SALA ELECTORAL

 

Magistrado Ponente: FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA

Expediente Nº AA70-E-2011-000031

En fecha 4 de mayo de 2011, la abogada Leida Marcela León Molina, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 51.868, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana MARIBEL DEL VALLE SUAREZ MANCHA, titular de la cédula de identidad número 8.716.080, investigadora en Ciencias Básicas de la Universidad de Los Andes (ULA-MERIDA) y Secretaria General del Sindicato Regional de Profesionales Universitarios, Técnicos Superiores de la Universidad de Los Andes, para los estados Mérida, Táchira y Trujillo (SIPRULA), interpuso ante esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, recurso contencioso electoral conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos contra el acto administrativo contenido en la Resolución número 110317-0040 emanada del Consejo Nacional Electoral en fecha 17 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Electoral número 563 del 1° de abril de 2011, que declaró Con Lugar el recurso jerárquico interpuesto por el ciudadano Humberto Alí Pernía, contra la Resolución número 2-2010 dictada por la Comisión Electoral del referido Sindicato, que declaró Sin Lugar la impugnación interpuesta contra la postulación de la hoy recurrente, como candidata al cargo de Secretaria General del Sindicato antes aludido; la inelegiblilidad de dicha ciudadana; vacante el cargo de Secretaria General para el período 2010-2013 y se instó a la Comisión Electoral a realizar una nueva convocatoria a elecciones para el cargo vacante.

Mediante auto de fecha 5 de mayo de 2011, se solicitaron los antecedentes administrativos, así como el informe sobre los aspectos de hecho y de derecho relacionados con el presente caso al Consejo Nacional Electoral, y atendiendo a lo previsto en el artículo 185 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se designó ponente al Magistrado Fernando Ramón Vegas Torrealba, a los fines del pronunciamiento correspondiente.

En fecha 11 de mayo de 2011, el abogado Miguel Ángel Méndez Campos, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 67.909, actuando con el carácter de apoderado judicial del Consejo Nacional Electoral, consignó el informe sobre los aspectos de hecho y de derecho, así como los antecedentes administrativos relacionados con el presente recurso.

Una vez realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a pronunciarse, previas las siguientes consideraciones:

I

DEL RECURSO CONTENCIOSO ELECTORAL

La apoderada judicial de la parte recurrente, sostuvo que según el cronograma del proceso electoral presentado por la Comisión Electoral del Sindicato Regional de Profesionales Universitarios, Técnicos Superiores de la Universidad de Los Andes, para los estados Mérida, Táchira y Trujillo (SIPRULA), para las elecciones de la Junta Directiva del período 2010-2013, debidamente aprobado por el Consejo Nacional Electoral el 18 de enero de 2010, el acto de votación fue “…pautado como actividad en el renglón N° 27 con fecha 12 de mayo de 2010. En este sentido, la ciudadana Maribel Suarez, Secretaria de Reclamos electa para el período 2006-2009, consideró de primordial importancia rendir cuentas del trabajo efectuado, tal y como se ha realizado anualmente, desde que asumió tal responsabilidad con los agremiados al sindicato” (resaltado del original).

Indicó que conforme al cronograma electoral, el período de inscripción de candidaturas, era del 18 al 22 de marzo de 2010, y que debido al interés en “…participar como aspirante a la Secretaría General de SIPRULA, la ciudadana Maribel Suarez manifestó a la Junta Directiva Saliente el deber ético y profesional de presentar cada uno el informe de gestión ante la Asamblea General de agremiados de conformidad con el artículo (sic) 124 y 126 de los estatutos vigentes…”.

Señaló que el 4 de febrero de 2010, su representada procedió a entregar el informe de gestión a la Secretaría de Reclamos, al Secretario General y demás miembros de la Junta Directiva del Sindicato Regional de Profesionales Universitarios, Técnicos Superiores de la Universidad de Los Andes, para los estados Mérida, Táchira y Trujillo (SIPRULA), solicitándoles además el llamado a la Asamblea General Ordinaria para someter dicho informe a la consideración de los agremiados.

Manifestó que la anterior solicitud fue ratificada por su representada el 10 de febrero de 2010, “…sin que obtuviese respuesta expedita…”, por lo que el 21 de febrero de ese mismo año “…el informe de gestión de la Secretaría de Reclamos del SIPRULA fue publicado en el Foro de Empleados y Foro Profesoral, medio de información de toda la comunidad universitaria de la ULA, Autoridades y Directores…” (resaltado del original).

