SALA DE CASACIÓN SOCIAL

ACCIDENTAL

 

Ponencia del Magistrado Dr. ALFONSO VALBUENA CORDERO.

 

 

 

En el juicio por cobro de bolívares, mediante el procedimiento de vía ejecutiva que sigue el BANCO UNIÓN S.A.C.A., representado judicialmente por los abogados Francisco Rodríguez Nieto, José Gerardo Chávez Carrillo y Julio Norbert Pérez Vivas, contra los ciudadanos JESÚS GILBERTO ZAMBRANO DÍAZ (deudor), representado judicialmente por los abogados Patricia Ballesteros Omaña, Wilmer Jesús Maldonado y Pascuale Colangelo; ENRIQUE PADILLA GILLY (fiador) y PEDRO PADILLA GILLY (fiador), el Juzgado Superior Sexto Agrario, con sede en San Cristóbal, conociendo en apelación, dictó sentencia el 19 de julio del año 2000, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la demanda intentada y confirmó parcialmente la decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.

            Contra este fallo de alzada, el abogado Wilmer Maldonado, apoderado judicial de la parte demandada, anunció recurso de casación, el cual una vez admitido, fue formalizado, sin impugnación.

 

            Recibido el expediente se dio cuenta del asunto  en fecha 21 de septiembre del año 2000, correspondiendo la Ponencia al Magistrado Dr. ALBERTO MARTINI URDANETA. En la misma fecha el Magistrado OMAR ALFREDO MORA DÍAZ, manifestó tener motivos de inhibición.

 

Por auto de fecha 03 de octubre del año 2000, se declaró con lugar la inhibición del Magistrado OMAR MORA DÍAZ, y se procedió a convocar al respectivo suplente o conjuez.

 

Manifestada la aceptación del respectivo conjuez para integrar la Sala accidental, en fecha 01 de noviembre del año 2000, la misma quedó constituida de la siguiente manera: Magistrados JUAN RAFAEL PERDOMO y ALBERTO MARTINI URDANETA como Presidente y Vicepresidente, respectivamente y el tercer conjuez OMAR GARCÍA VALENTINER. Se designó Secretaria a la abogada Birma I. De Romero. De conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este Tribunal, asigna la ponencia al Magistrado Dr. Alberto Martini Urdaneta.

El Juzgado de sustanciación (accidental), en fecha 23 de noviembre del año 2000, declaró concluida la sustanciación del presente recurso de casación, por haber transcurrido los lapsos previstos en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil.

 

En virtud de la elección del Dr. ALFONSO VALBUENA CORDERO, como Magistrado integrante de esta Sala de Casación Social, el Juzgado de Sustanciación (accidental), en fecha 14 de febrero del año 2001, lo incorporó para constituir la Sala accidental en el presente juicio en sustitución del Magistrado ALBERTO MARTINI URDANETA.

 

Cumplidas las formalidades legales, pasa esta Sala de Casación Social (accidental) a decidirlo bajo la Ponencia del Magistrado Dr. Alfonso Valbuena Cordero, previas las siguientes consideraciones:

 

 

 

FUNDAMENTO DE LO DECIDIDO POR LA ALZADA

 

“La representación judicial del ciudadano JESÚS GILBERTO ZAMBRANO DÍAZ, mediante escrito presentado en fecha 16 de septiembre de 1998, por ante el a-quo, solicitó: ‘…la reposición de la causa al estado de admisión de la demanda y la nulidad de todos los actos subsiguientes de conformidad con los artículos 206, 211 y 212 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto al fijar el Tribunal el lapso para la contestación de la demanda por parte de los demandados, incurrió en errores que lesionan de manera evidente el derecho a la defensa de las partes y el principio universal del debido proceso…’. Con este pedimento el apoderado del co-demandado JESÚS GILBERTO ZAMBRANO DÍAZ impugna el auto de fecha 4 de junio de 1998, mediante el cual el a-quo admite la acción por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres y a ninguna disposición expresa de la ley.

 

Esta Alzada a los fines de resolver lo solicitado estima conveniente transcribir lo asentado por el Dr. RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su obra Código de Procedimiento Civil, Tomo III, página 35, al comentar el artículo 341:

 

‘Del auto que niega la admisión de la demanda tiene apelación en ambos efectos el demandante, pero del auto de admisión de la demanda, inmotivado -o con motivación genérica; admitida cuanto ha lugar en derecho-, no tiene apelación el demandado, puesto que la atendibilidad de su argumento al respecto puede y debe dilucidarse a través de la 11º cuestión previa. Por tanto deberá apelar de la sentencia que decida la cuestión previa, la cual debe ser oída en un solo efecto según el artículo 357. Jurisprudencia. El recurrente incurre en un lamentable error de apreciación jurídica. En efecto, de acuerdo con el sistema procesal vigente desde el año de 1987, ‘el auto que admite una demanda no puede considerarse como una diligencia de mera sustanciación o de mero trámite, los cuales pueden ser revocados o reformados de oficio o a petición de parte por el tribunal que lo haya dictado’. La admisión de una demanda, en el sistema procesal acogido por el legislador de 1987, es un típico auto decisorio..., conforme al cual el Tribunal puede no admitir la demanda si ella es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley. Si la demanda es admitida, cualquier recurso que se intentare deberá regirse por el principio de la concentración procesal, según el cual el gravámen jurídico que causare dicha decisión, solo podrá ser reparado o no en la sentencia definitiva que sobre el mérito de la controversia deberá dictarse. Por el contrario, si la demanda no es admitida, el gravámen será definitivo, y el recurso deberá oírse libremente, tal como lo prescribe el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, lo cual hace igualmente admisible de inmediato el Recurso Extraordinario de Casación (cfr CSJ, Sent. 16-3-88, en Pierre Tapia, O: ob.cit. Nº 3, pp. 79-80)’.

