SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ

En el juicio que por cobro de prestaciones sociales, sigue el ciudadano RÓMULO AMADO DELGADO, representado judicialmente por los abogados Zoraida Delgado, Jaily Ávila y Gilberto Chacón, contra la COOPERATIVA A.C. MIXTA LOS TACARIGUAS, R.L., representada judicialmente por el ciudadano José Alirio Valera, asistido por los abogados Ana Gil, José Rosalino Medina e Iván José Medina Leguizamón; el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Maracay, dictó sentencia en fecha 25 de enero del año 2005, mediante la cual declaró con lugar la apelación intentada por la parte actora, contra la decisión proferida en fecha 15 de octubre de 2004, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la demanda; en consecuencia, revoca dicho fallo y la declara  parcialmente con lugar.

Contra esta decisión propusieron recurso de control de la legalidad tanto la parte actora como la demandada.

Recibido el expediente en esta Sala, se dio cuenta en fecha 15 de marzo del año 2005, correspondiendo la ponencia al Magistrado Alfonso Valbuena Cordero; y en fecha 21 de febrero de 2006, se reasigna la ponencia al Magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Celebrada la audiencia oral, pública y contradictoria en fecha 02 de marzo de 2006, y habiendo esta Sala pronunciado su decisión de manera inmediata, pasa a reproducir la misma en los siguientes términos:

 

Por razones estrictamente de orden metodológicas, esta Sala de Casación Social alterara el orden para conocer de los recursos interpuestos y analizará preliminarmente el recurso de control de la legalidad intentado por la parte demandada:

 

DEL RECURSO DE CONTROL DE LA LEGALIDAD INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDADA

 

              Adujo el impugnante, que la relación objeto de la presente controversia fue examinada y decidida, con total desconocimiento y desaplicación de la doctrina jurisprudencial de esta Sala en cuanto al manejo para determinar la existencia de una relación de trabajo, del “Test de Dependencia”, desarrollado en las sentencias de FENAPRODO, DIPOSA e INVERSORA 1525 C.A; en tal sentido, considera que no fueron tomados en cuenta, dichos criterios que dictaminan cuáles son los elementos que deben verificarse para calificar una relación como laboral; pues, el Juzgador de Alzada sólo se limitó a enmarcar la relación debatida conteste con los elementos típicos que desarrolla la Ley Orgánica del Trabajo, afirmando:

 

“(…) LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA COINICIDEN EN AFIRMAR QUE PARA LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO ES NECESARIO QUE EN LA PRÁCTICA CONCURRAN CUATRO (04) ELEMENTOS QUE SON: 1) PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 2) SUBORDINACIÓN, 3) SALARIO 4) AJENIDAD; LOS CUALES DERIVAN, EN NUESTRO AMBITO JURÍDICO, DE CONTENIDO DEL ARTICULO 67 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO VIGENTE…(OMISSIS)…AHORA BIEN, HABIENDO QUEDADO ESTABLECIDA LA RELACIÓN LABORAL ENTRE LAS PARTES, CORRESPONDE PRONUNCIARSE CON RESPECTO A LOS CONCEPTOS Y MONTOS DEMANDADADOS(…)”.

 

                  La Sala para decidir observa:

                  Ha sido reiterado el criterio de esta Sala de Casación Social, en cuanto a que la calificación de una relación jurídica como supeditada al ámbito de aplicación subjetivo del Derecho del Trabajo, dependerá inconcusamente que del vínculo jurídico que se configura entre las partes, se desprendan los elementos característicos de una relación de trabajo.

              En este orden de ideas, la doctrina jurisprudencial de esta Sala de Casación Social, considera como elementos definitorios de la relación de trabajo, los siguientes: 

“(...) en el único aparte del citado artículo 65, se debe establecer la consecuencia que deriva de la norma jurídica que consagra tal presunción, a saber, la existencia de una relación de trabajo, la cual por mandato legal expreso, se tiene por plenamente probada, salvo prueba plena en contrario, es decir, que el juez debe tener por probado fuera de otra consideración la existencia de una relación de trabajo, con todas sus características, tales como el desempeño de la labor por cuenta ajena, la subordinación y el salario. Se trata de una presunción iuris tantum, por consiguiente, admite prueba en contrario, y el pretendido patrono puede, en el caso, alegar y demostrar la existencia de un hecho o conjunto de hechos que permitan desvirtuar la existencia de la relación de trabajo, por no cumplirse alguna de las condiciones de existencia, tales como la labor por cuenta ajena, la subordinación o el salario y como consecuencia lógica, impedir su aplicabilidad al caso en concreto.”. (Sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 16 de marzo de 2000.) (Subrayado actual de la Sala).

