SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado Dr. OMAR ALFREDO MORA DÍAZ.-

 

               En el juicio por cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales iniciado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas,  por el ciudadano MIGUEL ANTONIO GARCÍA MOGOLLÓN, representado judicialmente por los abogados Isabel S. Carpio Farías, Luis Simón Jiménez Rodríguez, Publio David Rojas Valderrama, Alba Silva Mendoza e Isidro Fernández de Freitas,  contra la empresa SANFORD DE VENEZUELA C.A., representada judicialmente por los abogados Raúl Zamora Hernández, César Bustamante Pulido, Eloy Lares Martínez, Leopoldo Lares Monserrate, Manuel Antonio Negrón Castañeda, José Antonio Ramos Martínez, Eddi Rafael Ferreira, Ana Cecilia Gerson Anzola, María del Carmen Quevedo Rivas y Beatrice Daniela Sansó de Ramírez, el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo en apelación, en fecha 20 de noviembre de 1996, dictó sentencia definitiva en la cual declaró con lugar la apelación interpuesta por la parte demandada, anulando todas las actuaciones posteriores a la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 7 de agosto de 1992; y reponiendo la causa al estado de que dicho tribunal proceda a notificar de la sentencia interlocutoria ya mencionada y se fije la oportunidad para la contestación al fondo de la demanda.

 

               Contra esta decisión de alzada, anunció recurso de casación la parte accionante, el cual, una vez admitido, fue oportunamente formalizado. Hubo impugnación sin réplica.

 

               Tramitado este asunto por ante la Sala de Casación Civil, correspondió la ponencia al Magistrado Dr. Aníbal Rueda.

 

               Por auto de fecha 13 de enero de 2000, la Sala de Casación Civil declina la competencia para decidir el presente asunto, en esta Sala de Casación Social, a la cual le corresponde en virtud de la materia, de conformidad con el  texto constitucional vigente.

 

               Recibido el expediente se dio cuenta en Sala en fecha 26 de enero de 2000.

 

               Concluida la sustanciación del presente recurso de casación y cumplidas como han sido las formalidades legales, pasa esta Sala de Casación Social a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, con base en las consideraciones siguientes:

                               

 

PUNTO PREVIO

 

                              Se observa la interposición del escrito de impugnación al presente recurso de casación, en fecha 19 de febrero de 1997.

                             

               Señala el impugnante que el presente recurso de casación no puede ser admitido, toda vez que la sentencia impugnada es de carácter repositorio y no pone fin al proceso o impide su ejecución.

               Al respecto, señala la doctrina patria lo siguiente:

 

“Sólo tienen recurso de casación de inmediato las sentencias definitivas que resuelvan el fondo de la controversia; las interlocutorias que ponen fin al juicio e impiden su continuación; la interlocutoria que resuelve la excepción dilatoria de incompetencia del Tribunal, y los casos sobre ejecución de sentencia que se encuentran dentro de las previsiones exigidas por el ordinal 3 del artículo 312 ejusdem; así como también las sentencias que la Sala en pacífica y constante doctrina ha denominado definitivas formales de reposición, que se dictan en lugar y en la oportunidad de dictar sentencia sobre el fondo del asunto, que dejan sin efecto la sentencia dictada en la instancia inferior.” (José Gabriel Sarmiento Núñez. Casación Civil).

 

 

 

               Asimismo, señala este Alto Tribunal, con respecto a la admisibilidad de las sentencias repositorias, que:

 

“Sólo por vía excepcional, las sentencias de reposición tienen casación de inmediato, y esto, cuando se trata de las denominadas por la jurisprudencia de esta Corte “definitivas formales” o “interlocutorias formales”, (...). (...) para  que se le pueda considerar definitiva formal, la sentencia repositoria debe cumplir con los siguientes requisitos: a) que se produzca en la oportunidad en que deba dictarse la sentencia definitiva de la última instancia, es decir, ya sustanciado el proceso en su conjunto y, b) que no decida la controversia sino que ordene dictar nueva sentencia a la instancia correspondiente, dejando sin efecto la sentencia de la instancia inferior que se había dictado sobre el fondo del asunto”. (Auto de la Sala de Casación Civil, de fecha 23 de septiembre de 1999).