 

De lo transcrito se concluye que el auto de admisión es un ‘típico auto decisorio’ y como tal no puede ‘…ser revocado o reformado de oficio o a petición de parte, por el Tribunal que lo haya dictado…’ (artículo 310 C.P.C).

 

En consecuencia, este Juzgador al hacer suyo lo expuesto por el Dr. Henriquez La Roche, en la obra citada, concluye que lo solicitado por la representación judicial del  demandado JESÚS GILBERTO ZAMBRANO DÍAZ, no debe prosperar en derecho y así se decide.

 

-II-

 

El representante judicial del ciudadano JESÚS GILBERTO ZAMBRANO DÍAZ, en la oportunidad de los Alegatos ante esta Instancia, hizo referencia a:

 

1º) La violación e inobservancia del artículo 17 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios por parte del a-quo:

 

‘El artículo 17 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, taxativamente establece: ‘los juzgados agrarios aplicarán en el proceso las disposiciones pautadas en la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo y en la presente ley, a menos que en otras leyes se establezcan procedimientos especiales para ventilar la acción. El incumplimiento de estas disposiciones en la sustentación y decisión de procesos y recursos legales será causa de reposición de oficio por el Juzgado de Alzada…’.

 

Partiendo de este orden de ideas, tenemos que la Juzgadora del A-quo, al estar frente a un procedimiento especial consagrado en el Código de Procedimiento Civil en el Libro Cuarto referente a los Procedimientos Especiales, y por cuanto la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo, así como la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos Agrarios, no contemplan o no establecen un procedimiento especial que trate sobre la Vía Ejecutiva, estaba en la imperiosa e impretermitible obligación de observar el procedimiento consagrado en el Código de Procedimiento Civil para el trámite del procedimiento de vía ejecutiva, todo esto por mandato del artículo 17 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos Agrarios y por disposición expresa del artículo 22 del Código de Procedimiento Civil que textualmente reza: ‘...las disposiciones y los procedimientos especiales del presente código se observarán con preferencia a los generales del mismo, en todo cuanto constituya la especialidad; sin que por eso dejen de observarse en los demás las disposiciones generales aplicables al caso…’.

 

Por lo que a los fines de resolver sobre tal planteamiento, quien aquí juzga se permite transcribir lo asentado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en fecha 19 de febrero de 1998, con ponencia del Magistrado Aníbal Rueda, en el juicio de Guillermo Ancheta Palacio y Otros, expediente Nº 97-165; que por analogía debe aplicarse a las causas agrarias:

 

‘Omissis…Es evidente que cuando el artículo 17 de la Ley Orgánica de Tribunal y Procedimientos Agrarios establece la aplicación preferencial de procedimientos especiales, el término 'especial' no se refiere el procedimiento ordinario civil...No se trata, pues, de un procedimiento 'especial' establecido en otra ley, como lo requiere el artículo 17 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, para sustituir con preferencia al procedimiento allí establecido. El procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Tribunales de y procedimientos del Trabajo, para todos los casos de competencia agraria, es en sí un procedimiento especial, frente al procedimiento ordinario establecido en el Código de Procedimiento Civil.

 

La recurrida ha debido sentenciar la causa dentro del procedimiento especial establecido en la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, que remite al procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo y no reponer la causa para tramitarla por el procedimiento ordinario como en efecto lo hizo infringiendo el derecho al debido proceso con la errada aplicación de los artículos 15, 206, 207, 208, 777, 778 y 780 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 17 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios...'. En consecuencia, tal planteamiento debe desecharse. Así se declara.

 

2º) La falta de notificación del Procurador Agrario de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios.

 

Dicho artículo establece:

 

'En las demandas por desalojo o tenencia irregular de tierras u otros actos relacionados con la Reforma Agraria, el Juez Competente deberá notificar a un Procurador Agrario de la jurisdicción y éste hacerse presente en el acto de la contestación de la demanda, sin cuyo requisito no podrá llevarse a efecto, a menos que la parte interesada se haga representar por un abogado. El Juez de la causa podrá imponer multa al Procurador notificado, en caso de inasistencia injustificada, la cual no podrá ser menor de quinientos (500) ni mayor de dos mil bolívares (2.000,00).'

 

El Doctor ISRAEL ARGUELLO LANDAETA en su comentario a la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, (pag. 27 Editorial J. Alva) señala:

 

'...que el artículo 21 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, se refiere a que se trate de demandas por desalojos o tenencia irregular de tierras u otros actos relacionados con la Reforma Agraria'.

