SALA DE CASACIÓN SOCIAL

 

Ponencia del Magistrado ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

                   En el juicio que por diferencia de prestaciones sociales sigue el ciudadano ANÍBAL APONTE CABRILES, representado judicialmente por los abogados Antonio Trejo Calderón y Giovanni Augusto Trepiccione Herrera, contra la empresa PETROQUÍMICA SIMA, C.A., representada judicialmente por los abogados Niurka Sarmiento Peña, Mireya Josefina Peña de Sarmiento, Lucio Atilio García, Pedro Vaccara, Loida García y Cristina Raga de Vaccara; el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, conociendo en apelación, dictó sentencia en fecha 14 de junio del año 2004, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, confirmando así la sentencia dictada por el a-quo que declaró parcialmente con lugar la acción.

 

Contra esta decisión de alzada, los abogados Pietro Vaccara Spina y Loida García Iturbe, apoderados judiciales de la parte demandada, ejercieron el recurso de control de la legalidad del fallo señalado, el cual fue admitido por esta Sala de Casación Social en fecha 02 de diciembre del año 2004, fijándose audiencia oral, pública y contradictoria para el día 31 de marzo del año 2005, en sujeción a lo regulado por el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

Celebrada la audiencia oral y habiendo esta Sala pronunciado su decisión de manera inmediata, pasa a reproducir la misma en la oportunidad que ordena el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en los siguientes términos:

 

RECURSO DE CONTROL DE LEGALIDAD

ÚNICO

 

Alega la parte demandada recurrente la infracción por la recurrida de los artículos 31 y siguientes de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, así como la omisión por parte de la sentencia impugnada del artículo 57 ejusdem, por considerar que el Juez no podía volver a decidir sobre el procedimiento en cuestión. Por otra parte, aduce la infracción por la recurrida del vicio de ultrapetita, por la violación del artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por cuanto ordenó la corrección monetaria a partir de una oportunidad distinta a la allí establecida. Y finalmente alegan los recurrentes, la infracción por la recurrida del artículo 131 de la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto la confesión judicial plena derivada de la rebeldía o la contumacia del demandado, sólo es admisible si los hechos alegados no son contrarios a derecho y éste no hubiere probado nada que le favorezca.

 

No obstante, este recurso sólo fue admitido con respecto a la denuncia referida a la corrección monetaria y a la denuncia referida a la confesión, sobre lo cual pasa a pronunciarse en los siguientes términos:

 

                   En primer lugar, con respecto a la denuncia de la confesión del demandado, alega el recurrente que la sentencia recurrida que confirmó el fallo dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, incurrió en la violación del artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo al declarar la admisión de los hechos y la confesión de la parte demandada por la incomparecencia de dicha parte a la celebración de la audiencia preliminar, sin valorar las pruebas aportadas por las partes y los pagos demostrados en la causa para evitar la condenatoria indebida de sumas.

 

                   Sin embargo, de una revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente, observa la Sala que el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución antes mencionado, en el transcurso de la celebración de la audiencia preliminar y sus respectivas prolongaciones, incorporó al expediente las pruebas documentales aportadas por las partes, y una vez materializada la incomparecencia de la parte demandada a la última de las prolongaciones celebradas, determinó que el objeto de la pretensión del demandante no es contraria a derecho y procedió de una manera detallada a señalar los montos condenados a pagar, tal y como efectivamente lo ordena el postulado contenido en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al establecer:

 

“Si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, se presumirá la admisión de los hechos alegados por el demandante y el tribunal sentenciará en forma oral conforme a dicha confesión, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, reduciendo la sentencia a un acta que elaborará el mismo día, contra la cual, el demandado podrá apelar a dos efectos dentro de un lapso de cinco (5) días hábiles a partir de la publicación del fallo...”

 

 

 

                   En consecuencia, no incurrió la recurrida en la infracción del artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

                   Finalmente, considera la Sala necesario indicar como una labor pedagógica, lo establecido en sentencia de fecha 25 de octubre del año 2004, con respecto a la confesión relativa por la incomparecencia de la parte demandada a la prolongación de la audiencia preliminar, al establecer:

 

Es así, que esta Sala considera necesario flexibilizar el carácter absoluto otorgado a la confesión ficta contenida en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, estableciendo que, cuando el demandado no comparezca a una de las sucesivas prolongaciones de la audiencia preliminar, empero, se haya promovido pruebas, la confesión que se origine por efecto de la incomparecencia a dicha audiencia (prolongación) revestirá un carácter relativo, permitiéndole por consiguiente al demandado desvirtuar dicha confesión, es decir, desvirtuar la confesión ficta que recae sobre los hechos narrados en la demanda mediante prueba en contrario (presunción juris tantum), siendo éste el criterio aplicable en estos casos a partir de la publicación del presente fallo. (Cursivas de la Sala)”.

