SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Caracas,  trece (13)  de noviembre de 2001. Años: 191º y 142º

Conoce esta Sala del conflicto negativo de competencia suscitado en el juicio por cobro de lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del Personal Administrativo de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) y otros conceptos derivados de la relación laboral, iniciado por el ciudadano FRANCISCO GAMBOA, representado por el abogado Jorge Salamanca, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA (UNEG), representada por la abogada Aída Elena Lois Trias, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en la ciudad de Puerto Ordaz, el cual, en auto de fecha 21 de marzo de 2001, se declaró incompetente por la materia para conocer del presente asunto y declinó su competencia al Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, Menores y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz.

El referido Juzgado, en auto de fecha 30 de marzo de 2001, se declaró igualmente incompetente, remitiendo los autos a esta Sala de Casación Social, en conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de resolver el conflicto negativo de competencia planteado.

Recibido los autos en esta Sala de Casación Social, se dio cuenta oportunamente del asunto y se designó ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe este fallo.

Con base en los elementos que cursan en autos, se pasa a decidir la presente regulación de competencia, previas las siguientes consideraciones:

Ú N I C O

El ciudadano Francisco Gamboa, alegó haber prestado sus servicios como Administrador II, en el departamento de Tesorería de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), desde el 2 de abril de 1990 hasta el 8 de mayo de 1997, entrando posteriormente, en un período de reposo médico.

El motivo por el cual demandó a la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), el cobro de lo establecido en el artículo 23 (contenido en la Sección Séptima relativa a los beneficios y distinciones a que tiene derecho el personal administrativo), del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del Personal Administrativo de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) y otros conceptos derivados de la relación laboral, el cual es del tenor siguiente:

“Los miembros del personal administrativo jubilados disfrutarán de los beneficios que se indican a continuación:

a.  Seguro de hospitalización, cirugía y maternidad

a.1 Seguro de vida y accidentes personales

Los miembros del personal administrativo jubilados continuarán disfrutando de los beneficios de la póliza de hospitalización, cirugía y maternidad, seguro de vida y accidentes personales, y en consecuencia se les descontará de su asignación por jubilación, la cuota que le corresponda pagar, salvo que el funcionario administrativo manifieste su voluntad de no participar, en cuyo caso lo hará por escrito ante la Coordinación de Recursos Humanos.

La Universidad Nacional Experimental de Guayana contribuirá a estos fines, en iguales condiciones que para el personal activo.

b. Caja de Ahorros

Los miembros del personal administrativo jubilados continuarán disfrutando de los beneficios de la Caja de Ahorros, a cuyos efectos la Universidad Nacional Experimental de Guayana se compromete a abonar en nombre del miembro jubilado, una cantidad equivalente al porcentaje mensual que aporta la Universidad al personal activo. De igual manera, el miembro jubilado queda obligado a aportar de su jubilación una cantidad, por lo menos igual, a lo aportado por la Universidad.

c. Bonificación de Fin de Año

La Universidad otorgará a los miembros jubilados una bonificación de fin de año, en iguales condiciones que para el personal activo.”

 

El Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, se declaró incompetente para conocer del presente juicio en virtud que el trabajador demandante es un “funcionario del Estado,” quien en sus relaciones con la Administración Pública, se rige por la Ley de Carrera Administrativa, por lo cual remitió el expediente al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, Menores y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito  de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, el cual, se declaró igualmente incompetente, expresando que la parte demandante era un “empleado administrativo” de una Universidad Nacional, por lo cual, le era aplicable la Ley de Carrera Administrativa, siendo el competente para el conocimiento de la presente acción el “Tribunal de Carrera Administrativa” y no ese Tribunal Superior cuya competencia estaba delimitada al conocimiento de las “querellas funcionariales interpuestas por los funcionarios públicos de los entes estadales y municipales, y no de las corporaciones públicas (Universidades).”

La Sala para decidir observa:

En relación con la competencia de los tribunales para conocer de los conflictos presentados por los empleados administrativos de las Universidades Nacionales, la Sala en auto de fecha 9 del mes de marzo de 2000, (caso Rosina Noto de Saglimbeni contra la Universidad Nacional Experimental de Guayana [UNEG]), expresó lo siguiente: “(...) los empleados administrativos de las Universidades Nacionales, son considerados funcionarios de carrera administrativa y por ende se les aplica la Ley Especial que rige la materia, siendo competente para el conocimiento de cualquier asunto que se suscite con respecto a la relación funcionarial, el Tribunal de la Carrera Administrativa.”

Conforme al criterio sostenido por esta Sala, el trabajador demandante al haberse desempeñado como Administrador II en el departamento de Tesorería de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), es un funcionario público, por lo que en consecuencia, corresponde conocer y decidir el presente asunto al Tribunal de la Carrera Administrativa, con sede en la ciudad de Caracas, y así se decide.

D E C I S I Ó N

Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara competente al TRIBUNAL DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA, para que conozca del presente juicio.

Publíquese, regístrese y remítase directamente este expediente al Tribunal declarado competente. Particípese de esta remisión al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en la ciudad de Puerto Ordaz, así como al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, Menores y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz.

El Presidente de la Sala,

 

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

El Vicepresidente y Ponente,

 

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO

 

 

                                                                        Magistrado,

 

 

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                                                                       ALFONSO VALBUENA C.

 

 

La Secretaria,

 

 

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BIRMA I. TREJO DE ROMERO

 

Reg. Comp.: Nº 2001-000417