SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado OMAR ALFREDO MORA DÍAZ.

 

 

En el juicio que por cobro de diferencia de prestaciones sociales sigue el ciudadano JOSÉ FRANCISCO PÉREZ AVILES, representado judicialmente por los abogados Saúl Andrade M., Aurora León Michelangeli y Keisa Grimaldi, contra la sociedad mercantil HATO LA VERGAREÑA, C.A., representada judicialmente por los abogados Luis Eduardo Franceschi, Alejandro Inaudi Cardona y Haydee J. Franceschi; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 17 de abril de 2001, dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada contra la decisión de fecha 3 de julio de 2000, proferida por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo del Primer Circuito de la referida Circunscripción Judicial, en la cual se declaró parcialmente con lugar la demanda, quedando así confirmado dicho fallo.

 

               Contra la decisión de alzada, la parte accionada anunció recurso de casación, el cual fue admitido en fecha 28 de mayo de 2001, ordenándose la remisión del expediente a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

 

               Recibido el expediente se dio cuenta en Sala en fecha 12 de junio de 2001, y se designó ponente al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.

 

               Mediante escrito de fecha 10 de julio de 2001, el apoderado judicial de la parte demandada formalizó oportunamente el recurso de casación. No hubo impugnación.

 

               Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las demás formalidades legales, pasa esta Sala a dictar sentencia, en los términos siguientes:

 

 

PUNTO PREVIO

 

               Es criterio de esta Sala que con vista de las disposiciones de la nueva Constitución, por aplicación del principio finalista y en acatamiento a la orden de evitar reposiciones inútiles, no se declarará la nulidad de la sentencia recurrida si la deficiencia concreta que la afecta, no impide determinar el alcance subjetivo u objetivo de la cosa juzgada, no hace imposible su eventual ejecución o no viola el derecho de las partes a una justa resolución de la controversia.

 

               En ese orden de ideas, la decisión de la Sala deberá considerar en forma previa el fundamento de lo decidido por la Alzada, para determinar si las denuncias que se formulan son capaces de alterarlo, o si impiden por omisión de pronunciamiento o de fundamentos, el control de la legalidad; y antes de declarar la nulidad del fallo por defectos en su forma intrínseca, será necesario examinar si el mismo, a pesar de la deficiencia, alcanzó su fin, el cual no es otro que resolver la controversia con fuerza de cosa juzgada, posibilidad de ejecución y suficiente garantía para las partes.

 

               Por otra parte, la Constitución vigente da prioridad a la resolución de la controversia, en tanto que el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil privilegia la resolución de las cuestiones de forma, al establecer en su segundo aparte lo siguiente:

 

 

“Si al decidir el recurso la Corte Suprema de Justicia encontrare una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313, se abstendrá de conocer las otras denuncias de infracción formuladas, y decretará la nulidad y reposición de la causa al estado que considere necesario para restablecer el orden jurídico infringido. Igual abstención hará cuando declare con lugar una infracción que afecte una interlocutoria que haya producido un gravamen no reparado en la definitiva.”

 

 

 

               Dada la contradicción de esta disposición legal con los principios constitucionales que ordenan no sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no esenciales, a obtener una justicia expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, establecidas en las disposiciones de los artículos 26, 257, 334 y 335 de la Carta Magna, en acatamiento del deber, también constitucional, de aplicar con preferencia las disposiciones y principios constitucionales y garantizar su supremacía y efectividad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, la Sala desaplica la regla legal del artículo 320 eiusdem, que obliga a resolver, en primer término y en forma excluyente, el recurso de forma, para asumir la función de determinar, en cada caso concreto, cuál es el orden de decisión que mejor sirve a los fines de hacer efectiva justicia.

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

 

Ú N I C O

 

               Denuncia el formalizante el error de interpretación en el que incurre la sentencia recurrida acerca del contenido y alcance de la norma prevista en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, al establecerse ciertos beneficios laborales que no revisten carácter salarial como la vivienda y el vehículo utilizado por el trabajador para el cumplimiento de sus funciones.

 

               Expone textualmente el recurrente:

 

“(...) Mi representada, Hato la Vergareña C.A., cumplió a cabalidad lo que le impone esta norma (Artículo 241 de la Ley Orgánica del Trabajo), pues la parte actora en el libelo de la demanda reconoce que el lugar donde prestó sus servicios queda en un Municipio “Foráneo” como lo es San Francisco de la Paragua, siendo esto un hecho público y notorio que este lugar esté ubicado a más de 200 kilómetros de distancia de su residencia principal, ubicada en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar.

