SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado Dr. OMAR ALFREDO MORA DÍAZ.-

 

               En el juicio por cobro de prestaciones sociales, intentado por el ciudadano MAXIMO SMILLO A., representado judicialmente por los abogados  ANTONIO J. PUPPIO LEÓN, VICENTE J. PUPPIO GONZÁLEZ, ANTONIO J. PUPPIO GONZÁLEZ, CARLOS CISNEROS, FRANCISCO J. PUPPIO, EZEQUIEL ZAMORA PRESILLA, RAMÓN ESCOVAR LEÓN, HÉCTOR TOSTA Y JESÚS M. MENESES HERNÁNDEZ, contra la firma CLASS M.V. PUBLICIDAD C.A., representada judicialmente por los abogados GONZALO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, PEDRO LUIS ÁLVAREZ GONZALO, LUIS GONZALO ÁLVAREZ G. , LINDOLFO LEON ARTEAGA, JOSE FHENIEL RODRIGUEZ, ANNETTE GONZALO DE ALVAREZ Y BÁRBARA POLESEL, el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 30 de septiembre de 1996, mediante la cual declaró con lugar la apelación intentada por la parte demandada; sin lugar la apelación interpuesta por el  demandante, y sin lugar la acción propuesta por el actor.            

 

               Contra la decisión de la Alzada anunció recurso de casación la parte demandante, el cual, una vez admitido, fue oportunamente formalizado. Hubo impugnación.

 

               Por auto de fecha 13 de enero de 2000, la Sala de Casación Civil declina la competencia para decidir el presente asunto, en esta Sala de Casación Social, a la cual le corresponde en virtud de la materia, de conformidad con el texto constitucional vigente. 

              

               Recibido el expediente se dio cuenta en Sala, en fecha 26 de enero de 2000. En esa misma oportunidad se asignó la ponencia al Magistrado Dr. Omar Alfredo Mora Díaz.

 

               Concluida la sustanciación del presente recurso de casación y cumplidas como han sido las formalidades legales, pasa esta Sala de Casación Social a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado, que con tal carácter la suscribe, en los siguientes términos:

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

               De conformidad con el ordinal 1º del articulo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 243 del mismo Código, por considerar el formalizante que el Sentenciador de alzada incurre en el vicio de contradicción .

              

               Como sustento de la denuncia, transcribe un párrafo del fallo recurrido donde el Juez de alzada asevera que es vasta la jurisprudencia y la doctrina laboral que afirman que puede perfectamente bien un socio de una firma tener una relación laboral con ésta, siempre y cuando su participación accionaria no sea absoluta y se confunda con la misma firma, y cuando existan los elementos constitutivos de la relación de trabajo; y posteriormente se señala que entre el actor y la accionada existe una relación mercantil.  . 

              

               Alega el formalizante, a fin de demostrar que la recurrida violó el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil e incurrió en el vicio de contradicción en los motivos, que:

 

“Por una parte se sostiene que los miembros de la junta directiva sí tienen derecho a prestaciones sociales y de inmediato, y de manera ambigua, se afirma que como el actor fue elegido por el período de tres años, la reclamación es de la esfera mercantil”.

 

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

             La contradicción en los motivos debe entenderse como una situación anómala en la cual el juzgador, por un lado da por cierto un hecho, y posteriormente afirma otra cuestión totalmente contraria, lo que trae como consecuencia la mutua aniquilación de los argumentos o motivos para dictar un fallo.

 

             Esta irregularidad se presenta cuando el juzgador en su fallo es ambiguo; dicotomía que se traduce en contradicción y por ende en un defecto de actividad en el fallo.

            

             La doctrina venezolana es clara con respecto a la contradicción, ya que, como lo señala el Dr. José Román Duque Sánchez, en su Manual de Casación Civil:

            

“Es éste otro vicio en que puede incurrir el sentenciador y que da lugar a casar el fallo. Para que haya contradicción -asentó la Corte en fallo del 26-6-73- es menester que las partes de él se destruyan recíprocamente, de manera que el ejecutor no encuentre en absoluto qué partido tomar, algo así como si en alguna parte dijera el Juez que la acción intentada es procedente y en otra, que no procede”.

