SALA DE CASACIN SOCIAL

Ponencia del Magistrado ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

En el juicio que por jubilacin y otros conceptos sigue el ciudadano LISANDRO ANTONIO GARCA ARMAS, representado judicialmente por los abogados Ramn Pereira Hernndez, Nelson Rodrguez Gmez y Hctor Rodrguez Rodrguez contra la COMPAA ANNIMA DE ADMINISTRACIN Y FOMENTO ELCTRICO (C.A.D.A.F.E.), representada judicialmente por los abogados Enrique Urdaneta Fontiveros, Francisco Fontiveros Casanova, Jos G. Casado Gmez, Manuel Parilli La Corte, Carlos Manuel Tern y Cristbal Arnao Mil De La Roca; el Tribunal Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripcin Judicial del rea Metropolitana de Caracas dict sentencia en fecha 30 de enero del ao 2006, siendo reproducida el da 06 de febrero del mismo ao, mediante la cual declar sin lugar el recurso de apelacin ejercido por la parte actora y sin lugar la demanda, confirmando as el fallo apelado.

 

Contra el fallo anterior anunci recurso de casacin el abogado Ramn Pereira Hernndez actuando en su carcter de apoderado judicial de la parte actora; el cual una vez admitido fue oportunamente formalizado. No hubo contestacin a la formalizacin.

 

Remitido el expediente, fue recibido en esta Sala de Casacin Social, dndose cuenta del asunto en fecha 09 de marzo del ao 2006, y en esa misma oportunidad se design ponente al Magistrado Alfonso Valbuena Cordero.

 

En la oportunidad fijada para la realizacin de la audiencia oral y pblica, concurrieron las partes y expusieron sus alegatos.

 

Concluida la sustanciacin con el cumplimiento de las formalidades legales, pasa esta Sala de Casacin Social a reproducir la sentencia dictada oralmente en fecha 14 de julio del ao 2006, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carcter la suscribe, previa las siguientes consideraciones:

 

RECURSO DE CASACIN

-I-

 

De conformidad con el ordinal 2 del artculo 168 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo, se denuncia como infringido por la recurrida el literal a) del artculo 60 de la Ley Orgnica del Trabajo por falsa aplicacin, y los artculos 3, 10, 59 y el encabezamiento del artculo 60 eiusdem, 5 y 9 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo, 10 de la Ley del Estatuto Sobre el Rgimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administracin Pblica Nacional, de los Estados y de los Municipios y 1 de su Reglamento, todos ellos por falta de aplicacin, en concordancia con los principios de proteccin laboral establecidos en los artculos 86 y 89 apartes 2, 3 y 4 de la Constitucin Nacional.

 

El formalizante sobre el particular seala lo siguiente:

 

Para dilucidar el punto esencial de la controversia el Juzgador ad quem aplic el artculo 4 del reglamento de jubilaciones de CADAFE, contenido en el anexo G de la Convencin Colectiva de Trabajo Nacional 1994-1997, vigente para el momento de extincin de la relacin laboral, que en su parte pertinente, expresa: Los trabajadores que reingresen a la Empresa y/o alguna de sus filiales, (.) se les reconocer los aos de servicios prestados en CADAFE con anterioridad a su reingreso de la misma forma y alcance que los aos de servicios prestados en CADAFE, en el entendido que para ser acreedor al beneficio de jubilacin, el trabajador reingresado deber cumplir quince (15) aos o ms de servicios ininterrumpidos en la Empresa, contados a partir de su reingreso efectivo a sta. (subrayado aadido).

 

En este sentido, an cuando con una redaccin bastante confusa sobre el requisito de los 15 aos de servicios ininterrumpidos del trabajador reingresado, fue con base a dicha disposicin contractual que el Sentenciador Superior fundament jurdicamente su decisin de confirmar el fallo de primera instancia y declarar sin lugar la demanda. En efecto, en la pagina 8 de la sentencia recurrida (CAPITULO V DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR), el Juzgador expres (se cita): Por lo tanto el denominado Reglamento de Jubilaciones y que se encuentra marcado G forma parte de la misma Convencin Colectiva y en consecuencia tiene el mismo rango de derecho objetivo que se formulan las partes dentro de la relacin laboral. En consecuencia, el indicar que el Reglamento de Jubilaciones tiene nicamente el carcter de norma reglamentaria, no es cierto, toda vez que la Sala de Casacin Social del Tribunal, as como la ms calificada doctrina ha sealado que la (sic) Convenciones Colectivas son ley entre las partes, es decir, es fuente de derecho objetivo para los intervinientes de una relacin laboral que se encuentran bajo su mbito de aplicacin. (fin de la cita)

 

Luego de transcribir el citado artculo 4 del Reglamento de Jubilaciones, el sentenciador expresa en la pgina 9 del fallo, lo que sigue: Es decir, que la misma clusula de la Convencin Colectiva que establece el rgimen de jubilaciones y pensiones, establece una limitante en relacin a aquellos trabajadores que deseen reingresar a la empresa, y quienes para poder optar a este beneficio se le exige un mnimo de quince aos de servicios prestados en forma ininterrumpida con anterioridad a su separacin de la compaa.

 

A continuacin, el sentenciador analiza las disposiciones pertinentes de la Ley del Estatuto Sobre el Rgimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administracin Pblica Nacional, de los Estados y de los Municipio, y sostiene en la pgina 10 del fallo: Como conclusin el derecho del trabajador est consagrado en el contenido de la Convencin Colectiva, en la cual se establece un lmite mnimo como requisito de disfrutar del (sic) beneficio de jubilacin, el haber prestado quince aos ininterrumpidos de servicio en la empresa. Se esta en este caso aplicando el principio de derecho del trabajo segn el cual al efectuar la aplicacin de una norma, la misma debe hacerse en forma integral y no extrayendo el contenido de diversas normativas sobre diversos particulares.

 

Y concluye el Sentenciador en el ltimo prrafo de la parte motiva, pgina 12 del fallo, en lo siguiente: Puede observarse que el ciudadano accionante prest servicios a la empresa durante los ltimos 6 aos y 11 meses, ocupando el cargo de Gerente de Licitacin y Contratos en la Direccin de Consultora Jurdica de CADAFE, -de particular importancia tcnica, jurdica y econmica dentro de la organizacin y funcionamiento de la empresa- siendo que este ltimo perodo resulta insuficiente para completar el lmite mnimo de quince aos establecido por la normativa de regulacin colectiva para ser beneficiario del beneficio (sic) de jubilacin.

 

Pues bien, con tales pronunciamientos que determinaron la declaratoria de sin lugar de la demanda, la recurrida incurri en la violacin del literal a) del artculo 60 de la Ley Orgnica del Trabajo por falta aplicacin, al darle prevalencia para la resolucin del caso a una disposicin del contrato colectiva con prescindencia de normas legales de orden pblico y contraria a principios constitucionales que orientan la proteccin del hecho social trabajo y consecuencialmente , infringi por falta de aplicacin el encabezamiento del mismo artculo 60 de la Ley Orgnica del Trabajo que establece que para la resolucin de un caso determinado deben aplicarse primeramente las disposiciones constitucionales y legales de carcter imperativo.

 

Ello as, de igual manera incurri la sentencia recurrida en la infraccin por falta de aplicacin de las siguientes normas constitucionales y legales de orden pblico que rigen la materia laboral: a) Artculos 86 y 89 de la Constitucin, el primero de los cuales garantiza en forma progresiva la proteccin a todos los habitantes de la Repblica contra vejez: y el segundo, que establece los principios de irrenunciabilidad de los derechos laborales, consagrando la nulidad de toda accin, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos; la aplicacin de la norma ms favorable al trabajador cuando hubiere dudas acerca de la aplicacin o concurrencia de varias normas, o en la interpretacin de una determinada norma; y califica de nulo y sin efecto alguno toda medida o acto del patrono contrario a la Carta Magna; b) Artculos 3, 10 y 59 de la Ley Orgnica del Trabajo y 5 y 9 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo, que desarrollan los dos primeros de la Ley Sustantiva y el primero de la Ley Adjetiva, los principio constitucionales de irrenunciabilidad de los derecho laborales que no pueden ser relajados por convenios particulares; y los dos ltimos de las citadas Leyes, el principio de la aplicacin de la norma ms favorable al trabajador. El contenido del supra transcrito prrafo del artculo 4 del Reglamento de Jubilaciones de CADAFE en que la recurrida fundament su decisin, atenta contra el principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador y es absolutamente nulo, ya que condiciona el requisito de tiempo de servicios para optar a la jubilacin de una manera tal, que en la practica se traduce en la exigencia de un lapso mayor del legalmente previsto, creando desigualdades y discriminaciones prohibidas por la Constitucin y las Leyes, c) Artculo 10 de la Ley del Estatuto Sobre el Rgimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administracin Pblica Nacional, de los Estados y de los Municipios, aplicable a CADAFE segn su artculo 2 y por remisin del contrato colectivo, que dispone: La antigedad en el servicio a ser tomada en cuenta para el otorgamiento de la jubilacin ser la que resulte de computar los aos de servicios prestados en forma ininterrumpida o no en organismos del sector pblico. En el caso presente se tiene, que el actor prest servicios durante 32 aos en organismos del sector pblico, por lo que es acreedor al beneficio de jubilacin; d) Artculo 1 del Reglamento de la citada Ley del Estatuto, que expresa que la jubilacin constituye un derecho vitalicio para los funcionarios y empleados al servicio de los organismos o entes que rige la Ley y se otorgar cumplidos como sean los extremos requeridos en la misma. Qued demostrado plenamente en autos que mi mandante rene los requisitos de edad cronolgica y tiempo de servicio para el otorgamiento de su jubilacin por parte de CADAFE.

 

Ahora bien, la violacin de los preceptos denunciados, tanto por falsa aplicacin como por falta de aplicacin, en los trminos que quedaron expresados, fue decisiva en el dispositivo del fallo publicado en fecha 06 de febrero de 2006, pues de no haber incurrido el sentenciador superior en tales vicios, de aplicar para la resolucin normas constitucionales y legales antes sealadas, hubiera conducido indefectiblemente a cambiar la suerte del proceso, con consecuencias distintas a las expresadas en el fallo recurrido, es decir, hubiese declarado CON LUGAR la demanda en todas sus partes.

