SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado Dr. OMAR ALFREDO MORA DÍAZ.-

 

               En el juicio por colación, partición y liquidación de bienes hereditarios seguido por el ciudadano ANTONIO CADENAS VIVAS, representado judicialmente por los abogados JUAN BAUTISTA ROJO PAREDES, GERSON NIÑO GUERRERO y EYDING CAROLINA ROJO RIVAS contra: 1) los menores JOSÉ ANTONIO CADENAS ROJAS, MARCO ANTONIO CADENAS ROJAS y ANTONIETA CADENAS ROJAS representados por su madre, la ciudadana MERCEDES ROJAS EUGENIO, quienes están representados judicialmente por los abogados PEDRO ANTONIO REY GARCÍA, YRIS PAZ BRITO y ALEXIS ARIAS GARCÍA; 2) la menor BLANCA IRIS CADENAS CARO representada por su madre BLANCA NORA CARO PULGARÍN; y 3) la ciudadana NORWIS LISSET CADENAS VIVAS; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, dictó sentencia en fecha 17 de mayo de 2000, mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la representación judicial de la ciudadana MERCEDES ROJAS EUGENIO, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esa misma Circunscripción Judicial, en la cual se acordó emplazar a las partes para el nombramiento del partidor.

 

               Contra el fallo de Alzada, el apoderado de una de las partes demandadas, abogado PEDRO ANTONIO REY GARCÍA, anunció recurso de casación, el cual, una vez admitido al haberse declarado con lugar el recurso de hecho interpuesto por esa representación judicial, fue oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

 

               En fecha 3 de mayo de 2001, se dio cuenta en Sala de este expediente, asignándose la ponencia al Magistrado Dr. Omar Alfredo Mora Díaz.

 

               Concluida la sustanciación del presente recurso de casación y cumplidas como han sido las formalidades legales, pasa esta Sala de Casación Social a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los siguientes términos:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

               Se acusa, en atención al ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la infracción de los artículos 12, 15, 208 del mismo Código, por violación al derecho a la defensa, así como la transgresión de los artículos 7, 780 y 778 eiusdem y de los artículos 2, 49 ordinales 1º y 3º y artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

               Señala el formalizante que:

 

"En el presente proceso, ante la acción de Colación, Partición y Liquidación de Bienes, ejercida por los Actores, se procedió a citar a los Codemandados, y llegada la oportunidad procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, se procedió a realizar OPOSICIÓN, específicamente sobre la base de la FALTA DE CUALIDAD DE LOS ACTORES PARA SOSTENER EL JUICIO, (...). (...). Siendo el caso, que habiéndose discutido la cualidad o carácter de los Actores, el Juzgador A Quo, a través de auto de fecha 28 de junio de 1999, donde se emplaza a las partes para el nombramiento de partidor, el cual, es confirmado por la recurrida, circunstancia que, al haber actuado así el Juez A Quo y ser confirmado dicho auto, violan a mi representada el derecho de defensa al no poder plantear en el juicio ordinario, sus excepciones sobre el carácter de los Actores."

 

 

 

               Aduce que la recurrida no decidió conforme a la norma expresa contenida en el artículo 780 y 778 del Código de Procedimiento Civil, en razón de que hubo oposición y en el presente juicio no se siguió por el procedimiento ordinario; y de igual forma, se viola el artículo 15 del mismo Código porque se acordó una desigualdad y un estado de injusticia procesal.

 

               Se delata la infracción del artículo 208 de nuestra Ley Adjetiva Civil, en razón de que la recurrida, debió declarar la nulidad del auto que acuerda la partición y la consecuente reposición al estado en que vista la oposición formulada, se inicie el juicio ordinario; también, se denuncia la violación del artículo 7 eiusdem, pues, dicha norma consagra la obligatoriedad de seguir y realizar los actos procesales conforme al contenido de las disposiciones adjetivas del Código de Procedimiento Civil, y al violar los artículos 780 y 778 del mismo Código, infringe como consecuencia, el prenombrado artículo 7.

 

               Para decidir, la Sala observa:

 

               Con respecto a las denuncias de infracción de normas constitucionales, esta Sala en fallo de fecha 14 de junio de 2000, ha señalado:

 

"(...) no es posible para esta Sala de Casación Social revisar violaciones de normas de rango constitucional, por cuanto ello es competencia de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 266, ordinal primero de la Constitución, publicada en 1999; y por cuanto sólo son objeto del recurso de casación aquellas normas que resulten directamente infringidas, es decir, las normas de naturaleza infraconstitucional, que resulten violadas de forma inmediata en el caso concreto."

