sido interpretada por esta Sala, que en lo
que los beneficie, puede el fallo extenderse a personas que se encuentren en la
misma situación y les sean aplicables idénticos motivos, aunque no sean litis
consortes en un mismo proceso, tal como lo sostuvo la Sala en decisión del 27 de
marzo de 2001 (Caso: María del Carmen Torres Herrero).
Luego,
la ley reconoce que personas que no sean partes de un juicio puedan gozar de
los efectos directos del fallo que allí se dicte, siempre que éstos le sean
favorables. No se trata de una representación sin poder, que las partes hayan
efectuado por estos beneficiarios, sino de efectos extensivos de los fallos
para evitar sentencias contrarias o contradictorias, y que además, por razón de
celeridad y economía procesal, tratan de impedir una proliferación de juicios
que atentaría contra la justicia efectiva. (…).
(…) De
nuevo la Sala
debe resolver una acción de amparo, que si bien es cierto no parece atender a
derechos o intereses difusos o colectivos, conforme a los lineamientos de la
sentencia de esta Sala, de 30 de junio de 2000 (Caso: Dilia Parra Guillén), si
se refiere a unos accionantes que están en idéntica situación jurídica que
otros que no son partes en esta causa, y que sufren o pueden sufrir infracción
a los derechos constitucionales de que trata este amparo, por lo que es
necesario decidir si esos potenciales litis consortes facultativos, sin
ser partes en esta causa, pueden gozar de los efectos del fallo que se dicte en
este proceso, si es que ellos los benefician.
La
resolución de tal cuestión está íntimamente unida a la naturaleza de la
pretensión incoada. Se trata de un amparo constitucional, y el juez que ejerce
la jurisdicción en materia constitucional, se rige, en muchos aspectos, por
principios diferentes a los del juez que ejerce la jurisdicción en materia de
naturaleza civil.
Como
antes se apuntó, existen personas que tienen un mismo vínculo jurídico con
otras pero en sus relaciones con esa otra, derivadas del vínculo, pueden asumir
posiciones disímiles, lo que puede originar litigios diferentes; de allí la
existencia de los litis consorcios facultativos. (…).
(…) Una
de las características de algunas sentencias del ámbito constitucional es que
sus efectos se apliquen a favor de personas que no son partes en un proceso,
pero que se encuentren en idéntica situación a las partes, por lo que requieren
de la protección constitucional, así no la hayan solicitado con motivo de un
juicio determinado.
Resulta
contrario a la eficacia del proceso, a su idoneidad y a lo célere (expedito) del
mismo, que sí las partes de un juicio obtienen una declaratoria de infracción
constitucional de derechos que vulneran su situación jurídica, otras personas
que se encuentran en idéntica situación y que han sufrido la misma infracción,
no puedan gozar del fallo que restablezca tal situación jurídica de los
accionantes, y tengan que incoar una acción cuya finalidad es que se reconozca
la misma infracción, así como la existencia de la misma situación vulnerada y
su idéntico restablecimiento, con el riesgo de que surjan sentencias contrarias
o contradictorias”.
De la citada decisión se puede
inferir, que el postulado doctrinal que legitima la procedencia de la extensión
de efectos “ultra parte”, lo constituye la identidad de situaciones jurídicas
en que se encuentren quienes no han sido parte en un proceso judicial respecto
de aquellos que sí lo fueron.
Ahora, si bien en el presente
caso la relación jurídica de los jubilados con la C.A.N.T.V., no deviene
forzosamente del mismo título (causa), y por tanto, técnicamente no existe una
situación jurídica idéntica, lo cierto es que, todos ellos detentan un mismo
status jurídico, a saber, la condición de jubilados.
Así, el menoscabo a los
principios o garantías de orden constitucional detectados por la Sala Constitucional,
en su sentencia de revisión (irrenunciabilidad, progresividad e intangibilidad
de los derechos laborales como la vulneración del artículo 80 Constitucional),
afectaron los derechos e intereses de los jubilados de la Compañía
Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela de manera uniforme.
De otra parte, es de
destacar, que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de
Derecho y de Justicia (artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela), que propende al acceso de toda persona a los órganos de
administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses y a la
tutela judicial efectiva de los mismos, garantizando una justicia idónea,
responsable, equitativa, expedita y sin dilaciones indebidas (artículo 26
Constitucional).
Así, la justicia es, y debe
ser, tal como lo consagran los artículos 2 y 3 eiusdem, uno de los
valores fundamentales presente en todos los aspectos de la vida social, por lo
cual debe impregnar integralmente al ordenamiento jurídico y constituir uno de
los objetivos de la actividad del Estado, en garantía de la paz social.
De allí que, la
interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia (el proceso
constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia,
artículo 257 Constitucional), tratando que si bien las mismas comporten una
garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello
se conviertan en un obstáculo que impidan lograr los fines desarrollados en el
artículo 26 Constitucional, primordialmente, la tutela judicial efectiva.
En ese contexto, entiende
esta Sala, que la no extensión de los efectos de la presente decisión al
conglomerado de jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela,
compartiendo todos un mismo status jurídico, constituiría un menoscabo dantesco
al derecho a la tutela judicial efectiva y a la celeridad procesal, todo, en el
entendido que tal universo de pensionados si bien no están plenamente
individualizados, resultan perfectamente determinables. Así se establece.
En tal razón, se extienden
los efectos de la presente sentencia a los restantes ciudadanos que ostenten la
condición de jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela.
Por último, se aprecia que conforme
al ámbito de aplicación subjetiva de las convenciones de trabajo suscritas por
la demandada, los sobrevivientes de los jubilados fallecidos tienen derecho a
una pensión, en correlación con las especificaciones y la proporción estipulada
en las cláusulas respectivas de dichas convenciones.
En tal sentido, se contempla:
“La
pensión de sobrevivientes se causará por el fallecimiento del beneficiario de
una pensión de jubilación o de un trabajador que a la fecha de su muerte
llenare los requisitos para tener derecho a la jubilación normal.
Tendrán
deerecho por partes iguales a la pensión de sobrevivientes, los hijos y el
cónyuge del causante (…).
(…) El
monto de la pensión de sobrevivientes será igual al setenta y cinco por ciento
(75%) de la jubilación correspondiente y se distribuirá por partes iguales
entre los beneficiarios (…)”.
En sujeción a ello, estima
esta Sala, deben ser extensibles por igual los efectos del actual fallo, a los
sobrevivientes de los jubildos. Así se establece.
IV
ESPECIFICACIONES AL MÉRITO
Previene la Sala, que la decisión de la Sala Constitucional
en sujeción al artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, ordenó el ajuste de las pensiones de los jubilados de la Compañía
Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, conteste con el
salario mínimo urbano.
Empero, advierte la
sentencia, el mismo operará para aquellos casos en los que la pensión de
jubilación resultare inferior a dicho salario mínimo, debiendo por ende esta
Sala, hacer las siguientes salvedades:
De acuerdo al principio de
irretroactividad de la Ley,
que consagra el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, la efectividad del mandamiento dado por la Sala Constitucional,
con relación al ajuste de las pensiones de jubilación al salario mínimo urbano,
procedería desde la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, esto es, del 30 de diciembre de 1999 (fecha de publicación en la Gaceta Oficial Nº
36.860), hasta la efectiva ejecución del presente fallo.
En todo caso, el lineamiento
anterior devendrá aplicable en la medida en que el ajuste de la pensión de
jubilación al salario mínimo urbano, resulte más favorable que la homologación
de dichas pensiones (de manera proporcional) a los incrementos salariales
causados por el personal activo de la Compañía
Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, por vía de las
convenciones colectivas -vigentes al 30 de diciembre de 1999, hasta la efectiva
ejecución de la actual decisión-.
Indudablemente, para ponderar
a uno u otro sistema de ajuste de las pensiones como el más favorable, se
responderá al criterio o parámetro estrictamente cuantitativo.
Por tanto, de manera residual
se puede afirmar, que el ajuste en las pensiones en forma proporcional a los
incrementos salariales que percibieron los trabajadores activos de la Compañía
Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, en sujeción a las
estipulaciones contenidas en las respectivas convenciones colectivas de trabajo
suscritas por la empresa, impera desde la fecha en que virtualmente se hacía
exigible el crédito, en razón de la vulneración a la irrenunciabilidad,
progresividad e intangibilidad de los derechos de los jubilados, es decir, el
1º enero de 1993 (entrada en vigencia de la convención colectiva de trabajo
firmada por la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela,
C.A.N.T.V y la
Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones de
Venezuela, F.E.T.R.A.T.E.L, en conjunción con sus sindicatos afiliados), hasta
la efectiva ejecución del presente fallo, tomando en consideración naturalmente,
las convenciones colectivas de trabajo vigentes desde dicho momento y excepción
hecha como se especificó, de la eventual homologación de las pensiones a partir
del 30 de diciembre de 1999, en correspondencia con el salario mínimo urbano,
ello, por resultar más favorable a los jubilados.
A todo evento se señala, que
las pensiones deberán incrementarse hacia futuro, en la medida en que se
produzcan aumentos salariales para los trabajadores activos de la demandada,
atendiendo para ello (si fuere necesario), a la clasificación del cargo que
ostentaba el jubilado para el momento de adquirir tal condición.
Ahora bien, en apego al
objeto de la condena ut supra fijada,
esta Sala ordena se practique experticia complementaria del fallo, a los fines
de determinar el ajuste de las pensiones correspondiente a cada uno de los
jubilados sobre los que recae la presente decisión, todo, conteste con las
especificaciones sub iudice
ofrecidas.
La referida experticia se
efectuará según lo dispuesto en el artículo
159 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, por un único perito designado por el
Tribunal que resultare competente y se ejecutará sobre los libros contables, la
nómina de la empresa, recibos de pago y cualquier otro documento del cual se
derive el monto de las pensiones de cada uno de los jubilados de la Compañía
Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, los cuales están en
poder de la demandada.
Adicionalmente, el experto
deberá servirse de las convenciones colectivas de trabajo suscritas por la
demandada, desde el 1º de enero de 1993, hasta la efectiva ejecución del
presente fallo, así como de los Decretos de fijación del salario mínimo urbano
que hubiere dictado el Poder Ejecutivo, desde el 30 de diciembre de 1999, hasta
igualmente, la efectiva ejecución de la actual decisión.
Asimismo, el experto podrá
favorecerse a los fines de adelantar su dictamen técnico, de cualesquiera de
las instrumentales incorporadas al presente juicio en caso que la demandada, no
facilite los datos o documentos requeridos para garantizar las resultas de la
experticia.
V
DE LA
ADHESIÓN AL FALLO
Habiendo esta Sala extendido
los efectos jurídicos de la presente decisión a los ciudadanos, que denoten la
condición de jubilados de la demandada como a los sobrevivientes de los mismos,
y al no encontrarse todos ellos individualizados a los fines de favorecerse de
la declaratoria de condena proferida, pero resultando plenamente determinables,
se advierte, que tienen éstos el derecho de adherirse al actual fallo y
solicitar su ejecución, debiendo acreditar previamente a los autos dicha
condición, a saber, la de jubilados de la Compañía
Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, o de sobrevivientes
de tales jubilados.
De formularse la adhesión (en
el lapso previo a la designación por el Juez de Sustanciación, Mediación y
Ejecución del perito que ha de practicar la experticia complementaria del fallo
acordada), se notificará a la demandada a fin que exponga lo que pondere conveniente
para la defensa de sus derechos e intereses, debiéndose abrir una articulación
probatoria con base al artículo 607 del Código de Procedimiento Civil,
aplicable analógicamente por mandato expresó del artículo 11 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, ello, si en definitiva la demandada disiente del derecho
del adherente.
Agotado el desenlace
probatorio, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución que resultare
competente, decidirá lo conducente en el término de ley, pudiendo en todo caso
quien no se adhiera al presente fallo, dilucidar su derecho en juicio aparte.
No estarán sujetos al
procedimiento supra, los ciudadanos
Luis Rodríguez Dordelly, Nelly Colmenares de Mendoza, Aura Méndez, Carmen de
Pisani, Gladys Fuentes, María Morales, María Gutiérrez, Ramón Loreto, Jesús
Miliam Espinoza, Juan José Battaglini, Guillermo Rojas Chirinos, José Chacón,
Gavriel Vitoria, Ramona de Estrada y Felipe Marcano, titulares de las cédulas
de identidad números 2.107.302, 2.082.782, 2.117.564, 1.859.550, 144.439,
3.728.047, 1.660.802, 1.888.140, 1.495.840, 1.812.677, 1.415.194, 4.630.885,
3.232.501, 1.906.617 y 2.962.354, respectivamente; así como aquellos que se
describen en las instrumentales anexas a los folios 91 al 240 de la pieza Nº 6
del expediente, integrantes de las resultas de la prueba de informes rendida
por el Fondo de Inversiones de Venezuela (folio 72 de la pieza Nº 6 del
expediente), de conformidad con el artículo 433 del Código de Procedimiento
Civil; a saber: CASTOR COTI CAMACHO, C.I.Nº 541; SERGIA H. GIL, C.I.Nº 1.650;
JULIÁN GARCÍA GARCÍA C.I.Nº 1.753; HELY PERDOMO, C.I.Nº 3.027; GUILLERMO
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, C.I.Nº 4.589; PEDRO PONTE, C.I.Nº 5.743; JOHN DONCELLA
AGUIAR, C.I.Nº 5.846; GUMERSINDO H. MONROY, C.I.Nº 6.694, LUIS B. VALLENILLA M.,
C.I.Nº 7.981; SALVADOR ITRIAGO, C.I.Nº 8.560; BONIFACIO HERNÁNDEZ SAYAZO,
C.I.Nº 9.176; CÉSAR AUGUSTO ARRAIZ, C.I.Nº 10.392; JESÚS FROILÁN BERROTERÁN,
C.I.Nº 10.913; JOSÉ RAFAEL URBANO MIJARES, C.I.Nº 11.244; TARCISIO CAPOTE
NAVAS, C.I.Nº 12.051; RAFAEL CASTRO REVERÓN,
C.I.Nº 12.369; BIBIANO JAVIER LÓPEZ LÓPEZ, C.I.Nº 13.288; HUMBERTO
URDANETA A., C.I.Nº 13.367; ALEJANDRO MORENO, C.I.Nº 13.701; FERMÍN PACHECO,
C.I.Nº 13.712; JOSÉ ANTONIO PÁEZ, C.I.Nº 14.073; EZEQUIEL ARANGUREN, C.I.Nº
14.093; JOSÉ VEGA MENDOZA, C.I.Nº 15.926; PABLO JESÚS HERNÁNDEZ, C.I.Nº 16.297;
JOSÉ J. CARRILLO A. 16.369; JOSÉ ANTONIO REYES, C.I.Nº 16.518; LUIS A.
BLABUZANO C., C.I.Nº 17.326; FRANCISCO RUDA, C.I.Nº 17.558; DIONISIO CAFURE,
C.I.Nº 18.240; GERMÁN VILLANUEVA A., C.I.Nº 18.382; BELÉN GONZÁLEZ SOTOMAYOR,
C.I.Nº 18.544; GUSTAVO ASCANIO RIVAS, C.I.Nº 18.698; PEDRO ANTONIO YUSTE
CONEJO, C.I.Nº 19.064; ASUNCIO QUIJADA DE VANDERVERDE, C.I.Nº 19.156; FABIÁN
PALMERA S., C.I.Nº 19.171; BELIZA PÉREZ DE PIÑANGO, C.I.Nº 19.845; PROSPERO
CARRILLO S., C.I.Nº 20.742; ANTONIO JOSÉ VARELA P., C.I.Nº 21.129; RAFAEL DÍAZ,
C.I.Nº 22.188; MARÍA I. ALCALÁ J., C.I.Nº 22.384; MAGDALENA GARCÍA B.; C.I.Nº
23.361; ROSALBA PINZÓN, C.I.Nº 24.601; TOMÁS PÉREZ HERNÁNDEZ, C.I.Nº 26.602;
MARIO LIMARDO AMARO, C.I.Nº 26.779; ALEJANDRO MARTÍNEZ MARRERO, C.I.Nº 26.811;
LIBIA ALCIRA OSUNA, C.I.Nº 29.659; RAÚL SUÁREZ, C.I.Nº 30.526; RAMÓN VICENTE
PIMENTEL RIVAS, C.I.Nº 31.526; PEDRO RAMÓN SÁNCHEZ, C.I.Nº 31.920; MARCOS
RAMÍREZ, C.I.Nº 35.024; VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ, C.I.Nº 35.048; JOSEFINA ALCALÁ
LUGO, C.I.Nº 35.300; JUAN P. EGUI M., C.I.Nº 36.439; JOSÉ URDANETA L., C.I.Nº
36.750; RAFAEL OCANTO, C.I.Nº 36.948; CECILIO CEDRES CAPOTE, C.I.Nº 37.507;
LUIS ROBERTO CARRILLO, C.I.Nº 37.698; JOSÉ R. REINA, C.I.Nº 37.707; RAFAEL
RAMÓN PÉREZ, C.I.Nº 37.773; MANUEL MAYORAL GONZÁLEZ, C.I.Nº 37.825; RODRIGO
MEDINA SANGUINO, C.I.Nº 38.175; CRUZ VILLORIA, C.I.Nº 38.598; MARÍA I. BARRIOS
DE ESPINOZA, C.I.Nº 39.934; PASCUAZA B. BORRERO DE RODIL, C.I.Nº 40.942; JOSÉ
MOTAMAYOR, C.I.Nº 41.319; LUIS HERNÁNDEZ ROVATI, C.I.Nº 42.142; JOSÉ ANTONIO
PORRAS, C.I.Nº 42.621; ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ, C.I.Nº 45.138; JUAN B. DOMÍNGUEZ
ALFONSO, C.I.Nº 48.775; JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ, C.I.Nº 49.173; ORESTES BORJAS,
C.I.Nº 49.372; RIGOBERTO GONZÁLEZ CISNEROS, C.I.Nº 50.010; GUILLERMO RINCÓN,
C.I.Nº 50.371; PIO ROJAS GUINAND; C.I.Nº 50.824; HILARIO MAMANI P., C.I.Nº
50.866; MIGUEL ÁNGEL ORTIZ, C.I.Nº 51.616; MANUEL TORRES ELIZONDO, C.I.Nº
52.255; DAVID A. CAMACARO F., C.I.Nº 55.328; ELVIRA RIVERO RUÍZ, C.I.Nº 55.436;
CARMEN E. BUSSA DE FREITE, C.I.Nº 56.048; JUAN ERNESTO RODRÍGUEZ, C.I.Nº
56.109; ÁNGEL EDUARDO CARPIO PALACIOS, C.I.Nº 56.536; DAMIÁN GARCÍA, C.I.Nº
57.563; ÁNGEL A. GONZÁLEZ O., C.I.Nº 58.125; CONZUELO PEDROZA CORDERO; C.I.Nº
58.447; EZEQUIEL PÉREZ, C.I.Nº 59.154; PEDRO PABLO BAYONA, C.I.Nº 59.869; JUAN
LORENZO VIVIANI VELÁZCO, C.I.Nº 60.208; NARCISA E. JIMÉNEZ G., C.I.Nº 60.227;
ALEJO VALLES P., C.I.Nº 60.297; TRINA TORO GONZÁLEZ, C.I.Nº 60.327; PABLO RAMÓN
MORALES, C.I.Nº 60.910; HERMELINDA MEJÍAS DE PERAS, C.I.Nº 61.118; CARMEN H.
RÍOS T., C.I.Nº 61.880; JOSÉ AMANDO ROJAS, C.I.Nº 62.951; JUAN RÓGER, C.I.Nº
66.153; PEDRO PEÑA SANTAELLA, C.I.Nº 66.839; RAIMUNDO NAVAS, C.I.Nº 68.510;
CLEMENTE YÁNEZ P., C.I.Nº 68.661; HELY A. ROMERO M., C.I.Nº 68.886; CALIXTO A.
REYES DÍAZ, C.I.Nº 69.379; HÉCTOR M. GARCÍA SÁNCHEZ, C.I.Nº 69.637; JESÚS MARÍA
DÍAZ, C.I.Nº 69.646; GLADYS RODRÍGUEZ, C.I.Nº 69.903; OSCAR LUGO HERNÁNDEZ,
C.I.Nº 71.185; OLIMPIA ANTONI LEDEZMA DE LAMB, C.I.Nº 71.680; REYES ARANGUREN B.,
C.I.Nº 71.705; JOSÉ MARCIAL MÁRQUEZ P., C.I.Nº 73.538; MANUEL PINTO S., C.I.Nº
73.547; ZENON URBINA, C.I.Nº 73.558; RAFAEL ANTONIO LINARES MATOS, C.I.Nº
73.682; POPULO LAMBERTO MARTÍNEZ, C.I.Nº 74.359; TITO MELEAN GONZÁLEZ, C.I.Nº
74.389; JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ, C.I.Nº 74.777; JESÚS MARTÍNEZ FRÍAS, C.I.Nº
75.975; JULIÁN HERNÁNDEZ R., C.I.Nº 76.458; LORENZO J. ANZOLA A., C.I.Nº
76.508; CÉSAR BELLO E., C.I.Nº 76.655; CLEMENTE A. ITRIAGO, C.I.Nº 77.193;
SAMUEL MEZA CALLES, C.I.Nº 77.264; JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, C.I.Nº 77.376;
HILARIO ZARATE, C.I.Nº 77.629; JUAN JOSÉ NÚÑEZ, C.I.Nº 78.469; GUSTAVO RAFAEL
MEDINA S., C.I.Nº 79.172; MANUEL MARÍN, C.I.Nº 79.227; LUIS TOVAR FRANCO,
C.I.Nº 79.426; FRANCISCO LOVERA, C.I.Nº 79.616; NÉSTOR LUIS LEÓN GÓNZÁLEZ, C.I.Nº
79.669; MELCHOR RIVAS VELÁSQUEZ, C.I.Nº 79.773; LUIS SORIANO CEDILLO, C.I.Nº
79.926; MIGUEL A. GUERRA R., C.I.Nº 80.598; JOSÉ VICENTE MOLINA, C.I.Nº 81.499;
BEATRIZ C. ROJAS G., C.I.Nº 82.323; MORELIA RON TROCONIS, C.I.Nº 82.436; JOSÉ
CABRERA GUERRA, C.I.Nº 83.031; PEDRO J. RAMÍREZ M., C.I.Nº 83.359; JOSÉ JOAQUÍN
REY RINCÓN, C.I.Nº 84.797; CARMEN ROJAS, C.I.Nº 86.932; AQUILES J. MAESTRE
GONZÁLEZ, C.I.Nº 87.552; EDMUNDO GUERRA, C.I.Nº 88.307; FRANCISCO RODRÍGUEZ M.,
C.I.Nº 88.332; JOSEFINA ALFONZO DE C., C.I.Nº 88.838; ROBERTO EDWINS CONTRERAS,
C.I.Nº 89.115; LUIS BLANCO, C.I.Nº 89.356, ASCENSIÓN BRUZUAL R., C.I.Nº 90.478;
JUAN SOJO MEJICANO, C.I.Nº 90.982; PEDRO JOSÉ MERLO S., C.I.Nº 91.322;
GUILLERMO ILARRAZA, C.I.Nº 91.497; JUVENAL MORGADO, C.I.Nº 267.205; COSME
CASTRO A., C.I.Nº 267.286; SALVADOR CAMPIS S., C.I.Nº 267.604; CARMEN B.
CALDERÓN R., C.I.Nº 267.969; GERARDO ANTONIO MORENO, C.I.Nº 268.200; TOMÁS
MOREJÓN R., C.I.Nº 268.478; GLORIA FROGUET GANDICA, C.I.Nº 268.748; OLGA
GONZÁLEZ DE RIVAS, C.I.Nº 269.037; GRACIELA GONZÁLEZ DE SALAS, C.I.Nº 269.458;
EUFRASIO DARMASE RAMÍREZ, C.I.Nº 269.539; ALIRIO BELANDRIA NIETO, C.I.Nº
269.627; ELEAZAR LÓPEZ, C.I.Nº 269.741; LUIS ENRIQUE VALDEZ, C.I.Nº 269.779;
FÉLIX RAMÓN RAMÍREZ, C.I.Nº 269.870; MIGUEL LÓPEZ ACOSTA, C.I.Nº 270.115; JUAN
GÓMEZ A., C.I.Nº 270.137; MIGUEL ÁNGEL SILVA MIJARES, C.I.Nº 270.206; EUSTORGIO
MORA, C.I.Nº 271.490; PEDRO R. AGUILAR CALDERÓN, C.I.Nº 271.589; OTILIO DÍAZ,
C.I.Nº 271.595; FRANCISCO MORALES, C.I.Nº 272.118; ANTONIO HERNÁNDEZ, C.I.Nº
272.119; GLADYS T. LEÓN GUTIÉRREZ, C.I.Nº 272.531; FRANCISCO GONZÁLEZ D.,
C.I.Nº 272.610; RAMÓN G. MARTÍNEZ, C.I.Nº 272.824; LEOPOLDO MENDOZA ATOCHE,
C.I.Nº 272.955; DOMINGO CASTILLO, C.I.Nº 273.586; ULA MORILLO CHIRINO, C.I.Nº
274.062; ALFREDO D´JESÚS T., C.I.Nº 274.229; ALBERTO R. LOYO, C.I.Nº 275.113;
LUIS A. ZURITA DÍAZ, C.I.Nº 275.244; SANTOS G. OLETTA P., C.I.Nº 275.535; JOSÉ
LARA, C.I.Nº 276.076; CARLOS BERGOYA, C.I.Nº 276.187; JOSEFA DEL C. AVENDAÑO
O., C.I.Nº 276.338; JESÚS RAFAEL CORREA, C.I.Nº 276.726; MARÍA CLOTILDE PÉREZ,
C.I.Nº 276.991; VICENTE JOSÉ MAGGI RODRÍGUEZ, C.I.Nº 92.170; JOSÉ LUIS GALEA,
C.I.Nº 92.932; JOSÉ L. CARTAYA G., C.I.Nº 93.482; LÁZARO GERMÁN QUESADA, C.I.Nº
94.484; ERNESTINA TORO, C.I.Nº 94.744; ANTONIO HERNÁNDEZ ROMÁN, C.I.Nº 94.822;
ULISES ALBARRÁN, C.I.Nº 95.294; MARÍA C. MOLINA DE TEJID, C.I.Nº 96.633;
BARTOLA J. NARVÁEZ, C.I.Nº 96.638; MARCELINO HERNÁNDEZ, C.I.Nº 96.855; TULIO
RODRÍGUEZ L., C.I.Nº 97.247; PEDRO JOSÉ
SÁNCHEZ M., C.I.Nº 97.895; ESTEBAN CADIZ, C.I.Nº 98.494; ÁNGEL M. QUINTERO
SANTANA, C.I.Nº 99.441; ITALO TANCREDI G., C.I.Nº 99.751; FLOR A. ROSALES
HERNÁNDEZ, C.I.Nº 100.290; JOSÉ E. VIRLA GIL, C.I.Nº 101.235; JESÚS SÁNCHEZ,
C.I.Nº 101.241; JOSÉ ISABEL RÍOS, C.I.Nº 103.423; EDUARDO F. ORTEGA O., C.I.Nº 103.485;
EMILIO ROJAS V., C.I.Nº 103.569; RAFAEL ROSARIO P., C.I.Nº 105.655; ÁNGELA A.
VILLALOBOS, C.I.Nº 109.515; CARLOS JOSÉ
BERNARDEZ, C.I.Nº 109.534; ANA A. OLIVARES O., C.I.Nº 111.266; VICTORIANO
ZERPA, C.I.Nº 114.641; ANTONIO TORRES, C.I.Nº 114.793; JUSTO VIRLA G., C.I.Nº
114.859; ÁNGELA GODOY D., C.I.Nº 115.887; JULIO A. PONNE, C.I.Nº 118.144;
HEBERTO URDANETA P., C.I.Nº 118.244; LUIS F. ESCALONA, C.I.Nº 118.977; RAIMUNDO
LÓPEZ S., C.I.Nº 120.068; SANTIAGO URRIBARRI, C.I.Nº 122.665; HUMBERTO CANADELL
M., C.I.Nº 123.554; LUIS ÁNGEL SUÁREZ, C.I.Nº 124.379; GUSTAVO ÁLVAREZ
AMENGUAL, C.I.Nº 125.279; VICENTE ARROYO, C.I.Nº 126.601; JUAN I. HERNÁNDEZ
RIERA, C.I.Nº 127.962; SILVIA BLACKMAN DE BRIDGES, C.I.Nº 128.859; CARLOS
GUDIÑO LOZADA, C.I.Nº 128.889; ENRIQUE CARRUYO CH., C.I.Nº 129.190; FRANCISCO
CALDERÓN, C.I.Nº 130.561; ERNESTO L. ARENAS R., C.I.Nº 130.782; DARÍO MORILLO,
C.I.Nº 131.948; JESÚS URRIBARRI, C.I.Nº 132.541; JESÚS VALBUENA, C.I.Nº
133.128; RUFINO BRICEÑO, C.I.Nº 133.371; JUAN DE J. GARCÍA, C.I.Nº 134.699;
IDIA T. DE URRIBARRI, C.I.Nº 125.439; JOSÉ TEODORO GODOY B., C.I.Nº 135.891;
PEDRO DEL C. GODOY B., C.I.Nº 137.930; HILDA RODRÍGUEZ, C.I.Nº 138.102; ALIRIO
A. VILLALOBOS, C.I.Nº 139.156; TRINO A. FUENMAYOR, C.I.Nº 139.219; BEATRIZ
CASTILLO DE HERNÁNDEZ, C.I.Nº 140.513; MARCOS T. MONTERO, C.I.Nº 140.909;
LEOVIGILDO TORRES, C.I.Nº 141.651; CÉFORA MATOS DE ALBAR, C.I.Nº 141.772;
RIQUILDA R. BORJAS GUILLÉN, C.I.Nº 141.783; ENRIQUE JOSÉ INFANTE PEROZO, C.I.Nº
143.302; ODORICO CAMARILLO C., C.I.Nº 145.006; DIMAS ANTONIO COLINA, C.I.Nº
145.739; EVELYN PRINCE DE NOEL, C.I.Nº 146.037; ATILIO A. ORTEGA A., C.I.Nº
146.241; CARLOS PARRA, C.I.Nº 146.310; HIGINIO ISEA, C.I.Nº 147.841; ANTONIO
PACHECO A., C.I.Nº 148.896; JOSÉ DE LA CRUZ MATHEUS VALERO, C.I.Nº 149.238; DORIS E.
VIDAL DE VILLEGAS, C.I.Nº 149.322; VICTORIANO RODRÍGUEZ, C.I.Nº 150.891; JOSÉ
GREGORIO LEAL, C.I.Nº 151.409; JOSÉ DEL CARMEN CHACÓN, C.I.Nº 151.577; GABRIEL
ARAQUE P., C.I.Nº 152.245; ANA F. ORDOÑEZ R., C.I.Nº 153.231; CÉSAR A. VELANDIA
M., C.I.Nº 153.313; RAMÓN IGNACIO VARELA B., C.I.Nº 154.655; RAFAEL A. BRANGER
C., C.I.Nº 154.876; MANUEL LABRADOR PARTIARROYO, C.I.Nº 155.151; NEPTALÍ
VILLAMIZAR, C.I.Nº 155.187; ELY SÁNCHEZ SUÁREZ, C.I.Nº 156.464; BERNARDO
SALINAS S., C.I.Nº 157.543; MARÍA V. OSORIO COLMENARES, C.I.Nº 158.052; JOSÉ
AGUSTÍN MELO RANGEL, C.I.Nº 158.158; SECUNDINO CHACÓN, C.I.Nº 158.166; ERNESTO
BERMÚDEZ, C.I.Nº 159.958; MARIO R. ZAMBRANO S., C.I.Nº 160.875; CARLOS JULIO
PRISCO, C.I.Nº 161.928; HORACIO NIETO SÁNCHEZ, C.I.Nº 162.475; ÁNGEL G.
BIAGGINI L., C.I.Nº 163.231; ANDELFONSO JOSÉ CONTRERAS, C.I.Nº 163.711;
ANACLETO GUTIÉRREZ, C.I.Nº 164.112; JOSÉ MARÍA LOZANO ROMERO, C.I.Nº 167.259;
OLINTO ZAMBRANO CHACÓN, C.I.Nº 168.703; HUMBERTO BARRIENTOS, C.I.Nº 169.130;
LUCAS E. VARELA B., C.I.Nº 170.280; JOSÉ L. TOVAR S., C.I.Nº 170.957; EMILIANA
CALLES DE TORRE, C.I.Nº 172.899; MIGUEL Y. PARRA CH., C.I.Nº 173.119; ANGÉLICA
NOGUERA DE CORREA, C.I.Nº 173.180; ANTONIO S. ZAMBRANO G., C.I.Nº 173.625;
GUILLERMO MENDOZA, C.I.Nº 174.100; ROSALBINA DE HERNÁNDEZ, C.I.Nº 174.484;
RAFAEL D. JUGADOR, C.I.Nº 175.814; BENILDA FUENTES, C.I.Nº 175.964; EDUARDO
MERCHÁN, C.I.Nº 176.920; ROBERTO GUERRERO S., C.I.Nº 177.606; RAFAEL RAMÓN
VILLAMARÍA J., C.I.Nº 179.356; ALBA MARINA CARRERO, C.I.Nº 180.838; CENOBIO
MORENO C., C.I.Nº 181.595; EZEQUIEL FRANCO; C.I.Nº 183.312; SIMÓN TORRES
RAMÍREZ, C.I.Nº 184.446; ANTONIO HERNÁNDEZ ROJAS, C.I.Nº 184.878; MARÍA
VICTORIA VIVAS, C.I.Nº 184.908; PEDRO M. CHACÓN M., C.I.Nº 185.670; JOVITO
FUENTES Z., C.I.Nº 186.112; CARLOS JULIO GUZMÁN, C.I.Nº 186.179; ISABEL
CASTILLO, C.I.Nº 186.797; ELVIGIA HURTADO, C.I.Nº 187.307; PEDRO A. SUÁREZ,
C.I.Nº 188.354; ROSALINO CARVAJAL, C.I.Nº 188.417; SIXTO BORRERO PINEDA, C.I.Nº
188.563; FROILÁN DE J. CÁRDENAS OSTOS, C.I.Nº 188.628; JOSÉ R. CASTELLANOS G.,
C.I.Nº 188.798; GABINO LONGA, C.I.Nº 189.406;
RAMÓN LOYO, C.I.Nº 189.889; NORBERTO CÁRDENAS CHACÓN, C.I.Nº 191.259;
LUIS A. CHAPARRO, C.I.Nº 191.695; JOSÉ NICOLÁS LINARES, C.I.Nº 192.728; ANA
MARÍA CASANOVA DE VERA, C.I.Nº 193.550; JESÚS A. MENDOZA M., C.I.Nº 194.612;
LUIS ARRECIO OSORIO, C.I.Nº 194.831; VICENTINO MÁRQUEZ, C.I.Nº 195.091; ANTONIA
ELENA ZAMBRANO JARA, C.I.Nº 195.465; TRINIDAD GARCÍA DE DUEÑEZ, C.I.Nº 195.521;
FLORENCIA ZERPA DE SÁNCHEZ, C.I.Nº 195.573; RAFAEL HERNÁNDEZ DURÁN, C.I.Nº
195.879; LUIS A. CORREA, C.I.Nº 196.745; TOMÁS CONTRERAS C., C.I.Nº 196.772;
MARÍA L. GUERRERO DE CHACÓN, C.I.Nº 197.165; OSCAR A. ZAMBRANO J., C.I.Nº
197.244; GRACIELA RUEDA A., C.I.Nº 197.802; PEDRO FERNÁNDEZ CH., C.I.Nº
197.899; BERTHA HERNÁNDEZ DE VELÁSQUEZ, C.I.Nº 198.477; MARÍA SERGIA BARRIOS DE
PÉREZ, C.I.Nº 198.735; JUAN DE JESÚS VILLAMIZAR, C.I.Nº 198.837; IRMA RUÍZ,
C.I.Nº 199.301; FRANCISCO A. MARÍN S., C.I.Nº 200.217; MARÍA MANZANO LORCA,
C.I.Nº 200.347; MICAELA A. ARAUJO ESTRADA, C.I.Nº 200.348; DOMINGO MUÑOZ P.,
C.I.Nº 200.630; CARLOS HUMBERTO BOLÍVAR, C.I.Nº 200.666; LUIS G. MORA DE
MALDONADO, C.I.Nº 200.774; ANTONIO PACHECO MORILLO, C.I.Nº 201.318; ANA E.
VILLAMIZAR SÁNCHEZ, C.I.Nº 201.457; MARINA OJEDA, C.I.Nº 201.511; ENRIQUE
VENTURA GIL, C.I.Nº 201.533; ANTONIO BRICEÑO, C.I.Nº 202.077; RAMÓN GALLEGOS,
C.I.Nº 203.124; MARÍA PÉREZ, C.I.Nº 203.424; CARLOS MANUEL BAEZ ABREU, C.I.Nº
203.778; PASCUAL PACHECO AROCHA, C.I.Nº 203.872; NICOLÁS MUJICA, C.I.Nº
204.163; GUILLERMO ESCOBAR, C.I.Nº 204.431; ANGELIN FALKENHAGEN DE DELGADO,
C.I.Nº 204.629; JESÚS RAMÓN ROMERO M., C.I.Nº 205.910; JOSÉ A. MALAVÉ PÉREZ,
C.I.Nº 206.484; BAUDILI DEL C. VALECILLOS V., C.I.Nº 206.500; FLOR HERMINIA
RUÍZ DE CASTILLO, C.I.Nº 206.516; ÁNGEL F. BLANCO, C.I.Nº 207.430; DOMICIANO
VÁSQUEZ, C.I.Nº 207.739; PEDRO SALAZAR EMPERADOR, C.I.Nº 207.749; MIGUEL
VILLARROEL, C.I.Nº 207.770; CELSO E. MARÍN GONZÁLEZ, C.I.Nº 207.894; JUAN J.
RIVAS DEL PINO, C.I.Nº 208.005; YOVANINO GAROFALO PACHECO, C.I.Nº 208.093; CARME
L. ESCALANTE, C.I.Nº 208.153; DAVID AULAR RODRÍGUEZ; C.I.Nº 209.058; GABRIEL
PEÑA, C.I.Nº 210.381; MARÍA L. ALFONZO MEDINA, C.I.Nº 210.938; MANUELA MÉNDEZ,
C.I.Nº 211.312; FÉLIX BORGES, C.I.Nº 215.108; JOSÉ J. JIMÉNEZ PÉREZ, C.I.Nº
216.098; AGUSTÍN ROMERO, C.I.Nº 216.524; RAMÓN DÍAZ BRICEÑO, C.I.Nº 217.058;
IVÁN J. MONASTERIO R., C.I.Nº 217.452; RAMÓN HIDALGO, C.I.Nº 217.537; ROBERT
FERRERO NORIA, C.I.Nº 217.626; VÍCTOR RAFAEL DÍAZ, C.I.Nº 217.784; ROSALBA E.
MAESTRE, C.I.Nº 217.996; JOSÉ DE J. CORTÉZ T., C.I.Nº 218.403; ARTURO MARTÍNEZ,
C.I.Nº 218.755; JOSÉ URBINA P., C.I.Nº 219.340; BÁRBARA R. MORA DE MORA, C.I.Nº
219.471; PEDRO JOAQUÍN PRIETO, C.I.Nº 219.659; SANTIAGO GUTIÉRREZ, C.I.Nº
219.761; ALBERTO FERNÁNDEZ H., C.I.Nº 220.225; CARMEN H. HURTADO DE SANT,
C.I.Nº 220.327; JOSÉ APOLINAR LEÓN, C.I.Nº 221.535; PONCIO DÍAZ QUINTERO,
C.I.Nº 221.854; GUADALUPE HERNÁNDEZ DE ALTUNA, C.I.Nº 222.355; BERNARDO
BERROTERÁN CEDILLO, C.I.Nº 222.497; PABLO R. LUCERO M., C.I.Nº 222.950; CECILIA
ESTÉVES DE MONTAIONE, C.I.Nº 222.992; JUAN EVELIO SUÁREZ S., C.I.Nº 223.175;
ÁNGEL JOSÉ CASTRO, C.I.Nº 223.989; HUMBERTO CARRILLO, C.I.Nº 224.109; JUAN
ANTONIO YÉPEZ, C.I.Nº 224.651; VICENTE DELGADO, C.I.Nº 224.901; JULIO V.
AVENDAÑO O., C.I.Nº 225.396; REGINO TOVAR, C.I.Nº 226.025; PEDRO GERMÁN
BARRIOS, C.I.Nº 226.385; ANTONIO CONDE U., C.I.Nº 226.493; HÉCTOR J. PIÑA, C.I.Nº 226.569;
RAIMUNDO ARANGUREN, C.I.Nº 226.612; FELIPE BELLO CH., C.I.Nº 227.083; JUAN
RIVERO ORTA, C.I.Nº 227.599; BONIFACIO GRANADILLO, C.I.Nº 228.226; LILIAN M.
ORTIZ DE CASIQUE, C.I.Nº 229.471; ANIZZA YAMÍN DOUAIHY, C.I.Nº 229.916; CRUZ
CORREA, C.I.Nº 230.261; PABLO JOSÉ SILVA BENITEZ, C.I.Nº 230.532; PEDRO J.
NIEVES CAMPOS, C.I.Nº 230.587; VICENTE EMILIO SOSA, C.I.Nº 230.955; JOSÉ M.
PERNÍA; 231.124; ANDRÉS E. SALAZAR, C.I.Nº 231.472; LOPE FEDERICO ROMERO DÍAZ,
C.I.Nº 231.936; JULIA LÓPEZ DUCALLIN, C.I.Nº 231.947; MARITZA GARCÍA, C.I.Nº
232.973; ANTONIO GÓMEZ NIEVES, C.I.Nº 233.012; RAMÓN E. SALCEDO P., C.I.Nº
233.192; EROL Y. SHEARMAN, C.I.Nº 233.300; VÍCTOR E. CROQUER NARVARTE, C.I.Nº
234.340; JOSÉ V. ÁLVARES P., C.I.Nº 234.886; IGNACIO MÉNDEZ, C.I.Nº 234.952;
JESÚS OCHOA, C.I.Nº 235.019; PABLO JOSÉ LÓPEZ L., C.I.Nº 235.199; EDUARDO J.
VALLEJOS, C.I.Nº 235.749; GUALDO ARRIAGA MEDINA, C.I.Nº 236.081; ALFONSO
ARTEAGA H., C.I.Nº 236.385; JOSÉ QUINTERO ESPINOZA, C.I.Nº 236.545; SIXTO M.
SÁNCHEZ DELGADO, C.I.Nº 236.822; RAFAEL SANTANA, C.I.Nº 237.695; TOMÁS A.
BARRIOS, C.I.Nº 238.671; FÉLIX R. ESAA VEGA, C.I.Nº 239.039; JUAN DE DIOS
GUDIÑO B., C.I.Nº 239.712; ABELARDO LUGO, C.I.Nº 239.990; LUIS F. CAÑA, C.I.Nº
240.474; JUAN A. RAMÍREZ TARAZONA, C.I.Nº 241.163; PEDRO R. HERNÁNDEZ, C.I.Nº
241.250; ANA FRAINO GUÉDEZ, C.I.Nº 241.908; JOSÉ CRISTÓBAL FLORES ANGULO,
C.I.Nº 242.363; EVELIO ARRIAGA M., C.I.Nº 242.396; ÁNGEL CUSTODIO PINEDA MEZA,
C.I.Nº 242.404; CIRO A. GONZÁLEZ VILLARREAL, C.I.Nº 243.324; EMILI PACHECO
MARTÍN, C.I.Nº 243.392; VICENTE J. FONSECA M., C.I.Nº 243.821; JESÚS H. PACHECO
G., C.I.Nº 244.162; OSWALDO BERRIZBEITIA, C.I.Nº 244.405; EPIFANIO SOJO, C.I.Nº
244.472; JACOBO J. ROSENDO LISCANO, C.I.Nº 244.540; MARCELO HERNÁNDEZ, C.I.Nº
244.711; JOSÉ RAFAEL DÍAZ, C.I.Nº 244.822; JOSÉ FRANCISCO DUGARTE, C.I.Nº
245.264; PABLO EMILIO ILARRAZA POLEO, C.I.Nº 245.358; NICOLÁS COLMENARES,
C.I.Nº 246.198; JÓSE L. OJEDA MICHILLANDA, C.I.Nº 246.881; RUPERTO VILLARROEL
V., C.I.Nº 247.243; CARLOS A. ESCUSA L., C.I.Nº 247.325; GILDA NEIPP DE GÓMEZ,
C.I.Nº 247.339; JUAN E. MILLA F., C.I.Nº 247.411; REDESCAL BENNETT, C.I.Nº
247.515; LUIS A. HERNÁNDEZ, C.I.Nº 247.778; DÁMASO A. VILLEGAS, C.I.Nº 247.901;
RAMÓN FIGUERAS LORETO, C.I.Nº 247.909; CARMEN J. LINARES DE LIMARDO, C.I.Nº
248.263; JOSÉ ALBERTO SEQUERA, C.I.Nº 248.707; RAÚL LÓPEZ GARCÍA, C.I.Nº
249.116; ALFONSO TORRES, C.I.Nº 249.151; CARMEN F. COLLS, C.I.Nº 249.439; MANUEL
S. HIGUERA A., C.I.Nº 249.549; MANUEL HERNÁNDEZ, C.I.Nº 249.760; MARÍA C.
RINCÓN DE SMOLCICH, C.I.Nº 249.863; SANTIAGO ANTONIO OVIEDO, C.I.Nº 250.131;
FERMÍN RODRÍGUEZ, C.I.Nº 250.170; EDGAR ELADIO CARDEL, C.I.Nº 251.042; EDILIA
M. VÁSQUEZ DE GONZÁLEZ, C.I.Nº 251.117; MARÍA DE LOS D. NÚÑEZ RAMÍREZ, C.I.Nº
252.110; ELEAZAR S. GARCÍA FERMÍN, C.I.Nº 252.919; ALEJANDRO BLANCO, C.I.Nº
253.473; ADELINA SOTO TAMAYO, C.I.Nº 254.390; HÉCTOR MARTÍNEZ MARRERO, C.I.Nº
254.621; ALBERTO PÁEZ HERNÁNDEZ, C.I.Nº 255.088; SILVIO R. PRADO, C.I.Nº
255.351; LUIS F. PACHECO CEDEÑO, C.I.Nº 255.637; DELIA BENAVIDES M., C.I.Nº
255.884; DANIEL PADRÓN RAVELO, C.I.Nº 255.993; FRANCISCO MARTÌNEZ, C.I.Nº
256.221; MARÍA URIOLA, C.I.Nº 256.390; JUAN E. JACKSON ORTA, C.I.Nº 256.900; FRANCISCO
JOSÉ VERIS, C.I.Nº 257.027; CRÍSPULO U. AYALA L., C.I.Nº 257.283; HÉCTOR N.
HERRERA L., C.I.Nº 257.558; RAMÓN ALBERTO MENA PARRA, C.I.Nº 257.944; ITALA
BARRIOS DE ORTIZ, C.I.Nº 258.179; CARMEN URBINA, C.I.Nº 258.326; RÉGULO
FRANKLIN, C.I.Nº 258.578; ERNESTO RODRÍGUEZ, C.I.Nº 258.760; ALEJANDRO
ZAMBRANO, C.I.Nº 258.870; JULIÁN GUILLÉN R., C.I.Nº 259.089; CARMEN JULIA
BETANCOURT, C.I.Nº 259.100; ENRIQUE RAMÍREZ, C.I.Nº 259.674; TEODORO A.
VELÁSQUEZ P., C.I.Nº 259.998; CARLOS VIDAL ACOSTA, C.I.Nº 260.387; FELICIA E.
DEL VALLE REBOLLEDO, C.I.Nº 260.738; ILDEFONSO BLANCO S., C.I.Nº 260.772;
ANTONIO J. LA
CRUZ UZCÁTEGUI, C.I.Nº 262.172; FRANCISCO A. MORALES, C.I.Nº
262.367; JOSÉ SUÁREZ M., C.I.Nº 262.799; MARTÍN YÁNEZ R., C.I.Nº 263.461; LUIS
RAMÓN GINZA VARELA, C.I.Nº 264.139; PEDRO JOSÉ MUÑOZ URBINA, C.I.Nº 264.309;
JOSÉ RAMÓN BLANCO V., C.I.Nº 264.915; IGNACIO MARTÍNEZ L., C.I.Nº 265.351; JOSÉ
NÚÑEZ FIGUERA, C.I.Nº 265.564; PABLO A. PARRA D., C.I.Nº 266.114; MIGUEL ALLEN
PORRAS, C.I.Nº 266.273; JOSÉ A.
ESPARRAGOZA GUERRA, C.I.Nº 266.374; ALBERTO JESÚS ALONZO, C.I.Nº 266.551; GALO
ARREAZA, C.I.Nº 266.920; JOSÉ FRAGA LÓPEZ, C.I.Nº 267.116; ANTONIO J. ARAUJO,
C.I.Nº 267.203; ANTONIA PÉREZ DE MÉRIDA; C.I.Nº 277.042; EDMUNDO MUÑOZ C.,
C.I.Nº 277.184; MARY Y. BOTTARO SUÁREZ, C.I.Nº 277.324; LUIS FRANCISCO
QUERALES, C.I.Nº 277.627; HAYDEE NIÑO, C.I.Nº 277.750; MARCELINO MORILLO M.,
C.I.Nº 278.506; MIGUEL A. MOLINA L., C.I.Nº 278.563; BLANCA ORAMAS SAAVEDRA,
C.I.Nº 278.642; ISMAEL ANTONIO MUÑOZ, C.I.Nº 279.015; HENRY F. KONIG G., C.I.Nº
279.196; FRANCISCO J. CAMPOS G., C.I.Nº 279.349; ALONSO A. LEÓN R., C.I.Nº
279.555; ANTONIO SEQUERA ZERPA, C.I.Nº 279.767; RAFAEL RODRÍGUEZ, C.I.Nº
279.921; ARMANDO R. CONTRERAS PÉREZ, C.I.Nº 279.950; ESTEBAN QUINTANA S.,
C.I.Nº 280.061; SILVERIO ALVARADO, C.I.Nº 280.495; VÍCTOR MANUEL BRACHO, C.I.Nº
280.981; IVONNE BRITO ADEL, C.I.Nº 281.208; JORGE A. HIDALGO GRATEROL, C.I.Nº
281.400; ISRAEL REBOLLEDO, C.I.Nº 281.496; MERCEDES GONZÁLEZ DE PEÑA, C.I.Nº
281.651; PEDRO P. GÓMEZ TREJA, C.I.Nº 281.691; CÉSAR A. NIEVES LEÓN, C.I.Nº
281.794; JULIO DEL C. HERRERA MÉNDEZ, C.I.Nº 281.960; FERNANDO R. ASCANIO,
C.I.Nº 282.108; SANTIAGO PARRA M., C.I.Nº 282.497; FRANCISCO ELOY MARTÍNEZ,
C.I.Nº 282.821; MARCELO PEÑA, C.I.Nº 282.942; MANUEL HERRERA, C.I.Nº 282.982;
JUAN RAMÓN PERAZA, C.I.Nº 283.014; AMBROSIO O. SEQUERA IZNAGA, C.I.Nº 283.221;
DOMINGA BRIGNONE, C.I.Nº 283.370; PEDRO JOSÉ BASTIDAS, C.I.Nº 283.615; JOSÉ
AGUSTÍN LINARES, C.I.Nº 283.792; ATENOR PIRELA, C.I.Nº 283.801; RAFAEL D. PACHECO
VIVAS, C.I.Nº 284.007; JULIO TREJO, C.I.Nº 284.101; CARLOS RAFAEL RAUSSEO S.,
C.I.Nº 284.165; PABLO E. SALGADO, C.I.Nº 284.284; JULIÁN AZUAJE, C.I.Nº
284.441; ROSA ELENA VERGEL DE COLLINS, C.I.Nº 284.635; EDUARDO RODRÍGUEZ,
C.I.Nº 284.769; JOSÉ A. SANTANA D., C.I.Nº 285.551; LUIS E. PINEDA PABÓN,
C.I.Nº 285.648; ROSENDO PEÑA, C.I.Nº 285.804; NIEVES MARCANO, C.I.Nº 285.954;
LIGIA MARTÍNEZ, C.I.Nº 286.196; TOMÁS LIEBANO ACACIO, C.I.Nº 286.197; RÓMULO G.
