TRIBUNAL   SUPREMO   DE   JUSTICIA.     SALA   DE   CASACIÓN   SOCIAL

Caracas, veinte (20) de octubre de 2011. Años: 201º y 152º

 

En el proceso de cobro de indemnización por accidente de trabajo, instaurado por el ciudadano JOSÉ ELÍAS HURTADO VALENCIA, representado judicialmente por los abogados Ligia Benítez, Zafiro Navas Íñiguez, Urimare Medina y María Fernanda Martínez, contra la sociedad mercantil GHELLA SOGENE, C.A., representada en juicio por los abogados Armando Galindo Subero, Luis Barranco La Grutta, Freddy Barranco La Grutta, Reinaldo Rodríguez Sojo, Juan Manuel Nunes, Jhony Morao Rivero y Ricardo Rojas; el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, mediante sentencia del 24 de febrero de 2011, declaró sin lugar los recursos de apelación ejercidos por ambas partes y confirmó la decisión dictada el 10 de diciembre de 2010 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la demanda en virtud de la prescripción de la acción.

 

Contra la decisión de alzada, el actor interpuso recurso de control de la legalidad el 3 de marzo de 2011, por lo cual el expediente fue remitido a esta Sala de Casación Social.

 

El 17 de marzo de 2011, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

En la oportunidad procesal correspondiente, pasa esta Sala a pronunciarse acerca de la admisibilidad del recurso ejercido, en los términos siguientes:

 

Ú N I C O

 

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece el control de la legalidad como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo que no sean recurribles en casación y que violenten o amenacen con violentar normas de orden público, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, la oportunidad para interponer el referido recurso se encuentra limitada a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles, una vez vencido el lapso que otorga la ley para la publicación de la sentencia in extenso, conteste con el artículo 165 eiusdem y el criterio establecido en sentencia N° 569 del 29 de abril de 2008 (caso: Maritza Margarita Antequera Nelo contra Promotora Milenium, C.A.); y deberá hacerse a través de escrito, el cual no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de éste.

 

En ese orden, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos-formales señalados ut supra, pasa esta Sala de Casación Social a analizar los elementos sustanciales de admisibilidad, y a tal efecto observa:

 

Denuncia el impugnante que el sentenciador de alzada incurrió en un error de juzgamiento al aplicar el artículo 62 de la Ley Orgánica del Trabajo, sin tomar en cuenta que el origen ocupacional del accidente, así como sus secuelas         –incapacidad parcial y permanente–, fueron diagnosticados y certificados por el INPSASEL en fecha 21 de abril de 2006, razón por la cual resultaba aplicable el artículo 9 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de 2005, que amplió el lapso de prescripción a cinco años, contados a partir de la terminación de la relación laboral, o de la certificación del origen ocupacional de la enfermedad o accidente.

 

En este sentido, alega que el accidente laboral ocurrió el 22 de mayo de 2002, siendo atendido en la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores, del INPSASEL, desde el 22 de octubre de 2003; sin embargo, sólo fue el 21 de abril de 2006, cuando el INPSASEL certificó el origen ocupacional de aquél accidente y que, para esa fecha, se padecían secuelas del mismo, que lo incapacitan parcialmente para el trabajo. Asimismo, destaca el recurrente que la relación laboral se mantuvo hasta el 30 de abril de 2008, señalando que sólo entonces inicia el lapso de prescripción, conteste con el citado artículo 9 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de 2005.

 

Por lo tanto, según alega, mal podría considerarse prescrita la acción, conforme al artículo 62 de la Ley Orgánica del Trabajo, tal como lo hizo el juez ad quem, lo que implica que se apartó del criterio sostenido por esta Sala, en sentencias Nos 962 del 9 de agosto de 2010 y 809 del 11 de junio de 2008.

 

Además de lo anterior, delata el impugnante la “desaplicación de los principios protectorios, la doctrina de la Sala Social (sic) (…), y la sana crítica”, pues el juzgador “olvidando que soy el débil jurídico, agravó mi situación, actualmente desempleado a causa de mi incapacidad y sin haber recibido la indemnización que en justicia me corresponde”.

 

Ahora bien, del análisis del hilo argumental expuesto por el recurrente, así como de la sentencia impugnada y las restantes actas que conforman el expediente, se colige que la decisión sujeta a revisión no contraviene normas regidas por el orden público; en consecuencia, visto que el alcance del control de la legalidad ejercido no se ajusta a los fines del recurso, debe declararse su inadmisibilidad. Así se resuelve.

 

D E C I S I Ó N

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por el demandante, contra la sentencia de fecha 24 de febrero de 2011, emanada del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

 

No hay condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial supra identificada. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

El Presidente (E) y Ponente,

 

 

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LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ

 

 

Magistrado,                                                                                Magistrado,

 

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO                           ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

Magistrada,

 

 

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CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

El Secretario,

 

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MARCOS ENRIQUE PAREDES

 

C.L. N° AA60-S-2011-000377

Nota: Publicada en su fecha a

 

 

El Secretario,