 

 

 

Criterio éste no aplicable al presente caso, en virtud de ser la recurrida de fecha anterior al mencionado fallo emanado de esta Sala de Casación Social.

 

Por otra parte, en cuanto a la denuncia referida a la forma cómo fue ordenada la corrección monetaria, la sentencia recurrida estableció lo siguiente:

 

“Por otra parte, en lo que se refiere al artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, debe observar este Juzgador que es procedente dicho artículo solamente en la fase de Ejecución, ya que relevarlo de la tramitación del juicio sería contrario a los principios o Derechos Fundamentales del Trabajo, específicamente el Principio de Tutela de los Derechos del Trabajador, toda vez que la Indexación o Corrección Monetaria así como cualquier Interés Moratorio se da en función de preservar las deudas de los trabajadores como deudas de valor y protegerlas de la depreciación o del efecto corrosivo que tiene la inflación como fenómeno económico sobre las deudas que los trabajadores presentan frente a sus empleadores, conforme a la Jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social de fecha 30 de julio de 2003, con Ponencia del Magistrado Doctor Juan Rafael Perdomo, Sentencia N° 489 F. Briceño contra Banco Mercantil, C.A. S.A.C.A., en consecuencia, considera este Juzgador que la argumentación de la parte apelante no es procedente en tal caso. ASÍ SE DECIDE.”

 

 

 

                   Aprecia la Sala que la sentencia recurrida declaró improcedente el alegato de la parte apelante referido a la corrección monetaria ordenada desde la fecha de ejecución del fallo, confirmando de esa forma el fallo apelado que ordenó la corrección monetaria “desde la fecha de notificación de la presente demanda hasta la fecha de la presente decisión”, excluyendo los períodos en que la causa se encuentre suspendida por ambas partes.

 

                   Ahora bien, con respecto a la corrección monetaria, considera necesario la Sala hacer las siguientes consideraciones:

 

El criterio sostenido por esta Sala de Casación Social con respecto a la corrección monetaria, es que la misma debe calcularse desde la fecha de admisión de la demanda hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, y aquéllos en los cuales la causa estuviere paralizada por motivos no imputables a ellas, es decir, hechos fortuitos o fuerza mayor, tales como vacaciones judiciales y huelga de funcionarios tribunalicios, criterio éste dirigido a aquellos casos que se hubieren tramitado antes de la entrada en vigencia de la nueva Ley Procesal y que recientemente fuera ratificado por este alto Tribunal en sentencia Nro. 111 de fecha 11 de marzo del año 2005.

 

Ahora bien, la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo en su artículo 185 establece también la procedencia de la condena de indexación con posterioridad a la sentencia definitivamente firme, específicamente, cuando el demandado no cumpliere voluntariamente con lo dispuesto en la misma, debiendo calcularse desde el decreto de ejecución hasta la realización del pago efectivo.

 

                   La norma antes referida consagra la necesidad de ordenar la indexación o corrección monetaria en etapa de ejecución forzosa, adicionalmente a la calculada sobre la cantidad condenada a pagar en la sentencia definitivamente firme, como lo ha consagrado esta Sala antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en reiterada jurisprudencia. Así, en caso de incumplimiento voluntario se debe realizar, además de la experticia para liquidar la cantidad que se va a ejecutar, otra para solventar la situación de retardo en el cumplimiento efectivo y la adecuación de los intereses e inflación en el tiempo que dure la ejecución forzosa. Esta experticia complementaria del fallo, como lo han expresado algunos Juzgados Superiores, debe solicitarse ante el Juez de Sustanciación Mediación y Ejecución, quien en todo caso podrá decretarla de oficio, sobre la cantidad previamente liquidada y determinará los intereses moratorios e indexación causados desde la fecha del decreto de ejecución hasta el cumplimiento del pago efectivo.

 

                   Por tanto, antes de solicitar el cumplimiento voluntario de la sentencia, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución mediante experticia complementaria del fallo, calculará para establecer el objeto, la indexación judicial sobre la cantidad condenada en la sentencia, según el índice inflacionario suministrado por el Banco Central de Venezuela.