 

Por consiguiente la necesidad de que un trabajador sea provisto de un lugar para vivir mientras cumpla sus labores en una zona distante de su vivienda principal, mal puede considerase como parte del salario, y la razón es muy sencilla, la Ley Orgánica del Trabajo en aras de proteger a la casa trabajadora de tener que sufragar con dinero de su propio peculio, los gastos que se generen para el cumplimiento de sus labores, lo cual de por si sería muy injusto, le impone al patrono la obligación como viático legal, de suministrarle a cada trabajador un lugar para vivir si su lugar de trabajo se encuentra ubicado a más de 50 Kilómetros de distancia de donde se encuentra su vivienda principal. La Ley nos habla de 50 Kilómetros de distancia y más de 500 trabajadores, pero nada impide que esta norma en la práctica se aplique en condiciones que sean más favorables para el trabajador.

 

(omissis).

 

Por otra parte, el actor nunca manifestó que el vehículo marca Toyota Modelo 1997, que supuestamente le asignó mi representada, fuese para su uso y provecho personal y/o particular, sino que como bien lo afirma en el libelo de la demanda (folio 1) ‘era para poder facilitar el buen desempeño de sus funciones, tanto desde el punto de vista de transportación como de uso para el desempeño de sus labores dentro de las instalaciones de la empresa’”.

 

 

               Esta Sala observa de la denuncia formulada, como el recurrente incurre en una manifiesta falta de técnica, pues, la correcta formalización en un escrito de casación al delatarse el vicio por error de interpretación en cuanto al contenido y alcance de una disposición legal a los fines de demostrar la aplicación errónea por parte del juzgador, implica el deber que tiene el recurrente de incluir, tanto la exposición de la interpretación efectuada por la recurrida, como aquella interpretación que éste considera adecuada a la norma denunciada y, tratándose de una infracción de ley encuadrarla en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 317 eiusdem.

 

               No obstante la observación anterior, esta Sala de Casación Social extremando sus funciones, dado el carácter de orden público reiteradamente sostenido por la jurisprudencia de este Alto Tribunal, de las normas contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo y en atención a lo dispuesto en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantiza a las partes una justa resolución de la controversia, expedita y sin dilaciones indebidas, pasa a conocer la presente denuncia bajo los siguientes términos:

 

               La Alzada fundamentó su decisión de declarar parcialmente con lugar la demanda y sin lugar la apelación, en las siguientes consideraciones:

 

 

“Planteados los alegatos de las partes se desprende que los puntos controvertidos giran alrededor de los conceptos que se deben considerar como parte del salario que devengaba el actor y en determinar si en realidad disfrutaba de ese beneficio mientras prestó sus servicios para la demandada, pues de probarse efectivamente el disfrute de los beneficios ello incidiría directamente en el salario que se debió utilizar para calcular los beneficios laborales que correspondieron al actor.

 

(Omissis).

 

Establece el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo: ‘Se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuera su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, que corresponda al trabajador por la prestación de su servicio y, entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobre sueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extras o trabajo nocturno, alimentación y vivienda...’.

 

Ahora bien, el salario integral ha sido definido por la doctrina del Ministerio del Trabajo ‘como aquel que comprende todos los conceptos contemplados de modo enunciativo en el artículo 106 del Reglamento de la Ley del Trabajo, equivalente al actual de la Ley Orgánica del Trabajo, tales beneficios sean considerados por las convenciones colectivas o individuales’.

 

