SALA DE CASACIÓN SOCIAL

 

 

Ponencia de la Magistrada Dra. CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

En el juicio por cobro de indemnizaciones derivadas de enfermedad profesional seguido por el ciudadano JOSÉ DE JESÚS HERRERA HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad Nº V- 12.738.433, representado judicialmente por el abogado José Armando Chacín, contra la sociedad mercantil PLUMROSE LATINOAMERICANA, C.A., representada judicialmente por los abogados José Rafael Córdova Córcega, Elizabeth Scioscia Lara y Gioconda Josefina Paz Castillo; el Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, mediante decisión de fecha 16 de noviembre de 2007, declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, con lugar el recurso de apelación de la parte demandada y revocó el fallo proferido por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la referida Circunscripción Judicial en fecha 19 de junio de 2007, que declaró sin lugar la demanda.

 

Contra la sentencia de alzada, ambas partes ejercieron oportunamente recurso de casación, los cuales fueron admitidos y formalizados en el término legal. No hubo impugnación.

El 13 de diciembre de 2007 se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada doctora CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA, quien con tal carácter suscribe la decisión.

 

Concluida la sustanciación del recurso, se celebró la audiencia oral, pública y contradictoria a en fecha treinta (30) de octubre de 2008, y se dictó fallo oral e inmediato, a tenor de lo previsto en el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

En esta oportunidad, pasa la Sala a publicar la sentencia, de conformidad con lo establecido en la citada disposición legal, previa advertencia que serán desarrollados los escritos recursivos en el orden anunciado y formalizado.

 

DEL RECURSO DE CASACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE

CAPÍTULO I

INFRACCIÓN DE LEY

-I-

 

Con fundamento en el numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, delata falsa aplicación de los artículos 5 y 58 eiusdem.

 

Para fundamentar su denuncia, cita la recurrente un extracto de la sentencia impugnada:

 

‘Del análisis de la causa, concluye quien decide, respecto al punto en estudio, que efectivamente existe cosa juzgada respecto a los conceptos condenados en la sentencia proferida por este tribunal. Y ASÍ SE DECIDE.

 

En este orden de ideas, concluye que el concepto demandado a la luz del artículo 33, parágrafo tercero, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, ‘SECUELAS POR LA ENFERMEDAD PROFESIONAL’, es improcedente (en) el caso de marras, en razón de que las mismas constituyen una derivación o consecuencia de la enfermedad profesional por la que se condenó a la empresa demandada en el indicado caso DP11-L-2005-000718, y del material probatorio aportado al proceso no se constata la correspondiente certificación de las secuelas emanadas del organismo competente, siendo el documento fundamental de la pretendida acción. Y ASÍ SE DECIDE’.

 

En este sentido, arguye en la Audiencia Oral y Pública de casación que la presente demanda versa sobre conceptos ya reclamados por el trabajador y decididos por el mismo juez de la causa en un jucio anterior, por lo que declarada la cosa juzgada, “dimana sin lugar la acción”; sin embargo, refiere la recurrente, que el ad quem de manera contradictoria declaró con lugar la defensa de cosa juzgada y condenó el pago de las cantidades demandadas por concepto de “secuelas” derivadas de la enfermedad profesional, prevista en el artículo 33 numeral 3 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y lucro cesante por un monto -hoy- de ciento veinticinco mil doscientos ochenta bolívares con noventa y nueve céntimos (Bs. 125.280,99) lo cual resultó determinante en el dispositivo del fallo, por lo que solicita que sea declarada con lugar la denuncia “con todos los pronunciamientos de ley, a que haya lugar”.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

En el caso sub examine, el punto medular deviene en determinar la existencia de la cosa juzgada en los conceptos demandados: a) indemnización por “secuelas” establecidas en el numeral 3 del artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; y b) lucro cesante.

 

Respecto a la cosa juzgada, esta Sala en sentencia Nº 100 de fecha 10 de mayo de 2000 (caso: Alexis Rafael Moreno López, contra la Asociación de Jubilados y Pensionados de las Alcaldías del Estado Apure), estableció:

 

(…) la cosa Juzgada institución del Derecho Procesal Civil, que evita un nuevo pronunciamiento sobre una sentencia definitivamente firme, en virtud de la existencia de un mandato expreso, inmutable e inmodificable de un Juez, evitando así la inseguridad jurídica que produciría una nueva decisión sobre una materia ya decidida, es decir, un Juez no puede conocer de la decisión definitivamente firme de otro, porque de lo contrario existiría una violación tal al marco jurídico establecido, que se configuraría una ineficacia absoluta en la administración de justicia.

