SALA DE CASACIÓN SOCIAL

 

Ponencia del Magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ.

 

En el juicio que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos derivados de la relación de trabajo incoara el ciudadano JOSÉ SURITA, representado judicialmente por el profesional del derecho Jesús Solórzano, en contra de la sociedad mercantil MALDIFASSI & CIA C.A., patrocinada judicialmente por los profesionales del derecho Maximiliano Hernández, Sibeles del Nogal, Joaquín Montoya, José Luis Ramírez, Raiza Godoy Mercedes, Alexis Pinto, Miguel Ángel Rodríguez Saturno, Gisela Aranda, Gustavo Urdaneta, Andrés Troconis, Guillermo Trujillo, Noris Cuervo, Morella Nass, Ricardo Maldonado, Magaly González de Ohep, Mayuri Meza y Jaime Torres; el Juzgado Superior Octavo para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo en razón de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, declaró en fecha 31 de octubre de 2007, sin lugar la actividad recursiva propuesta por la parte demandada, parcialmente con lugar la ejercida por la parte actora, y parcialmente con lugar la demanda, modificando así el fallo proferido en fecha 19 de julio de 2005 por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esa misma Circunscripción Judicial.

 

Contra dicho fallo la parte accionada anunció y formalizó oportunamente recurso de casación.

 

Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, se dio cuenta del mismo en fecha 6 de diciembre de 2007, designándose como ponente al Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez.

Por auto fechado el 31 de julio de 2008, se acordó fijar la audiencia oral, pública y contradictoria para el día martes veintiuno (21) de octubre de 2008, a las nueve y treinta minutos de la mañana (09:30 a.m.).

 

Concluido como fue el debate ante esta Sala, y habiendo sido proferida la sentencia de forma oral e inmediata, se procede en esta oportunidad a reproducir la misma in extenso y publicarla, conforme a lo consagrado en el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

RECURSO DE CASACIÓN

 

Por razones de naturaleza metodológica, se alterará el orden para conocer de las denuncias formuladas, analizando la cuarta de ellas de manera preliminar, y en caso de resultar procedente, se descenderá a las actas del expediente para decidir el mérito de la controversia, prescindiendo del estudio de las restantes delaciones.

 

Con fundamento en el artículo 168, numeral 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la recurrente denuncia la violación del artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y el desacato de la reiterada doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social acerca de la manera de calcular la corrección monetaria. La sentencia recurrida expresa (folios 164 y 165):

 

En base al criterio anteriormente trascrito, este Tribunal ordena la corrección monetaria de las cantidades que corresponde pagar a la demandada, y asimismo practicar experticia complementaria del fallo , por lo cual el experto designado ajustará el valor actual, tomando en cuenta los índices de inflación fijados por el Banco Central de Venezuela.

 

Se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo a los fines de calcular las sumas que en definitiva correspondan al actor siguiendo los parámetros establecidos precedentemente.

 

(…)

 

SEXTO: Se ordena la corrección monetaria de las sumas que resulten determinadas en la experticia complementaria del fallo, que se ha ordenado desde la fecha de admisión de la demandada hasta el pago definitivo, con base al índice de precios al consumidor establecido por el Banco Central de Venezuela para el Área Metropolitana de Caracas.

 

Acusa que el Juez de sentencia recurrida violó por errónea interpretación el contenido y alcance el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y que su sentencia es contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Social sobre la manera de calcular la corrección monetaria, porque ordenó la corrección monetaria sin indicar los lapsos que deben excluirse de su cálculo; que en efecto, la Sala de Casación Social ha decidido que el juez debe excluir del cálculo de la corrección monetaria “los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como huelga de funcionarios tribunalicios, por la transición en la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por vacaciones judiciales” (Sala de Casación Social, Sentencia Nº 1165 de fecha 9/8/2005).

 

Alega que, en este mismo sentido, se ha pronunciado la Sala de Casación Social en fecha 29/9/2006, s. 1464; 27/9/2005, s. 1220; 16/6/2005, s. 630; 12/4/2005, s. 251); que por este mismo motivo, el Juez de la sentencia recurrida infringió por falta de aplicación el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y que de haber acogido la doctrina de casación sobre la manera de calcular la corrección monetaria citada, el juez habría excluido del cálculo de la corrección monetaria los lapsos indicados.