ESCALONA, C.I.Nº 286.495; LUIS R. ACOSTA T., C.I.Nº 286.977; EDUARDO BELLO B.,
C.I.Nº 287.502; TERESA MARCANO ROJAS, C.I.Nº 287.795; ANTONIO J. BLANCO Y.,
C.I.Nº 288.199; PEDRO ELIO ZAMBRANO CASANOVA, C.I.Nº 288.586; ANA MARÍA PALIS,
C.I.Nº 288.625; MARIETA MÉNDEZ DE MONZI, C.I.Nº 289.102; RAQUEL DÍAZ DE VÁSQUEZ,
C.I.Nº 289.283; SILVESTRE TORRES DELGADO, C.I.Nº 289.337; ANA ANGÉLICA MATHEUS,
C.I.Nº 289.561; MARIO FEDERICO SCHWARTS MATOS, C.I.Nº 289.872; PEDRO JOSÉ
GONZÁLEZ, C.I.Nº 289.977; NEVA SUBERO DE MARÍN, C.I.Nº 290.116; ENMA AMARO DE
TORRES, C.I.Nº 290.168; OLIMPIA FERNÁNDEZ PIÑANGO, C.I.Nº 290.194; VESTHALIA
FERNÁNDEZ PIÑANGO, C.I.Nº 290.195; JOSÉ NÚÑEZ DÍAZ, C.I.Nº 290.334; EDY
HUMBERTO RAMOS DOMÍNGUEZ, C.I.Nº 291.129; JOSÉ ELÍAS GONZÁLEZ C., C.I.Nº
291.546; JUAN BARRIOS, C.I.Nº 292.752; MANUEL ANTONIO SÁNCHEZ, C.I.Nº 294.226;
JORGE FERNÁNDEZ, C.I.Nº 294.613; CIRILO PEÑA B., C.I.Nº 295.487; LILIA
GUADERRAMA DE GALÁRRAGA, C.I.Nº 295.492; ASUNCIÓN J. YUNEZ MORENO, C.I.Nº
295.802; ANDRÉS A. REYES V., C.I.Nº 296.138; HELY JOSÉ RAVELO SIMOZA, C.I.Nº
296.305; PEDRO ISTURIZ, C.I.Nº 296.409; ANA A. ARISMENDI DE RODRÍGUEZ, C.I.Nº
296.425; JESÚS A. FONSECA P., C.I.Nº 296.429; FRANCISCO GUEVARA, C.I.Nº
297.278; JOSÉ ANATOLIO PÉREZ, C.I.Nº 297.379; CRISANTOS MORENO, C.I.Nº 297.566;
FIDEL ESCALONA RAMOS, C.I.Nº 297.848; PABLO ANTONIO COLS, C.I.Nº 298.145; JOSÉ
BRAULIO BASTIDAS, C.I.Nº 298.316; PEDRO N. DELGADO, C.I.Nº 298.548; CONCHITA
ESCOBAR WIETST, C.I.Nº 298.665; LESBIA PETIT ARNAEZ, C.I.Nº 299.237; FELIPE
UMBRÍA CÁÑISALES, C.I.Nº 299.649; ELOY MONSALVE, C.I.Nº 299.753; JOSÉ MARTÍNEZ
H., C.I.Nº 299.827; JORGE ENRIQUE LÓPEZ, C.I.Nº 299.919; JUAN BAUTISTA RADA,
C.I.Nº 300.121; JOSÉ C. LÓPEZ C., C.I.Nº 300.129; FRANCISCO ESCOBAR, C.I.Nº
300.584; JESÚS RIVERA, C.I.Nº 300.623; LUCIANO TORO, C.I.Nº 300.801; OSCAR
PIÑA, C.I.Nº 300.819; PEDRO JOSÉ LOVERA, C.I.Nº 300.962; LUIS PEREIRA, C.I.Nº
302.207; JOSÉ RAUSEO V., C.I.Nº 302.981; LUIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, C.I.Nº
303.106; TEODORO A. YÁNEZ, C.I.Nº 304.418; JUSTO R. BELLO A., C.I.Nº 304.443;
RAFAEL DELGADO DEUS, C.I.Nº 305.007; JESÚS MARÍA MENDOZA RUIZ, C.I.Nº 305.528;
MARÍA L. MÉNDEZ DE CASTILLO, C.I.Nº 307.655; RAMÓN CASTELLANOS, C.I.Nº 309.228;
MANUEL NIETO, C.I.Nº 310.951; JOSÉ ROSARIO ESPINOZA, C.I.Nº 311.737; ALDANA
BERNARDO, C.I.Nº 312.940; PEDRO ESPIDEA, C.I.Nº 313.050; LIGIA HIDALGO DE
SILVA, C.I.Nº 313.457; DANIEL LUGO, C.I.Nº 313.523; GIUSEPPE DE DONATO, C.I.Nº
313.970; DOMINGO SILVA CAZAR, C.I.Nº 314.600; ANTONIO HERNÁNDEZ LOZADA, C.I.Nº
314.689; JOSÉ ANTONIO TOVAR, C.I.Nº 315.021; JOSÉ A. CARRIZALES MONTERO, C.I.Nº
316.124; JESÚS TORTOLERO, C.I.Nº 316.575; MARTÍN ANTONIO MONTOYA, C.I.Nº
316.874; ANTONIO MARÍA LOZADA PERAZA, C.I.Nº 316.928; ÁNGEL C. ARANDA, C.I.Nº
317.344; ONESIMO J. MEDINA L., C.I.Nº 318.916; SILVERIO LOVERA, C.I.Nº 319.392;
LUIS EDUARDO MENDOZA JARAMILLO, C.I.Nº 319.966; ALEJANDRO DICTAMEN, C.I.Nº
320.007; GHERSON E. PEÑUELA, C.I.Nº 320.958; MARCOS ANTONIO AROCHA MORENO,
C.I.Nº 321.262; PASTOR RAMÓN DÍAZ SALAZAR, C.I.Nº 321.498; GILBERTO MOREAN,
C.I.Nº 321.671; RAÚL GONZÁLEZ GODOY, C.I.Nº 322.306; RAMÓN ARTURO
HERNÁNDEZ, C.I.Nº 323.019; CARMEN ELENA
GARCES, C.I.Nº 323.297; SANTOS MARÍA BOLÍVAR ASCANIO, C.I.Nº 325.138; TIBURCIO
ARANA, C.I.Nº 325.188; AURISTELA MOLINA DE VALE, C.I.Nº 325.293; LUIS ORLANDO
HERNÁNDEZ STAINCO, C.I.Nº 325.562; JOSÉ R. QUINTERO L., C.I.Nº 325.894;
REINALDO J. EULACIO PARRA, C.I.Nº 326.056; FLORENCIO HIDALGO, C.I.Nº 328.797;
ARMANDO DE J. ROJAS A., C.I.Nº 330.190; NORA GUTIÉRREZ DE ALMEIDA, C.I.Nº
330.254; JUAN QUINTANA DÍAZ, C.I.Nº 330.257; MERCEDES HERNÁNDEZ ANZOLA, C.I.Nº 330.350;
DOMINGO MONTANEZ SCOUT, C.I.Nº 330.646; FRANCISCO MARACARA, C.I.Nº 331.063;
FERNANDO MIRELES, C.I.Nº 331.771; PABLO MARTÍNEZ, C.I.Nº 332.038; PASTOR B.
NÚÑEZ G., C.I.Nº 332.548; JOSÉ RAMÓN TORRES, C.I.Nº 332.649; MOISÉS BARREAT
DÍAZ, C.I.Nº 332.995; RAMÓN G. VILLALBA GONZÁLEZ, C.I.Nº 333.927; DORA DE
VELÁSQUEZ, C.I.Nº 333.999; JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ REYES, C.I.Nº 334.148; EMILIO
RAMÓN VELAZCO GARCÍA, C.I.Nº 335.382; YOLANDA AMAYA DE SEGNINI, C.I.Nº 335.639;
JESÚS U. MARTÍNEZ, C.I.Nº 335.883; RAMONA MARI QUINTANA, C.I.Nº 335.911;
CIPRIANO BARRETO MONGE, C.I.Nº 336.076; RIGOBERTO QUEVEDO RODRÍGUEZ, C.I.Nº
336.792; AMADOR AMARO, C.I.Nº 337.525; JOSÉ INOCENCIO NAVAS MÉNDEZ, C.I.Nº
337.526; EAKIN CARMELO GORDON CORREA, C.I.Nº 338.050; AMÉRICA SEIJAS A., C.I.Nº
338.367; EDGAR RAFAEL BOURGEOT C., C.I.Nº 338.930; CARMEN ROMELIA PÉREZ, C.I.Nº
339.277; JESÚS NICOLÁS ALFONSO, C.I.Nº 339.294; ÁNGEL ARANGUREN, C.I.Nº
339.318; ÁNGELA M. LUGO DE SALAZAR, C.I.Nº 339.437; JUAN A. CALDERÓN I., C.I.Nº
339.445; JOSEFA MIRELES DE PONZO, C.I.Nº 339.525; BELÉN MARÍA GUEVARA DE ROA,
C.I.Nº 339.566; LUIS F. VALERA G., C.I.Nº 339.703; VÍCTOR MANUEL ROA DUQUE,
C.I.Nº 340.093; FRANCISCO J. HERNÁNDEZ ACEVEDO, C.I.Nº 340.537; NELSON VELIZ,
C.I.Nº 340.718; AUGUSTA RAMONA RIVAS, C.I.Nº 341.735; ESTHER RODRÍGUEZ MIER Y
TERÁN, C.I.Nº 342.509; CARMEN F. PALMA DE UTRERA, C.I.Nº 343.933; RAÚL BAPTISTA
MACHADO, C.I.Nº 344.160; VIRGILIO E. MARTÍNEZ NAVARRO, C.I.Nº 344.201; CARMEN
MATILDE PÉREZ DELGADO, C.I.Nº 344.890; NORBERTA GARMENDIA ESCOBAR, C.I.Nº
345.341; MARCOS ALIRIO RONDÓN, C.I.Nº 345.431; MARÍA ESPERANZA PINO DE PARRA,
C.I.Nº 345.514; YSMAEL ORRAIZ BRAGANZA, C.I.Nº 345.550; RUBÉN S. BECERRA DÍAZ,
C.I.Nº 345.993; RAMÓN VIELMA SPOSITO, C.I.Nº 346.168; CRUZ ELENA SILVA DE
CEBALLOS, C.I.Nº 346.335; JOSÉ R. SILVA LEÓN, C.I.Nº 346.744; LEONARDO DUBUC,
C.I.Nº 346.758; OLGA ELENA MENDOZA, C.I.Nº 346.852; FÉLIX BORGES, C.I.Nº
346.897; VENIDLE R. DOMÍNGUEZ NAVARRO, C.I.Nº 346.963; DILVO SALVADORI BALDI,
C.I.Nº 347.333; GLADYS J. RODRÍGUEZ REYES, C.I.Nº 347.822; DOMINGO A. SANDIA,
C.I.Nº 347.892; ÁNGEL R. QUIJADA, C.I.Nº 348.102; MIGUEL A. ARGUINZONES, C.I.Nº
348.468; HERMINIA MARÍA RUIZ SÁNCHEZ, C.I.Nº 348.571; FLOR M. RODRÍGUEZ DE
ANUNCIATO, C.I.Nº 348.831; ALICIA LIRA DE CARDOZO, C.I.Nº 349.305; ANDRÉS JOSÉ
TOVAR, C.I.Nº 349.620; ARMANDO EPICENO LAYA, C.I.Nº 349.952; FERNANDO
FIGUEREDO, C.I.Nº 350.206; FRANCISCO RAMÓN SALCEDO V., C.I.Nº 350.844; PABLO
VICENTE ZAVALETA B., C.I.Nº 351.063; LUIS AMADO OJEDA ALCÁNTARA, C.I.Nº
352.391; DIEGO PARRA DUARTE, C.I.Nº 352.878; ALFREDO BOLÍVAR A., C.I.Nº
353.425; HILDA ALCÁNTARA DE GUZMÁN, C.I.Nº 353.877; LUIS A. GARAY O., C.I.Nº 353.919; JOSÉ
VICENTE GALENO, C.I.Nº 353.926; PERFECTA SARMIENTO DE LINO, C.I.Nº 354.851;
RAFAEL CORREA, C.I.Nº 356.079; LUIS JESÚS RODRÍGUEZ, C.I.Nº 356.132; GEORGINA
BAYOTE L., C.I.Nº 356.146; MEDARDO ANTONIO VILLASANA, C.I.Nº 356.233, LUISA
CARRILLO DE PASTRAN, C.I.Nº 356.398; DOLORES A. PEREIRA, C.I.Nº 359.999; MANUEL
GUZMÁN P., C.I.Nº 360.081; FERMÍN A. HERNÁNDEZ, C.I.Nº 360.516; MANUEL A.
GONZÁLEZ, C.I.Nº 361.362; AVELINO PARRA, C.I.Nº 361.941; JUAN PASCUAL PARRA,
C.I.Nº 361.992; RAMÓN A. RUIZ, C.I.Nº 362.283; GABRIEL FERNÁNDEZ CAMARGO,
C.I.Nº 362.975; DIONISIO YOVERA, C.I.Nº 364.449; PEDRO L. LEAL IZEA, C.I.Nº
364.772; ANTONIO DÁVILA SÁNCHEZ, C.I.Nº 365.785; DIEGO RAMÓN ALAMILLA S.,
C.I.Nº 366.521; OTILIO RAMÓN ACOSTA, C.I.Nº 366.537; PASTOR E. MENA ROJAS,
C.I.Nº 366.766; AMELIA DÍAZ, C.I.Nº 366.952; HUMBERTO JOSÉ MORALES PEÑA, C.I.Nº
367.758; PEDRO PABLO ACOSTA, C.I.Nº 368.316; FÉLIX JOSÉ GARCÍA, C.I.Nº 369.064;
SIXTO QUIROZ SUÁREZ, C.I.Nº 369.083; ÁNGELA M. NAVARRETE, C.I.Nº 369.370; GILDA
MAGATON CARDOZO, C.I.Nº 370.900; PEDRO JOSÉ TORREALBA ANTICH, C.I.Nº 371.396;
JUAN F. HERNÁNDEZ M., C.I.Nº 371.554; JOSÉ GREGORIO CAMACHO, C.I.Nº 371.767;
FRANCISCO C. HERNÁNDEZ A., C.I.Nº 371.953; CLAUDIO ANÍBAL CARRASQUEL F., C.I.Nº
373.229; DELIA T. SANTANA ACUÑA, C.I.Nº 373.263; GREGORIO A. RODRÍGUEZ, C.I.Nº
373.868; SALVADOR HIDALGO S., C.I.Nº 374.325; RAMIRO RAMOS AROCHA, C.I.Nº 374.650;
JOSÉ DIMAS MUJICA, C.I.Nº 376.430; FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ S., C.I.Nº 377.030;
JOSÉ A. CASTILLO, C.I.Nº 379.690; CRUZ MARÍA OJEDA ALVARADO, C.I.Nº 380.324;
ANTONIO GARATE ULLOA, C.I.Nº 381.290; FLOR M. BLANCO DE AZUAJE, C.I.Nº 382.801;
VALENTÍN JOSÉ LINARES, C.I.Nº 383.663; LUISA TERESA G. DE CHACÓN, C.I.Nº
384.252; PORFIRIO A. VILLAMEDIANA L., C.I.Nº 384.358; CARMEN ANDRADES DE
ZAMORA, C.I.Nº 384.541; VICENTE ABAD BERNAL CASTILLO, C.I.Nº 384.904; CARMEN GOICOECHEA DE R.,
C.I.Nº 385.000; OLGA RODRÍGUEZ M., C.I.Nº 385.628; NELLY ROTUNDO DE RODRÍGUEZ,
C.I.Nº 387.699; WENCE MONTOYA, C.I.Nº 388.535; ANASTASIO MENDOZA D., C.I.Nº
388.843; RENATO R. RUÍZ, C.I.Nº 392.725; BRAULIO PÉREZ, C.I.Nº 393.960;
REINALDO A. TREJO, C.I.Nº 394.646; ANDRÉS M. OCHOA M., C.I.Nº 394.942; ANTONIO
TORREALBA TORRES, C.I.Nº 395.313; AMADA S. ILARRAZA, C.I.Nº 396.230; CRISANTO
A. HIDALGO A., C.I.Nº 397.779; PEDRO RAFAEL RIVAS SILVA, C.I.Nº 398.171; RUBÉN
D. RODRÍGUEZ PETIT, C.I.Nº 398.624; CONCEPCIÓN TOVAR, C.I.Nº 399.200; EVENCIO RUIZ,
C.I.Nº 399.435; REGINO NIEVE DÍAZ, C.I.Nº 401.509; CARMEN C. MAURY DE
HERNÁNDEZ, C.I.Nº 402.115; ANDRÉS RAFAEL PARRA, C.I.Nº 404.663; JUAN DE DIOS
VILORIA, C.I.Nº 404.968; FRANCISCO R. LIMARDO, C.I.Nº 405.524; CLEMENTE A.
GARCÍA LÓPEZ, C.I.Nº 405.872; JOSÉ A. COLMENAREZ COLMENAREZ, C.I.Nº 406.497;
HERMES PARRA, C.I.Nº 408.217; TERESA SÁNCHEZ DE ROMÁN, C.I.Nº 408.231; RAMÓN P.
MENDOZA A., C.I.Nº 408.332; MARÍA VICENTE OCHOA, C.I.Nº 408.574; RAFAEL DE J.
CLISANCHEZ, C.I.Nº 408.621; MARÍA A. CEDEÑO VILLEGAS, C.I.Nº 408.629; MARÍA
GIMÉNEZ DE PERAZA, C.I.Nº 410.475; ANA L. NOGUERA, C.I.Nº 410.570; GUILLERMO R.
COLMENAREZ , C.I.Nº 411.114; TERESA VERDE DE MORALES, C.I.Nº 411.159; SILVIA C.
ALEZONES DE GUTIÉRREZ, C.I.Nº 411.172; CÉSAR A. HEREDIA MARTÍNEZ, C.I.Nº
411.516; RAFAEL DE J. MÁRQUEZ MELÉNDEZ, C.I.Nº 412.963; ABEL LUCENA, C.I.Nº
413.262; ANA J. LUGO DE GIMÉNEZ, C.I.Nº 414.054; PRECLIANO GUEDEZ M., C.I.Nº
414.596; ARTURO G. CONDE RODRÍGUEZ, C.I.Nº 415.155; SANTIAGO J. GARCÍA, C.I.Nº
417.468; RAFAEL YANES ALDANA, C.I.Nº 417.490; GUILLERMO MUJICA, C.I.Nº 419.014;
SALOMÓN PÉREZ, C.I.Nº 419.763; JUSTINO R. CONDE RODRÍGUEZ, C.I.Nº 419.912;
ÁNGEL R. PERNALETE RAMOS, C.I.Nº 419.932; JOSÉ BALTASAR GONZÁLEZ, C.I.Nº
419.976; SAMUEL MENDOZA DÍAZ, C.I.Nº 422.155; RAFAEL ÁLVAREZ RAMÍREZ, C.I.Nº
423.471; ANTONIO J. LÓPEZ PÉREZ, C.I.Nº 424.309; RAMONA L. ARÉVALO, C.I.Nº
424.569; OTILIO VARGAS, C.I.Nº 424.727; ANA T. GONZÁLEZ DE COLMENAREZ, C.I.Nº
424.756; CARMEN E. PÁEZ MONTES DE OCA, C.I.Nº 425.665; MERCEDES R. SEEKATZ DE
LANDAETA, C.I.Nº 426.628; ELBA BERTI DE
ROBLES, C.I.Nº 427.435; URBANO J. GONZÁLEZ, C.I.Nº 427.781; OVIDIO JESÚS
CAÑIZALEZ, C.I.Nº 429.717; MARTÍN VERA DÁVILA, C.I.Nº 430.071; ALÍ R. URDANTEA
FREITEZ, C.I.Nº 431.515; FRANCISCO ANDRADE ALVARADO, C.I.Nº 432.657; CARMEN
PEÑA DE MONTERO, C.I.Nº 433.207; ADELMO J. TORRES, C.I.Nº 433.367; JUAN F.
POLETTO TESCARI, C.I.Nº 436.024; OSCAR E. ESCALONA CARUCI, C.I.Nº 436.415;
PEDRO BRICEÑO, C.I.Nº 440.035; CAVIRIA RÍOS DE VEGAS, C.I.Nº 440.070; JOSÉ B.
BRICEÑO, C.I.Nº 450.148; NAPOLEÓN YAGUARATTI T., C.I.Nº 452.053; EULALIO SIRAN
RAMOS, C.I.Nº 453.199; CORINA SUÁREZ, C.I.Nº 454.005; CANACHE JOSÉ ALEJANDRO,
C.I.Nº 454.135, SERRANO GONZÁLEZ JESÚS D., C.I.Nº 455.632, AZOCAR
CARLOS, C.I.Nº 455.943, MARCANO PÉREZ GERARDO A., C.I.Nº 456.203, HADDAD DE
RODULFO HILDA, C.I.Nº 456.675, MILLÁN Q. ÁNGEL, C.I.Nº 458.363, CABELLO C.
PEDRO PABLO, C.I.Nº 459.769, RAMOS CABEZAS ANDRÉS AVELINO, C.I.Nº 460.015,
GUEVARA DE HERNÁNDEZ JOSEFINA, C.I.Nº 460.223; FISTEL GUILLERMO, C.I.Nº 460.292;
LÓPEZ LÓPEZ DOMINGO G., C.I.Nº 461.788; HERRERA CANARIO ANA, C.I.Nº 461.929;
GÓMEZ PABLO, C.I.Nº 462.292; ACOSTA MANUEL, C.I.Nº 468.387; GARCÍA ESCOLÁSTICO,
C.I.Nº 468.558; ALEJOS DE WINZEY ANGELINA, C.I.Nº 468.858; CARRASQUEL DE
CLAVIER MARÍA J., C.I.Nº 469.418; MEDINA M. SANTOS, C.I.Nº 470.098; MIJARES
PEDRO LUIS, C.I.Nº 470.221; PÉREZ DE BELTRÁN JOSEFINA, C.I.Nº 471.379; JIMÉNEZ
JESÚS GERMÁN, C.I.Nº 472.524; RON JESÚS
SALVADOR, C.I.Nº 472.630; MARÍN MARÍN ROBERTO A., C.I.Nº 473.283; BIAGGI GARCÍA
MIRELLA, C.I.Nº 473.784; GUEVARA HENRÍQUEZ BLANCA; C.I.Nº 474.468; BLANCO
ALVAREZ MANUEL, C.I.Nº 475.214; SCALISE CIANFLONE EMILIO, C.I.Nº 477.151; BRITO
CARABALLO LUIS B., C.I.Nº 477.193; YEGUEZ ANTONIO JOSÉ, C.I.Nº 477.265;
AGUILERA JUAN, C.I.Nº 477.990; OJEDA LUIS MARCIAL, C.I.Nº 478.136; RENGIFO JOSÉ
A., C.I.Nº 478.568; RÍOS M. MIGUEL A., C.I.Nº 478.797; URDANETA DE VIL
ANA G., C.I.Nº 479.884; GALINDO DE VILLEGAS GRACIELA, C.I.Nº 480.134; SOTO
GROVA DANIEL R., C.I.Nº 480.204; ÁLVAREZ JOSÉ R., C.I.Nº 480.891; CASTRO S.
RAFAEL T.; C.I.Nº 483.558; MENDOZA GUZMÁN JULIO RAFAEL, C.I.Nº 484.176; TILLERO
N. PAULINO R., C.I.Nº 484.237; LAREZ P. LUIS A., C.I.Nº 485.449; PÉREZ RUIZ
RAMÓN A., C.I.Nº 485.656; VIEHBECK BECK WALTER, C.I.Nº 487.963; LÓPEZ DOMINGO E.,
C.I.Nº 488.341; RONDÓN CABEZA APOLINAR, C.I.Nº 490.348; ARAGUAINAMO C. MANUEL,
C.I.Nº 490.902; TILLERO RAIMUND JOSE, C.I.Nº 490.946; CERMEÑO GERÓNIMO
ANTONIO, C.I.Nº 490.977; LUNA MAESTRE PEDRO, C.I.Nº 491.486; TABARE MANUEL A.,
C.I.Nº 493.339; ALVAREZ DE GARCÍA ALINA, C.I.Nº 493.501; GUARIQUE JULIO R.,
C.I.Nº 493.941; VITA GUIDO ANTONIO, C.I.Nº 494.441; HERRERA HERRERA RAQUEL J.,
C.I.Nº 494.519; MÉNDEZ LEÓN LUIS R., C.I.Nº 494.567; QUIÑONEZ AIDA R., C.I.Nº
494.642; RODRIGUEZ GAMBOA JESÚS S., C.I.Nº 495.965; NOYA OTERO EMILIO, C.I.Nº
496.069; GONZÁLEZ RUBÉN, C.I.Nº 496.076; ZABALA UBENCIO M.,
C.I.Nº 496.371; VILLARROEL BELLORÍN GERARDO, C.I.Nº 496.537;
HERNÁNDEZ DE MARCANO LILA E., C.I.Nº 496.875; SILVA S. JOSÉ, C.I.Nº 497.385;
LORES GUEVARA GERMÁN J., C.I.Nº 497.414; SUNIAGA DE RAMOS MARÍA, C.I.Nº
497.628; AZÓCAR TERESA DE J. C.I.Nº 497.852; GÓMEZ ISABEL M., C.I.Nº 497.952;
GUEVARA HUMBERTO, C.I.Nº 499.318; REYES CAMPOS CARLOS J., C.I.Nº 499.487; PÉREZ
DE MALAVÉ CLEMENCIA, C.I.Nº 500.362; MORENO MESA EULOGIA A., C.I.Nº 500.524;
CANAVIRE HÉCTOR, C.I.Nº 500.979; MOGNA DE ZAJIAS DELIA, C.I.Nº 501.156; MAZA
JOSÉ L., C.I.Nº 502.476; DI GIUSTO LUIGI, C.I.Nº 502.505; LÓPEZ RAMIREZ LUIS
A., C.I.Nº 503.998; GÓMEZ ARIAS JACINTO RAFAEL, C.I.Nº 504.419; SALAZAR
BLANCO JESÚS I., C.I.Nº 504.612; CATENARO DI U NICOLA, C.I.Nº
505.481; MARTÍNEZ REGUEIRO JOSÉ, C.I Nº
506.689; DÍAZ H. RAMÓN, C.I.Nº 508.167; LÓPEZ FÉLIX ANIBAL, C.I.Nº 509.780;
ALCÁNTARA MARÍN ATILIO R., C.I.Nº 510.403; SABEL O. ANTONIO, C.I.Nº 510.714;
BERMÚDEZ VERA DANIEL, C.I.Nº 510.825; SUEIRAS LÓPEZ AQUILINO A., C.I.Nº
511.904; BLONDELL JESÚS V., C.I.Nº 511.941; DÍAZ CÉSAR E., C.I.Nº 512.805;
MATTEY CARRIÓN FÉLIX P., C.I.Nº 513.611; PAZO CÉSAR A., C.I.Nº 514.224; PÉREZ
CÉSAR B., C.I.Nº 514.662; SEGURA JIMÉNEZ GERMÁN, C.I.Nº 514.745; RONDÓN ORTÍZ
SANTIAGO R., C.I.Nº 514.823; BETANCOURT LUIS, C.I.Nº 515.533; GONZÁLEZ PEDRO
A., C.I.Nº 515.652; SALAZAR EULOGIO, C.I.Nº 515.778; LÓPEZ JOSÉ, C.I.Nº
515.904; LOPÉZ R. AUGUSTO R., C.I.Nº 515.989; SILVA GÓMEZ JOSÉ LAURENCIO,
C.I.Nº 516.488; PATINO R. ANTONIO R., C.I.Nº 516.507; BOADA B. RAMÓN, C.I.Nº
516.579; VALERA G. AMÉRICA J., C.I.Nº 516.957; DE BERBESIA CARMEN, C.I.Nº
517.067; PAUBLINI DÍAZ RÓMULO, C.I.Nº 517.116; MAGO DRUSO E.,
C.I.Nº 517.186; JIMÉNEZ NUÑEZ ANIBAL R., C.I.Nº 519.811; HERNÁNDEZ MAGO
LUIS B., C.I.Nº 520.102; BRAVO MARTÍNEZ FERNANDO, C.I.Nº 520.168; VÁSQUEZ
FÉLIZ, C.I.Nº 520.564; PATIÑO NILO M., C.I.Nº 520.982; LÓPEZ REYES SIMÓN,
C.I.Nº 521.240; HERNÁNDEZ M. PETRA, C.I.Nº 521.779; GÓMEZ MIJARES GLADYS,
C.I.Nº 523.302; DI PIZZO CARRAT PIETRO, C.I.Nº 523.367; MANRIQUE FUENTES
GREGORIO, C.I.Nº 523.571; LÓPEZ ZERPA LUIS M., C.I.Nº 524.087; RODRÍGUEZ BLANC
RAFAEL, C.I.Nº 525.309; RODRÍGUEZ ANGEL J. C.I.Nº 525.357; BRUZUAL LUIS
B., C.I.Nº 525.674; MARTÍNEZ CÓRDOVA JOSÉ, C.I.Nº 527.119; LÓPEZ R. JOSÉ R.,
C.I.Nº 528.508; DÍAZ JUAN RAMÓN, C.I.Nº 528.604; CÓRDOVA RAMÓN E., C.I.Nº
528.974; ALMARAL MARCANO ROGER A., C.I.Nº 528.980; DÍAZ H. ELIADES J., C.I.Nº
529.314; NAVARRO DE MENE DALIA, C.I.Nº 529.786, TIRADO ALCALÁ EFRAÍN JOSÉ,
C.I.Nº 530.024; AVIS DE GONZÁLEZ GLADYS, C.I.Nº 530.577; FIGUEROA CASTAÑEDA
NICOLÁS, C.I.Nº 531.733; BAPTISTA ESTEVES FELIPE, C.I.Nº 532.133; MARÍN ANDRADE
ALCIDES JOSÉ, C.I.Nº 532.187; CORONADO DE ROQUE IRMA C., C.I.Nº 534.368; CORONADO
PEDRO J., C.I.Nº 534.806; YENDIS R. CRUZ, C.I.Nº 535.083; SURGA ANDRÉS
SALVADOR, C.I.Nº 535.172; GIL AMAYA HILARIÓN A., C.I.Nº 535.363; BRUZUAL
MARCANO EMILIO J., C.I.Nº 536.741; ÁLVAREZ DE GOME SONIA, C.I.Nº 537.241;
SERRANO ARNALDO J., C.I.Nº 537.779; CASTILLO JESÚS R., C.I.Nº 538.337; CASTILLO
M. ANA L., C.I.Nº 538.563; SILVA CARLOS J., C.I.Nº 541.307; CHÁVEZ R. JORGE,
C.I.Nº 541.703; MAGO DE RIZZO OFELIA, C.I.Nº 541.841; ABATE F. VINCENZO, C.I.Nº
542.402; OLAECHEA HAYDEE, C.I.Nº 542.652; TINEO ARMANDO C.I.Nº 547.747; MENDOZA
MONASTERIO LUIS F., C.I.Nº 548.325; YENDEZ RAFAEL ANTONIO, C.I.Nº 549.759;
SILVA LEÓN RAFAEL ALCIABIA, C.I.Nº 550.433, GUTIÉRREZ LUIS E., C.I.Nº 550.584;
MUNDARAÍN ABIGAIL J. C.I.Nº 550.612, MEDINA LONGART MANUEL C.I.Nº 551.997;
BOLÍVAR RODRÍGUEZ JULIO C.I.Nº 552.076; RAMOS LAO C.I.Nº 552.329; VALDIVIEZO
ANTONIO C.I.Nº 552.936; AZÓCAR CEDEÑO JESÚS E., C.I.Nº 553.619; CARMONA JULIÁN,
C.I.Nº 553.879; GARCÍA HERNÁNDEZ MELECIO, C.I.Nº 553.979; MATA LUIS E., C.I.Nº
556.258; LINARES DE SALAZAR MARÍA, C.I.Nº 557.384; MIJARES LUISA YOLANDA,
C.I.Nº 558.233, BASTARDO JESÚS, C.I.Nº 559.601; SUCRE JESÚS M. C.I.Nº 560.633,
MALAVÉ ESPINOZA GLADYS C.I.Nº 561705, PÉREZ RENDÓN JOSÉ R., C.I.Nº
562.405; DUARTE FERNÁNDEZ JESÚS, C.I.Nº 563.393, MONTES RAMÓN, C.I.Nº 563.542;
LANZ SALAS ESPERANZA, C.I.Nº 565.994; URBINA GERMÁN J., C.I.Nº 566.370; GUZMÁN
CASTILLO ALCIDES, C.I.Nº 566.465; BRITO R. LUIS EMILIO, C.I.Nº 566.910;
BETANCOURT ERASMO M., C.I.Nº 568.046; RAMIREZ SÁNCHEZ ALFREDO R., C.I.Nº 568.098;
JIMÉNEZ Q. PEDRO M., C.I.Nº 568.664; RAMOS FIGUERA TOMÁS, C.I.Nº 568.813;
GASPAR MORENO JESÚS C.I.Nº 569.232; OSUNA DE CARRIÓN INÉS, C.I.Nº 570.242;
UTRERA VICTOR M., C.I.Nº 570.775; SALAZAR BLANCO AMBROSIO A., C.I.Nº 570.789;
MILLÁN PEÑA ELBA DEL V., C.I.Nº 571.240; CORDERO VELÁSQUEZ ROSA E.,
C.I.Nº 572.756; HERNÁNDEZ RAFAEL YVAN, C.I.Nº 573.057; RAMOS
BARRETO LUIS G., C.I.Nº 573.585; RAMIREZ INÉS MARÍA, C.I.Nº 574.094; DYAN
LATHULERIE JESÚS M., C.I.Nº 574.620; VILLALBA GONZÁLES JULIO CÉSAR, C.I.Nº
575.414; CALL JOSÉ A., C.I.Nº 576.242; RAMÍREZ LOURDES CAROLINA, C.I.Nº
576.545; SALAZAR BLANCO CARMEN V., C.I.Nº 576.592; CAMPOS ALFREDO EDECIO,
C.I.Nº 578.122; SANTANDER SANTIAGO, C.I.Nº 578.473; JIMÉNEZ JOSÉ ANTONIO,
C.I.Nº 578.734; MATA S. MIGUELINA, C.I.Nº 578.776; FAJARDO LUIS ANTONIO, C.I.Nº
578.993; MATA JOSÉ R., C.I.Nº 580.458; NAAR GONZÁLEZ FÉLIX MANUEL, C.I.Nº
580.513; LYON R. HUGO R. C.I.Nº 580.722; GÓMEZ LEÓN VICENTE, C.I.Nº 581.827;
FRANCO ANTONIO C.I.Nº 583.099; GÓMEZ ENRIQUE, C.I.Nº 583.888; GARANTÓN DE
SALCEDO MAGGUIT, C.I.Nº 584.063; DÍAZ DE PÉREZ ELIA MARINA, C.I.Nº 584.850;
URBAEZ JOSÉ BENITO, C.I.Nº 585.022; DE JIMÉNEZ MART EULALIA MARGAR, C.I.Nº
585.042; RONDÓN MENESES IGNACIO A., C.I.Nº 585.225; CORTÉZ ROJAS JOSÉ,
C.I.Nº 585.544; RAUSEO SUÁREZ HECTOR L., C.I.Nº 586.087; BETANCOURT JOSÉ,
C.I.Nº 586.472; VEGAS ALBUES DEL V., C.I.Nº 587.242; AGUIRRE DE ACEVEDO MARÍA,
C.I.Nº 587.287; MORENO ROSA C.I.Nº 588.056; BETANCOURT FÉLIX, C.I.Nº 588.155;
BETANCOURT DIEGO, C.I.Nº 588.265; VELÁSQUEZ DE INDRIAGO CARMEN A., C.I.Nº
588.464; DÍAZ RIVAS JOSÉ RAFAEL, C.I.Nº 588.490; GONZÁLEZ DE GAS TRINIDAD,
C.I.Nº 589.932; ACEVEDO JULIO, C.I.Nº 591.470; RENGEL L. OMAIRA, C.I.Nº
591.910; TOVAR D. ANA, C.I.Nº 592.288; CEDEÑO DE ZAMORA ELIZABETH, C.I.Nº 592.353;
NATERA VELIZ HERMINIA MARÍA, C.I.Nº 593.188; PALACIOS BENILDE, C.I.Nº 593.422;
LOZADA G. EDILIA, C.I.Nº 594.615; VILLEGAS CARLOS, C.I.Nº 600.109; CARVAJAL
ISAÍAS R., C.I.Nº 602.490; VERA PABLO J. C.I.Nº 604.019; PAZ D. LUIS E.,
C.I.Nº 604.249; SALAS JOSÉ EMILIO, C.I.Nº 604.561; MÉNDEZ ALÍ GUALBERTO, C.I.Nº
604.989; BRITO MELO CIRILO A. C.I.Nº 605.304; BURGOS PENA EUGENIO, C.I.Nº
605.511; GONZÁLEZ SINGLER RAÚL DEL C., C.I.Nº 605.572; RIVAS P. EUSEBIO, C.I.Nº
605.749; CORNELIO REVETE, C.I.Nº 605.903; SERRANO DE SARMIENTO HILDA J., C.I.Nº
606.258; MORONTA MARTÍN A., C.I.Nº 607.243; MEDINA LASTEMIO, C.I.Nº 607.360;
LICONES O. RICARDO, C.I.Nº 607.934; HERNÁNDEZ DE AL. BONIFACIA, C.I.Nº 608.024;
BERROTERÁN ISAAC, C.I.Nº 608.032; VAAMONDE PABLO, C.I.Nº 608.058; BONILLA M.
SIMÓN, C.I.Nº 608.261; MORALES O. JUAN DE J. C.I.Nº 608.492; NIEVES MACHADO
VICTOR, C.I.Nº 608.617; AVILÁN ADRIAN TEODOSIO C.I.Nº 608.727; SERRANO DE ARTE.
ERMELINDA, C.I.Nº 609.255; HERNÁNDEZ CARPIO ANDRÉS, C.I.Nº 609.318; TOVAR C.
JOSÉ A., C.I.Nº 609.464; ORTA DE HIDALGO MARÍA, C.I.Nº 609.882; ISTÚRIZ C.
GRACIELA C.I.Nº 609.909; AGUILAR PÉREZ NAPOLEÓN, C.I.Nº 610.784; MILIANI DE
BARBOZA ALCIRA J., C.I.Nº 611.685; MEJÍAS DE CASTILLO MARÍA C., C.I.Nº 611.767;
NIETO GARCÍA CRISTINA, C.I.Nº 612.405; SANABRIA G. FRANCISCO, C.I.Nº 613.071;
NEXANS EVARISTO, C.I.Nº 613.078; CAMEJO H. PABLO, C.I.Nº 613.578; RUDAS
ALBERTO, C.I.Nº 613.803; MENDOZA LUIS ALBERTO, C.I.Nº 613.986; BERROTERÁN R.
MARCOS, C.I.Nº 614.200; LUNA MOSQUEDA JUAN H., C.I.Nº 614.524; MEJÍAS DE LUCER
CARMEN, C.I.Nº 616.773; RODRÍGUEZ CORRO VICTOR, C.I.Nº 616.887; BORGES MARÍA DE
J., C.I.Nº 617.469; NARANJO DE BRICEÑO ROSA, C.I.Nº 618.059; MORGADO JUAN
RAMÓN, C.I.Nº 619.130; REYES JULIA FELIPA, C.I.Nº 619.272; ARMAS OROPEZA ANGEL
RAMÓN, C.I.Nº 620.286; VELAZCO DE D’GIACIOMO LIGIA, C.I.Nº 621.372; SÁNCHEZ P.
SANTIAGO R., C.I.Nº 622.313; MINGHETTI DE FE BLANCA, C.I.Nº 623.350; AZUAJE ANA
FRANCISCA, C.I.Nº 623.375; CAÑIZALEZ ELBA S. DE, C.I.Nº 623.693; SALCEDO CEDEÑO
MARÍA DE JESÚS, C.I.Nº 624.334; MÉNDEZ RICARDO JOSÉ, C.I.Nº 625.838; CORREA
EDMIGIO, C.I.Nº 626.326; HERNÁNDEZ ESTHER, C.I.Nº 626.420; FORTE DE VALERA
MARÍA E., C.I.Nº 627.223; CARRASQUEL DE L. OLGA M., C.I.Nº 627.475; DUEÑEZ LUIS
A., C.I.Nº 627.598; CORTESIA BERNAR DE, C.I.Nº 628.828; FERRER CASTELLANO HUGO,
C.I Nº 629.721; MONTIEL H. MARY E. C.I.Nº 629.849; AVILÁN AMANDA
ARACELIS, C.I.Nº 629.926; TAPIA AGUILERA JOSÉ MANUEL, C.I.Nº 630.125; VALDEZ
NAVARRO RAMÓN CARLOS, C.I.Nº 630.229; RAUSEO CASTRO HORACIO EDUARDO, C.I.Nº
630.506; GONZÁLEZ G. JUANA, C.I.Nº 630.774; GONZÁLEZ JOSÉ A., C.I.Nº 631.563;
PALACIOS DÁVILA GLADYS M., C.I.Nº 632.075; NUÑEZ DE BELLO NORA J., C.I.Nº
632.774; ANCHETA JAVIER, C.I.Nº 632.899; PERRONE DE MARRERO ISABEL M., C.I.Nº
633.066; SANTODOMINGO AURA MARINA, C.I.Nº 633.155; RODRÍGUEZ V. INÉS V., C.I.Nº
633.329; TOVAR DE VIZCAINO AURA L., C.I.Nº 633.519; CALDERÓN G. ELI J,. C.I.Nº
634.816; VALLADARES H. MARÍA E., C.I.Nº 635.410; GRATEROL M. EMMA M.,
C.I.Nº 637.002; POVEA DE MARTÍNEZ CARMEN, C.I.Nº 637.078; MOLINA
CANCINI SONIA T., C.I.Nº 638.854; POLEO C. LEONOR M., C.I.Nº 638.880; GONZÁLEZ
NORMA, C.I.Nº 639.697; QUIJADA NORBERT J., C.I.Nº 640.234; URDANETA DE MORALES
MARBELLA A., C.I.Nº 640.241; CAMACHO R. CARLOS L., C.I.Nº 640.336; GONZÁLEZ DE
PAD NILDA, C.I.Nº 640.512; LONGA FARÍAS LIGIA J., C.I.Nº 640.775; LANDAETA
GILBERTO, C.I.Nº 640.949; MOTABAN CALMA BEATRIZ E., C.I.Nº 641.215; HERNÁNDEZ
VIERA YADIRA ANTONIA, C.I.Nº 641.268; NUÑEZ RIVAS GLADYS M., C.I.Nº 642.200;
LAYA G. MARCOS A., C.I.Nº 643.626; NUÑEZ DE SALAS CELIA R., C.I.Nº
644.291; FRÍAS OVIVO PASCUAL O., C.I.Nº 644.332; DELGADO DE PAZ NATIVIDAD,
C.I.Nº 645.127; VELANDRIA ANGULO MARIO, C.I.Nº 645.233; HERNÁNDEZ PINTO LUIS
A., C.I.Nº 647.854; GUERRERO DANIEL, C.I.Nº 650.964; NACARATO C. ALFONZO,
C.I.Nº 650.988; CADENAS DE PEÑA CARMEN, C.I.Nº 653.296; OVALLES DE DÁVILA
OFELIA, C.I.Nº 654.134; GUTIÉRREZ MARÍA JOSÉ, C.I.Nº 655.664; VERDU YOLANDA,
C.I.Nº 657.404; MOLINA PÉREZ ADELMO, C.I.Nº 657.568; ARAQUE
ATILANO, C.I.Nº 658.121; QUINTERO P. JOSÉ G. C.I.Nº 659.886;
PAREDES RAMÓN VICENTE, C.I.Nº 660.077; UZCATEGUI ROBERTO, C.I.Nº
661.583; BALZA S. VICTOR, C.I.Nº 661.949; BRICEÑO GONZÁLEZ ANTONIO R.,
C.I.Nº 661.968; MERCADO HUGO JOSÉ C.I.Nº 662.105; ALBARRÁN HORACIO,
C.I.Nº 663.076; SÁNCHEZ A. JOSÉ R., C.I.Nº 663.262; MALDONADO MOLINA
JOSÉ L,. C.I.Nº 663.722; ALBARRÁN ESPINOZA JOSÉ, C.I.Nº 664.390;
MORENO P. JESÚS M, C.I.Nº 665.385; VERA M. EXPEDITO, C.I.Nº 666.152;
PAOLI G. ALECIO J., C.I.Nº 666.240; GONZÁLEZ ELPIDIO,
C.I.Nº 666.612; MORENO ELIO, C.I.Nº 666.692; MÁRQUEZ LEOPOLDO,
C.I.Nº 667.754; ANDARA GABRIEL, C.I.Nº 667.861; ALBARRÁN JOSÉ A.,
C.I.Nº 667.933; PORRAS Z. CÉSAR, C.I.Nº 668.423; DÁVILA HERNÁNDEZ
GUILLERMO, C.I.Nº 669.933; UZCÁTEGUI DE RODRIGUEZ MARTHA,
C.I.Nº 669.939; PEÑA SALAZAR PEDRO S., C.I.Nº 670.812; DÁVILA DE
ROSALES LUCILA, C.I.Nº 671.017; JARA VILLAFRAS EDGAR A.
C.I.Nº 671.610; QUINTERO SULBARÁN CANDELARIO, C.I.Nº 671.976;
RAMIREZ LIGIA DE, C.I.Nº 673.070; QUINTERO ADOLFO EVANGELISTA, C.I.Nº 673.072;
HIGUERA ALVARADO ELOY JOSÉ, C.I.Nº 673.685; LEÓN SILVESTRE,
C.I.Nº 673.688; RODRÍGUEZ DOMINGO, C.I.Nº 673.741; PARRA LEÓN
ANTONIO JOSÉ, C.I.Nº 673.797; MARQUINA DE BLANCO FÉLIDA,
C.I.Nº 674.030; COLMENARES B. GERARDO C.I.Nº 674.266; BRICEÑO BRICEÑO
HORTENCIA, C.I.Nº 674.433; ALARCÓN HERMENEGILDO, C.I.Nº 674.460;
BRICEÑO GONZÁLES JOSÉ I., C.I.Nº 674.516, VILLASMIL A. MIGUEL A.,
C.I.Nº 674.615; RUIZ ROBERTO, C.I.Nº 674.873; PAREDES HILDA C.I.Nº
675.039; SÁNCHEZ PEÑA ELISEO, C.I.Nº 675.154; QUINTERO V. JOSÉ DE J., C.I.Nº
675.551; MARTÍNEZ DE LÓPEZ ALBINA, C.I.Nº 675.873; ALARCÓN DE NUÑEZ MARÍA L.,
C.I.Nº 675.910; NUCETE FRANCISCO JOSÉ, C.I.Nº 677.215; RODRÍGUEZ F. ANA S.,
C.I.Nº 677.701; ALARCÓN DE GUTIÉRREZ MARÍA C.I.Nº 678.713; QUINTERO D. LORENZO,
C.I.Nº 680.614, ALVARADO HERNÁNDEZ BENITO DE J., C.I.Nº 681.010; PÉREZ REINA
MARGARITA, C.I.Nº 681.106; MARQUINA MONTES DELIS, C.I.Nº 681.189; SÁNCHEZ DE
TORO CARMEN E., C.I.Nº 681.436; PÉREZ DE BASTIDAS BÁRBARA, C.I.Nº 681.575; PEÑA
DIEGO, C.I.Nº 682.180; DUGARTE JOSÉ VICENTE, C.I.Nº 682.366; PARRA A JOSÉ F.,
C.I.Nº 682.541; SULBARÁN DE TREMONT MARÍA E., C.I.Nº 682.993; SIFONTES SONIA
P., C.I.Nº 684.210; SOLE DE CASTELLA MARGARITA, C.I.Nº 684.799; VERGARA ADA,
C.I.Nº 685.635; SÁNCHEZ TERESIO DE J., C.I.Nº 687.761, RAMIREZ EMILIO, C.I.Nº
690.009; GARCÍA JOSÉ CLAUDIO, C.I.Nº
690.066; CONTERAS C. LUIS M., C.I.Nº 690.490; GONZÁLEZ MORA JOSÉ RAMÓN,
C.I.Nº 691.124; GUTIÉREZ JOSÉ ÁNGEL, C.I.Nº 692.572; DEVIA OCHOA JOSÉ A.,
C.I.Nº 694.395; SOLANO GLADYS JOSEFINA, C.I.Nº 694.547; MORALES ANA JULIA,
C.I.Nº 696.397; CARRASQUERO JUVENCIO, C.I.Nº 697.435; RIVAS B. JOSÉ A., C.I.Nº
697.579, CUBILLÁN RAMÓN, C.I.Nº 697.817; LUGO GÓMEZ MANUEL G., C.I.Nº 700.212;
CURIEL CARLOS RAMÓN, C.I.Nº 700.285; LUGO DE MORALES CARMEN, C.I.Nº
701.999; SÁNCHEZ ROMERO JORGE, C.I.Nº 703.289; BRACHO R. CARMELINA, C.I.Nº
705.254; PINEDA PINEDA PABLO CLEMENTE, C.I.Nº 707.025; SÁNCHEZ MARTINEZ JUAN,
C.I.Nº 707.448, PÉREZ DE GONZÁLEZ TRINIDAD, C.I.Nº 707.624; FURZAN DE
FERGUNSSON VICTORIA, C.I.Nº 708.105; COLINA F. EDILIO JOSÉ, C.I.Nº 708.154;
UGAS PAZ FRANCISCO, C.I.Nº 708.501; ARIAS BARTOLO JOSÉ, C.I.Nº 711.995; GÓMEZ
T. ARTURO A., C.I.Nº 713.883; ACOSTA LUIS MANUEL, C.I.Nº 713.945; GÓMEZ SERGIO
RAMÓN, C.I.Nº 715.023; CAMPOY ANDRÉS RAFAEL, C.I.Nº 715.531; GONZÁLEZ C. VICENTE
P., C.I.Nº 716.260; JORDAN PRIMERA, AMADOR, C.I.Nº 718.888; PRINCE CUMARE
FRANCISCO, C.I.Nº 719.013; BRICEÑO APONTE HENRY D., C.I.Nº 721.002; GARCÍA DE
NOLASCO SARA C., C.I.Nº 725.274; LATUFF GRATEROL REINERIO, C.I.Nº 726.565;
CRISTIANS JOSÉ A., C.I.Nº 727.243; GONZÁLEZ JESÚS, C.I.Nº 728.743; NAVARRO
REYES MIGUEL A., C.I.Nº 729.215; POLANCO JUANA MARÍA, C.I.Nº 730.154; LASTRA
SÁNCHEZ JULIO R., C.I.Nº 736.803; PEÑA DE ZERPA BERTHA MARÍA, C.I.Nº 738.194,
PÉREZ DE DOVALE ADA MARITZA, C.INº 738.971; ROMERO JUAN J., C.I.Nº 739.819;
YANEZ PEDRO M., C.I.Nº 740.319; CORDOVA R. SEGUNDO DE J., C.I.Nº 740.902; PÉREZ
DE CEDEÑO ROSA, C.I.Nº 742.376; GUEVARA R. DIANORA M., C.I.Nº 742.432; MORÓN DE
CHIRINOS BERTHA M., C.I.Nº 742.771; SMITH GÓMEZ RAÚL, C.I.Nº 742.904; REYES S.