              

               La sentencia objeto del presente recurso, se subsume en las denominadas definitivas formales, en virtud de que el juez superior la dictó en lugar y en la oportunidad de decidir sobre el fondo de la pretensión y declaró la nulidad de la sentencia de primera instancia, razón por la cual, es admisible el recurso de casación contra dicho fallo. Así se establece.           

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

Ú N I C O

              

               Se presenta una única denuncia por defecto de actividad, basada en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, por considerar la recurrente que la recurrida infringió los artículos 208, 15 y 212 eiusdem, por haber dictado una indebida reposición.

              

               Alega la formalizante que como consecuencia de una falta de notificación a las partes de una sentencia interlocutoria dictada fuera del lapso legal por el juez a quo, el sentenciador de alzada repuso la causa al estado de que se notificara a las partes de dicha decisión y se fijara la oportunidad para la contestación al fondo de la demanda, aun cuando la accionada había convalidado la falta de notificación dándole contestación al fondo de la pretensión.

              

               Señala la formalizante que:

 

“(...) la parte demandada opuso la cuestión previa de defecto de forma del libelo y el Tribunal se pronunció sobre ella fuera del lapso legal el día 7 de agosto de 1992 y no ordenó la notificación de las partes (...)

Esta omisión de una forma sustancial del procedimiento que menoscaba el derecho de defensa, como es natural, hubiese sido causa suficiente para que se decretara la reposición del juicio al estado de notificación, si la parte afectada por la omisión así lo hubiese solicitado EN LA PRIMERA OPORTUNI­DAD QUE ACTUÓ EN EL EXPEDIENTE.

Decimos que la nulidad debió ser alegada en la primera oportunidad en que la parte afectada se hizo presente en el expediente, debido a que nos encontramos frente a nulidades DE ORDEN PRIVADO que no son susceptibles de ser subsanadas en forma tácita si las mismas no se alegan oportunamente.

 

 

 

               Aduce que la reposición no ha debido decretarse, toda vez que la falta de notificación debe considerarse como una nulidad de orden privado y, en consecuencia, no se quebrantan normas de orden público.

 

               Para decidir, la Sala observa:

 

               La recurrida en casación repone la causa al estado en que el a-quo notifique a las partes de la sentencia interlocutoria de fecha 7 de agosto de 1992 y se fije la oportunidad para la contestación al fondo de la demanda; actuando así de conformidad con lo preceptuado en los artículos 206, 208 y 15 del Código de Procedimiento Civil.

              

               Dicha reposición se hace motivada, entre otras cosas, en virtud de que el juez de alzada, refiriéndose a la falta de notificación en que incurrió el a-quo, señala:

 

“(...) resulta evidente este vicio procesal que afecta gravemente la seguridad y la defensa, al estar paralizada la causa y no haberse notificado a las partes para la continuación, sin fijar la oportunidad para la contestación al fondo de la demanda, por lo que la parte demandada procedió a consignar escrito de contestación en fecha 11 de agosto de 1992 como consta a la primera pieza, pero siendo estas actuaciones sin validez alguna precisamente por mandato del Artículo 251 al no ser notificadas las partes; y mucho más grave cuando la decisión de Primera Instancia declara la confesión ficta por no haber la demandada contestado la demanda oportunamente(...). No podía estar la causa dentro del lapso legal cuando se dictó después de cinco notas de diferimientos y por lo que se hacía imperativo la notificación, por lo que se hacía obligante fijar por auto expreso la oportunidad de la contestación, después de dicha notificación. Con tal proceder, se violó la estabilidad del proceso, se alteró el derecho de defensa y del debido proceso por lo cual desde ningún punto de vista puede existir convalidación (...)”. (folio 75, Pieza 2).

 

 

               Con respecto a la notificación de las partes cuando un proceso se encuentra paralizado, ha establecido la jurisprudencia de este Alto Tribunal que:

“(...) la necesidad de notificación a los fines de reanudar la consecución de un juicio, que se encuentre paralizado, está estrechamente ligada con la garantía del derecho a la defensa y al debido proceso, ya que tiene por objeto informar a las partes, que a partir de la práctica de la misma, vencido el lapso establecido en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, comenzarán a transcurrir los lapsos previstos por el legislador en beneficio de las partes para el ejercicio de sus derechos.