 

              

                   Siguiendo este orden de ideas, esta Sala de Casación Social, en sentencia 489 de fecha 13 de agosto de 2002 (caso: Mireya Beatriz Orta de Silva contra Federación Nacional de Profesionales de la Docencia, "Colegio de Profesores de Venezuela”), sentó criterio en cuanto a los requisitos o elementos que permiten determinar la naturaleza laboral o no de una relación jurídica, que en esta oportunidad se ratifica en su integridad, y el cual es del siguiente tenor:

 

“Sin ser exhaustiva, una lista de los criterios, o indicios, que pueden determinar el carácter laboral o no de una relación entre quien ejecuta un trabajo o presta un servicio y quien lo recibe fue propuesta en el proyecto de recomendación sobre el trabajo en régimen de subcontratación que la Conferencia de la OIT examinó en 1997 y 1998:

 

a) Forma de determinar el trabajo (...)

b) Tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo (...)

c) Forma de efectuarse el pago (...)

d) Trabajo personal, supervisión y control disciplinario (...)

e) Inversiones, suministro de herramientas, materiales y maquinaria (...);

f) Otros: (...) asunción de ganancias o pérdidas por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio, la regularidad del trabajo (...) la exclusividad o no para la usuaria (...).”. (Arturo S. Bronstein, Ámbito de Aplicación del Derecho del Trabajo, Ponencia del Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Caracas-Venezuela 6-8 de mayo de 2002. Pág. 22).

 

Ahora, abundando en los arriba presentados, esta Sala incorpora los criterios que a continuación se exponen:

 

a) La naturaleza jurídica del pretendido patrono.

b) De tratarse de una persona jurídica, examinar su constitución, objeto social, si es funcionalmente operativa, si cumple con cargas impositivas, realiza retenciones legales, lleva libros de contabilidad, etc.

c) Propiedad de los bienes e insumos con los cuales se verifica la prestación de servicio.

d) La naturaleza y quantum de la contraprestación recibida por el servicio, máxime si el monto percibido es manifiestamente superior a quienes realizan una labor idéntica o similar;

e) Aquellos propios de la prestación de un servicio por cuenta ajena (...)”.  

 

En el presente caso, del análisis que se hace del fallo recurrido y las restantes actas que conforman el expediente, se pone en evidencia que el punto medular del presente recurso, deviene en determinar si en el caso in commento, el vínculo jurídico existente entre las partes se encuentra supeditado al ámbito de eficacia de Derecho del Trabajo, ello, en correspondencia con el test de laboralidad diseñado doctrinalmente por la Sala.

 

Ahora bien, el Juzgador de Alzada, al decidir la presente causa, expuso:

“En base a ello, y por cuanto se evidencia del análisis de la causa, así como de los alegatos y observaciones de las partes, que el PUNTO CONTROVERTIDO radica en la EXISTRENCIA O NO DE LA RELACIÓN LABORAL entre ellas, esta sentenciadora pasa a examinar las actas del expediente y pruebas que permitan determinar si efectivamente concurren los elementos necesarios para así verificar la cualidad de las partes. En cuanto a la impugnación hecha por la parte demandada durante la Audiencia de Juicio, sobre documentos consignados por la accionante, se observa que no fue formalizada como legalmente se establece, por lo cual se tiene como no formulada.

 

La doctrina y la jurisprudencia coinciden en afirmar que para la existencia de una relación de trabajo es necesario que en la práctica concurran cuatro (4) elementos que son:

 

1)      Prestación de servicio

2)      Subordinación

3)      Salario

4)      Ajenidad o ajeneidad; los cuales se derivan, en nuestro ámbito jurídico, del contenido del artículo 67 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente, que al definir “contrato de trabajo” señala que “es aquel mediante el cual una persona se obliga a prestar servicios a otra (ajeneidad) bajo su dependencia (subordinación) y mediante una remuneración (salario).