JORGE A., C.I.Nº 743.098; ODUBER DELGADO JOSÉ E., C.I.Nº 744.293; SIVIRA MARÍN
VICTOR R., C.I.Nº 744.566; ORTÍZ RODRÍGUEZ MARIO DE J., C.I.Nº 745.188; LUGO
ROJAS HÉCTOR, C.I.Nº 746.090; PIÑA REYES ROBERTO A., C.I.Nº 746.551; MACÍAS
AMAYA NICOLÁS, C.I.Nº 746.612; GARCÍA L. SIMÓN, C.I.Nº 750.431; BETANCOURT
GONZÁLEZ ANGEL F., C.I.Nº 751.360; GONZÁLEZ DE MÁRQUEZ TERESA, C.I.Nº 751.432;
BASANTA RAMÓN JOSÉ, C.I.Nº 751.908; HERRERA DE ACOSTA JUANA, C.I.Nº 751.959;
MONASTERIO VELIA V., C.I.Nº 752.162; SOTILLO GUILLERMINA, C.I.Nº 752.482; BRITO
DE LEAL RAFAELITA, C.I.Nº 753.701; MONASTERIO JOSÉ CHRISTIAN, C.I.Nº 753.967;
SOMOZA MARÍA, C.I.Nº 754.196; LEZAMA MIGUEL, C.I.Nº 754.293; DECAN ROGER
ARGENIS, C.I.Nº 754.397; GARBAN GONZÁLEZ NERY, C.I.Nº 757.657; VILLALBA JOHN
EUSEBIO RAFAEL, C.I.Nº 758.681; GASPAR MORENO MARTÍN, C.I.Nº 758.802; TOLEDO
RONDÓN JUAN R., C.I.Nº 758.819; HERRERA MOLLANO MARIO V., C.I.Nº 760.445; TOVAR
COVA RAFAEL, C.I.Nº 760.515; GARCÍA M. JOSÉ HÉCTOR, C.I.Nº 760.574; GONZÁLEZ DE
ALFONZO NATIVIDAD, C.I.Nº 763.742; DEL VALLE HENING, JOSÉ M. C.I.Nº 765.980;
ASTUDILLO GRILLET EVELIO, C.I.Nº 768.712; GUERRERO EDGAR ENRIQUE C.I.Nº
770.232; FIGUERA JESÚS R., C.I.Nº 770.451; GUZMÁN BRIGGS MIGUEL, C.I.Nº
770.694; TANG C. LEÓN DOMINGO, C.I.Nº 771.302; ORTEGA DE BARREAT LUISA, C.I.Nº
771.483; AULAR DE AVILA NERY DEL C., C.I.Nº 772.107; GUZMÁN DE ROBINSON LUISA
DEL V., C.I.Nº 776.252; GALLARDO VELÁSQUEZ ANASTACIO, C.I.Nº 776.855; MADRIZ
JOSÉ MANUEL, C.I.Nº 777.965; VILLALBA DE GUZMÁN GERTRUDIS A., C.I.Nº 778.648;
TOMEDES DE ALCALÁ INELDA J., C.I.Nº 780.668, RODRÍGUEZ DE FACCHINERI VALERI,
C.I.Nº 781.153; ARÉVALO RAMÓN A., C.I.Nº 781.456; BELMONTE VALERIO, C.I.Nº
784.209; LINERO CRUZ LOURDES, C.I.Nº 787.313; TOMEDES GRAU LOVELIA N., C.I.Nº
797.169; GÓMEZ GOITÍA VICTOR M., C.I.Nº 797.751, LEZAMA PÉREZ MARINA, C.I.Nº
798.078; BERMUDEZ MARER CARLOTA, C.I.Nº 798.322; MUÑOZ CLARA HERMINIA, C.I.Nº
799.093; FIGUEROA DE AHING NORMA S., C.I.Nº 799.296; SALAZAR C. ROSA, C.I.Nº
800.048; CÁCERES LEÓN CARLOS ARTURO, C.I.Nº 800.113; GARCÍA ENRIQUE, C.I.Nº
801.107; CARVAJAL ANGEL RAFAEL, C.I.Nº 801.322; AGUILAR SÁNCHEZ LUÍS BELTRÁN,
C.I.Nº 801.425; MEZA CEREZO JOSÉ ANTONIO, C.I.Nº 801.599; VERA DOMINGO, C.I.Nº
801.617; CARRILLO JUAN MANUEL, C.I.Nº 802.279; VIANA G. FELIPE, C.I.Nº 802.597;
MARCANA R. JESÚS, C.I.Nº 802.700; RADA EZEQUIEL, C.I.Nº 803.587; GUTIÉRREZ M.
PEDRO E., C.I.Nº 803.645; GIRAUD MENDOZA ALEJANDRO A., C.I.Nº 804.358; PEREIRA
SILVIA A., C.I.Nº 804.688; QUIJADA OTILIO, C.I.Nº 804.947; GONZÁLEZ GONZÁLEZ JESÚS,
C.I.Nº 805.015; RODRÍGUEZ M. AMALIO, C.I.Nº 805.759; BLANCO HUMBERTO, C.I.Nº
805.881; MÁRQUEZ INÉS ANTONIO, C.I.Nº 806.183; RÍOS BERNARDO, C.I.Nº 806.552;
GUEDEZ FEDERICO, C.I.Nº 807.402, RODRÍGUEZ C. HERNÁN A., C.I.Nº 807.667; DE
ARMAS ORTIA CÉSAR A., C.I.Nº 808.302; LADERA DE MONTE CARMEN A., C.I.Nº
808.743; SANTOS DE PONTE CARMEN, C.I.Nº 809.177; ESPINOZA DE TIRADO ELVIA M.,
C.I.Nº 810.366; RODRÍGUEZ LUIS, C.I.Nº 810.675; LÓPEZ EZEQUIEL, C.I.Nº 811.426;
CEDEÑO S. PRIMITIVO, C.I.Nº 811.432; ARIAS RAMÓN B., C.I.Nº 813.275; LÓPEZ DE
R. CARMEN F., C.I.Nº 816.958; PIÑA FRANCISCO, C.I.Nº 818.427; PEROZO HERNÁNDEZ
ARQUÍMEDES, C.I.Nº 819.928; CAMACHO RICARDO, C.I.Nº 820.146; RIVERO DE ARIAS
ROSA, C.I.Nº 821.111; PINEDA SANGUINO LAUREANO J., C.I.Nº 821.418; FERNÁNDEZ
MOTA EUCLIDES, C.I.Nº 821.443; MARANTE DE MALPICA GLADYS J., C.I.Nº 822.193;
OROPEZA DE DÁVILA MANUELA, C.I.Nº 822.415; DÍAZ ANGEL C., C.I.Nº 822.912; PINTO
DE ESPINOZA ROSA J. C.I.Nº 823.558; MENDOZA F. ELIEZER G., C.I.Nº 823.782;
PÉREZ RODRÍGUEZ JESÚS MARÍA, C.I.Nº 826.019; MUJICA DARÍO C.I.Nº 826.453,
QUIROZ BELISARIO JUAN, C.I.Nº 826.680; ARIAS MARTÍNEZ ENRIQUE J., C.I.Nº
827.331; DÍAZ DE REBOLLEDO MARSHA, C.I.Nº 827.425; FIGUEREDO INÉS R., C.I.Nº
828.283; MARTÍNEZ DE LORENZO ANGELA C., C.I.Nº 829.229; CASTILLO PORTILLO
FRANCISCO M., C.I.Nº 829.488; IBARRA MARTÍNEZ CLEMENTE RAMÓN, C.I.Nº 830.220;
MACERO G. PEDRO V., C.I.Nº 830.771; MARÍN AGUSTÍN, C.I.Nº 831.235; COLINA C.
JOSÉ L., C.I.Nº 832.322; CARRASQUEL PALMA MIGUEL ANGEL, C.I.Nº 834.624; SANTAELLA
GONZÁLEZ PEDRO A., C.I.Nº 836.062; AZUAJE BLANCO ORESTE A., C.I.Nº
838.264; RUÍZ GONZÁLEZ RAFAEL NOBERTO, C.I.Nº 838.316; MARTÍNEZ OMAR, C.INº
840.697; MARKVA DE CARRILLO SHILEY, C.I.Nº 841.667; AGUILAR DE RODRÍGUEZ MARÍA
J., C.I.Nº 844.238; HERNÁNDEZ B. ANGEL S., C.I.Nº 845.308; CORREA DE TORTOZA
CARMEN, C.I.Nº 845.884; ASENCIO M. SILVIA E., C.I.Nº 845.956; HEREDIA OLGA,
C.I.Nº 846.300; HERRERA A. MIGUEL, C.I.Nº 846.523; MENA ELBA H., C.I.Nº
847.291; LÓPEZ H. BALDEMAR J., C.I.Nº 849.518; CASTILLO FILOMENO, C.I.Nº
852.952; OSAL PÉREZ PETRA I., C.I.Nº 859.674; HERRERA A. JESÚS A., C.I.Nº
861.481; JOSE
DE LA C. LUQUE,
C.I.Nº 863.109; RAFAELA MILIANI DE VILLORIA, C.I.Nº 863.544; JOSE R. QUEVEDO,
C.I.Nº 866.596; ELIAS JOSÉ CARRASCO HURTADO, C.I.Nº 867.114; ANA C. BARRETO,
C.I.Nº 867.376; PEDRO MORILLO, C.I.Nº 868.795; FRANCISCO GARCÍA, C.I.Nº
870.272; JESÚS FIGUERAS, C.I.Nº 871.935; CRUZ RODRÍGUEZ, C.I.N° 872.475; LUIS
SUNIAGA, C.I.Nº 874.663; LUIS VILLARRUEL, C.I.Nº 874.847; DANIEL SANCHEZ,
C.I.N° 877.274; EDITA CABRERA, C.I.Nº 878.401; LUIS WIN DEVOXCHEL, C.I.N°
881.044; MARÍA TIRADO LISS, C.I.Nº 885.368; IRMA ROMAN DE GONZALEZ, C.I.N°
887.953; VICENTE CAMACHO, C.I.Nº 890.202; JUAN CONTRERAS, C.I.N° 890.310,
ADOLFO SOLER MONTILLA, C.I.N° 891.358; CRUZ BALZA, C.I.N° 894.687; ALMANDO
OCTAVIANO RUIZ, C.I.N° 900.405; LUSI RAMÓN GUILLEN SEIJAS, C.I.N° 900.602;
ARMENIO VILLEGAS SAAVEDRA, C.I.N° 900.818; MARÍA ESCALANTE MONTILVA,
C.I.N° 900.866; PEDRO ZAMBRANO, C.I.N° 901.537;
PASTOR MENDEZ PRIETO, C.I.Nº 901.909;
JUAN ECHEZURIA, C.I.N° 901.919; VICTOR VALERA, C.I.Nº 902.008; FABIO MARÍA
ROJAS BARRIOS, C.I.Nº 902.664; HECTOR QUINTANA, C.I.Nº 902.908; JOSÉ GONZALEZ,
C.I.Nº 903.019; ROSA DELIA RAMIREZ AVENDAÑO, C.I.Nº 903.041, ANGEL SATURNO
ESCALONA, C.I.Nº 903.513, LUCIO RODRÍGUEZ C.I.Nº 904.113, SALO LUTTINGER,
C.I.Nº 904.186;
JOSÉ SANTIAGO, C.I.Nº 904.716; MERCEDES
RUIZ, C.I.Nº 904.809; ISABEL RACAMONDE DE A,. C.I.Nº
905.095;
LUIS FELIPE, C.I.Nº 905.163; ROMULO LAYA
V., C.I.Nº 905.630; HIPOLITO SEQUERA, C.I.Nº
906.123;
JUANA ALCALA, C.I.Nº 906.153; MARCO TULIO
PÉREZ, C.I.Nº 906.432; EULOGIO RAMÍREZ, C.I.Nº
906.566;
ROBERTO FIGUERA, C.I.Nº 906.704; RAFAEL
GONZÁLEZ, C.I.Nº 906.852; CANDELARIO
MARTINEZ, C.I.Nº 906.868; JOSEFINA
HERNÁNDEZ, C.I.Nº 906.943; DELFÍN GUZMÁN,
C.I.Nº 907.155; AMADOR MIJARES, C.I.Nº
907.221;
GUILLERMO ASCANIO, C.I.Nº 907.525; JOSÉ AGUILAR,
C.I.Nº 907.686; JUAN GONZÁLEZ, C.I.Nº
907.743;
ALEJANDRO RIVERO, C.I.Nº 907.981; RAFAEL
PALACIOS, C.I.Nº 908.016; ANTONIO
RAMÍREZ, C.I.Nº 908.284; VICTOR JOSÉ
RODRÍGUEZ, C.I.Nº 908.420; ISABEL
MACHADO, C.I.Nº 908.623; PEDRO
LANDAETA, C.I.Nº 908.641; JULIA
GALLARDO, C.I.Nº 909.046; ROGELIO
FLORES, C.I.Nº 909.111; SILVIO
GONZÁLEZ, C.I.Nº 909.144; LEONOR NUÑEZ
HENRIQUEZ, C.I.Nº 909.213; JESÚS ANTONIO
MATUTE, C.I.Nº 909.453; EMILIO
MALAVE, C.I.Nº 909.471; VÍCTOR
FIGUEROA L., C.I.Nº 909.499; GILBERTO
LARROVERE, C.I.Nº 910.022; JULIO AVILA, C.I.Nº
910.121;
JOSÉ GUERRA G., C.I.N° 910.207; GRACIANO
RODRÍGUEZ, C.I.Nº 910.245; CIRILO
GONZÁLEZ, C.I.Nº 910.490; MIGUEL
PEREIRA, C.I.Nº 910.522; LUISA
PACHECO, C.I.Nº 910.888; EUGENIO
HERNÁNDEZ, C.I.Nº 911.152; GENARINO
PUENTE, C.I.Nº 911.288; FÉLIX ANTONIO
MUÑOZ, C.I.Nº 911.666; ISABEL JIMÉNEZ, C.I.Nº
911.914;
CLARO LA ROSA, C.I.Nº 911.986; AMBROSIO ARCILA, C.I.Nº 912.030; SILVESTRE
MORILLO, C.I.Nº 912.970; RUBEN
SÁNCHEZ, C.I.Nº 913.407; GLADYS
SÁNCHEZ, C.I.Nº 913.849; EULALIO
GUEVARA, C.I.Nº 913.874; ASCENSIOR
UZCATEGUI, C.I.Nº 914.898; DORA TRINIDA
CORDERO, C.I.Nº 915.278; RAMÓN LÓPEZ, C.I.Nº 915.459; SALVADOR LÓPEZ, C.I.Nº 915.569; LUIS LORENZO,
C.I.Nº 915.994; LUCIANO TORRES, C.I.Nº 916.301; JOSÉ RAMOS
B., C.I.Nº 916.374; MARÍA SALAS DE M., C.I.Nº 916.412; AMELIA
MARÍA MARIN, C.I.Nº 916.897; LUISA
AVELLAN, C.I.Nº 916.954; ABELARDO
OLARTE G., C.I.Nº 917.184; JORGE DURÁN,
C.I.Nº 917.577; JUAN MOLINA M., C.I.Nº 917.649; RAFAEL
ARAUJO, C.I.Nº 917.662; MARIANO
GONZÁLEZ, C.I.Nº 917.783; FRANCISCO
HERNANDEZ, C.I.Nº 917.980; PEDRO VIVAS, C.I.Nº 918.301; JUAN CUEVAS, C.I.Nº 918.342; RAUL QUERALES, C.I.Nº
918.643; CARLOS PÉREZ, C.I.Nº 919.071; JESÚS BARRETO, C.I.Nº
919.152; RAFAELA RODRÍGUEZ, C.I.Nº 919.158; ANTONIO LARTIGUES,
C.I.Nº 919.185; ISNARDO YANEZ, C.I.Nº 919.291; ROBERTO VENTRILLON,
C.I.Nº 920.136; MERCEDES MIJARES, C.I.Nº 920.337; AGUSTIN
GUTIÉRREZ, C.I.Nº 920.996; FLOR MARÍA LINARES DE P., C.I.Nº 921.553;
FRANCISCO BUSTAMANTE, C.I.Nº 921.587; JESÚS URDANETA, C.I.Nº
921.766; LORETA OLAYA RODRÍGUEZ, C.I.Nº 922.428; EUSTAQUIA MORALES DE R.,
C.I.Nº 922.784; DIEGO ARAUJO, C.I.Nº 922.836; MARCOS GUEVARA,
C.I.Nº 922.925; NICANOR RAMÍREZ, C.I.Nº 923.170; JOSÉ CONTRERAS,
C.I.Nº 923.537; RICARDO ANTONIO LÓPEZ, C.I.Nº 923.623; MARÍA
GARCÍA, C.I.Nº 923.685; LUIS PEREIRA, C.I.Nº 923.912; JOSÉ DOLORES
PORTALES, C.I.Nº 924.194; CARLOS DELGADO, C.I.Nº 924.390; MARCO
TULIO JIMÉNEZ, C.I.Nº 924.841; CRUZ MÁRQUEZ, C.I.Nº 925.162; JOSÉ
GONZÁLEZ, C.I.Nº 925.505; CARLOS MARIN, C.I.Nº 925.564; SABAS
SILVA, C.I.Nº 925.698; JUAN SILVA, C.I.Nº 925.718; RAÚL VILLALÓN,
C.I.Nº 925.775, FERMIN DOMINGO GARCÍA, C.I.Nº 926.031¸TORIBIO
MARQUEZ B., C.I.Nº 926.770; MARÍA E. HERNÁNDEZ DE M., C.I.Nº 926.780;
LIBIA JOSEFINA ROJAS, C.I.Nº 926.787; FLOR CARO, C.I.Nº 926.808;
CESAR PIRE, C.I.Nº 926.817; CARMEN PÉREZ, C.I.Nº 926.861; MARCOS
GUERRERO, C.I.Nº 926.912; ALBERTO PARRA, C.I.Nº 927.125; FRANCISCO
JIMÉNEZ, C.I.Nº 927.345; EUSBALDO GONZÁLEZ, C.I.Nº 927.471; LUDOLF
WEHRMANN ATHING, C.I.Nº 927.949; ANGEL PULIDO, C.I.Nº 928.241; JOSÉ
MARÍA GONZÁLEZ, C.I.Nº 928.855; NICOLAS ZAPATA, C.I.Nº 928.943;
JUANA ESPINOZA RONDÓN, C.I.Nº 929.258; MARIANA GALLARDO, C.I.Nº
929.259; JORGE GERARDO ESCALONA, C.I.Nº 929.412; JOSÉ GAVIRIA C.I.Nº
929.423¸VIVIA BERBESI MORENO C.I.Nº 929.436; CARLOS MEZA, C.I.Nº
930.719; JOSÉ IGNACIO DAVILA, C.I.Nº 930.810; MELBA SINT YAGO,
C.I.Nº 930.904; JOSÉ RAFAEL SATURNO, C.I.Nº 931.334; GREGORIO UMBRIA
C.I.Nº 931.574; FRANCISCA DÍAZ, C.I.Nº 932.271; RAFAEL MATOS
GONZÁLEZ, C.I.Nº 933.015; OSCAR ESPARRAGOZA, C.I.Nº 933.113; ENRIQUE
MARIN ALFONSO, C.I.Nº 933.347; TARCISIO BLANCO, C.I.Nº 933.556; OLGA
MARÍA ROMERO, C.I.Nº 933.753; PEDRO PABIQUE, C.I.Nº 933.765; MARCELO
RONDÓN, C.I.Nº 933.968; JESÚS MARÍA ROJAS, C.I.Nº 934.102; PEDRO
IZQUIERDO, C.I.Nº 934.486; CLAUDIA GUZMAN, C.I.Nº 934.502; FELIX
QUINTANA, C.I.Nº 934.647; CESAR JOSÉ SANABRIA, C.I.Nº 935.085;
FELIX CARABALLO, C.I.Nº 935.834; JORGE MATHEUS, C.I.Nº 935.885;
JOSÉ JUSTO PEÑA, C.I.Nº 936.216; OTILIA MOSQUEDA, C.I.Nº 936.815;
MARY DE CORDERO, C.I.Nº 937.247; ANTONIO ALVARADO, C.I.Nº 937.339;
JOSEFINA RUSSIAN DE ORTA, C.I.Nº 937.490; JOSEFINA CEBALLOS DE M.,
C.I.Nº 937.674; ISMAEL LANDAETA, C.I.Nº 938.543; AURA PADRÓN DE
MORA C.I.Nº 938.720; JOSÉ BERNAL C.I.Nº 938.940; PEDRO JOSÉ
CARRASQUEL, C.I.Nº 939.793; BELEN HURTADO DE H., C.I.Nº 940.182;
DIMAS DELGADO TOVAR, C.I.Nº 940.269; FERNANDO SISO, C.I.Nº 940.525;
FLORENCIO SALAZAR, C.I.Nº 940.604; ANTONIO ESCALONA, C.I.Nº
940.618; LUIS VALECILLOS, C.I.Nº 941.237; GRACIELA OSUNA, C.I.Nº
941.301; MARÍA OSUNA, C.I.Nº 941.303; JOSÉ ANTONIO OCHOA, C.I.Nº
941.447; CATALINO ALVAREZ, C.I.Nº 941.557; ADOLFO RODRÍGUEZ, C.I.Nº
941.689; OSWALDO MORILLO, C.I.Nº 942.183; VÍCTOR ACEVEDO, C.I.Nº
942.279; LUIS PÉREZ, C.I.Nº 943.089; PEDRO SUAREZ, C.I.Nº 943.116;
RAFAEL TORRES, C.I.Nº 943.143; GERARDO CAMPOS, C.I.Nº 943.185;
VIRGINIA SILGUERO, C.I.Nº 943.285; ENESTO RODRÍGUEZ, C.I.Nº
943.625; SEBASTIÁN URDANETA, C.I.Nº 943.784; PEDRO RUEDA G., C.I.Nº
944.134; BRAULIO GONZÁLEZ G., C.I.Nº 944.515; ISIDRO BRICEÑO,
C.I.Nº 944.525; EDUARDO HERNANDEZ, C.I.Nº 944.589; FELIX MONTILLA,
C.I.Nº 944.906; MARÍA VÁSQUEZ, C.I.Nº 945.963; LIBORIA GONZÁLEZ,
C.I.Nº 946.044; DOMINGO ANDRADE, C.I.Nº 946.092; BERTA VILCHEZ,
C.I.Nº 946.194; MARGO PLANAS DE ZAMBRANO, C.I.Nº 946.427; AGUSTIN
NARANJO V., 946.430; SAMUEL MARTINEZ, C.I.Nº 946.885; ROGER REINALDO
ALFONSO LEAL, C.I.Nº 947.024; DORA MARTIN DE SANTANA, C.I.Nº
947.117; SAUL TOVAR, C.I.Nº 947.288; LUISA GONZÁLEZ, C.I.Nº
947.373; PAILINA SERRANO, C.I.Nº 947.857; DOMINGO MACHADO, C.I.Nº
947.861; VÍCTOR JESÚS TORRES R., C.I.Nº 948.026; MARÍA RIVERO,
C.I.Nº 948.544; DOLORES PACHECO PALACIOS, C.I.Nº 948.554; HERNANDO
CELIS, C.I.Nº 948.813; ANA CRESPO, C.I.Nº 948.945; JOSÉ RAMOS,
C.I.Nº 949.335; PEDRO CARRILLO, C.I.Nº 949.419; FELIX VAAMONDE,
C.I.Nº 949.587; RAMÓN MÉRIDA, C.I.Nº 949.680; MIGUEL CHALITA,
C.I.Nº 949.744; ARMANDO GONZÁLEZ, C.I.Nº 949.799; ROSA BAPTISTA DE BRICEÑO, C.I.Nº
949.849; ISRAEL RODRÍGUEZ, C.I.Nº 950.115; HÉCTOR JAIME AGÜERO,
C.I.Nº 950.116; RAFAEL PÉREZ, C.I.Nº 950.375; ERNESTO STEIN ORTA,
C.I.Nº 950.500; ANGEL TOVAR, C.I.Nº 950.662; JORGE HERIBERTO PADRÓN,
C.I.Nº 950.834; JOSÉ LEÓN, C.I.Nº 950.835; AMABILE OJEDA,
C.I.Nº 950.909; FRANCISCO REJÓN, C.I.Nº 951.500; OVIDIO TOVAR,
C.I.Nº 951.820; MARÍA CRIMILDA LEZAMA, C.I.Nº 951.845; PEDRO
ACOSTA, C.I.Nº 951.851; EMMA MALDONADO DE AQUINO, C.I.Nº 952.002;
ABDÓN MATA, C.I.Nº 952.438; JUAN RUPERTO CONDE, C.I.Nº 952.540; JUAN
VICENETE ULLOA, C.I.Nº 952.655; LIBORIO SOLARTE, C.I.Nº 952.894;
ALFREDO LAZO PACHECO, C.I.Nº 953.187; CARLOS JOSÉ LEANDRO,
C.I.Nº 953.275; ANIBAL BLANCO, C.I.Nº 953.354; GIOVANNI MARTINEZ,
C.I.Nº 954.008; EMILIA PAREDES, C.I.Nº 954.212; GRACIELA BORREGALES,
C.I.Nº 954.393; VÍCTOR ESCALONA, C.I.Nº 954.545; RUBEN ESIS,
C.I.Nº 954.604; LUIS EVARISTO, C.I.Nº 954.673; PABLO GONELL ABREU,
C.I.Nº 955.989; LUIS SEQUERA C.I.Nº 956.292; FRANCISCO COLMENARES,
C.I.Nº 956.609; TEODORO LOBATON, C.I.Nº 957.006; GILBERTO CARRILLO,
C.I.Nº 957.635; EDUARDO MOLINA, C.I.Nº 957.885; PEDRO ROBERTO DÍAZ,
C.I.Nº 958.003; ORLANDO ÁLVAREZ, C.I.Nº 958.402; AUGUSTO FIGUERA
NAVARRO, C.I.Nº 960.017; ENRIQUE ALBARRACIN, C.I.Nº 960.126; CARLOS
GUZMÁN, C.I.Nº 960.285; CRISTINA GUILLEN, C.I.Nº 960.506;
CONCEPCIÓN CASTILLO, C.I.Nº 960.659; GREGORIA GUILLÉN, C.I.Nº
961.067; ANGEL REYNA, C.I.Nº 961.272; RAFAEL QUINTER, C.I.Nº
961.282; ESCOLASTINO PIÑA, C.I.Nº 961.293; CARLOS ALBERTO DÍAZ,
C.I.Nº 961.344; DIONISIO TORO, C.I.Nº 961.364; PEDRO ISRAEL ROJAS,
C.I.Nº 961.768; ISMAEL FERRER, C.I.Nº 962.135; LUISA HERNANDEZ, C.I.Nº
962.280; JUAN BUITRAGO, C.I.Nº 962.534; PABLO VIDAL HIDALGO, C.I.Nº
962.666; ISAAC DUARTE, C.I.Nº 963.223; DIÓGENES MACHADO, C.I.Nº
963.534; JOSÉ HERNANDEZ, C.I.Nº 963.825; MANUEL PIÑERO, C.I.Nº
963.919; HUMBERTO DELGADO, C.I.Nº 964.047; BLANCA CAVALIERI, C.I.Nº
964.055; LOURDES JAIMES, C.I.Nº 964.074; CARMEN DELGADO, C.I.Nº
964.089; CARMELINA DÍAZ, C.I.Nº 964.128; JOSÉ DE J. GIL VALDIVIA,
C.I.Nº 964.586; FELIPE VALERA, C.I.Nº 964.599; LUIS MORA,
C.I.Nº 964.907; JOSÉ COLMENARES, C.I.Nº 965.073; TOMAS ENRIQUE
PÉREZ, C.I.Nº 965.662, GUILLERMO ARANA; C.I.Nº 965.664; ANTONIO
LUGO, C.I.Nº 965.898; ARMANDO TORRES, C.I.Nº 966.340; JOSÉ RIVERO
SOTO, C.I.Nº 966.488; JUAN GALÍNDEZ, C.I.Nº 966.974; RAFAEL COLINA,
C.I.Nº 967.460; ADA VALERO, C.I.Nº 967.713; RAFAEL ROJAS, C.I.Nº
967.877; PETRA LARROVERE DE A., C.I.Nº 968.107; MARINA PRATO,
C.I.Nº 968.248; AURA CASTILLO, C.I.Nº 968.335; CARLOS MARTINEZ,
C.I.Nº 969.020; ATILIO BELARDI, C.I.Nº 969.493; JORGE CHACÓN,
C.I.Nº 969.590; MARÍA CONTRERAS DE G., C.I.Nº 969.625; URBANO
TORRES, C.I.Nº 969.889; PIO CABRITA ROJAS, C.I.Nº 970.064; DALIA
RIERA, C.I.Nº 970.482; PEDRO MICTIL, C.I.Nº 970.662; LIEZER BEJAR
KATAN, C.I.Nº 971.001; HERMENEGILDO RENGIFO, C.I.Nº 971.506; MARTIN
RAMÓN GRATEROL, C.I.Nº 971.849; FRANCISCO SANTANA GALINDO,
C.I.Nº 972.374; REGIS MIERES, C.I.Nº 972.390; ALFREDO PÉREZ,
C.I.Nº 972.798; RAFAEL PINEDA, C.I.Nº 973.057; NICOLAS MARQUEZ,
C.I.Nº 973.156; JESÚS E. PRIETO, C.I.Nº 973.494; EDGAR HUGGINS
CASTAÑEDA, C.I.Nº 973.901; AURA SILVA DE MIKATY, C.I.Nº 974.108;
CARMEN ACOSTA, C.I.Nº 974.128; ARTURO JOSÉ MENDOZA C., C.I.Nº
974.259; LUIS ESCALONA, C.I.Nº 974.619; MARÍA SÁNCHEZ, C.I.Nº
974.679; BENITO TOVAR, C.I.Nº 974.839; AUGUSTO ORAMAS, C.I.Nº
974.936; SANTIAGO VASQUEZ, C.I.Nº 975.082; ANTONIO JOSÉ MEDINA,
C.I.Nº 975.165; ANGEL GONZÁLEZ C.I.Nº 975.426; LUISA M. MALDONADO
C.I.Nº 975.444; RAUL PERDOMO C.I.Nº 975.450; FÉLIX A. CONTRERAS,
C.I.Nº 975.545; CARMEN CALDERA, C.I.Nº 975.797; JAIME A. ALBEELA OLTAVIA,
C.I.Nº 975.958; RAFAEL A. HERNÁNDEZ MENDOZA, C.I.Nº 976.102; CARLOS
VIDAL SÁNCHEZ, C.I.Nº 976.255; PEDRO ROJAS CARRILLO, C.I.Nº
976.644; EVARISTO FUENTES, C.I.Nº 976.649; MANUEL ALVARADO, C.I.Nº
976.999, MARTIN DÍAZ, C.I.Nº 977.225; ANGEL R. QUINTERO, C.I.Nº
977.414; VEGONIA OLIVARES DE TOVAR, C.I.Nº 977.541; ELEAZAR JIMENO M.,
C.I.Nº 977.898; LUIS ACEVEDO GONZÁLEZ, C.I.Nº 977.928; ANTONIO JOSÉ
RONDÓN, C.I.Nº 978.243; FRANCISCO MÁRQUEZ B., C.I.Nº 978.607;
CLAUDIO J. HERMOSO M., C.I.Nº 978.830; LEÓN DAVID VALERO G., C.I.Nº
979.016; JOSÉ M BRACAMONTE, C.I.Nº 979.018; CARMEN E, RODRÍGUEZ,
C.I.Nº 979.150; CONCEPCIÓN MARTIN, C.I.Nº 979.386; MARÍA SUÁREZ,
C.I.Nº 979.781; PEDRO R. MURILLO R., C.I.Nº 979.912; VIRGINIA
KANNEE DE MURIN, C.I.Nº 980.141; LUIS E. BELTRAN, C.I.Nº 980.856;
IRMA J. ZAMORA R, C.I.Nº 980.869; CÉSAR E. APONTE, C.I.Nº 980.902;
CARLOS TRUJILLO, C.I.Nº 980.972 EDGAR RODRÍGUEZ M., C.I.Nº 981.003;
JOSE FRANCISCO CHIRIVELLA, C.I.Nº 981.102; JOSÉ RAFAEL ESCOBAR, C.I.Nº 981.404;
OSCAR ESCALONA, C.I.Nº 982.126 JESÚS EVELIO PÉREZ C.I.Nº 982.410,
LUIS G. PIÑANGO L., C.I.Nº 982.560; CARMEN DE DORTA, C.I.Nº
983.057, ASCENSIÓN DIAZ, C.I.Nº 983.377, RAMIRO NAVARRO, C.I.Nº
983.679, AUGUSTO IZQUIERDO, C.I.Nº 984.288, CRISPULO JACKSON,
C.I.Nº 984.317, LIOENARDO AREAZA, C.I.Nº 984.580, MARÍA BETANCOURT,
C.I.Nº 984.763; LEONOR ASCANIO, C.I.Nº 984.773; LUIS RODRÍGUEZ,
C.I.Nº 985.099; JUAN CALDERÓN, C.I.Nº 985.410; ANITA UZCATEGUI,
C.I.Nº 985.512; CARMEN GODOY,
C.I.Nº 985.520; ANA GUTIERREZ DE V., C.I.Nº 985.646; OMAR
SABELLI, C.I.Nº 985.845; LUIS FELIPE MARTÍNEZ, C.I.Nº 986.028
ANDRES ALFONSO, C.I.Nº 986.106; BLANCA SERRANO, C.I.Nº 986.349
FRANCISCO OJEDA, C.I.Nº 986.964; TRINA TORRES, C.I.Nº 987.002;
GERMAN SIVIRA, C.I.Nº 987.340; JUAN RAMÓN MENDEZ, C.I.Nº 987.608;
JOSÉ CONTRERAS, C.I.Nº 987.751; JOSE BLANCO, C.I.Nº 987.757; ANGELA
VELAZQUEZ, C.I.Nº 988.040; JORGE MOTILLA, C.I.Nº 988.054; JUAN DIAZ
C.I.Nº 988.077; PEDRO JOSE CORONADO, C.I.Nº 988.243; JUAN FALOTICO
C.I.Nº 988.435; JUAN REAL, C.I.Nº 988.462; RAMÓN GARCIA,
C.I.Nº 988.581; JESÚS HERRADA, C.I.Nº 988.628; JORGE ANDRIZ,
C.I.Nº 988.711; ALFONSO NOGUERA, C.I.Nº 989.680; ADELA RIOS,
C.I.Nº 990.029; MARIA VELANDRIA, C.I.Nº 990.128; CARMEN PALACIOS,
C.I.Nº 990.247; RAFAEL URBINA, C.I.Nº 990.252; LUIS HERRERA,
C.I.Nº 990.485; JESÚS DOMÍNGUEZ, C.I.Nº 990.503; FRANCISCO
GUERRERO, C.I.Nº 990.609; CESAR OLARTE, C.I.Nº 990.779; MARGOTH
GONZALEZ, C.I.Nº 990.899; CARMEN SUAREZ, C.I.Nº 991.063; RAFAEL
GONZALEZ, C.I.Nº 991.080; MERCEDES NAVARRO, C.I.Nº 991.087; SERGIO
MARTINEZ, C.I.Nº 991.165; ANDRES FIGUEROA, C.I.Nº 991.510; OSCAR
TABARES, C.I.Nº 992.057; PEDRO RUEDA, C.I.Nº 992.386; PEDRO MEJIAS,
C.I.Nº 992.767; RAFAEL FIGUROA, C.I.Nº 993.553; EMILIO MOLINAR
C.I.Nº 993.608; CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ, C.I.Nº 994.123; JESÚS PERDOMO
C.I.Nº 994.183; MARIA CELESTINA CABRERA, C.I.Nº 994.218; MARIA
SARMIENTO, C.I.Nº 994.405; MIGUEL BALZA, C.I.Nº 994.631; HECTOR
VILLAMEDIANA, C.I.Nº 994.676; RAFAEL MIJICA, C.I.Nº 994.845; LEOPOLDO
RODRÍGUEZ, C.I.Nº 994.859; ROSA DE CASTRO, C.I.Nº 994.944; JUAN
EVANGELISTO GONZALEZ, C.I.Nº 995.999; GEGORT GONZALEZ, C.I.Nº
996.116; ISMENIA HERNANDEZ, C.I.Nº 996.184; CAMILO PEREZ, C.I.Nº
996.252; RUBEN LOVERA, C.I.Nº 996.269, ANTONIO FLORES, C.I.Nº
996.481, MANUEL GURRERO, C.I.Nº 996.570, CESAR SANCHEZ, C.I.Nº
996.863, ANTONIO VILLARRUEL, C.I.Nº 997.000, ESTABAN MORAO, C.I.Nº
997.269, AIDE BORREGALEZ, C.I.Nº 997.432, MARIA DAVILA, C.I.Nº
997.722, FRANCISCO SUAREZ, C.I.Nº 997.758, PEDRO LOZANO, C.I.Nº
997.784, JERÓNIMO FUENTES, C.I.Nº 998.151, PEDRO ASTUDILLO, C.I.Nº
998.590, FRANCISCO VIÑA, C.I.Nº 998.659, MARCOS SAYAGO, C.I.Nº
998.824, TARCISIA DE MONTERO, C.I.Nº 998.989, RUBEN CASTRO, C.I.Nº
999.027, LAZARO CASTRO, C.I.Nº 999.188, MIGUEL DEL VALLE MORAO,
C.I.Nº 999.426, ISABEL CARLOTA DE CATALAN, C.I.Nº 999.528, BLANCA
SANCHEZ, C.I.Nº 999.587, LUIS FONSECA, C.I.Nº 999.628, AURA CECILIA
JIMENEZ, C.I.Nº 999.909, LEOPOLDO VALECILLOS, C.I.Nº 1.000.675,
ELPIDIO SANCHEZ C.I.Nº 1.001.085, ASISCLO GRATEROL,
C.I.Nº 1.002.817, VENANCIO TERAN C.I.Nº 1.002.887, RAFAEL CORREA,
C.I.Nº 1.003.201, JUAN DE DIOS HERNANDEZ, C.I.Nº 1.004.226, ARACELIS
DE RAMIREZ C.I.Nº 1.004.254, JOSE GARRIDO LARA, C.I.Nº 1.005.895,
HILDA DE MENDEZ, C.I.Nº 1.006.356, BENJAMÍN ARAUJO, C.I.Nº
1.006.427, GLADIS MACHADO DE ARAUJO, C.I.Nº 1.006.761, LIDA B. DE
BRICEÑO, C.I.Nº 1.011.045, ALIRIO LEON, C.I.Nº 1.001.451, GICELA DE
SOSA, C.I.Nº 1.012.333, EDUARDO AÑIZ, C.I.Nº 1.013.995, JOSE DEL
AVILA OLMOS, C.I.Nº 1.014.564, ERNESTO AGUILAR C.I.Nº 1.014.865,
HUBERTO BASTIDAS, C.I.Nº 1.015.206, LORENZO GIL RODRÍGUEZ, C.I.Nº
1.017.227, PABLO QUEVEDO C.I.Nº 1.017.317, RAFAEL REYES C.I.Nº
1.020.548, ANTONIO CASTILLO C.I.Nº 1.020.856, MANUEL SALVADOR BELMUDEZ
C.I.Nº 1.021.925, HERMES ESCIBAR C.I.Nº 1.022.265, FRANCISCO SILVA
C.I.Nº 1.025.766, LUIS MODESTO BARRETO C.I.Nº 1. 027254; OTILIO
DÍAZ PINEDA C.I.Nº 1.027.263; GUILLERMO FALCÓN C.I.Nº 1.027.349;
LUISA DE SEVILLA C.I.Nº 1 .033.214; ANTONIO ANDRADE C.I.Nº 1
.033.896; AMALIA FLORES C.I.Nº 1.034.051; JUAN BRACHO C.I.Nº 1
.040.565; ANGEL HIGUERA C.I.Nº 1.042.530; EDUVINA MÁRQUEZ, C.I.Nº
1.043.247; JOSÉ ESCORIHUELA C.I.Nº 1.043.783; ANGELA GOVEA DE V. C.I.Nº
1.044.553; ANGELA QUINTERO DE P. C.I.Nº 1.044.706; RAMÓN BRITO
C.I.Nº 1.044.785; GUILLERMO RINCÓN C.I.Nº 1.045.627; ÍZALE JESÚS
DAVALILLO C.I.Nº 1.046.166; LESBIA RIOS DE GARCÍA C.I.Nº 1.050.716;
SILFIDA VARGAS DE G. C.I.Nº 1.051.038; CARMEN LIZARDO DE V. C.I.Nº
1.051.149; JOSÉ CARRUYO, C.I.Nº 1.052.597; GEORGINA GARCÍA DE B.
C.I.Nº 1.053.570; JOSEFINA VILLASMIL C.I.Nº 1.054.879; JOSÉ GARCÍA
C.I.Nº 1.055.277; CARMEN NAVA C.I.Nº 1.055.417; JOSÉ GONZÁLEZ
C.I.Nº 1.055.806; CARLOS ESCOLA C.I.Nº 1.056.352; JOSÉ QUEVEDO,
C.I.Nº 1.056.386; FRANCISCO POZO C.I.Nº 1.056.599; JOSÉ URDANETA
C.I.Nº 1.058.059; CONMEMORACIÓN COLINA, C.I.Nº 1.058.720; MANUEL
ROSILLO C.I.Nº 1.059.536; VENANCIO BELLO, C.I.Nº 1.060.246; ANTONIO
NAVARRO, C.I.Nº 1.060.478; JOSÉ ROMERO, C.I.Nº 1.060.640; AMELIA
BENEDETTI, C.I.Nº 1.060.655; ALICIA LOAIZA C.I.Nº 1.061.535;
HERCILIA LUZARDO, C.I.Nº 1.061.702; EUDOMARIO ATENCIO, C.I.Nº
1.063045; JOSÉ PACHECO, C.I.Nº 1.063.290; ISOLA F. DE LEAÑEZ,
C.I.Nº 1.063.867, JOSÉ ÁLVAREZ, C.I.Nº 1.064.995; QUENIS MADRID,
C.I.Nº 1.065.141; FILOMENO PARRA C.I.Nº 1.065.268; LUISA ROMERO DE
G. C.I.Nº 1.066.736; LUZMILA IRIARTE DE V. C.I.Nº 1.066.748; LUIS
ROJAS C.I.Nº 1.067.245; LUCRECIA DE RONDÓN C.I.Nº 1.067.280;
ADAULFO FUENMAYOR C.I.Nº 1.068.021; ROBERTO PORTILLO, C.I.Nº
1.068.522; PEDRO JOSÉ VARGAS, C.I.Nº 1.068.892; NINFA GUTIERREZ,
C.I.Nº 1.069.307, ANGEL MONTIEL C.I.Nº 1.069.944; JOSÉ MARCANO
C.I.Nº 1.070.140; JOAQUIN CARRUYO C.I.Nº 1.071.360; ELIA GEORGE
C.I.Nº 1.071.961; JOSÉ ISAIAS BASANTA C.I.Nº 1.072.427; RAFAEL
CASTRO C.I.Nº 1.073.057; JOSÉ LARREAL, C.I.Nº 1.073.193; MARÍA
GUERRERO, C.I.Nº 1.073.473; HUMBERTO DÍAZ, C.I.Nº 1.073.748; CIRO
VILLASMIL, C.I.Nº 1.074.043; ROQUE MARIN S. C.I.Nº 1.075.343;
RAFAEL VILLALOBOS, C.I.Nº 1.075.555; HERIBERTO AÑEZ, C.I.Nº
1.075.725; JOSÉ VILLALOBOS C.I.Nº 1.075.948, RAFAEL CAMACHO, C.I.Nº
1.076.876; ANTONIO URDANETA C.I.Nº 1.078.613; ANTONIO JESÚS VERA,
C.I.Nº 1.079.194; JOSÉ VILLALOBOS, C.I.Nº 1.079.260; MARÍA CAMEJO
C.I.Nº 1.079.772; BLANCA ROMERO DE LEONCIO, C.I.Nº 1.080.851;
TERESA DE J. DE MEDINA GARCÍA, C.I.Nº 1.080.938; TERESA DE J. SOTO DE P.,
C.I.Nº 1.082.684; LUIS TROCONIS, C.I.Nº 1.082.700; ROBINSON ROO,
C.I.Nº 1.082.868; GUILLERMO MEDINA, C.I.Nº 1.082.915; ANGEL FERRER,
C.I.Nº 1.083.480, CARMEN DE TINEDO, C.I.Nº 1.084.273; ANGEL
TROCONIS, C.I.Nº 1.086.075; JESÚS ALMARZA, C.I.Nº 1.086.322; RITA
MONTENEGRO DE, C.I.Nº 1.086.876; GRACIELA GOMERO, C.I.Nº 1.087.033;
MARÍA VILLALOBOS, C.I.Nº 1.087.483; LUCINDA URDANETA, C.I.Nº 1.088.252;
RAFAEL BRACHO, C.I.Nº 1.088.294; RAMÓN CARDENAS, C.I.Nº 1.088.387;
GLADYS PARRA DE M., C.I.Nº 1.088.596; MIRTHA MUÑOZ, C.I.Nº
1.089.003; LOURDES RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.089.051; JESÚS MARTÍNEZ DAVALILLO,
C.I.Nº 1.090.168; YOLANDA URDANETA C.I.Nº 1.091.235; MARCO MARTÍNEZ,
C.I.Nº 1.091.245; MARCIAL VILLALOBOS, C.I.Nº 1.091.520; JOSÉ
PORTILLO, C.I.Nº 1.092.285; JESÚS PIRELA, C.I.Nº 1.092.304; MARCIAL
VERA S., C.I.Nº 1.092.611; ANTONIO CHOURIO, C.I.Nº 1.092.796; PETRA
GALLEGOS, C.I.Nº 1.093.006; ANGELA MERY ABREU DE P., C.I.Nº
1.093.073; EXPEDITO VILCHEZ, C.I.Nº 1.093.856; LAURA ROSA ARBONA A.,
C.I.Nº 1.093.973; DAVID PÉREZ, C.I.Nº 1.095.708; LUIS ANGEL PÉREZ,
V., C.I.Nº 1.095.784, HERENA BAPTISTA DE G., C.I.Nº 1.095.876; JUAN
SARABIA, C.I.Nº 1.096.309; ROMER FERRER, C.I.Nº 1.096.441; RAFAEL
AÑEZ URDANETA, C.I.Nº 1.096.803; ANGEL BORJAS, C.I.Nº 1.096.822;
LUIS ANTONIO ESPINA, C.I.Nº 1.096.896; PABLO LEAL, C.I.Nº
1.097.502; DAGOBERTO BARRIOS, C.I.Nº 1.097.584; GUILLERMO LEAL.,
C.I.Nº 1.097.711; MOISÉS GONZÁLEZ., C.I.Nº 1.097.861; EUGENIO
GONZÁLEZ.,C.I.Nº 1.098.179; BARBARA MAYORCA DE DURÁN, C.I.Nº
1.098.629, ALEJANDRO CUMARE, C.I.Nº 1.099.235, SILIO BORJAS., C.I.Nº
1.099.261; ÁZAEL FUENMAYOR, C.I.Nº 1.099.872; JESÚS MANUEL LACRUZ,
C.I.Nº 1.103.329; BERLARMINO SOSA OBREGEGON, C.I.Nº 1.043.338,
HERMES RAMÓN GONZÁLEZ, C:I. Nº 1.105.077; MAGDALENA TORRES C.I.Nº
1.105.910; INDALECIO LOYO RITO, C.I.Nº 1.106.446; NESTOR MOGOLLÓN,
C.I.Nº 1.107.399; MARÍA CARRERO, C.I.Nº 1.108.553, RAMÓN NONATO LÓPEZ
F., C.I.Nº 1.109.462; CARMEN ARÍAS, C.I.Nº 1.110.787; ROSA SALAZAR,
C.I.Nº 1.111.441, JULIO MONAGAS, C.I.Nº 1.116.163; CARMEN CORDONES
DE ZABALETA, C.I.1.116.700, JOSÉ RAFAEL CASTAÑEDA, C.I.Nº 1.118.642, ROMELIA
MENDOZA DE R., 1.119.936, ESTILITA PIMENTEL DE CHIRINOS C.I.Nº 1.120.064,
GUADALUPE AREVALO, C.I.Nº 1.122.733; EVA ZIRIT DE BARRANCOS, C.I.Nº
1.123.624; JOSEFINA DE J. MEJIAS, C.I.Nº 1.124.848; ALIDA MORENO DE
RIVERO, C.I.Nº 1.126.182; HILDELGARTH GRIMAN DE SALAS, C.I.Nº 1.126.654;
YRAIMA ROJAS, C.I.Nº 1.128.430; MAYORIS CASTILLO FIGUEROA, CI.I. Nº
1.129.131; MARIO RAFAEL QUEVEDO C.I.Nº 1.130.956; PEDRO TORIBE C.,
C.I.Nº 1.131.371; JOSÉ QUEVEDO, C.I.Nº 1.131.575, MERCEDES MENDES DE S.,
C.I.Nº 1.132.008; JULIA ANDRADE C.I.Nº 1.132.594; PEDRO JOSÉ BOLÍVAR,
C.I.Nº 1.132.944; MEDALIS MALPICA C.I.Nº 1.133.780; RAMÓN ROMERO,
C.I.Nº 1.135.032; PABLO MUJICA C.I.Nº 1.136.444; SILVESTRE NAVARRETE,
C.I.Nº 1.136.678, MANUEL LINARES, C.I.Nº 1.136.800, JULIO PACHANO, C.I.N°
1.137.040, IRMA ÁVILA, C.I.Nº 1.137.120, CARLOS FLORES,
C.I.Nº 1.137.469, ANTONIO RIERA C.I.Nº 1.137.901. SATURNO HERNÁNDEZ,
C.I.Nº 1.138.311, JOSÉ HERNÁNDEZ C.I.Nº 1.138.352, FERNANDO
SILVESTRE, C.I.N° 1.138.553, MARCELINO NOGUERA C.I.Nº 1.138.654, BARTOLA
DÍAZ C.I.Nº 1.139.647, LUISA GUANIPA C.I.Nº 1.140.691, PEDRO SOTO,
C.I.Nº 1.141.104, ANGELINA CANSEN, C.I.Nº 1.141.157, SANTIAGO NATERA,
C.I.Nº 1.141.369, MIGUEL RIVAS, C.I.Nº 1.141.370, BARBARA VITORIA,
C.I.Nº 1.142.403, OTILIA LADERA, C.I.Nº 1.142.763, ANDRÉS A.
