SALA DE CASACION SOCIAL

Ponencia del Magistrado Dr. OMAR ALFREDO MORA DÍAZ.-

 

               En el juicio por cobro de diferencia de prestaciones sociales, intentado por el ciudadano NELSON ENRIQUE PEROZO VILLALOBOS, representado judicialmente por el abogado Edie Landino Márquez, contra la empresa PDVSA PETRÓLEO Y GAS, S.A., representada judicialmente por los abogados Luis Enrique Duque C., Oscar Atencio Galbán y Manuel Alejandro Rojas B., el Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dictó sentencia en fecha 26 de mayo de 2000, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por la parte demandada contra la sentencia definitiva de fecha 30 de noviembre de 1999, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; y en consecuencia, la demanda intentada por el accionante fue declarada sin lugar.

               Contra la decisión proferida por la Alzada anunció recurso de casación la parte actora, el cual, una vez admitido, fue oportunamente formalizado. Hubo impugnación; no se formuló réplica.

 

               Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social, se dio cuenta en fecha 29 de junio de 2000. En esa oportunidad se asignó la ponencia al Magistrado Dr. Omar Alfredo Mora Díaz.

 

               Concluida la sustanciación del presente recurso de casación y cumplidas como han sido las formalidades legales, pasa esta Sala de Casación Social a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, previa las siguientes consideraciones:

 

PUNTO PREVIO

 

               El apoderado judicial de la empresa accionada, en su escrito de impugnación, solicita que no se admita la formalización efectuada por el recurrente, en razón de que la misma carece de la adecuada técnica casacional.

              

               Al respecto, es de señalar que no hay posibilidad jurídica para la Sala de declarar la inadmisibilidad de un escrito de formalización, ya que no existe en nuestra Ley Adjetiva Civil, la previsión acerca de no admitir un escrito de formalización de un recurso de casación por falta de debida técnica.

 

               Lo viable sería sentenciar al recurso de casación perecido por falta de técnica, a tenor de lo dispuesto en el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil, el cual preceptúa:

 

“Se declarará perecido el recurso, sin entrar a decidirlo, cuando la formalización no se presente en el lapso señalado en el artículo 317, o no llene los requisitos exigidos en el mismo artículo”.                     

 

              

               Así pues, en razón de lo expuesto ut supra, no es factible declarar la inadmisibilidad de un escrito de formalización de un recurso de casación. Así se declara.

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

              

- I -

De conformidad con lo señalado en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se delata la infracción del artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo por errónea interpretación.

              

               Señala el formalizante que el sentenciador de alzada erró al interpretar el contenido y alcance de la mencionada normativa, en razón de que, aduce el recurrente, las utilidades sólo tienen carácter legal cuando la empresa cumple con los requisitos contemplados en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo.

 

               Afirma que el primer supuesto que establece la norma para que las utilidades sean de carácter legal, estriba en que la empresa debe distribuir entre los trabajadores, por lo menos, el quince por ciento (15%) de los beneficios líquidos que arroje la empresa al cierre de su ejercicio anual. Aduce que la demandada, por decisión unilateral, paga cuatro (4) meses de salario por concepto de utilidades, cuestión que es ajena a la condición aleatoria del enriquecimiento neto de la empresa; en consecuencia no se demuestra la obligación de realizar la declaración a la Administración del Impuesto Sobre la Renta, desnaturalizando la condición aleatoria contenida en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo.

 

               Para decidir, la Sala observa:

               El vicio de errónea interpretación de una norma jurídica se verifica en un fallo, cuando el sentenciador comete un equívoco acerca del contenido y alcance de una disposición normativa expresa, otorgándole un significado distinto o diferente al que realmente contiene.

              

               En el caso sub iudice, el sentenciador superior aseveró, con respecto al contenido del artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, que:

 

(..) establece el artículo 174 precitado lo que debe entenderse como utilidades legales, las cuales son las que corresponden a los trabajadores por la distribución del quince por ciento (15%) por lo menos de los beneficios obtenidos por el patrono, con indicación en esta disposición legal de los límites máximo y mínimo dentro de los cuales debe oscilar la cantidad a ser pagada por este concepto, la cual en ningún caso podrá ser menor de quince (15) días ni mayor a cuatro (4) meses de salario.