 

Para decidir la Sala observa:

 

Como punto preliminar, el recurrente aduce que de acuerdo a los trminos en que qued trabada la litis, el punto esencial, objeto de la controversia, qued limitado a determinar, si CADAFE, como empresa del sector pblico y ltimo patrono del actor, est obligada a otorgarle el beneficio de jubilacin al ciudadano Lisandro Antonio Garca Armas con vigencia a partir del 31 de marzo del ao 2001, fecha en que el patrono acord unilateralmente prescindir de sus servicios, atendiendo a que el trabajador labor por ms de 32 aos en organismos del sector pblico de los cuales 25 aos y 5 meses fueron dentro de la empresa demandada, distribuidos en 2 perodos: el primero desde el 01/12/66 hasta el 06/06/85, es decir, 18 aos y 6 meses ininterrumpidos; y el segundo, a partir de su reingreso, desde el 15/07/94 hasta el 31/03/2001, es decir, 6 aos y 11 meses.

 

Pues bien, en concordancia con lo precedentemente expuesto, denuncia el formalizante que la violacin por falsa aplicacin del literal a) del artculo 60 de la Ley Orgnica del Trabajo, ocurri cuando la recurrida aplic para la resolucin del caso en concreto, el artculo 4 del Reglamento de Jubilaciones de C.A.D.A.F.E., contenido en el anexo G de la Convencin Colectiva de Trabajo Nacional 1.994-1.997, vigente para el momento de extincin de la relacin laboral, el cual en su parte pertinente, expresa lo siguiente: Los trabajadores que reingresen a la empresa y/o alguna de sus filiales, () se les reconocer los aos de servicios prestados en CADAFE con anterioridad a su reingreso de la misma forma y alcance que los aos de servicios prestados en CADAFE, en el entendido que para ser acreedor al beneficio de jubilacin, el trabajador reingresado deber cumplir quince (15) aos o ms de servicios ininterrumpidos en la empresa, contados a partir de su reingreso efectivo a sta.

 

Dicha disposicin, a decir de quien recurre, es contraria a las disposiciones legales y constitucionales de proteccin laboral, contenidas tanto en el encabezamiento del artculo 60 de la Ley Orgnica del Trabajo, los artculos 3, 10 y 59 eiusdem, 5 y 9 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo, 10 de la Ley del Estatuto Sobre el Rgimen de Jubilaciones y Pensiones de los Estados y de los Municipios y 1 del Reglamento de la citada Ley, todos ellos infringidos por falta de aplicacin, en concordancia con los artculos 86 y 89 de la Constitucin Nacional.

 

Es as que seala el formalizante, que la recurrida al fundamentarse en el artculo 4 del Reglamento de Jubilaciones de CADAFE, contenido en el anexo G de la Convencin Colectiva de Trabajo Nacional 1.994-1.997, infringe por falta de aplicacin los artculos 3, 10 y 59 de la Ley Orgnica del Trabajo y 5 y 9 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo, pues dicha norma reglamentaria, condiciona el requisito de tiempo de servicio para optar a la jubilacin de una manera tal, que en la prctica se traduce en la exigencia de un lapso mayor al legalmente previsto, creando desigualdades y discriminaciones que atentan contra la Constitucin y las leyes. Asimismo, infringe por falta de aplicacin el artculo 1 del Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Rgimen de Jubilaciones y Pensiones de los Estados y de los Municipios, el cual expresa que la jubilacin constituye un derecho vitalicio para los funcionarios y empleados al servicio de los organismos o entes que rige la Ley y se otorgar cumplido como sea los extremos requeridos en la misma.

 

Por ultimo, aduce el formalizante, que la recurrida debi y no lo hizo aplicar el artculo 10 de la Ley del Estatuto Sobre el Rgimen de Jubilaciones y Pensiones de los Estados y de los Municipios, el cual dispone que La antigedad en el servicio a ser tomada en cuenta para el otorgamiento de la jubilacin ser la que resulte de computar los aos de servicios prestados en forma ininterrumpida o no en organismos del sector pblico.

 

Pues bien, visto lo planteado en la presente denuncia esta Sala estima necesario transcribir pasajes de la sentencia recurrida, lo cual hace de la siguiente manera:

 

El recurrente fundamenta su peticin a que le sea concedido el derecho a la jubilacin invocando lo establecido en la Convencin Colectiva suscrita por la COMPAA ANNIMA DE ADMINISTRACIN Y FOMENTO ELECTRIC (CADAFE) y sus empresas filiales. En tal sentido la Convencin Colectiva vigente en el perodo 1994-1997, es decir, en el perodo en el que se retir de la empresa el demandante, establece en su clusula 52; 1. La empresa conviene en mantener un Plan de Jubilacin, para beneficio de los trabajadores amparados por esta Convencin. 2. Las condiciones, normas y regulaciones a las que quedara sujeto el Plan de Jubilaciones sern las que, como Reglamento de Jubilaciones, se agrega como anexo G- de esta Convencin, y el cual es parte integrante y extensiva de la misma.. Por lo tanto el denominado Reglamento de Jubilaciones y que se encuentra marcado G forma parte de la misma Convencin Colectiva y en consecuencia tiene el mismo rango de derecho objetivo que se formulan las partes dentro de la relacin laboral. En consecuencia, el indicar que el Reglamento de Jubilaciones tiene nicamente el carcter de norma reglamentaria, no es cierto, toda vez que la Sala de Casacin Social del Tribunal Supremo de Justicia, as como la ms calificada doctrina ha sealado que la Convenciones Colectivas son ley entre las partes, es decir, es fuente de derecho objetivo para los intervinientes de una relacin laboral que se encuentran bajo su mbito de aplicacin.

 

En el referido reglamento de Jubilaciones se indica en su artculo 2, los limites de edad y de antigedad a los efectos de otorgar el beneficio de Jubilacin, en tal sentido se indica en el referido artculo lo siguiente: (omissis)

 

Sin embargo, en el artculo 4 de dicho Reglamento enmarcado dentro de la Convencin Colectiva (es decir, forma parte integrante de la misma) est previsto el clculo de tiempo de servicio de un trabajador en el supuesto de reingreso a la empresa;

 

(Omissis)

 

Es decir, que la misma clusula de la Convencin Colectiva que establece el rgimen de jubilaciones y pensiones, establece una limitante en relacin a aquellos trabajadores que deseen reingresar a la empresa, y quienes para poder optar a este beneficio se le exige un mnimo de quince aos de servicios prestados en forma ininterrumpida con anterioridad a su separacin de la compaa.

 

Invoca la representacin judicial de la parte apelante en su beneficio, el contenido del artculo 10 de la Ley del Estatuto sobre el Rgimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administracin Pblica Nacional, de los Estados y de los Municipios el cual establece: (omissis)

 

Es de observarse que el propio reglamento de la Convencin Colectiva se indica en su artculo 15: Todos los aspectos no contemplados en el presente Reglamento, referidos a los beneficios de jubilaciones, se regirn por las disposiciones legales vigentes. Igualmente, el artculo 27 de la Ley del Estatuto sobre el Rgimen de Jubilaciones y Pensiones establece; Los regmenes de jubilaciones y pensiones establecidas a travs de convenios o contratos colectivos seguirn en plena vigencia y en caso de que sus beneficios, sean inferiores a lo establecidos en esta Ley, se equipararn a la misma. Y sobre este particular, el artculo 4 de dicha Ley seala una excepcin a la aplicacin de la misma en lo referente a aquellos regmenes de empresas estatales que hayan establecido su propio sistema de jubilacin o pensiones.

 

En consecuencia, puede concluirse que las normas de la Ley del Estatuto sobre el Rgimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administracin Pblica Nacional, de los Estados y de los Municipios son supletorias a las normas de derecho objetivo pactadas por las partes a travs de la Convencin Colectiva. En dicha Convencin Colectiva se establece y regula claramente el supuesto del reingreso a la empresa por parte de un trabajador y su derecho a solicitar la jubilacin, y como quiera que se ha sealado en el artculo 2 del Reglamento de Jubilaciones que se exige un mnimo de 15 aos ininterrumpidos de prestacin de servicio en la empresa y/o sus filiales a efectos de ser acreedor del beneficio de jubilacin, tiempo mnimo requerido por ser esencial a la cualidad de ser acreedor de ese beneficio, es decir, las partes cuando establecieron el beneficio de jubilacin redujeron el tiempo de antigedad a un mnimo de 15 aos siempre y cuando estos tuviesen la cualidad de ser ininterrumpidos, ello para permitir a la empresa poder administrar con prudencia y suficiente previsin las cargas y pasivos laborales que derivaban del plan de jubilacin, entre otras razones para establecer dicho requisito.

 

A efectos de determinar que normativa le es aplicable al demandante cono norma ms favorables, en lo referente a la forma de clculo y otorgamiento del beneficio de jubilacin en relacin a la Convencin Colectiva, es de considerarse que no pueden considerarse (sic) para este particular el contenido de ambas disposiciones legales (Convencin Colectiva y Ley del Estatuto sobre el rgimen de Jubilaciones), pues la fuente primaria en cuanto a la regulacin de este rgimen para los trabajadores de la COMPAA ANNIMA DE ADMIISTRACIN Y FOMENTO ELCTRICO (CADAFE) es la que emana de la Convencin Colectiva y su denominado anexo G- contentivo del Reglamento de Jubilaciones, el cual tiene igual rango que el resto de la disposiciones de la Convencin Colectiva de acuerdo a lo previsto en la clusula 52 de la referida Convencin; y en caso que en la misma no este regulado algn particular o alguna situacin especial, es que se debe acudir en forma supletoria a la Ley del Estatuto sobre el Rgimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administracin Pblica Nacional, de los Estados y de los Municipio, en todo caso esta Ley lo que establece es la obligatoriedad que existe de que el rgimen de jubilaciones y pensiones se haga de manera contributiva, razn por la cual en el artculo 14 del Plan de Jubilaciones, que forma parte integrante de la Convencin Colectiva de Trabajo Nacional de la empresa vigente en el perodo 2001-2003, se establece el rgimen contributivo en los trminos ah expuestos de conformidad con lo dispuesto en la referida Ley.