VELÁSQUEZ, C.I.Nº 1.143.809, FERNANDO RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.143.842, ALICIA
LADERA, C.I.Nº 1.143.933, ESTILITA LÓPEZ, C.I. Nº 1.144.254, ARMANDO LÓPEZ
,C.I.Nº 1.148.773, LIBIA TORRES, C.I.Nº 1.149.534, GLADYS SUÁREZ,
C.I.Nº 1.149.550, MELCHOR CARRIÓN, C.I.Nº 1.149.580, AMALIA ZAMBRANO,
C.I.Nº 1.149.805, CARDONA DE ESTANGA DE, C.I.Nº 1.150.102, FLOR
PARRA DE LEÓN, C.I.Nº 1.150.424, CELESTINO GUARECE,
C.I.Nº 1.150.469, FÉLIX PURVES, C.I.Nº 1.150.797, RUTH HERNÁNDEZ,
C.I.Nº 1.151.089, JOSEFINA PETIT DE G., C.I.Nº 1.151.432, ISMAEL
MAIZ, C.I.Nº 1.152.388, JOSÉ CASTILLO, C.I.Nº 1.152.400, GERARDO
VARGAS, C.I.Nº 1.152.401, MANUEL MÉNDEZ, C.I.Nº 1.153.164, MARÍA
MORENO, C.I.Nº 1.153.305, JOSÉ RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.153.711, LUIS
REYES C.I.Nº 1.154.059, OFELIA HERNÁNDEZ, C.I.Nº 1.154.238, JUANA
NEGRÓN C.I.Nº 1.154.677, ULISES GONZÁLEZ C.I.Nº 1.154.739, GERARDO
GONZÁLEZ C.I.Nº 1.154.740, EUGENIA FIGUERA, C.I.Nº 1.155.018,
BEATRIZ CHACIN C.I.Nº 1.155.061, LUISA GUZMAN, C.I.Nº 1.155.289,
NORIS ZAMORA, C.I.Nº 1.155.354, CRUZ LOZADA, C.I.Nº 1.155.521, REYNA
ARREAZA, C.I.Nº 1.156.032, ARMANDO JOSÉ PRESILLA, C.I.Nº 1.157.043,
AUDILIO DELGADO, C.I.Nº 1.157.378, RAMÓN MENDOZA, C.I.Nº 1.157.465,
LEONARDO CANAVIRE, C.I.Nº 1.157.763, JUAN GUARAPO, C.I.Nº
1.157.965, ROSA DEVIER, C.I.Nº 1.158.194, ROSA T. DE SALVA, C.I.Nº
1.159.027, MAURA GUERRA, C.I.Nº 1.159.373, VÍCTOR SILVA, C.I.Nº 1.159.886,
RAFAEL HERNÁNDEZ, C.I.Nº 1.165.293, LEONIDAS RODRÍGUEZ, C.I.Nº
1.167.220, PABLO BELTRÁN, C. I. Nº 1.167.862, ELENA SILLET, C.I. Nº 1.167.973,
RAFAEL YAGUARACUTO, C.I.Nº 1.168.376, MERCEDES GUAYURPA, C.I.Nº
1.169.814, MIGUEL RONDÓN, C.I. V. 1.175.961, AMANDA RODRÍGUEZ,
C.I.Nº 1.176.717, VÍCTOR DÍAZ C.I.Nº 1.176.734, MARÍA MONASTERIO,
C.I.Nº 1.176.818, MAXIMO CARDOZO, C.I.Nº 1.177.045, DAVID ROJAS,
C.I.Nº 1.177.708, MATILDE BUSTOS, C.I.Nº 1.177.748; RAFAEL
LEONARDO, C.I.Nº 1.179.071, CANDELARIA ROJAS, C.I.Nº 1.188.629,
LETICIA CHACIN, C.I.Nº 1.188.688; WINTILA GUACARAN, C.I.Nº
1.188.715, JAVIER ROJAS, C.I.Nº 1.189.635, BARTOLOMÉ MENDOZA, C.I.Nº
1.189.645; ELVIA RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.190.400; MODESTA GUILARTE,
C.I.Nº 1.190.445, CARMEN POYER, C.I.Nº 1.190.732, LUISA MARIN,
C.I.Nº 1.191.001; JOSÉ MONTILLA, C.I.Nº 1.191.903; CARMEN PIÑANGO,
C.I.Nº 1.191.976, VESTALIA GRAFFE, C.I.Nº 1.192.390; JESÚS NAVARRO,
C.I.Nº 1.193.924; GLADYS PIÑA, C.I.Nº 1.194.284; CRISTÓBAL
MONASTERIOS, C.I.Nº 1.195.874; OLGA ÁLVAREZ, C.I.Nº 1.196.138; ATILIA
CANICHE, C.I.Nº 1.196.509; BETSY CARVAJAL, C.I. 1.197.744, LORENZA DE LEZAMA,
C.I.Nº 1.197.975; BELKYS TORRES, C.I.Nº 1.198.410; ERNESTO RAMIREZ,
C.I.Nº 1.199.561, ADA BALLESTEROS P., C.I.Nº 1.199.605; SAULO RIVERO,
C.I.Nº 1.203.352; BENIGNO OCANTO, C.I.Nº 1.202.952; ANA JIMÉNEZ,
C.I.Nº 1.204.454, EDUVIGES AZUAJE, C.I.Nº 1.204.887; DELIA SILVA,
C.I.Nº 1.211.084; ALVIS GARCÍA, C.I.Nº 1.219.371; RAMÓN ZAMBRANO,
C.I.Nº 1.226.490; JOSÉ RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.230.590; PIO ARANGUREN,
C.I.Nº 1.231.159; BLANCA DE CEBALLOS, C.I.Nº 1.231.727; VICENTE
ALFIN, C.I.Nº 1.232.835; MARIO A. ORELLANA, C.I.Nº 1.233.670,
ELEAZAR CAMELON, C.I.Nº 1.233.724; PABLO INFANTE, C.I.Nº 1.233.833;
BRAULIO COLMENAREZ, C.I.Nº 1.236.204; ANGEL BOZA PARRA,
C.I.Nº 1.236.630; ESTHER PERAZA DE ORTIZ, C.I.Nº 1.238.710; MIRIAM
RAMÍREZ DE GIMENEZ, C.I.Nº 1.242.162 ; FLORENCIO A. DÍAZ C.I.Nº
1.243.513; JESÚS M. RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.243.592; EMEE C. CHANGIR DE
MARANTE, C.I.Nº 1.244.009, JACINTO A COLMENAREZ, C.I.Nº 1.244.175;
HERCILIA R.RODRIGUEZ, C.I.Nº 1.245.593, JOSÉ ANTONIO GIMÉNEZ,
C.I.Nº 1.246.085; RAFAEL SANTANA GUERRA, C.I.Nº 1.246.473; ABILIA
BARRAGAN CRESPO, C.I.Nº 1.247.251; NICOLAS PÉREZ SOLANO,
C.I.Nº 1.247.682; MARÍA J. ÄLVAREZ DE MULLER, C.I.Nº 1.248.350,
CERBELION QUERALES ESCALONA, C.I.Nº 1.250.689; CARMEN V. PERAZA V.,
C.I.Nº 1.252.306; VÍCTOR VILLALOBOS, C.I.Nº 1.252.344; ENIO J.
MUÑOZ H., C.I.Nº 1.252.466; ABRAHAN.P. JIMÉNEZ FREITEZ,
C.I.Nº 1.253.144; DOMITILA GUEVARA, C.I.Nº 1.253.236; PEDRO R.
RODRÍGUEZ GUARECUCO, C.I.Nº 1.253.594; ANA B. FREITES DE VALBUENA,
C.I.Nº 1.253.714; JOSEFINA BOLÍVAR DE TOVAR, C.I.Nº 1.254.073;
FRANCISCO R. MUJICA, C.I.Nº 1.254.681; JOSEFA PIÑA C.I.Nº
1.254.739; LUIS A. RODRÍGUEZ A., C.I.Nº 1.255.183; NELLY J. GOIZUETA DE MELENDEZ, C.I.Nº 1.256.165;
CRISTÓBAL J. LUGO DELGADO, C.I.Nº 10.256.969; JOSÉ SÁNCHEZ, C.I.
1.257.588; RAMONA M. GUDIÑO DE MORALES, C.I.Nº 1.257.664; RAFAEL S. TOVAR
APONTE, C.I.Nº 1.257.937; DELIO R. MORALES COLOMBO, C.I.Nº
1.258.124; ARCENIA RAMOS DE MENESES, C.I.Nº 1.258.882; ISIDRO P. GUEVARA,
C.I.Nº 1.260.046; MANUEL MELENDEZ, C.I.Nº 1.261.818; ALIS M.
CAMACARO P., C.I.Nº 1.262.180; JUAN DE J. GARCÍA C., C.I.Nº
1.262.474; RAFAEL A. PIÑA, C.I.Nº 1.263.639; ERNESTO R. RIVERO,
C.I.Nº 1.264.227; GLADYS PEÑA URIBE, C.I.Nº 1.264.958; LUIS EMIRO
VELAZCO R., C.I.Nº 1.265.439; TOMÁS A. SÁNCHEZ C.I.Nº 1.267.754;
JOSÉ A. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.267.847; RAMÓN APONTE VALERI,
C.I.Nº 1.268.148; JOSÉ T. FERNANDEZ JIMÉNEZ, C.I.Nº 1.268.974;
RAFAEL JOSÉ ARRIECHE GARCÍA, C.I.Nº 1.269.125, GLORIA A. ÁLVAREZ PARRA,
C.I.Nº 1.269.723; ONORIO A. CALDERÓN, C.I.Nº 1.270.488; JOSÉ V.
COLMENAREZ, C.I.Nº 1.272.225; GERMÁN VÁSQUEZ SÁNCHEZ, C.I.Nº
1.272.805; NEYDA ÁLVAREZ DE RODIL, C.I.Nº 1.273.412; RÓMULO G. ROMERO
PERNALETE, C.I.Nº 1.275.139; PABLO R. SUÁREZ, C.I.Nº 1.276.446;
FRANKLIN E. VALBUENA G., C.I.Nº 1.276.976; RITO J. ROJAS, C.I.Nº
1.277.973; JOS PALACIOS ANTONI, C.I.Nº 1.280.530; CARLOS E. BARRIOS,
C.I.Nº 1.281.613; LUISA G. DE LÓPEZ C.I.Nº 1.282.417; JUAN MARÍA
FREITES, C.I.Nº 1.282.597; JUANA E. SANOJA DE VALDE, C.I.Nº
1.282.798; SONIA BOLÍVAR B., C.I.Nº 1.282.987; ISABEL MARÍN DE ESPOSI,
C.I.Nº 1.283.312; PABLO AYALA, C.I.Nº 1.283.412; JOSÉ LUIS ALGARIN,
C.I.Nº 1.283.592; ARNANDO SOLÓRZANO, C.I.Nº 1.283.678; ANTONIO J.
PARRA A., 1.283.682, AIDA TERAN DÌAZ, C.I.Nº 1.284.282, JOSÉ FERMIN
VELÁSQUEZ, C.I.Nº 1.284.283, ELOY CAMBERA PIO, C.I.Nº 1.284.948,
DELIA BARRIOS, C.I.Nº 1.285.940, MARÍA HERRERA, C.I.Nº 1.286.254,
MARÍA MENESES DE BOLÍVAR, C.I.Nº 1.287.623, JOSÉ ESTEBAN VARGAS,
C.I.Nº 1.288.386, MARÍA TERÁN DE AGÜERO, C.I.Nº 1.288.671, ROSA
LANDAETA, C.I.Nº 1.291.491, MIRNA ARGUINZONE, C.I.Nº 1.291.695,
MARÍA VELÁSQUEZ, C.I.Nº 1.292.054, ANA DÍAZ, C.I.Nº 1.292.501,
ROSALIA BRAVO, C.I.Nº 1.292.824, LUIS RAMIREZ, C.I.Nº 1.293.067,
CARMEN SANOJA, C.I.Nº 1.294.648, SOILA BUSTAMENTE, C.I.Nº 1.295.649,
JOSÉ ABADEJO, C.I.Nº 1.297.630, ELADIA
MEDINA, C.I.Nº 1.297.678, NELLY DAMELLIS, C.I.Nº 1.297.679,
FLOR MARÍA GONZALEZ ,C.I.Nº 1.297.725, ANA DAMELLIS, C.I.Nº 1.297.753,
ESPERANZA LAMONT, C.I.Nº 1.297.754, VELEN DÍAZ, C.I.Nº 1.298.608,
CLEMENTE GOMEZ, C.I.Nº 1.300.380, PEDRO GUZMAN, C.I.Nº 1.302.261,
BERTHA BARRETO, C.I.Nº 1.303.182, JUAN DE JESÚS HERNÁNDEZ, C.I.Nº
1.303.372, FELIPE ACOSTA, C.I.Nº 1.304.666, AMADOR MEDINA,
C.I.Nº 1.304.733, ANTONIO GONZALEZ, C.I.Nº .304.815, ARNALDO JOSÉ
PEREZ, C.I.Nº 1.306.266, EFRAÍN ZAMBRANO, C.I.Nº 1.306.974, ROSA
CHAURAN, C.I.Nº 1.307.613, MANUELA IRAZABAL, C.I.Nº 1.308.230, AURA
RODRÍGUEZ C.I.Nº 1.309.272, ANIBAL MARTINEZ, C.I.Nº 1.309.745, JOSÉ
VIERA, C.I.Nº 1.310.295, JOSÉ UZCATEGUI, C.I.Nº 1.311.707, MARÍA AURA
TERAN, C.I.Nº 1.311.933, CARMEN BRICEÑO, C.I.Nº 1.313.099, MARÍA C.
DE ARAUJO, C.I.Nº 1.313.662, PABLO CASTILLO, C.I.Nº 1.313.856, ELOY
MARÍA SANCHEZ, C.I.Nº 1.314.311, JOSÉ TOLOSA, C.I.Nº 1.314.413, JOSE
MARIA PAREDES, C.I.Nº 1.315.186, CARLOS ONTIVEROS, C.I.Nº
1.316.220, JOSE DE JESÚS ZAMBRANO, C.I.Nº 1.316.512, CRUZ J. VASQUEZ,
C.I.Nº 1.316.670, JESÚS MARÍA BLANCO, C.I.Nº 1.317.751, JOSE VIERA,
C.I.Nº 1.318.149, PEDRO GONZALEZ, C.I.Nº 1.318.918, MARIA M. DE GONZALEZ,
C.I.Nº 1.318.937, ITALO PERDOMO, C.I.Nº 1.319.419, BETTY MENDEZ,
C.I.Nº 1.319.688, IGNACIO BOADA, C.I.Nº 1.321.100, ELADIO
RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.321.439, CARMEN RIVAS DE ROMERO, C.I.Nº
1.321.637, DOMINGO HERNANDEZ, C.I.Nº 1.322.024, DAMOSO REYES,
C.I.Nº 1.322.837, JUAN LOSADA, C.I.Nº 1.323.084, JUSTA HERNANDEZ,
C.I.Nº 1.323.270, MARIA RIVAS, C.I.Nº 1.323.424, JOSE RODRÍGUEZ,
C.I.Nº 1.323.650, MIGUEL ORDAZ, C.I.Nº 1.324.894, REINALDO
ARISMENDI, C.I.Nº 1.324.922, JESÚS MARTINEZ, C.I.Nº 1.326.234, LUIS
RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.327.252, ISIDRO SALAZAR, C.I.Nº 1.327.521,
ANTONIO HERNÁNDEZ ,C.I.Nº 1.327.934; LUIS FIGUEROA, C.I.Nº
1.328.765; CASTILLO ALBERTO, C.I.Nº 1.328.767; LUIS CASTILLO, C.I.Nº
1.330.873; JESÚS GRUDAS, C.I.Nº 1.1.331.039; LUIS RIVERO, C.I.Nº
1.331.716; OFELIA MONASTERIOS, C.I.Nº 1.332.152; BRAVO AQUILINO,
C.I.Nº 1.335.263; GUSTAVO GONZÁLEZ C.I.Nº 1.335.703; MANUEL
ESTRADA, C.I.Nº 1.336.390; PERALTA RAMÓN, C.I.Nº 1.336.425; CASTRO
TULIO, C.I.Nº 1.1.337.603; CESAR HERRERA, C.I.Nº 1.337.711; DARIO
NIEVES, C.I.Nº 1.338.039; RASALIA GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.338.654; LUISA AMELIA PINTO AMELIACH, C.I.Nº
1.338.673; ELBA MARÍA BERNAL CASTILLO, C.I.Nº 1.338.713; ANDRÉS MANUEL ARIAS,
C.I.Nº 1.338.992; CARLOS W. MORILLO O., C.I.Nº 1.339.630; FRANCISCO DAVID LEÓN
FRANCO, C.I.Nº 1.339.916; VÍCTOR J. MOLINA R., C.I.Nº 1.340.133; ALICIA
BRITAPAZ DE RANGEL, C.I.Nº 1.342.190; JULIO J. RODRÍGUEZ A., C.I.Nº 1.342.396,
IRENE JOSÉ PÉREZ, C.I.Nº 1.342.911; PEDRO OROPEZA, C.I.Nº 1.343.358; NICOLAS HERNÁNDEZ
M., C.I.Nº 1.344.112; LEOPOLDO VILLEGAS, C.I.Nº 1.344.752; MARÍA PAREDES DE
SOTO, C.I.Nº 1.346.145; RAFAEL S. ERAZO, C.I.Nº 1.346.176; ELIA MORALES DE
MONTES, C.I.Nº 1.346.366; LUISA VALERA DE GUEVARA, C.I.Nº 1.346.654; CARMEN
SARMIENTO DE LUZARDO, C.I.Nº 1.348.434; TRINA MATOS DE LARA, C.I.Nº 1.350.186;
FRANCISCO RODRÍGUEZ G., C.I.Nº 1.350.442; EMMA S. KAFFURE, C.I.Nº 1.350.678;
MARÍA L. VÁSQUEZ, C.I.Nº 1.351.482; FREDDY A. NUÑEZ, C.I.Nº 1.351.499; SOTERO
GRANADILLO, C.I.Nº 1.351.635; MARÍA MERCEDES RIERA DE MÉNDEZ, C.I.Nº 1.353.292;
CÉSAR O. FLORES C., C.I.Nº 1.354.454; JULIO R. MORILLO, C.I.Nº 1.359.576; PEDRO
R. GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.359.802; RAMÓN I. RIVAS I., C.I.Nº 1.360.688; OLGA J.
BURGOS R., C.I.Nº 1.361.155; NANCY NOGUERA GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.361.401; PEDRO G.
GARCÍA R., C.I.Nº 1.361.966; EMILIO GRATEROL, C.I.Nº 1.363.048; JESÚS ROJAS,
C.I.Nº 1.363.693; GUILLERMO SOLÓRZANO, C.I.Nº 1.364.088; LUISA V. LLOVERA DE
MORO, C.I.Nº 1.364.283; FÉLIX ANTONIO ANTÓN, C.I.Nº 1.364.314; RODOLFO
BUTTINGER F.,C.I.Nº 1.364.398; OLGA CASTILLO DE RIVAS, C.I.Nº 1.364.772; PABLO
J. LARA A., C.I.Nº 1.365.058; OSWALDO TORTOLERO MEDINA, C.I.Nº 1.365.181; AURA
ESPINOZA PÁEZ, C.I.Nº 1.366.526; OMAR O. CHIRIVELLA, C.I.Nº 1.368.574; DILIA
PINTO DE HERRERA, C.I.Nº 1.371.521; LILIA JIMÉNEZ, C.I.Nº 1.373.060; TRINA G.
MAYA DE MAJANO, C.I.Nº 1.373.115; MARÍA C. VILLEGAS H., C.I.Nº 1.373.220;
GLADIS ELENA RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.373.602; IRMA RAMONA ESCALONA, C.I.Nº
1.374.895; EUSTACIO TARAZONA, C.I.Nº 1.375.333; BERTHA PACHECO NAVAS, C.I.Nº
1.375.425; FÉLIX ZAPATA, C.I.Nº 1.375.437; ALIDA MARÍA SILVA DE BRICEÑO, C.I.Nº
1.375.944; HAYDEE GONZÁLEZ DE MIC., C.I.Nº 1.376.544; AIDA JOSEFINA GONZÁLEZ,
C.I.Nº 1.378.664; OLGA OSPINO DE RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.378.889; ARACELIS ISABE
GALÍNDEZ DE ESP., C.I.Nº 1.378.924; VICTORIA MARÍA VALENZUELA, C.I.Nº
1.382.501; TADEO OCHOA PEDRO, C.I.Nº 1.384.246; BARTOLA MARTÍNEZ, C.I.Nº
1.384.383; AVILIO J. LÓPEZ BARRERA, C.I. 1.386.339; LUIS RAMÓN REYES CASNEIRO,
C.I.Nº 1.388.015; JESÚS V. FERMÍN, C.I.Nº 1.388.060; RAFAEL R. OJEDA, C.I.Nº
1.390.933; MIGUEL A. SÁNCHEZ G., C.I.Nº 1.392.244; JOSÉ T. NARVÁEZ V., C.I.Nº
1.392.310; RAMÓN VICENTE BENÍTEZ, C.I.Nº 1.392.382; FRANCISCO FERNÁNDEZ A.,
C.I.Nº 1.393.087; JOSÉ MONTILLA GÓMEZ, C.I.Nº 1.393.146; AMOS MÉNDEZ G., C.I.Nº
1.393.582; MARÍA A. GUILLÉN DE CHINCHILLA, C.I.Nº 1.393.659; CARLOS ANTONIO
PEÑA , C.I.Nº 1.394.214; CECILIO ARCILA, C.I.Nº 1.394.467; RAFAEL PÉREZ G.,
C.I.Nº 1.394.650; RAFAEL J. RIVAS, C.I.Nº 1.395.071; ARQUÍMEDES DE J. BERMÚDEZ,
C.I.Nº 1.397.216; AN MÉNDEZ DE PADOV, C.I.Nº 1.397.516; JUAN JOSÉ LOZANO,
C.I.Nº 1.397.643; ELIZABETH MOLINA VILLARREAL, C.I.Nº 1.397.715; NILSON SANOJAS
R., C.I.Nº 1.397.825; SINFORIANO URBINA A., C.I.Nº 1.398.122; LIVIO A. BARRIOS
BRICEÑO, C.I.Nº 1.398.277; DILCIA OJEDA DE ANDRADE, C.I.Nº 1.399.738; SILVIO J.
CARDOZO C., C.I.Nº 1.399.757; FERMÍN DEL CARMEN VALERO, C.I.Nº 1.400.785; DIANA
C. DE SALAS, C.I.Nº 1.401.218; ALBA M.
DE GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.402.150; JOSÉ N. BASTIDAS, C.I.Nº 1.402.439; ANA G.
RIGORES R., C.I.Nº 1.402.546; CARMEN TERESA CALDERA RAMÍREZ, C.I.Nº 1.403.593;
HERIBERTO BRACAMONTE, C.I.Nº 1.404.893; BLANCA ROSA P. DE ZAMBRANO, C.I.Nº
1.405.990; MIREYA BARRIOS DE PÉREZ, C.I.Nº 1.406.612; SILVIA B. DE RIVAS,
C.I.Nº 1.406.613; MARÍA E. Z. DE MORENO, C.I.Nº 1.406.685; MIRIAM R. VIERA DE
YANÉZ, C.I.Nº 1.407.286; MANUEL A. SIMANCAS, C.I.Nº 1.407.600; NOEMÍ L. DE
VIERAS, C.I.Nº 1.408.338; ROMER DE JESÚS GARCÍA BRICEÑO, C.I.Nº 1.408.362;
POMPEYO PEREIRA, C.I. Nº 1.410.064; JOSÉ FERMÍN CAZORLA, C.I.Nº 1.410.256;
NELSON JIMÉNEZ, C.I.Nº 1.410.527; FELIPE NUÑEZ, C.I.Nº 1.412.696; SOURAYA
COLINA, C.I.Nº 1.413.110; ADAN T. ARIAS, C.I.Nº 1.413.668; BENJAMÍN LUGO,
C.I.Nº 1.414.694; LINO A. GONZÁLEZ R.,C.I.Nº 1.415.327; MIREYA JOSEFINA LUGO DE
JASPE, C.I.Nº 1.415.911; ELÍAS DE J. HIDALGO O., C.I.Nº 1.417.316; ALONZO
ÁLVAREZ, C.I.Nº 1.417.423; JUAN BAUTISTA CASTRO RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.418.818;
GLADIS MADRID DE GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.418.915; CARMEN ROSALÍA LUGO, C.I.Nº
1.418.972; JOSÉ LUGO, C.I.Nº 1.419.328; CÉSAR R. RODRÍGUEZ M., C.I.Nº
1.419.368; AMIRA GÓMEZ DE LÓPEZ, C.I.Nº 1.419.383; ANA M. HIDALGO, C.I.Nº
1.420.163; LUISA CRISTINA RODRÍGUEZ MARTE, C.I.Nº 1.420.189; PEDRO M. LUGO
ROJAS, C.I.Nº 1.420.368; CARMEN RAMONA DE CONTRERAS, C.I.Nº 1.421.890; BLANCA
COLINA DE VILLA, C.I.Nº 1.422.004; ROGER RAMÓN BRETT, C.I.Nº 1.422.812; GISELA
MADRID DE REYES, C.I.Nº 1.423.862; JOSÉ A. DÍAZ M., C.I.Nº 1.424.048; CORINA
ZAVALA DE QUEZADA, C.I.Nº 1.425.886; ANA EDITH MARÍN, C.I.Nº 1.427.653; ANA
YOLANDA G. DE CALLES, C.I.Nº 1.427.796; JULIA E. ARIAS DE CHIRINOS, C.I.Nº
1.428.406; JOSÉ ALEXANDER IRIARTE PÉREZ, C.I.Nº 1.428.640; IVÁN FRANCO RUJANO,
C.I. 1.428.655; JESÚS F. ROMERO, C.I.Nº 1.428.660; PEDRO G. GOTILLA PINA, C.I.
1.429.030; ELIDZ ORTUÑEZ DE BRAVO, C.I.Nº 1.429.404; OTILIO A. DÍAZ M., C.I.Nº
1.429.707; MIRMA J. DE MOLINA, C.I.Nº 1.429.798; EMMA LAMEDA DE CORDERO, C.I.Nº
1.431.080; SULPICIO A. LUGO ACOSTA, C.I.Nº 1.433.833; CIRILO ACOSTA, C.I.Nº
1.436.034; VALENTÍN RAMÍREZ, C.I.Nº 1.440.627; JUAN GONZÁLEZ IRIARTE, C.I.Nº
1.440.874; TOMÁS RAMÓN SERRANO, C.I.Nº 1.440.991; LUIS MC COLLEY R., C.I.Nº
1.441.181; RAQUEL TORRELLI P., C.I.Nº 1.441.790; JOSEFINA VERACIERTA DE R.,
C.I.Nº 1.441.863; JORGE IGNACIO MÉNDEZ MORENO, C.I.Nº 1.441.971; JOSÉ ACOSTA
MATA, C.I.Nº 1.442.178; JOSÉ DOMINGO PORTILLO, C.I.Nº 1.442.261; EMILIO CHACÓN,
C.I.Nº 1.442.265; ALEJANDRO GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.442.331; ARGELIA BARRERA DE
GÓMEZ, C.I.Nº 1.442.485; JESÚS E. MRÍN ALFONSO, C.I.Nº 1.443.039; ANDRÉS
VICENTE IRIARTE, C.I.Nº 1.443.809; TOMÁS E. ASCANIO M., C.I.Nº 1.443.926; OSCAR
A. MARTÍN A., C.I.Nº 1.443.934; DIONISIO BRICEÑO R., C.I.Nº 1.443.974; JUAN
RODRÍGUEZ YANÉZ, C.I. N° 1.444.802; JUAN ANTONIO MASCOBETTO DÍAZ, C.I.Nº
1.444.904; DELIA V. DÍAZ DE MARTÍNEZ, C.I.Nº 1.445.016; CRUZ I. DÍAZ DE
CABRERA, C.I.Nº 1.445.017; MARÍA ARROYO DE LONGA, C.I.Nº 1.445.402; GUSTAVO
ROMERO A., C.I.Nº 1.445.528; FÉLIX DÍAZ CURVELO, C.I.Nº 1.445.785; PEDRO ZAMORA P., C.I.Nº 1.445.842;
ESCOLASTICO CAMPOS, C.I.Nº 1.445.943; BENIGMA TERESA CARSINA DE G., C.I.Nº
1.445.993; PEDRO A. ESTEVEZ C., C.I.Nº 1.446.170; JOSÉ BAPTISTA MARTÍNEZ,
C.I.Nº 1.446.781; JUAN MATA RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.446.794; LEOPOLDO PIÑERO I.,
C.I.Nº 1.447.001; CÉSAR J. GONZÁLEZ G., C.I.Nº 1.447.057; TULIO JOSÉ GIL,
C.I.Nº 1.447.078; OSCAR A. DÍAZ B., C.I.Nº 1.447.110; HUMBERTO PACHECO M.,
C.I.Nº 1.447.182; BASILIO PLANCHART, C.I.,Nº 1.447.302; LUIS A. SIMANCAS,
C.I.Nº 1.448.001; BALBINO SANTOS M., C.I.Nº 1.448.697; PABLO A. OCHOA V.,
C.I.Nº 1.450.128; CÉSAR BOLÍVAR, C.I.Nº 1.450.135; FÉLIX AMUNDARAY, C.I.Nº
1.450.727; ROSA CARVAJAL DE B., C.I.Nº 1.450.931; LUIS E. CASTRO MORALES,
C.I.Nº 1.451.150; JUAN RAMOS, C.I.Nº 1.451.155; MERCEDES ROSAS DE ROMERO,
C.I.Nº 1.451.507; FLOR M. GUTIÉRREZ, C.I.Nº 1.451.804; MERCEDES G. GARCÍA O.,
C.I.Nº 1.452.116; ISABEL T. MILLÁN DELGADO, C.I.Nº 1.452.352; SILVERIO DÍAZ
LÓPEZ, C.I.Nº 1.452.511; FÉLIX DELGADO G, C.I.Nº 1.452.707; HERMES A. SANTELIZ
R., C.I.Nº 1.452.840; GUSTAVO E. VIZCAYA GÓMEZ, C.I.Nº 1.453.642; CRUZ RAFAEL
PÉREZ, C.I.Nº 1.454.018; EMMA E. GONZÁLEZ DE D., C.I.Nº 1.454.188; AUGUSTA
DOLORES MACHADO,C.I.Nº 1.455.351; GLADIS ESPINOZA DE GIL, C.I.Nº 1.455.481;
OSCAR GARCÍA ISTURIZ, C.I.Nº 1.455.575; MARÍA DE SERRA, C.I. 1.455.877;
VICTORIA A. CARMAUTA Q., C.I.Nº 1.456.601; NORMA JOSEFINA COHEN, C.I.Nº
1.456.653; HILARIO I. PLANCHART T., C.I.Nº 1.456.984; MARÍA BEATRIZ LÓPEZ
IZQUIEL, C.I.Nº 1.457.584; JESÚS DÍAZ LÓPEZ, C.I.Nº 1.457.585; ELVIRA GUTIÉRREZ
DE URBANEJA, C.I.Nº 1.457.728; PEDRO C. PADILLA C., C.I.Nº 1.458.423; MIRTHA E.
GONZÁLEZ DE BORGES, C.I.Nº 1.458.602; EVILACIO HERRERA, C.I.Nº 1.458.707; DELIA
S. DE LAGUNA, C.I.Nº 1.459.105; CECILIO MARTÍNEZ A., C.I.Nº 1.459.644; ANA
DELGADO, C.I.Nº 1.459.726; LUISA RUSSIAN DE GRIS, C.I.Nº 1.461.296, JOSÉ LARA
MARCOS, C.I.Nº 1.462.060; DELFÍN JOSÉ RODRÍGUEZ BRAVO, C.I.Nº 1.462.355; CRUZ
M. JIMÉNEZ, C.I.Nº 1.462.359; RAFAEL D. GARCÍA MARCANO, C.I.Nº 1.462.735; JESÚS
DANIEL MÁRQUEZ QUEZADA, C.I.Nº 1.462.946; CAYETANO URBAEZ ALCALA, C.I.Nº
1.463.189; HEDDY T. LOERO DE ROJAS, C.I.Nº 1.463.489; EDUVIGES DE NARVÁEZ,
C.I.Nº 1.463.817; JUAN M. MOYA MOYA, C.I.Nº 1.464.375; JESÚS DEL V. BEAUMONT,
C.I.Nº 1.464.636; EDUVIGES MORENO GIL, C.I.Nº 1.465.814; HILDA FONTAINE, C.I.Nº
1.466.389; ZAIDA J. MONTILLA DE NAVARRO, C.I.Nº 1.466.964; NORBERTO RIVAS,
C.I.Nº 1.467.772; CECILIO A. CHACÓN, C.I.Nº 1.468.119, JESÚS RAFAEL CARABALLO
Y., C.I.Nº 1.468.944; LUISA M. GIL DE GARCÍA, C.I.Nº 1.468.953; JESÚS RONDÓN,
C.I.Nº 1.469.157; FIDELA GIL RIVERA, C.I.Nº 1.469.923; FREDI GONZÁLEZ, C.I.Nº
1.473.316; BELLA ZOILA RENGIFO Z., C.I.Nº 1.475.941; ASDRÚBAL RODRÍGUEZ, C.I.Nº
1.477.253; FELIPE NERI RENGIFO, C.I.Nº 1.477.671; JOSÉ ÁNGEL GUTIÉRREZ
TORREALBA, C.I.Nº 1.479.755; REGULO R. GARCÍA SUÁREZ, C.I.Nº 1.481.394; NELLY
B. HERRERA DE ESPINOZA, C.I.Nº 1.484.010; ELOY LEIBA, C.I.Nº 1.491.519; ANDRÉS
HERRERA, C.I.Nº 1.491.606; TARCISIO GIL BRAVO, C.I.Nº 1.492.912; JOSÉ J. SCOUT,
C.I. 1.496.759; ESTHER C. MARTÍNEZ DE ROJAS, C.I.Nº 1.497.112; JOSEFINA DEL V.
MARTÍNEZ MUJICA, C.I.Nº 1.497.114; DESIDERIO S. ZAMORA, C.I.Nº 1.499.940;
VÍCTOR M. MONTAÑO M., C.I.Nº 1.500.373; JOSÉ RAMÓN AGUILERA, C.I.Nº 1.500.968;
GREGORIO DALIS, C.I.Nº 1.501.676; JESÚS R. GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.502.208; EMIDIO
CARRENO LEÓN, C.I.Nº 1.508.053; LIVIA G. LUCES, C.I.Nº 1.508.746; DORIS G. DE
LARES, C.I.Nº 1.509.031; LUISA DE ROJAS, C.I.Nº 1.509.891; BELKIS A. ESPINOZA
M., C.I.Nº 1.509.989; FRANCISCO PERNÍA, C.I.Nº 1.510.219; FELICITAS GARCÍA
MÁRQUEZ, C.I.Nº 1.510.435; DOMINGO GUERRA, C.I.Nº 1.511.281; PABLO E. NOVOA,
C.I.Nº 1.511.469; FLORENCIA MÁRQUEZ DE APARICIO, C.I.Nº 1.511.691; RIQUILDA
RINCÓN DE RAMÍREZ, C.I.Nº 1.512.438; JOSÉ DEL CARMEN CHACÓN, C.I.Nº 1.512.684;
ELADIO CHAPARRO, C.I.Nº 1.512.712; PORFIRIO GUERRERO, C.I.Nº 1.513.531; JUA
GUERRERO CH., C.I.Nº 1.513.680; SIXTO GÓMEZ, C.I.Nº 1.514.205; JOSÉ SIERRA G.,
C.I.Nº 1.515.116; LUIS ALFONSO LOBO, C.I.Nº 1.515.225; MARÍA V. ZAMBRANO DE
SALINAS, C.I.Nº 1.515.557; JOSÉ ROSARIO TORRES RAMÍREZ, C.I.Nº 1.515.658;
ROSALBINA MERCHAN DE PADILLA, C.I.Nº 1.515.995; ATILIO GUERRA DELGADO,
C.I.1.516.779; LUIS ALFONSO AVENDAÑO,
C.I.Nº 1.517.045; MELECIO OLIVARES MALDONADO, C.I.Nº 1.518.261; JOSÉ HERNÁN
CARREÑO, C.I.Nº 1.518.447; PEDRO MIGUEL HERNÁNDEZ, C.I.Nº 1.518.654; CONSUELO
DEL C. RAMÍREZ, C.I.Nº 1.518.932; SOLEDAD ARAQUE DE ALVARADO, C.I.Nº 1.519.105;
CARMEN DE PAREDES, C.I.Nº 1.520.066; ANA MARÍA MARTÍNEZ PANTALEÓN, C.I.Nº
1.520.700; RAIMUNDO E. DÍAZ YÁNEZ, C.I.Nº 1.521.855; AURA ROMERO, C.I.Nº
1.522.433; GLADYS B. NOGUERA F.,C.I.Nº 1.522.516; CARMEN TORRES DE QUINTERO,
C.I.Nº 1.522.642; CRISPULO ZAMBRANO, C.I.Nº 1.523.617; JULIO C. MONTILLA, C.I.Nº
1.523.807; AUDELINA PEÑUELA HERNAND, C.I.Nº 1.523.992; ISABEL SERRANO DE
CASTILLO, C.I.Nº 1.524.934; GLADIS A. PLAZOTA DE PÉREZ, C.I.Nº 1.525.062;
BLANCA GÓMEZ DE CABALLERO, C.I.Nº 1.525.412; GLADYS PÉREZ VIVAS, C.I.Nº
1.527.117; MIGUEL A. SALAS CHACÓN, C.I.Nº 1.527.281; MARÍA ANTONIA ROA M.,
C.I.Nº 1.527.540; ANTONIO R. VARGAS MARTÍNEZ, C.I.Nº 1.527.646; JOSÉ ALBERTO
COLMENARES, C.I.Nº 1.527.804; HERNÁN ROMERO V., C.I.Nº 1.527.840; JUANA C.
COLMENARES DE CHAN, C.I.Nº 1.528.353; JOSEFA MAVAREZ DE CHAN, C.I.Nº 1.528.866;
RODOLFO PASTRAN B., C.I.Nº 1.529.549;
GLADYS CASANOVA DE LINARES, C.I.Nº 1.530.252; FRANCISCO HERNÁNDEZ
BASTOS, C.I.Nº 1.530.298; ENRIQUE F. VILLEGAS V., C.I.Nº 1.530.749; GUSTAVO
OLIVARES, C.I.Nº 1.531.301; CARMEN CEBALLOS DE NIÑO, C.I.Nº 1.531.423;
DIOCELINA MORALES L., C.I.Nº 1.532.320; JORGE E. CARREÑO, C.I.Nº 1.532.646;
JOSÉ R. MORA A., C.I.Nº 1.532.966; JUAN ONTIVEROS J., C.I.Nº 1.533.294; FELIPE
DURÁN, C.I.Nº 1.533.500; OLGA M. TOLOZA PEÑARANDA, C.I.Nº 1.533.871; MARÍA DE
JESÚS RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.533.981; ENRIQUE OSORIO, C.I.Nº 1.534.055; FRANCISCO
SAYAZO, C.I.Nº 1.534.109; GERARDO J. MIRANDA MEDINA, C.I.Nº 1.534.164; MARÍA C.
ZAMBRANO DE CASTRO, C.I.Nº 1.534.637; INÉS E. ESPINOZA DE ZAM, C.I.Nº
1.534.892; MARÍA USECHE DE RIVAS, C.I.Nº 1.535.484; MARCOS RAÚL CONTRERAS
ACEVEDO, C.I.Nº 1.535.682; MARÍA H. PEÑA DE CORSO, C.I.Nº 1.536.067; ADELA E.
CACIQUE DE MOROS, C.I.Nº 1.536.741; PEDRO J. RAMÍREZ ESCALANTE, C.I.Nº
1.538.175; JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ REY, C.I.Nº 1.540.069; CARLOS ANTONIO DÍAZ,
C.I.Nª 1.540.196; ISABEL TERESA ESPINOZA ARIAS, C.I.Nº 1.546.071; MARÍA ROA DE
ROMERO, C.I.Nº 1.548.317; MÁXIMO
ANTONIO ZERPA, C.I.Nº 1.550.597; JULIA INÉS FUENTES PRADA, C.I.Nº 1.551.067;
ADOLFO SANTAMARÍA, C.I.Nº 1.551.323; MARÍA GOLFINTA ROSAS GUERRERO, C.I.Nº
1.551.621; JOSÉ A. QUIÑÓNEZ, C.I.Nº 1.551.985; BETTY ELENA TOSCAZO DELGADO,
C.I.Nº 1.552.098; MARÍA RAMÍREZ DUARTE, C.I.Nº 1.552.352; CARMEN PATIÑO DE
PLATA, C.I.Nº 1.552.819; LEONILDE ALARCÓN DE ROSALES, C.I.Nº 1.552.969; FLOR
MONSALVE DE RUEDA, C.I.Nº 1.553.865; VICTORIA RUGLES CLAVIJO, C.I.Nº 1.554.014;
ELBA MERLE PANZZA OSTOS, C.I.Nº 1.554.047, GLADYS MARTÍNEZ DE BALBO, C.I.Nº
1.554.732; CARMEN JIMÉNEZ DE A., C.I.Nº 1.555.241; MARINA GÓMEZ DE MONCADA,
C.I.Nº 1.555.299; EDGAR A. HERNÁNDEZ CACERES, C.I.Nº 1.555.303; DOMINGO MORALES
CARRERO, C.I.Nº 1.555.353; ANA BELÉN GARCÍA SÁNCHEZ, C.I.Nº 1.557.200; CARMEN
JAIMES MARTÍNEZ, C.I.Nº 1.558.021; FLOR DE MARÍA MORENO, C.I.Nº 1.558.104; ROSA
ARIAS DE PERDOMO, C.I.Nº 1.558.169; OMAIRA CACIQUE, C.I.N. 1.559.475; GLADYS
GÓMEZ C., C.I.Nº 1.559.569, ANGELICA ARVELO DE RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.560.188;
JOSÉ VICENTE CAICEDO, C.I.Nº 1.570.634; ESPERANZA CASTELLANOS, C.I.Nº
1.571.542; MIGUEL ANGEL PATINO G., C.I.Nº 1.571.789; JOSÉ ROSARIO BAUTISTA,
C.I.Nº 1.571.813; MARÍA DE URIBE, C.I.Nº 1.572.597; MARÍA E. AVENDAÑO DE
BENTACOURT, C.I.Nº 1.572.885; MARÍA RUÍZ DE TRINIDA, C.I.Nº 1.573.730; HUGO
BOLÍVAR, C.I.Nº 1.574.944; FRANCISCO CÁRDENAS, C.I.Nº 1.575.209; CONSUELO
ALVIAREZ DE VALERA, C.I.Nº 1.575.621; FERMÍN PARRA G., C.I.Nº 1.575.880; FERMÍN
CALDERÓN A., 1.575.945; LUIS E. QUIROZ, C.I.Nº 1.576.197; CRISTINA V. DE
QUIROZ, C.I.Nº 1.576.583; ROSA ARNOBIA COLMENARES, C.INº 1.576.704; JORGE
GARNICA P., C.I.Nº 1.577.152; JULIA D. DÍAZ DE DUQUE, C.I.Nº 1.578.627; INÉS
REDONDO BAEZ, C.I.Nº 1.578.863; JOSÉ R. LEGUIZA N., C.I.Nº 1.580.340; JOSÉ
ELISEO JAIMES, C.I.Nº 1.581.088; NICOLÁS RODRÍGUEZ S., C.I.Nº 1.582.396;
FRANCELINA RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.582.481; JOSEFINA SÁNCHEZ, C.I.Nº 1.582.503; ANA
DUEÑES DE BARRERA, C.I.Nº 1.586.589; JORGE BRICEÑO, C.I.Nº 1.588.162; MARCIA
BAEZ COVAULT, C.I.Nº 1.590.644; JOSÉ J. SILVA ACU A., C.I.Nº 1.591.438; MÁXIMO
MOTA GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.593.715; NELSON E. MADURO G., C.I.Nº 1.596.678; IRMA
CORNWELL DE SCHABOI, C.I.Nº 1.597.540; ALICIA M. DE ARISMENDI, C.I.Nº
1.597.840; FELICIA CAMPBELL DE PHILIP, C.I.Nº 1.599.484; JOSÉ CIPRIANO SÁNCHEZ
PIRASAN, C.I.Nº 1.600.581; PEDRO D. UNDA, C.I.Nº 1.605.083; FROILÁN ENRIQUE
VÁSQUEZ, C.I.Nº 1.605.382; SALVADOR A. ZAPATA, C.I.Nº 1.605.673; RAFAEL A. LA CRUZ, C.I.Nº 1.606.248;
RAFAEL M. OLIVAR BARRERA, C.I.Nº 1.607.270; TIRZA YOLANDA PÉREZ DE SERRAN,
C.I.Nº 1.607.837; ALBA MARTÍNEZ DE CHA, C.I.Nº 1.612.577; VIOLETA SANDOVAL C.,
C.I.Nº 1.613.940; CARMEN A. STELLA PÉREZ, C.I.Nº 1.618.278; JOSÉ DE JESÚS TORRES
C., C.I.Nº 1.618.640; RAFAEL N. ZAMORA, C.I.Nº 1.619.038; MARTÍN AURON GALVIS
RUÍZ, C.I.Nº 1.619.593; LIA ENRIQUETA BARRIOS VÁLDEZ, C.I.Nº 1.620.383; RAMÓN
A. CARVAJAL, C.I.Nº 1.620.635; SIMÓN M. LANDER RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.621.022;
IRIS RODRÍGUEZ DE CORRADO, C.I.Nº 1.622.334; ANITA F. LEONARD PAUL, C.I.Nº
1.624.190; ANGEL M. GARCÍA, C.I.Nº 1.625.451; CARMEN GARCÍA SANTADER, C.I.Nº
1.627.840; NELIDA COLMENARES DE ZAMBRANO, C.I.Nº 1.628.721; RÉGULO E. SÁNCHEZ
S., C.I.Nº 1.628.754; OLGA CASANOVA DE RONDÓN, C.I.Nº 1.628.945; BERNARDA DÍAZ
DE GUTIÉRREZ, C.I.Nº 1.629.161; VÍCTOR D. PÉREZ CONTRERAS, C.I.Nº 1.629.489;
CÉSAR NUÑEZ G., C.I.Nº 1.630.273; HERMES RODRÍGUEZ DÍAZ, C.I.Nº 1.630.452;
VÍCTOR R. SILVA P., C.I.Nº 1.630.540; DOLORES M. MARÍN ALFONSO, C.I.Nº
1.630.769; FELIPE S. GUERRA MARTÍNEZ, C.I.Nº 1.631.211; LIBIA E. VELÁSQUEZ DE
AMPARAN, C.I.Nº 1.631.295; MARÍA MILANO DE FIGUERAS, C.I.Nº 1.632.086; ROBERTO
DÍAZ GUTIÉRREZ, C.I.Nº 1.632.335;
VÍCTOR L. MARCANO, C.I.Nº 1.632.400; SIXTO A. ROSAS, C.I.Nº 1.632.409;
ELÍAS RAFAEL PINTO MUJICA, C.I.Nº 1.632.486; ALIRIO J. MARJAL, C.I.Nº
1.633.083; FRANKLIN HERNÁNDEZ CARBALLO, C.I.Nº 1.633.412; TOMÁS BERMÚDEZ,
C.I.Nº 1.634.286; CARLOS HUNG B., C.I.Nº 1.635.428; EMIRO A. APALMO, C.I.Nº
1.635.556; ALIRIO J. ARRIETA F., C.I.Nº 1.636.298; CLENTICIA MARÍA UQUILLAS,
C.I.Nº 1.636.732; HERMILO E. VILLALOBOS M.,C.I.Nº 1.636.974; CECILIA PULGAR DE
G., C.I.Nº 1.637.579; NORBERTO BOHÓRQUEZ B., C.I.Nº 1.638.786; JOSÉ A. MEDINA,
C.I.Nº 1.639.407; ADA DE JESÚS ACOSTA DE MOLIN, C.I.Nº 1.640.100; OLINDA P. DE
PULGAR, C.I.Nº 1.640.102; ANA PUCHE DE BRACHO, C.I.Nº 1.640.103; ROMÁN SEGUNDO
HERRERA LÓPEZ, C.I.Nº 1.640.333; MIRIAN E. ROMERO DE BARBO, C.I.Nº 1.640.795;
HIRAM D. IRIARTE S., C.I.Nº 1.641.172; JULIO SEGUNDO MORÁN, C.I.Nº 1.641.533;
ROBERTO BELLO V., C.I.Nº 1.641.977; GUSTAVO ELÍAS JIMÉNEZ GARCÍA, C.I.Nº
1.642.346; ROGELIO BRACHO ABREU, C.I.Nº 1.642.871; ANGELA BRACHO L., C.I.Nº
1.643.468; MURIELLE L. VILAIN P., C.I.Nº 1.643.598; HELY J. HERRERA, C.I.Nº
1.643.662; YOLANDA DE SOUZA B., C.I.Nº 1.643.692; ORLANDO BRACHO R., C.I.Nº
1.644.290; VALMORE PUCHI L., C.I.Nº 1.645.751; ALIRIO A. CHÁVEZ, C.I.Nº
1.645.990; AURA R. SEGOVIA DE VALECILLOS, C.I.Nº 1.645.993; CLARA JOSEFINA
ALCALÁ DE ACOSTA, C.I.Nº 1.646.028; ANGELA DÍAZ DE RINCÓN, C.I.Nº 1.646.039;
DOMINGO CASTILLO, C.I.Nº 1.646.440; CELIO S. GUTIÉRREZ OTERO, C.I.Nº 1.647.515;
EDIMIRO ANTONIO URDANETA PARRA, C.I.Nº 1.647.554; SILVIO E. LARREAL, C.I.Nº
1.648.214; SEMIA MAKAREN ROMERO, C.I.Nº 1.648.221; RAFAEL A. MOLERO CARRASQUEÑO,
C.I.Nº 1.649.197; LUIS F. PALMAR H., C.I.Nº 1.649.286; ORANGEL JOSÉ FUENMAYOR
E., C.I.Nº 1.649.332; JOSÉ C. BARRIOS NAVARRO, C.I.Nº 1.649.407; MAURICIO A.
ESPINA D., C.I.Nº 1.649.540; MAURICIO GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.649.817; CELINA AÑEZ
NAVARRETE, C.I.Nº 1.651.403; ANTONIO MONTILLA S. C.I.Nº 1.652.273; NEUCRATES
LABARCA P., C.I.Nº 1.652.274; LIGIA M. OLIVARES VILCHE, C.I.Nº 1.653.016; MARÍA
C. OLIVARES DE S., C.I.Nº 1.653.017; MARÍA A. MUÑOZ DE PIRELA, C.I.Nº
1.653.018; AURORA OCANDO DE F., C.I.Nº 1.653.682; EUTIMIO ENRIQUE OLIVARES
PIRELA, C.I.Nº 1.653.957; TULA DEL CARMEN LEÓN BLANCO, C.I.Nº 1.654.308; AURORA
D. TINEO S., C.I.Nº 1.654.541; EDGARDO ORTEGA R., C.I.Nº 1.654.591; ALICIA
PARRA B., C.I.Nº 1.655.159; CARMEN ELENA PIERRE SÁNCHEZ, C.I.Nº 1.655.288;
MARÍA MERCEDES TERÁN, C.I.Nº 1.655.584; MAURICIO J. ARAUJO LEÓN, C.I.Nº
1.656.157; JESÚS A. BRACHO, C.I.Nº 1.656.170; ELEAZAR PACHECO, C.I.Nº
1.656.736; VELASCO HINOSTROZA, C.I.Nº 1.656.965; ANDRÉS S. GONZÁLEZ F. C.I.Nº
1.658.161; CANDELARIA HERNÁNDEZ MORA, C.I.Nº 1.658.276; ELBA HERRERA DE NUÑEZ,
C.I.Nº 1.658.394; LIGIA E. URDANETA DE M., C.I.Nº 1.658.544; JOSÉ M. QUEVEDO,
C.I.Nº 1.659.240; ROSARIO NAVA DE IRIARTE, C.I.Nº 1.659.776; ZAIDA M. DE PARRA,
C.I.Nº 1.660.119; CECILIA BEATRIZ BARRIOS, C.I.Nº1.660.519; MARIO ESPINA,
C.I.Nº 1.660.876; GRACIELA URDANETA DE MARCANO, C.I.Nº 1.661.263; NELSON
PORTILLO F.,C.I.Nº 1.661.596; ANTONIO MORILLO VALBUENA, C.I.Nº 1.661.806;
EDICTA ROSA GONZÁLEZ DE R., C.I.Nº 1.661.908; MARÍA M. GONZÁLEZ, C.I.Nº
1.662.071; RUTILIO AMAYA BRACHO, C.I.Nº 1.662.191; NINA M. OLIVARES DE R.,
C.I.Nº 1.662.539; JOSEFA JOAQUINA VALE DE ALCALÁ, C.I.Nº 1.662.821; ÁNGEL
VILLALOBOS, C.I.Nº 1.663.620; REINALDO JOSÉ BRICEÑO B., C.I.Nº 1.663.659;
GISELA GEORGE DE MARTI, C.I.Nº 1.664.024; JOSÉ MALDONADO, C.I.Nº 1.664.349;
RITA JOSEFINA LEÓN ARIAS, C.I.Nº 1.664.716; RAFAEL A. MÉNDEZ SANTADER, C.I.Nº
1.665.383; ELSA JOSEFINA BOHÓRQUEZ, C.I.Nº 1.665.406; EUDOMIRA C. SÁNCHEZ,
C.I.Nª 1.666.551; RAÚL J. RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.667.462; ÁNGEL RODOLFO FERRER,
C.I.Nº 1.667.546; MARITZA ACOSTA GOROSTIZA, C.I.Nº 1.668.099; ANA JOSEFINA
CAMPOS, C.I.Nº 1.670.054; RAFAEL ÁNGEL ESPINA, C.I.Nº 1.674.970; RUBÉN D. GÓMEZ
GUTIÉRREZ, C.I.Nº 1.678.561; LIA NUÑOZ DE LÓPEZ, C.I.Nº 1.678.696; JOSÉ V.
