Ponencia del Magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ.

 

En el juicio relativo al bono de productividad instaurado por los ciudadanos MERY PRIMERA, ELBERTH UFRE, GONZALO BRAVO, NÉSTOR PERDOMO, ARGIMIRO MARVAL, MARYLY CONTRERAS, MARIANA NAVA, IRALIZ BRICEÑO, MARISOL RAMÍREZ, KETTY CHÁVEZ, NELLY MARTÍNEZ, MARÍA PAREDES, JOSÉ PACHECO, OSWALDO BORJAS, GIOVANNY MÉNDEZ, PATRICIA GALBÁN, JUAN FERNÁNDEZ, NIXON PÉREZ, LUCY FUENMAYOR, NINOSKA CHIRINOS, JACKSON ANDARCIA, JOSÉ GÓMEZ, ODIXA MORALES, MARÍA ELIGIA POZO, MARÍA OMAÑA, KARINA SUÁREZ, ARIYURE BLANCO, DUILIA CASTILLO, JORGE PIRELA, NIXIO BARBOZA, IRSIDA DÍAZ, ÁNGEL IRAGORRY, EDICTA LAGUNA, JOSÉ ROMERO, JORGE PARRA, SONIA AZUAJE, ANA VILLALOBOS, FERNANDO ZABALA, JOSÉ BAPTISTA, HUMBERTO GONZÁLEZ, MARIBEL MARTÍNEZ, MIRLA BALCEDO, RAÚL ORDOÑEZ, MARIELA PÉREZ, MARZIA OROZCO, JULIO ROMERO, ESTELA RODRÍGUEZ, JOSÉ GONZÁLEZ, MERVIN REYES, JAVIER NAVARRO, JOSÉ PADRÓN, JULIO TIRADO, ZULAY PAZ, JOSÉ CARVAJAL, RIGOBERTO RAMÍREZ, AMINTA FUENMAYOR, JOSEFINA BRACHO, LEOSBE CUENCA, YANETH LEÓN, SONIA CASTAÑO, EVA COELLO, JOEL VILLALOBOS, NÉSTOR MOLINA, RAMÓN OCHOA, ÁNGEL LEÓN, SIMÓN JIMÉNEZ, ZULY CASTILLO, MIRVANA BOVES, ALEXANDER HERNÁNDEZ, CARLOS JAIMES, JUAN CARLOS GONZÁLEZ, ARMANDO PEROZO, MARIBEL PRIMERA, CARMEN GUZMÁN, MELVY RÍOS, LASBÍ URDANETA, LISOLETH CHOURIO, ARTURO MELÉNDEZ, FANNY COLLS, ZULAY MICHELENA, MARIELA FERNÁNDEZ, LORENA VIADA, ROSA QUINTERO, MARÍA SOTO, IRIS CHIRINOS, NINOSKA SULBARÁN, ZULAY VÍLCHEZ, RENNY QUINTERO, YARLEN RIERA, JENNY RODRÍGUEZ, CARMEN PÉREZ, DORCAS FINOL, FANNY FUENMAYOR, JASMELLY CRUZ, LILIANA BRIÑEZ, MARISOL SUÁREZ, LEVY GONZÁLEZ, ALEXIS SIRA, ROSA CHIRINOS, ELIZABETH OLAVES, YUNEIRI FERRER, OMAR GONZÁLEZ, EXEARIO MONTIEL, LUIS ARAUJO, ROMÁN PARRA, ROBERTO RANGEL, ALEXANDER CAÑIZALEZ, JOSÉ MÁRQUEZ, JULIO FINOL, YAJAIRA MORILLO, DALIA VEGA, MILAGROS LEÓN, YARMILA ALPURIA, DEYADIRA COBOS, PABLO ROSARIO, ÁNGEL CUEVAS, ORLANDO PÁEZ, ALONSO GONZÁLEZ, MANUEL GARCÍA, ERIKA MELEAN, WILFREDO CALDERA, LUIS NAVA, EDMUNDO ALBORNOZ, ARTURO LEAL, LUIS QUIJADA, LEONARDO GIL, FERNANDO