SALA  DE CASACIÓN SOCIAL.-

Caracas,    18    de    octubre    de   2001.  Años:  191º  y  142º.-

 

En el juicio de divorcio interpuesto por la ciudadana RAQUEL BEATRIZ URRIECHE CAMPOS, representada por el abogado Addel González Núñez, contra el ciudadano JESÚS ALBERTO MORA FLORES, representado por los abogados Antonio Luis Castillo Valenzuela, Guadalupe Rengel Avilez y Jesús Gerardo Aranaga, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en la ciudad de Barquisimeto, repuso la causa al estado de que el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la citada Circunscripción Judicial, se pronuncie sobre las medidas preventivas solicitadas por la parte demandante en el libelo, relacionadas con los bienes propiedad del demandado, que según el Juez de alzada, “fueron acordadas en fecha ocho de marzo de Dos Mil Uno.”

La apoderada judicial de la parte demandada anunció recurso de casación contra la referida decisión, el cual, le fue denegado por auto de fecha 19 de junio de 2001.

Contra dicha negativa, el anunciante del recurso de casación recurrió de hecho ante este Tribunal Supremo de Justicia.

Como consecuencia de ello, fueron remitidos los recaudos originales a esta Sala de Casación Social. Recibidos éstos se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.

Con base en los elementos que cursan en autos, se pasa a decidir el presente recurso de hecho, previas las siguientes consideraciones:

ÚNICO

El Juez de alzada fundamentó la negativa de admisión del recurso de casación, en el hecho de que la sentencia recurrida es una interlocutoria que no pone fin al juicio ni causa un gravamen irreparable.

Ahora bien, se evidencia de los originales y copias certificadas anexadas al expediente, que el Juez Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en la ciudad de Barquisimeto, conoció en Alzada del presente juicio, en virtud de la apelación interpuesta por la parte demandada contra el auto de fecha 8 de marzo de 2001, en el cual se acordaron varias medidas cautelares.

En virtud de ello, el referido Juez Superior al reponer la causa al estado de que el Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la citada Circunscripción Judicial, se pronunciara sobre “las medidas preventivas solicitada por el actor en su libelo de demanda, sobre bienes propiedad del demandado ciudadano Jesús Alberto Mora, y las cuales fueron acordadas en fecha ocho de marzo de Dos Mil Uno...”, fundamentó su decisión con las siguientes alegaciones:

“Conforme a lo antes transcrito, se observa que es necesario que el Juez que dicte la providencia, fundamente los motivos de hecho y de derecho por los cuales acuerde o niegue la medida, y en el caso subjudice, el A-quo solo se limitó a dictar la providencia en forma parcial, no pronunciándose sobre si procedía o no la medida solicitada, sobre los bienes propiedad del ciudadano Jesús Alberto Mora. Ahora bien, habiéndose pronunciado el A-quo solo sobre los bienes del demandado y omitiendo su pronunciamiento en cuanto a la procedencia o no de las medidas acordadas y sin considerar tal pronunciamiento se hace violatorio de normas de rango constitucional como lo es el derecho a la defensa, en consecuencia se hace necesario la reposición de la causa al estado de que el A-quo se pronuncie sobre la procedencia de las medidas solicitadas sobre los bienes propiedad del ciudadano Jesús Alberto Mora. Así se decide.”

A este respecto, la Sala observa:

El artículo 588 del Código de Procedimiento Civil,  

“En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:

1° El embargo de bienes muebles;

2° El secuestro de bienes determinados;

3° La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.

Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado.

(omissis)

Parágrafo Segundo: Cuando se decrete alguna de las providencias cautelares previstas en el Parágrafo Primero de este artículo, la parte contra quien obre la providencia podrá oponerse a ella, y la oposición se sustanciará y resolverá conforme a lo previsto en los artículos 602, 603 y 604 de este Código...”

Ahora bien, conforme a la norma anteriormente citada, el decreto mediante el cual el Juez dicta medidas preventivas o cautelares, no es atacable por vía del recurso ordinario. Sin embargo, el Juez de la recurrida conoció y decidió el mismo, en oposición a la ley adjetiva, ocasionándose un desequilibrio entre las partes, pues se otorgó un medio de defensa no establecido por el legislador.

Aunado a lo anterior, este máximo Tribunal ha sostenido en reiterados fallos que en materia de medidas preventivas, tendrán casación de inmediato sólo aquellas decisiones que “nieguen, acuerden, revoquen o suspendan la medida, porque estas providencias tienen la virtud de poner fin de inmediato.” (Sentencia de la Sala de Casación Civil del 5 de noviembre de 1998).

En el caso de autos, la sentencia de reposición dictada por el Juez Superior en la cual ordena al Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la citada Circunscripción Judicial, pronunciarse sobre las medidas preventivas solicitadas por la parte actora en su libelo en relación con los bienes propiedad del demandado, revocó el decreto acordado por el Juez a-quo en fecha 8 de marzo de 2001, en el cual, dictó determinadas medidas cautelares.

Por tanto, siendo la recurrida una decisión que revocó un decreto de medidas cautelares, en aplicación del criterio sostenido por la Sala de Casación Civil que esta Sala acoge, se concluye que el fallo impugnado en el caso de autos, puede ser revisado por la Sala.

En consecuencia, el recurso de casación anunciado es admisible, y por tanto, el recurso de hecho interpuesto es procedente y así se declara.

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR el recurso de hecho propuesto contra el auto de fecha 19 de junio de 2001, dictado por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en la ciudad de Barquisimeto y en consecuencia, ADMITE el recurso de casación anunciado contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior antes mencionado, en fecha 4 de junio de 2001.

A partir de esta sentencia, comenzará a transcurrir el lapso para la formalización. Procédase a dar cuenta en Sala del recurso respectivo y cúmplase la tramitación prevista en el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala que desde el día siguiente al de la publicación de esta decisión, comenzará a correr el lapso de la respectiva formalización.

Publíquese, regístrese y désele cuenta en Sala.

El Presidente de la Sala,

 

 

 


OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

      El Vicepresidente - Ponente,

 

 

 

       JUAN RAFAEL PERDOMO

 

 

Magistrado,

 

 

 


ALFONSO VALBUENA C.

 

 

La Secretaria,

 

 

 


BIRMA I. TREJO DE ROMERO

 

 

R.H. N° 2001-000477