Arguyó que el 21 de febrero de 2010, el Secretario General de Sindicato Regional de Profesionales Universitarios, Técnicos Superiores de la Universidad de Los Andes, para los estados Mérida, Táchira y Trujillo (SIPRULA), en nombre de la Junta Directiva, respondió a la referida solicitud, señalando que según “el artículo 124, Parágrafo Único de los estatutos de SIPRULA, estamos dentro del lapso establecido para presentar dicho informe”, con lo cual la mayoría de la Junta Directiva, apegándose estrictamente a lo señalado en el referido artículo, indicó que el informe podía ser entregado hasta el 31 de marzo de 2010 (resaltado del original).

Expuso que ante la negativa de la Junta Directiva de convocar a la Asamblea General para presentar el informe de gestión 2009 de la Secretaría de Reclamos, antes del 22 de marzo de 2010, “…en uso legítimo de los derechos establecidos en los estatutos de SIPRULA, se procedió a convocar el Consejo General de Delegados del SIPRULA que de conformidad con el artículo 12 de los estatutos vigentes del sindicato es la autoridad suprema del mismo” (resaltado del original).

 Sostuvo que dada la negativa de la Junta Directiva para convocar a la Asamblea General de agremiados para la presentación del Informe de Gestión de la Secretaría de Reclamos, para su aprobación o no, el “04 de marzo de 2010 el Consejo de Delegados realizó una convocatoria por el foro de empleados de la ULA, a sesión extraordinaria para el día 08 de marzo de 2010, de conformidad con el artículo 12 de los estatutos internos del SIPRULA y en dicha fecha 08 de marzo de 2010 el Consejo General de Delegados, entre otros puntos aprobó la convocatoria urgente a una Asamblea General Extraordinaria de afiliadas y afiliados del SIPRULA, cuyo único punto a tratar fuese la presentación del Informe de Gestión correspondiente al año 2009” para el día 15 de marzo de 2010 (resaltado del original).

Indicó, que una vez presentado públicamente el Informe de Gestión, fue aprobado por todos los agremiados presentes; y que la “…Comisario y Fiscal, presentes en la asamblea también aprobaron el informe de gestión de la secretaría de reclamos, previa verificación en SIPRULA, que la Secretaría de Reclamos no manejó ni tenía responsabilidad alguna en el manejo financiero del Sindicato…”; señalando además que dicho informe fue consignado por la ciudadana Maribel Suarez el 22 de marzo de 2010, en la Comisión Electoral.

Manifestó que el 13 de abril de 2010, el ciudadano Humberto Alí Pernía, presentó impugnación contra la postulación de la ciudadana Maribel Suarez, por ante la Comisión Electoral del Sindicato Regional de Profesionales Universitarios, Técnicos Superiores de la Universidad de Los Andes, para los estados Mérida, Táchira y Trujillo (SIPRULA), la cual fue declarada Sin Lugar el 16 de abril de 2010.

Expuso que contra esa decisión, el ciudadano antes referido interpuso ante el Consejo Nacional Electoral recurso jerárquico el cual fue decidido mediante la Resolución número 110317-0040 de fecha 17 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Electoral número 563 del 1° de abril de 2011.

Por otra parte, señaló que “…cursa en el Expediente del CNE, Auto emanado de la Inspectoría del Trabajo del estado Mérida, el cual determinó que la asamblea de Rendición de Cuentas de la ciudadana Maribel Suarez era Nulo, razón por la cual, ésta ciudadana presentó Acción de Nulidad del Acto administrativo de efectos particulares, por ante el Tribunal Superior y Contencioso Administrativo de la Región Andina…”.

Alegó que el Consejo Nacional Electoral al “…tomar la decisión de inhabilitar a una afiliada y militante sindical para ser elegida, y declarar vacante el cargo de Secretaria General de SIPRULA para el período 2010-2013 e instar a la Comisión Electoral a realizar nueva convocatoria a elecciones para cubrir el cargo vacante está cometiendo un grave acto de injerencia, que colide con lo establecido en los convenios 87 y 98 de la OIT…”; ya que esa decisión “…podría ser considerada como una forma de destitución unilateral y administrativa de la dirigente sindical electa” (negrillas del original).