CAMARILLO, JUAN JOSÉ SOTO, MARY CARDOZO, CRUZ CORONADO, EUGENIO OLIVARES, NELLY MIGUEL, MAGDA VARGAS, ALEJANDRO FUENMAYOR, LEIDA BERNAL, KISLENY MOLERO, EDWARD PORTILLO, VÍCTOR PRIETO, EDIN MANZANO, SIGRID CASTILLO, EDYLUZ HERNÁNDEZ, WILLIAM BARRERA, ALEXIS HERRERA, RICARDO CHOURIO, ROMER LÓPEZ, WILMER BARRIGA, HARRISON DELGADO, TOMAS CEPEDA, IDELFONSO VELAZCO, ELY GONZÁLEZ, ASTERIO PIRELA, JOAN VILLAVICENCIO, JUAN FARÍA, RICARDO CUADROS, ROBERTO CORREA, JUAN MOGOLLÓN, DANIEL GONZÁLEZ, RAFAEL HERNÁNDEZ, ABRAHAM OROZCO, JOSÉ IZURRIETA, AVILIO MONTANA, EDISON DÍAZ, FRANCISCO GONZÁLEZ, MANUEL MÓVIL, GUSTAVO SOTO, REGINO DÍAZ, KARINA GUTIÉRREZ, PEDRO TAIBEL, LUIS RODRÍGUEZ, LUIS PIÑA, YACQUELINE BLANCO, EDENIS NOGUERA, MARIBEL PADRÓN, DORAIDA RINCÓN, CARLOS GONZÁLEZ, EGNY CABRERA, LEONEL CALDERA, VÍCTOR HUGO CHIRINOS, JUAN FUENMAYOR, ERNESTO LUGO, PAÚL CASTELLANO, NORMA VERA, ENEIDA AYESTERÁN, ZELENIT PULGAR, LUIS FUENTES, LILIBETH SOTOMAYOR, ELÍAS MAVARES, JUAN MENGUAL, WILMER UZCÁTEGUI, ALVIN IRIARTE, ÁNGEL CILLO, ANA MARÍA REYES, ELVIS VELÁZQUEZ, JOSÉ VALERO, INGRID ARTEAGA, AÍDA VICUÑA, MIGUEL ANTÚNEZ, YADIRA MOSQUERA, NERIO MACHADO, RAFAEL TUDARES, KARINA MARCANO, ALÍ PEREIRA, GILBERTO AMESTY, EDUARD PAREDES, GREGORY VIRLA, ALFONSO PORTILLO, JORGE NAVARRO, INGRID FEREIRA, RAYDY PALENCIA, HENRY DUARTE, NÉSTOR PARRA, LIBARDO NAVEA, HENRY BRAVO, LEONEL DÁVILA, JESÚS RODRÍGUEZ, EDGAR VEGA, EDGAR LARREAL, MARISOL BALESTRINI, LENIN ÁÑEZ, EFRÉN VÁSQUEZ, BETZAIDA MUÑOZ, CARLOS MEDINA, VIDAL RINCÓN, MIGUEL CASTILLO, RAFAEL PADRÓN, JULIO AZUAJE, CRISTINA SEIJO, YARLAN LÓPEZ, EVERT MARZOL, DAVID PIÑA, ALEXANDER MÓVIL, NELSON OSORIO, RAFAEL PARTIDAS, YOVANNY MORALES, JOHANA GUERRA, IDA FERRER, BOLÍVAR URIANA, JESÚS MORALES, ELIO BRITO, JAIRO ESPINOZA, EMILIO VALBUENA, YELITZA GONZÁLEZ, ANA LABARCA, JOSÉ URDANETA, BENJAMÍN NAVA, ARACELIS RÍOS, MARIBEL VALBUENA, LOIRET BERMÚDEZ, JOSÉ GARCÍA, LUIS UZCÁTEGUI, TERESA RONDÓN, YELISABETH ROJAS, GILBERTO MOSQUERA, BELKIS VERGARA, ARANY LUGO, ZULEIDA CAMACARO, NOLBERTO MEDINA, ROBERTO ESCALANTE, CAROLINA MASLOWICZ, JADY