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SALA DE CASACIÓN SOCIAL

 Caracas,  01 de noviembre  de 2005. Años: 195º y 146º.-

 

En el recurso de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad, que sigue la ciudadana LIDA ALCALÁ ROMERO, representada judicialmente por los abogados Carlos Escarrá, Víctor Álvarez, Álvaro Ledo Nass, Gabriel Montiel, Gilberto Hernández, Ricardo Aguerrevere y Joshua Flores Mogollón, contra el acto administrativo dictado por el BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, sin representación judicial acreditada en autos; el Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 03 de mayo del año 2005, mediante la cual declaró “sin lugar el recurso de regulación de competencia” ejercido por la parte demandante, se declaró incompetente en razón de la materia y declinó la competencia en la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo.

 

Contra esta decisión propuso recurso de control de la legalidad la parte demandante, mediante sus abogados Carlos Escarrá, Víctor Álvarez, Álvaro Ledo Nass, Gabriel Montiel, Gilberto Hernández, Ricardo Aguerrevere y Joshua Flores Mogollón.

 

Recibido el expediente en esta Sala, se dio cuenta en fecha 31 de mayo del año 2005, correspondiendo la ponencia al Magistrado Alfonso Valbuena Cordero.

 

Siendo la oportunidad para ello, pasa esta Sala de Casación Social a pronunciarse sobre su admisibilidad en los siguientes términos:

 

 

 

ÚNICO

 

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece los requisitos de admisibilidad del recurso de control de la legalidad, en los siguientes términos:

 

El Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos fallos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aún y cuando no fueran recurribles en casación, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación.

 

En estos casos, la parte recurrente podrá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del fallo ante el Tribunal Superior del Trabajo correspondiente, solicitar el control de la legalidad del asunto, mediante escrito, que en ningún caso excederá de tres (3) folios útiles y sus vueltos.

 

El Tribunal Superior del Trabajo deberá remitir el expediente a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de manera inmediata; la cual, una vez recibido el expediente, decidirá sumariamente con relación a dicha solicitud. En el supuesto que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social decida conocer del asunto, fijará la audiencia, siguiendo el procedimiento establecido en el Capítulo anterior. La declaración de inadmisibilidad del recurso se hará constar en forma escrita por auto del Tribunal, sin necesidad de motivar su decisión. De igual manera, estará sujeto a multa el recurrente que interponga el recurso maliciosamente, hasta un monto máximo equivalente a ciento veinticinco unidades tributarias (125 U.T.). En este último caso, el auto será motivado. Si el recurrente no pagare la multa dentro del lapso de tres (3) días, sufrirá arresto en jefatura civil de quince (15) días.

  

Al respecto, esta Sala de Casación Social ha señalado según sentencia de fecha 20 de febrero del año 2003, que al ser el recurso de control de la legalidad un medio de impugnación excepcional, a los fines de asegurar su admisibilidad, debe cumplirse con las exigencias antes transcritas, las cuales con:

 

1.- Que se trate de sentencias emanadas de Juzgados Superiores laborales;

2.- Que no sean impugnables en casación;

3.- Que violen o amenacen con violentar normas de estricto orden público; y

4.- Que resulten contrarias a la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Social.

 

Además de ello para su admisibilidad se requiere verificar:

 

1.- La oportunidad para su interposición, es decir, que sea solicitado el recurso de control de la legalidad dentro de un lapso preclusivo de cinco (5) días, contado por días de despacho, siguientes a la fecha en que sea dictada la

sentencia sujeta a revisión; y

2.- La extensión del escrito, es decir, que no exceda de tres (3) folios útiles y sus vueltos.

        

En el caso bajo estudio observa la Sala, que el recurso de control de la legalidad ejercido es contra una decisión dictada por un Juez Superior, que conociendo en alzada, declaró sin lugar la solicitud de regulación de competencia ejercido, declaró su incompetencia en razón de la materia y en consecuencia declinó la competencia en la Sala Político Administrativa de éste máximo Tribunal.

 

Ahora bien, en relación al ejercicio del recurso de control de la legalidad, en aquellas sentencias que versan sobre la competencia, esta Sala de Casación Social, ante la ausencia en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,  de una norma expresa que regule tal situación, en sentencia N° 928, de fecha 05 de agosto del año 2004, resolvió tal situación con el siguiente pronunciamiento:

 

De lo anteriormente transcrito se desprende la inadmisibilidad del recurso de casación anunciado contra las sentencias interlocutorias que decidan una regulación de competencia.

 

Siendo ello así, esta Sala de Casación Social equipara tal situación a la ocurrida en el caso sub-examen en la que a través de este medio de impugnación se recurre contra un fallo que se pronunció sobre su competencia. Por tanto, se deja sentado a partir de la publicación de esta decisión que este medio excepcional de impugnación como lo es el recurso de control de la legalidad es igualmente inadmisible cuando se solicite contra fallos que se pronuncien sobre la competencia, en fundamento a que dichas decisiones -además de ser interlocutorias- son impugnables a través de otro medio como lo es la solicitud de regulación de competencia. Así se decide.

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, y al tratarse el presente caso de un fallo interlocutorio que se pronuncia sobre una solicitud de regulación de competencia, resulta inadmisible el recurso de control de la legalidad propuesto. Así se decide.

 

Así mismo y visto que la decisión del Tribunal Superior aquí recurrida cuando se pronunció sobre la competencia, ordenó la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa, por considerarla competente, esta Sala de Casación Social, en aras de la celeridad procesal, en el dispositivo de la presente decisión  remitirá el presente expediente a la Sala antes indicada. Así se establece.

 

DECISIÓN

 

En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad propuesto por la representación judicial de la parte demandante contra la sentencia de fecha 03 de mayo del año 2005, emanada del Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Particípese esta decisión al Juzgado Superior de origen, antes mencionado.

El Presidente de la Sala,

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

                                                                                                                                 El-

Vicepresidente,                                                                       Magistrado Ponente,

 

_______________________________         _______________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO             ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

 

Magistrado,                                                                            Magistrada,

 

_______________________________         ________________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

El Secretario,

 

_____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

 

 

R.C.L. N°  AA60-S-2005-000914

Nota: Publicada en su fecha a las

 

 

 

El Secretario