Manifestó que “…es conveniente que el CNE armonice sus facultades y atribuciones a los principios y postulados de las normas internacionales del trabajo ratificadas y que forman parte del bloque de constitucionalidad en Venezuela y que asuma una práctica Institucional que las violaciones a la libertad sindical se expresan en hechos como los la (sic) injerencia, la discriminación anti sindical, la negativa a la negociación colectiva, denegación de la acción de representación sindical, el patrimonio colectivo, entre otras formas. Además comprender que aun en el país subsiste un marco jurídico e institucional contrario a los principios y postulados de los convenios 87 y 98 que el país ha ratificado…”.

Denunció el vicio de falso supuesto “…ante la no valoración de Pruebas de Rendición de Cuentas de Gestión, presentada por Maribel Suarez Mancha de manera individual antes de su Postulación y de manera Colegiada por la Junta directiva (sic) de SIPRULA” (subrayado del original).

Indicó que a su apoderada se le violaron derechos fundamentales “…como el de la Libertad Sindical, de la Autonomía y Democracia Sindica, al dictar una resolución contraria a los estatutos del sindicato en virtud de que La Rendición de Cuentas de la Gestión se hizo efectiva, antes del vencimiento de la fecha prevista en los Estatutos en su artículo 124…”, ya que conforme a los referidos Estatutos, los Directivos deben rendir cuenta de su gestión y “…no es la Junta Directiva de manera colegiada que debe hacerlo, pues cada cargo tiene sus propias funciones” (subrayado del original).

Arguyó que la decisión impugnada viola los Estatutos del Sindicato Regional de Profesionales Universitarios, Técnicos Superiores de la Universidad de Los Andes, para los estados Mérida, Táchira y Trujillo (SIPRULA), al haber ordenado la convocatoria a elecciones desconociendo que las vacantes las cubren estatutariamente los vocales y suplentes, en el supuesto negado de que hubiese vacante absoluta.

Adujo que la motivación de la Resolución impugnada incurre en el vicio de falso supuesto “…en virtud de que no se puede sancionar a un Directivo por la No Rendición de gestión por parte del Gremio en pleno. Nadie puede ser juzgado por Hechos u omisiones de otros” (sic).

Igualmente, denunció la violación del principio de globalidad de la decisión, “…también denominado principio de la congruencia o de la exhaustividad de la decisión…”.

Por otra parte, solicitó, conforme a lo dispuesto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil “SE ORDENE la Suspensión de los Actos Administrativos Impugnados y se restablezca a la Trabajadora Maribel Suarez Mancha, al cargo de Secretaria General del Sindicato SIPURLA y al ejercicio de sus funciones sindicales” (resaltado del original).

A los fines de fundamentar el requisito referido al fumus boni iuris, indicó que el mismo “…se demuestra con la simple lectura de la Resolución Administrativa impugnada así como de los vicios subsumidos a los hechos, aquí desglosados y esgrimidos, lo cual evidencia una presunción de motivos serios de nulidad”.

En cuanto al requisito del periculum in mora señaló que el mismo se satisface “…por la circunstancia que de permitirse la inelegibilidad de la ciudadana Maribel Suarez Mancha, quien ya fue electa como Secretaria General de SIPRULA, con los vicios constitucionales existentes, se estaría exponiendo a [su] representada, a un daño que sería grave desde el punto de vista de su condición de Trabajador, de dirigente sindical y en violación de derechos humanos fundamentales como lo es la Libertad Sindical, que lleva implícita la autonomía estatutaria, sometiendo al sindicato a una ambigüedad ante el tiempo que dure el procedimiento, pues la falta de Reconocimiento por el CNE, trae como consecuencia, el no poder presentar el Proyecto de Convención Colectiva del Trabajo para su discusión, dejando a los trabajadores sin beneficios y reivindicaciones hasta tanto se resuelvan los juicios pendientes…”.

Asimismo, manifestó que las pruebas de los requisitos anteriores se desprenden del contenido de los anexos acompañados al libelo.

Respecto al fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, indicó que ese requisito se encuentra satisfecho ya que se ha “…cercenado el derecho de recurrir en igualdad de condiciones, impidiendo el ejercicio cónsono de los derechos de [su] representada, además de que, de seguir el Procedimiento sin el otorgamiento de la Medida Cautelar de Suspensión de los efectos de la Resolución impugnada, haría inejecutable o de imposible ejecución la Decisión por los agraviantes…” (sic).

