SALA DE CASACIÓN SOCIAL

 

Ponencia del Magistrado OMAR ALFREDO MORA DÍAZ.

 

En el juicio por cobro de prestaciones sociales, que sigue la ciudadana CARMEN ALICIA GIL, representada judicialmente por el abogado Marcos Goitia, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE, representada judicialmente por el abogado Reinaldo José Mirabal Barrios, actuando como Procurador General del Estado Apure; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, dictó sentencia definitiva en fecha 10 de febrero de 2004, declarando sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada y parcialmente con lugar la demanda, quedando así, confirmada en parte la decisión de fecha 10 de marzo de 2003, proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial.

Contra esta decisión de Alzada, el representante judicial de la parte accionada anunció recurso de casación, el cual, una vez admitido fue oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

 

              Recibido el expediente se dio cuenta en Sala en fecha 4 de junio de 2004 y se designó ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

              Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas como han sido las formalidades legales, esta Sala de Casación Social pasa a dictar sentencia, conforme las consideraciones siguientes:

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

 

-I-

 

Las dos primeras denuncias del escrito de formalización se analizarán y decidirán en conjunto, dado que presentan la misma fundamentación.

 

En efecto, con sustento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia en primer lugar la infracción, por falta de aplicación, de los artículos 61 y 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, así como de la Disposición Transitoria Cuarta, Numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en segundo lugar, la infracción, por falsa aplicación, del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil.

 

Se argumenta al respecto que el Sentenciador de la recurrida desestimó el alegato de prescripción opuesto formal y oportunamente en la contestación a la demanda con base en los artículos 61 y 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, fundamentándose la Alzada en los artículos 89 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que a su juicio, por razón de la preeminencia que les otorga el rango que ostentan, deben ser aplicadas preferentemente a las normas sobre prescripción contempladas en la Ley citada.

 

De esa forma, se alega, aun reconociendo que transcurrió el lapso legal de la prescripción laboral, el Sentenciador deja de aplicar las normas denunciadas relativas al lapso anual de la misma y a las causas de su interrupción; desaplica igualmente la norma constitucional transitoria mencionada en cuanto conforme a ella se mantiene el régimen sobre prescripción de la Ley Orgánica del Trabajo, mientras no entre en vigencia su reforma; e incurre en falsa aplicación del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, pues no tiene lugar en el caso una colisión de ley con una disposición constitucional que le obligara a aplicar esta última en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad.

 

La Sala, para decidir, observa:

 

Efectivamente, como alega el formalizante, la recurrida destaca que el alegato de prescripción fue opuesto oportunamente por la demandada en el escrito de contestación a la demanda, y fundamenta la declaratoria sin lugar del mismo, luego de contraponer el texto de los artículos 61, 89 y 92 mencionados, en la forma siguiente:

 

“Las normas constitucionales antes transcritas, por ser parte integrante de la Carta Magna, deben ser aplicadas preferentemente, cuando exista colisión con normas de carácter legal, y aun más en el presente caso, por tratarse de la protección de derechos que legítimamente corresponden a una trabajadora”.

 

Por consiguiente, en atención a las consideraciones antes expuestas quien aquí juzga, acoge plenamente la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, antes transcrita, por cuanto la misma interpreta de manera objetiva y cierta la intención del constituyentista en relación a la norma constitucional en comento, por lo que este Tribunal estima que por razones de efectiva tutela judicial y de protección de los derechos legítimamente adquiridos por el trabajador accionante, en el caso que nos ocupa, ha de aplicarse necesariamente el contenido de los artículos 89 y 92 de nuestra Constitución, quedando en consecuencia desestimado el alegato de la parte accionada en relación a la prescripción opuesta en el presente juicio, por prevalecer la norma Constitucional sobre lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se decide”.

 

 

 

Ahora bien, en diversas decisiones de esta Sala de Casación Social, entre ellas las sentencias R.C. 2001-000001 de fecha 24 de enero de 2001, R.C. 2002-000062 de fecha 14 de febrero de 2002 y R.C. 2003-000566 de fecha 18 de septiembre de 2003, se ha venido manteniendo el criterio de que continúan rigiendo en materia de prescripciones laborales las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo, doctrina que en esta oportunidad se ratifica en aplicación de las mismas y en concordancia con la Disposición Transitoria Cuarta, Numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a la cual, se mantiene transitoriamente el régimen previsto en aquella mientras no entre en vigencia su reforma.