MONSALVE, ELIZABETH GARCÍA, MARIO CORONA, MARÍA HERNÁNDEZ, EDGAR MUÑOZ, VÍCTOR DELGADO, EURO BOHÓRQUEZ, MAYLIN LEÓN, IRENE RINCÓN, MARITZA BOHORQUEZ, MERY FARÍA, EVANGELINA JIMÉNEZ, INGRID URBINA, MARÍA PÁJARO, LUIS ROMERO, REINALDO SOTO, ÁNGEL ALBORNOZ, CARLOS VILLALOBOS, ESTHER AULAR, CARMEN REYES, ORLEMIL RUBIO, MARIELBA REYES, RAIZA PADRÓN, JAKNERY VALERO, MILAGROS PÉREZ, JOSÉ RAMOS, DIXON MORILLO, REINERIO FERNÁNDEZ, ANTONIO MAZZIOTTA, ONEL CARROZ, LIVIA MORÁN, ELIO SOTO, DUILIA MAVÁREZ, NANCY GUTIÉRREZ, JUAN GONZÁLEZ, BELKIS DAZA, SORALENA BRACHO, KARELIS LUENGO, ANA RANGEL, RITA NOEL, DHAMELIS COLINA, PEROZO LILIANA, GREGORIO GARCÍA, GIOVANNI ARRIETA, FELIPE BLANCO, JUDITH VÍLCHEZ, JUSTO MONTENEGRO, EVER VILLALOBOS, YEISY RAMÍREZ, LILEY FUENMAYOR, MARTÍN GOTOPO, ENDER ÁÑEZ, LEONARDO GOVEA, LILA ZULETA, MARIELINA GOVEA, DAMARIS CUAURO, HÉCTOR URBANEJA, ROBINSON TORRES, LUISA SARABIA, ALEXANDER RUIDÍAZ, JOSÉ JAVIER MÉNDEZ, FLOR MARÍN, MARÍA OJEDA VARGAS, EVALÚ ACOSTA, JOSMY MORILLO, YAQUELINE RAMÍREZ, YACKELINE BARRETO, BETZAHIL CHARLES, HENRY FERNÁNDEZ, YUDITH PRIMERA, CARLOS GUTIÉRREZ, LUIS MARTÍNEZ y YEMMY FUENMAYOR, representados judicialmente por los abogados Ricardo González Rincón, Rosanna Medina Parra, Magdalena Antúnez, Melina Fuenmayor y Noel Navarro, contra la sociedad mercantil C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO (HIDROLAGO), representada judicialmente por los abogados Sarita Chumaceiro Romero, Shirley Suárez Ruiz, Alfredo Duarte Quintero, Cecilia Quintero, Katty Urdaneta, Jessudy Salazar, Carlos Luis Lugo Quiva, Greidy Bolívar Ramírez, Aljadys Coquies Caro, Anny Verónica González Caridad, Ricardo Baroni Uzcátegui, Carlos Baralt Morán y Misladys Urdaneta Fernández; el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante sentencia publicada en fecha 14 de marzo de 2008, declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por la parte demandada y sin lugar la demanda, revocando la decisión dictada el 19 de noviembre de 2007 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, que había declarado con lugar la demanda.