 

 

 

               En consecuencia, no habrá pronunciamiento sobre la acusada infracción de normas de carácter constitucional. Así se establece.

 

               Ahora bien, se hace necesario, conceptualizar lo que es la partición, y a tal efecto, el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, reseña:

 

"Partición. El concepto genérico conocido es el de división o reparto en dos o más partes o entre dos o más partícipes.II Más en especial en el mundo jurídico, la distribución o repartimiento de un patrimonio -singularmente la herencia o una masa social de bienes- entre varias personas con iguales o diversos derechos sobre el condominio a que se pone fin."

 

 

 

               Entonces, se entiende por partición de bienes comunes, el proceso de separación de éstos que tiene por finalidad otorgar a cada una de las personas, que tiene derechos sobre los bienes indivisos, la parte material o porción que realmente le corresponde.

 

               El caso de autos, por su naturaleza, es un juicio que se rige bajo la normativa jurídica contenida en el Capítulo II, Título V, Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil.

 

               Dispone el artículo 777 del Código de Procedimiento Civil, que:

 

"La demanda de partición o división de bienes comunes se promoverá por los trámites del procedimiento ordinario y en ella se expresará especialmente el título que origina la comunidad, los nombres de los condóminos y la proporción en que deben dividirse los bienes.

Si de los recaudos presentados, el Juez deduce la existencia de otro u otros condóminos, ordenará de oficio su citación."

 

 

 

               Dispone expresamente el artículo ut supra copiado, que la demanda de partición o división de bienes comunes, se promoverá por la vía del juicio ordinario; sin embargo, el contenido del artículo que le prosigue, preceptúa:

 

"Artículo 778. En el acto de la contestación, si no hubiere oposición a la partición, ni discusión sobre el carácter o cuota de los interesados y la demanda estuviere apoyada en instrumento fehaciente que acredite la existencia de la comunidad, el Juez emplazará a las partes para el nombramiento del partidor en el décimo día siguiente. El partidor será nombrado por mayoría absoluta de personas y de haberes. (omissis)."

 

 

 

               La norma en cuestión, indica que si al contestar la demanda de partición no existe oposición a ésta, o discusión sobre el carácter o la cuota que pretenden los interesados, y además la acción se sustenta en un instrumento fidedigno que demuestre que realmente hay una comunidad de bienes indivisos, el Juez convocará a las partes a los fines de que designen al partidor. En consecuencia, se aprecia que, por no haber oposición a la partición, no existe la necesidad de un procedimiento ordinario que permita la creación de un juicio cognoscitivo, el cual conduzca al Sentenciador a determinar la procedencia o improcedencia de la acción propuesta, en razón de que las partes están de acuerdo en realizar la división de los bienes objeto de partición, es decir, no hay contención entre las partes que deba ser resuelta por los órganos administradores de justicia.

 

               No obstante lo anterior, el contenido del artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, establece que:

 

"La contradicción relativa al dominio común respecto de alguno o algunos de los bienes se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario en cuaderno separado, sin impedir la división de los demás bienes cuyo condominio no sea contradicho y a este último efecto se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor.

Si hubiere discusión sobre el carácter o cuota de los interesados, se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario y resuelto el juicio que embarace la partición se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor." (Negrillas de la Sala).

 

 

 

               Es diáfano el artículo que inmediatamente precede, al disponer que cuando existe discusión sobre el carácter o cuota de los interesados en los bienes indivisos, el juicio de partición, se sustanciará y decidirá por los trámites del juicio ordinario, es decir, no existe la posibilidad de que el Juez emplace a las partes para que nombren al partidor, hasta tanto, por medio del fallo dictado por el Sentenciador, se resuelva la controversia que existe entre las partes. Existe pues, una seguridad jurídica garantizada por el Estado a los interesados, de que no habrá partición de unos bienes, hasta tanto no exista un fallo que resuelva la contención entre las partes.

 

               Para el caso que nos interesa, y con respecto al contenido del artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, señalado anteriormente, el Dr. Ricardo Henríquez La Roche, en su Código de Procedimiento Civil, apunta:

 

"La continuación del procedimiento ordinario y la postergación del nombramiento de partidor sólo tienen lugar cuando ocurre rechazo u objeción sobre alguno de estos aspectos: a) que uno o alguno de los litigantes no están llamados a la partición por no tener la correspondiente cualidad de comunero, heredero, socio, etc." (Obra cit. Tomo V; Pág. 390)

 

 

 

               Después de haber realizado las necesarias consideraciones anteriores, se constata que en el caso sub iudice, el formalizante ha delatado la violación al derecho a la defensa por parte de la recurrida, en virtud de que no se consideró la oposición a la partición que se ha efectuado, y en consecuencia, se emplazó a las partes para que nombraran al partidor.