 

De autos se desprende que el caso que nos ocupa no conlleva al desalojo, no trata sobre tenencia irregular de tierras u otros actos relacionados con la Reforma Agraria; en consecuencia, la notificación del Procurador Agrario no se hacía necesaria, tal y como lo juzgó la Juez de la causa al momento de dictar el auto de admisión de la demanda.

 

Por lo que, lo alegado sobre este particular por el representante judicial del co-demandado JESÚS GILBERTO ZAMBRANO DÍAZ, debe desestimarse y así se declara.

 

3º) También hace mención en su escrito de Alegatos que se le cercenó el derecho a la defensa por falta de pronunciamiento del a-quo en cuanto a la reposición que fue motivo del análisis en el Capítulo I de éste Punto Previo. Al respecto se debe señalar que la Juzgadora de Primera Instancia al resolver en Punto Previo de la sentencia lo solicitado, se acogió al principio de la concentración, por lo que tal alegato tampoco es procedente y así se decide.

 

Resuelto como ha quedado el Punto Previo, se pasa a la Enunciación, Análisis y Valoración probatoria, como sigue a continuación:

 

-V-

 

ENUNCIACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN PROBATORIA.

 

La representación judicial del ente demandante señala en su escrito de demanda que:

 

a)'...el Ciudadano JESÚS GILBERTO ZAMBRANO DÍAZ, celebró con nuestra representada un convenio de refinanciamiento agrícola, mediante el cual aceptó y reconoció que adeudaba a nuestra demandante la cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ BOLÍVARES (BS.4.459.210,00), cantidad ésta que comprendía los siguientes conceptos: a) La cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (BS. 2.250.000,00) por concepto de capital; b) La cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ BOLÍVARES (Bs. 2.209.210,00) por concepto de intereses ordinarios.

 

Las cantidades antes señaladas provenían de un préstamo a interés de legitimo carácter agropecuario, que con sus propios recursos nuestra mandante le concedió al ciudadano OSCAR MANUEL ZAMBRANO RODRÍGUEZ (sic), y que dicho deudor se obligó a pagarlo en el plazo de seis meses (6), contados a partir de la firma del documento privado (pagaré), de fecha 10 de diciembre de 1991,es decir con vencimiento el día 8 de junio de 1992; pero es el caso que el deudor no cumplió con tal obligación y una vez entrada en vigencia la Ley de Refinanciamiento de la deuda del Sector Agrícola se acogió a los beneficios contemplados en élla...'.

 

Y al efecto acompañó documento contentivo del refinanciamiento agrícola, protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Cárdenas, del Estado Táchira, en fecha 28 de noviembre de 1996, bajo el Nº 16, Tomo 18, Protocolo Primero; del cual se desprende la veracidad de lo afirmado por la actora, y por cuanto no fue impugnado en la etapa procesal correspondiente, a tenor de lo dispuesto por los artículo 1359 y 1360 del Código Civil, se le confiere pleno valor probatorio. Así se declara.

 

Anexo igualmente copia simple del Plan de Amortización de Capital e Intereses Cartera Agrícola en Refinanciamiento del cliente JESÚS GILBERTO ZAMBRANO DÍAZ; el cual al no ser impugnado en la etapa procesal correspondiente se le otorga pleno valor probatorio al adminicularlo a lo expuesto en el documento analizado precedentemente. Así se decide.

 

b) 'Para garantizar a su representado las obligaciones asumidas por el deudor, esto es, la devolución del capital dado en préstamo, más los intereses ordinarios y de mora, los gastos de cobranza judicial y extrajudicial a que hubiere lugar, inclusive honorarios profesionales de abogados, los ciudadano ENRIQUE PADILLA GILLY y PEDRO PADILLA GILLY, venezolanos, mayores de edad, domiciliados en San Cristobal, casados, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-3.008.510 y V-3.006.083, se constituyeron en fiadores solidarios de dichas obligaciones, a cuyo efecto renunciaron a los beneficios de orden, división y excusión…’. Todo lo cual se desprende del documento precedentemente analizado y apreciado.

 

Dichos ciudadanos con tal carácter fueron citados legalmente tal y como se desprende de las boletas de citación que obran en autos (f. 27 y 28) y no obstante ello, no comparecieron a dar contestación a la demanda, ni presentaron prueba alguna que les favoreciera. En consecuencia, operó en su contra la confesión ficta y a tenor de lo dispuesto en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, se les debe tener por confesos. Así se decide.

 

c) Solicitó igualmente la cancelación de los intereses que se sigan venciendo hasta la total y definitiva cancelación de la obligación adecuada por el ciudadano JESÚS GILBERTO ZAMBRANO DÍAZ.

 

Sobre este particular en la sentencia recurrida se decidió:

 

‘…al respecto el Tribunal niega dicho pedimento, ya que este procedimiento especial en el cual el actor fundamentó su acción, exige que las cantidades de dinero deben ser líquidas y exigibles y el demandante no discriminó en forma clara y precisa sobre cual capital debía calcularse dichos intereses, y tampoco determinó lo que solicitaba, si era la tasa referida en el documento u otra cualquiera, colocando el pedimento en el ámbito de la imprecisión…’.