 

Contra el fallo de alzada, la parte actora interpuso recurso de control de la legalidad en fecha 26 de marzo de 2008, por lo cual el expediente fue remitido a esta Sala de Casación Social.

 

El 28 de octubre de 2008, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

El 14 de abril de 2009, esta Sala admitió el recurso ejercido, confiriendo veinte (20) días consecutivos para presentar la contestación del recurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 172 eiusdem.

 

Mediante auto del 11 de agosto de 2009, fue fijada la audiencia para el 1º de octubre de ese mismo año, fecha en la cual la parte accionada consignó –de forma extemporánea– escrito contentivo de sus defensas.

 

Celebrada la audiencia pública y contradictoria en fecha 1º de octubre de 2009, y emitida la decisión en forma oral e inmediata conforme a lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa en esta oportunidad la Sala a reproducir la misma en los siguientes términos:

 

RECURSO DE CONTROL DE LA LEGALIDAD

 

Denuncia la parte recurrente la infracción del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido a la intangibilidad, progresividad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, por cuanto el juez de Alzada “señala incongruentemente el carácter salarial del bono reclamado, estableciendo que el mismo se encontraba sujeto aciertas (sic) condiciones, las cuales debían ser determinadas a los efectos de que se causara su pago”.

 

Asimismo, delata la parte impugnante que el sentenciador desconoció lo establecido en la cláusula 60 de la convención colectiva de trabajo, según la cual se mantendrían, en todo su vigor y en las mismas condiciones, los beneficios económicos y sociales que venían disfrutando los trabajadores y que no hubiesen sido modificados o suprimidos por dicha convención. Al respecto, afirma que la demandada, así como el resto de las empresas filiales de Hidroven, convino en pagar a su personal el bono de productividad o de servicio eficiente, a partir del año 1995, cancelándolo durante los años 1996, 1997 y 1998, de modo que ese beneficio económico adquirió la naturaleza de permanente. En este orden de ideas, destaca la recurrente el valor normativo de la convención colectiva, conteste con los artículos 60, literal a) de la Ley Orgánica del Trabajo y 24, literal b) de su Reglamento; e igualmente señala que la juzgadora de la recurrida infringió la reiterada doctrina de esta Sala de Casación Social sobre el carácter vinculante y la naturaleza jurídica de las convenciones colectivas.

 

Además de lo anterior, agrega la impugnante que:

 

(…) al realizar un análisis detenido de los hechos y de las pruebas evacuadas en la presente causa, el mencionado beneficio denominado de productividad o de servicio eficiente, el cual fue otorgado a fines de cada año, durante los años 1996, 1997 y 1998, constituye un beneficio salarial percibido de forma periódica y permanente por el trabajador, circunstancia esta que pone de manifiesto la existencia de los elementos que caracterizan al salario normal.

 

Es importante señalar que en los años en los cuales fue cancelado el Bono de Productividad, éste se otorgó de forma automática, sin tomar en cuenta condición alguna que condicionara su pago, tal y como se demostró en las pruebas consignadas (puntos de cuenta). En efecto, la Junta Directiva aprobaba su pago y se procedía a otorgar el mismo a los trabajadores.

 

Es decir el pago del denominado ‘Bono de Productividad’ había adquirido en el transcurso del tiempo y de conformidad con su modalidad de pago el carácter de Derecho y/o Beneficio Laboral a favor de los trabajadores de la empresa demandada (…).

 

Por otra parte, denuncia la recurrente el silencio de pruebas, respecto de los documentos insertos en los folios 703 –consistente en la comunicación N° 00673, dirigida por Hidroven a sus empresas filiales, en virtud de la cual en su criterio se originó la suspensión del referido bono de productividad–, y 704 y 705 –consistente en la aclaratoria remitida a todas las empresas hidrológicas, sobre el contenido del acta de cierre del pliego de peticiones del 19 de enero de 2000–, pruebas que demuestran “la verdadera razón” por la cual cesó la cancelación del bono demandado.

 

Para decidir, esta Sala observa:

 

En primer lugar, evidencia esta Sala el error argumentativo en que incurrió el juez ad quem, al declarar la naturaleza salarial del bono de productividad y negar a continuación la procedencia de su pago en el año 1999 por no estar satisfechos determinados requerimientos.

 

Al respecto, se observa que las distintas bonificaciones que entregara el patrono al trabajador pueden tener una naturaleza salarial o extrasalarial, lo que debe ser determinado en cada caso tomando en consideración si se trata de un beneficio cuantificable en dinero recibido por el trabajador por el hecho de prestar el servicio, percibiéndolo en su provecho como contraprestación a las labores realizadas (Vid. sentencia Nº 263 del 24 de octubre de 2001, caso: José Francisco Pérez Avilés contra Hato La Vergareña, C.A.).

 

Si bien la intención retributiva de un determinado bono no excluye que su conferimiento esté sujeto a ciertas condiciones de procedencia, en tal supuesto lo correcto desde el punto de vista lógico argumentativo sería establecer el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones a las que esté sometido el bono y, en caso de estar satisfechas y por tanto haber nacido el derecho a cobrarlo, proceder a determinar su carácter salarial. Pero al hacer el razonamiento de forma inversa, esto es, al declarar la naturaleza salarial del bono y luego negar que los trabajadores tuviesen derecho a cobrarlo por no haberse verificado sus condiciones de procedencia, incurrió el juzgador en un error argumentativo porque, al incorporarse el salario al patrimonio del trabajador, mal podría verificar el incumplimiento de las condiciones de procedencia del bono. Así, la primera de dichas premisas destruiría la segunda, que fue en definitiva la que sustentó la improcedencia del pago del bono reclamado, quedando por ende inmotivada la decisión.