 

Por su parte, el artículo 182 de la indicada Ley Orgánica consagra lo que debe entenderse como utilidades convencionales, refiriéndose a las mismas como aquella porción del pago por este concepto que sobrepase el límite máximo establecido por las utilidades legales, y las que están expresamente así acordadas entre el patrono y sus trabajadores, esto según el criterio de esta Alzada y los alcances interpretativos que hace este Sentenciador de las normas citadas ut supra.

 

(...)

 

Advierte esta Superioridad, que en el caso de autos, el demandante arguye que la reclamada cancela a sus trabajadores el treinta y tres por ciento (33%) de los ingresos anuales de ellos por concepto de utilidades, siendo este porcentaje equivalente a cuatro meses de salario, el cual es el límite máximo establecido por la Ley a los efectos de las utilidades legales definidas en el artículo 174 antes transcrito; es concluyente de lo anterior, que al estar dentro de los parámetros reglados y no estar determinados o acordados expresamente en la convención colectiva de trabajo, resulta forzoso para esta Alzada, concluir la improcedencia legal de dicha inclusión de las utilidades del actor en el salario base para el cálculo de las prestaciones sociales correspondientes a los años anteriores al 1º de enero de 1991. ASÍ SE DECLARA”. (vide folio 113 y 114).             

 

 

 

               La aseveración realizada por la Alzada, sobre lo que son las utilidades legales, se hace en base al criterio que ésta sostiene acerca del contenido del artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual preceptúa:

 

“Las empresas deberán distribuir entre todos sus trabajadores por lo menos el quince por ciento (15%) de los beneficios líquidos que hubieren obtenido al fin de su ejercicio anual. A este fin, se entenderá por beneficios líquidos la suma de los enriquecimientos netos gravables y de los exonerados conforme a la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

 

A los efectos de este Capítulo, se asimilarán a las empresas los establecimientos y explotaciones con fines de lucro.

              

Paragráfo Primero.- Esta obligación tendrá, respecto de cada trabajador, como límite mínimo, el equivalente al salario de quince (15) días y como límite máximo el equivalente al salario de cuatro (4) meses. El límite máximo para las empresas que tengan un capital social que no exceda de un millón de bolívares (Bs. 1.000.000,oo) o que ocupen menos de cincuenta (50) trabajadores, será de dos (2) meses de salario. Cuando el trabajador no hubiese laborado todo el año, la bonificación se reducirá a la parte proporcional correspondiente a los meses completos de servicios prestados. Cuando la terminación de la relación de trabajo ocurra antes del cierre del ejercicio, la liquidación de la parte correspondiente a los meses servidos podrá hacerse al vencimiento de aquél.

 

(omissis)“.

 

 

 

               Dada la naturaleza de la denuncia formulada, es necesario para esta Sala de Casación Social precisar las siguientes consideraciones acerca del artículo 174 transcrito ut supra.

              

               Debe entenderse por utilidades legales, aquéllas que preceptúa la Ley, las cuales constituyen el beneficio líquido que percibe el trabajador al final del ejercicio anual de la empresa; el cual se encuentra establecido en un monto mínimo, distribuible entre los trabajadores, del quince por ciento (15%) del enriquecimiento neto de la empresa. De igual forma, se establecen los límites para la cancelación de las utilidades legales, y es así como se señala que el monto mínimo que se podrá pagar al trabajador será similar a quince (15) días de salario, y el monto máximo se fija en el equivalente a cuatro (4) meses de salario, es decir, se estipulan las cantidades mínimas y máximas que puede pagar la empresa al trabajador por concepto de esta obligación.