 

Aun cuando este Juzgador no comparte tal criterio debe reputarse firme, toda vez que la parte actora no ejerció el recurso de apelación y no les es dado al Juez de Segunda Instancia resolver sobre el particular porque de actuar de manera diferente estaría yendo contra la prohibición de la reformatio in peius que según constante y reiterada doctrina de nuestro Máximo Tribunal no es otra cosa que:

 

‘El vicio denominado…consiste en desmejorar la condición el apelante sin mediar el correspondiente recurso de apelación de su contraparte, no aparece sancionado en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Dicho vicio comporta, en realidad, una violación del principio tantum apellatum quantum devolutum consagrado en el artículo 288 eiusdem.

 

Es doctrina de la Sala que:

 

‘El desarrollo del principio llamado de la reformatio in peius implica estudiar en qué extensión y profundidad puede el juez de alzada conocer de la causa, esto es, determinar cuáles son los poderes con respecto al juicio en estado de apelación. Ahora bien, el efecto devolutivo de la apelación no se produce sino en la medida de la apelación: tantum devolutum quantum apellatum. Conforme a este principio, reiteradamente afirmado por la doctrina y la jurisprudencia, las facultades del juez de apelación quedan estrechamente circunscritas a la materia que había sido objeto específico del gravámen denunciado por el apelante’. (Sentencia del 18 de diciembre de 1986, Banco de la Construcción y de Oriente contra Heriberto Ortega)…omissis…’La doctrina de la Corte ha explicado en relación con la reformatio in peius, que la apelación transmite al Tribunal Superior el conocimiento de la causa, en la extensión y medida en que fue planteado el problema en el libelo introductivo de instancia ante el juez de origen, y en la extensión y medida del problema, tal como haya quedado reducido el debate en el momento de la apelación. Es decir, el efecto devolutivo no se produce sino en cuanto a los puntos de la sentencia que hayan sido atacados por los litigantes. La parte apelada del fallo será la única que pasa al conocimiento del tribunal de alzada, y el resultado de esa apelación no afectará, naturalmente, sino a los litigantes que hayan intervenido en el punto o proceso accionado, pues los puntos o negocios no apelados habrán causado ejecutoria, y el Superior no tendrá sobre ellos jurisdicción alguna: son cosa juzgada’. (Sentencia de 16 de diciembre de 1992. Ponente: Dr. Carlos Trejo Padilla). (Sentencia de la Sala de Casación Civil del 9 de octubre de 1997 con ponencia del Magistrado Dr. Héctor Grisanti Luciani, en el juicio de Alfredo Enrique Morales López, contra Zip Pak de Venezuela, C.A., en el expediente Nº 95-676, sentencia Nº 316).

 

d) Solicitó también el actor el ajuste monetario por la inflación, ajuste éste que deberá hacerse desde la fecha de admisión de esta demanda, hasta el día en que se produzca el fallo definitivo, y para el supuesto caso de que dicho fallo deba ejecutarse forzosamente, solicitamos que también se ordene la corrección monetaria desde el día de la sentencia hasta el pago definitivo de la obligación demandada. Asienta el a-quo en la recurrida que:

 

‘…Esta Juzgadora encuentra procedente tal petición, habida cuenta que como consecuencia del fenómeno inflacionario que desde hace varios años se vive en nuestro país, se ha ocasionado una sentida devaluación de nuestra moneda nacional con pérdida notable de su poder adquisitivo. Indexación o ajuste que debe hacerse sobre las cantidades que deben pagar los demandados, desde la fecha de la introducción de la demanda, hasta la fecha de la presente decisión, si la misma cumple voluntariamente, o en el caso de que deba ejecutarse forzosamente, dicha corrección monetaria se hará hasta que se cumpla con la ejecución forzosa’.

 

En tal sentido, la extinta Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Casación Civil, en fecha 24 de abril de 1998 con ponencia del Magistrado Dr. Hector Grisanti Luciani, en el juicio de Kenneth José Jack contra Transporte Souki, C.A., en el expediente Nº 95-554, sentencia Nº 324, señaló:

 

‘ …la corrección monetaria que ha de aplicarse en este juicio, ha de excluir los lapsos que transcurrieron, sin que las partes tuvieran responsabilidad en la tardanza en el pronunciamiento de los fallos respectivos…’, expresando en su parte dispositiva que dicho cálculo se haría:'…entre la fecha de la admisión del referido libelo y la que el Tribunal debió dictar sentencia, es decir excluyendo el tiempo en que el tribunal no dicto sentencia…’.

 

‘Resulta necesario precisar el verdadero alcance del nuevo pronunciamiento de fecha 14 de agosto de 1996, alejando su interpretación del sentido aparente que lo haría contradictorio, pues reducir el reajuste monetario a los lapsos en que las decisiones judiciales deben teóricamente ser dictadas, equivaldrían a excluir el efecto que la real duración del proceso judicial produce sobre la prestación reclamada, y al consolidar inicuamente la ventaja que al deudor insolvente permite la reconocida mora de nuestra administración de justicia. Para clasificar la recta intención de la Corte, en sucesivos fallos deberán excluirse del periodo computable para el cálculo inflacionario. ‘…omissis…Es importante tener presente que el riesgo de la demora judicial no puede ser descargado sobre el trabajador vencedor en la causa, sino sobre el patrono que no tuvo razones para incumplir su obligación, y que siempre pudo poner fin al proceso en cualquier grado y estado del mismo. De allí que sólo debe excluirse del cálculo de la corrección monetaria las circunstancias ya señaladas, las cuales deben ser precisadas por el Juez en el dispositivo, bien sea que él mismo determine la corrección u ordene su cálculo por experticia complementaria del fallo o de conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil’.

