TRIBUNAL   SUPREMO   DE   JUSTICIA.   SALA   DE   CASACIÓN   SOCIAL.-

Caracas, veintisiete (27) de julio de 2012. Años: 202º y 153º.-

 

                  En el juicio que por cobro de prestaciones sociales y ortos conceptos laborales, sigue la ciudadana YESSICA DE LOS ÁNGELES PALACIOS, representada judicialmente por los abogados Oscar Delgado Álvarez, Orlando Rafael Aponte y Jully Karina Cárdenas Bonilla, contra la sociedad mercantil CERVECERÍA MOLINERO COMPAÑÍA ANÓNIMA, representada judicialmente por los abogados Juan Isidro Medina, Alejandro Amaral Gómez, Elimar Uribe Jaimes, Carmen Yrene Velandia, Paola Yosibell Linares Puchete y Neida Nakary Carrasco Álvarez; el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo en apelación, dictó sentencia definitiva en fecha 17 de mayo de 2012, mediante la cual declaró: 1°) parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la decisión proferida en fecha 8 de diciembre de 2011, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y 2°) parcialmente con lugar la demanda incoada.

 

                  Contra la decisión emitida por la Alzada, en fecha 24 de mayo de 2012, la representación judicial de la parte demandada interpuso recurso de control de la legalidad, siendo remitido el expediente a esta Sala de Casación Social.

 

                  En fecha 14 de junio de 2012, se dio cuenta en Sala designándose ponente al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.

 

                  Siendo la oportunidad procesal, se pasa a decidir el presente recurso bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, conforme las consideraciones siguientes:

 

Ú N I C O

De conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es potestad de esta Sala de Casación Social revisar por vía de control de la legalidad, aquellas decisiones proferidas por Juzgados Superiores del Trabajo, que no siendo recurribles en casación, violenten o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral.

 

Ahora bien, dada la naturaleza extraordinaria del recurso, corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 eiusdem, la admisibilidad del mismo, especialmente, para aquellas circunstancias donde se hallen violentadas o amenazadas disposiciones de orden público laboral.

 

En tal sentido, debe entenderse que tales quebrantamientos o amenazas, irrumpen las instituciones fundamentales del derecho sustantivo del trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que menoscaban el debido proceso y el derecho a la defensa.

 

En el caso bajo estudio, denuncia la parte demandada recurrente la violación de los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales consagran el derecho a una tutela judicial efectiva y la garantía al debido proceso, así como la infracción de los artículos 10, 60 y 65 de Ley Orgánica del Trabajo, en donde se establece que las disposiciones de la Ley son de orden público y que por tanto no pueden ser relajadas por las partes, ni aún por el Juez actuando de oficio; la obligación de decidir conforme a las fuentes del derecho laboral y la presunción de la relación laboral entre quien presta un servicio y otro que lo reciba.

 

Así las cosas, señala quienes recurren que la sentencia es manifiestamente falsa y errada y su consecuencia es gravísima, puesto que el Juez Ad Quem se apartó de decidir conforme a los alegado y probado por las partes, extrayendo de la fantasía unos argumentos que la demandada nunca aportó.

 

Por otra parte, delatan los recurrentes que la sentencia impugnada es contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala de Casación Social, establecida en sentencias Nros. 444 de fecha 10 de julio de 2003, 366 de fecha 9 de agosto de 2000 y 114 de fecha 31 de mayo de 2001, en las cuales se establece de forma clara que los hechos alegados en el libelo que no sean rechazados y negados expresamente en la contestación, se tendrán por admitidos, siendo en el caso concreto rechazados y negados uno por uno y dando los motivos de cada rechazo, por lo cual, al existir el rechazo y negación de la relación laboral, porque nunca trabajó la demandante para la empresa accionada, la carga de la prueba caía en cabeza de la trabajadora.

 

Así las cosas, examinados como han sido los argumentos expuestos por la parte recurrente, así como la sentencia impugnada y las restantes actas que conforman el presente expediente, considera esta Sala que la decisión recurrida no incurrió en violación de normas de orden público que en definitiva transgredirían el estado de derecho, en consecuencia, resulta innecesario desplegar la actividad jurisdiccional de la Sala, para ejercer el control de la legalidad de dicho fallo. Tal declaratoria resulta cónsona con lo establecido en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, toda vez que la potestad revisora conferida a esta Sala se ejerce de forma discrecional y excepcional.

 

Conforme a lo anterior, esta Sala concluye que el recurso de control de la legalidad debe declararse inadmisible. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

                  Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República, y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad intentado por la parte demandanda, contra la sentencia de fecha 17 de mayo de 2012, emanada del el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

                  No hay expresa condenatoria en costas del proceso, dada la naturaleza de la presente decisión.

 

                  Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial arriba identificada. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, en conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente,                                                 Magistrado,

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ                   JUAN RAFAEL PERDOMO

 

Magistrado,                                                      Magistrada,

 

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ALFONSO VALBUENA CORDERO        CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

El Secretario,

 

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MARCOS ENRIQUE PAREDES

 

 

C.L. N° AA60-S-2012-000883

Nota: Publicada en su fecha a 

 

 

 

                                                                                              El Secretario,