 

Por otra parte, se observa que la recurrente delata el vicio de silencio de pruebas en que supuestamente habría incurrido el sentenciador de alzada, respecto de dos comunicaciones emanadas de Hidroven. En efecto, en los folios 41 al 43 del expediente (3ª pieza), cursan dos pruebas documentales consistentes en comunicaciones emanadas del Presidente de Hidroven y dirigidas a los presidentes de las empresas hidrológicas, la primera de ellas, de fecha 1º de noviembre de 1999 y signada con el Nº 673 (f. 41), y la segunda, de fecha 8 de febrero de 2000 (ff. 42-43).

 

Cabe señalar que la parte actora promovió la exhibición de dichos documentos y consignó copias simples de los mismos, sin que la accionada los exhibiera; la empresa se limitó a impugnar las copias, sin demostrar que los documentos no estuviesen en su poder, por lo que, al no exhibirlos, ha de tenerse como cierto el contenido de los mismos. Asimismo, cabe destacar que Hidroven es la casa matriz de distintas empresas hidrológicas, entre ellas la demandada de autos, que son sus filiales, como se desprende del folio 115 (1ª pieza).

 

El juzgador de la recurrida, al examinar el material probatorio traído a los autos por la parte demandante, mencionó la exhibición de las comunicaciones emanadas de Hidroven y de otros documentos, otorgándoles pleno valor probatorio después de hacer la acotación expuesta en el párrafo precedente. Sin embargo, indicó que de los mismos se desprende que:

 

(…) desde el 30 de noviembre de 1995, se somete a consideración el bono de incentivo por eficiencia, que en el año 1996 y 1997, el personal de la Hidrológica ha contribuido con su esfuerzo y trabajo a la superación de las metas planteadas para el referido período, que dentro de los beneficios económicos no modificados o suprimidos por la Convención Colectiva FEDESIEMHIDRVEN - HIDROVEN y empresas hidrológicas regionales se encuentra en denominado Bono de Productividad.

 

Ahora bien, tales hechos se constatan de otros instrumentos cuya exhibición fue solicitada, mas no de las dos comunicaciones de Hidroven in commento, cuyo contenido fue omitido por el juez ad quem, no sólo al reseñar en la parte narrativa del fallo las pruebas de autos, sino además al fundamentar su decisión, configurándose así el vicio de silencio parcial de pruebas. Por lo tanto, es necesario examinar si los documentos referidos son relevantes para la resolución de la controversia, pues conteste con el criterio pacífico de la Sala, ello es indispensable para que sea declarado con lugar el vicio de silencio de pruebas, en virtud del principio finalista.

 

En este sentido, se aprecia que en la comunicación Nº 673 del 1º de noviembre de 1999, referida a un “Lineamiento corporativo sobre aumentos de sueldos, bonificaciones, gratificaciones o incentivos especiales otorgados por las empresas hidrológicas” (f. 41, 3ª pieza), el Presidente de Hidroven informó a los presidentes de dichas empresas, que:

 

En atención a la crítica situación financiera de las Empresas Hidrológicas al 30.10.99, y en virtud de que en forma graciosa se han venido otorgando bonificaciones, gratificaciones o incentivos a finales de cada año sin cumplir las condiciones previas que Hidroven dio como lineamiento, esta Presidencia en resguardo del Patrimonio de las Empresas resuelve:

 

(Omissis)

 

3) Con respecto a las bonificaciones, gratificaciones o incentivos especiales que las empresas inadecuadamente venían pagando, y cuya naturaleza es graciosa o no obligatoria, lo cual los convirtió en una percepción que no reviste carácter salarial tal y como lo establece el artículo 72 literal e) del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, y que por ser voluntario del patrono, debió otorgarse siguiendo parámetros de eficiencia, evaluación, metas de recaudación, disminución del porcentaje de agua no contabilizada, cumplimiento de objetivos y verdadera disponibilidad financiera; con todo lo cual no se cumplió, queda prohibido su otorgamiento.