Según el contenido de la norma anterior no existe duda que la alimentación y la vivienda deben considerarse como parte del salario cuando sean otorgados con ocasión de la prestación de un servicio; en cuanto a la asignación de vehículo, ya la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo) han acogido el criterio de los Tribunales de última Instancia conforme al cual la asignación de un vehículo para facilitar el cumplimiento de las funciones de trabajo encuadra en el supuesto contenido en el Parágrafo Primero del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo y por lo tanto tiene carácter salarial, y ese beneficio puede evaluarse en efectivo. En el caso que nos ocupa el actor ha alegado que en su condición de trabajador de la EMPRESA HATO LA VERGAREÑA C.A. gozaba de vivienda dentro de las instalaciones de la empresa, de la asignación de un vehículo para facilitar su movilización dentro de esas instalaciones y para trasladarse desde el lugar donde está ubicada la empresa (Municipio Foráneo San Francisco de la Paragua) hasta su residencia (Ciudad Bolívar, Municipio Autónomo Heres del Estado Bolívar) y viceversa y además de ello la empresa se había comprometido a proporcionarle alimentos o cancelarle un bono que le permitiera adquirir esos alimentos, pero nunca la empresa cumplió con esa promesa y por ello además de reclamar su pago, exige que esos beneficios sean considerados como parte del salario para efectuar los cálculos de liquidación que le corresponde por finalización de la relación según la estimación monetaria que él mismo hace. Ante esta pretensión del actor, la representación de la demandada ha negado que el demandante haya percibido esos beneficios y que estos formen parte de su salario para todos sus efectos legales. Analizados los alegatos y pruebas presentados por las partes se observa que la demandada a pesar de negar que la asignación de vivienda constituya parte del ingreso salarial del trabajador, acepta que este, debido a la distancia que existe entre su lugar de residencia y donde se encuentran ubicadas las instalaciones de la empresa permanecía en esta instalaciones desde el domingo en la tarde hasta el medio día del sábado de cada semana y por ello permanecía alojado en una vivienda que le proporcionaba la empresa y ello lo ratifican tanto el testigo evacuado por el actor (Sr. Carlos Vicente Cabeza) por lo tanto está demostrado que sí disfrutaba de ese beneficio (sic) y que el mismo debe considerarse como parte de un salario a los efectos de calcular los demás beneficios laborales que le corresponden y así se decide.

 

En cuanto a la asignación del vehículo el actor ha alegado que para el cumplimiento de sus labores de trabajo tenía asignado un vehículo marca Toyota modelo 1997, por su parte la demandada ha negado dicha asignación alegando que en el Departamento Forestal de la empresa, de la cual era jefe el demandante contaba con una serie de vehículos destinados a facilitar el normal y buen desempeño de las labores dentro de la empresa pero sin adjudicación directa y personal a trabajador alguno. Sin embargo, observa el Tribunal, que es algo ilógico, que siendo el demandante jefe de un departamento que cuenta con varios vehículos para facilitar la ejecución de sus funciones, éste no tenga a su disposición por lo menos uno de esos vehículos para facilitar su movilización y así poder vigilar el trabajo de los trabajadores bajo su dependencia y a la producción de su trabajo. Y ello a su vez se traduce en un beneficio directo para él en ocasión de la prestación de servicio. Además el ciudadano Carlos Vicente Cabeza al rendir declaraciones dijo que el ciudadano JOSÉ FRANCISCO PÉREZ AVILES tenía asignado un vehículo marca Toyota para el mejor cumplimiento de sus labores de trabajo; la declaración de este ciudadano, aun cuando emana de un testigo único (promovido por la parte actora) se convierte en un indicio que concatenado con el documento inserto a los folios 98 y 99 del expediente se le puede atribuir el carácter de plena prueba, pues este documento es una relación de bienes que el demandante entrega al representante legal de la demandada y entre los cuales se lee camioneta marca Toyota modelo 1.997 con sus respectivos enseres, este documento no fue atacado por la contraparte por lo cual conserva todo su valor probatorio y así se declara.

 

También si analizamos las declaraciones de los testigos por la parte demandante, (...) ellos ratifican que en el Departamento Forestal de la empresa se encuentran asignados varios vehículos que ellos utilizaban para movilizarse y cumplir con sus labores de trabajo, en virtud del análisis anterior este Juzgado considera que el actor sí disfrutaba de la asignación de vehículo que ha alegado y por ello debe considerarse este beneficio como parte de su salario para el cálculo de los demás beneficios laborales que le corresponden al finalizar su relación laboral y así se decide”.

 

 

               Del texto transcrito, se aprecia que el juzgador de alzada consideró formando parte del salario a los fines del cálculo de ley correspondiente, el uso de un vehículo y de una vivienda otorgados al trabajador con ocasión de la prestación de sus servicios, de conformidad con la interpretación dada al artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, a una definición de salario integral propuesta por el Ministerio del Trabajo, que considera como tal a todos los conceptos enunciados en la Ley.

 

Así mismo, es criterio del sentenciador de la última instancia, que los beneficios de los cuales gozan los empleados para facilitar el cumplimiento de las funciones de trabajo, encuadran en los supuestos de la norma antes mencionada y, en consecuencia, tienen carácter salarial; en el caso concreto, a partir de los alegatos del actor y del análisis de las declaraciones de los testigos, estableció en cuanto al uso dado por el trabajador al vehículo para la movilización dentro de las instalaciones de la empresa a los fines del normal y buen cumplimiento de sus labores, que éste se traduce en un beneficio directo y por lo tanto susceptible de ser considerado salario.