(Omissis)

 

(...) La autoridad de la cosa juzgada dimana del ius imperium del órgano jurisdiccional legítimo que ha dictado el fallo “en nombre de la República y por autoridad de la Ley

 

Por su parte, los artículos 5 y 28 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establecen:

Artículo 5. Los jueces, en el desempeño de sus funciones, tendrán por norte de sus actos la verdad, están obligados a inquirir la verdad por todos los medios a su alcance y a no perder de vista la irrenunciabilidad de derechos y beneficios acordados por las leyes sociales a favor de los trabajadores, así como el carácter tutelar de las mismas; y por tal causa, tienen que intervenir en forma activa en el proceso, dándole el impulso y la dirección adecuados, en conformidad con la naturaleza especial de los derechos protegidos.

 

Artículo 58. La sentencia definitivamente firme es ley entre las partes en los límites de la controversia decidida y es vinculante en todo proceso futuro.

 

Las normas enunciadas, regulan el deber que tienen los jueces de instancia de tener por norte de sus actos la verdad, de inquirirla por todos los medios a su alcance, de no perder de vista la irrenunciabilidad de derechos y beneficios acordados por las leyes sociales a favor de los trabajadores y el carácter de ley entre las partes de la sentencia definitivamente firme.

 

En el caso bajo análisis, observa la Sala que el ciudadano José de Jesús Herrera Hernández, con fundamento en la sentencia proferida por el Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 8 de junio de 2006, en el expediente DP11-l-2005-000718, que declaró parcialmente con lugar la demanda por cobro de indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo contra la sociedad mercantil Plumrose Latinoamericana, C.A., demanda en vía autónoma el cobro de la indemnización prevista en el parágrafo tercero del artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), y el lucro cesante.

Así las cosas, la sociedad mercantil accionada, en la oportunidad de la contestación la demanda, arguyó las siguientes defensas: a) cosa juzgada, en virtud de la precitada sentencia; y b) de conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica del Trabajo, la prescripción de la acción.

 

Por su parte, la sentencia recurrida, respecto a los conceptos demandados en el juicio Nº DP11-L-2005-000718, estableció “la cosa juzgada formal y material”.

Ahora bien, respecto a los conceptos demandados y ventilados en alzada mediante el recurso Nº P11-R-2007-000203, el ad quem declaró improcedente la cantidad reclamada por concepto de indemnización por “secuelas de la enfermedad profesional”, prevista en el artículo 33 eiusdem, parágrafo segundo, numeral tercero, en virtud del incumplimiento de la carga probatoria del actor de la certificación médica de la “secuela” o deformación producto de la enfermedad profesional determinada en el juicio primigenio, y respecto al lucro cesante, estableció:

 

(…) este Tribunal de Alzada dejó establecido en la sentencia proferida el 08 de Junio de 2006, que la doctrina y jurisprudencia venezolanas han sostenido que el hecho ilícito, como cualquier acto contrario al ordenamiento jurídico vigente, es generado por la intención, la imprudencia, la negligencia, la impericia, mala fe, abuso de derecho e inobservancia del texto normativo por parte de una persona (agente), que tiene por contrapartida una responsabilidad a favor de otra persona (víctima o perjudicado), por una conducta contraria a derecho. (…) en cuanto a la enfermedad profesional que padece el accionante, se constató como factor existente el incumplimiento de una conducta preexistente, dado que quedó establecido, tal y como se desprende del Informe de Evaluación de Puesto de Trabajo emanado de la Unidad Regional de Salud de los trabajadores del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), que la accionada incumplió con disposiciones de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo; que el incumplimiento encuadra en la figura de la negligencia, toda vez que quedó demostrado que pese a las órdenes y recomendaciones médicas sobre cambio de puesto de trabajo en el cual no requiriese el trabajador efectuara movimientos repetitivos, la empresa no las acató inmediatamente; así como también el daño producido (enfermedad) y la relación de causalidad (por las declaraciones del Médico Ocupacional y Experto); en base a lo cual se condenó a la empresa al pago de la indemnización contenida en el artículo 33, parágrafo segundo, numeral 3, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, por el monto de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 14.645.625,00).