 

                   Asimismo y en defecto de cumplimiento voluntario (ejecución forzosa), se solicitará ante el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, o este de oficio ordenará la realización de nueva experticia complementaria del fallo para calcular a partir de la fecha del decreto de ejecución y hasta el cumplimiento efectivo, la indexación judicial y los intereses moratorios sobre la cantidad liquidada previamente (que incluye la suma originalmente condenada, mas los intereses moratorios y la indexación judicial calculados hasta la fecha en que quedó definitivamente firme la sentencia).

 

                   En conclusión, en caso de no haber cumplimiento voluntario por parte del demandado, por una parte, el Juez que resuelve el fondo ordenará pagar, además del monto de las prestaciones adeudadas, la indexación de esta suma calculada desde la admisión de la demanda hasta que la sentencia quede definitivamente firme, para cuyo cálculo se ordenará una experticia complementaria del fallo, y por otra parte, ordenará previa solicitud de parte o de oficio por el juez, nueva experticia complementaria del fallo para calcular a partir de la fecha del decreto de ejecución y hasta el cumplimiento efectivo, la indexación judicial y los intereses moratorios sobre la cantidad liquidada previamente.

 

Establecido lo anterior, observa la Sala que en el caso bajo estudio, la sentencia recurrida si bien estableció adecuadamente cómo debe hacerse el cálculo para la indexación que contempla el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, confirmó el fallo apelado que ordenó mal la corrección monetaria del monto que por diferencia de prestaciones sociales fue condenada la demandada a pagar, como lo es, “desde la fecha de notificación de la presente demanda hasta la fecha de la presente decisión”, en lugar de ordenar su cálculo desde la admisión de la demanda hasta que la sentencia quede definitivamente firme, declaratoria esta última que hace este Tribunal Supremo de oficio, vista la violación de la reiterada jurisprudencia de esta Sala de Casación Social, lo que conlleva a la declaratoria de procedencia del presente medio excepcional de impugnación.

 

Ahora bien, una vez constatada la violación en la cual incurrió el Juez Superior Laboral de los artículos ut supra mencionados, pasa esta Sala de seguidas a pronunciarse sobre el fondo de la controversia, de conformidad con lo establecido en el artículo 179 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en los siguientes términos:

 

De un análisis exhaustivo de la sentencia dictada por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en fecha 14 de junio del año 2004, extrae la Sala, que a excepción de la violación ut supra constatada, la misma resultó obsequiosa a la justicia, resolviendo la controversia con fuerza de cosa juzgada, posibilidad de ejecución y plenas garantías para las partes, confirmando la sentencia proferida por el Tribunal de la causa que declaró la admisión de los hechos y la consecuente declaratoria parcialmente con lugar de la demanda, de conformidad con el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

De manera que, considera suficiente esta Sala a los fines de pronunciarse sobre el fondo de la presente controversia, reproducir en todas sus partes la precitada decisión del Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, acogiendo por tanto la motivación acreditada en dicha sentencia, que confirmó el fallo dictado por el Tribunal de Primera Instancia, que a su vez declaró parcialmente con lugar la demanda intentada por el ciudadano Aníbal Aponte Cabriles contra la empresa Petroquímica Sima, C.A., en fundamento a la incomparecencia de la parte demandada a la celebración de la audiencia preliminar -dada la efectiva notificación de la accionada que consta en autos- declarando así la admisión de los hechos, y ordenando a la empresa demandada al pago de la cantidad de Veintidos Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Ochenta y Seis Bolívares con Treinta y Cinco Céntimos (Bs. 22.273.086,35), por concepto de prestaciones sociales, discriminados de la siguiente manera: 1°) La cantidad de Tres Millones Seiscientos Mil Bolívares (Bs. 3.600.000,00) por concepto de indemnización prevista en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo. 2°) La cantidad de Cinco Millones Setecientos Quince mil Seiscientos Doce Bolívares con Treinta Céntimos (Bs. 5.715.612,30) por concepto de la antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo. 3°) La cantidad de Cinco Millones Trescientos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta Bolívares (Bs. 5.337.450,00) por concepto de vacaciones y bono vacacional. 4°) La cantidad de Setecientos Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 750.000,00) por concepto de bono post vacacional por convención colectiva. 5°) La cantidad de Nueve Millones de Bolívares (Bs. 9.000.000,00) por concepto de utilidades según convención colectiva, todo lo cual da un total de Veinticuatro Millones Cuatrocientos Tres Mil Sesenta y Dos Bolívares con Treinta Céntimos (Bs. 24.403.062,30) menos un adelanto en fecha 16 de abril de 1998, de Dos Millones Ciento Veintinueve Mil Novecientos Setenta y Cinco Bolívares con Noventa y Cinco Céntimos (Bs. 2.129.975,95).