 

Sentencia que hace suya este Juzgador y en base a lo cual la corrección monetaria en el presente caso debe hacerse desde la fecha de la interposición de la demanda hasta el 24 de noviembre de 1998, fecha en la cual el Tribunal debió dictar sentencia tal y como se desprende del auto fechado 23 de octubre de 1998 (f. 71). Así se declara. En lo que respecta a esta instancia, el cálculo debe efectuarse desde el 26 de abril de 2000 hasta el día de hoy, diecinueve de Julio de 2000, fecha en que se produjo la decisión.

 

Esta Alzada no hace pronunciamiento alguno en relación al escrito de Alegatos presentado por ante instancia por la representación judicial de la parte actora, por cuanto esta alega en su escrito que el juicio se inició por demanda que presentó a un representado en contra de OSCAR MANUEL ZAMBRANO RODRÍGUEZ como deudor principal y JESÚS GILBERTO ZAMBRANO DÍAZ como fiador, no correspondiendo con los demandados de esta causa.

 

Prosiguiendo con el análisis probatorio, observa quien aquí juzga que el actor en la etapa probatoria por ante la Primera Instancia promovió el mérito y valor de las actas procesales en todo aquello que beneficien a su representada, en especial el que se desprende del documento que fue acompañado al libelo de la demanda (f. 64).

 

Sobre el particular se debe señalar al promovente que ésta no constituye procesalmente hablando ninguna de las pruebas admisibles porque resulta una obligación que emana del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el hecho de examinar todo lo alegado y probado en autos, a objeto de pronunciar un fallo que cumpla con los requisitos del ordinal 5º del artículo 243 ejusdem.

 

En la etapa probatoria que ocurrió por ante esta Alzada, la parte actora promovió el mérito y valor probatorio de las actas procesales, las cuales no le fueron admitidas por no ser de las pertinentes a esta instancia, sin embargo se advirtió que el sentenciador en el momento del fallo debe analizar el material probatorio traído a los autos, lo cual efectivamente realizó en cumplimiento a lo preceptuado en las normas antes citadas. Sobre este particular estima conveniente señalar a la actora, a manera eminentemente didáctica, que las pruebas válidas en segunda instancia son las que en forma taxativa señala el artículo 520 ejusdem en concordancia con los artículo 24 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios y el 76 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo.

 

El demandado JESÚS GILBERTO ZAMBRANO DÍAZ, en la etapa probatoria que corrió en primera instancia no promovió pruebas y las promovidas por ante esta instancia: mérito favorable del documento protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Cárdenas, del Estado Táchira, en fecha 28 de noviembre de 1996, bajo el Nº 16, tomo 18, Protocolo Primero; mérito favorable de la confesión espontánea por parte del demandante; mérito favorable del escrito presentado en fecha 16 de septiembre de 1998; mérito favorable de la confesión espontánea emitida por el Juez a-quo en su sentencia de fecha 18 de febrero de 2000; corrieron la misma suerte que las del actor, por lo que se da por reproducido lo señalado sobre el particular en el momento de su análisis.

 

Los demandados ENRIQUE PADILLA GILLY y PEDRO PADILLA GILLY, no obstante haber sido citados legalmente como se desprende de los folios (27-28), no presentaron defensa alguna".  

 

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

-I-

            De conformidad con lo establecido en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la parte recurrente denuncia la violación del artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de los artículos 15, 206, 208, 211, 212 y 630 al 639 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 17 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, por incurrir en el vicio de reposición no decretada.

 

            Alega el formalizante:

 

"En efecto, ciudadanos Magistrados, consta del Expediente contentivo de las actuaciones del proceso judicial en el cual se profirió la recurrida que el Tribunal de la Primera Instancia, al dictar la providencia admisoria in limite litis (folio 19), de la demanda, ordenó atendiendo a lo solicitado en el libelo de la demanda introductivo de la instancia, seguir el juicio por los trámites de la vía ejecutiva (vide al efecto folio 19 del expediente), también consta del mencionado auto de admisión de la demanda que el referido Tribunal de la Primera Instancia ordenó que el emplazamiento para la contestación de la demanda se hiciera para la oportunidad legal contemplada en la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios en concordancia con la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, a los fines de la tramitación de la fase de cognición o declarativa del 'Procedimiento Ordinario Agrario'.

Lo expuesto en los dos últimos párrafos que preceden, pone de relieve que el Tribunal de Primera Instancia combinó, mezcló o mistificó, en el proceso judicial en el cual se dictó la recurrida en Casación, el procedimiento especial de la Vía Ejecutiva contemplado en el Código de Procedimiento Civil, artículos 630 al 639 eiusdem, con el 'Procedimiento Ordinario Agrario', que resulta de la aplicación de lo normado en los artículos 17 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios y 56 al 75 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo.

