SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Caracas,  diez (10)  de julio de 2008. Años: 198° y 149°.

 

                   En el juicio que por diferencias de cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, sigue el ciudadano ANTONIO JOSÉ APONTE BIROT, representado judicialmente por los abogados José Gregorio Hurtado, Bladimir Vivenes Lezama y Alejandro Paiva, contra la sociedad de comercio TUBOS DE ACERO DE VENEZUELA, S.A. (TAVSA), representada judicialmente por los abogados Justo Rafael Castillo Martínez, Flavio Zarins Wilding, Ada María Millán Castro, Fabiola González Valladares, Alfred Hung Rivero, Eligio Rodríguez Marcano, Laura Elena Farina García, María Gabriela Luongo y Maximiliano Hernández; el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, extensión territorial Puerto Ordaz, mediante decisión de fecha 6 de marzo de 2008, declaró: 1) con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandante; 2) parcialmente con lugar la demanda interpuesta y; 3) se revoca el fallo de fecha 24 de abril de 2007, dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, que declaró sin lugar la demanda incoada.

 

                   Contra la decisión emitida por la Alzada, la representación judicial de la parte demandada interpuso recurso de control de la legalidad, siendo remitido el expediente a esta Sala de Casación Social.

 

                   En fecha 10 de abril de 2008, se dio cuenta en Sala designándose ponente al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.

 

                   Siendo la oportunidad procesal, se pasa a decidir el presente recurso bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, conforme las consideraciones siguientes:

 

 

Ú N I C O

 

                   Establece el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo:

 

Artículo 178: El Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos fallos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aún y cuando no fueran recurribles en casación, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación.

En estos casos, la parte recurrente podrá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del fallo ante el Tribunal Superior del Trabajo correspondiente, solicitar el control de la legalidad del asunto, mediante escrito, que en ningún caso excederá de tres (3) folios útiles y sus vueltos.

 

El Tribunal Superior del Trabajo deberá remitir el expediente a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de manera inmediata; la cual, una vez recibido el expediente, decidirá sumariamente con relación a dicha solicitud. En el supuesto que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social decida conocer del asunto, fijará la audiencia, siguiendo el procedimiento establecido en el Capítulo anterior. La declaración de inadmisibilidad del recurso se hará constar en forma escrita por auto del Tribunal, sin necesidad de motivar su decisión. De igual manera, estará sujeto a multa el recurrente que interponga el recurso maliciosamente, hasta un monto máximo equivalente a ciento veinticinco unidades tributarias (125 U.T.). En este último caso, el auto será motivado. Si el recurrente no pagare la multa dentro del lapso de tres (3) días, sufrirá arresto en jefatura civil de quince (15) días.”.

 

 

 

                   Ahora bien, por razón de que el recurso de control de la legalidad es un medio de impugnación excepcional, se deben cumplir, para poder garantizar su admisibilidad, con los requerimientos formulados en la norma de la Ley Adjetiva Laboral reproducida en el párrafo precedente; a saber: 1) Que se trate de sentencias proferidas por Juzgados Superiores Laborales; 2) que éstas no sean impugnables en casación; 3) que violen o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral o procesal y/o 4) que resulten contrarias a la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Social.

 

                   Asimismo, es oportuno señalar, que tratándose como antes se expresó de un recurso de naturaleza extraordinaria, corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal Laboral, la admisibilidad del mismo, especialmente en aquellas circunstancias donde se pretenda la violación de disposiciones de orden público o de la jurisprudencia reiterada de la Sala.

 

                   En tal sentido, debe entenderse que tales quebrantamientos o amenazas irrumpen las instituciones fundamentales del derecho sustantivo del trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que menoscaban el debido proceso y derecho a la defensa.

 

                   En el caso bajo estudio, la representación judicial de la parte demandada recurrente, le atribuye a la sentencia impugnada la violación del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 59 y 60 de la Ley Orgánica del Trabajo, así como también denuncia la falta de pronunciamiento ante la duda interpretativa de la convención colectiva y el verdadero alcance de la Cláusula 9°, pues, en ningun momento se descendió a la interpretación de la cláusula novena objeto de controversia.

 

                   Explica el recurrente, que el Juzgador quebrantó el equilibrio procesal, por cuanto se abstiene de interpretar la norma que genera la controversia que debe dirimir, y finalmente, interpreta erróneamente el principio in dubio pro operario, pues, antes de analizar la norma, sin que hubiera arribado a duda razonable alguna y sin desechar la interpretación alternativa de TAVSA, sostiene que “resulta más favorable interpretar la norma en beneficio del trabajador”, reproduciendo -sin mayor fundamento- el criterio expresado por el actor en su libelo.

 

                   Denuncia el recurrente la inexistencia de un conflicto internomativo o de una duda razonada, y respecto a la aplicación indebida del principio in dubio pro operario, no era posible aplicar dicho principio, por dos razones fundamentales, en primer término, porque no existía duda razonable en cuanto a la interpretación de la cláusula 9° de utilidades, y en segundo término, por cuanto aun en el supuesto negado de que existiese alguna duda en cuanto a la interpretación de la cláusula, ésta tendría que resolverse mediante los mecanismos de interpretación previstos en el artículo 4 del Código Civil.

 

                   Por último, denuncia la violación a la doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Social referente al principio probatorio aplicable, para ello invoca las sentencias de la Sala de Casación Social de fecha 24/10/2001, sentencia ésta en la cual la Sala expresó que “la declaratoria de mero derecho de una causa implica el no analizar prueba alguna porque el punto litigioso no está referido a los hechos sino exclusivamente al derecho” Nº 4 de fecha 23 de enero de 2003.

 

                   Así pues, una vez examinado el presente caso, considera la Sala que en la sentencia recurrida no existe la violación del orden legal y jurisprudencial establecido, en consecuencia, de conformidad con el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se declara inadmisible el presente recurso de control de la legalidad. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

                   Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de la parte demandada, contra la sentencia emitida por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, extensión territorial Puerto Ordaz, en fecha 6 de marzo de 2008.

 

                   Dada la naturaleza de la presente decisión, no hay condenatoria en costas.

 

                   Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a los fines consiguientes. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, todo de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente,                                                             Magistrado,

 

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO                       ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

Magistrado,                                                                       Magistrada,

 

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ   CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

El Secretario,

 

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

C.L. Nº AA60-S-2008-000713

 

 

Nota: Publicada en su fecha a

 

 

 

 

 

 

El Secretario,