 

 

 

              Igualmente, el Dr. José Gabriel Sarmiento Nuñez, en su libro “Casación Civil” asevera:

 

“...de las tres partes indispensables de la sentencia: narrativa, motiva y dispositiva, la segunda es la más útil a la ciencia del derecho y ella constituye el núcleo mas importante para la formación de la jurispruden­cia. Mientras en la primera el juez se comporta como un historiador del proceso y en la última como un agente del Estado, en la parte motiva es un catedrático que dicta lecciones de derecho, un funcionario docente. Ésta es la diferencia fundamental entre el agente ejecutivo y el juez, pues mientras aquél dicta la orden secamente y procede a cumplirla el juez debe persuadir, convencer por medio de una serie organizada de razonamientos. De manera que no sólo la falta absoluta o insuficiente de motivos deben hacer anulable la decisión, sino también los razonamientos erróneos, vagos o inciertos, incoherentes e ilógicos...” (Subrayado nuestro).

 

 

 

             En el caso sub iudice, el juez de alzada ,en virtud de pruebas cursantes en autos, señala un  hecho como cierto, en el sentido de que el actor es socio de la demandada; luego asevera, que es factible que entre un socio de una firma y ésta, pueda existir una relación laboral siempre y cuando concurran los requisitos señalados en el fallo recurrido; y posteriormente, subsume la relación de ambas en la esfera mercantil.

             Observa esta Sala que la recurrida afirma en el folio 135 -pieza 2- que:

 

(...) la demandada convino en el cargo desempeñado por el actor y en que recibía mensualmente dicha cantidad pero no como sueldo o salario, al igual que los otros miembros de la Junta Directiva, por concepto de asignación como miembro y por dieta de asistencia.”

 

               Se infiere de tal señalamiento que la demandada aceptó la prestación de un servicio personal por parte del actor, todo ello en virtud de que éste ciertamente desempeñaba un cargo dentro de la empresa y se le cancelaba una cantidad estipulada de dinero mensualmente, configurándose de esta manera la presunción a que se refiere el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo a favor del actor,  razón por la cual es la demandada quien debe desvirtuar la presunción de la existencia de un vínculo de trabajo.

 

               Establecidas así las cosas evidencia esta Sala que se contradicen los motivos del fallo, ya que si existe  presunción de la existencia de un vínculo laboral, los alegatos del actor deben ser demostrados negativamente por el accionado a los fines de desvirtuar la misma; no obstante la recurrida destruye tal presunción y pasa a examinar si efectivamente en el asunto en cuestión están dados los elementos constitutivos de la relación laboral o por el contrario la de una relación jurídica de tipo mercantil, obviando por completo la afirmación anterior que ésta misma hiciese en el sentido de señalar que existió una prestación de servicio personal por parte de la actora, lo cual conlleva a sostener necesariamente que operó la presunción del artículo 65 ejusdem, y que una vez establecida ésta lo que resta es desvirtuarla, de tal manera que será la demandada por intermedio de los elementos probatorios que pudiese aportar la que soporte la carga de delimitar si efectivamente existió una relación de tipo laboral.

 

               Es de señalar, que en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo se establece una carga probatoria para el demandado, y al respecto esta Sala de Casación Social en fallo de fecha 15 de mayo de 2000, en el asunto Jesús Enrique Henríquez Estrada contra Administradora Yuruary C.A. que:

 

“(...) el demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor.

También debe esta Sala señalar que, habrá inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos, en los siguientes casos:

1)      Cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aun cuando el accionado no la califique como relación laboral.(...)”.