DUQUE, C.I.Nº 1.684.391; ONDINA V. BOZO GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.684.487; ARMANDO
RIVERO, C.I.Nº 1.684.884; BETILDE TERESA VILLASMIL PÉREZ, C.I.Nº 1.685.061;
CARMEN INFANTE DE MUSA, C.I.Nº 1.685.371; ISABEL LEÓN, C.I.Nº 1.685.803; ANNE
MARÍA VILAIN PORTILLO, C.I.Nº 1.686.405; NIEVES TERESA URDANETA, C.I.Nº
1.686.825; MARÍA C. MARCANO DE TINE, C.I.Nº 1.688.690; OLGA C. FERRER GONZÁLEZ,
C.I.Nº 1.688.741; LIBIA LILA RODRÍGUEZ GALLA, C.I.Nº 1.689.508; ALICIA CUBILLÁN
DE G., C.I.Nº 1.690.409; ENMA R. VISLA, C.I.Nº 1.690.765; ANA ESIS, C.I.Nº 1.692.804;
OLGA OQUENDO DE P., C.I.Nº 1.692.901; EURO BENITO CARRIZO RINCÓN, C.I.Nº
1.693.594; VICENTE L. PUCHE U., C.I.Nº 1.694.454; JULIO ALFREDO LEÓN, C.I.Nº
1.695.430; MARÍA BRACHO DE ARRIE, C.I.Nº 1.695.474; OLGA M. PEREA TORRES,
C.I.Nº 1.696.790; HILDA ECHETO F., C.I.Nº 1.697.017; ISMAEL A. ROMERO,
C.I.N1.698.278; BETTINA ROSA SÁCHEZ DE S., C.I.Nº 1.698.625; ALEYDA TAHOSER
GARCÍA DE G., C.I.Nº 1.698.908; LILIA DEL R. RÍOS BORJAS, C.I.Nº 1.699.453;
CELIA ELENA GUERRERO GARCÍA, C.I.Nº 1.699.950; EULISES CASTELLANOS, C.I.Nº
1.700.996; TEOLINDO PERNÍA ZAMBRANO, C.I.Nº 1.701.768; PEDRO J. BUENO, C.I.Nº
1.702.795; CARMEN ZAMBRANO DE INCIARTE, C.I.Nº 1.703.003; DORIS VILLASMIL
SÁNCHEZ, C.I.Nº 1.703.216; LUIS MÁRQUEZ CONTRERAS, C.I.Nº 1.703.679; TOMÁS
MOLINA, C.I.Nº 1.706.199; HERIBERTO URREA C., C.I.Nº 1.706.722; MIRIAN CARRERO
DE GARCÍA, C.I.Nº 1.707.415; GLADYS J. MÉNDEZ, C.I.Nº 1.709.185; MARÍA A.
GUTIÉRREZ DE GÓMEZ, C.I.Nº 1.709.687; LUIS MARTÍNEZ Y., C.I.Nº 1.710.018;
AMABILES A. MUÑOZ FLORES, C.I.Nº 1.711.091; EDGAR ALBERTO DÍAZ PANTOJA, C.I.Nº
1.711.211; JOSÉ DEL C. RONDÓN, C.I.Nº 1.711.711; JOSÉ RAFAEL ALMENAR H., C.I.Nº
1.712.050; ESTHER F. DE ÁLVAREZ, C.I.Nº 1.712.127; LEOPOLDO RODRÍGUEZ PLANAS,
C.I.Nº 1.713.835; TRINA DUBOULAY DE P., C.I.Nº 1.714.044; MAURO GRATEROL,
C.I.Nº 1.714.408; AGUSTÍN PINTO SOSA, C.I.Nº 1.714.500; JUAN J. SALAZAR GARCÍA,
C.I.Nº 1.714.515; JESÚS MARÍA PALMA, C.I.Nº 1.715.068; RAMÓN CARMONA, C.I.Nº
1.715.699; MARÍA CONDADO, C.I.Nº 1.716.289; NELSON J. ORTIZ, C.I.Nº 1.717.932; JESÚS
GUTIÉRREZ, C.I.Nº 1.718.592; ARMANDO ARRATIA F., C.I.Nº 1.719.069; ALBA M.
GARRIDO, C.I.Nº 1.719.223; NELLY VILLALOBOS DE FRANKLIN, C.I.Nº 1.719.854;
ALFREDO RODRÍGUEZ R., C.I.Nº 1.719.856; CECILIA D. BOULAY, C.I.Nº 1.720.247;
FÉLIX RAMÓN ÁLVAREZ, C.I.Nº 1.720.562; ATENCIA BORDONES DE GONZÁLEZ, C.I.Nº
1.721.317; CARMEN M. QUERO, C.I.Nº 1.721.620; IVANOES GUERRA MATA, C.I.Nº
1.722.379; ANTONIO ESPINOZA B., C.I.Nº 1.722.514; IMELDA SÁNCHEZ DE KLADNIK,
C.I.Nº 1.723.922; ESTRELLA VEGAS DE AZOULAY, C.I.Nº 1.724.154; EUNICE ROMERO DE
PATIO, C.I.Nº 1.724.408; BALDOMERO LARA, C.I.Nº 1.724.409; CIRO A. VIVAS C.,
C.I.Nº 1.724.435; DELIA JOSEFINA RODRÍGUEZ DE C., C.I.Nº 1.724.442; ÁNGEL MARÍA
CEDEÑO, C.I.Nº 1.724.959; RAFAEL UTRERA PÉREZ, C.I.Nº 1.724.980; JUAN A. RODRÍGUEZ,
C.I.Nº 1.725.109; HUGO L. CASTELLANOS T., C.I.Nº 1.725.812; PEDRO RAFAEL
CARRASCO RUÍZ, C.I.Nº 1.726.539; HILDA M. GOITICOA DE VAAMONTE, C.I.Nº
1.726.910; JULIANA DE RAMÍREZ, C.I.Nº 1.727.158; ROSA ALEJANDRINA APONTE O.,
C.I.Nº 1.727.296; CARME A. LINARES DE LAHOUD, C.I.Nº 1.727.475; FRANK
ITTERMANN, C.I.Nº 1.727.477; HAYDDE VILLAROEL DE SÁNCHEZ, C.I.Nº 1.727.664;
GLADYS ARCIA ANZOLA, C.I.Nº 1.727.665; RODOLFO P. HERREROS P., C.I.Nº
1.728.453; GERARDO L. TORRES A., C.I.Nº 1.728.822; DELLANIRA SIFONTES MEJÍAS,
C.I.Nº 1.729.330; ISABEL A. QUINTERO, C.I.Nº 1.729.559; ELBA E. OCHOA DE ROJAS,
C.I.Nº 1.730.499; JUAN MONTERO REYES, C.I.Nº 1.730.543; NODDY V. OLLARVES,
C.I.Nº 1.731.599; IVÁN RAFAEL SILVA ESPINDOLA, C.I.Nº 1.733.863; FRANCISCO
RAFAEL COA, C.I.Nº1.734.129; LUISA HERNÁNDEZ, C.I.Nº 1.734.166; LIVIA S. DE
REVERÓN, C.I.Nº 1.735.592; MANUEL GUILLÉN, C.I.Nº 1.735.770; MARÍA CARREÑO,
C.I.Nº 1.736.668; NESTOR ALIRIO OSORIO, C.I.Nº 1.736.793; JOSÉ LEÓN CORREA,
C.I.Nº 1.737.830; JOSÉ A. MUJICA, C.I.Nº 1.737.924; GERARDO SANTANA RODRÍGUEZ,
C.I.Nº 1.738.186; JOSEFINA D. GUARDIA F., C.I.Nº 1.739.523; GLADYS E. FRAGENAS
DE VARGAS, C.I.Nº 1.739.525; ISBELIA M. PACHECO O., C.I.Nº 1.739.862; GERARDO
RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.740.064; CARMEN DUBOULAY DE SZELESTA, C.I.Nº 1.740.452;
CONCEPCIÓN LANDAETA, C.I.Nº 1.740.641; MARÍA TORRES, C.I.Nº 1.740.799; ANA
OSORIO DE HERNÁNDEZ, C.I.Nº 1.741.914; ELISA M. DE BARRIOS, C.I.Nº 1.742.008;
JORGE HERNÁNDEZ, C.I.Nº 1.742.963; GREGORIO A. RUDA MESONES, C.I.Nº 1.743.363;
NESTOR G. TROCONIS PÈREZ, C.I.Nº 1.744.444; AURORA MARCANO DE BOSQUE, C.I.Nº
1.745.143; GLADYS MERCHÁN TEPEDINO, C.I.Nº 1.745.393; GREGORIO ATILIO GARCÍA
PÈREZ, C.I.Nº 1.745.464; ANA BERNADAS DE GARCÍA, C.I.Nº 1.745.478; REMIGIO
VENTURA RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.745.496; MARÍA USECHE MOLINA, C.I.Nº 1.745.555;
PEDRO ANTONIO BARRIOS, C.I.Nº 1.745.637; NELLY R. AMORETTI, C.I.Nº 1.746.189;
RAQUEL CASTILLO DE LÓPEZ, C.I.Nº 1.746.432; ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ, C.I.Nº
1.746.527; CARMEN LUISA SOSA DE APONTE, C.I.Nº 1.746.981; ANA PAOLA SÁNCHEZ DE
FORD, C.I.Nº 1.747.074; HIDELIZA J. LEAL
MONTEAGUDO, C.I.Nº 1.747.323; CARMEN L. ESPÍN ORTIZ, 1.747.521; ANA A. TORRES
B., C.I.Nº 1.748.707; RAFAELA RENGEL ÁVILA, C.I.Nº 1.749.186; MIGUEL A. TROCONIS
L., C.I.Nº 1.749.476; JOSÉ R. CRESPO M., C.I.Nº 1.749.648; MIREYA RODRÍGUEZ M.,
C.I.Nº 1.750.908; ÁNGEL RAMÓN MARTÍNEZ, C.I.Nº 1.751.125; CARMEN DORIS ALEMAN
O, C.I.Nº 1.751.253; FÉLIX ISTURIZ, C.I.Nº 1.752.058; EULALIO R. PORTUGUÉS,
C.I.Nº 1.752.392; MELBA FREITES DE MÁRQUEZ, C.I.Nº 1.753.068; HILDA GONZÁLEZ DE
LAMEDA, C.I.Nº 1.753.558; LUISA M. CARRERO M., C.I.Nº 1.753.638; MARÍA DE LOS SANZ, C.I.Nº 1.755.046; BEATRIZ
MORENO DE BEULK, C.I.Nº 1.755.180; JULIETA VISTO FUENTES, C.I.Nº 1.755.383;
MARÍA ELENA SOSA SOSA, C.I.Nº 1.755.892; ELENA M. CARRIZO, C.I.Nº 1.756.048;
INÉS PEPIN DE COMRIE, C.I.Nº 1.756.426; BEATRIZ ELENA ALARCÓN DE MONTE, C.I.Nº
1.756.880; LOURDES R. ÄLVAREZ, C.I.Nº 1.757.075; FREDDY RUADES LUGO, C.I.Nº
1.759.583; ALICIA GALÁRRAGA DE ÁLVAREZ, C.I.Nº 1.759.913; PEDRO M. BARRETO
VALERO, C.I.Nº 1.760.025; RAFAEL JOSÉ NOGUERA LINARES, C.I.Nº 1.760.494; MAURO
RAMÓN MOLINA, C.I.Nº 1.760.756; JACINTO TORRES GÓMEZ, C.I.Nº 1.761.400; EDUARDO
PÉREZ, C.I.Nº 1.762.793; FEDERICO J. ESCALONA, C.I.Nº 1.763.377; MÁXIMO PÉREZ,
C.I.Nº 1.765.067; JOSÉ S. RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.766.455; JUAN RODRÍGUEZ TAMAYO,
C.I.Nº 1.768.514; ENCARNACIÓN ALVARADO DE VARGAS, C.I.Nº 1.770.882; NICOLÁS
REYES WALES, C.I.Nº 1.771.480; ARGIMIRA PÉREZ DE MORILLO, C.I.Nº 1.772.035;
OBDULIO APOLINAR REYES, C.I.Nº 1.774.651; ORPHA C. PAREDES PARRAGA, C.I.Nº
1.776.371; FIDEL EDUARDO BARREAT DÍAZ, C.I.Nº 1.780.162; CARMEN A. PADRÓN DE
FERRAY, C.I.Nº 1.780.830; JOSEFINA AGUAJE DE MONTEZUMA, C.I.Nº 1.781.373;
EDILIA ALFONSO DE COLMENARES, C.I.Nº 1.781.403; EMILIANA DE ALTUVE, C.I.Nº
1.781.473; VÍCTOR RAMÓN TOVAR, C.I.Nº 1.781.785; MARÍA A. BARRIOS DE PEÑA,
C.I.Nº 1.782.043; EDILIA MERCEDES LIENDO, C.I.Nº 1.783.066; RAFAEL OCTAVIO
RODRÍGUEZ SILVIA, C.I.Nº 1.783.289; JESÚS A. SILVA GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.785.556;
ROSA A. QUINTERO DE MILANO, C.I.Nº 1.786.339; TOMASA PEDRÓN CAPOTE, 1.787.024;
ALIRIO GAVIRIA LEÓN, C.I.Nº 1.787.622; OTILIA MARÍA CARRASQUEL, C.I.Nº
1.788.436; TRINA ORCINA CARDOZO DE BLANCO, C.I.Nº 1.788.486; BRUNA EMILIA
MORALES DE LÒPEZ, C.I.Nº 1.789.333; JOSEFA A. RAMÍREZ RANGEL, C.I.Nº 1.791.088;
TOMÁS A. DEVIA O., C.I.Nº 1.795.620; PEDRO BRACHO, C.I.Nº 1.803.498; ANA
OQUENDO DE TORRE, C.I.Nº 1.808.479; ALIRICO DE JESÚS URDANETA, C.I.Nº
1.808.488; CONSUELO SUÁREZ DE GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.809.445; GREGORIO A. MORENO
REYES, C.I.Nº 1.810.056; SHIRLEY GUEVARA BELISLE, C.I.Nº 1.810.198; JESÚS A.
BRITO C., C.I.Nº 1.810.251; TEODORO C. ORTEGA A., C.I.Nº 1.810.272; EVELIO J.
BRONT, C.I.Nº 1.810.550; VICENTE RODRÍGUEZ G.,C.I.Nº 1.810.624; PEDRO R.
VELÁSQUEZ, C.I.Nº 1.810.728; CLETO RAMÍREZ, C.I.Nº 1.810.930; ABELARDO BOLÍVAR
RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.810.967; OLGA POWEL DE LÓPEZ, C.I.Nº 1.811.058; EDILIA B.
POWEL DE CEDEÑO, C.I.Nº 1.811.385; RAFAEL JOSÉ TINEO, C.I.Nº 1.811.543; ANDRÉS
G. MATA CEDEÑO, C.I.Nº 1.811.878; RICARDO R. LÒPEZ, C.I.Nº 1.812.328; EVA E.
FLORES, C.I.Nº 1.812.347; GONZALO A. GAMBOA O., C.I.Nº 1.812.434; OSWALDO
MARCANO TOLEDO, C.I.Nº 1.812.644; FRANCES GUEVARA DE VELÁSQUEZ, C.I.Nº
1.813.088; ELOINA DEL CARMEN MORENO DE SOSA, C.I.Nº 1.813.099; JOSÉ SÁNCHEZ
LUGO, C.I.Nº 1.814.026; ANONIO RAMÓN LUNAR BELLO, C.I.Nº 1.814.334; ELOY DE J.
ARCIA MEDINA, C.I.Nº 1.814.597; PILAR ANTONIO FARIAS DÍAZ, C.I.Nº 1.814.852;
MARÍA ESPINOZA OFIR, C.I.Nº 1.814.956; IGNACIO CARABALLO, C.I.Nº 1.816.794;
JUDITH E. MERCHAN T., C.I.Nº 1.817.746; MAGDA PAULINA BULLEN, C.I.Nº 1.820.088;
NOEMÍ M. VASQUEZ, C.I.Nº 1.820.344; AURA GUMERCINDA DÍAZ, C.I.Nº 1.820.526;
BILLY JOYCE RICHARDS PERMEL, C.I.Nº 1.820.642; IDAIRO INCIARTE AROCHA, C.I.Nº
1.821.628; GLORIA MARÍA DÍAZ DE DÍAZ, C.I.Nº 1.822.249; PEDRO JOSÉ PIÑA, C.I.Nº
1.822.514; ALICIA J. DE FERNÁNDEZ C., C.I.Nº 1.822.789; EDISON E. ROMERO
A.,C.I.Nº 1.824.080; EDICTO LUIS ACOSTA PUCHE, C.I.Nº 1.826.556; NESTOR A.
RONDÓN, C.I.Nº 1.826.749; JOSÉ SÁNCHEZ, C.I.Nº 1.827.045; RODOLFO A. CAPITILLO
ALVAR, C.I.Nº 1.827.912; HELIMENES JOSÉ CHIRINOS, C.I.Nº 1.829.729; MELIDA DEL
CARMEN DURÁN TIRADO, C.I.Nº 1.829.996; ISRAEL CASTILLO FAJARDO, C.I.Nº
1.831.082; MARÍA JIMÉNEZ, C.I.Nº 1.831.122; OTILIA R. CORNIEL, C.I.Nº
1.836.225; ESDRA ANTONIO TEJADAS SEIOJAS, C.I.Nº 1.836.768; RAMÓN E. CORDERO
G., C.I.Nº 1.836.978; MERILLO MOISÉS RUJANA DE RÍOS, C.I.Nº 1.837.627; VÍCTOR
JULIO ACEVEDO ACEVEDO, C.I.Nº 1.845.300; ROSELIA HENRÍQUEZ DE BERMUDEZ, C.I.Nº
1.845.318; TOMÁS ANTONIO CASTILLO, C.I.Nº 1.845.321; JOSÉ QUEZADA ORANGE,
C.I.Nº 1.845.448; MARÍA DE ALBORNOZ, C.I.Nº 1.845.877; CÁNDIDO VOLCANES
VELÁSQUEZ, C.I.Nº 1.845.919; MARCELO B. BRITO M., C.I.Nº 1.846.107; ASDRÚBAL J.
DÍAZ, C.I.Nº 1.846.375; YOLANDA OBANDO DE LUCA, C.I.Nº 1.846.533; ADA LUCIA
ÁLVAREZ , C.I.Nº 1.846.611; PASTOR SUÁREZ A., C.I.Nº 1.847.220; ALONSO GUANIPA
MORA, C.I.Nº 1.847.643; GLICERIA J. NUÑEZ GARCÍA, C.I.Nº 1.847.751; RAFAEL A.
ROJAS A., C.I.Nº 1.847.810; JOSEFINA DÍAZ DE GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.847.887; ABILIO
MALPICA SAAVEDRA, C.I.Nº 1.848.037; JULIO BASALO, C.I.Nº 1.848.063; JOSEFINA
FLORES DE GAZZANEO, C.I.Nº 1.848.554; ANÍBAL MIRANDA, C.I.Nº 1.848.718; JUAN J.
GARCÍA ITRIAGO, C.I.Nº 1.849.348; RAFAEL E. MORALES CABRICES, C.I.Nº 1.849.451;
MARÍA LEZAMA DE ARANA, C.I.Nº 1.849.568; LUÍS MARTÍN BETANCOURT H., C.I.Nº
1.849.576; MARÍA V. CARPIO DE JARAM, C.I.Nº 1.849.695; MARTHA A. SOLÓRZANO DE
G., C.I.Nº 1.849.718; HAIDEE GLORIA OVIEDO, C.I.Nº 1.849.719; LUISA E. JACOTTE
DE CHAPARRO, C.I.Nº 1.849.840; CARMEN QUEZADA VALDERRAMA, C.I.Nº 1.849.998;
RAFAELA VIDARTIL COLINA, C.I.Nº 1.850.329; IVÁN PÉREZ, C.I.Nº 1.850.493; ZADILA
MANTILLA C., C.I.Nº 1.850.591; LIGIA CASTILLO, C.I.Nº 1.850.868; ANA MARINA
PARRA, C.I.Nº 1.851.105: ENRIQUE J. CHAVEZ, C.I.Nº 1.851.175; ALICIA E. ORTEGA
O., C.I.Nº 1.851.201; PABLO CÉSAR VINA, C.I.Nº 1.852.191; FÉLIX A. LUCENA G.,
C.I.Nº 1.852.386; MERCEDES BLANCO DE GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.852.517; ROBERTO A.
GONZÁLEZ ARANGUREN, C.I.Nº 1.852.966; RÉGULO PEÑA, C.I.Nº 1.853.334; LUIS A.
TORRES, C.I.Nº 1.853.513; JOSÉ MERCEDES VALLÉS, C.I.Nº 1.853.782; MANUEL E.
GARCÍA, C.I.Nº 1.853.816;JULIO HERNÁNDEZ, C.I.Nº 1.854.411; UVIGILIO G.
GUERRERO GARCÍA, C.I.Nº 1.854.558; EMILIO CARPIO, C.I.Nº 1.854.972; ÁNGEL JOSÉ
GUTIÉRREZ, C.I.Nº 1.855.306; MANUEL RANGEL GUZMÁN, C.I.Nº 1.855.466; OLGA M.
RINCÓN MUÑOZ, C.I.Nº 1.855.577; CARMEN TERESA GARCÍA P., C.I.Nº 1.855.603;
JESÚS S. PÉREZ GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.855.609; HÉCTOR REVERÓN, C.I.Nº 1.855.790;
MARCOS V. VEGA ROSAS, C.I.Nº 1.855.981; MANUEL ALBI CASTILLO, C.I.Nº 1.856.319;
NARCISO VIZCAYA GÓMEZ, C.I.Nº 1.856.416; JULIETA DOMÍNGUEZ DE MARTÍNEZ, C.I.Nº
1.856.756; OMAR A. RIGUAL MÁRQUEZ, C.I.Nº 1.856.988; CARMEN A. HERRERA DE
JIMÉNEZ, C.I.Nº 1.857.105; LUIS M. PEÑA, C.I.N 1.857.164; MANUEL GARCÍA
GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.857.183; JESÚS A. PALAU TRAVIESO, C.I.Nº 1.857.348; VÍCTOR
M. TRAVIESO MARTÍNEZ, C.I.Nº 1.857.486; JESÚS DUGARTE PAREDES, C.I.Nº
1.857.603; JULIETA MOLINA NIEVES, C.I.Nº 1.857.675; ELBA HERNÁNDEZ, C.I.Nº
1.857.951; VIANNEY CHIVILLA N., C.I.Nº 1.858.016; JORGE CORVAIA, C.I.Nº 1.858.456; ZULEIMA
ESTRADA DE ÁVILA, C.I.Nº 1.858.571; MATEO SÁJESE, C.I.Nº 1.858.588; NELLY M.
AUGE DE GARCÍA, C.I.Nº 1.858.604; EFRAÍN TOVAR, C.I.Nº 1.858.618; TRINIDA DE
PACHECO, C.I.Nº 1.858.622; JULIO COLMENARES, C.I.Nº 1.859.270; HUGO FRANCISCO
ROMÁN, C.I.Nº 1.859.296; SILVERIO GARCÍA, C.I.Nº 1.859.526; BLAS RAMOS, C.I.Nº
1.859.570; JORGE GARCÍA, C.I.Nº 1.859.864; CRUZ MARÍA ORTEGA, C.I.Nº 1.859.902;
JOSÉ INÉS FUENTES, C.I.Nº 1.859.906; ELÍA SALAS INFANTE, C.I.Nº 1.860.026; OMAR
B. CRRIZO M., C.I.Nº 1.860.767; ANA TERESA VILLEGAS, C.I.Nº 1.860.841; OSCAR A.
MEJÍAS L., C.I.Nº 1.860.852; RICARDO PARRA, C.I.Nº 1.861.122; NICOLÁS RONDÓN,
C.I.Nº 1.861.141; ALBINO DE J. PERAZA D., C.I.Nº 1.861.382; SONIA C. RODRÍGUEZ
M., C.I.Nº 1.861.388; GERARDO GUEVARA G. C.I.Nº 1.861.481; NARCISA MADRID DE
GUZMÁN, C.I.Nº 1.861.489; FREDDY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.861.784; VÍCTOR
M. VELÁSQUEZ REINA, C.I.Nº 1.861.835; OLGA MOLINA DE RAUSE, C.I.Nº 1.861.937;
GRACIELA RODRÍGUEZ CMPOS, C.I.Nº 1862.016; JAN WALTER KUJAWA SUCHOMSKA, C.I.Nº
1.862.365; MORELLA E. OTAMENDI ESCOBAR, C.I.Nº 1.862.421; SIMÓN E. SÁNCHEZ
SÁNCHEZ, C.I.Nº 1.862.491; ROSA HERNÁNDEZ, C.I.Nº 1.862.567; PEDRO MONTERO,
C.I.Nº 1.862.869; JESÚS M. BLANCO TORREALBA, C.I.Nº 1.862.882; MIGUEL A.
CARREÑO RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.863.534; FREDDY E. GONZÁLEZ LENZI, C.I.Nº
1.863.633; JORGE H. CADET C., C.I.Nº 1.863.817; PEDRO GILBERTO GUZMÁN, C.I.Nº
1.863.863; ERNESTO ARANGUREN GÓMEZ, C.I.Nº 1.864.045; RAFAEL ERNESTO ORTEGA
RUIZ, C.I.Nº 1.864.143; DORA JOSEFINA MONTOYA T., C.I.Nº 1.864.161; VÍCTOR R.
PÉREZ M., C.I.Nº 1.864.297; DIEGO P. PEÑA PEÑA, C.I.Nº 1.864.615; NATALIA M.
MARTÍNEZ, C.I.Nº 1.864.793; ANTONIO J. VILLARROEL CASTILLO, C.I.Nº 1.865.108;
ALVIN VOLKERTS, C.I.Nº 1.865.530; AURORA HIPCLIT ALVIRES DE G., C.I.Nº
1.865.922; FRIEDRICH MERKL BUTTNER, C.I.Nº 1.865.942; LUCILA TOVAR DE
VELÁSQUEZ, C.I.Nº 1.866.173; JOSÉ R. NIÑO F., C.I.Nº 1.866.334; LUIS MÀRQUEZ
TEJADA, C.I.Nº 1.866.370; JOSÉ V. RAUSEO BAYOTA, C.I.Nº 1.866.514; ELSA ROSA
VILLALOBOS MACHADO, C.I.Nº 1.866.952; CARMEN JOSEFINA BECERRA LEAL, C.I.Nº
1.867.048; EDO JESÚS BLANCO, C.I.Nº 1.867.121; ROQUE DE J BRACHO ROJAS, C.I.Nº
1.867.143; HUGO E. CEDEÑO GARCÍA, C.I.Nº 1.867.394; ÁNGEL MARTÍNEZ, C.I.Nº
1.867.417; RAQUEL E. BUSTAMANTE, C.I.Nº 1.867.798; JULIO A. ORTEGA L., C.I.Nº
1.867.989; MANUEL ABREU SERRANO, C.I.Nº 1.868.109; PERPETUA H. ANGARITA DURÁN,
C.I.Nº 1.868.202; LUIS B. GUARAMATO, C.I.Nº 1.868.291; RAFAEL SIMÓN LARA
RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.868.315; ASCENSIÓN SERRANO, C.I.Nº 1.868.335; JORGE E.
HERNÁNDEZ SIERRA, C.I.Nº 1.868.381; EULAGIO A. YANEZ, C.I.Nº 1.868.465; FELIPE
PERDOMO ORTA, C.I.Nº 1.868.627; CARMEN H. GARCÉS M., C.I.Nº 1.868.661; PISENA
MOLINA DE FERNÁNDEZ, C.I.Nº 1.868.691; ISABEL VIÑA DE CABRERA, C.I.Nº
1.868.693; ELBA VILLARROEL DE OCHOA, C.I.Nº 1.868.694; CARMEN MELENDEZ, C.I.Nº
1.868.975; CANDELARIA BORGES SUÁREZ, C.I.Nº 1.869.188;ÁNGEL ENRIQUE BALZA,
C.I.Nº 1.869.654; AMANDO ANTONIO VIVAS, C.I.Nº 1.870.007; MARÍA DEL C.
FERNÁNDEZ DE V., C.I.Nº 1.870.021; RAQUEL MARÍA RIVAS, C.I.Nº 1.870.843; RAFAEL
H. MONTAÑO RIGUAL, C.I.Nº 1.870.884; ERNESTO LUIS VENTO, C.I.Nº 1.870.972;
FRANCISCA I. CORRO DE R., C.I.Nº 1.871.944; RODRÍGUEZ DE R. C.I.Nº 1.872.088;
PEDRO GARCÍA, C.I.Nº 1.872.813; JOSÉ ABELLO, C.I.Nº 1.872.832; JULIO C. ORTA
ACOSTA, C.I.Nº 1.873.037; EMILIO ALVARADO, C.I.Nº 1.873.346; CARLOS A.
VELÁSQUEZ, C.I.Nº 1.873.555; GLADYS HERNÁNDEZ DE BORJAS, C.I.Nº 1.873.989;
MARIO JOSÉ BARRAEZ, C.I.Nº 1.874.561; OVIDIO A. DUGARTE, C.I.Nº 1.874.683; LUIS
A. CAMARGO, C.I.Nº 1.875.039; ROQUE M. CASILLAS GONZÁLEZ , C.I.Nº 1.875.276;
LUCIA OTILIA DE JIMÉNEZ, C.I.Nº 1.875.291; WILLIAM ASSING DE FERNÁNDEZ, C.I.Nº
1.875.725; ALEJANDRO RODRÍGUEZ, 1.876.680; PETRA PEÑA, C.I.Nº 1.876.888;
MERCEDES O. PINEDA ESTRADA, C.I.Nº 1.877.115; ADOLFO C. DE PAZ GÓMEZ, C.I.Nº
1.877.206; ZORAIDA DELGADO DE RENDON, C.I.Nº 1.877.344; RAIMUNDO F. CROQUER V.
C.I.Nº 1.877.383; CARMEN NINA PINO DE TORO, C.I.N.Nº 1.877.480; ERNESTO DE
JESÚS CHIRINOS, C.I.Nº 1.877.743; FREDDY RAMÓN JIMÉNEZ, C.I.Nº 1.877.964;
RAFAEL MAYORA, C.I.Nº 1.877.976; LUCIA MORALES DE GUIL, C.I.Nº 1.878.068; LUIS
FERNANDO VILLAMIZAR, C.I.Nº 1.878.693;CLEMENTE OZON R., C.I.Nº 1.878.813; EGLEE
DE FARIAS, C.I.Nº 1.878.918; CARMEN AMADA RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.879.327; RAMÓN
ISIDRO MUÑOZ PULIDO, C.I.Nº 1.880.008; CARMEN DE RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.880.084;
SAÚL JOSÉ GUARATA, C.I.Nº 1.880.638; JESÚS A. GUARATA, C.I.Nº 1.880.893; PABLO
R. FERMÍN N. C.I.Nº 1.881.157; OLGA C. PINTO C., C.I.Nº 1.881.979; JOSÉ R.
CONTRERAS, C.I.Nº 1.882.018; GLADYS ROSA HERNÁNDEZ DE R., C.I.Nº 1.882.035;
OMAR R. VÁSQUEZ GARCÍA, C.I.Nº 1.882.090; PABLO E. LIENDO URBINA, C.I.Nº
1.883.207; FRANCISCO CUBANO, C.I.Nº 1.883.963; GISELA E. TORRELLAS PAIVA,
C.I.Nº 1.884.036; LUIS ALFONSO BERDUGUILLO, C.I.Nº 1.884.209; OSCAR B. PÉREZ
ALGARRADAS, C.I.Nº 1.884.233; GERARDO VANDER D., C.I.Nº 1.884.273; MERCEDES Z.
DE TIAPA, C.I.Nº 1.884.481; PEDRO GONZÁLEZ DÍAZ, C.I.Nº 1.885.103; LUCIO A.
MARTÍNEZ A., C.I.Nº 1.885.524; CARMEN ROSA ORTIZ, C.I.Nº 1.885.588; HILDA J.
SANABRIA, C.I.Nº 1.885.718; PEDRO P. NAVARRO, C.I.Nº 1.885.850; MARUJA FLORES
DE MORAL, C.I.Nº 1.886.018; ALCIDES J. VELAZCO FUENMAYOR, C.I.Nº 1.886.286;
IRMA DE SAVAGE, C.I.Nº 1.886.438; MIGUEL
NICOLÁS LÒPEZ SERRANO, C.I.Nº 1.886.655; CARMEN FLORES, C.I.Nº
1.886.729; BLANCA PÉREZ TEJERA, C.I.Nº
1.886.753; TOMÁS GUINALIO, C.I.Nº 1.887.779; CÁNDIDO GONZÁLEZ R., C.I.Nº
1.888.517; LIGIA FIGUERA DE R. C.I.Nº 1.889.026; GUILLERMO TOVAR, C.I.Nº
1.889.167; HÉCTOR E. PACHECO, C.I.Nº 1.889.303; MARÍA C. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ,
C.I.Nº 1.889.364; LORENZA DOMÍNGUEZ R., C.I.Nº 1.889.367; ALICIA DEL CARMEN
ALARCÓN, C.I.Nº 1.889.454; FRANCISCO VIUR, C.I.Nº 1.889.572; MARÍA LORENZA
MEDINA, C.I.Nº 1.889.612; JOSÉ R. PACHECO, C.I.Nº 1.890.125; MARTHA B.
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, C.I.Nº 1.890.455; DOLIS CELINA MOGOLLON ALCALÁ, C.I.Nº
1.890.548; JOSÉ L. RÍOS R., C.I.Nº 1.890.634; JUAN S. PERAZA, C.I.Nº 1.891.165;
FÉLIX O. BLANCO., C.I.Nº 1.891.223; ANDRÉS ELOY LANDAEZ, C.I.Nº 1.891.779;
RAFAELA A. RODRÍGUEZ REQUENA, C.I.Nº 1.891.854; LUIS HORACIO GALITO, C.I.Nº
1.892.002; CARLOS L. HOWARD VILLALBA, C.I.Nº 1.892.069; JULIO CÉSAR PARRA
CASTRO, C.I.Nº 1.892.583; ANTONIO FELIPE TOVAR, C.I.Nº 1.892.743; REINA PÉREZ
DE ECHEZURIA, C.I.Nº 1.892.773; CARMEN P. OYARBE DE VALER, C.I.Nº 1.892.921;
IVÁN KUZNECOV T.,C.I.Nº 1.892.977; LESBIA MEJÍAS PÉREZ, C.I.Nº 1.893.007; GARDE
CARABALLO, C.I.Nº 1.893.018; ESTELA BENÍTEZ DE S., C.I.Nº 1.893.209; ROBERTO
GORDONES BETANCOURT, C.I.Nº 1.893.301; LUIS ENRIQUE RIGUAL, C.I.Nº 1.893.653;
ANTONIO R. RUIZ DUQUE, C.I.Nº 1.893.700; ÁNGEL RUFINO RENGIFO ISTURIZ, C.I.Nº
1.894.038; CARMEN DE RAMÍREZ, C.I.Nº 1.894.437; IRIS ALEXANDER, C.I.Nº
1.894.509; MARÍA NOEMÍ LEPAGE BARRETO, C.I.Nº 1.894.854; JOSÉ FELIPE FARFAN,
C.I.Nº 1.895.056; JOSÉ B. MORALES, C.I.Nº 1.895.490; MARÍA L. GIRÓN VILLARROEL,
C.I.Nº 1.895.575; ANA F. DE CORZO, C.I.Nº 1.895.731; AIDA R. BENÍTEZ R., C.I.Nº
1.895.913; FELIPE ELEAZAR GARCÍA, C.I.Nº 1.896.081; CIRA O. COELLO DE FIGUEROA,
C.I.Nº 1.896.325; IRIS MARÍA URIBE, C.I.Nº 1.896.382; PEDRO VIRGILIO PULIDO,
C.I.Nº 1.896.694; BLANCA CASTELLANOS, C.I.Nº 1.896.835; MARÍA VILLANUEVA ROJAS,
C.I.Nº 1.897.026; MARÍA C. GONZÁLEZ DE F., C.I.Nº 1.897.580; SARA GONZÁLEZ DE
MARÍN, C.I.Nº 1.898.023; SUSANA C. DE CASTRO ACOSTA, C.I.Nº 1.898.266; GUSTAVO
D. SUÁREZ O., C.I.Nº 1.898.801; ENMA L. QUINTANA MONTERO, C.I.Nº 1.898.877;
AURA HERRERA DE SALA, C.I.Nº 1.898.982; EDUARDO SÁNCHEZ RAMOS, C.I.Nº
1.899.145; ANTONIO J. REYES P., C.I.Nº 1.899.257; SOCORRO BETTIZAGATIZ DE
CHAPÍN, C.I.Nº 1.899.561; ANTONIO DE J. SÁNCHEZ, C.I.Nº 1.900.678; PARMENIO
CONTRERAS, C.I.Nº 1.901.569; MARÍA DE LAS MERCEDES ANDRADE, C.I.Nº 1.903.039;
RAMONA A. MEDINA DE ESTRADA, C.I.Nº 1.904.617; ISABEL ROA DE MORA, C.I.Nº
1.905.099; ARCÁNGEL CHACÓN A., C.I.Nº 1.905.338; MARCELINO SÁNCHEZ A.,C.I.Nº
1.907.814; JUANA ALTAMIRA DUQUE DE MEDINA, C.I.Nº 1.909.454; EUTIQUIO HEVIA
P.,C.I.Nº 1.909.766; OTONIEL RODRÍGUEZ GUERRERO, C.I.Nº 1.909.850; JORGE ELINO
OCANTO DÍAZ, C.I.Nº 1.909.930; EPAMINONDAS VILLAROEL, C.I.Nº 1.910.613; BRAULIO
VIÑA GORDOÑES, C.I.Nº 1.912.755; GABRIEL A. VILLARROEL, C.I.Nº 1.912.795; TOMÁS
R. FUENTES GONZÁLEZ, C.I.Nº 1.912.951; BUENAVENTURA TINEO A., C.I.Nº 1.913.039;
JOSEFINA RIVERA, C.I.Nº 1.913.298; LUISA MARCANO DE MOLLEGAS, C.I.Nº 1.914.506;
PEDRO RAFAEL MILLÁN ESPINOZA, C.I.Nº 1.915.652; ERASMO LUGO B., C.I.Nº
1.916.180; GLORIS J. GUERRA DÍAZ, C.I.Nº 1.916.388; ROSAURA R. QUEZADA MÉNDEZ,
C.I.Nº 1.916.552; EUCARIO R. MARCANO, C.I.Nº 1.918.188; HUMBERTO R. CARABALLO
QUEZADA, C.I.Nº 1.918.265; CARMEN PIRELA, C.I.Nº 1.922.736; SEGUNDO E.
CASTELLANOS PÉREZ, C.I.Nº 1.926.424; LUIS A. CONTRERAS LINAREZ, C.I.Nº
1.927.381; MANUAL A. BRICEÑO B., C.I.Nº 1.928.041; PEDRO MENDOZA, C.I.Nº
1.929.152; ALIDA M. CHAPÍN DE NIÑO, C.I.Nº 1.930.613; OSMILIA ARREAGA DE C.,
C.I.Nº; 1.930.777; ANA ROSA DE CARDOZO VICH, C.I.Nº 1.931.614; SILIO ADERMO MAS
Y RUBI C., C.I.Nº 1.932.719; NORA MARGARITA DUARTE BRACHO, C.I.Nº 1.933.755;
AMÉRICO A. VÁSQUEZ LÓPEZ, C.I.Nº 1.934.627; NORMA C. ROBERTS DE V., C.I.Nº
1.935.041; VÍCTOR M. BLANCO PÁEZ, C.I.Nº 1.935.060; RAMÓN ANTONIO CARRASQUEÑO,
C.I.Nº 1.935.123; MIGUEL EMILIO MORENO SILVA, C.I.Nº 1.936.559; HILDA
MARGARITA PETIT REYES, C.I.Nº
1.936.752; JUSTA RUFINA GONZÁLEZ DE S., C.I.Nº 1.939.734; OLGA M. ROJAS, C.I.Nº
1.940.714; GLADYS DE TORRES, C.I.Nº 1.943.381; VÍCTOR GARBAN, C.I.Nº 1.946.160;
NORIS DEL CARMEN ODREMAN TORRES, C.I.Nº 1.946.529; ARÍSTIDES VALDIVIESO, C.I.Nº
1.948.899; ADDY LABADY DE CARDOZO, C.I.Nº 1.949.475; PEDRO ELÍAS ORTA PARIGUAL,
C.I.Nº 1.949.629; EDITH DE RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.960.648; GLADYS DE PETIT, C.I.Nº
1.960.649; RAMÓN PINTO CHIRINO, C.I.Nº 1.960.676; SONIA E. CARREÑO, C.I.Nº
1.960.764; ANA C. NOLASCO, C.I.Nº 1.961.194; ARMANDO R. HERNÁNDEZ, C.I.Nº
1.961.661; DITIDA M. DE HERNÁNDEZ, C.I.Nº 1.966.760; NELSON E. REVILLA FONSECA,
C.I.Nº 1.967.425; MELECIO A. DUNO POLANCO, C.I.Nº 1.968.806; LUIS E. BARREAT DÍAZ,
C.I.Nº 1.970.297; OSWALDO RODRÍGUEZ REYES, C.I.Nº 1.970.482; CARMEN A. ROJAS
S., C.I.Nº 1.970.548; FERNANDO R. PONZO ACEVEDO, C.I.Nº 1.970.799; ÁNGEL
PASCUAL BLANCO BLANCO, C.I.Nº 1.971.316; JOSÉ OSWALDO TRUJILLO CASTILLO, C.I.Nº
1.971.364; JOSÉ ANTONIO SAYAZO VIVAS, C.I.Nº 1.971.902; ÁNGEL ANTONIO MONTES
NUÑEZ, C.I.Nº 1.971.925; FRANCISCO RODRÍGUEZ, C.I.Nº 1.972.785; GLADYS DE J.
LEUNO DE WAGNER, C.I.Nº 1.980.332; CARMEN ALIDA AGÜERO F., C.I.Nº 1.980.637; EDIR C. CHAPÍN BELTRÁN, C.I.Nº
1.982.531; EMMA DEL V. CEDEÑO DE ACOSTA, C.I.Nº 1.982.687; MARÍA G. MARCANO G.,
C.I.Nº 1.982.810; MARÍA DEL PILAR RANGEL, C.I.Nº 1.986.238; IRIS V. FLORES
SÁNCHEZ, C.I.Nº 1.986.309; MERCEDES DE SEQUERA, C.I.Nº 1.986.323; MARÍA E.
MOLINA P., C.I.Nº 1.986.324; NELLY DEL PILAR SEGOVIA, C.I.Nº 1.986.409; JOSÉ F.
LUCENA FERNÁNDEZ, C.I.Nº 1.986.611; CARMEN PEÑA DE CÉSAR, C.I.Nº 1.986.690;
CARMEN MELCHOR DE J, C.I.Nº 1.993.184; BENITO DUARTE, C.I.Nº 1.993.508;
OLIMENIA MELCHOR, C.I.Nº 1.993.691; GRACIELA ESPINOZA DE S., C.I.Nº 1.993.706;
NATALIO ELOY SOJO, C.I.Nº 1.996.180; PABLO JOSÉ FRÍAS B., C.I.Nº 1.996.238;
JESÚS MARÍA SOJO, C.I.Nº 1.996.287; MANUEL FELIPE ABREU MARACANO, C.I.Nº
1.997.196; MEDARDA RENGIFO DE BRAVO, C.I.Nº 1.998.448; ÁNGEL HERNÁNDEZ, C.I.Nº
1.999.236; DILIA MARGARITA DELGADO, C.I.Nº 2.003.258; ROGELIO DÍAZ, C.I.Nº
2.011.368; FILEMON YEPEZ LEÓN, C.I.Nº 2.011.752; CARMEN LICINIA GUZMÁN, C.I.Nº
2.012.354; BERTHA ELENA MOSQUERA BOLTD, C.I.Nº 2.018.673; LILIA COLMENARES DE
BUSTAMANTE, C.I.Nº 2.019.792; EXPEDITA GAMEZ, 2.021.088; RAMÓN GONZÁLEZ, C.I.Nº
2.021.591; JOSÉ A. LÓPEZ ROMERO, C.I.Nº 2.022.596; ZAIDA MARCANO DE VALBUENA,
C.I.Nº 2.024.879; ALEJANDRINA GRAFFE, C.I.Nº 2.025.638; ALBERTO SALAS PNTOJA,
C.I.Nº 2.025.682; LESBIA GIL ROJAS, C.I.Nº 2.025.762; JOSÉ O. HERRERA , C.I.Nº
2.026.751; CARMEN PEREIRA, C.I.Nº 2.027.894; PRADO ARROYO BRICEÑO, C.I.Nº
2.036.047; LEYDA H. PÉREZ DE GONZÁLEZ, C.I.Nº 2.039.524; ANTONIO BRACAMONTE
VELÁSQUEZ, C.I.Nº 2.039.636, PAULINA GARCÍA PARRA, C.I.Nº 2.040.967; CIRA
CELIDA GONZÁLEZ MELEAN , C.I.Nº 2.053.012; ELVIA R. TORRES DE MOSQUERA, C.I.Nº
2.056.138; LEOCADIA GONZÁLEZ, C.I.Nº 2.057.895; CARMEN ALARCÓN, C.I.Nº
2.059.680; TEOFILO E. LOVAINA PATIO, C.I.Nº 2.060.159; FERMÍN ANTONIO DURÁN
SÁNCHEZ, C.I.Nº 2.060.250, CELINA E. FRANCES DE TORRES, C.I.Nº 2.060.452; JENNY
M. EXPOSITO GONZÁLEZ, C.I.Nº 2.060.743; ÁNGEL F. VICENTELLI, C.I.Nº 2.061.122;
ARMIDA TERESA OBANDO, C.I.Nº 2.061.314; GILBERTO J. CELIS S. C.I.Nº 2.061.338;
RAFAEL DANIEL PAZO, C.I.Nº 2.061.403; BLANCA JAIMES, C.I.Nº 2.061.438; CARMEN
N. RIVAS DE BATTAGLINI, C.I.Nº 2.061.566; ASCENSIÓN ESTRELLA DE ARISMENDI,
C.I.Nº 2.062.254; HERNÁN E. HIDALGO ROMERO, C.I.Nº 2.062.303; RAFAEL E. ORTA
A., C.I.Nº 2.062.380; MARÍA DE ORTIZ, C.I.Nº 2.062.528; GUILLERMO LIRA, C.I.Nº
2.062.743; SIXTO NUÑEZ REYES, C.I.Nº 2.062.991; TERESA RAMÍREZ DE ROA, C.I.Nº
2.062.996; FRANCISCO TROJA, C.I.Nº 2.063.189; OLGA DE PIÑA, C.I.Nº 2.063.345;
MIGUEL A. VILLALOBOS ESPINOZA, C.I.Nº 2.064.261; MATILDE DE FERNÁNDEZ, C.I.Nº
2.064.526; RAFAEL ABREU SERRANO, C.I.Nº 2.064.666; YOLANDA MORALES OLIVO,
2.064.847; MARÍA RODRÍGUEZ G. C.I.Nº 2.065.120; SUSANA IRIARTE DE MARTÍNEZ,
C.I.Nº 2.065.463; LORENZO A. CASANAS, C.I.Nº 2.066.221; TEOFILO VICENTE SANZ,
C.I.Nº 2.066.824; HEINRICH SCHOTT, C.I.Nº 2.067.246; CRUZ EDUARDO AROCHA
HERRERA, C.I.Nº 2.067.664; HILDA M. GUERRERO DE SÁNCHEZ, C.I.Nº 2.068.206;
CONSUELO LEÓN DE RODRÍGUEZ, C.I.Nº 2.068.520; IVÁN W. MARTÍNEZ NEGRÓN, C.I.Nº
2.069.291; YOLANDA GIL SÁNCHEZ, C.I.Nº 2.069.639; NELLY GIL, C.I.Nº 2.070.240;
CARLOS A. ACEVEDO SUCRE, C.I.Nº 2.070.712; LUIS ALBERTO LÓPEZ, C.I.Nº 2.070.746; ALBERTO BORGES GUZMÁN, C.I.Nº
2.070.934; DANIELA G. FRANCES G., C.I.Nº 2.071.106; MARÍA YOLANDA DÍAZ, C.I.Nº
2.071.493; ROSA E. VELÁSQUEZ ALFONSO, C.I.Nº 2.071.573; BRULE PABLO VAN DER, C.I.Nº
2.071.706; LEOPOLDO VALECILLOS, C.I.Nº 2.071.834; VICENTE DIEZ V., C.I.Nº
2.072.122; JOSÉ E. PALACIOS RAMOS, C.I.Nº 2.072.417; GUISEPPE PARATORE, C.I.Nº
2.072.738; FREDDY R. GARCÍA DÍAZ, C.I.Nº 2.073.155; MARÍA ANTONIETA PEÑA,
C.I.Nº 2.073.219; ROMELIA BLANCO DE BRUZUL, C.I.Nº 2.073.340; JOSÉ R. MARTÍN,
C.I.Nº 2.073.450; VÍCTOR MANUEL BORGES, C.I.Nº 2.074.395; JOSÉ R. SUÁREZ
ARRAIZ, C.I.Nº 2.074.676; RIGOBERTO GUARATA, C.I.Nº 2.074.919; REINA C. OVIEDO
BRITO, C.I.Nº 2.075.367; OLGA T. VILLARRAGA P., C.I.Nº 2.075.436; TERESA GRILLO
DE ROJAS, C.I.Nº 2.075.485; AURORA BRICEÑO, C.I.Nº 2.075.662; LUISA ESPERANZA
CHACÓN DE VEGA, C.I.Nº 2.075.693; MIGUEL ANGEL OVIEDO GUARENAS, C.I.Nº
2.075.728; JULIA ARTEAGA DE BARRIOS, C.I.Nº 2.076.358; ÁNGEL E. URBINA M.,C.I.Nº
2.077.610; ARGELIA H. VECCHIONE DE AGUIRRE, C.I.Nº 2.077.774; JESÚS LÒPEZ
SANTÓN, C.I.Nº 2.078.890; GIOACCHINO ANSELMO, C.I.Nº 2.078.917; GISELA PARES
LEÓN, C.I.Nº 2.079.818; JESÚS M. FUENTES, C.I.Nº 2.080.193; NINA CEBERG DE
FRÍAS, C.I.Nº 2.080.344; GLADYS VILLARRAGA PIÑA, C.I.Nº 2.080.417; HERCILIA J.