 

4) La presente Resolución es de estricto cumplimiento a fin de lograr una unificación de criterios en materia laboral dentro del sector agua Potable y Saneamiento (sic).

 

Asimismo, en comunicación del 8 de febrero de 2000, igualmente dirigida por el Presidente de Hidroven a los presidentes de las empresas hidrológicas, contentiva de aclaratoria del acta de cierre del pliego de peticiones de fecha 19 de enero de 2000, se señala que En todo caso, recordemos que el otorgamiento del precitado bono [Bono Incentivo a la Eficiencia], quedó prohibido según resolución Nº 00673 de la Presidencia de Hidroven de fecha 01 de noviembre de 1999 (ff. 42-43, 3ª pieza).

 

Como se observa, de las pruebas indicadas se desprende que la Presidencia de Hidroven –casa matriz de la empresa demandada en la presente causa– prohibió a sus empresas filiales el otorgamiento del bono incentivo a la eficiencia, o bono de productividad, a finales del año 1999, debido a la situación presupuestaria de las empresas.

 

Conteste con lo anterior, los documentos parcialmente silenciados evidencian que la empresa accionada se abstuvo de conferir el mencionado bono en el año 1999 en razón de la orden expresa de Hidroven, y no al supuesto incumplimiento de las condiciones exigidas para su cancelación, como apuntó el sentenciador de la recurrida a fin de negar la procedencia del bono en cuestión. Así las cosas, al tratarse de pruebas relevantes en la resolución de la controversia, cuyo silenciamiento incidió en el dispositivo del fallo, esta Sala declara que la sentencia recurrida adolece del vicio de silencio parcial de pruebas.

 

En consecuencia, al haberse constatado el silencio de pruebas delatado en el escrito recursivo, se declara con lugar el recurso de control de la legalidad interpuesto, sin que sea necesario examinar las restantes denuncias por cuanto corresponde a esta Sala pronunciarse sobre el mérito del asunto, conteste con lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.

 

DEL MÉRITO DEL ASUNTO

 

En el presente caso, la controversia quedó planteada de la siguiente manera:

 

Mediante escrito libelar presentado el 4 de octubre de 2000, la parte actora afirma que la empresa –así como las restantes filiales de Hidroven– otorgó a partir del año 1995 un bono de productividad o de servicio eficiente (en el 1995, del 36% del salario, y 40% en el caso de la Nómina Gerencial; y en los años siguientes, de 60 días de salario). Sin embargo, el 1° de noviembre de 1999 se recibió un lineamiento corporativo de Hidroven, empresa matriz, en virtud del cual se negó el pago del bono, en ese año.

 

Afirma que no se trataba de una bonificación graciosa, sino obligatoria y con carácter salarial, al ser una contraprestación por el trabajo, máxime cuando era un beneficio condicionado por distintos parámetros, de modo que una vez verificados éstos, su pago era obligatorio y no voluntario. Añade que cada año se otorgó la bonificación, previa acreditación de los parámetros establecidos, sin que Hidrolago hubiese justificado su rechazo en el año 1999, más allá de la “ilegal” orden proveniente de Hidroven. Además, en la cláusula 60 de la convención colectiva se estipuló que la empresa mantendría en las mismas condiciones los beneficios económicos y sociales de los que disfrutaban los trabajadores y que no hubiesen sido modificados o suprimidos convencionalmente. Considera la parte actora que, aun no teniendo una naturaleza salarial, el pago del bono es obligatorio, una vez acreditado el cumplimiento de los parámetros exigidos.

 

Por su parte, la empresa demandada alega que efectivamente autorizó –no convino– el pago del bono de productividad en 1995, oída la propuesta corporativa de incentivo por eficiencia para ese año, que hizo la casa matriz, pero tal autorización fue unilateral, voluntaria y condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos, a saber, el logro de la meta de recaudación, la disminución del porcentaje de agua no contabilizada y el cumplimiento de objetivos por Gerencia, todo ello conteste con el Parágrafo Único del artículo 133, literal a) de la Ley Orgánica del Trabajo, esto es, como una gratificación no relacionada directamente con la prestación del servicio que no forma parte del salario.