 

Con vista de ello y de la señalada fundamentación de la recurrida, determinante en sus dispositivos finales, es concluyente que la recurrida infringe las normas denunciadas en los términos que plantea la formalización, por lo cual resultan las mismas procedentes, como en efecto así se declara.

 

- II -

 

               Con fundamento en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se delata la infracción por la recurrida de los artículos 4 Parágrafo Único y 10 de la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores, por falta de aplicación y del artículo 133, parágrafo Tercero de la Ley Orgánica del Trabajo, por errónea interpretación.

 

               Sostiene el formalizante como fundamento de su denuncia que en la debida oportunidad fue alegada la improcedencia del pago por concepto de cesta ticket, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 Parágrafo Único de la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores, según el cual, dicho beneficio no es susceptible de ser cancelado en dinero, así como del artículo 10 eiusdem, que establece para el sector público que la referida ley entrará en vigencia a medida que se establezca la respectiva disponibilidad presupuestaria, no obstante ello, la recurrida desestimó tales alegatos incurriendo en la falta de aplicación de las normas delatadas.

 

               Asimismo, señala que se incurrió en una errónea interpretación del artículo 133, Parágrafo Tercero de la Ley Orgánica del Trabajo al dársele carácter salarial al beneficio del cesta ticket.

 

               La Sala, para decidir, observa:

 

               La sentencia objeto del presente recurso de casación, en referencia al beneficio reclamado por la parte actora, se pronunció como seguidamente se transcribe:

 

“En relación a la Cesta Ticket del Capítulo IV, en el caso que nos ocupa, se trata del cobro de un beneficio que no fue satisfecho a la trabajadora en la debida oportunidad, y no de incorporar al salario del trabajador el monto de esos beneficios sociales, resultando en consecuencia procedente la cancelación de esos beneficios no satisfechos, además el hecho de que la parte demandada haya tratado de demostrar que el Estado Apure no presupuestó lo atinente a tal reclamo, según comunicación Nº 417 de fecha 30 de octubre de 2001, por la que informan lo siguiente: “..., que el ejecutivo Regional, motivado al déficit presupuestario que ha confrontado en los últimos años, no estimó para el Ejercicio Fiscal 1999, 2000 y 2001, los recursos para atender el desembolso de la implementación del Programa de Alimentación para los Trabajadores (Cesta Ticket)...”, no la exonera del cumplimiento de esa obligación para con la trabajadora, puesto que la simple comunicación del Secretario de planificación y presupuesto del Estado Apure, que corre inserta al folio 76 del expediente, no es demostrativo de tal hecho, en vista de que no consta en autos que la parte demandada no hubiese presupuestado para el ejercicio fiscal de los años 1999, 2000 y 2001, la partida correspondiente a la Cesta Ticket a los trabajadores a su servicio.

 

DISPOSITIVA

 

SEGUNDO: (...). se condena al demandado a cancelarle a la demandante la cantidad de (...) por concepto de prestaciones sociales, discriminados de la manera siguiente:

 

(Omissis).

 

-Cesta Tickets

Bs. 613.200,oo”

 

 

 

De lo transcrito, se evidencia que la recurrida condenó el monto de seiscientos trece mil doscientos bolívares (Bs. 613.200,oo) por concepto de cesta ticket al no conferir valor probatorio a la prueba de informe promovida y evacuada, pues, a criterio del Juzgador se trata de una comunicación simple que no demuestra los hechos alegados por la accionada.

 

               Aun cuando la presente delación debió atacar primariamente lo decidido por la Alzada, conforme a las reglas propias de valoración de las pruebas, pues, es al desestimar el referido informe que se le niega aplicación a los artículos delatados, la Sala, extremando sus funciones procede exponer las siguientes consideraciones:

 

La valoración de la prueba de informe, prevista en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, debe realizarse sobre la base de la sana crítica, de conformidad con lo previsto en el artículo 507 eiusdem, al no existir una regla legal expresa para su apreciación, en ese sentido, el juzgador se servirá de las reglas de la lógica y de la experiencia que le conduzcan a formar su convicción.