 

Como conclusin el derecho del trabajador est consagrado en el contenido de la convencin Colectiva, en la cual se establece un lmite mnimo como requisito de disfrutar del beneficio de jubilacin, el haber prestado quince aos ininterrumpidos de servicio en la empresa. Se esta en este caso aplicando el principio de derecho del trabajo segn el cual al efectuar la aplicacin de una norma, la misma debe hacerse en forma integral y no extrayendo el contenido de diversas normativas sobre diversos particulares.

 

De la transcripcin precedentemente expuesta, constata esta Sala de Casacin Social que ciertamente, el sentenciador de alzada, estableci que el rgimen de jubilaciones o pensiones contenido en la Convencin Colectiva de Trabajo del ao 1.994-1.997 y su Reglamento, deban aplicarse preferentemente a la presente causa por disposicin expresa de la Clusula 15 de dicha Convencin y del artculo 27 de la Ley del Estatuto sobre el Rgimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administracin Pblica Nacional de los Estados y de los Municipios, vigente al momento de la terminacin de la relacin de trabajo.

 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, determin, que al no haberse cumplido los extremos del artculo 4 del Reglamento de Jubilaciones de CADAFE, contenido en el anexo G de la Convencin Colectiva de Trabajo Nacional 1.994-1.997, el ciudadano Lisandro Antonio Garca Armas no tena el derecho de optar al beneficio de jubilacin, pues a pesar de tener una antigedad de 25 aos y 5 meses dentro de CADAFE, para el perodo comprendido despus de su reingreso a la empresa, slo tena una antigedad de 6 aos y 11 meses y no de un mnimo de 15 aos ininterrumpidos, como as lo exige la norma reglamentaria .

 

Es decir, segn la clusula 4 del Reglamento de la Convencin Colectiva de Trabajo, para que un trabajador opte por el beneficio de jubilacin, en el supuesto de hecho de reingreso a la empresa, deber permanecer dentro de ella durante un mnimo de 15 aos ininterrumpidos; disposicin que sin dudas quebranta lo dispuesto en la Ley del Estatuto sobre el Rgimen de Jubilaciones y Pensiones en su artculo 10, el cual seala que: La antigedad en el servicio a ser tomada en cuenta para el otorgamiento del beneficio de la jubilacin ser la que resulte de computar los aos de servicios prestados en forma ininterrumpida o no, en organismos del sector pblico. La fraccin mayor de ocho meses se computar como un ao de servicio, (subrayado y negritas de la Sala); norma que debe aplicarse al presente caso atendiendo a los postulados constitucionales sobre la materia, pues es la norma mnima de superior rango, que beneficia al trabajador en cuanto los requisitos de procedencia para optar al beneficio de jubilacin.

 

En este caso en particular, como la norma reglamentaria contenida en el anexo de la Convencin Colectiva (artculo 4), desmejora la condicin del trabajador, la sancin es obviamente la ineficacia de la misma, aplicndose por consiguiente la normativa contenida en la Ley del Estatuto Sobre el Rgimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administracin Pblica Nacional de los Estados y de los Municipios.

 

Ahora bien, observamos en el caso que nos ocupa, un punto muy controversial en el derecho del trabajo, el cual no es otro que el problema que encierra la aplicacin del principio denominado de la norma ms favorable la cual forma parte del principio protector, al igual que las reglas de indubio pro operario y de la condicin ms beneficiosa con las que se complementan y con las que segn algunos autores, llega a confundirse.

 

Pues bien, previo al anlisis de las reglas que sirven de base para determinar a travs del principio de favor la norma ms beneficiosa para el trabajador, no debemos pasar por alto lo que la doctrina ha denominado jerarqua normativa, la cual constituye el ms elemental mecanismo para asegurar la aplicacin de unas normas sobre otras.

 

Dicha jerarqua normativa, proviene de la posicin orgnica que ocupe el sujeto del que nace la norma; la jerarqua es, esencialmente, una cuestin poltica o ms exactamente, de organizacin de los poderes y como tal regla de general aplicacin, est garantizada por la Constitucin, es decir, la primera jerarqua de la que arrancan todas las normas, es el respeto y sometimiento a la Constitucin tanto de los poderes pblicos como de los ciudadanos. La Constitucin es la norma jurdica, superior a cualquier otra, sea cual fuese su procedencia, y sern nulas las leyes que contradigan sus preceptos. Ahora, son las leyes, y las disposiciones con fuerza de ley, las que aparecen colocadas jerrquicamente a continuacin de la Constitucin; y luego vienen a continuacin las normas en que se plasma la potestad reglamentaria, que a su vez, estn sometidas al orden de jerarqua de sus rganos, segn lo establezcan las leyes y no podrn ser aplicados por los jueces si vulneran la Constitucin y las leyes, es decir, si vulneran el principio de jerarqua normativa.

 

Ahora bien, una de las caractersticas del derecho laboral es que, dentro de la profusin de sus fuentes, dos adquieren singular relevancia, como son, la norma internacional, en particular la proveniente de los convenios emanados de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) y la Convencin Colectiva de Trabajo, como fuente autnoma de derecho objetivo, tpicamente laboral. (Ermida Uriarte, Oscar. Formas de Accin Gremial en la Empresa).

 

En sintona con lo anterior, podemos decir que esta pirmide normativa o gradacin normativa en materia laboral, la encontramos en Venezuela en su artculo 60 de la Ley Orgnica del Trabajo, el cual seala que:

 

Artculo 60: Adems de las disposiciones constitucionales y legales de carcter imperativo, para la resolucin de un caso determinado se aplicarn, en el orden indicado:

a)La convencin colectiva de trabajo o el laudo arbitral, si fuere el caso;

b)     El contrato de trabajo;

c)Los principios que inspiran la Legislacin del Trabajo, tales como los contenidos explcita o implcitamente en declaraciones constitucionales o en los Convenios y Recomendaciones adoptadas en el seno de la Organizacin Internacional del Trabajo y en la jurisprudencia y doctrina nacionales;

d)     La costumbre y el uso, en cuanto no contraren las disposiciones legales ni los principio a que se refiere el literal anterior;

e)Los principios universales admitidos por el Derecho del Trabajo;

f)  Las normas y principios generales del Derecho; y

g)La equidad.

De la transcripcin de la norma precedentemente expuesta, se deduce, que en la cspide normativa (encabezamiento del artculo en estudio) se ubica obviamente la Constitucin Nacional, la cual adems de consolidar su propia preeminencia destaca los tratados internacionales sobre relaciones de trabajo y seguridad social, los cuales privarn sobre cualquier norma de rango legal en cuanto fueren ms favorables al trabajador (artculo 5 del Reglamento de la Ley Orgnica del Trabajo); luego las normas legales de carcter imperativo ocupan el escaln inmediato y con ella, las normas que se le asimilen (leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, etc.); el nivel siguiente es ocupado por la convencin colectiva o el laudo arbitral, si fuere el caso, a los cuales se les atribuye fuerza vinculante en el mbito de lo concertado; luego el contrato de trabajo; los principios que inspiran la legislacin del trabajo; la costumbre y el uso (a falta de regulacin legal, convencional o contractual); y por ltimo la equidad.

 

Como consecuencia directa de esta jerarquizacin, se entiende que la norma superior prevalece sobre la subalterna cuando haya entre ellas insalvables diferencias, sin embargo, este principio de derecho comn es de alguna manera subvertido o mejor dicho ajustado en el derecho laboral, explicndose con ello sin duda alguna, buena parte de los supuestos de colisin o conflictos entre normas, lo que conlleva luego, en ir en bsqueda de la norma ms beneficiosa a ser aplicada.

 

La jerarqua normativa en el derecho del trabajo a veces se ve alterada, puesto que es el contenido de la norma el que decide segn su mayor o menor favorabilidad para los trabajadores, la disposicin aplicable; posicin jerrquica de la norma (jerarqua esttica) y prioridad de aplicacin (jerarqua dinmica). Es ms, lo normal es que precisamente la disposicin de rango inferior (convenio colectivo) se aplique prioritariamente sobre normas legales y reglamentarias. (Alfredo Montoya Melgar. Derecho del Trabajo).

 

Como seala el autor Mario Pasco Cosmopolis, si esto no fuese as, el principio de norma ms favorable no tendra cabida, ya que habra que aplicar los criterios comunes de dirimencia: (a) la norma de rango superior prevalece siempre sobre la inferior; (b) la norma ms reciente, sobre la ms antigua; y (c) la norma especial sobre la general. Pero en el derecho positivo contemporneo las diferentes fuentes, ms bien que constituir una jerarqua stricto senso, se complementan y se ajustan a fin de mejorar al asalariado. Por lo tanto, la prelacin en el derecho laboral, salvo excepciones, hace prevalecer la norma ms favorable al trabajador cualquiera sea su rango; y as la ley general innova en la especial y la ms antigua puede sobreponerse a la ms nueva, si son ms favorables, pero no a la inversa.

 

En otras palabras, de las caractersticas propias del sistema normativo laboral se desprende que no todos los problemas de aplicacin de las normas se plantean como colisiones normativas que, regulando de distinta forma una misma materia, se resuelven aplicando la jerarqua en las normas en conflicto. En el ordenamiento jurdico laboral lo caracterstico no es la colisin normativa que se resuelve aplicando la norma vigente con derogacin (o inaplicacin) de cualquier otra. La colisin peculiar del derecho del trabajo es la que se da entre dos normas igualmente validas y vigentes que regulan de forma diferente una misma realidad, un mismo centro de imputacin normativo, un sector o una empresa. Este panorama es consecuencia no slo de la diversidad de normas sino de la pluralidad de sujetos con capacidad normativa (las normas estatales, legales o reglamentarias, y los convenios colectivos). La pluralidad normativa, adems despliega su vigencia sectorialmente, en cada conjunto (sector o empresa) de la actividad productiva. (Manuel Carlos Palomeque y Manuel lvarez De La Rosa. Derecho del Trabajo).