MARCANO LUCHON, C.I.Nº 2.080.552; LUIS RIGOBERTO SILVERA, C.I.Nº 2.080.899;
FAUSTO CALDONI AMENDOLARI, C.I.Nº2.081.441; RAFAEL ESCUELA H., C.I.Nº
2.081.605; JAIRO A. RAMÍREZ, C.I.Nº 2.081.617; GLADIS PEREIRA PERES, C.I.Nº
2.082.626; JULIA PEREIRA DE GONZÁLEZ, C.I.Nº 2.082.724; TERESA DEL V. GUZMÁN
COVA, C.I.Nº 2.082.791; AURA VIRGINIA LOMBANO, C.I.Nº 2.083.105; JOSÉ IGNACIO
GAIZARAIN, C.I.Nº 2.083.405; HÉCTOR MENDOZA MACHUCA, C.I.N°
2.083.979; LUCIANO AGUIAR, C.I.N° 2.084.057; ESTHER M ESCALONA DE URBE., C.I.N°
2.084.424; MARÍA AÑASCO DE TABORDA, C.I.N° 2.085.226; MARÍA ALDANA GARCÍA,
C.I.N° 2.085.283; OCTAVIA ROSALES DE PÉREZ, C.I.N° 2.085.389; MARÍA VARGAS DE
HERRERA, C.I.N° 2.085.721; EDITH LUGO DE KISSENBECK, C.I.N° 2.086.425; GREGORIA
J.MÁRQUEZ TANG, C.I.N° 2.087.263; JUAN A. ORTA MARTÍNEZ, C.I.N° 2.087.380;
GLADIS BARRIOS QUEVEDO, C.I.N° 2.087.644; EDDY Y.DE MARCANO RODRÍGUEZ, C.I.N° 2.087.701; GRACIELA HERRERA, C.I.N°
2.088.160; SURMONT SERGE L., C.I.N° 2.088.380; RAMÓN ALBERTO CALLES, C.I.N°
2.088.787; ANA C.IZQUIERDO DE BA, C.I.N° 2.089.170; MARÍA ELENA AGELVIS
MONSALVE, C.I.N° 2.089.657; GLADYS E. RODRÍGUEZ REQUENA, C.I.N° 2.089.663;
GARCÍA LUÍS RAMÓN, C.I.N° 2.089.941; ARAQUE SELVIA, C.I.N° 2.090.373;
VILLAGOMEZ LINO MANUEL, C.I.N° 2.090.487; FALCÓN BELMONTE ELBA J., C.I.N°
2.092.987; DE CASTILLO MAR LUCINA JOSEFA, C.I.N° 2.094.021; FERNÁNDEZ F. JUAN
JOSÉ, C.I. N° 2.094.569; MÁRQUEZ FERMÍN GILBERTO J, C.I.N° 2.095.140; CORREDOR
DE BALZA ROSAURA, C.I.Nº 2.095.235; SANTODOMINGO REBELLO ADAN, C.I.N°
2.095.379; PASARELLI ANIELLO, C.I.N° 2.095.422; AMEZAGA M. FREDDY E., C.I.N°
2.095.934; PÉREZ OLGA YOLANDA, C.I.N° 2.095.959; MURILLO RODRÍGUEZ JOSÉ ÁNGEL,
C.I.N° 2.096.459; MATA DE PERDOMO DILIA, C.I.N° 2.096.722; COINTA MARA JUANA,
C.I.N° 2.096.723; PÉREZ FERNÁNDEZ VERÓNICA, C.I.N° 2.096.735; ZERPA ARNOLDO,
C.I.N° 2.096.779; MARRÓN CÉSAR, C.I.N° 2.097.178; ROJAS PÉREZ CÉSAR E., C.I.N°
2.097.382; ARELLANO DE CARREÑO, LUISA A., C.I.N° 2.097.873; HERNÁNDEZ G. SONIA,
C.I.N° 2.098.241; CÓRDOVA OMAR ALBERTO, C.I N° 2.099.205; AGUILAR SÁNCHEZ
ISMAEL SEGUNDO, C.I.N° 2.099.287; MACIAS A. JESÚS A., C.I.N° 2.099.652; MADRID
CIRA CRISTINA, C.I.N° 2.099.761; ESPINOZA TORRES PABLO R., C.I.N° 2.100.165;
TAYUPE JUAN R., C.I.N° 2.100.172; MANRIQUE ENRIQUETA, C.I. N° 2.100.704;
VILCHEZ M. BERNARDO; C.I.N° 2.101.093; ORTA H. JORGE R., C.I.N° 2.101.230;
RAMOS MARIO, V., C.I.N° 2.101.252; GARRANCHAN RICARDO, A., C.I.N° 2.101.675;
ZÁBALA BLANCA AURORA, C.I.N° 2.101.684; SERRANO HIDALGO RAÚL, C.I.N° 2.102.102;
ARANA PLINIO, C.I.N° 2.102.455; RIBA G. CARMEN, C.I.N° 2.102.790; ROJAS DE
GÓMEZ, LUCRECIA M., C.I.N° 2.103.032; BALZA DE PÉREZ ALEJANDRINA, C.I.N°
2.103.123; RAMÍREZ R. AURORA, C.I.N° 2.103.629; HERNÁNDEZ BELISARIO LUIS R.,
C.I.N° 2.103.835; GUTIÉRREZ PONS ADOLFO, C.I.N° 2.104.015; R. DE SARAVIA ROSA
E., C.I.N° 2.104.730; ESPINOZA LUISA V., C.I.N° 2.105.178; UZKANGA G. JOSÉ A.,
C.I.N° 2.105.211; MELÉNDEZ PAÚL J., C.I.N° 2.105.879; NATERA G. FERMÍN
FERNANDO, C.I.N° 2.105.927; BERROTERAN R. ELSA, C.I.N° 2.106.148; CORNELIS PEÑA
ANA C., C.I.N° 2.106.402; RIVERO V. EDUARDO A., C.I.N° 2.106.821; DELGADO R.
NELIDA, C.I.N° 2.107.009; DUNO DE LEONES DIANA J., C.I.N° 2.107.342; BOSCAN
PATIÑO NEIDA GELANDIA, C.I.N° 2.107.402; MÁRQUEZ CLAUDIO, C.I.N° 2.107.799;
DÍAZ R. IRAIDA R., C.I.N° 2.108.435; CANARUMA DE DELGADO DILIA, C.I.N°
2.109.616; BONAUDI MASOERO MARIO, C.I.N° 2.110.066; PERRONI H. JORGE L., C.I.N°
2.110.323; HERNÁNDEZ YÁNEZ ALEXIS, C.I.N° 2.110.377; YÁNEZ O. OSCAR AUGUSTO, C.I.N°
2.110.402; BORGES GUZMAN, MIGUEL A., C.I.N° 2.110.581; MONROY DE MORA
GUILLERMINA, C.I.N° 2.110.651; VELOZ ANA M., C.I.N° 2.111.720; CASTILLO DE CH.,
MARIA DE JESÚS, C.I.N° 2.112.403; CONTRERAS R. JOSE R., C.I.N° 2.112.416;
PAREDES ARMAS JORGE R, C.I.N° 2.112.420; PEREZ D. MILAGROS, C.I.N° 2.112.447;
LOZANO LUISA JOSEFINA, C.I.N° 2.112.463; ARELLANO PEREIRA MAURA JOSEFINA,
C.I.N° 2.112.486; RODRÍGUEZ VICTOR HUGO, C.I.N° 2.112.744; OCHOA TORO, LUIS
EDUARDO, C.I.N 2.113.204; GALÁRRAGA A. GONZALO, C.I.N° 2.113.858; MONTEZUMA
MARITZA, C.I.N° 2.116.199; SILVA CARMONA RAÚL, C.I.N° 2.117.122; TORO CONTRERAS
PEDRO RAFAEL, C.I.N° 2.117.615; SUAREZ DE PEREZ RAMONA DEL CARMÉN, C.I.N°
2.117.760; FIGUERA M. LUISA J., C.I.N° 2.117.768; MAESTRE CARMEN A., C.I.N° 2.117.946;
ALMEIDA DE BORGES MAGALI A., C.I.N°
2.118.283; MORALES G. SÓCRATES, C.I.N° 2.119.139; RODRÍGUEZ DE UTRERA MAYRA,
C.I.N° 2.119.574; RICARDO ALVARADO RAUL ERNESTO, C.I.N° 2.119.860; CARVALLO R.
ALFREDO R., C.I.N° 2.120.098; PACHECO SAEZ FRANCISCO, C.I.N° 2.121.018; BOLIVAR
GALLO SILVIA, C.I.N° 2.121.344; LASORSA L. NICOLAS, C.I.N° 2.121.534; IRAZABAL
CASARES MATILDE M., C.I.N° 2.122.239; VIDAL T. ISABEL, C.I.N° 2.122.293; SAER
BUJANA BETTY, C.I.N° 2.123.319; SILVA G. OVIDIO JOSÉ, C.I.N° 2.123.602; COMMINGS
CRUZ M., C.I.N° 2.123.827; URRETA INES, C.I.N° 2.124.195; GLORIA VILLAFRANCA DE
BELLO, C.I.N° 2.124.383; MARÍA TAMARA RIVAS DE BRICEÑO, C.I.N° 2.124.651;
ISABEL GUTIÉRREZ, C.I.N° 2.124.759; ARGELIA GONZALEZ DE BAEZ, C.I.N° 2.124.995;
JOAQUIN FUNG SALAZAR, C.I.N° 2.125.578; YOLANDA JOSEFINA RENGIFO, C.I.N°
2.125.750; MARÍA TEREZA CASTILLO, C.I.N° 2.126.639; SIMÓN DÍAZ, C.I.N°
2.126.792; GUILLERMO SALCEDO, C.I.N° 2.127.174; ANA J. NARVÁEZ, C.I.N°
2.127.697; FREDDY EON HERNÁNDEZ, C.I.N° 2.128.024; ISABEL MARÍA MALDONADO,
C.I.N° 2.128.097; GERMAN NUÑEZ, C.I.N° 2.128.122; GERMAN D. DIAZ, C.I.N°
2.128.299; CARMEN CONTRERAS DE RODRÍGUEZ, C.I.N° 2.128.881; JOSÉ E. GUEVARA M.,
C.I.N° 2.129.482; LUZ MARÍA VIDAL, C.I.N° 2.129.878; WILIAMS CIANO, C.I.N°
2.130.191; GUILBERTO GONZALEZ BUENO, C.I.N° 2.130.361; DAVID E. MACHADO, C.I.N°
2.130.536; RICARDO RICCI SÁNCHEZ LÓPEZ, C.I.N° 2.133.430; CLEMENTINA MAC GREGOR
CIPRIANO, C.I.N° 2.134.670; GRACIELA MENDOZA B., C.I.N° 2.134.897; DIEGO L.
REYES GUERRERO, C.I.N° 2.137.713; MERCEDES DIAZ DE CIEGERT, C.I.N° 2.138.202;
DOLORES J. BELLO, C.I.N° 2.138.484; GARCÍA DE SILVA LUCRECIA, C.I.Nº 2.138.810;
OLGA J. PAREDES DE SANCHEZ, C.I.N° 2.139.416; SONIA SALOW W., C.I.N° 2.139.599;
LUISA TORRES, C.I.N° 2.140.027; IRSIDA GULLERMO DE MENDEZ, C.I.N° 2.140.077;
NANCY ROJAS, C.I.N° 2.140.371; AIXA ROJAS GONZALEZ, C.I.N° 2.140.372; CARMEN
OMAÑA RAMIREZ, C.I.N° 2.140.604; GUSTAVO MARCHIANI, C.I.N° 2.140.861; SOLANGE
NUÑEZ, C.I.N° 2.140.873; ARACELIS MARÍA SANCHEZ SANCHEZ, C.I.N° 2.141.995;
GARCIA OSWALDO, C.I.N° 2.142.530; JOSÉ MACELINO SANCHEZ YEPEZ, C.I.N°
2.142.599; JAIRO DE JESÚS GALARZA LEAL, C.I.N° 2.143.045; CARMEN SANTA CENTENO
BLANCO, C.I.N° 2.143.147; ALICIA APONTE DE OLIVO, C.I.N° 2.143.398; CARLOS
GONZÁLEZ BECERRA, C.I.N° 2.144.388; IRMA GARCÍA VICTOR, C.I.N° 2.144.521;
BESGAMIN HERNÁNDEZ, C.I.N° 2.144.727; TIBAYRE ZENOB PEREZ DE ROMERO, C.I.N°
2.145.077; CARMEN MARCANO GONZÁLEZ, C.I.N° 2.146.142; AURA HERRERA, C.I.N°
2.146.691; FRANCISCA CARVALLO DE DUMITH, C.I.N° 2.147.128; DELIA YOLANDA
LISCANO, C.I.N° 2.147.560; INOCENTE MONTILLA, C.I.N° 2.147.610; AURORA DIAZ
PLAZA, C.I.N° 2.148.752; EMIRO ANTONIO RIVERA ARRIAGA, C.I.N° 2.148.849; PEDRO
CHACÓN, C.I.N° 2.148.863; JOSÉ JESÚS AGUILERA ARANGURE, C.I.N° 2.149.142; JOSÉ
SAÚL GUERRERO USECHE, C.I.N° 2.149.373; CARMEN FARIAS DE MORENO, C.I.N°
2.149.559; MERCEDES FERNÁNDEZ, C.I.N° 2.194.572; GERMAN ORTA ACOSTA, C.I.N°
2.149.977; BIULA MIRANDA, C.I.N° 2.150.050; GUSTAVO ORTIZ, C.I.N° 2.151.736;
MIGUEL LARA FARIA, C.I.N° 2.151.949; MER D LA CANCHA DE VILLARROEL,
C.I.N° 2.152.247; DELIA DOLORES PÉREZ, C.I.N° 2.152.272; ROSA ELENA RINCÓN
SALAS, C.I.N° 2.153.133; MERCEDES HENRÍQUEZ, C.I.N° 2.153.240; THELMA AGOSTINI
BLANCH, C.I.N° 2.153.893; FLOR ESCOBAR MORENO, C.I.N° 2.154.763; HÉCTOR ESCOBAR
SOSA, C.I.N° 2.154.900; FLOR FORTY, C.I.N° 2.155.214; MARÍA NÚÑEZ BUENDÍA,
C.I.N° 2.156.228; FREDDY MENA, C.I.N° 2.158.271; JULIAN MENDOZA, C.I.N°
2.159.518; YOLANDA MEJIA, C.I.N° 2.160.145; MARGARIT LEANDRO DE VILLARROEL,
C.I.N° 2.160.259; ROSA VELÁSQUEZ, C.I.N° 2.160.991; NARCISO REYES, C.I.N°
2.163.420; HECTOR DELLAN, C.I.N° 2.167.066; LINA HERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, C.I.N°
2.168.153; MARÍA PEREIRA, C.I.N° 2.168.681; FLORENCIO PINTO MUJICA, C.I.N°
2.169.598; AMALIA RODRÍGUEZ DE CURIEL, C.I.N° 2.169.763; CARLOS CANTASTE,
C.I.N° 2.173.771; FRANCISCA GONZALEZ DE RODRÍGUEZ, C.I.N° 2.183.148; RAÚL
MIGUEL CHAVEZ ABBATE, C.I.N° 2.196.100; YOLANDA PAZOS DE POLETTO, C.I.N°
2.196.943; EMILIO BRIZON, C.I.N° 2.197.609; GUIDO BERNAL RAMIREZ, C.I.N°
2.197.643; LADIS JIMÉNEZ SANCHEZ, C.I.N° 2.198.033; EFRÉN GARCIA, C.I.N°
2.198.161; CARMEN SANTELIZ SANTELIZ, C.I.N° 2.198.215; GUILLERMINA SUAREZ DE
JIMÉNEZ, C.I.N° 2.199.848; JUANA CELIS DE ARTEAGA, C.I.N° 2.205.478; HECTOR
CAMARGO RIVAS, C.I.N° 2.207.021; NORA SIFONTES DE CORTE, C.I.N° 2.213.216;
ISAURA TORREALBA HERNÁNDEZ, C.I.N° 2.213.993; CARMEN LILIA UTRERA, C.I.N°
2.215.899; ALICIA MORGADO DE SANTERO, C.I.N° 2.217.263; IRMA CARVALLO DE
RODRÍGUEZ, C.I.N° 2.218.482; ANA RODRÍGUEZ DE RONDON, C.I.N° 2.230.877; ELVIA MARTINEZ,
C.I.N° 2.231.152; MANUAL MIRABAL GARCÍA, C.I.N° 2.231.402; JOSE RAMON DELGADO
MARTINEZ, C.I.N° 2.232.048; JOSE GARMENDI RONDON, C.I.N° 2.232.824; B. DE
FLORES NOTORIA, C.I.N° 2.235.676; IRMA FERNÁNDEZ, C.I.N° 2.238.811; MARÍA PEREZ
RIBAS, C.I.N° 2.239.297; LINA MERCEDES SANCHEZ, C.I.N° 2.239.862; YAMIRA YEPEZ
HERRERA, C.I.N° 2.240.800; ALFRADO GALÁRRAGA, C.I.N° 2.241.620; CARMEN
CHIRINOS, C.I.N° 2.241.694; VICTOR MANUEL SANCHEZ, C.I.N° 2.242.257; LIGIA
RODRÍGUEZ DE ROLDAN, C.I.N° 2.243.020; ALIDA DEL CARMEN SILVA, C.I.N°
2.243.139; JOSE DE JESÚS PULGARIN GADEA, C.I.N° 2.243.795; MANUEL TOVAR NEGRIN,
C.I.N° 2.244.691; JOSE ZAMORA, C.I.N° 2.244.981; DOMINGO HIDALGO, C.I.N°
2.245.557; JUAN DE J. GOMEZ, C.I.N° 2.245.756; JOSE J. ORTIZ, C.I.N° 2.245.811;
MARISELA MODESTA GUEVARA, C.I.N° 2.245.844; IRMA ESPERANZA PEDRA, C.I.N°
2.246.039; BELEN JOSEFINA ORTA, C.I.N° 2.246.147; GLADYS DIAZ, C.I.N°
2.246.262; MIGUEL DAVILA, C.I.N° 2.246.783; GIOMAREDILIA NARANJO, C.I.N°
2.246.798; GLADYS JOSEFINA MENDOZA, C.I.N° 2.246.838; CARMEN RIVERO DE DAVILA,
C.I.N° 2.246.841; EUSEBIO SARMIENTO, C.I.N° 2.247.860; BARBARA RODRÍGUEZ DE
ALBANO, C.I.N° 2.248.540; IRMA SAMUEL, C.I.N° 2.249.257; AMELIA HERNÁNDEZ DE
OLIVACCI, C.I.N° 2.251.253; MAGDA BELFORT FLORES, C.I.N° 2.251.759; RAMON
ZAMBRANO, C.I.N° 2.253.419; DALSY WILLIAMS VERDE, C.I.N° 2.259.266; ROSALIA
NUÑEZ, C.I.N° 2.259.812; NIVEA V. C. DE SIMANCAS, C.I.N° 2.260.626; ROMELIA
BRICEÑO DE GOMEZ, C.I.N° 2.262.085; DIMAS A. AVILA R., C.I.N° 2.265.556;
VALMORE A. VALECILLOS BRICEÑO, C.I. N° 2.268.080; EFRAÍN IGNACIO ORTEGA, C.I.N°
2.270.041; GLADIS CONTRERAS DE ESCALANTE, C.I.N° 2.285.410; LUIS SALAZAR
VIELMA, C.I.N° 2.285.443; ELPIDIO ANTONIO ROJAS, C.I.N° 2.285.711; ANA MIRREYA
ZERPA, C.I.N° 2.286.019; MARÍA LIDES CONTRERAS, C.I.N° 2.286.038; ANA ESPERANZA
CASTILLO, C.I.N° 2.287.726; DINORAH B. CANADELL DE CORREDOR, C.I.N° 2.287.740;
SOCORRO BENAVIDES MENDEZ, C.I.N° 2.289.375; ELISEO RAMON ORTIZ, C.I. N°
2.299.505; FELIPA SERRA SILLERO, C.I.N° 2.326.133; TEODORO C. MENDOZA CANA,
C.I.N° 2.329.783; LEYLA A. AGOSTINI DE MENDOZA, C.I.N° 2.330.810; CAROLINA
FRANCO DE BELLO, C.I.N° 2.331.020; BARTOLOMÉ MÁRQUEZ DÍAZ, C.I.N° 2.331.176;
DELFINA BARROW, C.I.N° 2.331.183; LILIA ROSA REQUENA, C.I.N° 2.331.258; HÉCTOR
D. NÚÑEZ, C.I.N° 2.332.008; MERCEDES E. SERRES DE PEÑALVER, C.I.N° 2.332.541;
ARISTELA V. DE MUÑOZ, C.I.N° 2.332.690; NELIDA YDALIA, C.I.N° 2.334.650;
ESCALONA GERARDO, C.I.N° 2.336.315; EMILIAN HERRERA JUAN, C.I.N° 2.336.413;
MANUEL MUÑOZ, C.I.N° 2.337.348; TOMAS PAIVA TEJADA, C.I.N° 2.338.180; AIDA B.
CARRIZALES C., C.I.N° 2.339.270; LAURA ROSA BARRETO, C.I.N° 2.343.010; M DE
GUILLEN AMALIA, C.I.N° 2.354.010; CARLOS R. PIÑA REYES, C.I.N° 2.357.467; JOSÉ
R. LUGO DELGADO, C.I.N° 2.359.685; ALFONSO R. UGARTE S., C.I.N° 2.362.575;
RAMÓN ANTONIO COLINA, C.I.N° 2.362.646; CELIA M. URBINA E., C.I.N° 2.365.115;
ABUNDIO HERNÁNDEZ, C.I.N° 2.367.349; ARMANDO OLARTE VARGAS, C.I.N° 2.369.914;
ROSA A. FALCÓN DE MICHELENA, C.I.N° 2.379.238; MARÍA T. VERDE T., C.I.N°
2.379.276; GRISELDA DEL C. DE BRACHO VASQUES, C.I.N° 2.379.618; LUISA
GUTIERREZ, C.I.N° 2.380.614; JOVITA R. FERRER DE VICIERRA, C.I.N° 2.381.074;
MARÍA CH. HERNÁNDEZ DE PEREZ, C.I.N° 2.382.384; MARÍA MONTILLA, C.I.N°
2.383.360; MIRIAM M. RENGIFO, C.I.N° 2.390.884; RAFAEL S. VILERA DEL CORRAL,
C.I.N° 2.395.488; TEMIS M. RODRÍGUEZ DE CHACIN, C.I.N° 2.395.595; JOSEFA RAMONA
HERRERA CAMERO, C.I.N° 2.396.842; DELIO ANTONIO VASQUEZ, C.I.N° 2.399.890;
ISABEL RIVAS DE GUZMAN, C.I.N° 2.399.980 ROMELIA JUSTINA GUZMAN MARIN, C.I.N°
2.404.589; GERMAN J. SOSA, C.I.N° 2.405.675; PEDRO C. BONILLO BRAVO, C.I.N°
2.408.818; TOMAS ANTONIA REYES FIGUERA, C.I.N° 2.423.004; MARÍA JOSEFINA ZERPA
DE TRIAS, C.I.N° 2.423.956; PEDRO R. GUZMAN, C.I.N° 2.424.036; FAIR BARRIOS
SIFONTES, C.I.N° 2.424.163; RAMON C. ALMEIDA COA, C.I.N° 2.424.638; HÉCTOR A.
FUENMAYOR DURAN, C.I.N° 2.428.077; NELSON RODRÍGUEZ Z., C.I.N° 2.432.609; ANA
T. BIDROGO DE RODRÍGUEZ, C.I.N° 2.438.777; CORINA C. DE BARRENCHEA, C.I.N°
2.440.172; ORLANDO R. MARRERO REYES, C.I.N° 2.440.560; IRIS R. D’ YAN, C.I.N°
2.440.828; ESTHER MEDINA, C.I.N° 2.441.270; MANUEL RAMÓN AZACON, C.I.N°
2.441.697; ROMULO VALEE, C.I.N° 2.442.319; JOSÉ RAMÓN ROSAS, C.I.N° 2.442.430;
CARMEN LANZ MARTINES, C.I.N° 2.442.546; EDITH M. COVA DE BARIOS, C.I.N°
2.442.590; SOMBRA DEL C. COVA DE MITCHELL, C.I.N° 2.444.927; MARÍA UZCATEGUI
E., C.I.N° 2.448.173; ENMA DEL C. VALERA DE POLETTO, C.I.N° 2.449.531; GLORIA
GUERRERO RIVAS, C.I.N° 2.451.208; OLGA M. LA CRUZ, C.I.N° 2.451.245; CARMEN ALICIA ALIZO DE
FLORES, C.I.N° 2.451.985; JOSÉ DOMINGO PEÑA, C.I.N° 2.452.043; GLADYS GUZMAN DE
DAVILA, C.I.N° 2.452.869; JOSÉ F. OSORIO R., C.I.N° 2.453.706; SERGIO LEÓN
LEÓN, C.I.N° 2.455.009; JUAN RAMÓN SOSA SOSA, C.I.N° 2.455.042; NERY PACHECO DE
SACHETTY, C.I.N° 2.455.212; JUAN E. RIVAS RIVAS, C.I.N° 2.457.376; RAMÓN
PAREDES, C.I.N° 2.458.202; LUZ M. SALAS DE RANGEL, C.I.N° 2.458.848; ARNOLDO R.
VERGARAS CONTRERAS, C.I.N° 2.459.705; NERVAEZ J. REVILLA Q., C.I.N° 2.467.054;
ROSA MARGARITA VEGA DE AZOCAR, C.I.N° 2.467.261; TARCILA DEL C. DE BLANCO VEGA,
C.I.N° 2.467.262; CARMEN I. RODRÍGUEZ DE CRESPO, C.I.N° 2.474.933; FREDDY
BECERRA RIVAS, C.I.N° 2.480.201; MARÍA J. RODRÍGUEZ GRANADO, C.I.N° 2.481.504;
ROBERTO ANTONIO MONTILLA M., C.I.N° 2.490.792; GUSTAVO CONTRERAS T., C.I.N°
2.501.465; JOSE R. LOPEZ VEGAS, C.I.N° 2.504.856; MARÍA DEL ROSARIO DÍAZ
SEIJAS, C.I.N° 2.505.402; ARQUIMIDES MELÉNDEZ GONZÁLEZ, C.I.N° 2.507.185; FELIX
M. RODRÍGUEZ R., C.I.N° 508.219; JOSÉ C. TOLEDO ALVARADO, C.I.N° 2.508.472;
JOSÉ SANTAELLA V., C.I.N° 2.509.650; ROSALIA BOLÍVAR DE BLANCO, C.I.N°
2.510.244; NELLY J. SANCHEZ P., C.I.N° 2.511.802; GLADYS ROMERO DE CARVAJAL,
C.I.N° 2.513.284; EDITH V. DE JAEN, C.I.N° 2.516.943; EGLEE REYES COLL, C.I.N°
2.521.251; CIDENCIA EDMUNDO GARCÍA, C.I.N° 2.521.698; MEDARDO R. SÁNCHEZ
ALVARADO, C.I.N° 2.532.333; JESÚS M. GAMEZ MONTOYA, C.I.N° 2.533.282; HAYDEE M.
MARTÍNEZ DE LÓPEZ, C.I.N° 2.533.415; ALCIDES T. PEÑA, C.I.N° 2.533.786; SERGIA
V. SOTO DE CHIRINOS, C.I.N° 2.534.117; ELSY M. RODRÍGUEZ F., C.I.N° 2.534.205;
LUÍS E. MENDOZA, C.I.N° 2.534.886; SOCORRO A. MIRABAL DE RIVAS, C.I.N°
2.535.299; OLGA RAMONA HERNÁNDEZ FALCÓN, C.I.N° 2.535.401; PASTORA COLMENAREZ
DE MARTÍNEZ, C.I.N° 2.535.800; FRANCISCO R. GUTIÉRREZ RIVERO, C.I.N° 2.536.016;
LUISA LOZADA DE CONTRERAS, C.I.N° 2.536.829; SIXTO T. GUTIÉRREZ RIVERO, C.I.N°
2.536.981; MANUEL F. SANTANA GUERRA, C.I.N° 2.537.411; LIBIA LANDER DE AMARO,
C.I.N° 2.537.704; CLEMENTINA GARCÍA VELERA, C.I.N° 2.538.459; NICIDA DEL S.
TORRES, C.I.N° 2.539.685; ANGEL R. ALVARADO, C.I.N° 2.539.890; JOSÉ H. MARTÍNEZ
PERDOMO, C.I.N° 2.540.383; ESPERANZA LOZANO DE MORLET, C.I.N° 2.540.761; ADELA
R. CAMACHO MONTENEGRO, C.I.N° 2.541.815; ALBERTO J. GUANIPA, C.I.N° 2.542.789;
LUISA C. GOMEZ NAVAS, C.I.N° 2.5440.547; JOSEFINA MEDINA T., C.I.N° 2.544.926; GLADYS Y. RUÍZ
R., C.I.N° 2.545.853; EDGAR ENRIQUE CASAS, C.I.N° 2.545.915; ANA LUCILA
ZAMBRANO, C.I.N° 2.546.821; CARMEN Y. ZAMBRANO DE DÍAZ, C.I.N° 2.548.984; LUÍS
A. CHACÓN CASANOVA, C.I.N° 2.550.136; MARÍA ZAMBRANO DE FERNÁNDEZ, C.I.N°
2.550.527; ANA CASANOVA, C.I.N° 2.552.531; TEOFILO A. ROSALES CHACÓN, C.I.N°
2.552.761; CLAMEN RAMÍREZ, C.I.N° 2.552.961; ALBANO JOSÉ ANSELMO ARELLANO
C.I.N° 2.554.887; IVÁN SUÁREZ C.I.N° 2.555.384; CARMEN A. ALMEIDA DE PÉREZ
C.I.N° 2.555.615; HERMÓGENES POLO C.I.N° 2.557.592; CARMEN A. JIMÉNEZ HERRERA
C.I.N° 2.561.652; JOSÉ VICENTE MORA MARTÍNEZ C.I.N° 2.564.858; MARÍA R.
CALVETTE GONZÁLEZ C.I.N° 2.565.637; INES M. OROPEZA DE PÉREZ, C.I.N° 2.565.785;
CARMEN E. YOVERA TORRES, C.I.N° 2.567.574; CELIA R. GUERRA M., C.I.N° 2.567.991;
OLGA VELIZ DE BORGES, C.I.N° 2.568.364; TEOTISTE LUDEWIG ELIZONSO, C.I.N°
2.569.102; ANGEL M. BAZAN IBARRA C.I.N° 2.570.240; HILDA M. SEQUERA OCHOA
C.I.N° 2.570.659; DAISY M. LEAL GARRIDO C.I.N° 2.572.174; MARITZA E. ARMAS
C.I.N° 2.574.682; FIDELINA GUEVARA F. C.I.N° 2.575.220; VÍCTOR ELEAZAR GONZÁLEZ
NANEZ C.I.N° 2.575.360; GEORGINA CHÁVEZ C.I.N° 2.576.257; JOSÉ R. CASTILLO
C.I.N° 2.579.772; ANGELA RAMOS DE PALMES C.I.N° 2.579.989; ISABEL OROPESA
C.I.N° 2.580.423; LESBIA URBINA C.I.N° 2.583.421; HILDA ARMAS DE SOTO C.I.N°
2.586.123; JUANITA LANDAETA C.I.N° 2.588.529; NANCY ROMERO C.I.N° 2.589.163;
HUMBERTO PERALTA BARRIOS C.I.N° 2.590.093; DANILO LEOPOLDO PARIS YÉPEZ C.I.N°
2.590.335; GAVI J. PARIS YÉPEZ C.I.N°
2.591.317; JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ C.I.N° 2.592.997; ELVI BETANCOURT DE A.
C.I.N° 2.595.770; HÉCTOR DELGADO CONTRERAS C.I.N° 2.610.529; ISAURA GRATEROL
LOBO C.I.N° 2.610.609; ELSY GARCÍA B. C.I.N° 2.612.069; MIRLA AÑEZ C.I.N°
2.612.797; CELINA A. DE SAEZ C.I.N° 2.613.475; ROSA J. MÉNDEZ C.I.N° 2.615.498;
HAYDEE P. DE BASTIDAS C.I.N° 2.615.904; ELVIA R. C. DE CARDENAS C.I.N°
2.616.063; MISAEL A. BASTIDAS C.I.N° 2.616.346; LUÍS A. MATOS LEAL C.I.N°
2.616.618; RICARDO ARAUJO C.I.N° 2.616.822; YOLANDA T. DE GONZÁLEZ C.I.N°
2.618.081; ADA M. GONZÁLEZ DE ORTA C.I.N° 2.618.184; ANA GONZÁLEZ DE MORENO
C.I.N° 2.618.189; DULIO MATOS C.I.N° 2.618.520; DORA J. VILLORIA DE NATERA
C.I.N° 2.618.902; CARMEN L. BALZA DE MENDOZA C.I.N° 2.620.288; GILBERTO A.
UZCATEGUI ESTRADA C.I.N° 2.623.831; JOSÉ T. ABREU MALDONADO C.I.N° 2.624.484;
RAMÓN A. BARRETO FAURE C.I.N° 2.625.368; NANCY SANOJA R. C.I.N° 2.625.626;
RAMON ANTONIO MORILLO V. C.I.N° 2.625.644; EMIRO OSECHAS A. C.I.N° 2.626.631;
MARÍA R. ARAUJO DE ARAUJO; C.I.N° 2.627.596; LUÍS SCOUT; C.I.N° 2.631.408; ROSA LYÓN RUBIO,
C.I.N° 2.632.667; VÍCTOR ELENA BRITO COVA, C.I.N° 2.633.759; ALBA BRITO DE
VAQUER, C.I.N° 2.633.760, LUISA B. ASTUDILLO, C.I.N° 2.633.789; CLARISA DE LYÓN
C., C.I.N° 2.634.284; DEMOSTENES J. MARCHAN, C.I.N° 2.649.339; ELISA J.
RODRÍGUEZ T. C.I.N° 2.651.128; CARMEN HERNÁNDEZ DE BASTARDO, C.I.N° 2.655.146,
ALBERTO ROMERO CASTILLO, C.I.N° 2.655.855; ANA HERNÁNDEZ DE GARCÍA, C.I.N°
2.656.188; DELIA ROJAS DE BASTARDO, C.I.N° 2.656.532; BRICEÑA MIJARES DE
PINÉRUA, C.I.N° 2.657.358; ROSIVELL ARANGUREN DE ALONSO, C.I.N° 2.658.322;
LEYDA J. MARCANO DE ROME, C.I.N° 2.658.723, LUÍS BAUTISTA LEVEL PALOMO, C.I.N°
2.659.689; CRUZ M. OBANDO DE ORTIZ, C.I.N° 2.660.201; JUAN JESÚS CARABALLO,
C.I.N° 2.660.536; AGUSTIN A. GONZÁLEZ TINEO, C.I.N° 2.662.657; CRUZ D. MILLÁN
V., C.I.N° 2.663.337; LUÍS A. CLEMANT, C.I.N° 2.663.351; SILVIO JOSÉ JIMÉNEZ,
C.I.N° 2.666.812; VITELIO M. GARCÍA LÓPEZ, C.I.N° 2.666.962; CLEOTILDE JOSEFINA
MORENO, C.I.N° 2.667.042; DELIA J. AZOCAR RAMOS, C.I.N°
2.667.438; MARÍA J. DE RAAZ, C.I.N° 2.667.442; JULIO MATA CEDEÑO, C.I.N°
2.667.548; CARMELO ROJAS GÓMEZ, C.I.N° 2.668.129; ANTONI J. GONZÁLEZ C.I.N°
2.669.391; IRIS BRAVO DE VELÁSQUEZ, C.I.N° 2.669.972; LEZADA F. MILLÁN, C.I.N°
2.670.285, ELSA DEL VALLE SALAZAR, C.I.N° 2.671.057; MEDY J. TORCAT DE LOZADA,
C.I.N° 2.671.060; AMARISTA ENGRACIA B., C.I.N° 2.671.426; FANNY MARÍA ROJAS
MONTAÑO, C.I.N° 2.673.145; JORGE ANTONIO CAMPOS, C.I.N° 2.673.307; ELINA
PASTORA VASQUEZ DE C., C.I.N° 2.674.208; JOSÉ E. DÚRAN VALECILLOS, C.I.N°
2.683.332; EDUARDO A. CASTILLO HERNÁNDEZ
C.I.N° 2.683.435, LEOPOLDO ANTONI ROAN VILLEGAS, C.I. N° 2.683.575; JACINTO
MOLINA, C.I.N° 2.686.662; JUANA R MÉNDEZ DE FRISNEDA, C.I.N° 2.686.913; CARMEN
ELENA VALERO GARCÍA, C.I.N° 2.688.071; JOSEFA P. DE OLIVAR, C.I.N° 2.688.954;
MAGALI F. CAMACHO DE QUINTERO, C.I.N° 2.689.041; GÓMEZ SERRANO ASCENSIÓN,
C.I.N° 2.690.525; RAMÓN A. BLANCO RUIZ, C.I.N° 2.690.672; GILBERTO LIENDO,
C.I.N° 2.690.890; JULIA PAPATERRA, C.I.N° 2.692.012; ALICIA URBINA DE GARCÍA
C.I.Nº 2.694.029, CARMEN OLIVA ROBLES C.I.N° 2.694.199, JUANA C. PACHECO C.I.N°
2.694.269, HILDA M. SOTO DE FRIAS C.I.N° 2.694.637, TEODORO PANACUAL C.I.N°
2.695.785, ACACIO CANAVIRE P. C.I.N° 2.695.954, ITAMAR DE HERNÁNDEZ C.I.N°
2.699.996, EDDA A. GUZMÁN C.I. N° 2.711.794, ANDRÉS A. SÁNCHEZ C.I.N°
2.717.294, REYES PLAZA FRANCISCO J. C.I.N° 2.717.331, ASCANIO U TOMAS A. C.I.N°
2.717.513, HERRERA DE SOJO DORIS C.I.N° 2.719.324, APONTE DE MENDOZA JOSEFA R.
C.I.N° 2.719.407, PACHECO DE URBINA SANTIAGA C.I.N° 2.719.586, PERAZA ANA MARÍA
C.I. 2.721.442, ESCALONA M. ANTONIO C.I.N° 2.723.878, MARIÑEZ GLORIA E. C.I.N°
2.724.612, OROZCO DE BRAVO EVA G. C.I.N° 2.725.152, CASTELLANOS ARAUJO MIRTHIA
C.I.N° 2.725.703, XORRILLA FONSECA CLEMENTE F. C.I.N° 2.726.805, FIGUEROA AGUIN
REINA IVANOVA C.I.N° 2.728.160, ALTUVE DE QUINTERO CARMEN C.I.N° 2.738.009,
VILLALOBOS CHACIN ERMITA R. C.I.N° 2.738.923, DE MACIAS BENAVIDES VISITACIÓN
C.I.N° 2.739.416, GOMEZ MARIN LIBANO J. C.I.N° 2.740.205, RIVILLA DE RODRÍGUEZ
YOLANDA C.I.N° 2.742.305, CARZORLA CAZORLA LUIS JOSÉ C.I.Nº 2.742.704, RAMOS DE
IRADI SONIA C.I.Nº 2.743.024, PINEDA GUEVARA CARLOS A. C.I.N° 2.744.108, GAMBOA
RENDÓN PERLA M. C.I.N° 2.745.860, FERNÁNDEZ ZACARIAS ELSA C.I.N° 2.745.951,
GONZALEZ QUIJADA PABLO J. C.I.Nº 2.746.010, REYERO ALVAREZ VIDAL J. C.I.N°
2.746.020, MORALES DE GUERRA ELBA RAMONA C.I.Nº 2.746.145, GARBAN DE GUIJARRO
MARÍA DE L. C.I.N° 2.748.173, CHICHESTER CATALINA ESYLIN C.I.N° 2.748.369,
MARRERO DE PEÑA DELIA JOSEFINA C.I.N° 2.750.265, MOYETENES DE GUERRA MARIA E.
C.I.N° 2.752.419, RODRÍGUEZ VASQUEZ GABRIEL C.I.N° 2.753.572, PERERA TERESA DE
J. C.I.N° 2.754.706, MENDEZ LUQUE MARÍA I. C.I.N° 2.757.315, FLORES M. FANNI
C.I.N° 2.757.594, BUSTAMANTE ROSA C.I.N° 2.763.839, SANDOVAL WEFER DAISY J.
C.I.N° 2.764.586, LEAL DE PADILLA HEDDY C.I.N° 2.764.846, DE GONZÁLEZ YAG
CARMEN ARCADIA C.I.N° 2.770.054, ACOSTA F. WENCESLAO C.I.N° 2.770.514, BORJAS
DE VALENTE BEATRIZ C.I.N° 2.771.397, DE VALENCIANO R. GUILLERMINA MA C.I.N°
2.772.079, MARQUEZ DE CHACIN LENY J. C.I.N° 2.772.693, CALVAJAL DE ESTACIO ROSA
C.I.Nº 2.773.798, PADRINO DE BENAVIDES AMILCAR Y. C.I.N° 2.773.864, CORDERO
ALCALA JOSÉ E. C.I.N° 2.773.895, PREZ PEREZ JOSÉ RAFAEL C.I.N° 2.774.312,
DAUTANTT OLGA C.I.N° 2.774.389, RAMÍREZ CAÑIZARES RITA DEL C., C.I.N°
2.774.393, GARCIA JOSÉ R., C.I.N° 2.774.485, VELÁSQUEZ MATA JOSÉ FRANCISCO
C.I.N° 2.776.450, MORENO C. GUSTAVO R., C.I.N° 2.777.547, KORSAKAS KAMINSKAITE
EVALD, C.I.N° 2.778.069, D’COSTA DE G. CARMEN DOLORES, C.I.N° 2.779.723; PEDRA
DE PAZO GLADIS MARÍA, C.I.N° 2.779.943; HIGUERA DE GARCIA NILDA C.I.N°
2.780.198, DÁVILA G. GRACIELA DEL C., C.I.N° 2.780.590; MATA DE POYER ROSA
MERCEDES, C.I.N° 2.781.055; LÓPEZ MÉNDEZ EDELMA CARMEN C.I.N° 2.781.073; NÚÑEZ
COOPER HUGO R., C.I. N° 2781.415; M. DE TALAVERA AURA M., C.I.N° 2.781.931;
BAPTISTA SALAS ROSARIO MARIA, C.I.N° 2.782.946; RUDAS VILORIA ALVARO, C.I.N°
2.784.174; CRISTIANS TULIO J., C.I.N° 2.785.561; GUTIERREZ MARIA GUADALUPE,
C.I. N° 2.786.770; ESCALONA FREDDY R. C.I. N° 2.788.907; SÁNCHEZ R. ANTERO J.,
C.I. N° 2.789.197, ÁLVAREZ DAVID C.I. N° 2.790.067; SOSA LEZAMA GLADIS
JOSEFINA, C.I. N° 2.790.133; GOMEZ ZORAIDA DE JESÚS, C.I.N° 2.790.760;
RODRÍGUEZ SILVA NAXIBO, C.I.N° 2.791.822; FIGUERA C. IRIS DE JESÚS C.I. N°
2.794.035; HERNÁNDEZ GOMEZ LUISA REBECA C.I.N° 2.795.515; GUERRERO B. JOSÉ H.,
C.I.N° 2.795.575; MAZA DE RODRÍGUEZ CELSA J. C.I.N° 2.795.586; RONDÓN DE
DELGADO LUISA C.I. N° 2.795.937; MARCANO NÚÑEZ GABRIEL I., C.I.N° 2.796.208;
GUERRA DE SÁNCHEZ BESAIDA J., C.I.N° 2.796.249; REQUIZ NORMA DE V., C.I.Nº
2.796.527; ECHENEGUCIA LEMA JOSEFINA, C.I.N° 2.797.120; BELLO BALLENILLA
BENITO, C.I.N° 2.797.172; NAVARRO M. JOSÉ A., C.I.N° 2.798.357; SANDOVAL DE
PEREZ JUANA, C.I.N° 2.799.815; GUARIQUE TRINIDAD, C.I.N° 2.800.180; REQUIZ DE
PLANCHART MELANIA, C.I.N° 2.800.243; RODRÍGUEZ SANTANA ARMANDO, C.I. N°
2.802.713; ROMERO MARCELINO A., C.I.N° 2.804.315; MORA DE DUARTE JUANA
GERTRUDIS, C.I.N° 2.806.399; RODRÍGUEZ MÁRQUEZ MARÍA A., C.I.N° 2.807.292;
GUZMÁN DE ESCALONA LEYDA, C.I. N° 2.809.407; GARCÍA ANA DE JESÚS, C.I. N° 2.810.372;
CHACÓN ADA, C.I. N° 2.811.452; RANGEL CÉSAR GONZALO, C.I. 2.812.028; TORRES
OSTOS BLANCA LIBIA, C.I. 2.813.182; PETIT ENEIRA INES, C.I.N° 2.815.103; DE
FERNÁNDEZ OR CRUZ IRENE, C.I.N° 2.815.131; BARRERA C. NELSON E., C.I.N°
2.816.008; CARDOZO CARMEN C. DE, C.I.N° 2.816.090; RODRÍGUEZ NICANOR ANTONIO,
C.I.N° 2.816.679; PARRA I. JOSÉ A., C.I.N° 2.817.710; MARCANO MARÍA DE LOURDES,
C.I.N° 2.817.793; DE VÁSQUEZ PATI DORA JOSEFINA, C.I.N° 2.817.909; BRACHO PETIT
MELIDA E., C.I.N° 2.818.640; PUCHE DE GONZÁLEZ MARCELA, C.I.N° 2.819.841;
VELÁSQUEZ DE RIOS MARÍA C., C.I.N° 2.822.504; ROMERO R. ADALZAINDA S., C.I.N°
2.823.708; BOJAS DE CARRILLO LIDA M., C.I.N° 2.824.199; SUAREZ DE NUÑEZ ALICIA
E, C.I.N° 2.825.196; SALAZAR OSWALDO RAFAEL, C.I.N° 2.826.312; MILLÁN DE
SALAZAR EMILIA, C.I.N° 2.826.360; ROSA AGUILERA MARCOS A., C.I.N° 2.827.293;
ORDAZ L. CARMEN L., C.I.N° 2.827.618; CARRILLO MANEIRO LUISA JOSEFINA, C.I.N°
2.827.771; CARREÑO HUGO RAFAEL C.I. 2.828.356; NORIEGA M. KUISA D., C.I. N°
2.828.446; GUILARTE GONZÁLEZ ÁNGEL R., C.I. N° 2.830.100; SALAZAR DE BELLO
FANNY E. C.I.Nº 2.830.294; ORDAZ DE HERNÁNDEZ LUISA J., C.I. N° 2.831.760;
SUÁREZ DE CONCHADO YOLANDA M., C.I.N° 2.831.932; LARES DE JARAMILLO MARITZA,
C.I. N° 2.832.097; HERNÁNDEZ M. LUIS E., C.I. N° 2.835.552; LÓPEZ JUAN
FRANCISCO, C.I.N° 2.835.985; HERNÁNDEZ DE GONZÁLEZ ALECIA, C.I.N° 2.836.522;
FALCÓN DE MARTÍNEZ OLGA, C.I. N° 2.837.144; TEJADA DE CABALET HAYDEE, C.I.N°
2.837.802; BLANCO DE ALVIZU AURA C., C.I.Nº 2.838.868; ALCANTARA BORGES MARY
JOSEFINA, C.I.N° 2.838.976; TORRES P. ANA L., C.I.N° 2.839.577; ARIAS DE
CASTILLO MARINA, C.I.N° 2.839.978; HERNÁNDEZ A. LIDA M., C.I.Nº2.840.168; PÉREZ
DE ARCILA REINA ISABEL, C.I. N° 2.841.455; SCHONSTEIN WALDEMAR, C.I.N°
2.842.333; HERNÁNDEZ DE F. ALBERTINA, C.I.N° 2.843.548; PÉREZ CARLOS FORTUNATO,
C.I.N° 2.846.348; MARIÑO DE CALDE MARIA ELEISA, C.I.N° 2.846.401; CARABAÑO
DILIA, C.I. 2.848.125; BONILLA DE ZAMBRANO ANA E., C.I.Nº 2.848.272; SILVA
YOLANDA, C.I.Nº 2.848.296; BARBAGALLO GINO, C.I.Nº 2.850.109; VELÁSQUEZ
MARTINEZ NELSON, C.I.N° 2.850.536; ALBERTO DÍAZ CARMELO, C.I.Nº 2.852.958;
VALERA MEDINA RAMÓN, C.I.Nº 2.852.983; DÍAZ RODRÍGUEZ ANA MARIA, C.I.N°
2.854.445; DE ACOSTA LUZ MARÍA, C.I.Nº 2.855.459; MORA GOLFO ALCIDES J., C.I.N°
2.856.135; CARABALLO Q. HILARIO R., C.I. N° 2.857.150; PACHANO DE REYES
EUMELIA, C.I. 2.859.362; YAGUA DE VEGAS ANA MARÍA, C.I.Nº 2.860.217; MALDONADO
L. ATILIO R., C.I.N° 2.860.888; CHIRINO CHIQUITO RAÚL, C.I.N° 2.861.234; RAFFE
ORTUNEZ ANGEL OSMIN, C.I.N° 2.862.127; ROJAS MEDINA GLADIS CHIQUINQUIRA, C.I.N°
2.862.362; TIRADO GUILLERMO, C.I.N° 2.864.858; QUIJADA B. ANTONIO, C.I.N°
2.865.476; ANEZ V. ELY DE J., C.I.Nº 2.865.813; RIVERA TORO MARÍA LUCINDA, C.I.
2.866.894; HUNG DE PERAZA EVA, C.I.N° 2.867.253; BRACHO NERIO A., C.I.N°
2.869.449; ZAMBRANO MARCOLINA, C.I. 2.869.499; GONZÁLEZ INCIARTE AMANCIO A.,
C.I.N° 2.869.572; CASTRO GUILLERMO, C.I.N° 2.869.653; ARRIAGA DE MORALES
ONEIDA, C.I.Nº 2.870.263; ESIS LENIN, C.I.N° 2.870.435; CHACIN DE RIVER MARÍA,
C.I.N° 2.871.191; PERALTA ADEISA JOSEFINA, C.I.N° 2.871.723; MUÑOZ DE MEDINA
HILDA, C.I.Nº 2.872.477; GONZALEZ URDANETA NANCIA, C.I. N° 2.872.708; GUTIÉRREZ
DE FE ONELIA, C.I.Nº 2.872.738; GUTIÉRREZ JOSÉ R., C.I.N° 2.874.586; PARIS
MARCANO ANA M., C.I.N° 2.874.723; SOCORRO DE BRAC LIXIDA, C.I.Nº 2.877.909;
URDANETA ATILIO S., C.I.N° 2.878.584; PIERRE S. EVA B., C.I.N° 2.881.263;
GONZÁLEZ SEMPRUM CIOMARA J., C.I.N° 2.882.181; SCOTT S. FRANCELIA, C.I.N°
2.882.486; DELGADO HUNALDO E., C.I.Nº 2.882.521; BRICEÑO ANGELICA, C.I.Nº 2.883.867;
MORALES DE RAMI ROSALINA, C.I.N° 2.883.975; HUERTA LUENGO MERCEDES, C.I.N°
2.884.176; HERRERA F. GERMANIA, C.I.N° 2.884.240; AVILA DE PÉREZ LADYS E.,
C.I.N° 2.884.863; MONSALVE DE SANTOS BETTY, C.I.N° 2.885.488; CASANOVA DULCE,
C.I.N° 2.885.514; LEÓN JOSÉ DEL C., C.I.N° 2.885.974; ROSALES DE MONTAÑEZ ANA,
C.I. N° 2.886.437; CEVALLOS MARÍA ESPERANZA, C.I.Nº 2.886.558; VARELA JOSÉ R.,
C.I.N° 2.886.923; OCHOA T. ORLANDO E., C.I.Nº 2.886.941; ALVIAREZ MERENCIANO,
C.I.Nº 2.887.288; FRANCO DE VIVAS ISABEL, C.I.Nº 2.887.301; GUERRERO P.