 

               Ahora bien, esta interpretación dada al artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo en cuanto a que los beneficios, ventajas o provechos obtenidos por el trabajador al estar destinados para la realización de su labor, forman parte del salario, resulta errada a la luz de los actuales criterios doctrinales y jurisprudenciales, ya que debe considerarse al salario como un medio remunerativo del trabajo; como una contraprestación al trabajo subordinado y, en consecuencia, no todas las cantidades, beneficios y conceptos que un patrono pague a un empleado durante la relación de trabajo, tendrá naturaleza salarial.

 

 

               Resulta oportuno reiterar el concepto de salario, del cual el legislador hizo un revisión a partir de la reforma de los artículos 133, 134, 138 y 146 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, recogido por esta Sala en la decisión de fecha 10 de mayo de 2000 (caso Luis Rafael Scharbay Rodríguez contra Gaseosas Orientales, S.A.), al siguiente tenor:

 

“Salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que éste último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”.

 

 

               Continúa expresando la referida decisión, lo siguiente:

 

 

Con esta revisión el legislador patrio rectifica la falta de técnica en la cual incurrió en 1990, pues confundía a ciertas modalidades para el cálculo del salario (unidad de tiempo, unidad de obra, por pieza o a destajo) con percepciones de eminente naturaleza salarial, y además elimina la frase “para los efectos legales” contenidos en la versión modificada, definiendo así el concepto de salario para todos los efectos. Asimismo, cuando la reforma considera salario a toda remuneración, provecho o ventaja, cualquiera que sea su método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo y que corresponda al trabajador por la prestación de su servicio y establece además que los subsidios o facilidades de iniciativa patronal para la obtención de bienes y servicios que le permitan mejorar su calidad de vida y la de su familia, también constituyen salario, concibe a éste en términos amplísimos (con las únicas exclusiones previstas en la norma en su parágrafo tercero) y aplica el principio de la primacía de la realidad cuando identifica como tal, a toda remuneración provecho o ventaja percibida por la prestación del servicio, independientemente de la denominación que las partes puedan darle a la percepción, reiterando el contenido patrimonial del salario al precisar que éste debe ser, en todo caso, evaluable en efectivo”. (Subrayado de la presente decisión).

 

 

               En este mismo sentido, estima el autor, Dr. Rafael Alfonso Guzmán que salario es:

 

“...la remuneración del servicio del trabajador, integrado por la suma de dinero convenida expresa o tácitamente con su patrono, y por el valor estimado de los bienes en especie que éste se haya obligado a transferirle en propiedad o a consentir que use para su provecho personal y familiar. (Nueva didáctica del Derecho del Trabajo).

 

 

               Por su parte, esta misma Sala, en sentencia de fecha 22 de marzo de 2000, dejó establecido con relación a la correcta interpretación de la norma delatada, lo siguiente:

 

“El dispositivo denunciado del artículo 133 de la reformada Ley Orgánica del Trabajo, contiene una amplia descripción de lo que debía de incluirse como salario, extendiéndose como allí se expresa, a cualquier ingreso, provecho o ventaja percibido como contraprestación a las labores realizadas por el trabajador, o “por causa de su labor”, como señala el sentenciador de la recurrida recogiendo la expresión legal; pero quien, no obstante esa declaración, a renglón seguido interpreta erróneamente que ello se refiere a que el beneficio o provecho respectivo, para conformar parte del salario, tendría que estar destinado exclusivamente para la realización de esa labor, lo cual es erróneo.

 

Por el contrario, de determinarse que el elemento alegado como beneficio, provecho o ventaja -en el caso del uso de un vehículo- sólo servirá, exclusivamente, para la realización de las labores, no podría catalogárselo como salario, porque no sería algo percibido por el trabajador en su provecho, en su enriquecimiento, sino un instrumento de trabajo necesario para llevarlo a cabo, como lo son todos los artefactos que se utilizan en los distintos tipos de faenas y que no pueden calificarse como integrantes del salario. Debe tratarse, pues, no de un elemento o instrumento “para” prestar el servicio, como entiende el fallo impugnado, sino de un beneficio cuantificable en dinero que se recibe “por” el hecho de prestar el servicio”. (Subrayado de la presente decisión).