 

En cuanto al primer aspecto, prestación de servicio; consta al folio 87 del expediente credencial de trabajo a nombre de RÓMULO A. DELGADO, en la cual se evidencia que la Cooperativa A.C. Mixta Los Tacariguas, R.L, antes fue CONDUCTORES UNIDOS SAN VICENTE y EXPRESOS ARAGUEÑOS, y el mencionado ciudadano tenía el cargo de CONDUCTOR (…) esta sentenciadora aprecia la declaración del Representante Legal de la demandada en el desarrollo de la Audiencia Oral, en el sentido que expresó a esta Alzada que el demandado era un trabajador eventual. Todo ello constituye, en base al ya reseñado principio de Primacía de la Realidad, evidencia de aceptación de la existencia de una prestación de servicio. Y así se decide.

 

El segundo aspecto es la subordinación (…).Al folio noventa y uno (91) del expediente, cursa PARTICIPACION de fecha 03 de noviembre de 1998, suscrita por la junta Directiva de EXPRESOS ARAGUEÑOS, C.A., mediante la cual se indica la prohibición de: ´cargar colector (a), pasar pasajeros por la puerta trasera, cargar pasajeros fuera de maquina, llevar acompañantes, conducir a exceso de velocidad y guardar el vehiculo sin equipar completo de gasoil`; y al folio noventa y dos (92) del expediente, COMUNICACION de fecha 10 de mayo de 1999, suscrita por la Junta Directiva de CONDUCTORES UNIDOS SAN VICENTE, dirigida a Rómulo Delgado, mediante la cual se le impone una sanción, la cual radica en su suspensión a partir del día 12 de mayo de 1999 hasta el 18 de mayo de 1999, ambos inclusive, y como motivo de la misma se señala: "cargar colector". Por tanto, considera esta sentenciadora que se desprende del análisis de dichos documentos, en concatenación con las demás actas que conforman el expediente, que el demandante debía cumplir órdenes e instrucciones que de no ser acatadas traían como consecuencia la imposición de sanciones y/o amonestaciones, configurándose así el elemento subordinación. Y así se decide.

 

El tercer aspecto: salario, ha sido recogido por la Lev Orgánica del Trabajo en su artículo 133, que al efecto indica: "Se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de calculo  siempre que pueda evaluarse en efectivo, que corresponda al trabajador por la prestación de su servicio y, entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional así coma recargos por días feriados, horas extras o trabajo nocturno, alimentación y vivienda': En virtud de que no se demuestra el salario devengado efectivamente por el demandante, considera esta sentenciadora, en aras del Principio de la EQUIDAD, dirigido al Juez para que en su interpretación este orientado, siempre, por la justicia del caso concreto, en acatamiento de lo dispuesto en el articulo 26 de la Constitución, que señala, que toda persona tiene derecho a una justicia equitativa, toma como base de calculo de los beneficios derivados de la relación de trabajo EL SALARIO MINIMO URBANO establecido en el territorio nacional, en los distintos años de la prestación del servicio. Y así se decide.

 

El cuarto y último aspecto: la ajeneidad, implica que el trabajador no cuente con la potestad de organizar y dirigir los mecanismos para la obtención de los frutos o riquezas del negocio, y es tratada doctrinariamente como un elemento de la subordinación, en consecuencia, habiendo quedado configurado el elemento "subordinación", del cual forma  parte, estima quien sentencia que evidentemente este elemento ha quedado probado. Y así se decide.

 

Ahora bien, habiendo quedado establecida la existencia de relación laboral entre las partes, corresponde pronunciarse con respecto a los conceptos y montos demandados. Al efecto, se observa: (...).

 

En el caso bajo estudio, la actora no probo haber laborado las horas extras ni los días feriados señalados, y siendo que la demandada rechazo en forma pormenorizada dichos conceptos, En consecuencia, esta Juzgadora declara improcedentes los mismos. Y así se decide.

