SALA DE CASACIÓN SOCIAL

 

Caracas,  catorce  (14)  de  junio   de 2007.- Años: 197° y 148°.-

En el juicio de cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales seguido por el ciudadano JAVIER GONZÁLEZ, representado judicialmente por los abogados Regina Aranaga Monasterio, Marcos Ramírez Delgado y Félix Guerra, contra la sociedad mercantil SCHLUMBERGER VENEZUELA, S.A., representada judicialmente por los abogados Maha Yabroudi, Neyla Rouvier, Noiralith Chacín, Adriana Rincón, María Villasmil, José Luis Hernández, Ibelise Hernández, Kareen Semprún, María Angélica Vílchez, Maríaluz Hernández y Gustavo Iriarte, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en sentencia de fecha 22 de septiembre de 2006, declaró parcialmente con lugar la demanda.

El Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, al conocer del recurso de apelación interpuesto por la demandada, en fecha 1° de marzo de 2007, declaró sin lugar la demanda, revocando la sentencia apelada.

Contra esa decisión, la parte actora interpuso el recurso de control de la legalidad previsto en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Recibido el expediente, se designó ponente al Magistrado quien con tal carácter suscribe el presente fallo y siendo la oportunidad legal para ello, pasa esta Sala de Casación Social a pronunciarse sobre su admisibilidad en los siguientes términos:

Dispone el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos casos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aun y cuando no fueran recurribles en casación, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación.

Esta Sala de Casación Social en decisión de fecha 12 de diciembre de 2002, expresó que aun cuando los requisitos de admisibilidad se cumplan “corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal Laboral, la admisibilidad de dicho recurso, cuando se hallen violentadas o amenazadas disposiciones de orden público o la jurisprudencia reiterada de la Sala”.

Por tanto, se refiere la Sala a que la admisibilidad del recurso se restringe a situaciones donde la violación o amenaza son de tal entidad, que resulte alterada la legalidad de la decisión o proceso sujeto a revisión. De allí, que se trate entonces, de violaciones categóricas del orden legal establecido, que en definitiva, transgredirían el Estado de Derecho, o de aquellas decisiones que contravengan la reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala de Casación Social, pues, ésta se contrae fundamentalmente entre otras, a preservar la uniformidad de la jurisprudencia laboral.

En el caso concreto señala el recurrente que la sentencia recurrida violó los artículos 89 y 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la jurisprudencia de la Sala, establecida en la sentencia N° 424 de fecha 10 de mayo de 2005, referidos a la no discriminación, derecho a un salario suficiente y a la irrenunciabilidad de los derechos laborales del trabajador, al no computarse en el pago de las prestaciones sociales, el tiempo de suspensión de la causa, que fue obligado a suscribir el actor con la demandada, en fecha 24 de marzo de 2003, en el cual se estableció la suspensión de la relación de trabajo, por una lapso de treinta (30) días, quedando exonerada la empresa de pagar el salario, siendo prorrogada, mes a mes, en los siguientes siete meses restantes.

De igual forma aduce, el recurrente, que la demandada no señaló las causas que motivaron la suspensión, pues reconoció en la declaración de parte, que sólo se suspendió una parte de los trabajadores de la nómina mayor, en aproximadamente un 50% -entre la cual se encuentra el actor-, y no así los de la nómina diaria que, para la fecha, estaba conformada entre 600 y 700 trabajadores, situación ésta que, a decir del actor, constituye una discriminación al actor y conlleva una irrenunciabilidad de sus derechos laborales, al no quedar evidenciado que la producción de la empresa llegó a bajar en un 80% durante el llamado paro petrolero.

Al respecto, de una revisión de los alegatos planteados en el presente recurso y luego de un análisis de la sentencia recurrida y de las pruebas  que cursan en autos, documentales e inspección judicial, la Sala observa que el Juez de alzada, no incurrió en violación de las normas señaladas ni de la jurisprudencia de la Sala, toda vez que la suspensión de la causa se hizo de mutuo acuerdo entre las partes, mes a mes, desde el 24 de abril hasta el 24 de septiembre de 2003 y, sólo con el personal de nómina mayor en un 50% aproximadamente, reiniciándose, a partir de la mencionada fecha, la prestación de servicios hasta el 28 de julio de 2004, fecha en la cual terminó la relación de trabajo, motivo por el cual se declara inadmisible el recurso interpuesto.

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia publicada el 1° de marzo de 2007, dictada por el Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

No hay condenatoria en costas dada la índole de la decisión.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Particípese esta remisión al Juzgado de origen ya mencionado.

El Presidente de la Sala,

 

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El-

Vicepresidente Ponente,                                                         Magistrado,

 

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO             ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

 

Magistrado,                                                                            Magistrada,

 

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

El Secretario,

 

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

R.C.L. N° AA60-S-2007-000850

Nota:          Publicada en su fecha a las

 

 

                                                                                  El Secretario,