 

Por ello, podemos decir que las reglas que regulan (adems del principio general de jerarqua normativa), la aplicacin del ordenamiento jurdico laboral son dos, en primer lugar la regla de la norma mnima y la regla de la norma ms favorable. Estas reglas, diferentes entre s, significan, en esencia, tcnicas de articulacin normativa para determinar cmo se regulan ciertas y determinadas condiciones de trabajo y se podrn entender de acuerdo a la imperatividad de las normas, claro est, en dichas reglas, vistas de manera conjuntas, siempre estar presente el principio a favor o del rgimen ms favorable.

 

En este orden de ideas y con independencia de su posicin jerrquica, las normas tienen distinta imperatividad, es as que la doctrina distingue tres tipos de normas o grados de rigor normativo, a saber: las normas imperativas o categricas o de imperatividad absoluta o de derecho necesario absoluto; las normas de imperatividad relativa o limitadamente categricas o de derecho necesario relativo; y las normas dispositivas o discrecionales o supletorias.

 

Al respecto, los autores espaoles Manuel Carlos Palomeque Lpez y Manuel lvarez De La Rosa, sealan en su obra Derecho del Trabajo, lo siguiente:

 

() aparecen normas imperativas que exhiben una voluntad del legislador de no admitir otra regulacin de una materia determinada que la contenida en la ley aplicable. Este tipo de normas suelen llamarse de derecho necesario absoluto y son aquellas que no admiten el juego de la autonoma de la voluntad (ni individual ni colectiva). Este tipo de normas suponen una indisponibilidad que impide a los sujetos desvincularse de la norma. Se concreta en lo que se denomina orden pblico laboral, que hace referencia a principio general de ordenacin del trabajo por cuenta ajena y a elementos esenciales para conocer qu Derecho del Trabajo regula la realidad social. Sin nimo de ser exhaustivo, esta caractersticas de derecho necesario absoluto (ius cogens en la terminologa clsica) la tienen las normas procesales, las de eleccin, las de eleccin de los rganos de representacin del personal, las de la mayora de edad para trabajar, las que versan sobre la no discriminacin ni para el empleo ni una vez empleados, la que establece la nulidad de pactos sobre cargas fiscales y de seguridad social, etc. En suma, pertenecen a esta categora, adems de las normas que caracterizan al propio derecho del trabajo, aquellas otras situadas en el orden constitucional y referidas a la dignidad de la persona y a sus derechos fundamentales y libertades bsicas. Determinar las normas laborales imperativas y las de orden pblico (o en una terminologa de sntesis, del orden pblico laboral) es relativamente sencillo porque aparecen dotadas de la imperatividad de la Constitucin o regulando materias fuera de la capacidad contractual de las partes o determinadas por ser normas prohibitivas, sancionando su incumplimiento con la nulidad.

() Finalmente, hay normas legales que, en el ordenamiento laboral, no tienen carcter de mnimos, sino que regulan dispositivamente (ius dispositivum) una materia, un determinado aspecto de las condiciones de trabajo. Esto es, el legislador expresa un criterio regulador a falta de pactos, pero no limita el alcance de estos.

 

Ahora bien, las normas de imperatividad relativa slo consagran un mnimo y toleran, por ello, avances a favor del trabajador a travs de las normas descendentes o subalternas. Establecen un principio o criterio que las partes han de acatar, pero del que podrn apartarse siempre y cuando con tal modificacin o mejor dicho, con tal variacin se realice ms plenamente el objetivo perseguido por la propia norma. Son las normas de derecho necesario relativo las ms frecuentes u ordinarias del derecho laboral y sobre ellas es muy ntido ver que en caso de colisin o conflictos de normas, se aplique la regla denominada de la norma mnima.

 

Entonces las normas de imperatividad relativa o limitadamente categricas o de derecho necesario relativo, tambin denominada normas mnimas, son aquellas en cuya aplicacin de la norma ha de respetarse tanto el mnimo prescrito como la mejora introducida por otra norma. En su anlisis lo primero a determinar es cules son los extremos de la relacin; esto es, si se predica el carcter de relativo o el de mnimo lo ser en concordancia o relacin con otra norma que la ample o ms exactamente que la mejore. La norma de superior rango (la Ley) decide un tipo de regulacin para una concreta parcela de las condiciones de trabajo con el carcter de mnima. Prohbe que se acte, que aparezca una fuente de las obligaciones, con mandatos inferiores a los contenidos en la Ley. Si se vulnera lo establecido se incurre en nulidad (ius cogens, norma imperativa), pero es permitido mejorar el mnimo legal (norma mnima) establecido y esa mejora puede acometerla el convenio colectivo. La tcnica de aplicacin de la norma es aqu sencilla: si se respeta o mejora la norma mnima (la Ley) se aplica la fuente de las obligaciones de inferior rango (el convenio colectivo por ejemplo), caso contrario, si se empeora o no se respeta, la sancin es la nulidad del convenio colectivo o la ineficacia de la correspondiente clusula contractual. (Manuel Carlos Palomeque y Manuel lvarez De La Rosa. Derecho del Trabajo. Pg. 386. Madrid. Espaa).

 

Ahora bien, en cuanto a la regla de la norma ms favorable, esta puede actuar frente a normas de imperatividad relativa y frente a normas dispositivas, y para que esta regla pueda ser utilizada directamente como tcnica de articulacin normativa para determinar como se aplicarn las normas laborales, debemos indagar cuales normas pueden entrar en conflicto y cual es el sistema para solucionar el conflicto planteado, para elegir as la norma o el precepto de una norma, aplicable entre dos o ms en concurrencia.

 

En este sentido, el supuesto tpico de vigencia de la regla ms favorable es el del conflicto, en el que dos normas vigentes, del mismo rango y mutuamente incompatibles resultan aplicables a una sola situacin, y es necesario definir cul de ellas la regir, la regla acta precisamente para dirimir en pro de la ms beneficiosa al laborante.

 

En sintona con lo anterior, y nuevamente citando a los autores espaoles Manuel Carlos Palomeque y Manuel lvarez De La Rosa, determinar los dos puntos anteriormente sealados es esencial para escoger justo la norma ms favorable. Es as que sealan, los tratadistas anteriormente mencionados que:

 

De este modo, el plano del anlisis de que normas pueden entrar en conflicto requiere sentar, en primer lugar, la evidencia de que la tcnica de la norma ms favorable slo puede aplicarse cuando se tenga ante s dos o ms normas vigentes y slo sea discutible cul se va a aplicar de forma preferente.

 

Las dos o ms normas vigentes y en conflicto no pueden ser una norma estatal y un convenio colectivo. Esta aseveracin es igualmente fcil de probar; los convenios deben respetar las leyes y estn subordinados a la misma y a los reglamentos. Los convenios slo pueden interacciona para suplementar lo legislado (desarrollo del derecho necesario relativo) para complementarlo (margen de colaboracin internormativa) o para suplir la falta o el carcter dispositivo de la regulacin.

 

Pues bien, consecuente con todo lo anteriormente expuesto, observamos que en nuestro ordenamiento laboral ambas reglas existen como tcnica de articulacin normativa para determinar cual es la norma aplicable en caso de colisin y conflicto entre normas.

 

Es as, que los artculos 59 de la Ley Orgnica del Trabajo y 6 de su Reglamento, sealan expresamente lo siguiente:

 

Artculo 59: En caso de conflicto de leyes prevalecern las del Trabajo, sustantivas o de procedimientos. Si hubiere dudas en la aplicacin de varias normas vigentes, o en la interpretacin de una determinada norma, se aplicar la ms favorable al trabajador. La norma adoptada deber aplicarse en su integridad.

 

Artculo 6: En caso de conflicto entre normas constitucionales, legales, reglamentarias y dems derivadas del Estado, regirn, junto con el principio de favor, los de jerarqua (regla de la norma mnima), especialidad y temporalidad. Cuando las normas en conflicto ostente idntica jerarqua, privar aquella que ms favorezca al trabajador (regla de la norma ms favorable), salvo que alguna revista carcter de orden pblico estricto, caso en el cual prevalecer sta (norma imperativa absoluta).

Si el conflicto se planteare entre normas contenidas en convenciones colectivas, contratos de trabajo, reglamentos internos, usos y costumbres y cualquiera otra de naturaleza anloga; as como entre estas y aquellas revestidas de orden pblico estricto, ser aplicada la ms favorable al trabajador (regla de la norma ms favorable). (acotaciones. Subrayados y negrillas de la Sala)

 

Ahora bien, delimitado en nuestro ordenamiento la regla aplicable como tcnica de articulacin normativa para determinar la ms beneficiosa, nos resta analizar o determinar las condiciones o presupuestos que deben ocurrir para que el principio a favor sea aplicado (ya sea a travs de la regla de la norma mnima o de la regla de la norma ms favorable).

 

Es as, que el catedrtico Pla Rodrguez, precisa algunas pautas que condicionan la aplicacin del principio de favor, y que han sido una fuerte tendencia en la doctrina laboral, a saber:

 

a) La comparacin debe efectuarse teniendo en cuenta el tenor de las dos normas. No puede, en cambio, comprender las consecuencias econmicas lejanas que la regla puede engendrar.

 

b) La comparacin de las dos normas debe tomar en consideracin la situacin de la colectividad obrera interesada y no la de un obrero tomado aisladamente.

 

c) La cuestin de saber si una norma es o no favorable a los trabajadores no depende de la apreciacin subjetiva de los interesados. Ella debe ser resuelta objetivamente, en funcin de los motivos que han inspirado las normas.

 

d) La confrontacin de dos normas deber ser hecha de una manera concreta, buscando si la regla inferior es, en el caso, ms o menos favorable a los trabajadores.

 

e) Como la posibilidad de mejorar la condicin de los trabajadores constituye una excepcin al principio de intangibilidad de la regla imperativa, jerrquicamente superior, no puede admitirse la eficacia de una disposicin inferior mientras que pueda dudarse de que sea efectivamente ms favorable a los trabajadores.

 

Ahora bien, definidos los presupuestos de aplicacin del principio de favor, delimitado su alcance, precisado con mayor o menor amplitud los casos a los que se aplica, resta tambin sealar, el cmo se determina.

