SALA DE CASACIÓN  SOCIAL

Caracas,   31 de mayo   del año 2001. Años: 191° y 142°

 

               La Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en los Teques en decisión de fecha 12 de diciembre del año 2000, declinó la competencia en esta Sala de Casación Social, solicitando de oficio la “regulación de competencia”, según oficio de fecha 26 de enero del año 2001 fundamentándose en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, dicha remisión fue efectuada en virtud de haberse declarado ese Juzgado incompetente para conocer sobre la  interpretación del contenido del artículo 78 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y de Adolescente, solicitado por la ciudadana SONIA LUZ SALAZAR HARLEPP, en su carácter de Prefecta del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, referente a la prevención contra juegos computarizados nocivos.

 

               El 22 de febrero del año 2001, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Alfonso Valbuena Cordero, a los fines de decidir la declinatoria de competencia.

 

               Siendo la oportunidad legal para ello, pasa esta Sala de Casación Social a pronunciarse en los siguientes términos:

 

I

COMPETENCIA DE LA SALA

 

               La Sala Político Administrativa, de este Tribunal Supremo de Justicia en reiteradas oportunidades, se ha pronunciado respecto a los términos en que debe delimitarse la competencia de las distintas Salas en cuanto al recurso de interpretación, y ha señalado que la Sala de Casación Social, tiene por disposición expresa de la Constitución, concedida dicha competencia en razón a la materia afín que le corresponde conocer, en este sentido ha señalado lo siguiente:

 

“La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé en su artículo 262 la creación del Tribunal Supremo de Justicia y de las Salas que lo integran. Asimismo otorga, en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas y deja a cargo de la respectiva ley orgánica, la cual deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional dentro del primer año contado a partir de su instalación, la distribución de otras no atribuidas expresamente.

 

A los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado, debe este Supremo Tribunal continuar en su labor como máximo administrador de justicia. Por tanto, aun cuando no haya sido dictada hasta el presente la aludida ley orgánica, reguladora de las funciones de este Supremo Tribunal, sus Salas están obligadas a conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo a la afinidad existente entre la materia debatida en el caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas (véase decisión de esta Sala del 17 de enero del presente año, caso: José Ramírez Córdoba vs. Consejo Nacional Electoral).

 

 

 

               Ahora bien, el numeral 6 del artículo 266 de nuestra Constitución dispone que son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: “Conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados en la ley”, igualmente señala que dicha atribución será ejercida por las diversas Salas conforme a lo previsto en la Constitución y la Ley.

 

               Así, puede inferirse del citado precepto constitucional, que al no indicarse específicamente a cual de las Salas corresponde conocer sobre el recurso de interpretación de textos legales, la intención del constituyente fue ampliar el criterio atributivo adoptado por el legislador en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (ordinal 24 artículo 42, en concordancia con el artículo 43), que reserva la decisión en esta materia a la Sala Político Administrativa.

 

               En efecto, como quiera que la creación de nuevas Salas es reveladora del ánimo de especializar sus funciones con respecto a las áreas que constituyen su ámbito de competencia, debe entenderse que la intención del constituyente es que dicho mecanismo dirigido a resolver las consultas que se formulen acerca del alcance e inteligencia de los textos legales lo conozca y resuelva la Sala cuya competencia sea afín con la materia del caso concreto.

 

               En este sentido, la vigente Constitución establece en su artículo 262 lo siguiente:

 

“El Tribunal Supremo de Justicia funcionará en Sala Plena y en Sala Constitucional, Político-administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, cuyas integraciones y competencias serán determinadas por ley orgánica.

 

La Sala de Casación Social comprenderá lo referente a la casación agraria, laboral y de menores.”

 

 

               Pues bien, de lo anteriormente expuesto se deduce que por cuanto el solicitante interpuso un recurso de interpretación sobre el alcance  del artículo 78 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente con relación a la prevención contra los juegos computarizados nocivos, lo cual por referirse a un asunto esencialmente de menores reviste carácter afín con las competencias atribuidas a la Sala de Casación Social; por lo que en atención a las consideraciones antes expuestas esta Sala es la competente para conocer  dicho recurso de interpretación y así se decide.

 

II

FUNDAMENTO DEL RECURSO

 

               Mediante oficio de fecha 22 de noviembre del año 2000, dirigido al Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Los Teques, la Prefecta del Municipio autónomo Guacaipuro del Estado Miranda, ciudadana Sonia Luz Salazar Harlepp, solicita la interpretación del artículo 78 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, señalando textualmente lo siguiente:

 

“Este Despacho prefectoral a mi cargo, tiene a bien dirigirse a usted, con la finalidad de agradecerle su valiosa opinión acerca del contenido del Artículo 78 de la (LOPNA) y que se refiere a la PREVENCIÓN CONTRA JUEGOS COMPUTARIZADOS nocivos.

 

Agradecida de antemano por su fina atención al respecto, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo y ofrecerme en ésta, siempre a sus órdenes.”

 

 

 

               Posteriormente el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente en Sala de Juicio se declara incompetente para conocer del recurso de interpretación, declinando la competencia a la Sala de Casación Social por decisión de fecha 12 de diciembre del año 2000 el cual señala lo siguiente:

 

“Ahora bien, si bien es cierto la citada funcionaria solicita de este Despacho judicial emita su opinión sobre el contenido del artículo 78 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, no es menos cierto que la opinión requerida involucra la solicitud de interpretación autónoma de dicha norma jurídica, por cuanto no se trata de la aplicación de la misma a un caso concreto, sometido al conocimiento de esta Sala de Juicio, caso en el cual es evidente la necesidad de interpretación del juzgador, para la aplicación de la Ley.