 

 

               Con relación al punto bajo análisis, el autor supra citado, expresa que ‘ninguna de las menciones legales comprendidas en el encabezamiento del actual artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, posee objetiva e indiscutidamente, naturaleza salarial si se las desprende de la intención retributiva del trabajo con que ellas son practicadas. Tal intención se hallaba ínsita en los términos en que todas nuestras leyes anteriores definian el salario: Salario es la remuneración (o sea, retribución, pago o recompensa) correspondiente (que toca, que pertenece) al trabajador por el servicio prestado’.

 

               Continúa así el autor exponiendo:

 

“Al olvido de la sencilla noción jurídica, que delinea al salario como la prestación debida por el patrono a cambio de la labor pactada, se debe el desconcierto del intérprete en la apreciación del viático, el uso del vehículo, la comida y la vivienda, citados sólo como casos ejemplares, pues todos ellos podrían ser apreciados como salario, en su calidad de ventajas necesarias para la ejecución del servicio o la realización de la labor (art. 106 R.LT. 1973); como bienes y servicios que permiten mejorar la calidad de vida, (art. 133, Parágrafo Primero), y también como percibos no salariales por la intención con que son facilitados al trabajador, y la finalidad inmediata que dichas entregas tienen”. (Rafael Alfonso Guzmán. Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo).(Negrillas de la Sala).

 

 

Por su parte la doctrina especializada en la materia, se ha pronunciado con relación a los conceptos o elementos excluidos de la noción de salario, en los términos siguientes:

 

“(...) La nueva redacción -del Primer Parágrafo del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo- no le da carácter salarial a aquellas prestaciones ‘necesarias para la ejecución del servicio o realización de la labor’, pues centra el concepto de salario en la ‘remuneración que corresponde al trabajador’ y que constituye para él una remuneración, provecho o ventaja’concatenando estas expresiones con las empleadas al establecer los principios generales del salario (...), podemos afirmar que éste es un activo que se incorpora al patrimonio del trabajador, el cual le es pagado directamente (art. 148) y del cual tiene derecho a disponer (art. 131). Esta concepción del salario como remuneración patrimonial que se hace al trabajador con ocasión de la relación de trabajo, excede de la tradicional idea según la cual el contrato de trabajo se limita a establecer un intercambio de prestaciones: la ejecución del servicio a cargo del trabajador y el pago del salario a cargo del patrono. De este modo, el salario se reducía a ser un valor de intercambio que estaba constituido por aquello que el patrono pagaba al trabajador ‘a cambio de su labor’, con lo cual podían considerarse salario los pagos hechos al trabajador pero que no lo beneficiaban directamente.

 

(Omissis).

 

Este concepto de salario permite, además, excluir del mismo, aun cuando la Ley no lo haga expresamente, aquellos pagos que están destinados a permitir o facilitar al trabajador el cumplimiento de las labores encomendadas, pero que no constituyen activos que ingresan a su patrimonio. (...) Es en este sentido que la doctrina ha distinguido entre prestaciones pagadas por el trabajo, que forman parte del salario y prestaciones pagadas para el trabajo, es decir, como medio de permitir o facilitar la ejecución del mismo, las cuales tienen naturaleza extra salarial (José Martins Catharino, Tratado jurídico do Salario, 1951, p. 175)”.(Oscar Hernández Álvarez, Comentarios a la Ley Orgánica del Trabajo, 1999).

 

“(...) En cuanto concierne específicamente a la DOTACIÓN DE VIVIENDA, es necesario hacer algunos comentarios para aclarar que NO SIEMPRE SU EQUIVALENTE ECONÓMICO CONSTITUYE SALARIO, a pesar de que esta especie aparece mencionada en el elenco del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo.

 

En efecto, si bien es cierto que el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo menciona la vivienda entre los elementos remunerativos de los servicios prestados por los trabajadores; no es menos cierto que lo que hace en el contexto de una enumeración enunciativa y a manera de simple señalamiento, mención, catálogo o menú de conceptos que -en dinero o en especie- tienen o pueden tener la naturaleza jurídica de salario. En otras palabras, el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, hace señalamientos que no son categóricos o terminantes ni mucho menos aislados o desvinculados de la obligatoria interpretación conjunta o sistemática que debe hacerse con las disposiciones contenidas en los artículos 129 y 147 eiusdem.

 

(Omissis).