 

Aduce que en los años 1996, 1997 y 1998 estuvieron satisfechas las condiciones necesarias para el otorgamiento del bono –las cuales no implicaban considerar el esfuerzo individual de los trabajadores, sino el cumplimiento de metas anuales de la empresa–; y que en el año 1999 se negó la autorización de su pago, pero no en razón del lineamiento corporativo de Hidroven –que no estaba orientado a evitar el pago del bono sino a tomar las medidas necesarias para salvaguardar el patrimonio de las empresas–; la razón de tal negativa fue que en ese año no se cumplieron los parámetros exigidos para su otorgamiento, por cuanto la procedencia del bono de productividad requiere la demostración de la eficiencia del servicio. Así, en la reunión de la Junta Directiva del 1º de noviembre de 1999 fue solicitada la autorización para el pago del bono, proyectando que para el 31 de diciembre de ese año se cumpliría con las metas –conteste con la reformulación que se hizo ese mismo día y aún sin la aprobación ministerial–, lo cual quiere decir que para esa fecha aún no habían sido satisfechas.

 

Al respecto destaca la situación presupuestaria de la empresa, aduciendo que la previsión de una partida en el presupuesto no implica la obligatoriedad de realizar el pago, y alegando que si bien fue aprobado el presupuesto para 1999 en “Bs. 62.232 millones”, éste fue reformulado en dos oportunidades (en septiembre y en diciembre de 1999; en el segundo caso, de acuerdo con lo aprobado por la Junta Directiva el 1º de noviembre de ese año, por la sinceración en las metas de recaudación, “siempre disminuyéndolas”), lo cual incidió directamente en la no cancelación del bono demandado.

 

Destaca la naturaleza graciosa del bono, pues la decisión de otorgarlo fue unilateral por parte de la empresa, condicionado al cumplimiento de los referidos parámetros, cuya satisfacción fue acreditada por los trabajadores ante la Junta Directiva, los años 1995 a 1998, de modo que no era una prestación de pago obligatorio, sino que los 60 días de salario que anualmente se les reconocía era de carácter voluntario, según los resultados en la gestión de la empresa y no como retribución directa por el servicio de cada trabajador, lo que niega el pretendido carácter contraprestacional del bono.

 

Señala la empresa que, según la parte actora, el bono en cuestión se integró como condición de trabajo, conteste con el principio de conservación de la situación más favorable y la cláusula 60 de la convención colectiva; pero en el supuesto negado de que ello fuese así, la procedencia del bono estaría condicionada al cumplimiento de los parámetros exigidos.

 

Finalmente, refiere la demandada el informe emanado del Ministerio de Planificación y Desarrollo en fecha 2 de mayo de 2000, donde se resalta la situación financiera deficitaria de las empresas hidrológicas, según los estados financieros 1997-1999, a excepción de Hidrocaribe e Hidrolago, que presentaron utilidades para el año 1999; pero en todo caso, esa utilidad no constituye uno de los parámetros de procedencia del bono de productividad, ni es el resultado del cumplimiento de alguno de dichos parámetros.

 

Determinado lo anterior, y con el propósito de resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Sala, se observa que existe incertidumbre acerca de la existencia o no del derecho de los trabajadores de cobrar el bono de productividad correspondiente al año 1999.

 

Una revisión exhaustiva de los términos en que quedó fijado el thema decidendum, arroja que, si bien en el libelo de demanda se afirma que la empresa otorgó el bono previa acreditación de los parámetros exigidos (f. 4, 1ª pieza), y que si en otra empresa hidrológica se pagó el bono sin cumplirse tales parámetros, ello no ocurrió en Hidrolago (f. 7, 1ª pieza), también se afirma la naturaleza contraprestacional de la referida bonificación, la cual –según enfatizó la parte actora– “constituía y constituye salario de acuerdo con la descripción que aparece en el encabezamiento del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, ingreso de pago diferido y anual que le corresponde al trabajador, al igual que las demás percepciones salariales, por causa de su labor, independientemente de que se cumplieran o no los parámetros a que se contrae el lineamiento de HIDROVEN (f. 4, 1ª pieza) (Subrayado añadido).