 

 

             El sentenciador de alzada señaló que, en virtud de la normativa laboral, se presume la existencia de la relación de trabajo entre quien preste un servicio y quien lo reciba, pero posteriormente se contradice al establecer que no quedó demostrada la relación laboral entre las partes; es así como señala en su sentencia que:

 

“Bajo la norma  del artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo existe la presunción de la existencia de una relación laboral entre quien presta un servicio personal y quien lo recibe, presunción favorable al trabajador pero que puede ser desvirtuada demostrando que no concurren los elementos esenciales de dicha relación”. (folio 135- Pieza 2)

“De todo el análisis probatorio anterior que se ha hecho en forma detenida es forzoso arribar a este Tribunal a la conclusión de que en el presente caso no quedó demostrada la naturaleza  laboral del vínculo entre el demandante y la demandada”. (folio 146- Pieza 2) 

 

 

             Con respecto al contenido del artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, es claro y preciso al establecer la presunción iuris tantum de la existencia de una relación de trabajo entre quien lo preste y lo reciba. Al establecerse dicha presunción, debe tomarse en cuenta que corresponderá, tal y como se dijo anteriormente, a la parte accionada demostrar lo contrario, y debe el juez centrar el examen probatorio en establecer la positiva o negativa existencia de algún hecho que pueda desvirtuar lo preceptuado en la norma mencionada.

              

               Es el caso que la recurrida por el contrario revirtió la carga de la prueba contradiciendo lo establecido en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo. Es así como el sentenciador señaló que :

 

“Aunque por el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil las fotocopias de la demandada no tienen valor probatorio, tiene que demostrarse que el pago recibido por el actor reunía característica salarial”.(folio 136-pieza 2)

 

 

               En el caso sub iudice, el sentenciador presumió preliminarmente el vínculo laboral establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo y sin embargo, invirtió la carga de la prueba en el actor -en el caso de demostrar la característica salarial del pago recibido- y a posteriori subsumió la relación entre el demandante y la accionada dentro del ámbito mercantil, aun previa presunción de la relación laboral como se dijo; creándose una ambigüedad entre sus afirmaciones.

 

               Así pues, no se cumple con la obligación del juzgador de expresar los motivos coherentes de su sentencia, los cuales deben estar orientados hacia la relación lógica y de derecho sobre la cual debe descansar el fallo.

 

               Por todo lo anteriormente expuesto resulta procedente la presente denuncia. Así se declara.

 

               A la luz de lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal Supremo de Justicia se abstiene de conocer las otras denuncias de infracción presentadas, en virtud de que la anterior delación fue declarada con lugar.

 

DECISIÓN

 

               En virtud de las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1°) CON LUGAR el recurso de casación intentado por los abogados ANTONIO J. PUPPIO, CARLOS H. CISNEROS y RAMÓN ESCOVAR LEÓN, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano MAXIMO SMILLO A., contra la sentencia definitiva dictada en fecha 30 de septiembre de 1996 por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; y, 2°) se ANULA el fallo recurrido y se ordena al Juzgado Superior que deba conocer en reenvío, dictar nueva decisión en la cual el juez, con los elementos probatorios de autos aportados por la parte demandada determine si se desvirtuó o no la presunción de la relación laboral.

 

               En consecuencia, se repone la causa al estado de que el Juzgado Superior Segundo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dicte nueva decisión estableciendo la presunción de la relación de trabajo entre el actor y la accionada, según lo preceptuado en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo.

 

               Publíquese, regístrese y remítase directamente este expediente al Juzgado ya mencionado.

 

               Dada, firmada y sellada en la  Sala de Despacho de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de  Justicia, en Caracas,   a  los  veinticuatro  (24)  días  del  mes  de  mayo de dos mil. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación.-

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente,

 

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO

 

 

                                                                   Magistrado,

 

                                                                                          

                                                 ___________________________

 ALBERTO MARTINI URDANETA

                                                                           

 

 

La Secretaria,

 

 

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BIRMA I. DE ROMERO

 

 

 

R.C. Nº 96-856