 

En este sentido, el catedrtico Mario Pasco Cospomolis ha sealado lo siguiente:

 

En puridad, se trata de encontrar no solo cul es la norma mejor sino de definir qu es lo mejor, qu es lo ms favorable, incluso qu se entiende por favorable. Y ello porque la realidad no presenta las cosas en trminos de dramtico contraste: no ofrece a la comparacin lo notoriamente mejor frente a lo evidentemente inferior, sino que lo hace en forma matizada, difusa.

 

Deben compararse las normas en su conjunto? Confrontacin total, integral, global? Deben compararse regmenes en vez de normas? Institutos? Preceptos? Clusulas? Deben compararse por fracciones? Aplicarlas solo in totum? Acumulativamente?

Todas estas interrogantes, aparentemente caticas, encierran parte de verdad, son parte de la respuesta o, acaso, la respuesta misma para algunos autores o desde ciertas perspectivas.

Como sealan de modo uniforme los autores, dos son los grandes sistemas generales de solucin y han sido denominados con expresiones tomadas del italiano conglobamento y cmulo.

 

El sistema de conglobamento implica optar excluyentemente por una norma o por otra en su totalidad, integralmente, como un conjunto, in totum. Por el conglobamento dice Mario Ghidini se deben confrontar los dos tratamientos normativos en conjunto (no las clusulas singulares, contrapuestas entre s, ni menos los institutos singulares, contrapuestos entre s), y [] se debe dar la preferencia a aquella fuente, a aquel tratamiento, que valorado comprensivamente, con juicio conjuntivo, aparece como ms favorable al trabajador; de modo de que se aplica la disciplina de una fuente en bloque, global, homognea, excluyendo completamente la disciplina de la otra fuente considerada, todo sumado, como menos favorable.

Gonzalo Dieguez, por su parte, seala que la norma ms favorable refiere siempre a un conjunto normativo (convenio colectivo, por ejemplo) que se compara con otro y no a las individuales y homlogas disposiciones de ambos; la norma a aplicar no ser, entonces, la ms favorable respecto a cada concepto singular, sino la que as resulte de una apreciacin conjunta de los conceptos comparables entre s. Pone Dieguez el acento en un aspecto que se revelar crucial, segn veremos: los conceptos comparables entre s.

 

Por el criterio del cmulo, opuesto al primero, se comparan las clusulas singulares de cada uno de los reglamentos [fuentes], y se extraen de cada reglamento las clusulas ms favorables al trabajador, adicionndolas entre s; de ese modo resulta una disciplina compuesta eclctica [sic] formada, por as decir, por la fior fiore de las [singulares] disposiciones o clusulas (segn algunos, incluso, de las partes de clusulas, es decir, de las varias proposiciones de que se compone la clusula) ms favorables al trabajador, escogidas de una y otra fuente.

 

La opcin entre ambos sistemas, evidentemente incompatibles ente s, obliga a examinar lo que cada uno de ellos significa, aplicado en sus trminos absolutos, sea detrayendo como dice Perez Botija, preceptos de unas y otras normas para entresacar de todas ellas las que se estimen ms beneficiosas (como la abeja escoge entre las flores, al decir de Barasi) o si, por el contrario [...] considerando aplicable slo y en su totalidad la norma ms favorable al trabajador.Tan pronto se examinan estos dos sistemas en su real aplicacin prctica, brotan severos reparos acerca de su viabilidad.

 

El conglobamento supone una comparacin integral, lo que a su vez exige una total compatibilidad y homogeneidad entre las materias objeto del cotejo. Ello puede darse, por cierto, en algunos casos aislados, cuando, por ejemplo, las dos normas versan sobre una especfica y concreta materia en particular: vacaciones, jornada de trabajo o algo parecido. Pero la adopcin de este mtodo como exclusivo supone su aplicacin a todos los casos, no solo a aquellos que por excepcin lo permiten. El mtodo, para ser total, tendra que ser universalmente vlido y, con ello, excluyente de toda alternativa.

 

()

 

En efecto, la comparacin en bloque de dos normas no puede hacerse colocndolas, como paquetes, en sendos platillos de una balanza imaginaria, pues eso no pasa de una figura retrica, totalmente inaplicable en la prctica. Las legislaciones no son cosas que se pueden medir, contar, pesar; son conjuntos inmensurables de disposiciones abstractas que solo pueden ser apreciados por va subjetiva. No son, siquiera, inmutables ni en su contenido ni en sus efectos: adems de variar intrnsecamente, sus consecuencias pueden modificarse, sin que la norma cambie, por el impacto de la cambiante realidad. Un beneficio acumulativo en el tiempo, por ejemplo, puede ser esplndido en pocas de estabilidad monetaria y quedar reducido a polvo en pocas de acelerada inflacin.

 

La comparacin global, en pases con cdigo, estatuto o ley general, sobre la base de qu tendra que hacerse?, de todo el cdigo, estatuto, etc?, frente a qu norma?,qu otra norma imaginable podra intentar asumir una tan vasta globalidad?

 

Por su parte, el sistema atomstico o acumulativo presenta complejidades semejantes o mayores. Es cuestionable prima facie porque convierte al intrprete en legislador. La norma que aplica que crea, en realidad no existe en s misma, no rige en parte alguna; es una entelequia que surge por accesin y que incorpora selectivamente las ventajas de una norma y otra, con meticulosa exclusin de sus desventajas. El equilibrio interno de cada norma se quiebra; la norma que surge ex novo constituye un autntico privilegio.

 

La legislacin tiene usualmente, en efecto, coherencia interna, una estructura, un juego de balances y contrapesos. Rara vez o nunca es una suma de positivos, sino que suele compensar provechos y requisitos, beneficios y deberes o condiciones. La valoracin de una clusula singular, para decidir si es o no ms favorable al trabajador, de acuerdo con la lgica jurdica, debe ser efectuada con criterios sistemticos, esto es, no aislndola del conjunto del contrato, sino considerndola en el contexto de ese contrato del que forma parte y respecto del cual no goza de autonoma.

 

No se puede, por ello, desmembrar una parte sin desequilibrar el todo. Apreciamos entonces dos grandes objeciones: la proveniente de la destruccin de la armona interna de las normas comparadas y la relativa al privilegio resultante de la norma construida con los retazos de las otras. Respecto de lo primero y con referencia concreta a los convenios colectivos, Ojeda Aviles, con apoyo en Aubert, seala variadas objeciones: inseguridad jurdica, desequilibrio del sinalagma contractual, destruccin de la fiduciariedad entre las partes

 

Respecto de lo segundo, el maestro espaol seala cmo es que algunos consideran el criterio del cmulo como un criterio de sabor demaggico, viendo en el conglobamento una salvaguarda de la armona, el equilibrio, y el coligamente orgnico entre las varias condiciones establecidas. No puede negarse, en tal orden de ideas, que la persona que resulta regida por esta norma ad hoc y sui gneris tiene una posicin superior en todo a cualquier otro trabajador, regido ora por una norma ora por otra.

Problema adicional del cmulo es que la norma ms favorable no habr de aplicarse a la totalidad de trabajadores sino solo a una parte o grupo de ellos. De all resulta que si, por ejemplo, lo que se compulsa es si debe aplicarse a ese grupo la norma A o la norma B, el cmulo aplicara lo mejor de A ms lo mejor de B; pero habr otros trabajadores, u otro grupo, a los que se aplicar, nica y exclusivamente, la norma A, y un tercer grupo al que se le aplicar solo la norma B. No hay razn lgica, ni menos base de equidad, para que al primero de los grupos nombrados se le estructure una norma ad hoc, pletrica de ventajas, que no sern extendidas en su globalidad a los otros dos grupos.

Es ms, resulta difcil imaginar una situacin que conduzca a este resultado, porque los trabajadores regidos por la norma A, como los regidos por la norma B, se darn maa para lograr su identificacin con el grupo favorecido, de donde resultara que las normas A y B, inicialmente claras en su mbito personal de vigencia, caeran en abandono, suplantadas por una norma inexistente, fabricada ex-profeso, como un mosaico, con los fragmentos ventajosos de las otras dos, que s tienen existencia real.

Conforme se profundiza en el anlisis, ante tcnicas o mtodos tan ntidamente contradictorios, excluyentes entre s, se comprueba que las que son virtudes del conglobamento son vicios para el cmulo, y viceversa, sin que ninguno asuma una posicin claramente hegemnica. A lo dicho debe agregarse la cuestin de quin y cundo decide la aplicabilidad de la norma ms favorable, lo que parecera recaer necesariamente en el juez.

Empero, si de aplicar la tcnica de conglobamento se tratara, pudiera bastar, al parecer, la sola voluntad del trabajador: su discernimiento, su valoracin; y aun los efectos de la eleccin tendran que ser el criterio nico y certero para definir, en funcin de su inabdicable inters, cul es la norma que realmente le favorece, aplicada en su conjunto. La labor del juez se reducira solo a controlar la legalidad, esto es, a verificar si la norma, como tal, le es, en efecto, aplicable, coexista o no con otras que ya no sera necesario examinar o comparar.

 

()

 

Si se tratara del cmulo, evidentemente la voluntad del trabajador no puede contar, porque si contara, se hara del trabajador un legislador en provecho propio. El trabajador resultara facultado para armar su propio y particular modelo normativo, igual que elige los pronsticos de la lotera deportiva o del toto-calcio, solo que con el premio mayor de antemano asegurado. La tcnica acumulativa exigira, pues, un depurado criterio analtico de parte del juez, una gran capacidad de sntesis y, sobre todo, una dosis exagerada de equidad para no incurrir en excesos.

El cmulo aun en su definicin gramatical es un exceso interpretativo, la fuente de un privilegio que no solo nunca estuvo, sino que va ms all de la mente del legislador; porque, si este hubiera querido acumular ventajas en favor del trabajador, podra y debera haberlo hecho a travs de una legislacin coherente, integral, directa y clara, que as las consagrara.

Conglobamento y cmulo se revelan, entonces, de muy difcil aplicacin, porque conducen a consecuencias extremadas.