 

No obstante, en el caso en comento no se da este supuesto, toda vez que se trata de interpretar el contenido denla precitada norma jurídica, para lo cual esta Sala de Juicio resulta incompetente, toda vez que el artículo 266, ordinal 6° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresamente establece que:

 

‘Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:

 

 

6° conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados en la ley’.

 

 

En consecuencia, tratándose de la interpretación del artículo 78 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, respecto de cuyo contenido se solicita la opinión referida, siendo el Máximo Tribunal del país el competente para ello, órgano jurisdiccional éste igualmente competente, en consecuencia, para admitir o no dicha solicitud, es por lo que lo procedente y ajustado a derecho es DECLINAR LA COMPETENCIA PARA CONOCER del presente asunto en la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, conforme al artículo 266, ordinal 6° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el artículo 28 y 60, ambos del Código de Procedimiento Civil.”

 

 

 

               Seguidamente dicho Tribunal de Protección, mediante oficio de fecha 26 de enero del año 2001, solicita además, la regulación de competencia conforme al artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, señalando lo siguiente:

 

 

“Vistas las actuaciones que conforman el presente expediente, bajo causa N° 3839, que por motivo de PREVENCIÓN CONTRA JUEGOS COMPUTARIZADOS, interpuesta por la Ciudadana Lic. SONIA LUZ SALAZAR HARLEPP, en su carácter de Prefecta del Municipio Guaicaipuro de éste Estado, éste Tribunal en fecha 12 de Diciembre del año 2000, declinó la competencia, para conocer de la interpretación solicitada en LA SALA SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, conforme al artículo 266, ordinal 6° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con los artículos 28 y 60 del Código de Procedimiento Civil, y en virtud de que éste Tribunal se considera a su vez incompetente en razón de la materia y de conformidad con el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente de conformidad con lo preceptuado en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, solicita de oficio la regulación de la competencia para conocer, SE ACUERDA, de conformidad ordenándose el envío a la SALA SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.”

 

 

 

               En relación a esto último, la Sala entiende que lo pretendido por el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente fue declinar la competencia y no solicitar la regulación de la misma, ya que son dos situaciones distintas, pues la última es cuando dos tribunales hacen  manifestación de no conocer, lo que según el sistema del Código vigente da lugar al planteamiento de conflicto de competencia, en tal sentido debe haber  regulación de la misma, por consiguiente, cuando se declare la incompetencia del juez que previno por razón de la materia o por el territorio en los casos indicados en el Código de Procedimiento Civil si el Juez o el Tribunal que haya de suplirse se considerare a su vez incompetente, solicitará de oficio la regulación.

 

 

-III-

 

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO

 

               Determinada como ha sido la competencia de la Sala, corresponde un pronunciamiento con relación a la admisibilidad del recurso intentado. En tal sentido se observa que los supuestos que concurrentemente deben cumplirse a fin de que la interpretación proceda por la vía de este especial recurso, han sido delineados por la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, que antes de haberse promulgado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tenía atribuida con carácter exclusivo el conocimiento de este tipo de recursos, de conformidad con lo establecido en los artículos 42 numeral 24 y 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

 

               En tal sentido, la Sala Político Administrativa sostuvo primero que se requiere que la norma cuya interpretación y análisis se solicita sea de rango legal, pues sólo procede este recurso para fijar el alcance e inteligencia de textos legales. En segundo lugar, es determinante que la propia Ley haya previsto de manera expresa el ejercicio de tal recurso respecto de las normas en ellas contenidas, sin que sea posible extenderlo a otras leyes, salvo que la propia ley que prevé su interpretación disponga de modo expreso su extensión a otros textos normativos. En tercer lugar, se debe verificar la conexidad entre el recurso intentado y un determinado caso concreto, lo cual posee un doble propósito: por un lado, verificar la legitimación del recurrente evitando el simple ejercicio académico de interpretación y por el otro permitir al intérprete apreciar objetivamente la existencia de la duda que se alegue como fundamento.

 

               En este sentido, se observa que los extremos exigidos no se verifican, por cuanto la norma cuya interpretación se solicita, forma parte de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescentes, que aunque es una norma de rango legal, no preceptúa en el texto de la misma recurso de interpretación alguno con el objeto de determinar el sentido y alcance de las normas contenidas en ella, además, no está solicitado dicho recurso en función a un caso concreto, por consiguiente es imposible verificar la legitimación del recurrente y apreciar objetivamente la existencia de la duda.

 

               En consecuencia, esta Sala no puede pronunciarse en el sentido solicitado. Así se establece.

 

DECISIÓN

 

               Por las razones anteriormente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de interpretación solicitado por la Prefecta del Municipio Autónomo Guaicaipuro del Estado Miranda ciudadana SONIA LUZ SALAZAR HARLEPP, actuando en su propio nombre, sobre el artículo 78 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

 

               Publíquese y  regístrese. Archívese el expediente y particípese junto con copia certificada de esta decisión al Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Los Teques.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

_________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

El Vicepresidente,

 

 

______________________

JUAN RAFAEL PERDOMO

 

 

 

                                               Magistrado-Ponente,

 

 

_______________________________

                                        ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

 

 

La Secretaria,

 


___________________

BIRMA I. DE ROMERO

REG N° 01-125