En efecto, a lo previsto en la norma antes citada, cuando una causa está paralizada, el juez debe fijar un término no menor de diez días después de notificadas las partes o sus apoderados; debiendo resaltarse que ese “debe” tiene una naturaleza evidentemente imperativa, es decir, de inexcusable cumplimiento y ello se explica porque se trata de una orden concreta y expresa del legislador procesal, evitando con ello que se conculque el principio dispositivo según el cual, el Juez no puede suplir la actividad de las partes” (Sentencia del 5 de agosto de 1999, Tribunal Constitucional).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

              

               Dicho criterio evidencia la característica de norma de orden público de la notificación a las partes cuando un proceso se encuentra paralizado, en virtud de que se establece una obligación, un mandato expreso de la ley, de realizar tal actividad procesal por parte del juez, de manera que se ofrezca una igualdad y seguridad jurídica en el marco de un proceso.

 

               No obstante, es vasta la jurisprudencia adoptada por este Máximo Tribunal que señala que las notificaciones no son de orden público absoluto, y al respecto, la Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 28 de julio de 1999, refiriéndose a una sentencia de fecha 10 de diciembre de 1997, afirmó:

 

“Según la doctrina allí contenida, que hoy se reitera, la falta de notificación de las partes acerca de la publicación de la sentencia dictada fuera del lapso previsto en la ley, no quebranta reglas de orden público absoluto, de modo que ella puede ser convalidada por las partes (...)”. (Subrayado nuestro) 

  

.

               De dicho criterio jurisprudencial, se infiere que si bien es cierto que las notificaciones se subsumen dentro del ámbito de las normas de orden público, debe considerarse el hecho cierto de que están dentro de la categoría de normas de orden público relativo, al ser las partes quienes pueden convalidar la omisión del juzgador de realizar un mandato legal, en virtud de una actuación en el proceso antes de que se produzca tal actividad del juez. Evidenciada en el expediente la actuación de las partes, aun sin haber cumplido el sentenciador con una norma de orden público relativo, se considera que el acto omitido alcanzó el fin al cual estaba destinado, razón por la cual se hace inoficioso una actividad del juez dirigida a realizar el acto no efectuado, cuando ya las partes están en conocimiento del resultado de una decisión del juzgador y en consecuencia, conocen la etapa procesal siguiente.   

 

               Ahora bien, en el caso in comento hubo una actuación por parte de la accionada en fecha 11 de agosto de 1992, aun sin haber sido notificada de la sentencia interlocutoria, razón por la cual se considera que en el presente caso se configuró la notificación presunta o tácita.

 

               Con respecto a la figura de la notificación presunta o tácita,  ha establecido la jurisprudencia que:

 

“Sobre la admisibilidad de la notificación tácita se pronunció esta Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 18 de diciembre de 1990, (caso Lina Salazar contra Lucas Rodríguez Cid) al expresar:

 

“...Estima la Sala, por último, que en los supuestos de causas en estado de suspenso, debe admitirse la posibilidad de la notificación espontánea e inclusive de la presunta o tácita, lo cual puede ocurrir antes de ordenar el juez el medio a través del cual debe notificarse a las partes(...)”. (Sentencia de fecha 10 de junio de 1999, Sala de Casación Civil).

 

 

 

               Se  establece en el fallo referido, la posibilidad de que se configure la notificación presunta o tácita, en el caso de que antes de que se proceda a notificar a las partes de una decisión del juez, éstas acudan voluntariamente al tribunal y conozcan del fallo producido, razón por la cual es innecesario proceder a realizar la notificación, si ya las partes están en conocimiento de la sentencia.

 

               En el caso sub iudice, se evidencia que hubo una falta absoluta de notificación a las partes de la decisión del a- quo sobre la interposición de cuestiones previas, empero la primera actuación de la demandada en el tribunal, después de producida la sentencia interlocutoria, fue la de dar contestación al fondo de la demanda, entendiéndose que se convalidó la omisión de notificación en que incurrió el a-quo.