 

Así las cosas, al haber afirmado los demandantes en su escrito libelar que el bono de productividad constituía un pago anual que correspondía al trabajador por causa de su labor, con independencia de los parámetros precisados por Hidroven –y no obstante haber señalado igualmente que en Hidrolago se acreditaba el cumplimiento de los mismos– queda facultada esta Sala para apreciar que en la comunicación Nº 673 del 1º de noviembre de 1999, Hidroven reconoció que el bono de productividad había venido otorgándose por las empresas filiales sin verificar el cumplimiento de los requisitos que inicialmente fueron exigidos. En este sentido, se indica que el mismo era conferido “sin cumplir las condiciones previas que Hidroven dio como lineamiento”, de modo que se venía pagando “inadecuadamente” por cuanto “debió otorgarse siguiendo parámetros de eficiencia, evaluación, metas de recaudación, disminución del porcentaje de agua no contabilizada, cumplimiento de objetivos y verdadera disponibilidad financiera; con todo lo cual no se cumplió (…)” (f. 41, 3ª pieza) (Subrayado añadido).

 

Por lo tanto, si bien en un principio el otorgamiento del bono de productividad quedó sometido a condiciones de recaudación, disminución de agua no contabilizada y cumplimiento de objetivos por Gerencia, de acuerdo con el lineamiento propuesto por Hidroven (f. 16, 2ª pieza), hay un reconocimiento expreso por parte de la casa matriz de la demandada de autos de que el pago se hacía sin la verificación de dichos parámetros. Tal situación permite concluir que el bono en cuestión se integró al salario del trabajador, por causarse con ocasión de la prestación del servicio y tener la libre disponibilidad del mismo, incorporándose por tanto a su patrimonio. Al tratarse entonces de un derecho adquirido de los trabajadores, mal podría negarse su pago por el supuesto incumplimiento de unas condiciones que anteriormente –y en la práctica– no eran verificadas.

 

El reconocimiento del bono de productividad como un derecho adquirido del trabajador, en virtud de su otorgamiento incondicionado y por la labor desempeñada, conlleva en definitiva a declarar el derecho de los trabajadores demandantes a cobrar el referido bono, correspondiente al año 1999. Realizada la declaratoria anterior, corresponderá a la empresa accionada implementar las medidas necesarias a fin de satisfacer el derecho en cuestión.

 

Ahora bien, visto que mediante el presente fallo se resuelve una pretensión de mera certeza, dirigida a esclarecer la existencia o inexistencia del derecho de los trabajadores demandantes a cobrar el bono de productividad correspondiente al año 1999, debe aclararse que la incertidumbre que al respecto existía durante la pendencia del juicio impide sostener el incumplimiento de una obligación por parte de la empresa; de modo que, al no haber incurrido ésta en mora por cuanto sólo con este fallo existe certeza sobre el derecho de los trabajadores, resultan improcedentes tanto la indexación del monto a que ascienda el bono de productividad, como los intereses moratorios del mismo. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1º) CON LUGAR el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de fecha 14 de marzo de 2008, emanada del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; en consecuencia, 2º) ANULA el fallo recurrido; y 3º) CON LUGAR la existencia del derecho de los trabajadores demandantes a cobrar el bono de productividad correspondiente al año 1999.

 

No hay condenatoria en costas, conteste con el criterio sostenido por la Sala Constitucional en sentencia Nº 281 del 26 de febrero de 2007 (caso: PDVSA Petróleo, S.A.), por tratarse la parte perdidosa de una empresa del Estado.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial supra señalada. Particípese de la presente remisión al Juzgado Superior de origen, de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

No firma la presente decisión la Magistrada Carmen Elvigia Porras de Roa, quien no asistió a la audiencia pública y contradictoria, por motivos justificados.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los catorce (14 ) días del mes de octubre de dos mil nueve. Años: 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

____________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

El Vicepresidente,                                                                   Magistrado,

 

 

________________________                          ______________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO                 ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

 

Magistrado y Ponente,                                               Magistrada,

 

 

_______________________________       _________________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

El Secretario,

 

 

_____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

C.L. N° AA60-S-2008-001748

Nota: Publicada en su fecha a                                    El Secretario,