En razón de lo expuesto, y en procura de dar cumplimiento a los principios que emanan de las normas legales y constitucionales mencionadas supra, este Juzgado declara CON LUGAR el recurso de apelación y PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda. En consecuencia, se revoca la sentencia proferida por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito judicial del Trabajo del Estado Aragua en fecha 15 de octubre de 2004. Y así se decide”.­

 

      En tal sentido, se observa del pasaje ut supra transcrito, que la Juez de Alzada, se limitó para determinar la naturaleza laboral del vínculo que unía al actor con la accionada, a realizar un análisis de los elementos de la relación de trabajo, sin examinar los indicios que permiten determinar la naturaleza laboral o no de una relación jurídica, de conformidad con el test de laboralidad desarrollado jurisprudencialmente, y por tanto, corresponde a la Sala, verificar si tal omisión por parte del ad quem es determinante en el dispositivo del fallo.

 

      Así, en el caso sub iudice el thema decidendum se circunscribe en determinar la existencia de un vínculo entre la cooperativa demandada y el accionante; y en el caso de existir, precisar la naturaleza jurídica del mismo; en tal sentido, se desprende de las actas del expediente, que el presente juicio se inicia por cobro de prestaciones sociales y otros beneficios laborales, mediante demanda incoada por el ciudadano Rómulo Amado Delgado; que en sustento de sus pretensiones, adujo haber prestado servicios personales desde el 05 de marzo de 1998, a la empresa EXPRESOS ARAGUEÑO C.A., novada luego en la COOPERATIVA A.C., MIXTA LOS TACARIGUAS, R.L., hasta el 30 de junio de 2003, desempeñándose como chofer de la misma, en un horario comprendido desde las 4:00 a.m. hasta las 9:30 p.m., con una jornada bidiaria, es decir, laboraba dos días seguidos y dos días descansaba.

 

      Agregó asimismo, que “(…) la empresa identificada a los fines de eludir su responsabilidad como patrono y simular la existencia de la relación de trabajo, conminó a sus chóferes a firmar un contrato de Cuentas en Participación, por un tiempo de 30 días, cuando al inicio de la relación fue contratado de manera personal por Expresos Aragüeño C.A, para que manejara un autobús propiedad de dicha empresa, siendo obligatorio la utilización de uniforme, que le es vendido por la misma empresa.”; y que en fecha 30 de noviembre de 2003, “la empresa ya identificada, decidió retirar de su trabajo a mi poderdante, sin que hasta la presente se haya obtenido la cancelación de los derechos laborales correspondientes (…)”.

 

      Por otra parte, señala que en dicha prestación de servicio se dan los elementos que configuran a la relación de trabajo, como son el carácter personal y la remuneración representada por un salario-porcentaje percibido diariamente, calculado sobre la base del dinero recaudado por concepto del pasaje cobrado a los pasajeros que utilizan dicho servicio; manifiesta que estaba subordinado a las órdenes de la empresa, así como al uso obligatorio de un uniforme; y sobre la base de lo antes expuesto, solicita se le cancelen los conceptos laborales que se originan de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo, los cuales discrimina por año de servicio, así como lo que le corresponde por horas extras y días feriados laborados, por lo cual demanda a la cooperativa, para que le cancele o sea condenada a pagar la cantidad de TREINTA MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO BOLIVARES CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs. 30.060.468,69).

 

Al inicio de la audiencia preliminar las partes, promovieron las pruebas que estimaron conveniente para demostrar sus respectivas afirmaciones de hecho.

 

                  En fecha 28 de junio de 2004, la parte accionada COOPERATIVA A.C., MIXTA LOS TACARIGUAS, R.L, contestó la demanda en los siguientes términos:

 

Hechos admitidos

 

                  Sostiene, que en fecha 05 de agosto de 1998, el actor firmó un contrato de cuentas personales con Expresos Aragüeños, el cual no fue renovado y su fecha data antes de la constitución de la cooperativa; y que luego de esa fecha el actor no prestó servicios personales, ni laborales, ni mercantiles a la accionada. Indicó que “(…) una vez constituida la Empresa COOPERATIVA A.C., MIXTA LOS TACARIGUAS, R.L., el 13 de Agosto de 2001 (…) fueron asignados los vehículos tipo autobús a cada uno de los asociados de la Cooperativa, para la prestación del servicio de transporte público a la ciudadanía; estando sometidos los asociados a los estatutos de la mencionada cooperativa, así como (…) cada asociado tenía la obligación de manejar su propio autobús o contratar un chofer para los días de descanso o cuando por motivos de enfermedad estaba imposibilitado de manejar el vehículo asignado (…)”.