 

Sin embargo, contrariamente a lo indebidamente ordenado y efectivamente realizado por el Tribunal de la Primera Instancia en su mencionado Auto de la admisión de la demanda, lo cierto es que ese Juez del Primer Grado de Jurisdicción necesariamente por mandato del artículo 17 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, que explícitamente deja a salvo la prevalencia de los 'procedimientos especiales para ventilar la acción frente a lo que resulta de la aplicación de las Leyes Orgánicas antes mencionadas' (la Agraria y la Laboral), ha debido aplicar preferente e integralmente el trámite procedimental que, tanto para la fase de cognición, como de la ejecución forzada, resulta para el procedimiento especial de la vía ejecutiva en los supra señalados artículos 630 al 639 todos del Código de Procedimiento Civil.

    

Al no haberse actuado en el concreto proceso en el cual se dictó la recurrida con estricta y exclusiva sujeción a lo normado en el Código de Procedimiento Civil, para la tramitación del 'Procedimiento Especial de la Vía Ejecutiva', resulta que fueron flagrantemente infringidos los preceptos legales tanto del artículo 17 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, como se reitera, en los artículos 630 al 639, todos del Vigente Código de Procedimiento Civil.

 

Y es la infracción de los específicos y singulares preceptos legales encuadrados en el párrafo supra inmediato, la que consecuencialmente dio lugar a la violación de lo estatuido en los artículos 15, 206, 208, 211 y 212, también del mencionado Código de Procedimiento Civil. (Omissis).

 

Debemos recalcar ciudadanos Magistrados, que todas las irregularidades procesales configurativas de las infracciones legales aquí denunciadas fueron planteadas por nuestro patrocinado (parte co-demandada hoy recurrente en Casación), desde la primera vez que compareció al trámite de Primera Instancia del Procedimiento Judicial en el cual se profirió la recurrida (16-09-98), con lo cual ha sido satisfecha a plenitud y cabalidad la exigencia legal, que, para la procedencia de una denuncia casacional de defecto de actividad derivado por reposición no decretada consagra en el Ordinal 4º del artículo 313 del Vigente Código de Procedimiento Civil, al determinar que es esencial, para que se declare con lugar el Recurso de Casación, que contra los quebrantamientos u omisiones de forma sustanciales de los actos que menoscaben el Derecho de Defensa, 'se hayan agotado todos los recursos'.

 

En virtud de todo lo expuesto solicitamos respetuosamente de esos Honorables Magistrados la declaratoria con lugar de la denuncia aquí planteada y que, en consecuencia, se reponga el proceso en el cual se profirió la recurrida al estado de que se vuelva a admitir la demanda ordenándose su tramitación exclusivamente, a través del Procedimiento Especial de la Vía Ejecutiva regulado en el Código de Procedimiento Civil.

 

No queremos concluir la presente denuncia sin enfatizar que las irregularidades procesales configurativas del vicio de reposición no decretada aquí denunciado le han causado una manifiesta situación de indefensión a nuestro patrocinado, derivada ella de lo siguiente:

 

1º.- Con las irregularidades procesales anotadas se le conculcó a nuestro patrocinado el derecho a formular su resistencia contra la pretensión dineraria deducida en el libelo de la demanda dentro de los más amplios lapsos previstos en el Código de Procedimiento Civil, para contestar la demanda, proponer cuestiones previas, promover y evacuar pruebas y ejercer los recursos procesales de apelación y casación toda esa REDUCCIÓN DE LAPSOS en un procedimiento tan drástico e inmisivo con el de la vía ejecutiva comporta una protuberante lesión del derecho fundamental que para todo justiciable representa la sagrada garantía constitucional de la defensa procesal, plasmada entre otros textos normativos en el numeral 1º del artículo 49 de la Vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a cuyo tenor tenemos 'La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho (...) de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejecutar su defensa'.

 

2º.- Se agravó la 'indefensión' ocasionada a nuestro patrocinado con las irregularidades procesales aquí denunciadas, cuando el Tribunal de la Primera Instancia, en flagrante violación a lo dispuesto en el artículo 10 del Vigente Código de Procedimiento Civil, omitió resolver el planteamiento repositorio formulado por nuestro patrocinado en la primera oportunidad  en la cual compareció al proceso; si la Juzgadora de Primera Instancia, como lo era esencialmente debido, hubiere resuelto de alguna manera ese planteamiento repositorio sin habérselo reservado 'tácitamente' para su sentencia definitiva del Primer Grado de jurisdicción nos hubiera permitido contestar la demanda, promover pruebas y sobre todo recurrir oportunamente en Apelación ante el Superior contra la eventual sentencia interlocutoria desestimatoria de nuestra solicitud de reposición.

 

Lo enfatizado en los dos numerales que preceden hace del todo visible la indefensión que nos fue causada, y todo ello evidencia que en el proceso en el cual se dictó la recurrida, según se anticipó en el encabezamiento de la presente denuncia 'si se omitieron' formalidades esenciales que, por argumento a contrario de lo determinado en la parte in fine del artículo 257 de la vigencia Constitución Nacional, hacía procedente que se sacrificara la justicia (rectius: el mérito del proceso), y se decretara la reposición procesal aquí nuevamente impetrada".