 

Es en base a ello, a ser el LUCRO CESANTE un concepto verificable como consecuencia de la Enfermedad Profesional ya determinada, se ordena el pago respectivo, en el entendido del hecho ilícito y de la incapacidad para el trabajo certificada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) (…) resultando la cantidad de CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES BOLÍVARES (Bs. 125.280.983,00).

 

De la reproducción efectuada, se desprende que el ad quem condenó el pago del lucro cesante, en virtud de estar satisfechos los extremos para su procedencia, es decir, el daño, la culpa del patrono, y la relación de causalidad, con fundamento en el informe de evaluación de puesto de trabajo emanado de la unidad regional de salud de los trabajadores del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), y en la indemnización prevista en el artículo 33, parágrafo segundo, numeral 3, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, que condenó en el jucio primigenio.

 

En ese sentido, cursa a los folios 20 al 34, copia fotostática certificada de la sentencia emanada del Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, de fecha 8 de junio de 2006, con ocasión del recurso de apelación interpuesto por el ciudadano José de Jesús Herrera Hernández, en la causa -DP11-L-2005-000718-, por cobro de indemnizaciones derivadas de enfermedad profesional contra la sociedad mercantil Plumrose Latinoamericana, C.A, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación y modificó el fallo proferido por el juzgado a quo.

 

Cursa al folio 131 copia fotostática simple de instrumento cambiario girado a favor del ciudadano José de Jesús Herrera Hernández, de fecha 9 de enero de 2007, por la suma de veintiún millones seiscientos cuarenta y cinco mil seiscientos veinticinco bolívares (Bs.21.645.625), cantidad esta que se corresponde con los conceptos condenados por el Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en sentencia de fecha 8 de junio de 2006.

 

Ahora bien, advierte la Sala que los conceptos demandados en ambos juicios se derivan de la enfermedad profesional que padece el actor José de Jesús Herrena Hernández, por el incumplimiento del patrono de las condiciones de trabajo, lo que se traduce en la “responsabilidad subjetiva” que da lugar a las indemnizaciones previstas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, y las consagradas en el derecho común, supuestos fácticos que fueron objeto de contención, decisión y cumplimiento, en el juicio primigenio.

 

Así las cosas, de conformidad con el artículo 57 de la ley Orgánica Procesal del Trabajo “ningún juez podrá volver a decidir sobre la controversia ya decidida por una sentencia, a menos que haya recurso contra ella o que la Ley expresamente lo permita”.

 

En este orden de ideas, advierte la Sala que una vez determinada la identidad de las partes, los conceptos reclamados y el título, es decir, los supuestos de procedencia de la institución procesal de la cosa juzgada, procede su declaratoria y la misma presupone: a) la inimpugnabilidad del fallo, es decir, que la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, no puede ser revisada por ningún juez cuando ya se hayan agotado todos los recursos; b) la inmutabilidad, según la cual la sentencia no es atacable indirectamente “por no ser posible sustanciar un proceso por el mismo tema, es decir, no puede otra autoridad modificar los términos de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada”; y c) la coercibilidad, que consiste en la eventualidad de ejecución forzada en los casos de sentencia de condena.

 

Determinada la eficacia jurídica de la cosa juzgada, la Sala observa que la Juez de Alzada, pese a declarar la existencia de la cosa juzgada, procedió a decidir el mérito del asunto, condenando a la sociedad mercantil accionada Plumrose Latinoamericana, C.A., al pago del lucro cesante, en cuyo quantum englobó la indemnización reclamada por concepto de “secuelas” previstas en el artículo 33 numeral 3 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, aspecto declarado improcedente en su motiva y sobre los cuales operó la cosa juzgada, subvirtiendo el orden público laboral e infringiendo el derecho a la defensa de la parte demandada.

 

En virtud de lo expuesto, se declara con lugar la denuncia, en consecuencia, de conformidad con el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se anula el fallo recurrido y se desciende al estudio de las actas procesales, a efectos de dictar sentencia de mérito, previa advertencia que dada la declaratoria con lugar de la presente denuncia, esta Sala se abstiene de analizar las contenidas en los escritos recursivos anunciados y formalizados por ambas partes por ser inoficioso.