 

               Ha sostenido la jurisprudencia de este Supremo Tribunal, que la sana crítica se infringe cuando la sentencia se limita a describir los elementos de autos sin analizarlos en absoluto en su virtualidad probatoria, o cuando su valoración de las pruebas esté en franca contradicción con las pautas lógicas que rigen la investigación de la verdad, o cuando se hacen aseveraciones apodícticas para el establecimiento de los hechos, de forma que revele una prematura o irreflexiva formación de la convicción del juez.

 

               En el caso sub iudice, el juzgador de Alzada le restó valor probatorio al informe rendido por el Secretario de Planificación y Presupuesto de la Gobernación del Estado Apure, que se adapta cabalmente a lo solicitado por el Tribunal A-quo mediante oficio Nº 1.235, por el cual comunica que el ejecutivo regional del referido Estado, debido a un déficit presupuestario no estimó para el ejercicio fiscal de los años 1999, 2000 y 2001 los recursos para atender el Programa de Alimentación para los Trabajadores o beneficio del Cesta Ticket, sobre la base de tratarse de una comunicación simple que no demuestra  el hecho alegado, es decir, la falta de presupuesto, incurriendo así la sentencia recurrida en la infracción del artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, al realizar una aseveración apodíctica, conforme se establece en la jurisprudencia reseñada.

 

               Ahora bien, enseña la doctrina patria que al realizar la valoración de la prueba de informes debe presumirse la autenticidad de la respuesta y la exactitud del contenido, dejando a la parte que impugne la referida prueba la carga de probar la falsedad de la misma, no obstante, considera la Sala que ello no es óbice para que tal presunción sea desvirtuada por el propio juzgador a través del sistema de la sana crítica que siempre debe aplicar al valorar la prueba, a los fines de apreciar una realidad mediante las reglas de la lógica y las máximas de experiencia.

En tal sentido, desestimar el informe cursante en autos con el argumento de ser una comunicación simple emanada del Secretario de Planificación y Presupuesto, indiscutiblemente contraviene los criterios expuestos, por cuanto, no solamente debe presumirse la veracidad de lo dicho, mas ante la falta de impugnación del medio probatorio, sino que en modo alguno se reflexionó sobre la potestad del referido funcionario para emitir la respuesta a la información solicitada, al ser quien refrenda los actos que ejecuta o realiza el departamento al cual pertenece.

 

               En consecuencia, la valoración del informe, inexorablemente debe conducir a atribuirle pleno mérito probatorio al mismo para el establecimiento de lo alegado. Así se decide.

 

               Ahora bien, dispone expresamente el artículo 10 de la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores, que:

 

“Esta Ley entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 1999, salvo para el sector público, para el cual entrará en vigencia a medida que se establezca la respectiva disponibilidad presupuestaria”.

 

 

               Comprobada la falta de disponibilidad presupuestaria de la demandada, siendo un órgano del Sector Público, la consecuencia jurídica inmediata conlleva a la aplicación de la norma in commento y por tanto el supuesto en ella contenido, de manera tal, que si en los años 1999, 2000 y 2001 no se encontraba vigente la referida ley de alimentación tampoco podían generarse las obligaciones en ella previstas.

 

               En consecuencia, subsidiariamente a la infracción por la recurrida del artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, se infringe el dispositivo del artículo 10 de la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores por falta de aplicación, haciéndose necesario declarar la procedencia de la presente delación. Así se decide.

 

               Conforme a los criterios anteriormente establecidos, se desecha la denuncia por falta de aplicación del Parágrafo Único del Artículo 4 eiusdem, resultando innecesario un pronunciamiento al respecto.

 

               Finalmente, con relación a la denuncia por errónea interpretación del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, se observa que contrariamente a lo alegado por el formalizante, la sentencia impugnada dejó expresamente señalado que el monto del beneficio social otorgado no se incorporaba al salario del trabajador, entendiéndose con ello que no se le está dando carácter salarial al mismo, en consecuencia, se desestima esta denuncia. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

               Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha 10 de febrero de 2004, proferida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas. En consecuencia, se ordena al Juez Superior Competente, que conozca en reenvío, dictar nueva sentencia con sujeción a la doctrina aquí establecida.

 

               Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal Superior de origen antes identificado.

 

              Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a  los quince (15)  días del mes de noviembre de dos mil cuatro. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

__________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente,

 

_______________________

 JUAN RAFAEL PERDOMO

 

                                             Magistrado,

 

____________________________

ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

El Secretario Temporal,

 

____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

 

R.C. N° AA60-S-2004-000643