 

               Lo señalado anteriormente, sobre el pago de una utilidad correspondiente a la distribución mínima del quince por ciento (15%) de los beneficios líquidos de la empresa, y de que dicha utilidad tiene como límites entre quince (15) días de salario hasta un máximo de cuatro meses (4) de sueldo; permite aseverar que si la empresa otorga a sus trabajadores el beneficio en cuestión, circunscribiéndose a los parámetros señalados por la norma, las utilidades tendrán carácter legal. Asimismo, como caso excepcional, cuando la empresa conceda a sus trabajadores el límite de cuatro (4) meses de utilidades, no será necesario mostrar balances, ni cuentas acerca de su enriquecimiento neto, puesto que está otorgando el tope máximo que estipula la ley, y en consecuencia es obvio que cumple con lo señalado en el Parágrafo Primero del artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo.

              

               En contraposición con las utilidades legales, se encuentran las utilidades convencionales, las cuales a la luz de lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley Orgánica del Trabajo, son:

En caso de que el patrono y el trabajador hayan convenido en que éste perciba una participación convencional que supere a la participación legal pautada en este Capítulo, el monto de ésta comprenderá aquélla, a menos que las partes hubieren convenido expresamente lo contrario. Lo mismo se hará en el supuesto de que el monto de la participación legal llegue a superar el de la participación convenida por las partes.” (Cursivas de la Sala)

 

 

 

               Se evidencia de la norma transcrita ut supra que las utilidades convencionales son aquéllas que han sido pactadas o acordadas expresamente entre la empresa y el trabajador, y en consecuencia, deben estar reflejadas en la Convención Colectiva o en el Contrato Individual del Trabajador. Dichas utilidades se fijan por una cantidad específica antes del cierre del ejercicio de la empresa, es decir, no dependen del enriquecimiento neto del patrono sino de la voluntad de las partes.

 

               Es de considerar, que una de las características de mayor relevancia dentro de la categoría de las utilidades convencionales, es ese acuerdo palmario entre trabajador y la empresa, es decir, la constancia verificable en la Convención Colectiva o en el Contrato Individual del Trabajador de que dicho beneficio es el producto de un acuerdo de voluntad entre las partes, y no es una decisión unilateral de la empresa que desvirtuaría la característica de convencional de las utilidades.

              

               Retomando el punto relativo a las utilidades legales en el precitado artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, se establece un carácter aleatorio para el pago de las utilidades legales, el cual está circunscrito al enriquecimiento neto de la empresa.

 

               Con respecto a este carácter aleatorio de las utilidades legales, la Sala de Casación Civil, refiriéndose a un fallo de fecha 18 de noviembre de 1998 de la misma Sala,  señaló:

 

“éstas últimas no dependen de la voluntad del patrono, están sujetas a los beneficios que en definitiva obtenga la empresa (...)”(sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 3 de junio de 1999).

 

 

 

               Asimismo, el profesor Rafael J. Alfonzo Guzmán, ha aseverado que:

 

“La utilidad de la empresa depende de su actividad mercantil continuada durante el respectivo ejercicio estatutario (anual, semestral). Es una unidad aritmética indivisible, resultado de un balance de las ganancias y pérdidas registradas en determinado período económico. No es posible jurídicamente, por ende, atribuir la utilidad legal a las operaciones ventajosas realizadas en ciertos meses o épocas del año, en forma aislada de los lapsos económicamente menos exitosos o adversos, por cuanto el enriquecimiento líquido es, en sí, un hecho que sólo queda evidenciado a la culminación de cada ejercicio, con la verificación del balance respectivo. Hasta este momento la utilidad legal es una simple expectativa de derecho (...).” (Rafael Alfonzo Guzmán, Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo, pág.233).

 

 

 

               De lo señalado anteriormente, es necesario señalar que el álea contenido en las utilidades legales acerca del pago de las mismas dependiendo del enriquecimiento neto de la empresa, se circunscribe a la obligación del patrono de presentar balances y cuentas para determinar que el monto distribuible entre los trabajadores sea realmente lo que ordena la Ley, pero si por el contrario la empresa cumple con otorgar el límite máximo señalado en el Paragráfo Primero del artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, es decir, cuatro (4) meses, es inútil que la empresa presente los balances y cuentas acerca de su enriquecimiento neto, en razón de que está en obediencia con el precitado artículo 174.   