 

            Para decidir la Sala observa:

 

            La parte recurrente alega que el procedimiento de vía ejecutiva ha debido aplicarse en forma íntegra y preferente al procedimiento agrario, sostiene que el artículo 17 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, “deja a salvo la prevalencia de los procedimientos especiales para ventilar la acción frente a lo que resulta de la aplicación de las leyes orgánicas Agraria y Laboral.”, por lo que ha debido aplicarse el procedimiento especial de la vía ejecutiva.

 

            Es equivoco el criterio del recurrente según el cual, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos Agrarios, establece como excepción a la aplicación general del procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, la aplicación de los procedimientos especiales establecidos en otras leyes, dicha excepción se cumple aplicando el procedimiento  ordinario civil, por encontrarse éste establecido a su vez en las previsiones del juicio especial de vía ejecutiva.

 

            La especialidad de la vía ejecutiva consiste en que paralelamente a la cuestión de fondo se adelantan y sustancia en cuaderno separado las medidas de ejecución de la sentencia tales como: el embargo de bienes, publicación de carteles, justiprecio, caución o garantía destinadas a lograr la ejecución anticipada.

            Según lo expuesto, el Juzgado a quo cumplió con el mandato de aplicar el procedimiento especial de vía ejecutiva con preferencia al procedimiento ordinario agrario, cuando en el auto de admisión de la demanda, de fecha 04 de junio de 1998, ordenó abrir el cuaderno separado decretando en el mismo la medida ejecutiva de embargo, pudiéndose tramitar el procedimiento de ejecución simultáneamente con la fase de cognición del juicio. Por lo tanto, no se quebrantó norma de procedimiento alguna al ordenarse seguir el proceso de cognición mediante el procedimiento agrario, pues la sustanciación de la causa tenía que hacerse de acuerdo con las previsiones de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, toda vez que no forma parte de la especialidad de la vía ejecutiva, este criterio ya fue asentado por la Sala de Casación Civil, de este Alto Tribunal, en fallo de fecha 19 de febrero de 1998, que al casar de oficio una sentencia recaída en un juicio de partición de un fundo rústico estableció:

 

     “El Código de Procedimiento Civil establece el procedimiento ordinario para dilucidar esta primera fase sobrevenida en el juicio de partición. No se trata, pues, de un procedimiento “especial” establecido en otra ley, como lo requiere el artículo 17 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos Agrarios, para sustituir con preferencia al procedimiento allí establecido. El procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo para todos los casos de competencia agraria, es en si un procedimiento especial, frente al procedimiento ordinario establecido en el Código de Procedimiento Civil.”

            En este mismo orden de ideas, el Dr. Ricardo Henriquez La Roche, al comentar el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, señaló:

 

“El proceso de cognición puede ser el procedimiento ordinario propiamente dicho, (...) o cualquier otro procedimiento de cognición que deba aplicarse; vgr, el procedimiento breve, el procedimiento oral si fuese autorizado (Art. 880) u otro proceso especial de conocimiento que presuponga la idoneidad de la vía ejecutiva para dilucidar la pretensión que se hace valer...”

 

            Establecido como ha quedado que en el presente juicio por cobro de una deuda, derivada de un crédito de naturaleza agraria, es procedente la sustanciación de la fase de cognición de la vía ejecutiva mediante el procedimiento agrario, debe desestimarse el alegato del recurrente de habérsele causado una indefensión al reducírsele los plazos para la realización de los actos procesales, que son más amplios en el procedimiento ordinario civil que en el procedimiento agrario.

 

            En relación a la delación de quebrantamiento del artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, por parte del Tribunal a quo, la Sala observa:

 

            Dispone el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, que el Juez es el director del proceso y no los litigantes, por ello, si alguna de las partes solicita una determinación judicial que a criterio del Juzgador debe quedar reservada para un momento posterior oportuno, no puede aplicársele el lapso perentorio de tres días de despacho a los fines de exigirle el pronunciamiento, bastando para mantener la sanidad del proceso que el Juez indique que la providencia requerida quede reservada para la definitiva.

 

            En el caso bajo examen, el Juez no hizo la indicación de reservarse la decisión sobre el planteamiento repositorio para la sentencia definitiva, pero ni ello ni la falta de pronunciamiento sobre la reposición puede considerarse como causante de indefensión. Estando a derecho los condenados a partir de su citación, el recurrente pudo comparecer a contestar la demanda (la formulación del planteamiento repositorio se hizo en la oportunidad en que debía producirse la contestación de la demanda) y a promover y evacuar pruebas.

 

            La formulación de un planteamiento repositorio no interrumpe de ninguna manera el curso de la causa y sólo son atribuibles a las partes las consecuencias de dejar de realizar un acto procesal apropiado para la mejor defensa de sus derechos e intereses, lo cual constituye su

 

“carga”, en espera de una decisión incidental que válidamente puede ser pronunciada con  la sentencia definitiva.

 

            Por las razones antes expuestas, se desestima la presente denuncia.