 

                  Afirmó, que el ciudadano Rómulo Amado Delgado “(…) formaba parte de un grupo de profesionales del volante que esporádicamente eran contratados no por la Cooperativa o cualquier empresa filial, sino por el propio asociado con quien se entendía directamente en la forma de prestar el servicio, forma de pago y condiciones (…)”; y que la función de la cooperativa era administrar el fondo para la compra de repuestos y cancelación de deudas contraídas con FONDUR. En tal sentido, alega que carece de cualidad pasiva para sostener el actual juicio.

 

                  Manifiesta que al no estar determinado con claridad los hechos en el libelo de demanda, es adverso indicar la fecha en que el ciudadano demandante condujo el vehículo, horario, ganancias o remuneración; no obstante, si se puede asentar “que varios asociados utilizaban ocasionalmente al ciudadano demandante (…) para suplir ocasionalmente, la falta del asociado por motivos ajenos a su voluntad, enfermedad, cansancio (…)”.

 

Hechos negados por la demandada

 

      Negó la prestación de servicios personales del actor para con la  accionada desde el 05 de marzo de 1998 al 30 de noviembre de 2003, como chofer en un horario comprendido de 4:00 a.m. a 9:30 p.m., por intervalo de dos días; alegando que “(…) la Empresa no impuso al demandante, horario o condiciones, y como se dijo, el demandante, se entendía directamente con el asociado, quien establecía las condiciones y pautas de ese servicio ocasional (…)”.

 

      Niega que la accionada haya obligado al demandante a usar uniforme; por cuanto el asociado y el demandante, eran quienes establecían las condiciones de la prestación del servicio.

 

                  Niega que se le haya suspendido o abierto un proceso disciplinario al actor, alegando que el asociado estaba obligado a cumplir con los estatutos de la cooperativa, y el chofer de avance colocado ocasionalmente por el asociado, se relacionaba directamente con éste en lo referente a las condiciones de la prestación del servicio.

 

                  Niega el retiro presuntamente suscitado en fecha 30 de noviembre de 2003.

 

              Niega pormenorizadamente los derechos reclamados por el actor.

 

                  Ahora bien, establecido lo anterior, corresponde entonces determinar, conforme a las pruebas aportadas por ambas partes, y con la aplicabilidad del test de laboralidad desarrollado en la jurisprudencia antes descrita; si en efecto existió un vínculo que unió a las partes en disputa, y en caso de ser afirmativo, la naturaleza de dicha relación. Así se establece.

 

      Así las cosas, de las actas que conforman el presente expediente y de los alegatos expuestos por las partes en la audiencia oral y pública celebrada con ocasión del presente recurso de control de la legalidad, queda admitida la prestación del servicio por el accionante en calidad de avance, operando con ello la presunción de laboralidad contenida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, correspondiéndole a la demandada desvirtuar dicha presunción.

 

      En este orden de ideas, la Sala al aplicar el test de laboralidad en el presente caso, observa:

 

                  1.1. Forma de determinación la labor prestada:

 

                  Se desprende de autos, de las testimoniales rendidas por los ciudadanos Gilberto Rafael Cibolic Caldera, Miguel Landaeta, Cristóbal Pedra Pedro Martínez y Meudi Castillo, que quien establece las condiciones bajo las cuales se prestara el servicio, es el propietario del vehículo conducido.

 

                  1.2. Tiempo y condiciones del trabajo desempeñado:

 

                  En cuanto a este punto, el demandante afirmó en su libelo de demanda, lo siguiente:

 

“(…) Haber prestado servicios personales desde el 05 de marzo de 1998 hasta el 30 de junio de 2003, desempeñándose como chofer de la misma, con una jornada comprendida desde las 4:00 a.m. hasta las 9:30 p.m., laborando dos días seguidos y dos días descansaba.