               Se aprecia que la recurrida establece:

 

"La parte demandada tuvo en sus manos el haber provocado, en el acto de contestación de la demanda, que la causa se siguiera por los trámites del procedimiento ordinario. Con haber dicho simplemente "me opongo a la partición" o " los bienes que se solicitan traer a colación no pertenecen a la herencia", por ejemplo, la causa se hubiera ido a procedimiento ordinario, y el Juez de la Primera Instancia no hubiera tenido que emplazar a las partes para el nombramiento del partidor. Pero la parte demandada nada dijo al respecto, y por ello, precluyó para ella la oportunidad de oponer esas defensas, pues la Ley presume - juris et de jure-  que renunció a ellas." (sic) (vuelto folio 275)

 

 

 

               Empero, se aprecia que en la contestación a la demanda de partición, quien hoy recurre, señaló:

 

"De conformidad con lo establecido en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, rechazo y contradigo el libelo de demanda tanto en los hechos como en el derecho.

(...)

(...)

Se denota entonces, ciudadano Juez, que la excepción Perentoria o de Fondo de la Falta de Cualidad de los Actores, debe ser declarada CON LUGAR. Los actores vendieron sus cuotas de comuneros dentro de la sucesión de su padre, por lo cual al vender a través de contrato y siguiendo las tradicionales definiciones del contrato, establecidas en los artículos 1.133 y siguientes del Código Civil, ellos perdieron la titularidad, el título que les confiere "Cualidad" para accionar." (sic) (folio 108 y 112)

 

 

               De las transcripciones que preceden, se observa que la recurrida estableció que no hubo oposición a la partición porque la demandada no dijo, por ejemplo, me opongo ; lo cual es un formalismo innecesario, que está señalando la recurrida, en razón de que para realizar oposición a la partición, no es obligatorio apuntar la frase ME OPONGO, sino que ello puede derivar de una forma negativa en que se conteste el libelo de demanda, es decir, de una forma que contradiga y rechace la pretensión.

 

               A pesar de lo aseverado por el ad-quem, se evidencia que la accionada rechazó y contradijo el libelo de demanda y, señaló que existe una falta de cualidad de los actores, es decir, hubo oposición directa a la demanda de partición, por lo cual el procedimiento ha debido seguir por la vía del juicio ordinario.

 

               Visto lo anterior, se constata que hubo una evidente violación del derecho a la defensa, el cual, como lo señala la doctrina patria: "Es el que garantiza a las partes el ejercicio de sus legítimas facultades procesales para cumplir las cargas, aprovechar las posibilidades y realizar las expectativas que el proceso comporta" (Arístides Rengel Romberg; Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo V  pág. 195)

 

               En consecuencia, la recurrida infringe el contenido de los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, al no atenerse a las normas de derecho y por violación del derecho a la defensa y viola el contenido de los artículos 778 y 780 del mismo Código, al no haber ordenado que el presente juicio, vista la oposición de la demandada a la partición, se siguiera por la vía del procedimiento ordinario. Por lo tanto, se anulará el fallo recurrido, y se repondrá el presente juicio al estado en que el Tribunal de la causa, vista la oposición a la partición realizada por una de las partes demandadas y las pruebas promovidas, sustancie y decida la controversia por los trámites del procedimiento ordinario. Así se decide.

 

               Visto que ha sido declarada procedente una de las denuncias contenidas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la Sala, en atención a lo dispuesto en el artículo 320 del mismo Código se abstiene de conocer de las otras delaciones formuladas por el formalizante.

 

 

DECISIÓN

 

               Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de fecha 17 de mayo de 2000, dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira; en consecuencia,  SE ANULA la mencionada sentencia, y se repone el presente juicio al estado en que el Juzgado de la causa, vista la oposición a la partición realizada por una de las partes demandadas y las pruebas promovidas, sustancie y decida el presente asunto por los trámites del procedimiento ordinario.

 

               Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de la causa, es decir, al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. Notifíquese de la presente decisión al Juzgado Superior de origen ya mencionado.

 

               Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,  a  los  veintiséis  ( 26 )  días  del  mes  de  julio  de dos mil uno. Años 191º de la Independencia y 142º de la Federación.-

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

El Vicepresidente,

 

 

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    JUAN RAFAEL PERDOMO

 

 

                                                     Magistrado,

 

 

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                                                ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

 

 

La Secretaria,

 

 

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BIRMA I. TREJO DE ROMERO

 

 

R.C. Nº AA60-S-2001-000246