 

()

 

Ante esta situacin, la doctrina ha imaginado un mtodo menos absoluto: la comparacin parcial o por fracciones, conocida como de inescindibilidad de institutos o conglobamento orgnico, criterio intermedio [que] postula la confrontacin, no ya entre las dos fuentes en bloque, ni tampoco entre las clusulas singulares que inciden sobre los mismos puntos de una y otra fuente, sino entre los institutos fundamentales con lo cuales se integra la disciplina de una y otra fuente. Se trata de una modalidad del conglobamento dice Vzquez Vialard, pero teniendo en cuenta, no la globalidad del rgimen, sino la de cada institucin. Por lo tanto, el despedazamiento no se produce como en el sistema de la acumulacin, sino que el nuevo rgimen se constituye por acumulacin de institutos (no de disposiciones sueltas.

 

No se trata, pues, de tomar lo bueno de cada norma y rechazar lo malo o menos favorable; de lo que se trata, simplemente, es de aplicar los preceptos legales y no aplicar, como es lgico, los preceptos ilegales (CAMPS RUIZ, op. cit., p. 166).

 

No se trata, entonces, ni de una comparacin totalizadora ni de una atomizacin, sino de una comparacin por institutos o por regmenes. No de aplicacin en bloque sino por bloques; no despedazada sino por pedazos. Los autores advierten, en efecto, que las normas contienen conjuntos inescindibles de preceptos, sectores normativos balanceados, contrapesados, que regulan de modo integral una determinada institucin, aquellos conceptos comparables de que habla Dieguez. Desmembrarlos para construir con su despojos sera romper su armona interna; unirlos con otros conjuntos para establecer un conjunto superior inescindible resultara tambin excesivo. Ni la fisin, entonces, ni la fusin, si cualquiera de ellas forzara el contenido de manera exagerada, sea en pro o sea en contra del trabajador.

 

Este mtodo de confrontacin analtica o por institutos se asemeja ms o, mejor dicho, deriva ms directamente del conglobamento que del cmulo. La norma a aplicar lo ser en su integridad, como un todo inescindible, pero solo respecto de un instituto o de cada instituto; no resultar compuesta de fragmentos favorables de una y otra norma, sino un conjunto orgnico o una serie de conjuntos orgnicos. No ser, por tanto, fruto de una comparacin in totum sino especializada, por instituto o entidad inseparable, de donde pueden, s, resultar aplicables varias normas no varias partes de varias normas, segn regulen de modo ms ventajoso, en cada caso, los respectivos institutos.

 

 

Pues bien, en sintona con lo anterior, nuestro ordenamiento laboral en el artculo 59 de la Ley Orgnica del Trabajo en su ltima aparte precepta, como bien lo seala el juez de la recurrida, la teora del conglobamiento, empero, esto debe entenderse, como la aplicacin de la teora del conglobamiento parcial o de inescindibilidad, la cual, tomando como fundamento lo expuesto en la transcripcin precedentemente expuesta, conllevara a que la norma a aplicar lo sera en su integridad como un todo inescindible pero slo respecto a una institucin.

 

En el caso que nos ocupa, el punto esencial se encuentra entonces en determinar cual es la norma o cuales son el cmulo de normas aplicables al caso en concreto, s la de la Ley del Estatuto Sobre el Rgimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administracin Pblica Nacional de los Estados y de los Municipios, o la de la Convencin Colectiva de Trabajo vigente al momento de la terminacin de la relacin de trabajo.

 

En efecto, observa esta Sala, como as tambin lo observ el juez superior, que las disposiciones respecto al rgimen de jubilacin contenida en la convencin colectiva de trabajo 1994/1997 son en su conjunto superiores econmicamente a las contempladas en la Ley. En este sentido, la doctrina ha dicho, que en el caso de que el convenio colectivo vaya ms all de la complementacin o franca suplementacin del ordenamiento legal, las alteraciones que introduzcan sern vlidas si la resultante es, segn el cotejo efectuado respecto de cada institucin, ms favorable, aun cuando algn aspecto de ese nuevo producto institucional sea dentro una percepcin aislada menos beneficioso, doctrina denominada del equilibrio interno del convenio (Ojeda Aviles. Derecho Sindical).

 

Sin embargo, y aqu volvemos nuevamente a la regla de la norma mnima por efecto de su imperatividad, si dentro de la convencin colectiva es desmejorada una norma fundamental dentro del cmulo normativo de superior rango (la Ley) para la construccin de las normas convencionales, inmediatamente la sancin sera la de tener como ineficaz la correspondiente clusula contractual. Es decir, si alguna disposicin de la Convencin Colectiva no realiza con mayor plenitud el objetivo perseguido por la norma imperativa, debe tenerse entonces como ineficaz dicha norma convencional, aplicndose por consiguiente lo establecido en la Ley, aun y cuando la convencin colectiva contenga condiciones cuantitativas ms superiores.

 

Por consiguiente, y en virtud de todo lo anteriormente expuesto, atendiendo lo dispuesto en los artculo 59 de la Ley Orgnica del Trabajo y 6 de su reglamento, es decir, con fundamento al principio general de la jerarqua normativa, el principio de favor y de la teora del conglomamiento orgnico, se concluye, que para el caso que nos ocupa, la Ley del Estatuto Sobre el Rgimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administracin Pblica Nacional de los Estados y de los Municipio, constituye la norma mnima aplicable con preferencia a la Convencin Colectiva 1994/1997 y sus anexos, ocurriendo por consiguiente la ineficacia de esta ltima.

 

Ahora bien, la determinacin en que a una situacin concreta debe aplicarse una norma con preferencia a otra, por ser aquella ms ventajosa para el trabajador, no enerva la validez, ni afecta la vigencia de esta. En suma, no la deroga; tan solo seala que esta norma no se aplica a este caso concreto sino aquella, pero que conserva su vigencia y validez para cualesquiera otros casos en los que no colisiona con otras normas, o en su aplicacin especfica, puede resultar, a su vez, ms favorable.

 

Ahora bien, citando al autor Mario Pasco Cosmopolis, a modo de reflexin, esta Sala considera oportuno sealar que La determinacin de la norma ms favorable debe hacerse casusticamente y estar basada en la flexibilidad y en la equidad: flexibilidad para poder adoptar, en cada caso, el mtodo ms adecuado, lo que implica la posibilidad de que existan y coexistan varios; y equidad, para que la solucin a la que se llegue por va de su aplicacin no resulte reida con los derechos inalienables de los trabajadores, ni agravie los igualmente legtimos intereses de los empleadores.

 

En consecuencia, considera esta Sala que la sentencia recurrida -con tal proceder- incurri en la infraccin de las normas delatadas, en consonancia con los principios contenidos en nuestra Constitucin Nacional en sus artculos 86 y 89. razn por la que se declara procedente la denuncia. Por consiguiente, se ANULA el fallo impugnado y se pasa a conocer el fondo del asunto en los trminos siguientes:

 

SENTENCIA DE FONDO

 

La presente causa, se inicia mediante demanda incoada por el ciudadano LISANDRO ANTONIO GARCA ARMAS contra la sociedad mercantil COMPAA ANNIMA DE ADMINISTRACIN Y FOMENTO ELCTRICO (C.A.D.A.F.E.), en la que reclama el otorgamiento del beneficio de jubilacin y los beneficios socio-econmicos contemplados en la convencin colectiva de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley del Estatuto sobre el Rgimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administracin Pblica Nacional, de los Estados y de los Municipios; aduciendo que ingres a prestar servicios a la empresa demandada, en un primer perodo, el da 01 de diciembre de 1966 hasta el da 06 de junio de 1985, vnculo laboral que se extingui por renuncia voluntaria por parte del trabajador, completando un tiempo de servicio en dicho lapso de 18 aos, 6 meses y 6 das ininterrumpidos. Posteriormente ocupa otros cargos dentro de la Administracin Pblica por el perodo de 6 aos y 8 meses, para finalmente reingresar a CADAFE el da 15 de abril de 1994, ocupando el cargo de Gerente de Licitaciones de la Direccin de Consultora Jurdica de dicha empresa hasta el 26 de marzo del ao 2001, completando en esta etapa de servicios dentro de la empresa el perodo de 6 aos 11 meses y 15 das. Es decir, alega el actor que estuvo al servicio del sector pblico durante 32 aos, 1 mes y 21 das.

 

Como consecuencia de lo anteriormente planteado, demanda a la Compaa Annima de Administracin y Fomento Elctrico (CADAFE), como empresa del estado y ltimo patrono a: 1) Reconocerle el beneficio de jubilacin a que tiene derecho desde el 1 de abril del ao 2001 y por va de consecuencia, otorgarle una pensin vitalicia con vigencia a partir del 1 de junio del ao 2004 de un milln quinientos tres mil seiscientos cuarenta y cinco bolvares (Bs. 1.503.645,00) mensuales, de conformidad con lo dispuesto en las convenciones colectivas de trabajo nacional de CADAFE y sus empresas filiales 1994/1997, 2001/2003 y 2003/2005, ajustndola a partir del 1 de octubre del ao 2004, con base a la cantidad de un milln quinientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta y cinco bolvares (Bs. 1.533.645,00) mensuales, y a partir del 01 de enero del ao 2005 con base a la suma de un milln seiscientos veintitrs mil seiscientos cuarenta y cinco bolvares (Bs. 1.623.645,00) por mes, o por el monto que estuviere vigente para el momento de su otorgamiento; e igualmente, en otorgarle todos los beneficios socio-econmicos asociados a su condicin de jubilado contemplados en el convenio plural vigente que rige las relaciones laborales entre CADAFE y sus empresas filiales y sus trabajadores y jubilados; 2) En pagarle la cantidad global de sesenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y un mil treinta y cinco bolvares (Bs. 69.451.035,00), conformada por los siguientes conceptos: a) por pensiones mensuales de jubilacin comprendidas entre los das 1 de abril del ao 2001 y 31 de mayo del ao 2004, la suma de Bs. 50.328.510,00; b) por concepto de utilidades o bonificacin de fin de ao por el perodo comprendido entre el 1 de abril del ao 2001 y el 31 de diciembre del ao 2003, la suma de Bs. 15.122.535,00; c) por concepto de bono compensatorio de las convenciones colectivas 2001/2003 y 2003/2005, antes indicadas, la suma de Bs. 4.000.000,00. Igualmente demand el pago por los referidos conceptos que se sigan causando a partir del 01 de junio del ao 2004 hasta el otorgamiento de la jubilacin solicitada.