 

DE LA SENTENCIA DE MÉRITO

 

Dado que el objeto de la presente demanda, persigue el pago de indemnizaciones derivadas de la enfermedad profesional, sufrida por el actor ciudadano José de Jesús Herrera Hernández, sobre las cuales esta Sala precedentemente declaró la cosa juzgada, por lo que resultan improcedentes los conceptos reclamados. Así se establece.

 

Asimismo, advierte esta Sala, que no puede dejar pasar por alto la censurable conducta desplegada por la Juez Titular del Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua -Abogada Ana Cristina Iciarte Herrera-, en la sentencia dictada en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 16 de noviembre de 2007, con la cual violentó el derecho a la defensa -de la parte demandada-, previsto en los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela e infringió la institución de la cosa juzgada estabelcida en los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, subvirtiendo el orden público laboral, el decoro y la institucionalidad del Poder Judicial, lo cual permite a esta Sala calificar dicha conducta como ERROR INEXCUSABLE, que atenta contra el sistema de justicia y el Estado Social de Derecho y de Justicia proclamado en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

En este mismo sentido, la Sala Constitucional en sentencia Nº 280, del 23 de febrero de 2007 (caso: Lucía Gómez de Delgado y otros), estableció:

 

(…) las diversas Salas del Tribunal Supremo de Justicia, cuando califican un error inexcusable, o constatan el incumplimiento por un juez de órdenes emanadas de las Salas, reconocen graves daños al poder judicial en general, a su idoneidad y responsabilidad, por lo que los cuales de una vez son observados por las Salas del Tribunal Supremo de Justicia que los declaran.

 

En situaciones como éstas, es indiferente que las partes de un proceso denuncien o no los hechos ante la jurisdicción disciplinaria, ya que uno de los agraviados es realmente el Poder Judicial, motivo por el cual pueden las Salas, como parte del Tribunal Supremo de Justicia, cabeza del Poder Judicial, instar la sanción disciplinaria como órgano del Poder Público.

 

Ahora bien, se plantea esta Sala ante quien se insta la sanción, y la conclusión, adaptándose al artículo 30 del Régimen de Transición del Poder Público, que las Salas del Tribunal Supremo de Justicia pueden ocurrir ante la Inspectoría General de Tribunales o directamente ante la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, ya que conforme a dicha norma ‘El Inspector General de Tribunales, a solicitud de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial o cuando considere que existen fallas disciplinarias que así lo amerite, iniciará el procedimiento con la apertura del expediente[...]’. En consecuencia si la ‘Comisión’ puede instar a la Inspectoría, quien por mandato del artículo 28 del Régimen de Transición del Poder Público, es su órgano auxiliar, es porque tiene conocimiento de los hechos, los cuales puede obtener por cualquier fuente, como sería la notificación judicial a la ‘Comisión’ de los fallos donde se declara el grave error inexcusable o el desacato de los jueces a órdenes recibidas de sus superiores.

 

En sujeción a lo expuesto se ordena librar oficio a la Inspectoría General de Tribunales y a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y anexar copia fotostática certificada de la presente decisión, a los fines de abrir el correspondiente procedimiento administrativo y establecer las sanciones a que hubiere lugar contra la Juez Titular del Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua -Abogada Ana Cristina Iciarte Herrera-, en virtud de las graves infracciones cometidas. Así se decide.

DECISIÓN

 

En mérito de las consideraciones anteriores, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1) CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada sociedad mercantil Plumrose Latinoamericana, C.A, 2) ANULA el fallo proferido por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el 16 de noviembre de 2007; 3) COSA JUZGADA respecto a las pretensiones del accionante; 4) ORDENA librar oficio a la Inspectoría General de Tribunales y a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y remitir copia fotostática de la presente decisión a los fines de aperturar el correspondiente procedimiento administrativo y establecer las sanciones a que hubiere lugar contra la Juez Titular del Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua -Abogada Ana Cristina Iciarte Herrera-.

 

Dada la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a los fines legales pertinentes. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, particípese de esta decisión al Tribunal Superior de origen de la referida Circunscripción Judicial.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los trece (13) días del mes de noviembre  de dos mil ocho. Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

 

Presidente de la Sala,

 

____________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

Vicepresidente,

 

________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO

Magistrado,

 

_________________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ

 

Magistrado,

 

________________________________

ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

Magistrada Ponente,

 

__________________________________

CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

Secretario,

 

_____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

R.C. Nº AA60-S-2007-002399

Nota: Publicada en su fecha a

El Secretario,