GERARDO, C.I.N° 2.887.490; OSTOS RAMÓN F., C.I.Nº 2.887.808; FERNÁNDEZ DE
MENESES ISOLINA, C.I.Nº 2.888.616; CARRERO CONTRERAS DELSA MARÍA, C.I.N°
2.889.755; COLMENARES BERENICE, C.I.Nº 2.889.778; SUESCUN NIÑO EPIFANIO, C.I.N°
2.890.225; SUAREZ BLANCA EDILIA, C.I.N° 2.890.339; ZAMBRANO DE E. ALBERTINA,
C.I.Nº 2.891.215; ALVAREZ GLORIA M., C.I.Nº 2.891.426; SANGUINO FLORELIA,
C.I.N° 2.891.867; RINCÓN B. JOSEFA, C.I.N° 2.892.148; MORA GONZALO RAMÓN,
C.I.Nº 2.892.539; CHACÓN MORALES AURA C., C.I.Nº 2.892.853; CASANOVA C. MARÍA
A., C.I.N° 2.894.772; AROCENA DE RODRIGUEZ PERFECTA, C.I.N° 2.895.312;
AMUNDARAY LÓPEZ HUGO SIMÓN, C.I. 2.896.422; RANCEL MACIAS MARÍA DE JESÚS,
C.I.N° 2.897.885; LÓPEZ M. ANGEL ARMANDO, C.I.Nº 2.899.053; RODRÍGUEZ S. CARLOS
L., C.I.N° 2.899.466; LANZ DE RONDÓN MIREYA M., C.I.N° 2.902.674; ALFONSO
VARGAS ENMANUEL F., C.I.N° 2.905.689; MARTÍNEZ DE VALERI TIRSA, C.I.N°
2.906.186; BELLO FIGUERA CARMEN A., C.I.Nº 2.906.893; MATHEUS P. NINA F., C.I.
N° 2.910.394; MEDINA DE GIMENEZ ANGELA P., C.I.Nº 2.910.509; MEJIAS SIXTA G.,
C.I.N° 2.912.745; MARTÍNEZ VELÁSQUEZ VENUS, C.I.Nº 2.913.506; PÉREZ DE GRUVER
MARÍA J., C.I.N° 2.914.694; SÁNCHEZ ALVARADO GLADIS J., C.I.N° 2.916.302;
RODRIGUEZ OVALLES HUGO, C.I.Nº 2.916.461; CARRERO LETICIA, C.I.N° 2.917.084;
MIRABAL DE MÉNDEZ MARÍA J., C.I.N° 2.917.353; LANDER DE MIRABAL FILOMENA,
C.I.N° 2.917.572; LINARES DE HERRERA CIRA E., C.I.Nº 2.917.904; RODRÍGUEZ DE
RAMÍREZ MARÍA, C.I.N° 2.917.988; GALLARDO ANDRADE ROSA O., C.I.N° 2.919.640;
ACUNA DE HENRIQUEZ MILENA, C.I.Nº 2.922.126; ALCALA GUEVARA VARSOVIA, C.I.N°
2.923.817; SURGA JOSEFINA DL V., C.I.N° 2.925.567; FRANCESCHI M. PEDRO A.,
C.I.N° 2.926.742; ARASME ROSSI LOURDES MARÍA, C.I.N° 2.929.221; GUZMÁN DE
ACOSTA MARÍA C., C.I.N° 2.929.493; TRUJILLO FRANCISCO, C.I.N° 2.930.717;
CABRERA DE SALI SOFIA, C.I.N° 2.931.258; BARRIOS DE HERNÁNDEZ AMADA, C.I.N°
2.933.680; GONZÁLEZ DE MAR LILIAN, C.I.N° 2.934.080; EDUARDO DE TRAVIESO
FRANCISCA, C.I.N° 2.935.616; LIEB DE SERFATY SOFIA C., C.I.N° 2.935.660; MILLÁN
G. EMILIO, C.I.N° 2.936.282; VALE A MARÍA F., C.I.N° 2.936.486; MILANO P.
ARNALDO, C.I.N° 2.937.170; PERDOMO JOSÉ,
C.I.N° 2.939.611; MAUCO YOLANDA,
C.I.N° 2.940.747; RUIZ JESÚS, 2.940.961; TREMUS
ALCIRA, C.I.N° 2.941.401; TREMU ROSA, C.I.N° 2.941.511; BARRIOS JORGE,
C.I.N° 2.941.585; ZARRAGA GLADYS, C.I.N° 2.942.308; LOVERA MARÍA, C.I.N°
2.945.168; SERRA CARMEN, C.I.N° 2.945.280;
RODRÍGUEZ GERMAN, C.I.N° 2.945.945;
GARZÓN LUIS, C.I.N° 2.946.030;
FRANCES ANA, C.I.N° 2.947.395; GONZÁLEZ GRACIELA, C.I.N° 2.948.419;
TERRENTIN VITTORIO, C.I.N° 2.948.429; PENZO GUIDO, C.I.N° 2.949.199; FLORES
NUBILA, C.I.N° 2.950.392; ASCANIO OSCAR, C.I.N° 2.950.617; RAMÍREZ KETTY,
C.I.N° 2.950.786; IULIANETTI GENUINO, C.I.N° 2.951.251; CELIMENE INOSAT, C.I.N°
2.951.680; MEDEL REMIGIO, C.I.N° 2.952.033; ALBERDI JESÚS, C.I.N° 2.952.081;
SANTAMBROGIO EMILIO, C.I.N° 2.952.278; LAGONELL
LUISA, C.I.N° 2.952.288; CHIOMMINO FRANCISCO, C.I.N° 2.952.296; VILLARELLE VICENTE, C.I.N° 2.953.219; GONZÁLEZ
GARRINZON, C.I.N° 2.954.496;
GONZÁLEZ MANUEL, C.I.N° 2.954.551; CANCHICA ANA, C.I.N° 2.954.633; VIVAS
HENRY, C.I.N° 2.954.831; RODRÍGUEZ JOSÉ, C.I.N° 2.956.155; BETANCOURT JULIO,
C.I.N° 2.956.226; ASCENCIO LUCIEN, C.I.N° 2.956.549; ROSAS FRANCISCA, C.I.N° 2.957.156;
BAZZANELLA ROSA, C.I.N° 2.957.395; BORGES JOSÉ, C.I.N° 2.957.522; MUIZZI JUANA,
C.I.N° 2.958.092; DE LA IGLESIA ELEUTE,
C.I.N° 2.958.099; BAZZANELLA BLANCA, C.I.N° 2.958.656; VELÁSQUEZ GUILLERMO,
C.I.N° 2.958.937; LABRADOR MERY, C.I.N° 2.960.203; CARRILLO CARMEN, C.I.N°
2.960.221; MAS CARTHY MÓNICA, C.I.N° 2.960.532; KHLIEFAT MIRIAM, C.I.N°
2.960.540; PALACIOS AÍDA, C.I.N° 2.962.241; GAVIDIA OSWALDO, C.I.N° 2.962.555;
FUNG CARLOS, C.I.N° 2.962.621; VALENCIA CARMEN, C.I.N° 2.964.498; RAMÍREZ MANUEL,
C.I.N° 2.964.539; MARCANO ODINA, C.I.N° 2.964.840; PEREIRA DE BRICEÑO IRMA,
C.I.N° 2.964.892; MOLINA GLADYS, C.I.N° 2.965.085; FERNÁNDEZ MARTA, C.I.N°
2.965.523; MORA CARMEN, C.I.N° 2.965.538; LANDETA NOEMÍ, C.I.N° 2.966.398;
CONTRERAS GLADYS, C.I.N° 2.966.665; BRAVO IRENE, C.I.N° 2.969.361; CIANO EDGAR,
C.I.N° 2.969.661; GÓMEZ MARÍA, C.I.N° 2.969.770; DÍAZ RAFAEL, C.I.N° 2.970.224;
BARRERA MERCHADES, C.I.N° 2.970.665; BORGES HERNAN, C.I.N° 2.970.768; HERNÁNDEZ
FRINE, C.I.N° 2.970.868; CASTRO GREGORIO, C.I.N° 2.973.306; PIÑATE AGUILAR LUIS, C.I.N° 2.973.702;
RODRÍGUEZ GLORIA, C.I.N° 2.974.680; GUEVARA AMÉRICA, C.I.N° 2.974.798; SANTOS
ERNESTO, C.I.N° 2.976.054; GABOTHY OLY, C.I.N° 2.976.347; INFANTE SAÚL, C.I.N°
2.977.376; SÁNCHEZ EDDI DE LOS SANTOS,
C.I.N° 2.977.874; NOVOA EMILIO, C.I.N° 2.978.078; CÁCERES JOSÉ, C.I.N°
2.978.257; SEMPRUM NANCY, C.I.N° 2.978.862; GARCÍA JESÚS, C.I.N° 2.979.826;
DELLEVOET MIRNA, C.I.N° 2.980.536; ESCUELA CANDIDO, C.I.N° 2.980.578; CANO
MARIANO, C.I.N° 2.981.407; SAYAGO LUZ, C.I.N° 2.982.046; RONDÓN CARLOS, C.I.N°
2.982.324; VALERA ADA, C.I.N° 2.982.467; LATOUCHE ALBERTO, C.I.N° 2.984.448;
GONZÁLEZ MARÍA, C.I.N° 2.985.460; SECONDULFO DOMENICO, C.I.N° 2.986.097;
BAUTISTA CARMEN , C.I.N° 2.986.505; JIMÉNEZ REINA, C.I.N° 2.987.113; ORTA
GLADYS, C.I.N° 2.987.638; JIMÉNEZ ALVARO, C.I.N° 2.988.406; MACHILLANDA MARÍA,
C.I.N° 2.988.664; JIMÉNEZ PEDRO, C.I.N° 2.988.846; GONZÁLEZ JOSÉ, C.I.N°
2.988.869; TORRES MARÍA CRISTINA, C.I.N° 2.989.309; DAZA LILIA, C.I.N°
2.989.379; RUIZ HITER, C.I.N° 2.989.958; MARRERO GISELA, C.I.N° 2.990.447;
ROJAS MARÍA, C.I.N° 2.990.644; ARANGUREN MARLENE, C.I.N° 2.990.731; EIZAGA
ANIBAL, C.I.N° 2.991.493; GAROFALO ALIDA, C.I.N° 2.991.775; MACADAN OSCAR,
C.I.N° 2.992.711; LEÓN ANA, C.I.N° 2.993.073; DÍAZ AVILIO, C.I.N° 2.994.071;
LEÓN DOLORES, C.I.N° 2.994.456; SOJO LEONIDAS, C.I.N° 2.994.471; RUIZ LUIS,
C.I.N° 2.995.201; LÓPEZ VICENTA, C.I.N° 2.995.762; PACHECO GLADYS, C.I.N°
2.996.103; GAZANEO OLGA, C.I.N° 2.997.113;
BORRA AÍDA, C.I.N° 2.997.404; AGUILERA FREDDY, C.I.N° 2.998.161; MIJARES
MARÍA, C.I.N° 2.998.520; ALFONSO NELLY, C.I.N° 2.998.637; GÓMEZ FELICITA,
C.I.N° 2.999.510; LABRADOR JOSÉ, C.I.N° 3.000.135; MALDONADO JOSÉ, C.I.N°
3.004.019; QUINTERO CARMEN, C.I.N° 3.004.465; GUTIÉRREZ JOSEFA, C.I.N° 3.005.318;
PEREIRA BLANCA, C.I.N° 3.007.785; ARAQUE LUDIN, C.I.N° 3.008.160; SERRANO OMAR,
C.I.N° 3.009.004; OSORIO NORMA, C.I.N° 3.009.406; COLLS MAGALYS, C.I.N°
3.016.354; FALCÓN GINO, C.I.N° 3.019.490; GRATEROL YSBELIA, C.I.N° 3.020.279;
CASTRO PEDRO, C.I.N° 3.020.533; LATORRACA CARMEN, C.I.N° 3.022.222; CASTILLO
TRINA, C.I.N° 3.024.345; MUDARRA EVA, C.I.N° 3.026.176; MEJÍAS FRANCISCO,
C.I.N° 3.027.019; GARCÍA HÉCTOR, C.I.N° 3.029.334; VELÁSQUEZ ALMEIDA, C.I.N°
3.029.380; RODRÍGUEZ EDELMIRA, C.I.N° 3.029.465; GUILLEN CARMEN, C.I.N°
3.031.900; BRICEÑO MARÍA, C.I.N° 3.032.290; CALDERÓN NANCY, C.I.N° 3.032.792;
HERNÁNDEZ ATILIO, C.I.N° 3.033.409; LEÓN
RESULIO, C.I.N° 3.036.016; MÁRQUEZ CLODOMIRO, C.I.N° 3.036.608; BRICEÑO ANA,
C.I.N° 3.037.155; JIMÉNEZ CARLOS, C.I.N°
3.037.168; ALTUVE LUCILA, C.I.N° 3.037.788; MERCADO CARMEN, C.I.N° 3.038.062;
ESCALONA NELLY, C.I.N° 3.040.333; RODRÍGUEZ ALECIA, C.I.N° 3.040.487; SÁNCHEZ
ÁNGELA, C.I.N° 3.041.642; VELÁSQUEZ HORTENSIA, C.I.N° 3.047.119; PAREDES JOSÉ, C.I.N° 3.050.164; MONTERO JOSÉ,
C.I.N° 3.054.611; BOLÍVAR NELSON, C.I.N° 3.055.991; BARBERA ROSA, C.I.N°
3.056.482; GARCÍA LOURDES, C.I.N° 3.056.572; MOGOLLÓN NELIDA, C.I.N° 3.056.943;
SEQUEDA JUANA, C.I.N° 3.057.673; HERRERA OLGA, C.I.N° 3.058.317; RODRÍGUEZ
JOSÉ, C.I.N° 3.060.743; RAMIREZ ANA, C.I.N° 3.060.994; MORA CESAR, C.I.N°
3.071.562; MORALES JULIO, C.I.N° 3.071.990; CATTAFI ROSA, C.I.N° 3.072.070;
GONZÁLEZ QUETENA, C.I.N° 3.072.184; GUERRERO GRACIELA, C.I.N° 3.072.769; SALAS
ELDA, C.I.N° 3.072.962; HERNÁNDEZ AURA, C.I.N° 3.073.164; USECHE HENRY, C.I.N°
3.073.834; TORRES MARTÍN, C.I.N°
3.074.384; LEAL JOSÉ, C.I.N° 3.074.847;
RUIZ LUISA, C.I.N° 3.075.348; ANSELMI ANA, C.I.N° 3.075.512; ANSELMI MARÍA,
C.I.N° 3.075.513; BORRERO ÁNGEL, C.I.N°
3.075.520; MORALES GUSTAVO, C.I.N° 3.075.553; CÁCERES FRANCISCO, C.I.N°
3.075.715; BECERRA ANA, C.I.N° 3.076.448; VIVAS VLADIMIR, C.I.N° 3.076.677;
MONCADA ANDRÉS, C.I.N° 3.077.634; SANCHEZ NELSON, C.I.N° 3.078.167; PEREIRA
CESAR, C.I.N° 3.080.661; ÁLVAREZ ELVIA, C.I.N° 3.082.657; GONZÁLEZ MERY, C.I.N°
3.083.845; RIVAS AURA, C.I.N° 3.085.942;
CORRALES CARMEN, C.I.N° 3.086.164; YORDI RIAD, C.I.N° 3.087.096;
CALDERÓN MARI, C.I. N° 3.087.309; SOSA EDITO, C.I. N° 3.088.002; YÉPEZ NORA, C.I.N° 3.089.742; ;MORLES MIRTHA,
C.I.N° 3.091.480; MEDINA JUANA, C.I.N° 3.091.792; JIMÉNEZ BENJAMÍN, C.I.N° 3.092.295; ROMERO
HAYDEE, C.I.N° 3.093.154; SUARCE PEDRO, C.I.N° 3.093.586; BARROSO EVELIO,
C.I.N° 3.094.623; LÓPEZ MABEL, C.I.N° 3.095.544; AREVALO MARÍA, C.I.N°
3.097.259; GUILLEN GILBERTO, C.I.N° 3.108.867;
NUCETTE DUILIA, C.I.N° 3.109.942; OQUENDO ZAIRA, C.I.N° 3.110.134; ESCORIHUELA ELSIA, C.I.N°
3.112.215; MONTERO IBIS, C.I.N° 3.112.838; GUTIÉRREZ RUBIA, C.I.N° 3.115.365;
TERAN ROSA, C.I.N° 3.115.664; DÍAZ ALIX, C.I.N° 3.115.789; ROSALES VICTOR,
C.I.N° 3.117.014; FERNÁNDEZ ESTHER, C.I.N° 3.117.214; RAMONES OMAIRA, C.I.N°
3.119.471; LARA FREDDY, C.I.N°
3.120.144; GARCÍA NORMA, C.I.N° 3.120.486; FLORES YOLANDA, C.I.N° 3.121.014;
APARICIO PEDRO, C.I.N° 3.121.417; FUENTES AREANI, C.I.N° 3.121.521; PELLEGRINO GRACIELA, C.I.N° 3.121.812;
MALDONADO GLADYS, C.I.N° 3.121.941; APARICIO LUIS, C.I.N° 3.124.227; ITURRIZA
GLADYS, C.I.N° 3.126.061; ZAMBRANO ANA, C.I.N° 3.127.019; PLASENCIA GISELA,
C.I.N° 3.127.423; VARGAS GLADYS, C.I.N°
3.129.180; AGUAJE BETTY, C.I.N° 3.129.869; CASTILLO NOEMÍ, C.I.N°
3.132.091; GUERRA RAIZA, C.I.N°
3.134.602; BRUSCO VICTORIA, C.I.N° 3.134.702; CARREÑO TERESA, C.I.N°
3.134.710; MARTÍNEZ RAQUEL, C.I.N°
3.135.999; HERNÁNDEZ OSCAR, C.I.N° 3.139.134; ARIAS BENITA, C.I.N° 3.139.269;
MARCOS BLANCA, C.I.N° 3.139.651; RASMIJN CATHARINA, C.I.N° 3.139.764; YACOB
SIDONIA, C.I.N° 3.139.805; SANABRIA BERTA, C.I.N° 3.141.216; HERNÁNDEZ NICOL, C.I.N° 3.142.229; GOTOPO
ANTONIO, C.I.N° 3.142.502; BARRIOS PEDRO, C.I.N° 3.143.132; SALAZAR EDNE,
C.I.N° 3.143.203, MÉNDEZ ÁNGEL, C.I.N°
3.143.755; NAVARRO DE LOZA M, C.I.N° 3.144.638; SANTANA WILFREDO, C.I.N°
3.145.544; GUTIÉRREZ JUAN, C.I.N° 3.146.225;
DELGADO MARÍA, C.I.N° 3.152.829; COBIS CARMEN, C.I.N° 3.154.691;
ZAMBRANO FREDDY, C.I.N° 3.154.873; SEQUERA SONIA, C.I.N° 3.154.908; RAMOS CORALIA, C.I.N° 3.155.150; NATALE
NICOLAS; C.I.N° 3.156.091; MEDINA FLOR,
C.I.N° 3.158.264; ZAMBRANO DORA, C.I.N° 3.159.697; MORALES OLGA, C.I.N°
3.164.466; TOVAR JEREMÍAS, C.I.N°
3.167.761; BETANCOURT CARMEN, C.I.N°
3.168.396; CASTRO IRIS, C.I.N° 3.168.937; SILVA MARIO, C.I.N° 3.169.192; LAREZ
FRANCISCO, C.I.N° 3.170.745; BADUY
ELÍAS, C.I.N° 3.171.961; CARRASQUEL MERCEDES, C.I.N° 3.172.723; SANEZ RAMÓN, C.I.N°
3.172.963; RAMOS NURIA, C.I.N° 3.175.022; BALBUZANO EDUARDO, C.I.N° 3.176.488;
VIVAS HILDA, C.I.N° 3.177.150; APONTE
LUISA, C.I.N° 3.177.892; COLMENARES JESÚS, C.I.N° 3.178.265; MAYORA LOURDES, C.I.N° 3.180.032; PINO ROSA,
C.I.N° 3.180.251; ARREAZA FRINE, C.I.N°
3.181.493; RODRÍGUEZ PEDRO, C.I.N° 3.184.934; GHERBASSI GUERRINO, C.I.N°.
3.186.508; VIVAS MAYLIN, C.I.N° 3.191.319; USECHE ARMANDO, C.I.N° 3.192.566;
CONTRAMAESTRE CARMEN, C.I.N° 3.193.262;
MONSALVE GUSTAVO, C.I.N° 3.194.965; DÍAZ MARÍA AUXILIADORA, C.I.N°
3.195.987; MONSALVE ANA, C.I.N° 3.196.207;
CABALLERO REINA, C.I.N° 3.197.183; CONTRERAS ANA, C.I.N° 3.197.877; ACEVEDO ARMANDO, C.I.N° 3.202.808; BAPTISTA LUCIA, C.I.N° 3.205.289; RODRÍGUEZ
RUBÉN, C.I.N° 3.207.135; LÓPEZ LOURDES, C.I.N° 3.207.218; JACOBO ERASMO, C.I.N°
3.209.768; CASTILLO PETRA, C.I.N° 3.210.096;
JURADO IRIS, C.I.N° 3.212.206;
PLAZA PABLO, C.I.N° 3.212.337;
MORILLO MAGDALENA, C.I.N° 3.213.068; M DE SÁNCHEZ MARGARITA, C.I.N°
3.213.272; MOGNA AURA, C.I.N° 3.222.908; ROMERO ALICIA, C.I.N° 3.223.950;
ALVAREZ LUIS, C.I.N° 3.224.789; GONZÁLEZ LUIS, C.I.N° 3.224.869; DELGADO AMÉRICA, C.I.N° 3.225.200; ARELLANO
ISABEL, C.I.N° 3.225.254; LÓPEZ CELIS, C.I.N° 3.225.720; RIERA CHIQUINQUIRÁ,
C.I.N° 3.225.804; HUÉRFANO BERTHA, C.I.N° 3.226.672; VENEGAS DEXHSY, C.I.N° 3.227.486;
GONZÁLEZ JOSEFINA, C.I.N° 3.227.834;
GARCÍA JOSEFINA, C.I.N° 3.228.672; SALAS ZORAIDA, C.I.N° 3.228.948;
APONTE FERNANDO, C.I.N° 3.229.767;
FERNÁNDEZ YOLANDA, C.I.N° 3.230.378; FIGUERA CARLOS, C.I.N°
3.230.840; GONZÁLEZ JUANA, C.I.N°
3.232.412; RODRÍGUEZ WILLIAMS, C.I.N° 3.235.441; VILORIA LORENZO, C.I.N°
3.235.639; MÉNDEZ IRMA, C.I.N° 3.235.848; SANZ OLAGER, C.I.N° 3.235.981; GALEA
GLADYS, C.I.N° 3.239.291; ACOSTA LUISA, C.I.N° 3.239.719; VALERA GLADIS, C.I.N° 3.240.192; ROMERO
NELSON, C.I.N° 3.240.269; GONZÁLEZ ENRIQUETA, C.I.N° 3.241.159; SENGES ALID, C.I.N° 3.241.212; FLORES
NICOLÁS, C.I.N° 3.241.654; GARCÍA CARMEN,, C.I.N° 3.243.339; MAC FARLANE JEAN,
C.I.N° 3.243.569; MENDOZA LUÍS, C.I.N° 3.244.070; MORALES ADA, C.I.N°
3.244.697; OBANDO DIBVA, C.I.N° 3.245.367; VELÁSQUEZ AUGUSTO, C.I.N° 3.245.688;
MANZANO MIGUEL, C.I.N° 3.246.138; PASAPORTE MARÍA. E, C.I.N° 3.246.362;
PASAPORTE ESPIN MARÍA, C.I.N° 3.246.363; ROJAS ÁNGELA, C.I.N° 3.246.621;
SUZZARINI EFRÉN, C.I.N° 3.247.126; MÚJICA MARINA, C.I.N° 3.248.339; SANTOS LUISA, C.I.N° 3.248.416; PALACIOS JOSÉ, C.I.N° 3.250.289; ROSAS ARGELIA, C.I.N° 3.251.221; CAMEJO
CARMEN, C.I.N° 3.251.440; PEÑA LUISITA, C.I.N° 3.251.747; BRACHO ANA, C.I.N° 3.253.027; RODRÍGUEZ GLADIS, C.I.N° 3.254.136; ELÍAS
GLADIS, C.I.N° 3.254.456; ROJAS CARLOS,
C.I.N° 3.254.574; GUERRA GIORDANO,
C.I.N° 3.255.233; MONRROY OLGA, C.I.N° 3.255.784; FERNÁNDEZ MIRIAN, C.I.N°
3.257.622; GOMEZ NELLY, C.I.N°
3.259.525; MONTES ELENA, C.I.N°
3.260.876; RODRÍGUEZ ALCIRO, C.I.N° 3.264.117; VANDERVELDE MAGALI, C.I.N° 3.267.218; M DE CASTILLO NANCY, C.I.N° 3.270.336;
BRICEÑO ESPERANZA, C.I.N° 3.271.589; DE
PULGAR YOLANDA, C.I.N° 3.272.248; PEREZ DAYSI, C.I.N° 3.272.534; FERNÁNDEZ
ISMERIO, C.I.N° 3.273.245; OLIVARES LUISA, C.I.N° 3.274.087; ESPINA OLGA,
C.I.N° 3.274.276; GONZÁLEZ NELLY, C.I.N° 3.275.097; VEGA EZEQUIEL, C.I.N°
3.275.978; MARTINEZ VALENTIN, C.I.N° 3.277.800; RODRÍGUEZ CARMEN, C.I.N°
3.280.240; VELÁSQUEZ CRUZ, C.I.N° 3.282.024; ESCOBAR AUDIA, C.I.N° 3.282.849;
ORELLANA SOL, C.I.N° 3.286.973; BRITAPAZ ROSA, C.I.N° 3.288.281; MENDOZA JUAN,
C.I.N° 3.289.395; PALENCIA SADDY, C.I.N° 3.292.387; ZAMBRANO ADALBERTO, C.I.N°
3.294.586; COLMENARES AIDA, C.I.N° 3.295.005; GONZÁLEZ YOLANDA, C.I.N°
3.297.641; CASTILLO MARCOS, C.I.N° 3.300.924; MONTERO ROSA, C.I.N° 3.303.613;
DÍAZ OLGA, C.I.N° 3.303.735; SIERRA SARA, C.I.N° 3.303.790; HERNÁNDEZ JUANA,
C.I.N° 3.304.996; LÓPEZ PETRA, C.I.N° 3.306.636; VEGAS ZENAIDA, C.I.N°
3.307.279; SÁNCHEZ ELSA, C.I.N° 3.307.321; ROMERO MARÍA, C.I.N° 3.308.712;
COLMENARES JACQUELINE, C.I.N° 3.311.601; LASORSA GUISEPPE, C.I.N° 3.315.085;
ORTIZ DOMINGO, C.I.N° 3.317.223; IRIGOYEN GLADYS, C.I.N° 3.317.736; RODRÍGUEZ
DILIA, C.I.N° 3.318.653; ALVARADO LIGIA, C.I.N° 3.318.667; CRESPO RAFAEL,
C.I.N° 3.321.068; SANCHEZ MIRIAM, C.I.N° 3.322.849; MARTÍNEZ TERESA, C.I.N°
3.324.772; RODRÍGUEZ NELIDA, C.I.N°
3.325.421; JIMÉNEZ YUDITH, C.I.N° 3.326.211; DE LA PUENTE DE GUANIPA
MELIDA, C.I.N° 3.326.497; COVA ANA, C.I.N° 3.327.798; MACIAS JUAN, C.I.N°
3.327.894; RIVAS IRMA, C.I.N° 3.328.440; BETANCOURT JESUS, C.I.N° 3.329.294;
SERRANO LUISA, C.I.N° 3.333.540; BANDES JUANA, C.I.N° 3.333.865; BLANCO
ARMANDO, C.I.N° 3.337.043; RUIZ CARMEN, C.I.N° 3.337.520; CAÑIZALES JESUS,
C.I.N° 3.343.762; MAITA CARMEN, C.I.N° 3.344.789; BERMUDEZ LUIS, C.I.Nº
3.344.879; LUNA FELICITA, C.I.Nº 3.349.482; NAVA YDERMA, C.I.Nº 3.352.572; DE
MADRIZ LILIA, C.I.Nº 3.354.371; ROJAS RAFAEL, C.I.Nº 3.354.489; PACHECO
DIÓGENES, C.I.Nº 3.356.166; CAMACHO ELIET, C.I.Nº 3.358.764; ROJAS JUAN, C.I.Nº
3.362.912; LÓPEZ PROSPERO, C.I.Nº 3.363.323; GRIMALDY LUIS, C.I.Nº 3.364.243;
CHIPAMO GABRIEL, C.I.Nº 3.364.291; ROMERO JUANA, C.I.Nº 3.364.933; RAMIREZ
SILVESTRE, C.I.Nº 3.365.648; ROJAS ESTEBAN, C.I.Nº 3.367.044; PÉREZ ANA, C.I.Nº 3.368.378; NUÑEZ BERNARDINO, C.I.Nº
3.368.799; DAVILA ALIDA, C.I.Nº 3.371.303; PIRELA LEDDY, C.I.Nº 3.373.097;
AQUINO CARMEN, C.I.Nº 3.374.004; RODRÍGUEZ EDUARDO, C.I.Nº 3.381.281; DE LUNAR
DAISY, C.I.Nº 3.381.327; LEAL NELLY, C.I.Nº 3.381.354; PAZ NELLY, C.I.Nº
3.381.476; GONZÁLEZ ALFONSO, C.I.Nº 3.382.524; F DE SANABRIA TERESA, C.I.Nº
3.384.121; BRICEÑO MAHIELA, C.I.Nº 3.386.700; MARQUEZ JESÚS, C.I.Nº 3.389.078; LA CRUZ FIDELINA,
C.I.Nº 3.396.465; GUTIÉRREZ NELSON, C.I.Nº 3.396.489; AGUILERA GREGORY, C.I.Nº
3.396.497; ARANGO GLADYS, C.I.Nº 3.397.227; PÈREZ MARÌA, C.I.Nº 3.397.427; OSIO
MARÌA, C.I.Nº 3.397.599; PONTE AURA, C.I.Nº 3.398.299; OBANDO MILENA, C.I.Nº
3.399.291; GONZÁLEZ CESAR, C.I.Nº 3.399.731; BENAVIDES HÉCTOR, C.I.Nº
3.400.552; ROMÁN HENRY, C.I.Nº 3.401.178; DÌAZ GLADYS, C.I.Nº 3.401.519;
GONZÁLEZ OSMAIRO, C.I.Nº 3.401.545; GONZÁLEZ NELSON, C.I.Nº 3.401.694; FERMIN
ARGELIA, C.I.Nº 3.401.702; REY MARGARITA, C.I.Nº 3.402.143; PÈREZ FRANCISCO,
C.I.Nº 3.402.396; GUAIQUIRIA LIGIA, C.I.Nº 3.403.641; GARCIA MARÌA, C.I.Nº 3.404.250;
PICÓN NOEMÍ, C.I.Nº 3.404.395; DE JIMÉNEZ BOLÍVAR MARITZA, C.I.Nº 3.404.819;
CENTENO NURCIA, C.I.Nº 3.407.669; CANINO ANA, C.I.Nº 3.409.682; ÁLVAREZ
ANTONIO, C.I.Nº 3.409.988; PEÑA ROSA, C.I.Nº 3.410.651; TORO COSTA ANA LUISA,
C.I.Nº 3.411.014; BASTIDAS RAFAEL, C.I.Nº 3.411.564; ELIZABETH GARCÍA NAVARRO, C.I.Nº 3.413.062; FREDDY A.
ESPINOZA GUEVARA, C.I.Nº 3.414.722; HONORIO TAMAYO SARMIENTO, C.I.Nº 3.415.398;
NANCY J. TOVAR R., C.I.Nº 3.415.602; OMAIRA C. LUGO MAÑEZ, C.I.Nº 3.421.680;
NELLY J. GUZMÁN MARÍN, C.I.Nº 3.422.130; JUANA E. RODRÍGUEZ PEÑA, C.I.Nº
3.422.773; RUTH GONZÁLEZ DE MÁRQUEZ, C.I.Nº 3.422.864; HÉCTOR J. ROMERO
MENDOZA, C.I.Nº 3.423.526; NERIS GARCÍA, C.I.Nº 3.424.603; FÉLIX M. UGAS
VILLARROEL, C.I.Nº 3.425.741; JOSÉ I. SÁNCHEZ, C.I.Nº 3.426.408; NELSON J.
USECHE SÁNCHEZ, C.I.Nº 3.426.583; GERSON VARELA C., C.I.Nº 3.427.339; AURA M.
MONSALVE DE CHACÓN, C.I.Nº 3.427.569; ORLANDO DELGADO BECERRA, C.I.Nº
3.430.172; ANDRÉS PEÑALOZA, C.I.Nº 3.430.614; LIGIA C. DE RAMÍREZ, C.I.Nº
3.431.898; MARÍA DE LOS ÁNGELES PANTOJA, C.I.Nº 3.433.579; ANTONIO J. SALCEDO
AGUIRRE, C.I.Nº 3.434.342; MARBELLA RODRÍGUEZ DE D´PABLOS, C.I.Nº 3.437.886;
REINALDO J. GUZMÁN AULAR, C.I.Nº 3.439.006; HÉCTOR L. GUEVARA MANOSALVA, C.I.Nº
3.440.708; OLIVIA SANTAMARÍA DE RODRÍGUEZ, C.I.Nº 3.440.753; LUCILA J. GÓMEZ DE
QUIJADA, C.I.Nº 3.440.754; RAMÓN CHÁVEZ E., C.I.Nº 3.443.823; EGIDIO F. LÓPEZ,
C.I.Nº 3.444.222; ALIX G. PÉREZ DE LADINO, C.I.Nº 3.449.463; ANA DE JESÚS
ARAQUE QUINTERO, C.I.Nº 3.450.913; BETTY M. DUARTE BRACHO, C.I.Nº 3.453.310;
RUTH J. GUTIÉRREZ BRINEZ, C.I.Nº 3.454.887; ROS BARRIOS DE BAPTISTA, C.I.Nº
3.460.970; NORMA PEÑA, C.I.Nº 3.461.095; PEDRO DUQUE C., C.I.Nº 3.464.229;
MARÍA ARRAIZ, C.I.Nº 3.469.877; DAVID RICARDO ALVARADO, C.I.Nº 3.470.287; GLADIS
GARCÍA DE PIÑATE, C.I.Nº 3.470.337; CARLOS E. DÍAZ SUÁREZ, C.I.Nº 3.471.052;
JORGE E. IBARRA, C.I.Nº 3.472.947; JOSÉ ALONSO VALLADARES, C.I.Nº 3.473.007;
GLADYS S. DE CANÓNICO, C.I.Nº 3.473.348;
CLEVY M. V. DE CASTRO, C.I.Nº 3.473.838; FRANCISCA BERROTERÁN VARGAS,
C.I.Nº 3.473.886; GLADYS MERCEDES OVALLES, C.I.Nº 3.474.114; MARBELLA I.
DESIDERIO G., C.I.Nº 3.476.000; MIGDALIA TERESA GUZMÁN OROPEZA, C.I.Nº
3.476.311; PEDRO JOSÉ QUINTANA, C.I.Nº 3.478.466; PETRA F. PÉREZ, C.I.Nº
3.479.164; IRRADIES R. LUGO LUGO, C.I.Nº 3.479.947; JESÚS A. ROJAS T., C.I.Nº
3.480.544; JOSÉ DOS REIS, C.I.Nº 3.481.975; GIUSEPPE E. SEBASTIANO MIULLO,
C.I.Nº 3.482.475; JOSEFINA BARRIOS DE MORO, C.I.Nº 3.482.981; ENEIDALINA
GUTIÉRREZ, C.I.Nº 3.483.127; GENOVEVA ALFONSO DE JIMÉNEZ, C.I.Nº 3.483.216;
GLADYS SALAZAR DE CEDEÑO, C.I.Nº 3.483.288; ADELITA RIVERO DE SÁNCHEZ, C.I.Nº
3.483.779; IRMA SUÁREZ DE MONZÓN, C.I.Nº 3.484.050; RAQUEL R. ROJAS L., C.I.Nº
3.484.912; LESBIA BRANDO, C.I.Nº 3.485.403; JOSÉ LUIS COLMENARES, C.I.Nº
3.485.572; BENIGNA BETANCOURT, C.I.Nº 3.485.991; CRISÁLIDA M. MAZA DE
RODRÍGUEZ, C.I.Nº 3.487.870; RAFAEL A. VELÁSQUEZ S., C.I.Nº 3.488.635; FLOR
PINTO DE BLANCO, C.I.Nº 3.492.371; MARÍA E. LOZANO CASTRO, C.I.Nº 3.493.253;
JOSUÉ V. ROVERO O., C.I.Nº 3.494.521; LIA A. LOBO DE MORA, C.I.Nº 3.495.813;
TERESITA GONZÁLEZ DE GARCÍA, C.I.Nº 3.497.843; NEREIDA VOLCANES P., C.I.Nº
3.499.342; ROMEO MORALDO LIZARDI, C.I.Nº 3.502.804; EDGAR J. GARCÍA GARCÍA,
C.I.Nº 3.504.268; FERMÍN A. MARTÍNEZ LEÓN, C.I.Nº 3.508.300; ÁNGEL R. NÚÑEZ
LEAL, C.I.Nº 3.510.474; EUDOXIA A. DE OSORIO, C.I.Nº 3.510.586; ELINA L. OSORIO
DE FEREIRA, C.I.Nº 3.510.846; ELSY ÁLVAREZ DE RUIZ, C.I.Nº 3.522.360; CARMEN D.
SUÁREZ DE MARTÍNEZ, C.I.Nº 3.527.413; ISABEL T. H. DE CALDERÓN, C.I.Nº
3.532.056; LUIS E. GODOY MONTILLA, C.I.Nº 3.532.598; LUISA MEDINA C., C.I.Nº
3.536.000; RIGOBERTO GARCÍA BRICEÑO, C.I.Nº 3.537.336; CARLOS E. URDANETA
PINTO, C.I.Nº 3.537.844; JUSTINO LÓPEZ LÓPEZ, C.I.Nº 3.539.642; FIDENCIA DEL C.
SUÁREZ LÓPEZ, C.I.Nº 3.539.932; JOSÉ R. LANDAETA CHIRINOS, C.I.Nº 3.544.023;
YOLANDA RUGELES VILELA, C.I.Nº 3.546.674; FREDDY R. ALMEIDA PALACIOS, C.I.Nº
3.548.247; ENRIQUE CARVALLO, C.I.Nº 3.551.768; OLIVA ARISMENDI DE SALAS, C.I.Nº
3.552.354; RAMÓN FUENTES, C.I.Nº 3.552.381; NANCY MERCEDES HIDALGO, C.I.Nº
3.552.727; LUIS PÉREZ M., C.I.Nº 3.554.882; NORA B. RIERA, C.I.Nº 3.560.110;
MARÍA DE LA N. LA
ROSA HIDALGO, C.I.Nº 3.561.192; MARINA MIRANDA DE PINEDA, C.I.Nº 3.564.710;
MERY DEL C. ALMENARA DELGADO, C.I.Nº
3.566.073; FELICIA MILLINGTON T., C.I.Nº 3.566.292; CARMEN M. BRACHO M.,
C.I.Nº 3.566.333; ENEIDA C. SIFONTES M., C.I.Nº 3.566.616; JOSEFINA TOVAR
GUZMÁN, C.I.Nº 3.567.607; MIGUEL ENRIQUE ROJAS, C.I.Nº 3.569.093; ELEUTERIO
LADERA M., C.I.Nº 3.569.267; JULIO ALFREDO RUIZ, C.I.Nº 3.570.747; HERMES
RODRÍGUEZ, C.I.Nº 3.572.382; MARÍA DE LAS N. PEÑA DE VÁSQUEZ, C.I.Nº 3.574.309;
MARÍA R. GÓMEZ DE OJEDA, C.I.Nº 3.576.185; DILIA M. GÓMEZ BRICEÑO, C.I.Nº
3.577.245; IRMA ROSA NAVA, C.I.Nº 3.580.638; HILDA TRAVIESO DE ESCALONA, C.I.Nº
3.581.486; ÚRSULA ZUÑIDLE ZAMORA DE NIETO, C.I.Nº 3.584.390; MERCEDES M. GOTIA
D., C.I.Nº 3.584.551; AIDA M. AGÜERO COLMENAREZ, C.I.Nº 3.587.961; LEONARDO F.
TESOLÍN MARPILLERO, C.I.Nº 3.588.679; FRANCISCA SERRANO DE JÁUREGUI, C.I.Nº
3.591.521; ALIDA DE J. AGUILLÓN DE LEAL, C.I.Nº 3.601.634; MARÍA LÓPEZ DE
FLORES, C.I.Nº 3.603.687; MAGDA E. RAMÍREZ DURREGO, C.I.Nº 3.607.604; CARLOS E.
LAYA M., C.I.Nº 3.610.909; RICARDO ALFONZO, C.I.Nº 3.611.471; MARÍA MARGARITA
GARCÍA, C.I.Nº 3.616.223; VIDAL A. SALAZAR B., 3.617.462; JUANA CONTRERAS,
C.I.Nº 3.620.310; JUDITH USECHE DE GUERRERO, C.I.Nº 3.622.941; EDDY J. TORRES,
C.I.Nº 3.624.468; JOSÉ A. CARREÑO, C.I.Nº 3.625.770; ANATOLY MOLEA Z., C.I.Nº
3.626.790; BENIGNA Z. ACOSTA DE RODRÍGUEZ, C.I.Nº 3.627.077; MIGUEL E. ORTEGA
FUENTES, C.I.Nº 3.631.209; ENILDA BERMÚDEZ DE SALAZAR, C.I.Nº 3.634.378; YLIANA
J. DICKSON RAMÍREZ, C.I.Nº 3.634.967; GLADYS MARGARITA LA CRUZ DE VERA, C.I.Nº
3.635.146; CRISTOBALINA DE VILLAFAÑE, C.I.Nº 3.639.953; WILFREDO URDANETA
ALVARADO, C.I.Nº 3.644.609; JESÚS R. HERNÁNDEZ FORNERINO, C.I.Nº 3.645.352;
GENRY VERA BRACHO, C.I.Nº 3.649.099; MARÍA CHIQUINQUIRÁ GARCÍA BARRIOS, C.I.Nº
3.649.241; JESÚS A. DÍAZ PAZ, C.I.Nº 3.650.013; NERIO DÍAZ V., C.I.Nº
3.652.258; CASIMIRO LUENGO GONZÁLEZ, C.I.Nº 3.652.598; ÁNGEL E. MEZA, C.I.Nº
3.652.760; CARMEN V. ABREU DE ROMERO, C.I.Nº 3.656.114; BERTYS ELENA GUZMÁN,
C.I.Nº 3.657.863; LUISA ELENA MÉNDEZ SALAZAR, C.I.Nº 3.660.608; LUISA M. FUMERO
D., C.I.Nº 3.660.675; RÓMULO MOELLER P., C.I.Nº 3.662.551; PREUX D LUI DE
SAINT, C.I.Nº 3.667.637; JUANA MARÍA CAMPILLO AZCONA, C.I.Nº 3.667.641; ISMELDA
I. RODRÍGUEZ CALDERA, C.I.Nº 3.667.703; MIRYAM Y. RAMOS DE LAMPLE, C.I.Nº
3.668.895; NELIDA DEL V. ARZOLA MEZA, C.I.Nº 3.669.438; HÉCTOR RAMÓN CORIANO
MEZA, C.I.Nº 3.669.921; EULALIA CASTILLO
DE ZAMBRANO, C.I.Nº 3.670.473; HÉCTOR BOADA, C.I.Nº 3.672.447; ESTHER LÓPEZ
YAGUARACUTO, C.I.Nº 3.673.400; HUGO R. HERNÁNDEZ, C.I.Nº 3.676.967; WILMA C.
GUTIÉRREZ ROA, C.I.Nº 3.681.225; SELFA M. ESTRADA DE SALAZAR, C.I.Nº 3.686.738;
LUIS V. ARAGUAINAMO AREINAMO, C.I.Nº 3.688.529; GRISSELA JOSEFINA CANCINES R.,
C.I.Nº 3.690.619; MARÍA DE LOS S. RIVAS DE BAZAN, C.I.Nº 3.690.685; MERCEDES A.
RANGEL, C.I.Nº 3.692.437; RAIZA ELENA SALAZR DE FLORES, C.I.Nº 3.694.916; OMAR
JOSÉ FARIÑAS Y., C.I.Nº 3.696.350; YRAIDA M. BENITEZ LUNA, C.I.Nº 3.696.387;
OLIVIA M. FEBRES DE REYES, C.I.Nº 3.701.535; ANA I. PINTO AMELIACH, C.I.Nº
3.706.263; REINA J. FIGUEROA DE TORRES, C.I.Nº 3.707.168; ALBERTO BELLORÍN
NEDA, C.I.Nº 3.711.380; ZAYDA GONZÁLEZ GARCÍA, C.I.Nº 3.711.409; IRAMA J.
GARCÍA DE SUCRE, C.I.Nº 3.712.669; JOSÉ A. CASTRO RODRÍGUEZ, C.I.Nº 3.712.702;
FLOR M. GUERRERO, C.I.Nº 3.712.726; ISAURA PACHECO DE BRACHO, C.I.Nº 3.713.460;
LUIS ENRIQUE LUGO REVETTE, C.I.Nº 3.715.796; TODARDO ESPINOZA GONZÁLEZ, C.I.Nº
3.715.798; GUILLERMO A. ORTEGA, C.I.Nº 3.716.379; ESTHER M. MAMBIE FLORES,
C.I.Nº 3.716.482; CARMEN MARINA HERNÁNDEZ CRUZ, C.I.Nº 3.717.276; CARLOS E.
RODRÍGUEZ ARISMENDI, C.I.Nº 3.717.520; GERÓNIMA CADIZ BELISARIO, C.I.Nº
3.719.626; DORIS KARRAM H., C.I.Nº 3.719.907; MIREYA BELANDRIA DE MARTÍNEZ,
C.I.Nº 3.723.306; ALÍ F. CASTEJON RAQUE, C.I.Nº 3.723.633; LIGIA R. ZAMBRANO
R., C.I.Nº 3.725.820; CARMEN J. MEZA V., C.I.Nº 3.726.528; ANA T. DE FERNÁNDEZ,
C.I.Nº 3.728.464; CARMEN MARÍA RUIZ OSPINO, C.I.Nº 3.728.850; ANDREA J. MATOS
URRIBARRI, C.I.Nº 3.729.834; MAGALI MARRÓN DE GONZÁLEZ, C.I.Nº 3.729.838;
LOURDES I. LÓPEZ CAMPOS, C.I.Nº 3.729.886; JOSÉ BAUDILIO GALDONA, C.I.Nº
3.730.033; PEDRO J. ROJAS VICENT, C.I.Nº 3.731.916; ROMELIA M. FRONTADO LÓPEZ,
C.I.Nº 3.732.748; BETTY B. RÍOS RODRÍGUEZ, C.I.Nº 3.737.780; ANDRÉS RODRÍGUEZ,
C.I.Nº 3.744.529; MARÍA ARANGUREN G., C.I.Nº 3.744.660; JORGE O. GUERRERO,
C.I.Nº 3.746.638; IVONNE KHLIEFAT DE RAMAYO, C.I.Nº 3.751.098; MILDRED C. TOVAR
DE PARRA, C.I.Nº 3.751.705; YARIMA RAMOS CARDONA, C.I.Nº 3.752.132; MARÍA
FRANCES DE ANDE, C.I.Nº 3.752.386; ROSA ELENA ÁVILA DE AGUILAR, C.I.Nº
3.752.507; GERMÁN MORALES, C.I.Nº 3.753.266; CLAUDETT B. DE GARCÍA, C.I.Nº
3.753.966; VICENTE ANTONIO ROMERO GIMÉNEZ, C.I.Nº 3.758.877; BERNARDO BRITO VELÁSQUEZ,
C.I.Nº 3.760.268; DAVID J. MANRIQUE ALFONZO, C.I.Nº 3.762.231; CARMEN ALFONZO,
C.I.Nº 3.762.900; EDGAR R. TOVAR, C.I.Nº 3.770.087; RAFAEL A. ESCOBAR PÉREZ,
C.I.Nº 3.770.170; AMADA HERRERA DE RAMÍREZ, C.I.Nº 3.773.311; ROBERTO J. SUÁREZ
FERNÁNDEZ, C.I.Nº 3.773.409; JOSÉ A. GIL FEREIRA, C.I.Nº 3.774.621; CRISTÓBAL
GONZÁLEZ DÍAZ, C.I.Nº 3.774.651; IGNACIO
R. CUMARE AGUAJE, C.I.Nº 3.774.747; EDISON E. PACHECO MAVAREZ, C.I.Nº
3.775.212; ENDER M. OBERTO MARTÍNEZ, C.I.Nº 3.775.846; ALBA R. FUENMAYOR QUINTERO,
C.I.Nº 3.776.374; CARMEN TERESA FRANCO DE SÁNCHEZ, C.I.Nº 3.778.751; ELZA M.