 

Asimismo, demand y solicit la correccin monetaria por la contingencia inflacionaria de las sumas demandadas y las que se sigan venciendo desde el momento de su exigibilidad hasta la ejecucin de la sentencia y el pago de las costas y gastos del presente proceso.

 

Admitida la demanda y agotados los trmites de notificacin de la demandada para la audiencia preliminar, se hicieron presentes ambas partes en la primera sesin, agregando sus respectivos escritos de pruebas, todo lo cual se hizo constar en acta de fecha 21 de diciembre del ao 2004.

 

Concluida la primera fase del proceso, sin que se lograse la mediacin, el Juzgado de Sustanciacin, Mediacin y Ejecucin orden incorporar las pruebas presentadas por ambas partes.

 

En la oportunidad correspondiente, comparecieron los apoderados judiciales de la demandada, y dieron contestacin a la demanda en los siguientes trminos; interpusieron como defensa previa la prescripcin de la accin intentada. Por otra parte admitieron; los dos perodos en los que el demandante prest servicios a la empresa, el contenido del reglamento de Jubilaciones de la Convencin Colectiva 1994/1997, as como la existencia de las Convenciones Colectivas 1994/1997 la cual se encontraba vigente para el momento en que culmin la relacin laboral. Adems admitieron que le fue negada al trabajador su solicitud de jubilacin debido a que no cumpla con los requisitos legales establecidos en el Reglamento de Jubilaciones del Contrato Colectivo de la empresa del perodo 1994/ 1997. Negaron la pretensin de la parte actora referente a que es titular del derecho de jubilacin por cumplir con los requisitos exigidos en cuanto a la edad y tiempo de servicio. Negaron que el Reglamento de Jubilaciones de CADAFE slo exige 2 requisitos para la procedencia de este beneficio como lo son el tiempo mnimo de servicio y la edad.

 

Ahora bien, teniendo esta Sala la facultad de emitir la sentencia de fondo de acuerdo a lo establecido en el tercer prrafo del artculo 175 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo, pasa a dictarla bajo las siguientes consideraciones:

 

Siguiendo un estricto orden procesal, corresponder a esta Sala de Casacin Social, resolver en primer lugar la defensa perentoria opuesta concerniente a la prescripcin de la accin; y por ltimo en el caso que la defensa anterior resulte improcedente, se resolver sobre el derecho y los conceptos reclamados.

 

Es as, que el artculo 1980 del Cdigo Civil, seala que todas las acciones en reclamo de prestaciones peridicas exigibles por lapsos menores a un ao, prescriben por el transcurso de tres (3) aos, contados a partir de la terminacin del vnculo laboral, norma esta de aplicacin preferente por remisin expresa de la Ley Orgnica del Trabajo, en los trminos que ha sostenido la jurisprudencia de esta Sala de Casacin Social, en casos similares (sentencia de fecha 29 de mayo del ao 2000, caso Oscar Eduardo Carrin Vs. Compaa Annima Nacional Telfonos de Venezuela (C.A.N.T.V.)).

 

As las cosas, esta Sala de Casacin Social constata que la relacin de trabajo culmin el da 31 de marzo del ao 2001 y siendo la demanda introducida el da 16 de junio del ao 2006, es obvio concluir que el lapso de prescripcin haba transcurrido con creces al momento de la interposicin de la demanda.

 

No obstante lo anterior, debemos verificar si en el caso que nos ocupa ocurri algunos de los supuestos de interrupcin de la prescripcin contenidos en el artculo 64 de la Ley Orgnica del Trabajo y 1969 del Cdigo Civil.

 

Es as, que se constata que ciertamente la parte actora, logr interrumpir el decurso prescriptorio cuando en fecha 17 de agosto del ao 2001 la Direccin General de Atencin al Ciudadano en su departamento de Derecho a la Supervivencia de la Defensora del Pueblo, a peticin de la parte actora, solicit a la Compaa Annima de Administracin y Fomento Elctrico (CADAFE) le reconociera el beneficio de jubilacin al actor, razn por la que se declara improcedente la prescripcin opuesta. As se decide.

 

Pues bien, resuelto lo anterior, corresponde ahora determinar si el ciudadano Lisandro Antonio Armas Garca le corresponde el derecho a la jubilacin y en este caso cuales son las cantidades debidas y las pensiones a que tiene derecho, pero antes se debe acotar que corresponde a la demandada la carga de la prueba de los hechos nuevos por ella alegados.

 

En virtud de lo anterior la empresa demandada present las siguientes pruebas: a) Documentales: Fue promovida documental contentiva de constancia de renuncia del ciudadano Lisandro Antonio Garca Armas y documental contentiva del memorando identificado con el nmero 12000/P-035, de fecha 15 de abril, el cual acompa el demandante a su libelo marcado E, adems de oficio sin nmero de fecha 26 de marzo del ao 2001, el cual fue acompaado tambin por el demandante en su escrito de demanda marcado F. Las mismas fueron promovidas por la parte actora y admitidas por el Juzgado de Instancia.

 

La parte actora, present las siguientes pruebas: a) Documentales: Marcada B (folio 2 CR-I) documental contentiva de constancia de trabajo de fecha 08 de abril de 1987, expedida por el entonces jefe de Departamento de Relaciones Industriales de CADAFE; marcada E, (folio 5 CR-I) documental contentiva de memorando nmero 12000/P-035 de fecha 15 de abril de 1994 suscrita por el entonces Presidente de CADAFE; marcada F (folio 6 CR-I), documental contentiva de oficio sin nmero de fecha 26 de marzo de 2001, suscrito or el entonces Consultor Jurdico de CADAFE. Las mismas no fueron desconocidas por la representacin de la parte accionada durante el transcurso de la audiencia de juicio, por lo que de conformidad con lo previsto en el artculo 78 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo se les confiere pleno valor probatorio. Marcada C (folio 3 CR-I) documental contentiva de constancia de trabajo, expedida por el entonces Jefe de Personal del Instituto Caja de Trabajo Penitenciario; Marcada D (Folio 4 CR-i) documental contentiva de constancia de trabajo de fecha 13 de abril de 1989, expedida por el entonces Presidente de la empresa Mercados Pblicos del Distrito Sucre, C.A. (MESUCA). Las mismas son apreciadas por esta Sala de conformidad con lo dispuesto en el artculo 10 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo. De las mismas se evidencia el hecho de que el ciudadano Lisandro Garca prest servicios a otros entes de la Administracin Pblica. Marcada G (folios 7 al 61 CR-I) documental contentiva de copia de Convencin Colectiva de Trabajo Nacional 1991-1994 de CADAFE, depositada en fecha 13 de noviembre de 1991 por ante la Direccin General Sectorial del Trabajo del Ministerio del Trabajo; marcada H (folios 62 al 174 CR-I) documental contentiva de copia de la Convencin Colectiva de Trabajo Nacional celebrada entre CADAFE y sus empresas filiales y la Federacin de Trabajadores de la Industria Elctrica de Venezuela (FETRAELEC) y sus sindicatos afiliados, la cual qued depositada por ante la Direccin de Inspectora Nacional y Asuntos Colectivos de Trabajo del Ministerio del Trabajo en fecha 14 de marzo de 1996 vigente para el perodo 1994-1997; marcada I (folios 175 al 178 CR-I) documental contentiva de copia del acta nmero 4 de fecha 20 de mayo de 1998 suscrita por CADAFE Y FETRAELEC, mediante la cual acuerdan prorrogar la Convencin Colectiva de Trabajo Nacional 1994/1997 hasta el 1 de mayo de 1999; marcada J (folio 179 al 184 CR-I) documental contentiva de copia del Acta de fecha 24 de noviembre de 1999 suscrita entre CADAFE Y FETRAELEC, mediante la cual acuerdan prorrogar la Convencin Colectiva de Trabajo Nacional 1994-1997 hasta el da 30 de septiembre de 2000. Marcada L (folio 186 al 317 CR-I), documental contentiva de copia certificada de la Convencin Colectiva de Trabajo Nacional 2001-2003 de CADAFE y sus empresas filiales aprobada por la Comisin Negociadora de las partes patronal y sindical segn Acta de fecha 01 de octubre de 2001; marcada M (folio 3 al 161 CR-II), documental contentiva de copia certificada de la Convencin Colectiva de Trabajo Nacional 2003-2005 de CADAFE y sus empresas filiales, expedida en fecha 21 de octubre de 2004 por el director de la Inspectora Nacional y Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Pblico del Ministerio del Trabajo.

 

Pues bien, adminiculadas la pruebas anteriormente mencionadas, esta Sala de Casacin Social constata que la parte actora logr demostrar que efectivamente tiene el derecho a percibir una pensin de jubilacin digna con fundamento en los postulados constitucionales que rigen la materia, en el entendido, y as se resolvi en el captulo sobre el recurso de casacin, que la normas aplicables sern las contenidas en la Ley del Estatuto sobre el Rgimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administracin Pblica Nacional, de los Estados y de los Municipios y no en la Convencin Colectiva del trabajo., pues aquella result en derecho ser la norma ms beneficiosa para el trabajador.

 

En este sentido, la citada Ley del Estatuto sobre el Rgimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administracin Pblica Nacional, de los Estados y de los Municipios, aplicable en su contenido normativo a las empresas del Estado, como lo es CADAFE, segn su artculo 2, numeral, 9, contempla que tienen derecho al beneficio de jubilacin todo funcionario o empleado que rena los requisitos de edad y tiempo de servicios de acuerdo a los trminos de dicho texto legal, y el artculo 1 de su reglamento expresa que la jubilacin constituye un derecho vitalicio para los funcionarios y empleados al servicio de los organismos o entes que rige la Ley y se otorgar cumplidos como sean los extremos requeridos en la misma.