              

               Realizadas las consideraciones acerca del contenido del artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, y evidenciando que el criterio de la recurrida, transcrito ut supra, se encuentra en armonía con el criterio expuesto por la Sala, la presente denuncia, por errónea interpretación, se declara improcedente. Así se establece.

 

- II -

              

               A la luz de lo dispuesto en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se delata la infracción del artículo 176 de la Ley Orgánica del Trabajo, por falta de aplicación.

 

               Aduce el recurrente que la mencionada disposición infringida debió ser aplicada por la recurrida para decidir la causa sub iudice, en razón de que dicha normativa confirma y complementa la condición aleatoria señalada en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, así como también establece las formalidades que debe cumplir la empresa para determinar el porcentaje de los beneficios líquidos a distribuir entre los trabajadores, es decir, las utilidades legales.

              

               Para decidir, la Sala observa:

 

               La negativa de aplicación de una norma jurídica ha sido señalada en diversos fallos de este Alto Tribunal, aseverándose que: “la falta de aplicación de una norma ocurre cuando el juez sencillamente no la aplica, y la jurisprudencia de la Sala ha señalado al respecto que cuando se denuncia infracción por falta de aplicación de una disposición legal, la norma aplicable será la misma cuya infracción se imputa, y las razones que demuestren la infracción, serán las mismas que sustenten su aplicabilidad” (Sentencia de la Sala de Casación Social, de fecha 1º de junio de 2000).

     

               El artículo 176 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que:

 

“Para la determinación del monto distribuible se tomará como base la declaración que hubiere presentado la empresa ante la Administración del Impuesto Sobre la Renta. Cuando el monto de los beneficios resulte mayor de lo declarado, la empresa estará obligada a efectuar una distribución adicional dentro del mes siguiente a la fecha en que se determine”.

 

 

 

               La norma transcrita ut supra, está constreñida al establecimiento de la cantidad que será dividida entre los trabajadores por concepto de utilidades legales, una vez que la empresa realice la declaración ante la Administración del Impuesto Sobre la Renta.

              

               Al respecto, el Dr. Fernando Villasmil B., en su obra Comentarios a la Ley Orgánica del Trabajo, en referencia a varios artículos de la misma Ley, entre los que se encuentra la norma contenida en el artículo 176 eiusdem, señala que: “Las normas precedentes establecen las reglas que permiten calcular y determinar, la participación individual de cada trabajador en los beneficios de la empresa”. (Pág. 268, volumen I).

 

               Así pues, el artículo denunciado como infringido por falta de aplicación, no es normativa reguladora del caso sub iudice, en virtud de que no se persigue determinar la cantidad correspondiente al trabajador por concepto de utilidades legales una vez realizada la declaración al Fisco Nacional por parte de la empresa, sino que en el presente asunto se ha reclamado un pago de diferencia de prestaciones sociales, por señalar el accionante que la demandada le canceló las utilidades como si fuesen de carácter legal, cuando en realidad son de tipo convencional, solicitando que fuesen incluidas en el salario integral base para el cálculo de las prestaciones sociales por todo el tiempo de servicio del trabajador.

              

               En razón de lo anteriormente expuesto, se declara improcedente la presente delación. Así se declara.

D E C I S I Ó N

 

               En virtud de las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación intentado por el abogado EDIE LANDINO MÁRQUEZ, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano NELSON ENRIQUE PEROZO VILLALOBOS, contra la sentencia emanada del Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 26 de mayo de 2000.

 

               Se condena en costas a la parte recurrente de conformidad con lo establecido en los artículos 274 y 320 del Código de Procedimiento Civil.

 

 

               Publíquese, regístrese y remítase directamente este expediente al Tribunal de la causa, es decir, al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, participándole dicha remisión al Juzgado Superior de origen, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

               Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,  a  los  dieciséis   (16)  días del mes de noviembre de dos mil. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación.-

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente,

 

 

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    JUAN RAFAEL PERDOMO

 

                                                                Magistrado,

 

 

                                               _____________________________

                                                 ALBERTO MARTINI URDANETA

 

 

 

La Secretaria,

 

 

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BIRMA I. TREJO DE ROMERO

 

R.C Nº 00-316