SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado Doctor JUAN RAFAEL PERDOMO

 

El ciudadano ELEAZAR OLIVERO RAMÍREZ, representado por el abogado Frank Reinaldo Torres Sierra, demandó por cobro de diferencias en el pago de prestaciones sociales y otros beneficios derivados de la relación de trabajo, a la empresa TASCA RESTAURANT “EL MESÓN DE LAS CAÑADAS”, S.R.L., sin representación judicial constituida, por ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico.

 

El Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en apelación, dictó sentencia definitiva en fecha 6 de junio de 2001, modificando la sentencia apelada y declarando parcialmente con lugar la acción incoada.

 

Recibido en la Sala el expediente de la causa, se dio cuenta del mismo el 26 de julio de 2001, designándose como ponente al Magistrado Doctor Juan Rafael Perdomo.

 

Mediante escrito de fecha 26 de julio de 2001, el apoderado del demandante formalizó el recurso de casación oportunamente anunciado. No hubo contestación a la formalización.

 

Cumplidos los trámites de sustanciación y siendo esta la oportunidad para decidir, lo hace la Sala bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, en los términos siguientes:

 

- I -

SÍNTESIS DE LA SENTENCIA

 

La sentencia recurrida fundamentó su dispositivo en las siguientes razones:

 

“En cuanto a los demás conceptos acordados cuyo análisis no es materia del Recurso de Apelación dado el principio de "cuanto apelatun cuanto devolutun” esta Sentenciadora los confirma en sus mismas proyecciones numéricas en virtud al tiempo de servicio y al salario demostrado como quedó supra señalado.”

 

- II -

 CASACIÓN DE OFICIO

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que autoriza a la Sala a casar de oficio el fallo recurrido cuando detectare en el mismo infracciones de orden público y constitucional, aunque la parte formalizante no la hubiera denunciado, se declara la nulidad del fallo recurrido con base en las razones siguientes:

 

Dispone el artículo 243, ordinal 5º, del Código de Procedimiento Civil que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa  con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas.

 

En el caso de autos el demandante reclama sumas por concepto de preaviso, antigüedad, antigüedad adicional, bono de transferencia, vacaciones cumplidas, bonificación especial por vacaciones, utilidades e intereses sobre prestaciones sociales.

 

En el fallo recurrido, el Tribunal sólo hace expresa mención a la procedencia o no del pago del 10% sobre el consumo que el artículo 134 de la Ley Orgánica del Trabajo establece para los mesoneros, y sobre los cálculos de los intereses sobre prestaciones sociales, remitiendo las consideraciones sobre la procedencia de los demás conceptos al fallo de primera instancia.

 

La Alzada fundamenta tal actitud en el principio “tantum devollutum cuantum apellatum”, según el cual, el Juez que conoce de la apelación sólo puede pronunciarse sobre lo apelado, y para la sentenciadora lo apelado sólo versa sobre la procedencia del pago del 10% del consumo de los clientes que le corresponde a los mesoneros como parte del salario, según dispone el artículo 134 de la Ley Orgánica del Trabajo, y sobre los intereses sobre prestaciones sociales, por cuanto ello fue lo referido en los informes que presentó el actor.

 

Observa la Sala, que la sentenciadora de la Alzada comete un error al no considerar que en el ordenamiento procesal venezolano el principio “tantum devollutum cuantum apellatum” sólo le veda la posibilidad de empeorar la condición del apelante, pero que el ejercicio del recurso de apelación le difiere el conocimiento de todo aquello del fallo impugnado que perjudique al recurrente y no sólo de lo que éste destaque en su escrito de informes.

 

Los informes ante la superioridad de ninguna manera determinan los límites en que la Alzada debe conocer de la causa, sólo constituyen las conclusiones de las partes y lo que éstas consideran relevante en la causa.

 

Respecto, al resto de los pedimentos del actor, distintos de aquellos relacionados en el escrito de informes presentado ante la Alzada, el Tribunal de la  recurrida remite su pronunciamiento a las consideraciones contenidas en el fallo apelado, tal y como se transcribió en el capítulo I de este fallo, y en su parte dispositiva condena a la parte demandada al pago de la cantidad de cuatrocientos ochenta y cuatro mil bolívares (Bs. 484.000,00) que es el monto equivalente a la suma de los conceptos acordados menos los anticipos recibidos por el trabajador.

 

Ahora bien, es el caso que ni en el fallo del Tribunal de Alzada ni en el fallo del Tribunal de la causa, al cual el primero remite sus consideraciones, hay un pronunciamiento sobre la procedencia o los montos a pagar por lo que en la demanda se denomina “antigüedad adicional” y por “Compensación por Transferencia”, prevista en el literal “b” del artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo y que en el libelo es denominado “Bono de Transferencia”. En consecuencia el fallo recurrido adolece del vicio de incongruencia pues el Tribunal de la Alzada no se pronunció sobre todo lo solicitado por la parte actora y cuyo conocimiento le fue diferido en virtud de la apelación ejercida.

 

Por las razones antes expuestas declara que la recurrida quebrantó la norma contenida en el ordinal 5º, del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, haciendo nulo el fallo y procedente la presente denuncia.

 

Por haberse declarado procedente la nulidad del fallo recurrido por un defecto de actividad, la Sala se abstiene de conocer las denuncias formuladas en el escrito de formalización.

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara CASA DE OFICIO la sentencia de fecha 6 de junio de 2001, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial Estado Guárico. En consecuencia, se declara la nulidad del fallo recurrido y se repone la causa al estado de que el Tribunal Superior que resulte competente dicte una nueva sentencia sin incurrir en los vicios acotados por la Sala.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior de origen ya mencionado, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación  Social  del Tribunal Supremo de Justicia, en  Caracas, a   los   trece   (13)   días   del  mes  de    marzo de dos mil dos. Años: 191° de la Independencia y 143° de la Federación.

El Presidente de la Sala,

 

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente y Ponente,

 

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO

 

Magistrado,

 

 

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                                                           ALFONSO VALBUENA C.

 

La Secretaria,

 

 

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BIRMA I. TREJO DE ROMERO

 

R.C. N° 2001-000463