 

En este orden de ideas, los artculos 3 y 10 de la Ley del Estatuto Sobre el Rgimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administracin Pblica Nacional de los Estados y de los Municipio vigente para el momento de la terminacin de la relacin de trabajo, contemplan lo siguiente:

 

Artculo 3:

El derecho a la jubilacin se adquiere mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a.) Cuando el funcionario o empleado haya alcanzado la edad de 60 aos, si es hombre, o de 55 aos si es mujer, siempre que hubiere cumplido, por lo menos 25 aos de servicios; o

b.) Cuando el funcionario o empleado haya cumplido 35 aos de servicios, independientemente de la edad.

 

Pargrafo Primero: Para que nazca el derecho de la jubilacin ser necesario en todo caso que el funcionario o empleado haya efectuado no menos de sesenta (60) cotizaciones mensuales. De no reunir este requisito, la persona que desee gozar de la jubilacin deber contribuir con la suma nica necesaria para completar el nmero mnimo de cotizaciones, la cual ser deducible de las prestaciones sociales que reciba al trmino de su relacin de trabajo, o deducible mensualmente de la pensin o jubilacin que reciba, en las condiciones que establezca el Reglamento.

 

Pargrafo Segundo: Los aos de servicio en exceso de veinticinco sern tomados en cuenta como si fueran aos de edad, a los fines del cumplimiento del requisito establecido en el literal a) de este artculo, pero no para determinar el monto de la jubilacin.

 

Artculo 10: La antigedad en el servicio a ser tomada en cuenta para el otorgamiento del beneficio de la jubilacin ser la que resulte de computar los aos de servicios prestados en forma ininterrumpida o no, en organismos del sector pblico, la fraccin mayor de ocho meses se computar como un ao de servicio.

 

A los efectos de este artculo se tomar en cuenta el tiempo de servicio prestado como funcionario o como contratado, siempre que el nmero de horas de trabajo diario sea al menos igual a la mitad de la jornada ordinaria del organismo en el cual se prest el servicio. Cuando por la naturaleza misma del servicio rija un horario especial, el organismo que otorgar el beneficio, deber pronunciarse sobre los extremos exigidos en este artculo.

 

Pues bien, consta en las actas del expediente que el ciudadano Lisandro Antonio Garca Armas, ingres a prestar servicios personales dentro de la empresa CADAFE en un primer perodo desde el 01/12/66 hasta el 06/06/85, es decir, 18 aos y 6 meses ininterrumpidos (folio 2, pieza 1 del cuaderno de recaudos); luego desde el 01/04/1987 hasta el 30/04/1989 en el Instituto Caja de Trabajo Penitenciario, hoy Ministerio de Interior y Justicia (folio 3, pieza 1 del cuaderno de recaudos); desde el da 15/09/1989 hasta el 15/04/1994, en la empresa Mercado Pblico del Distrito Sucre, C.A. (MESUCA), empresa adscrita al Municipio Autnomo de Sucre (folio 04, pieza 1 del cuaderno de recaudos); y desde el da 15/07/94 hasta el 31/03/2001 nuevamente en la empresa CADAFE, para un perodo de 6 aos y 11 meses.

 

Es decir, ciertamente prest servicio durante 32 aos 1 mes y 21 das en organismos del sector pblico, por lo se deduce que el ciudadano actor cumple con los requisitos de antigedad y edad cronolgica contenidos en el literal a) del artculo 3 de la Ley del Estatuto sobre el Rgimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administracin Pblica Nacional de los Estados y de los Municipios, para optar al beneficio de jubilacin. As se decide.

 

Ahora bien, resuelto lo anterior nos resta entonces calcular las pensiones mensuales de jubilacin a la que tendr derecho el ciudadano Lisandro Antonio Garca Armas, a partir de la ejecucin del presente fallo; as como las dejada de percibir desde el momento de la culminacin de la relacin de trabajo, es decir, a partir del 1 de abril del ao 2001 hasta la fecha de publicacin de la presente sentencia. Asimismo la procedencia o no de los conceptos que por bonificacin de fin de ao y bono compensatorio reclama el actor.

 

Pues bien, la Ley del Estatuto sobre el Rgimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administracin Pblica Nacional de los Estados y de los Municipios, estipula en su artculo 9 que el monto de la jubilacin que corresponda al funcionario o empleado ser el resultado de aplicar al sueldo base, el porcentaje que resulte de multiplicar los aos de servicio por un coeficiente de 2.5. La jubilacin no podr exceder del 80% del sueldo base.

 

En este sentido, ha quedado demostrado que el ciudadano Lisandro Garca Armas prest servicios en el sector pblico, durante un tiempo de 32 aos, los cuales multiplicado por el coeficiente de 2.5 por ciento por cada ao, arroja un porcentaje de 80%; limite mximo que estipula la Ley en su ultimo aparte.

 

Por consiguiente el monto de la pensin mensual de jubilacin, ser el equivalente al 80% del sueldo promedio base, el cual se calcular siguiendo los lineamientos establecidos en el artculo 7 y 8 de la Ley del Estatuto sobre el Rgimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administracin Pblica Nacional de los Estados y de los Municipios y 15 de su Reglamento, los cuales sealan:

 

Artculo 7: A los efectos de la presente Ley se entiende por sueldo mensual del funcionario o empleado, el integrado por el sueldo bsico y las compensaciones por antigedad y servicio eficiente. En el Reglamento se podrn establecer otros elementos de sueldo, segn las caractersticas del organismo o del empleado.

 

Artculo 8: El sueldo base para el clculo de la jubilacin se obtendr dividiendo entre 24, la suma de los sueldos mensuales devengados por el funcionario o empleado durante los dos ltimos aos se servicio activo.

 

Artculo 15: La remuneracin a los fines del clculo de la jubilacin estar integrada por el sueldo bsico mensual, por las compensaciones por antigedad y servicio eficiente y por las primas que respondan a estos conceptos.

Quedan exceptuados los viticos, las primas por transporte, las horas extras, las primas por hijos, as como cualquier otra cuyo reconocimiento no se base en los factores de antigedad y servicio eficiente, aunque tengan carcter permanente.

 

 

Todo ello, en el entendido, que las pensiones debern ajustarse a medida de que el salario base se le incluyan los incrementos salariales dado por la empresa al personal jubilado.

 

Por consiguiente, a fin de calcular le las pensiones de jubilacin dejadas de percibir por el ciudadano Lisandro Antonio Garca Armas desde el 1 de abril del ao 2001 hasta la fecha de la ejecucin de la sentencia, as como las que percibir a partir de la ejecucin del presente fallo, se ordena una experticia complementaria del fallo, la cual se realizar mediante un solo experto nombrado de comn acuerdo por las partes y a falta de acuerdo, por el Tribunal de Sustanciacin, Mediacin y Ejecucin, el cual deber tomar en consideracin los parmetros aqu enunciados.

Por otro lado, reclama el actor a tenor de lo dispuesto en el artculo 9 del Reglamento de Jubilaciones de la Convencin Colectiva de Trabajo 1994/1997, la cantidad de quince millones ciento veintids mil quinientos veinticinco bolvares (Bs. 15.122.525) por concepto de utilidades o bonificacin de fin de ao por el perodo comprendido entre el 1 de abril del ao 2001 y el 31 de diciembre del ao 2003. Al respecto, esta Sala acuerda lo pedido, a tenor de lo dispuesto en el artculo 25 de la Ley del Estatuto sobre el Rgimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administracin Pblica Nacional de los Estados y de los Municipio; en el entendido que tambin debern cancelarse las utilidades o bonificaciones de fin de ao habidos despus de la fecha del 31 de diciembre del ao 2003, para lo cual, igualmente se ordena una experticia complementaria del fallo, la cual como se dijo, se realizar mediante un solo experto nombrado de comn acuerdo por las partes y a falta de acuerdo, por el Tribunal de Sustanciacin, Mediacin y Ejecucin, el cual deber tomar en consideracin los parmetros aqu enunciados.

 

En cuanto a la cantidad reclamada de cuatro millones de bolvares (Bs. 4.000.000) por concepto de bono compensatorio, el mismo se declara improcente.

 

 

Por ltimo, esta Sala de Casacin Social, acuerda la correccin monetaria de las sumas debidas calculadas desde el decreto de ejecucin del fallo hasta la oportunidad del pago efectivo, todo ello de conformidad con lo establecido en el artculo 185 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo. As se establece.

 

DECISIN

 

En virtud de las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casacin Social, administrando Justicia en nombre de la Repblica y por autoridad de la Ley, declara: 1) CON LUGAR el recurso de casacin anunciado por la parte actora contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripcin Judicial del rea Metropolitana de Caracas de fecha 30 de enero del ao 2006, reproducida el da 06 de febrero del ao 2006; en consecuencia, SE ANULA el mencionado fallo; y 2) CON LUGAR la demanda incoada por LISANDRO ANTONIO GARCA ARMAS contra la COMPAA ANNIMA DE ADMINISTRACIN Y FOMENTO ELCTRICO (CADAFE).

 

A tenor de lo dispuesto en el artculo 64 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo, se condena en costas del proceso a la parte demandada.

 

Publquese y regstrese. Remtase el expediente al Tribunal Vigsimo Primero de Primera Instancia de Sustanciacin, Mediacin y Ejecucin de la Circunscripcin Judicial del rea Metropolitana de Caracas, para los fines legales consiguientes. Notifquese de esta decisin al Tribunal Superior de origen anteriormente mencionado.

 

La presente decisin no la firma el Magistrado JUAN RAFAEL PERDOMO por no haber estado presente en la Audiencia Pblica correspondiente.

Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho de la Sala de Casacin Social del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas a los treinta y un (31) das del mes de julio del ao 2.006. Aos 196 de la Independencia y 147 de la Federacin.

 

El Presidente de la Sala,

 

____________________________

OMAR ALFREDO MORA DAZ

 

 

El Vicepresidente, Magistrado Ponente,

 

_______________________________ _______________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

 

Magistrado, Magistrada,

 

_______________________________ ________________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIRREZ CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

El Secretario,

 

_____________________________

JOS E. RODRGUEZ NOGUERA

 

R.C. N AA60-S-2006-000257

Nota: Publicada en su fecha a las

 

 

 

 

El Secretario