 

  

                  No obstante lo anterior, se evidencia de los autos del expediente, que el demandante prestaba el servicio cuando el conductor propietario de la respectiva unidad así se lo solicitaba, bien porque necesitaba descansar o porque se encontrara imposibilitado para conducir dicha unidad; y en tal sentido, tales  labores discontinuas e intermitentes que desplegaba refrendan el carácter accidental de la señalada prestación.

 

                  1.3. Forma de efectuarse el pago:

 

                  Se desprende de autos y de los alegatos del accionante, que la contraprestación que recibía a cambio de la labor desarrollada, estaba representado por un salario porcentaje calculado sobre la base del monto percibido por el conductor-avance como cobro del servicio del transporte, es decir, que la remuneración, no la estipulaba el actor con la accionada, sino con el propietario del vehículo que conducía.

 

                  1.4. Trabajo personal, supervisión y control disciplinario:

     

                  Se evidencia de las actas que conforman el presente expediente, que las condiciones de tiempo, modo y lugar de la prestación del servicio se caracterizaron por un extenso marco de autonomía, ostentando el actor amplia libertad para la organización y administración de su trabajo; ello, al margen de las reglas funcionales que informan el servicio de transporte público y que debían ser acatadas tanto por los conductores asociados a la mencionada cooperativa como por aquellos que se desempeñaran como avance.

 

                  En virtud de todo lo antes expuesto, concluye la Sala en afirmar, que la demandada logró desvirtuar la presunción de laboralidad, ello, al haber demostrado que la prestación de servicio se ejecutaba por cuenta y bajo la subordinación del propietario del vehículo (asociado) y no de ésta; por ende, la recurrida efectivamente violentó la reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala, resultando entonces procedente el actual recurso de control de la legalidad. Así se decide.

 

                  A mayor abundamiento, es oportuno citar el criterio contenido en la sentencia 337 proferida por esta Sala en fecha 07 de marzo de 2003, en el cual se señaló:

 

“En tal sentido, analizada la prestación de servicios a la luz de los elementos que configuran la relación de trabajo, en el caso de una persona que preste sus servicios como avance -chofer que conduce un vehículo que presta servicios en el transporte público terrestre, sin tener la titularidad o propiedad del mismo- no se configura una relación de trabajo entre éste y la sociedad que preste servicios de transporte público, en todo caso y como se indicó en la audiencia pública y oral, habría una relación laboral entre el trabajador demandante y el propietario del vehículo”.

 

              Ahora bien, una vez declarado con lugar el recurso de control de la legalidad, esta Sala de Casación Social en sujeción a lo previsto en el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa decidir el fondo de la controversia, y en tal sentido; declara sin lugar la demanda intentada, ello, por no detentar la parte demandada cualidad para sostener el presente juicio. Así se decide.  

                  Finalmente, estima esta Sala inútil pronunciarse con relación al recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte actora, todo, en vista de la declaratoria supra determinada. Así se establece.

 

D E C I S I Ó N

 

                  Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara 1) CON LUGAR el recurso de control de la legalidad intentado por la parte demandada contra la sentencia de fecha 25 de enero del año 2005, proferida por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Maracay, y en consecuencia, 2) SIN LUGAR la demanda intentada por el ciudadano  RÓMULO AMADO DELGADO, contra la COOPERATIVA A.C. MIXTA LOS TACARIGUAS, R.L.

 

              Dada la naturaleza de la presente decisión, no hay condenatoria en costas.

 

                  No firma esta decisión el Magistrado Alfonso Valbuena Cordero, por cuanto no estuvo presente en la audiencia oral, debido a motivos justificados.

 

                  Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Maracay. Particípese al Juzgado Superior de origen, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

                  Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,  a los diez (10) días del mes de marzo de dos mil seis. Años: 195º de la Independencia y

 

147º de la Federación.

El Presidente de la Sala,

 

____________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

     El Vicepresidente,                                                         Magistrado,  

                                           

 ______________________                  _______________________________  

JUAN RAFAEL PERDOMO       ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

       Magistrado y Ponente,                                                    Magistrada,

 

_______________________________    ________________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ   CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

El Secretario,

 

_____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

C.L. AA60-S-2005-000290

Nota: Publicada en su fecha a

                                                                      

El Secretario,