 

(...) la dotación de vivienda no es salario cuando en la relación laboral el patrono asigna una vivienda en el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 241 de la Ley Orgánica del Trabajo; pues en muchos casos ocurre que de no dotar de vivienda a determinados trabajadores en determinado sitio equivaldría a no alcanzar el cumplimiento del objeto social de la empresa”. (Gerardo Mille Mille, Temas Laborales, Volumen XI, Comentarios Sobre Doctrina, Legislación y Jurisprudencia Laboral 1996-1997).

 

 

               De acuerdo con los criterios anteriormente transcritos y conforme a los hechos establecidos por la sentencia recurrida, observa la Sala que los conceptos reclamados por el actor, no poseen naturaleza salarial, pues, adolecen de la intención retributiva del trabajo, es decir, como bienes cuya propiedad o goce le fueron cedidos por el empleador en contraprestación de sus servicios, formando parte de su patrimonio y de libre disposición.

               Por el contrario, quedó establecido que se trataban de ventajas necesarias proporcionadas para la ejecución del servicio y para el normal y buen desempeño de las labores, en consecuencia, el sentenciador de alzada debió considerar la finalidad inmediata que tenían las entregas de los referidos bienes al trabajador, a los fines de determinar el carácter salarial o no de los mismos.

 

 

               Es por todo lo expuesto, que esta Sala declara procedente la denuncia de ley del escrito de formalización, por cuanto la recurrida infringió por errónea interpretación el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se declara.

 

 

Tal como expresó la recurrida y quedó supra transcrito, la presente causa se circunscribe en determinar la incidencia de los conceptos reclamados por el actor en el salario por él devengado, para el cálculo de los beneficios laborales correspondientes, los cuales, como ha quedado establecido en la decisión a que se contrae este capítulo del fallo no tienen naturaleza salarial, por ello esta Sala de Casación Social, en ejercicio de la facultad que le otorga el segundo aparte del artículo 322 del Código de Procedimiento Civil, para casar el fallo sin reenvío cuando su decisión sobre el recurso haga innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo, declara sin lugar la demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales propuesta por el ciudadano José Francisco Pérez Avilés

Contra la empresa Hato la Vergareña C.A. .Así se decide.

 

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

Ú N I C O

 

 

De conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil se denuncia la infracción del artículo 244 del mismo Código, por haber incurrido la sentencia recurrida en el vicio de ultrapetita.

 

 

Como fundamento de su denuncia el formalizante alega que el sentenciador pretende que los conceptos ordenados a pagar sean calculados sobre la base de un salario actualizado, para luego aplicarles la indexación, de manera tal, que se estaría disponiendo un doble reajuste monetario, elevando así el monto condenado a una cantidad exorbitante. Sustenta los argumentos esgrimidos en el siguiente pasaje de la recurrida, que textualmente expresa:

“Se ordena realizar un experticia complementaria y el experto designado deberá aplicar los costos actuales en el mercado del alquiler mensual de una vivienda con todas sus comodidades y de un vehículo con las características descritas en la demanda y luego al determinar el salario promedio, deberá realizar el cálculo de los benéficos laborales ya indicados y que igualmente se especifican en el libelo de la demanda, aplicando la corrección monetaria o indexación”.

 

 

 

A los fines de decidir, se observa:

 

 

               Con sustento en el punto previo de este fallo, al prosperar en el presente recurso la denuncia por infracción de ley analizada en el capítulo anterior, que es determinante en la resolución de la controversia, por cuanto fue el fundamento del juzgador de alzada para declarar parcialmente con lugar la demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales, la Sala no entrará a conocer la presente delación, pues resultaría inútil e inoficioso el pronunciamiento sobre la misma. Así se decide.

 

 

D E C I S I Ó N

 

               Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1) CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la parte accionada; 2) CASA SIN REENVÍO la sentencia definitiva de fecha 17 de abril de 2001 proferida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar y 3) SIN LUGAR la demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales propuesta por el ciudadano José Francisco Pérez Aviles contra la sociedad mercantil Hato la Vergareña, C.A.

 

               Publíquese, regístrese y remítase al Tribunal de la causa, o sea, al Juzgado de Primera Instancia del Trabajo del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar.

 

 

               No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del caso.

 

 

               Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,  a  los  veinticuatro  (  24  )  días  del  mes  de  octubre de dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente,

 

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     JUAN RAFAEL PERDOMO

                                          Magistrado,

 

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ALFONSO R. VALBUENA CORDERO

 

La Secretaria,

 

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BIRMA I. TREJO DE ROMERO

 

 

 

R.C. Nº AA60-S-2001-000376