 

               Sin embargo, en el tribunal de alzada, se produce una reposición de la causa al estado de que se notifique a las partes de la sentencia interlocutoria.

              

               Ha establecido la doctrina venezolana, con respecto a la reposición, que:

 

“Se trata, pues, de una institución cuyo objeto es el de corregir los vicios de procedimiento que afectan o menoscaben la secuela del juicio y los derechos de los litigantes, por infracción de las normas legales que rigen la tramitación del proceso” ( José Gabriel Sarmiento Núñez, Casación Civil, pág.90).  

 

               Así pues, la reposición persigue la subsanación de un vicio procesal por parte del sentenciador que causó una lesión de tal envergadura a las partes o a una de ellas por el menoscabo del derecho a la defensa y al debido proceso, razón por la cual, se hace necesaria una nueva decisión. 

 

               Ahora bien, el vigente texto constitucional, en su artículo 335, faculta a este Tribunal Supremo de Justicia para garantizar la maximidad y efectividad de las normas y principios constitucionales, así como ser el mayor y último intérprete de la Constitución, cuidando de su uniforme interpretación y aplicación. Se enuncian ciertos principios constitucionales, entre los que destacan, para el caso en estudio, los siguientes:

 

Artículo 26.- “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

 

Artículo 257.- “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”.

   

               Con respecto a estos principios constitucionales, ha establecido esta Sala de Casación Social, en sentencia de fecha 9 de marzo de 2000, lo siguiente:

 

“Nuestro texto constitucional, (...), propone que el proceso es un instrumento para realizar la justicia. Asumir que lo jurídico es social y que lo social es jurídico. En este sentido, la finalidad última del proceso es la realización de la justicia solucionando los conflictos sociales (...)”

              

 

 

               Al respecto, y considerando que la justicia debe solucionar conflictos sociales, deben evitarse las reposiciones inútiles que causan retrasos innecesarios en la toma de decisiones para la resolución de un conflicto planteado en tribunales, cuestión que puede generar un perjuicio irreparable para las partes o sólo una de ellas.

 

               Es necesario perseguir la finalidad última del proceso, el de resolver controversias y, evitar al máximo que la justicia se vea lesionada por los retardos o retrasos indebidos que cometen los sentenciadores.

 

               En el caso bajo estudio, debe prevalecer la justicia como mandato constitucional, en consecuencia, bajo aplicación de los principios constitucionales arriba señalados y en virtud de todos los señalamientos explanados anteriormente, se hace innecesario la reposición de la causa al estado de que se notifique a las partes de la sentencia interlocutoria dictada por el tribunal de primera instancia y que se fije la oportunidad para la contestación al fondo de la demanda.

 

               La declaratoria de reposición es adversa el precepto constitucional establecido en la Carta Magna en sus artículos 26 y 257, razón por la cual el Juzgado Superior que conozca del presente asunto, deberá conocer del fondo del litigio y decidir en base a los autos cursantes en el presente expediente. Así se declara.

              

               En base a todos los argumentos señalados anteriormente, esta Sala de Casación Social declara con lugar la única denuncia de forma presentada. Así se establece.

 

D E C I S I Ó N

 

               En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la abogada Isabel Sofía Carpio Farías, en su carácter de apoderada judicial  del ciudadano MIGUEL ANTONIO GARCÍA MOGOLLÓN, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 20 de noviembre de 1996. En consecuencia, se anula el fallo recurrido, y se REPONE la causa al estado de que el Juez Superior que deba conocer en reenvío dicte nueva decisión corrigiendo el vicio indicado.             

 

               Publíquese, regístrese y bájese el expediente.

 

               Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,  a  los   catorce       ( 14 ) días   del   mes  de    junio  de dos mil. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación.-

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente,

 

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  JUAN RAFAEL PERDOMO

                                            Magistrado,

 

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                                          ALBERTO MARTINI URDANETA

 

La Secretaria,

 

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BIRMA I. TREJO DE ROMERO

 

R.C. Nº 97.051