 

Asimismo, esta Sala ordena la corrección monetaria del monto que por diferencia de prestaciones sociales fue condenada la demandada a pagar, desde la admisión de la demanda hasta la sentencia definitiva, excluyendo el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, y aquéllos en los cuales la causa estuviere paralizada por motivos no imputables a las partes, es decir, hechos fortuitos o fuerza mayor, tales como vacaciones judiciales, huelga de funcionarios tribunalicios, para lo cual se ordena una experticia complementaria del fallo, a través de un experto contable que se designará al efecto. Para la determinación del monto que resulte de la indexación ordenada, el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución deberá oficiar al Banco Central de Venezuela a objeto de que envíe los índices inflacionarios correspondientes, todo lo cual se establecerá en la dispositiva del presente fallo.

 

DECISIÓN

 

En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el recurso de control de la legalidad propuesto por la parte demandada, de conformidad con el artículo 179 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Por consiguiente, ANULA el fallo recurrido dictado por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en fecha 14 de junio del año 2004, de conformidad con el artículo 179 de Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sólo con respecto al período de tiempo en que fue ordenada la corrección monetaria, y en consecuencia, PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda intentada por el ciudadano ANIBAL APONTE CABRILES contra la empresa PETROQUÍMICA SIMA, C.A.. Por consiguiente, se ordena el pago de la cantidad de Veintidos Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Ochenta y Seis Bolívares con Treinta y Cinco Céntimos (Bs. 22.273.086,35), por concepto de prestaciones sociales, discriminados de la siguiente manera: 1°) La cantidad de Tres Millones Seiscientos Mil Bolívares (Bs. 3.600.000,00) por concepto de indemnización prevista en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo. 2°) La cantidad de Cinco Millones Setecientos Quince mil Seiscientos Doce Bolívares con Treinta Céntimos (Bs. 5.715.612,30) por concepto de la antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo. 3°) La cantidad de Cinco Millones Trescientos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta Bolívares (Bs. 5.337.450,00) por concepto de vacaciones y bono vacacional. 4°) La cantidad de Setecientos Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 750.000,00) por concepto de bono post vacacional por convención colectiva. 5°) La cantidad de Nueve Millones de Bolívares (Bs. 9.000.000,00) por concepto de utilidades según convención colectiva, todo lo cual da un total de Veinticuatro Millones Cuatrocientos Tres Mil Sesenta y Dos Bolívares con Treinta Céntimos (Bs. 24.403.062,30) menos un adelanto en fecha 16 de abril de 1998, de Dos Millones Ciento Veintinueve Mil Novecientos Setenta y Cinco Bolívares con Noventa y Cinco Céntimos (Bs. 2.129.975,95).

 

Asímismo, se ordena la corrección monetaria del monto que por diferencia de prestaciones sociales fue condenada la demandada a pagar, desde la admisión de la demanda hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, y aquéllos en los cuales la causa estuviere paralizada por motivos no imputables a las partes, es decir, hechos fortuitos o fuerza mayor, tales como vacaciones judiciales, huelga de funcionarios tribunalicios, para lo cual se ordena una experticia complementaria del fallo, a través de un experto contable que se designará al efecto, debiendo el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, solicitar al Banco Central de Venezuela, los índices inflacionarios a fin de que se apliquen sobre el monto que en definitiva corresponda pagar, en el entendido que de acuerdo al artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo para el caso de una ejecución forzosa se solicitará ante el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución o este de oficio ordenará nueva experticia complementaria del fallo para calcular a partir de la fecha del decreto de ejecución, los intereses moratorios e indexación, ambos conceptos hasta el cumplimiento efectivo del pago.

 

No hay condenatoria en costas del proceso, por no haber vencimiento total, de conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica del Trabajo.

 

Publíquese y regístrese. Remítase directamente el presente expediente a los fines de la ejecución de la sentencia por haber quedado la misma definitivamente firme, a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques.  Particípese de esta remisión al Tribunal Superior de origen, antes mencionado, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la misma circunscripción judicial.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los doce (12) días del mes abril de dos mil cinco. Años: 194° de la Independencia y 146° de la Federación.

El Presidente de la Sala,

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

El Vicepresidente,                                                                              Magistrado,

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIERREZ                           JUAN RAFAEL PERDOMO

 

Ma-

 

gistrado-ponente,                                                                               Magistrada,

 

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ALFONSO VALBUENA CORDERO        CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

El Secretario,

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

 

R.C.L. N° AA60-S-2004-000839

 

Nota: Publicada en su fecha a las

 

 

 

 

 

                                                                                              El Secretario,