ALARCÓN RAMÍREZ, C.I.Nº 3.781.878; JOSÉ G. GONZÁLEZ, C.I.Nº 3.789.512; TERESA
P. DE ÁVILA, C.I.Nº 3.791.175; NERSA CHACÓN CATTAFI, C.I.Nº 3.791.306; CECILIA
GONZÁLEZ OSORIO, C.I.Nº 3.791.409; MARÍA ORTEGA DE MEDINA, C.I.Nº 3.791.802;
PEDRO R. GUERRERO R., C.I.Nº 3.793.569; ELDA M. UGARTE DE VITORIA, C.I.Nº
3.794.731; GLADYS COLMENARES M., C.I.Nº 3.794.826; GLORIA E. ROMERO C., C.I.Nº
3.795.041; MARÍA M. SILVESTRE B., C.I.Nº 3.796.740; CYNTHIA A. WILSON CARMONA,
C.I.Nº 3.799.014; MARÍA DÍAZ DE GUZMÁN, C.I.Nº 3.799.403; ANTONIO M. CORDERO
ALCALÁ, C.I.Nº 3.799.588; MARÍA TERESA MERLO TABARES, C.I.Nº 3.801.129; MARINA
R. HUERTA DE TIRADO, C.I.Nº 3.801.514; CARMEN R. SILVA DE GONZÁLEZ, C.I.Nº
3.803.361; NELSON TOMÁS REQUIS MARTÍNEZ, C.I.Nº 3.804.806; ALEGRÍA ERDER ROFFE,
C.I.Nº 3.805.351; SONIA DE J. AGUILAR GARCÍA, C.I.Nº 3.806.162; REBECA JULIETA
DEL REAL ROJAS, C.I.Nº 3.808.394; TRINA MARTÍNEZ DE PATTARI, C.I.Nº 3.808.451;
IRAMA P. TORRES A., C.I.Nº 3.808.921; NANCY J. BRANDO, C.I.Nº 3.809.221;
ANTONIO CHINEA RODRÍGUEZ, C.I.Nº 3.809.948; LUZ MARÍA BRANDT MOTA, C.I.Nº
3.810.190; RENE DEL C. AMEZAGA MEJÍAS, C.I.Nº 3.810.911; FRANK COROMOTO VERDE
ESTEVES, C.I.Nº 3.814.179; TANIA B. LUGO L., C.I.Nº 3.814.601; ERSI J. MONGES,
C.I.Nº 3.817.190; NINFA J. SILVA MÉNDEZ, C.I.Nº 3.818.800; CIRIA JOSEFINA
LUCENA PÉREZ, C.I.Nº 3.819.398; NORELYS LUNAR MÁRQUEZ, C.I.Nº 3.819.616; ISABEL
C. MILANO DE RODRÍGUEZ, C.I.Nº 3.820.219; EDDY LUZ MENDOZA, C.I.Nº 3.820.258;
CARMEN ARANGUREN, C.I.Nº 3.820.964; EUCLIDES MATILDE RODRÍGUEZ R., C.I.Nº
3.824.800; JOSÉ RAMÓN VELÁSQUEZ, C.I.Nº 3.826.967; HERNÁN MOROS OJEDA, C.I.Nº
3.838.099; CARLOS ALFREDO MUÑOZ REGIO, C.I.Nº 3.838.922; ISABEL DE J. FLORES DE
RUIZ, C.I.Nº 3.842.204; MILDRE PÉREZ, C.I.Nº 3.850.038; LUISA GONZÁLEZ DE
PÉREZ, C.I.Nº 3.850.208; ALBA RUIZ DE VELÁSQUEZ, C.I.Nº 3.850.795; LOURDES M.
NATERA ALCALÁ, C.I.Nº 3.851.830; OMAIRA J. GUEVARA DE MORENO, C.I.Nº 3.854.827;
DILIA J. MAYORGA MARTÍNEZ, C.I.Nº 3.854.829; ISABEL MERCEDES ABLAN SEGURA,
C.I.Nº 3.856.468; OMAR G. ARROYO ALFIN, C.I.Nº 3.856.876; ORLANDO J. EREU
GARCÍA, C.I.Nº 3.860.973; OMAR A. ARÉVALO TORREALBA, C.I.Nº 3.865.305; JOSEFA
P. RÍOS SUÁREZ, C.I.Nº 3.866.338; DEIS ROA HERRERA, C.I.Nº 3.866.792; LUIS B.
SALAZAR, C.I.Nº 3.870.617; NANCY J. RENAULT DE LUNAR, C.I.Nº 3.872.531;
MERCEDES MARTÍNEZ V., C.I.Nº 3.874.532; MARÍA ARGUELLES AGÜERO, C.I.Nº
3.875.286; JOSÉ A. MIJARES BETANCOURT, C.I.Nº 3.883.048; BERTHA C. CABRERA DE
MUÑOZ, C.I.Nº 3.886.688; SABAS E. CAMACHO, C.I.Nº 3.886.936; OLIVIA MARRERO DE
SARGO, C.I.Nº 3.887.484; ELIZABETH APONTE LEÓN, C.I.Nº 3.888.311; LUIS E. DÍAZ
C., C.I.Nº 3.889.019; ARACELIS RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, C.I.Nº 3.894.438; ANA R.
H. DE PALOMINO, C.I.Nº 3.894.964; YSABEL C. REYES RODRÍGUEZ, C.I.Nº 3.895.805;
MABEL E. ARMAS F., C.I.Nº 3.898.147; EVANGELISTA PINEDA, C.I.Nº 3.916.307;
PEDRO A. OSORIO QUINTANA, C.I.Nº 3.919.091; ALBERTO E. GARCÍA BRICEÑO, C.I.Nº
3.920.730; ELIÉCER PINA, C.I.Nº 3.922.092; OSWALDO J. BERNAL L., C.I.Nº
3.923.587; BERTA ROSA QUINTERO SANTANA, C.I.Nº 3.925.320; NORKA J. PEROZO NAVA,
C.I.Nº 3.925.625; NANCY B. MATHEUS, C.I.Nº 3.925.719; TERESA H. NÚÑEZ P.,
C.I.Nº 3.926.026; RITA B. CORZO DE DE LA
HOZ, C.I.Nº 3.929.303; ÁNGELA A. RIVERA DE SÁNCHEZ, C.I.Nº
3.931.615; LUISA A. BETANCOURT SOTO, C.I.Nº 3.932.629; EUDO RINCÓN, C.I.Nº
3.932.812; NELLY GUILLÉN DE FEREIRA, C.I.Nº 3.932.875; MÁXIMA J. GONZÁLEZ DE
MALAVÉ, C.I.Nº 3.936.428; MARÍA GISELA MORALES, C.I.Nº 3.938.293; ELDA DE
BADELL, C.I.Nº 3.939.377; ALBIS HERNÁN VIVAS GARCÍA, C.I.Nº 3.940.928; ELIGIO
DELGADO ZERPA, C.I.Nº 3.942.458; CARMEN RAMONA VELÁZQUEZ, C.I.Nº 3.943.219;
DORITZA A. CARRERA, C.I.Nº 3.943.762; ALIDA BRACHO, C.I.Nº 3.944.704; IVETTE
MARÍA VILLANUEVA URGE, C.I.Nº 3.949.193; CELIA M. FONG CHRISTOFFEL, C.I.Nº
3.949.664; NELSON A. BEROES ZAMORA, C.I.Nº 3.951.363; EDITH C. ARMAS E., C.I.Nº
3.956.501; MARÍA A. REYES GUERRERO, C.I.Nº 3.957.798; ANTONIO ISIDRO MENDOZA,
C.I.Nº 3.959.920; JOSÉ R. PERNÍA RAMÍREZ, C.I.Nº 3.961.786; ELBIA XIOMARA
MUÑOZ, C.I.Nº 3.964.348; NELLY ROSA PÉREZ, C.I.Nº 3.966.692; ALÍ ANTONIO LIMA
L, C.I.Nº 3.967.081; ANA VILMA MAYORCA RAVELLO, C.I.Nº 3.968.087; JOSÉ A.
CASTANO, C.I.Nº 3.968.304; GLADYS HERRERA DE RUIZ, C.I.Nº 3.968.661; MARÍA
NEIRA MOSQUERA, C.I.Nº 3.970.651; ÁNGEL D. CUMANA, C.I.Nº 3.971.616; ISABEL L. FALCÓN DE CONTRERAS, C.I.Nº
3.972.080; GABRIELA DE DAVOGUSTTO, C.I.Nº 3.974.711; SELENIS C. SÁNCHEZ GÓMEZ,
C.I.Nº 3.974.941; JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ MALDONADO, C.I.Nº 3.977.298; YOSELIN Z.
BUCCEL L., C.I.Nº 3.977.580; HUBNER FRAGACHÁN G., C.I.Nº 3.977.685; ELIDE PEÑA
DE JUÁREZ, C.I.Nº 3.978.368; ENMA ELISA GONZÁLEZ, C.I.Nº 3.978.418; DALIA
ALGARA DE ALZUARDE, C.I.Nº 3.979.061; ANSELMO A. CÁRDENAS H., C.I.Nº 3.979.461;
NANCY M. TOVAR CORREDOR, C.I.Nº 3.979.484; ARMANDO J. MÁRQUEZ G., C.I.Nº
3.979.556; LAURA J. LÓPEZ COLMENARES, C.I.Nº 3.979.991; JESÚS MELEAN MUJICA,
C.I.Nº 3.980.227; ROSA INÉS BOLAÑO TORRES, C.I.Nº 3.980.786; ELIO VICENTE
BLANCO C., C.I.Nº 3.981.949; FRANCK ALBERTO PACHECO SILVA, C.I.Nº 3.982.426;
ALBANIA M. ZARAVIA R., C.I.Nº 3.984.186; YANETT DE PASCUALI T., C.I.Nº
3.985.938; MARTÍN G. FERNÁNDEZ ARÉVALO, C.I.Nº 3.986.159; JOSÉ NORBERTO DUGARTE
GARCÍA, C.I.Nº 3.990.586; GLADYS J. MEDINA DE RUBIO, C.I.Nº 3.996.805; MARTHA
TOVAR DE LIRA, C.I.Nº 4.005.999; MARÍA ELENA CAMPOS, C.I.Nº 4.007.297; MARITZA
DEL V. VELÁSQUEZ DÍAZ, C.I.Nº 4.009.618; NELSON RAMÓN CASANOVA RINCÓN, C.I.Nº
4.014.022; MARÍA E. LARRAZABAL NERY, C.I.Nº 4.016.753; YOLANDA CEBALLOS GASCON,
C.I.Nº 4.022.504; DORILA LÓPEZ SALAZAR, C.I.Nº 4.022.894; LUIS VILLEGAS ACUÑA,
C.I.Nº 4.024.885; JOSÉ DE JESÚS ALFONZO ACEVEDO, C.I.Nº 4.024.920; CARMEN G.
BARRETO DE VELÁSQUEZ, C.I.Nº 4.025.023; GEUDIS VÁSQUEZ DE GONZÁLEZ, C.I.Nº
4.025.529; EUMELIS DEL V. SANTACRUZ LÓPEZ, C.I.Nº 4.032.701; BELKIS JOSEFINA
UZCÁTEGUI, C.I.Nº 4.045.923; CLARA DE MARTINS, C.I.Nº 4.055.369; PEDRO EMILIO
GARCÍA NÚÑEZ, C.I.Nº 4.059.451; VÍCTOR MANUEL ROSALES, C.I.Nº 4.060.602; CARMEN
Y. VALBUENA C., C.I.Nº 4.060.741; MARITZA VALERO DE G., C.I.Nº 4.060.764; OMAR
A. BASTIDAS HERRERA, C.I.Nº 4.062.185; CÉSAR TOBÍAS RUIZ ROSSI, C.I.Nº
4.065.322; LISBETH COROMOTO RODRÍGUEZ, C.I.Nº 4.070.073; DELIA P. ARRAEZ,
C.I.Nº 4.072.002; EDUARDO R. RODRÍGUEZ DE MOLINA, C.I.Nº 4.074.075; LIGIA
CASTILLO DE ROJAS, C.I.Nº 4.080.085; JANETH BROWN MARCANO, C.I.Nº 4.082.625;
ATALA J. SILVA P., C.I.Nº 4.087.152; ISABEL Y. MARRERO S., C.I.Nº 4.114.966;
MANUEL JUÁREZ GONZÁLEZ, C.I.Nº 4.115.511; KARINA ALBORNOZ DE BRANDENBERG,
C.I.Nº 4.119.585; ORLANDO J. LAYA MACHADO, C.I.Nº 4.120.449; DAISY J. FLORES
CAMACARO, C.I.Nº 4.124.342; CORINA BLANCO DE CASTILLO, C.I.Nº 4.130.087; MARÍA
E. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 4.130.566; GLORIA M. PÉREZ DE MOLINA, C.I.Nº 4.131.036;
MARTÍN J. QUINTERO, C.I.Nº 4.136.298; BETTY E. PARRA DE FLORES, C.I.Nº
4.137.629; TERESA A. SEÑORELLYS GARCÍA, C.I.Nº 4.141.547; JUAN R. FLEITAS
CARABALLO, C.I.Nº 4.142.354; ISMELDA LOPOEZ DE C., C.I.Nº 4.144.091; NIEVES M.
PULGAR DE ZAMBRANO, C.I.Nº 4.146.936; MAGALY B. APALMO DE BOSCÁN, C.I.Nº
4.148.714; ILBA M. FUENMAYOR VILLALOBOS, C.I.Nº 4.150.275; NANCY J. VÁSQUEZ P.,
C.I.Nº 4.153.279; EDDY E. MONTIEL LABARCA, C.I.Nº 4.159.465; LAURA F. DÍAZ DE
GÓMEZ, C.I.Nº 4.163.412; DIONISIO ANTONIO MANCERA, C.I.Nº 4.164.222; MARIO
SALAS, C.I.Nº 4.164.247; DULCE MARÍA HERNÁNDEZ DE AB, C.I.Nº 4.167.545; ZAIDA
BEATRIZ MENA LÓPEZ, C.I.Nº 4.169.654; NORIA JOSEFINA PIÑA SUÁREZ, C.I.Nº
4.171.263; NELIDA B. MÁRQUEZ DE FONSECA, C.I.Nº 4.173.569; ELIA M. CHIRINOS DE
BRACHO, C.I.Nº 4.180.212; ELSI MERCEDES VILLASMIL, C.I.Nº 4.182.980; ELIU L.
ROMÁN ARIAS, C.I.Nº 4.182.988; DELIA DE BENAVIDES, C.I.Nº 4.187.012; CARMEN
VÁSQUEZ DE ZAIJA, C.I.Nº 4.188.954; CARMEN Y. RAMÍREZ URBINA, C.I.Nº 4.203.563;
SAÚL MENESES V., C.I.Nº 4.205.335; GISELA PACHECO DE PIÑA; C.I.Nº 4.205.749;
NELLY Y. COLMENARES SÁNCHEZ, C.I.Nº 4.208.903; AMPARO RIVAS, C.I.Nº
4.212.132; SANDRA BRAVO, C.I.Nº 4.213.178, MAGALY SOLÓRZANO J.,
C.I.Nº 4.213.460; JOSÉ FRANCHI, C.I.Nº 4.217.213; NOHIRIAM ARAY DE
G., C.I.Nº 4.222.252; ALI CARPIO; C.I.Nº 4.234.044; MARÍA RODRÍGUEZ,
C.I.Nº 4.234.308; CRUZ MIREYA FERNANDEZ, C.I.Nº 4.245.064, MIGUEL
REYES, C.I.Nº 4.246.210; DORA CARDENAS DE GONZÁLEZ, C.I.Nº
4.246.782, RAMÓN DUQUE , C.I.Nº 4. 247.020; MARIBEL DE TOVAR,
C.I.Nº 4.247.456; XIOMARA DELGADO FLORES, C.I.Nº 4.248.361; MARLEN
GONZÁLEZ, C.I.Nº 4.251.170; JULIO OLIVEROS, C.I.Nº 4.251.172;
NORBERTO ADRIAN G. C.I.Nº 4.253.083; CARMEN RODRÍGUEZ, C.I.Nº
4254.094; NORMAN GARCÍA, C.I.Nº 4.254.486; LUIS RAMÍREZ, C.I.Nº
4.261.116; PALMENIA HERRERA, C.I.Nº 4.270.455; MARINA GONZÁLEZ,
C.I.Nº 4.271.246; MIRNA AULAR, C.I.Nº 4.277.539; PETRA SÁNCHEZ,
C.I.Nº 4.278.890; MIRIAM BARROSO, C.I.Nº 4.281.385; MORELIA
VILLAMARIN, C.I.Nº 4.284.546; ANTONIO RODRÍGUEZ, C.I.Nº 4. 285.649;
FELIX URBINA, C.I.Nº 4. 287.490; ESTHER PÉREZ, C.I.Nº 4.292.825;
ELIZABETH TOVAR, C.I.Nº 4.294.178; NORMA CARABALLO DE BERNARDO,
C.I.Nº 4.296.666; CARMEN GUEVARA DE GÓMEZ, C.I.Nº 4.297.766; ZONIA
CARRILLO BRICEÑO, C.I.Nº 4.320.621; LEIDA SIMANCAS; C.I.Nº
4.326.835; MARISELA COLMENARES ELBITAR, C.I.Nº 4.339.803; JESÚS B. SÁNCHEZ
LARA, C.I.Nº 4.344.576; EDGAR CASTILLO, C.I.Nº 4.348.007; NANCY
PÉREZ, C.I.Nº 4.352.630; RICHARD DÍAZ, C.I.Nº 4.353.334; NUMA
MENDOZA C., C.I.Nº 4.354.573; ALBERTO ROJAS, C.I.Nº 4.354.793;
JANET PAZ, C.I.Nº 4. 356.262; MANUELA SANDOVAL, C.I.Nº 4.359.482;
ELSA SOTO, C.I.Nº 4.360.563; RAFAEL DÍAZ, C.I.Nº 4.361.033; ENMA
TORRES, C.I.Nº 4.361.267; FREDDY MEJIAS, C.I.Nº 4.362.233; ANA
ZARPIE DE H., C.I.Nº 4.362.541; JOSÉ SALAZAR, C.I.Nº 4.363.471;
MARÍA AGUIAR DE RON, C.I.Nº 4.364.835; LINA AGUIRRE, C.I.Nº
4.372.363; BERTHA ABELLO, C.I.Nº 4.372.984; ARCADIO MANAU, C.I.Nº
4.390.734; JOSEFINA LÓPEZ, C.I.Nº 4.393.306, REINA ISABEL PÉREZ,
C.I.Nº 4.405.233; HILDA PÉREZ, C.I.Nº 4.416.050; ANA MARÍA LÓPEZ,
C.I.Nº 4.417.502; ANGEL VEGAS S., C.I.Nº 4.421.834; INGRID COROMOTO
MILLAN, C.I.Nº 4.425.715; JOSÉ MARTÍNEZ CALVINO, C.I.Nº 4.425.902;
ANTONIO STEFANI, C.I.Nº 4.426.876; JUAN ROBLES, C.I.Nº 4.429.594;
CECILIO GÓMEZ, C.I.Nº 4.429.971; LUIS ROMERO, C.I.Nº 4.430.634;
MALY MATOS, C.I.Nº 4.433.103; ENNIO MARQUEZ, C.I.Nº 4.439.023; ROSA
OROPEZA, C.I.Nº 4.439.079; CARLOS GONZÁLEZ, C.I.Nº 4.443.135;
BERTHA HERNANDEZ, C.I.Nº 4.446.199; FELIX ROJAS, C.I.Nº 4.449.285;
NINOSKA NOGUERA PACHECO, C.I.Nº 4.454.906; ALICIA SIERRA, C.I.Nº
4.457.041; LUIS ZAVALETA, C.I.Nº 4.457.793; YHAJAIRA DÍAZ, C.I.Nº
4.458.967; MARLYN SANABRIA, C.I.Nº 4.460.485; MARIBEL ROJAS, C.I.Nº
4.462.168; JULIA M. DE GALLARDO, C.I.Nº 4.462.923; GLADYS ESCALONA,
C.I.Nº 4.466.844; ROSALÍA MONTOYA DE D., C.I.Nº 4.470.185; DARCY
URAÑA DE PORTILLO, C.I.Nº 4.484.367; MARÍA ANGULO RIVAS, C.I.Nº
4.485.452; ALICIA DE IBARRA, C.I.Nº 4.486.887; ANGEL MENDEZ, C.I.Nº
4.495.068; GRACIA MOSQUEDA, C.I.Nº 4.495.600; MIGDALIA MARCANO,
C.I.Nº 4.496.352; MARÍA LÓPEZ DE BENCOMO, C.I.Nº 4.498.260; RAIZA
CANACHE, C.I.Nº 4.498.652; ALMERYS MENDIBLE, C.I.Nº 4.503.294;
DORIS PÉREZ, C.I.Nº 4.506.275; YAJAIRA GIMÓN, C.I.Nº 4.511.793;
ELIZABETH ESPINOZA DE MOTA, C.I.Nº 4.514.054; NILDA AÑEZ, C.I.Nº
4.516.252, DALIA PAREDES, C.I.Nº 4.519.204; MARÍA SEVEREYN, C.I.Nº
4.521.072; ALBA PARRA BOSCAN, C.I.Nº 4.522.618; LUIS PARRA, C.I.Nº
4.523.888; ANA NAVA, C.I.Nº 4.528.537; NORMA FERREBUS, C.I.Nº
4.529.372; AIDA PAZ, C.I.Nº 4.529.533; LUZ NOHADA PORTILLO DE CHAVEZ,
C.I.Nº 4.530.817; MARÍA PEÑA G., C.I.Nº 4.531.761; LUZ BRICEÑO,
C.I.Nº 4.534.325; ELAIDA PUCHE, C.I.Nº 4.534.850; NEXY HUERTA DE
P., C.I.Nº 4.535.076; MARÍA GODOY, C.I.Nº 4.536.911; DOMINGO FINOL,
C.I.Nº 4.539.570; IVONNE MARTINEZ DE MACHILLANDA, C.I.Nº 4.540.121;
OLGA. M. MOLERO F., C.I.Nº 4.540.577; ELIZABETH MONTERO; C.I.Nº
4.540.608, OMAR PEÑA MONSALVE, C.I.Nº 4.553.968; MIRIAM MARTINEE,
C.I.Nº 4.561.819; GLADYS BADILLO DE G., C.I.Nº 4.562.959; CESAR
RAMÍREZ, C.I.Nº 4.566.228; VÍCTOR MARTÍNEZ, C.I.Nº 4.576.277;
MARLENE RODRÍGUEZ, C.I.Nº 4. 576.555; NELLY MECIAS, C.I.Nº
4.577.058; AURA JOSEFINA RODRÍGUEZ, C.I.Nº 4.577.488; EMMA BENITO GARCÍA,
C.I.Nº 4.584.763; JOSÉ LUIS BOLÍVAR, C.I.Nº 4. 585.117; FLOR DE M
TORREALBA DE G., C.I.Nº 4.585.721; RAFAEL R. CÉSAR LUNA, C.I.Nº
4.586.456; SONIA TORRES, C.I.Nº 4.590.959; TRINI GUILARTE, C.I.Nº
4.597.070; NERYS DEL V. ROMERO MARIN, C.I.Nº 4.613.101; NICANOR ROMERO,
C.I.Nº 4.616.000; CLAIRE DELTOUR, C.I.Nº 4.622.733; WILFREDO JOSÉ
TINEO, C.I.Nº 4.623.499; NAPOLEÓN DÍAZ, C.I.Nº 4.626.813; BERTHA
YOLANDA PALACINO, C.I.Nº 4.627.413; ANA CASTRO DE ZAMBRANO, C.I.Nº
4.636.672; JOSÉ LÓPEZ, C.I.Nº 4.650.495; JOSÉ LUIS GOMERO, C.I.Nº
4.653.115; FRANKLIN TRIRADO, C.I.Nº 4.657.993; JULIO GORI RAMÍREZ,
C.I.Nº 4.659.453; FREDDY LEAL, C.I.Nº 4.666.895; GLORIA RIVERO
C.I.Nº 4.672.180; BIORD S. DE, C.I.Nº 4.672.284; YUMELES AZOCAR,
C.I.Nº 4.682.797; CARMEN SUCRE DE LEÓN, C.I.Nº 4.687.382; ROSA D.
SANTAMARÍA, C.I.Nº 4.687.972; MARITZA PRADO, C.I.Nº 4.707.398;
FRANCIA BUCARITO, C.I.Nº 4.715.207; ADALBERTA GIMÉNEZ, C.I.Nº
4.723.207; GAMAL GIMÉNEZ, C.I.Nº 4.732.434; HÉCTOR JIMÉNEZ, C.I.Nº
4.734.584; NEREIDA LEÓN, C.I.Nº 4.741.655; CRUZ DEL P AMAYA DE C.,
C.I.Nº 4.742.259; AURA MARINA REVEROL, C.I.Nº 4.744.838; MAGALY
BRACHO, C.I.Nº 4.747.702; LUZ MERCEDES MENDEZ, C.I.Nº 4.755.967;
MAGALY JOSEFINA GONZÁLEZ, C.I.Nº 4.758.791; MARITZA ÁLVAREZ DE P.,
C.I.Nº 4.758.913; JOSÉ MONTOYA, C.I.Nº 4.761.337; ODA MEDINA ,
C.I.Nº 4.762.021; MARÍA MORALES, C.I.Nº 4.764.578; URISTELA
SÁNCHEZ, C.I.Nº 4.766.666; GUSTAVO RADA, C.I.Nº 4.767.049; MARÍA
TRINIDAD MEDINA, C.I.Nº 4.770.079; MADELINE PÉREZ, C.I.Nº
4.774.456; NORA GONZÁLEZ, C.I.Nº 4.807.677; LOURDES GOUIRAND,
C.I.Nº 4.807.884; JUAN CASTAÑO, C.I.Nº 4.808.509; MARGARI DE
MIRANDA, C.I.Nº 4.809.504, DINORA FAJARDO, C.I.Nº 4.814.286; LUISA
RAUSSEO, C.I.Nº 4.817.093; IDELFONZO RIVAS, C.I.Nº 4.817.676; NORMA
SÁNCHEZ, C.I.Nº 4.818.695; JOSÉ RODRÍGUEZ SARMIENTO, C.I.Nº
4.820.488; ARGELIA MESSUTI, C.I.Nº 4.824.566; ENME MORACHINI,
C.I.Nº 4.825.212; RAFAEL RODRÍGUEZ, C.I.Nº 4.834.323; ANA CECILIA
ZULETA, C.I.Nº 4.848.108; DIALCIA HERNÁNDEZ DE REYES, C.I.Nº
4.848.791; JESÚS FLORES, C.I.Nº 4.848.910; EDDA PIÑA, C.I.Nº
4.849.727; CARLOS GALINDO, C.I.Nº 4.850.131; ARACELIS MENDOZA,
C.I.Nº 4.863.060; MAGDA HERNANDEZ, C.I.Nº 4.864.929; GERMÁN SUAREZ,
C.I.Nº 4.871.402; THAIS E. HERNANDEZ DE D., C.I.Nº 4.872.922; MARIO
VELIZ, C.I.Nº 4.883.610; MAURA ECHENIQUE, C.I.Nº 4.884.709; MARÍA
ELENA PÉREZ LUNA, C.I.Nº 4.885.722; FERNANDO JOVEN, C.I.Nº
4.885.931; ENEIDA SALAZAR. C.I.Nº 4.887.703; LUDVIG HIDALGO; C.I.Nº
4.898.142; GLADYS MOLINA, C.I.Nº 4.968.914; JUBILO DE J. OLIVARES,
C.I.Nº 4.969.116; MARLENE MORA; C.I.Nº 4.976.602; YELITZA YANEZ,
C.I.Nº 4.979.315; MIRILLA DEL CARMEN PEÑA, C.I.Nº 4.981.052; ESTHER
GARRUIDO DE M., C.I.Nº 4.983.287; DUVIA RUIZ, C.I.Nº 4.992.677;
WILMER JIMÉNEZ, C.I.Nº 4.993.968; MARINA DE SUAREZ C. C.I.Nº
4.994.520; YHAJAIRA, C.I.Nº 4.996.600; CARMEN RODRÍGUEZ, C.I.Nº
4.998.605;INES RODRÍGUEZ, C.I.Nº 5.010.155; JUAN PÁEZ TOCINO,
C.I.Nº 5.010.185; EDUARDO LÓPEZ, C.I.Nº 5.010.287;EMIDIO ROSATI
MORO, C.I.Nº 5.010.811; AUGUSTO GONZALEZ LUGO; 5.014.094; ELVIRA VENALES
DE I., C.I.Nº 5.018.188;VIOLETA SALAZAR, C.I.Nº 5.018.223; ZENAIDA
PRIMERA, C.I.Nº 5.019.603; JOSÉ ALDEMARO LEAL; C.I.Nº 5.020.276;
CARMEN VILLAMIZAR, C.I.Nº 5.021.688; MARÍA NUÑEZ, C.I.Nº 5.022.613;
ISABEL MANRIQUE C.I.Nº 5.033.081; ELBA PRADO, C.I.Nº 5.035.931,
LINDA CARRION CH, C.I.Nº 5.040.177; DELIA DE UZCATEGUI, C.I.Nº
5.045.175; EDGAR BRACHO, C.I.Nº 5.046.157; LUZ M. PAZ DE V. C.I.Nº
5.058.733, NELSON PIRELA, C.I.Nº 5.058.955; DOUGLAS LEAL, C.I.Nº
5.065.774; LUISA MELEAN, C.I.Nº 5.066.189; MARÍA AMESTY DE C., C.I.Nº
5.066.492; JOSÉ GREGORIO GARCÍA, C.I.Nº 5.076.574; MIRNA ESCOBAR,
C.I.Nº 5.115.286 MIREYA DÍAZ DE S., C.I.Nº 5.115.715; MARITZA
OVIEDO C.I.Nº 5.116.864; MARLENE COA, C.I.Nº 5.117.243; ADELISA DE
NICOLO, C.I.Nº 5.117.863; ADALGISA ORTEGA C.I.Nº 5.134.230; LORENZA
RODRÍGUEZ, C.I.Nº 5.134.655; AQUILINA CAICEDO, C.I.Nº 5.138.277;
TAMARA LAZZARA, C.I.Nº 5.138.513; EVARISTO DE LUIGI, C.I.Nº
5.147.595; ARTURO GUTIÉRREZ, C.I.Nº 5.148.849; JOSÉ AGUILAR, C.I.Nº
5.150.170; KIPPER A. BRICEÑO R., C.I.Nº 5.166.886; JOSÉ RAMÓN GUERERE,
C.I.Nº 5.172.614; LIDICE DEL C.RAMÍREZ, C.I.Nº 5.183.122; ENVIDA
ALVAREZ DE L., C.I.Nº 5.189.850; JOSÉ G. ARISTIMUÑO, C.I.Nº
5.192.521, AMANDA LÓPEZ, C.I.Nº 5.194.329; LUZ BRAVO, C.I.Nº
5.196.250; ESTEBAN LOBO, C.I.Nº 5.220.058; MARLENE CHIRINOS, C.I.Nº
5.223.775; XIOMARA MARTÍNEZ, C.I.Nº 5.255.015, ISAURA CHAPARRO,
C.I.Nº 5.282.895, MARITZA MOLINA, C.I.Nº 5.301.047, HELEN SINT YAGO
DE L., 5.302.808; ROLANDO MARTÍNEZ, C.I.Nº 5.303.612; ZOILA CRUZ,
C.I.Nº 5.316.101; MIGDALIA RUIZ DE M., C.I.Nº 5.318.829; FANY
BEATRIZ ORTEGA, C.I.Nº 5.324.651; ANTONIO ABREU, C.I.Nº 5.349.549;
NICOLAS GAMARRA, C.I.Nº 5.361.494; HÉCTOR CHAVEZ, C.I.Nº
5.373.059;ORLANDA S. DE HERRERA, C.I.Nº 5.373.745; JOAQUINA CRUCES R.;
C.I.Nº 5.382.065; LUIS PATIÑO, C.I.Nº 5.398.117; NIDIA MARCANO,
C.I.Nº 5.403.210; EUCLIDES LUGO, C.I.Nº 5.408.790; ANA E. LYON
CARVAJAL, C.I.Nº 5.409.833; IRSI YOLANDA LEON DE FERRER, C.I.Nº
5.412.744; JOSE RAFAEL BAZAN URQUIOLA, C.I.Nº 5.422.145; JUAN BAUTISTA
LUGO, C.I.Nº 5.424.529; PASCUAL PACHECO GONZALEZ, C.I.Nº 5.425.559;
LUIS R. PEREZ GARCÍA, C.I.Nº 5.428.077; CLETA M. AREVALO DE REYES,
C.I.Nº 5.429.515, ROSSANA HOSEIN, C.I.Nº 5.433.652; LEWY E. BOLÍVAR
DE BLANCO, C.I.Nº 5.440.048; NELLY J. LLOVERA G. C.I.Nº 5.443.525;
ELDA HERNANDEZ, C.I.Nº 5.447.134; RLANDO E. BENITEZ GARCÍA, C.I.Nº
5.452.709; NORAIDA M. GONZÁLEZ LARA, C.I.Nº 5.455.710; RAQUEL DÍAZ DE
SALAZAR, C.I.Nº 5.469.249; PETRA M. ROJAS DE SUAREZ, C.I.Nº
5.473.298; RAWELL SANCHEZ CAMPOS, C.I.Nº 5.483.890; GLADYS RODRÍGUEZ
BETANOURT, C.I.Nº 5.520.818; HENRY PEÑA HERNANDEZ, C.I.Nº
5.524.180; GUSTAVO JOSE GONZALEZ URBINA, C.I.Nº 5.525.824; CANDIDA DE
ABREU GÓMEZ, C.I.Nº 5.527.256; NERIO SEGUNDO FERRER VERA, C.I.Nº
5.528.390; SUSANA ELENA MENDEZ DE SMITH, C.I.Nº 5.538.954; DORIS I. KEY
DE CASTRO, C.I.Nº 5.568.991; AGNES FRANKA, C.I.Nº 5.591.619;
MARLENE ADAMES DE SALAS, C.I.Nº 5.597.677; SIMÓN LLOVERA A, C.I.Nº
5.601.002; ELIZABETH CARTAZA DE ASCANIO, C.I.Nº 5.611.402; ELEINE MARILYN
SCORZZA ZULETA, C.I.Nº 5.616.301; BENITO ALVAREZ ALVAREZ, C.I.Nº
5.618.327, ANA C. ZAMBRANO DE CAMERO, C.I.Nº 5.641.365; MARÍA T. CARRERO
U., C.I.Nº 5.659.505; MARISABEL PAZO LÓPEZ, C.I.Nº 5.696.307;
OMAIRA BETANCOURT DE GUTIERREZ, C.I.Nº 5.700.745; LAURA M. BARBOZA, C.I.Nº
5.738.271; LUISA TRAVIESO GONZALEZ, C.I.Nº 5.743.975; GLADYS M. DELGADO
B., C.I.Nº 5.802.678; RAMONA DEL C. GONZALEZ SANCHEZ, C.I.Nº
5.806.031; VICENTE EURIPIDES RODRÍGUEZ, C.I.Nº 5.810.302; MARTIZA J. PAZ
B. C.I.Nº 5. 817.010; LINDA E. FERNANDEZ, G., C.I.Nº 5.819.081;
IRIS CHOURIO LARES DE MONTIEL, C.I.Nº 5.828.062; YASMERY J. MAVAREZ DE
ESPINOZA, C.I.Nº 5.852.882; YELITZA CAMPOS DE HERNANDEZ, C.I.Nº
5.854.278; MILDRED J. MATOS VILLEGAS, C.I.Nº 5.963.165; YAJAIRA CRUZ
SOJO, C.I.Nº 5.964.249; ADELAIDA GONZALEZ DE LANDAETA, C.I.Nº
5.992.975, MANUELA TANCREDI, C.I.Nº 6.005.134, VELMIR NEDELJKOVIC,
C.I.Nº 6.023.088; MARÍA I. AYALA DE PADILLA, C.I.Nº 6.038.521; JUAN
JOSÉ MONTES, C.I.Nº 6.049.935, ROMULO RAMOS, C.I.Nº 6.054.760;
EDGAR MONTERROSA, C.I.Nº 6.071.574, FLORENCE LEGUES E. C.I.Nº
6.074.155; FREDDY EVIES, C.I.Nº 6.075.043; FELIPA NAVARRETE; C.I.Nº
6.077.920; MARÍA PARRA DE ORTEGA, C.I.Nº 6.078.251; JUAN DE JESÚS
HIDALGO, C.I.Nº 6.095.370; MIGUEL DURAN REYES, C.I.Nº 6.099.668;
CATALINA LAGARES; C.I.Nº 6.104.506; FRANCISCO VASALLO, C.I.Nº
6.104.908; OLGA VEGA, C.I.Nº 6.108.406; JORGE GARCÍA, C.I.Nº
6.109.847, MARÍA MILAGROS LEON, C.I.Nº 6.111.351; ZOILA AVILA,
C.I.Nº 6.123.326; GLORIA BELLO, C.I.Nº 6.126.612; LUIS CONTRERA R.,
C.I.Nº 6.126.792; ELSY LÓPEZ, C.I.Nº 6.131.749; MAURO OTTATI
CARRATO, C.I.Nº 6.132.692; EVA EMILIA FERNÁNDEZ, C.I.Nº 6.136.113;
GREGORIO QUIÑONES, C.I.Nº 6.136.844; ANA MARÍA CARBALLEDO, C.I.Nº
6.139.740; URIEL HENAO, C.I.Nº 6.140.253; SERAFÍN BOUTUREIRA,
C.I.Nº 6.142.099, FELICIANO CASTILLA, C.I.Nº 6.142.825; SIMY COHEN,
C.I.Nº 6.144.066; GLADYS NAVARRO; C.I.Nº 6.165.491; JOSÉ MARONO
ALLENDE, C.I.Nº 6.168.703; ALEJANDRINO CANSECO, C.I.Nº 6.175.796;
CARLOS VIÑAS, C.I.Nº 6.186.595; NEVILLE CORNWELL. C.I.Nº 6.191.732;
GIUSSEPPE SCANGA, C.I.Nº 6.202.882, MELIAN SANTIAGO, C.I.Nº
6.206.775; MIRIAM PEINADO DE KIUHAN, C.I.Nº 6.226.936; DENIS COLLAZOS
MOLINA, C.I.Nº 6.231.109; IANTHE SIFONTES, C.I.Nº 6.233.317; MARCOS
DE CAMPOS OSORIO, C.I.Nº 6.235.313, JOSE HUMBERTO ENRIQUEZ MURILLO,
C.I.Nº 6.235.666; IANNI GENNARO, C.I.Nº 6.236.734; VICENZA
LAGRASTA,DE BAT, C.I.Nº 6.248.619; BERNADETTE CURNEUX, C.I.Nº
6.255.616; SIGFREDO DE J. TAMAYO, C.I.Nº 6.279.589; PEDRO GALAN GAMBOA,
C.I.Nº 6.293.709; ALDA QUINTI DE MALDONADO, C.I.Nº 6.324.967;
ECKSTEIN ALLEYENE, C.I.Nº 6.335.799; LUIS EDUARDO MEJIAS GARCÍA,
C.I.Nº 6.356.641; LEONARDO ZAA RODRÍGUEZ, C.I.Nº 6.359.587; AMERICO
BETANCOURT, C.I.Nº 6.371.029, LUISA DÍAZ PÉREZ, C.I.Nº 6.371.770;
JHONNY RAMÓN AGUILERA GUERERO, C.I.Nº 6.371.918; LEYDA AMPARO FERNADEZ
REYES, C.I.Nº 6.375.594, MARIA BOADA, C.I.Nº 6.376.802, ARNALDO
ONASSIS VEGA CASTRO, C.I.Nº 6.432.473; WILFREDO SALCEDO BRITO,
C.I.Nº 6.466.286; JAN REI, C.I.Nº 6.493.366; JUAN OSORIO,
C.I.Nº 6.496.884; NAIDA PALACIOS TORRES, C.I.Nº 6.520.452; ELISA
CABEZAS DE RONDÓN, C.I.Nº 6.545.438; ELODIA GUTIERREZ, C.I.Nº
6.676.213; LARITZA BERNAL, C.I.Nº 6.909.730; BERTHA SEPTIEN ALFONSO,
C.I.Nº 6.979.452, YANET MENDOZA PINTO, C.I.Nº 7.064.674; MARÍA PEÑA
DE NUÑEZ, C.I.Nº 7.162.493; CRISTINA P. DE REYES, C.I.Nº 7.167.003;
EDUARDO PANAIT KOTOWINTZ, C.I.Nº 7.168.901; MARITZA OJEDA DE CONDE,
C.I.Nº 7.186.363; ANTONIO D SOUZA, C.I.Nº 7.195.493; ROSEMARIE BLANCO DE LOZANO,
C.I.Nº 7.242.871; GIOVANNI CASTALDO CORBISIERO, C.I.Nº 7.263.423; LUIGI
CHIECCHI VITO, C.I.Nº 7.270.901; ZAIDA
BALLET GUEVARA, C.I.Nº 7.282.275; REINA JIMÉNEZ, C.I.Nº 7.300.821; MARTINA DEL
C. CORDERO, C.I.Nº 7.311.902; PACIÓN MANZANILLA DE ANGULO, C.I.Nº 7.336.488; FREDDY
R. CALDERON AMESTY, C.I.Nº 7.608.330; MARÍA DE PIRELA, C.I.Nº 7.667.654; NELIDA
URDANETA DE VILLALOBOS, C.I.Nº 7.804.042; HILDRED ELOISE GREEN, C.I.Nº
7.957.543; HUGO DÍAZ SANTOS, C.I.Nº 8.043.131; GUADALUPE PERNÍA DE ROCIO,
C.I.Nº 8.092.542; GLADYS YOLANDA GARCÍA GUERRERO, C.I.Nº 8.093.435; JAIME DE J.
ZAPATA CUERVO, C.I.Nº 8.152.044; MAGALYS J. CEDEÑO CEDEÑO, C.I.Nº 8.303.018;
MIGUEL A. MALAVE MALAVE, C.I.Nº 8.308.286; ALFONSO SCUDIERO CHECHILE, C.I.Nº
8.310.812; GILBERTO CEDEÑO, C.I.Nº 8.520.172; NICOLÁS HERRERA, C.I.Nº
8.661.912; MARÍA M. DE GARCÍA, C.I.Nº 8.753.291; VICENIO SANTARELLI D, C.I.Nº
8.838.915; NORMA JOSEFINA HURTADO, C.I.Nº 8.852.715; MARÍA DE CARVAJAL, C.I.Nº
9.162.777; CIELO RODRÍGUEZ DE GUERERE, C.I.Nº 9.185.253; GIUSEPPE CARFI, C.I.Nº
9.539.890; LUIS BAYONA, C.I.Nº 9.709.981; SEVERINO BARROS SÁNCHEZ, C.I.Nº
9.895.451; EDUARDO MORALES, C.I.Nº 9.915.236; ANTONIO MORENO, C.I.Nº
10.668.973; SANDRA ODOARDI DE PALMIERI, C.I.Nº 10.792.550; HILDA M. VEGA DE
JESÚS, C.I.Nº 10.812.527; GONZALO JIMÉNEZ G., C.I.Nº 10.869.498; RAÚL A. GATICA
G., C.I.Nº 11.672.970; ANTONIO CARDILLO M., C.I.Nº 11.741.353; MICHELE VIDETTA
RUO, C.I.Nº 13.321.163; JUAN ARTURO ALARCÓN RÍOS, C.I.Nº 81.389.445; al
resultar inequívoca su condición de jubilados de la Compañía
Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela. Así se establece.
VI
CONSIDERACIONES FINALES
Una vez establecido por la Sala, el alcance de la
declaratoria de condena en la presente causa, debe referirse con relación a la
indexación o corrección monetaria, que pudiera recaer sobre los ajustes en las
pensiones de jubilación determinadas por la experticia complementaria del
fallo.
En ese sentido, fundamental
deviene para la Sala,
el exteriorizar su criterio jurisprudencial de fecha 11 de marzo de 2005, Adolfo
Rafael Manjarres Rodríguez contra I.B.M. de Venezuela, C.A., en el cual
reflejó:
“(…) El
fallo supra citado de fecha 17 de
marzo de 1993 (Camillius Lamorell contra Machinery Care y otro), consideró el
salario y las prestaciones sociales como deudas de valor, caracterizadas porque
sólo se cumplen fielmente cuando el deudor satisface la necesidad que esa
obligación está dirigida a cubrir, independientemente de que la suma de dinero
indispensable a tal fin, se haya incrementado por efecto de la disminución del
valor de cambio de la moneda, así la filosofía de ese fallo en su parte
medular se centraba en castigar a aquellas personas que sin tener argumentos
razonables para litigar, usaban abusivamente el proceso para perjudicar a la
parte actora, estimulando la litigiosidad judicial sobre la base de que si se
demandaba una cantidad de dinero y el proceso se prolongaba muchos años, era
rentable para el demandado retardarlo en atención a que cuando tenía que
cancelar en definitiva, lo hacía pagando una cantidad de dinero irrisoria en
comparación con el valor de la moneda para el momento de introducción de la
demanda.
La
corrección monetaria que se venía aplicando a los juicios del trabajo por vía
jurisprudencial, fue recogida en el artículo 92 de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela y posteriormente en el
artículo 185 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo, con vigencia plena a
partir del 13 de agosto de 2003, excepción hecha de la vigencia diferida en
aquellos Circuitos Judiciales del Trabajo que así lo requerían, el cual
establece:
“Igualmente, procederá la
indexación o corrección monetaria sobre las cantidades condenadas, la cual debe
ser calculada desde el decreto de ejecución hasta su materialización,
entendiéndose por esto último la oportunidad de pago efectivo.”.
Con
fundamento en los criterios expuestos y en la norma parcialmente transcrita, la Sala en ejercicio de su labor
interpretativa, fundamentada en la justicia y equidad, humanizando el proceso,
ratifica su doctrina establecida en sentencias números 12 y 287, de 6 de
febrero de 2001 y 16 de mayo de 2002, respectivamente, en las cuales se
estableció que la corrección monetaria debe calcularse desde la fecha de
admisión de la demanda hasta la fecha de ejecución de la sentencia, entendida
como la fecha del efectivo pago, excluyendo únicamente el lapso en que el
proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes. Así mismo se ratifica
la doctrina establecida en sentencia número 744, del 1º de marzo de 2005, según
la cual el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, consagra el
deber que tiene el juez de sustanciación, mediación y ejecución de ordenar
“nuevo ajuste por inflación” en aquellos casos en que liquidada la condena el
ejecutado no cumpliera con la misma, lo cual es una consagración legislativa de
la evolución jurisprudencial del criterio de la Sala sobre la corrección monetaria.
En
atención a lo anterior, la corrección monetaria debe aplicarse en los términos
expuestos, no obstante, en aquellas causas en las cuales existan motivos
razonables para litigar por parte del demandado porque el derecho ha sido
fundadamente discutido y no se trate de una deuda de valor, como en el presente
caso en lo que se refiere al bono stand
by nocturno, no procede la indexación, en cuyo caso el Juez consultando lo
más equitativo y racional en obsequio de la justicia y la imparcialidad,
ponderará si el demandado tuvo motivos racionales para litigar o si por el
contrario actuó con temeridad y mala fe, debiendo exponer los motivos de hecho
y de derecho en que funde tal apreciación para eximir al demandado de la
indexación monetaria sobre la cantidad condenada en la definitiva.
Por las
razones antes expuestas, esta Sala considera que en el presente caso no procede
la indexación judicial sobre la cantidad de Bs. 21.345.354,56, por concepto de
bono stand by nocturno. Así se establece.” (Subrayado actual de la Sala).
Ahora, observa la Sala, que en el caso en
concreto la pretensión inicial se fundamenta en el ajuste de la pensiones de
los jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela,
en correspondencia con los aumentos salariales previstos en las Cláusulas 28 de
los Convenios Colectivos de Trabajo, vigentes a los períodos del 01-01-93 al
31-12-94 y del 01-01-95 al 31-12-96, como el reconocimiento del derecho a
percibir los incrementos salariales insertos en futuras convenciones colectivas,
en idénticas condiciones que las del personal activo de la empresa demandada.
En ese orden se adujo, que la
empresa C.A.N.T.V, ya privatizada, reconoció la aplicabilidad del artículo 27
de la Ley del
Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o
Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y
de los Municipios, y en cumplimiento de esa norma procedió a cancelar a todos
sus jubilados y pensionados, el aumento general previsto en la Cláusula 32 del
Contrato, según consta en oficio N° 910940, de fecha 28 de octubre de 1991, el
cual responde al siguiente tenor: “b) El
artículo 27 de la Ley
del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o
Empleados de la Administración Pública Nacional de los Estados y
de los Municipios, consagra en su parte final que los beneficios salariales
obtenidos a través de la contratación colectiva para los trabajadores activos,
se harán extensivos a los pensionados y jubilados de los respectivos organismos
y en acatamiento a tal disposición, se ordenó la cancelación a todos los
jubilados y pensionados de la C.A.N.T.V.
del aumento general previsto en la cláusula 32 del Contrato Colectivo,
incrementándose así en Bs. 2.400 la pensión de cada uno de los beneficiarios”.
No obstante, constata la Sala, que para el 28 de
octubre de 1991, fecha del oficio N° 910940, al cual se hace referencia, aun no
se había verificado la privatización de la C.A.N.T.V., pues del documento de compraventa de
acciones se evidencia que la misma (la privatización), tuvo lugar en el mes de
diciembre de 1991.
En ese sentido, no podía la
demandada valorar a priori como un
derecho adquirido, el petitum relacionado
con el ajuste de las pensiones, pues esta, una vez privatizada, ni validó ni ejecutó
el mismo (el ajuste) en las pensiones de sus jubilados.
Ello se
afianza en el hecho que ni del Anexo “C”, intitulado “Plan de Jubilaciones” del
Contrato Colectivo de Trabajo de 1993, ni del depositado en 1995, existe
cláusula o estipulación alguna que permita concluir que la C.A.N.T.V., tuviese la
obligación de revisar automáticamente las pensiones de los jubilados y pensionados,
cuando se produjesen aumentos salariales para el personal activo de dicha
empresa, producto de las Convenciones Colectivas de Trabajo.
Por tanto, existían en la
demandada razones justificadas para rechazar la pretensión y discutir en el
plano jurisdiccional el derecho reclamado, todo, al rigor de la jurisprudencia
transcrita precedentemente.
Así, esta Sala considera que
en el presente caso, no procede la indexación judicial sobre las cantidades que
deriven de los ajustes a las pensiones de los jubilados de la Compañía
Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, en el marco de la
experticia complementaria del fallo ordenada.
Por último, quiere reafirmar
esta Sala, que la presente decisión responde al criterio vinculante establecido
por la sentencia Nº 3, de fecha 25 de enero de 2005, proferida por la Sala Constitucional
de este Tribunal Supremo de Justicia, y en ese orden, no desplegará los efectos
previstos en el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para casos
análogos. Así se declara.
DECISIÓN
En virtud de los razonamientos antes
expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social
(accidental), administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley
declara: 1) CON LUGAR la demanda que
como jubilados interesados propusieron los
ciudadanos Luis Rodríguez Dordelly, Nelly Colmenares de Mendoza, Aura Méndez,
Carmen de Pisani, Gladys Fuentes, María Morales, María Gutiérrez, Ramón Loreto,
Jesús Miliam Espinoza, Juan José Battaglini, Guillermo Rojas Chirinos, José
Chacón, Gavriel Vitoria, Ramona de Estrada y Felipe Marcano, titulares de las cédulas de identidad números 2.107.302,
2.082.782, 2.117.564, 1.859.550, 144.439, 3.728.047, 1.660.802, 1.888.140,
1.495.840, 1.812.677, 1.415.194, 4.630.885, 3.232.501, 1.906.617 y 2.962.354,
respectivamente; 2) Se extienden los efectos de la presente decisión a los
ciudadanos identificados en su parte motiva, es decir, aquellos a que se
contraen las instrumentales anexas a los folios 91 al 240 de la pieza Nº 6 del
expediente, resultando incuestionable su condición de jubilados de C.A.N.T.V.;
3) Se extienden los efectos del actual fallo a los restantes ciudadanos que
detenten la condición de jubilados de C.A.N.T.V., lo cuales deberán adherirse
en los términos antes señalados y; 4) Se extienden los efectos de la presente
sentencia a los sobrevivientes de los jubilados, debiendo estos igualmente
adherirse en el marco de los parámetros previamente estimados.
Dada
la naturaleza de la presente decisión, no hay expresa condenatoria en costas.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Coordinadora Judicial
de la Unidad
de Recepción y Distribución de Documentos de la
Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana de Caracas, con sede en el Edificio José María Vargas.
Dada,
firmada y sellada en la Sala
de Despacho de la Sala
de Casación Social accidental del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a
los veintiséis (26) días del
mes julio del año 2005. 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
El Presidente de la Sala
y Ponente,
_______________________________________
LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ
La Vicepresidente, Magistrada Suplente,
_________________________________ _______________________________
CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA BETTY
JOSEFINA TORRES DÍAZ
Conjuez, Conjuez,
______________________________ ______________________
INGRID GUTIÉRREZ
DOMÍNGUEZ HILEN DAHER RAMOS
El
Secretario,
JOSÉ
E. RODRÍGUEZ NOGUERA
R.Avoc. N° AA60-S-2005-000545
Nota: Publicada en su fecha a