 

-II-

 

 

            De conformidad con lo previsto en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la parte recurrente denuncia la violación de los artículos 21 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, los artículos 11, 15, 206, 208, 211 y 212 del Código de Procedimiento Civil, por incurrir en el vicio de reposición no decretada.

            Aduce el formalizante:

 

"Consta de la propia recurrida que la pretensión objeto del proceso en el cual esa sentencia de la última Instancia fue dictada, está referida a la pretensa celebración de un contrato de un crédito de naturaleza jurídica agraria ('...la cantidad señalada provenía de un préstamo interés de legítimo carácter agropecuario...' folio 140 de la recurrida). La circunstancia anotada en el párrafo anterior - se reitera, la naturaleza agraria del crédito dinerario al cual se refiere la pretensión objeto del proceso en el cual se dicto la recurrida- nítidamente determina que se está en presencia de un acto jurídico -el pretenso crédito dinerario antes anotado- 'relacionado con la Reforma Agraria'.

 

Lo determinado en último lugar queda parcialmente sustentado con la acreditada cita doctrinal que ha continuación se transcribe : (Omissis).

 

Ahora bien, tratándose según lo visto que la pretensión objeto del proceso en el cual se profirió la recurrida esta referida a un acto jurídico 'relacionado con la Reforma Agraria', resulta que el libelo de la demanda por cuyo conducto se interpuso esa pretensión procesal se subsume plenamente en el concepto legal previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, de 'demandas por (...) actos relacionados con la Reforma Agraria...'y, en consecuencia, le es irrestrictamente aplicable lo dispuesto en ese artículo de Ley al textualmente disponer que'...en las demandas por desalojo o tenencia irregular de tierras u otros actos relacionados con la Reforma Agraria, el Juez Competente deberá notificar a un Procurador Agrario de la Jurisdicción y éste hacerse presente en el acto de la contestación de la demanda, sin cuyo requisito no podrá llevarse a efecto, a menos que la parte interesada se haga representar por un Abogado. El Juez de la causa podrá interponer multa al Procurador notificado, en caso de inasistencia injustificada la cual no podrá ser menor de quinientos (500) ni mayor de dos mil bolívares (Bs. 2000)...' (Omissis).

 

Sin embargo, al examinarse los autos del proceso en el cual se dicto la recurrida -lo que puede perfectamente hacer esa Sala al conocer una denuncia de defecto de actividad- se constata que en él, nunca se cumplió con la notificación del Procurador Agrario ordenada en el transcrito artículo 21 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios.

 

Lo anterior significa que con relación al proceso judicial en el cual se profirió la recurrida se incurrió en una violación del Procedimiento nítidamente configurativa de una lesión de Orden Público.

 

En virtud de lo expuesto solicitamos que al declarnos con lugar el presente recurso se ordene la reposición de la causa al estado de admitir nuevamente el libelo de demanda ordenándose la notificación del Procurador Agrario de conformidad con el artículo 21 eiusdem".

 

            Para decidir, la Sala observa:

 

            La función que la Ley le confiere al Procurador Agrario es la de asumir la representación sin mandato de los beneficiarios de la reforma agraria, y por ese motivo llena una función de orden social de importancia fundamental para la buena marcha de los procesos judiciales.

 

            El artículo 21 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos Agrarios establece que sin la presencia del Procurador Agrario en el acto de contestación de la demanda en los juicios por desalojo o tenencia irregular de tierras u otros actos relacionados con la reforma agraria, dicho acto procesal no podrá llevarse a cabo, a menos que la parte interesada se haga representar por un abogado.

 

            Ahora bien, en el caso bajo examen, se evidencia que en la oportunidad de la contestación de la demanda, en fecha 12 de agosto de 1998, el recurrente ya había constituido como apoderados judiciales a los abogados Gloria Elena Velásquez Soto, Wilmer Jesús Maldonado Gamboa y Miguel Gerardo Peñaloza Urbina, haciéndose presente el último de los nombrados, para presentar escrito solicitando la reposición de la causa, por lo que en el presente caso, la falta de notificación del Procurador Agrario no produjo ningún tipo de indefensión al recurrente, pues, éste tuvo tanto en el acto de contestación de la demanda como en el resto del proceso, la representación judicial que consideró adecuada para que sostuvieran y defendieran sus derechos e intereses.

 

            Por las razones antes expuestas, se desestima la presente denuncia.

 

 

DECISIÓN

 

            Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por el demandado Jesús Gilberto Zambrano Díaz, contra la sentencia de fecha 19 de julio del año 2000, dictada por el Juzgado Superior Sexto Agrario con sede en Barquisimeto. Se condena en costa a la parte recurrente de conformidad con lo previsto en los artículos 274 y 320 del Código de Procedimiento Civil.

 

            Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira y particípese de dicha remisión al Juzgado Superior de origen, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

 

            Dada,  firmada  y  sellada  en  la  Sala  de  Despacho  de  la  Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los doce  (12) días del   mes de   junio   de dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El presidente de la Sala,

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO

 

El Vicepresidente, ponente

 

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ALFONSO VALBUENA CORDERO

                                                                            El Tercer Conjuez,

 

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OMAR GARCÍA VALENTINER

La Secretaria,

 

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BIRMA TREJO I. DE ROMERO

RC Nº 00-389