 

Para decidirse toma en cuenta:

 

Ha sido doctrina pacífica y reiterada de esta Sala de Casación Social que deberán excluirse del lapso sobre el cual se acuerda la indexación en los casos del régimen procesal transitorio, los períodos en los cuales la causa se encuentre suspendida por acuerdo de ambas partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como vacaciones judiciales, así como el tiempo que tomó la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; igualmente, se ha señalado que su cómputo debe acordarse, desde la fecha de la notificación o citación de la parte demandada hasta que la sentencia quede definitivamente firme.

 

En este sentido, el sentenciador superior se apartó del criterio jurisprudencial que sobre el cálculo de la indexación ha mantenido esta Sala de Casación Social, al no haber hecho la referida exclusión, infringiendo así el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, motivo por el cual la presente denuncia es declarada con lugar y así se decide.

 

Al haber encontrado esta Sala de Casación Social, procedente esta denuncia, declara nulo el fallo recurrido de fecha 31 de octubre de 2007, proferido por el Juzgado Tercero Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; y seguidamente, pasa a dictar sentencia sobre el fondo, todo ello, de conformidad con el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

DECISIÓN SOBRE EL FONDO DE LA CONTROVERSIA

 

Como quiera que la sentencia recurrida se encuentra ajustada a derecho, la Sala ratifica todas y cada una de sus partes la condena ordenada por el ad quem, en lo que respecta a la antigüedad, indemnización sustitutiva del preaviso, indemnización por despido, utilidades, vacaciones fraccionadas y cesta tickets, desestimando lo pretendido por útiles escolares, botas y braga. Considera procedentes las indemnizaciones por despido injustificado previstas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, vale decir, la indemnización por despido y la indemnización sustitutiva del preaviso, no así, el pago por salarios caídos desde la fecha del despido hasta la sentencia definitiva.

 

Ahora bien, a criterio de esta Sala, y en cumplimiento de la labor pedagógica que ésta ha asumido, es propicia la oportunidad para hacer algunas precisiones de carácter normativo y jurisprudencial, relacionadas con los intereses moratorios y con la corrección monetaria de las cantidades que una vez concluida la relación laboral queda a deber el patrono al trabajador, su génesis normativa, su evolución, y algunas propuestas sobre la interpretación que a éstos debe dársele bajo la óptica de nuestro derecho positivo.

 

Para ello, debe forzosamente referirse, de manera preliminar, a su antecedente normativo, es decir, al artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que a la letra establece que el salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata y que toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal.

 

Estima la Sala que para el cabal entendimiento del contenido de esta previsión constitucional debe precisarse a qué hizo alusión el constituyente cuando se refirió en este contexto a las “prestaciones sociales” y para ello debemos puntualizar el sustratum de las mismas, aparejada de una suerte de breve reseña histórica, y la determinación de cuáles conceptos conforman esta institución en el marco de nuestro ordenamiento jurídico vigente.

 

De una proyección regresiva en el tiempo, se constata con nitidez la intención legislativa venezolana de dar protección a los trabajadores cuando cesa la prestación de sus servicios.

 

Con referencia las prestaciones sociales en el ámbito patrio, y en razón de este afán proteccionista, surge la incorporación de las mismas con carácter de fondo de previsión social, vale decir, la prestación de antigüedad y el auxilio de cesantía, como subsidios económicos ante tal eventualidad.

 

Debe indicarse que la Constitución Nacional venezolana de 1961 establecía en su artículo 88 el mandato de adoptar medidas tendientes a garantizar la estabilidad en el trabajo y el establecimiento de “prestaciones” que recompensaran la antigüedad del trabajador en el servicio y lo ampararan en caso de cesantía.

 

Éstas, fueron concebidas originariamente como expectativas de derecho, y la percepción de las mismas dependía de la causa de finalización de la relación de trabajo, estaban condicionadas a si ésta se producía por un despido injustificado o un retiro justificado, caso contrario no surgía la obligación patronal de cancelarlas.

 

En el año 1974 se modifica este régimen, y “las prestaciones sociales” (antigüedad-cesantía) se consagran como derechos adquiridos, que se consolidan sin importar la causa por la cual se ponga fin a la relación laboral, y a partir de este momento, en ningún caso el laborante pierde el derecho a la percepción de las mismas.

Coincidiendo con la más calificada doctrina patria, se puede afirmar que la prestación de antigüedad y el au