Consideró que el acto impugnado “…viola el artículo 89, numerales 2, 4 y 5, los artículos 91, 92, 93, 20, 137 y 144 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que consagran los derechos constitucionales al trabajo como hecho social, L (sic) libertad sindical y la Autonomía Sindical, la no discriminación en el trabajo, la irrenunciabilidad de los derechos laborales, la nulidad de todo acto que sea contrario al Texto Constitucional, a recibir un salario digno, a la estabilidad laboral, al libre desenvolvimiento de la personalidad, al principio de la legalidad administrativa y, lo relativo al establecimiento de las funciones y requisitos que los funcionarios públicos deben cumplir para el ejercicio de sus cargos”.

En virtud de lo expuesto solicitó sea acordada la medida cautelar de suspensión de efectos y que “…se restablezca a la ciudadana Maribel Suarez Mancha, como secretaria general de SIPRULA, hasta tanto haya Decisión Definitiva, mientras dure el presente procedimiento”.

 

 

 

II

DEL ESCRITO DE INFORMES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

El abogado Miguel Ángel Méndez Campos, actuando con el carácter de apoderado judicial del Consejo Nacional Electoral, señaló en el escrito de informes que la parte actora no especificó el vicio, irregularidad, infracción o conjugación de estos, que pudieran estar presentes en la Resolución impugnada y que igualmente dejó de señalar una “…narración circunstanciada de los hechos que dieron lugar a la infracción que se alegue y de los vicios en lo que haya incurrido el supuesto o supuesta agraviante”, tal como lo exige el artículo 180 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Indicó que la parte actora “…tan solo se limita citar un conjunto de normas legales, constitucionales, así como, ciertos convenios internacionales, para luego narrar ‘detallada’ y cronológicamente, lo sucedido en sede administrativa, con ocasión de la impugnación realizada por el ciudadano HUMBERTO ALÍ PERNÍA (…), incumpliendo con su obligación procesal de identificar los vicios que su decir contienen el acto impugnado y, la subsunción de estos en la norma específica, y así lograr establecer y determinar su pretensión conforme a lo que impugnó; por lo tanto en el presente caso la parte actora no sólo deja de expresar con precisión el acto objeto de su impugnación, sino que adicionalmente no motiva ni determina los presuntos vicios o las causas que en su decir permiten ejercer su acción por ante esta Sala Electoral…” (sic). 

Sostuvo que la parte recurrente incurrió en una “…falta de claridad y precisión en su demanda contencioso electoral…”, por lo que solicitó la declaratoria de inadmisibilidad del recurso.

Respecto a la medida cautelar manifestó que la parte actora no cumplió con los requisitos de procedencia de las medidas cautelares por cuanto no motiva el presunto daño irreparable que le causaría el acto administrativo impugnado y tampoco argumenta por qué la decisión definitiva que dictara esta Sala podría quedar ilusoria, no existiendo por otra parte elemento probatorio que soporte tal requisito de procedencia.

Asimismo, indicó que tampoco existe motivación alguna respecto al fumus boni iuris, y que no existen elementos probatorios que permitan demostrar la existencia o verificación de este requisito.

En consecuencia, solicitó se declare inadmisible el presente recurso e improcedente la medida cautelar.

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Previo a cualquier otro pronunciamiento, es necesario determinar la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer del presente recurso contencioso electoral, respecto a lo cual observa:

El numeral 1 del artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece:

“Artículo 27. Son competencia de la Sala Electoral del Tribunal de Justicia:

1. Conocer las demandas contencioso electorales que se interpongan contra los actos, actuaciones y omisiones de los órganos del Poder Electoral, tanto los que estén directamente vinculados con los procesos comiciales, como aquellos que estén relacionados con su organización, administración y funcionamiento.

En ese sentido, se observa que el presente recurso contencioso electoral se ha interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Resolución número 110317-0040 emanada del Consejo Nacional Electoral en fecha 17 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Electoral número 563 del 1° de abril de 2011, que declaró Con Lugar el recurso jerárquico interpuesto por el ciudadano Humberto Alí Pernía, contra la Resolución número 2-2010 dictada por la Comisión Electoral del Sindicato Regional de Profesionales Universitarios, Técnicos Superiores de la Universidad de Los Andes, para los estados Mérida, Táchira y Trujillo (SIPRULA), que declaró Sin Lugar la impugnación interpuesta contra la postulación de la mencionada ciudadana recurrente, como candidata al cargo de Secretaria General del Sindicato antes aludido; la inelegiblilidad de dicha ciudadana; vacante el cargo de Secretaria General para el período 2010-2013 y se instó a la Comisión Electoral a realizar una nueva convocatoria a elecciones para el cargo vacante.

De allí que al tratarse de un acto emanado del órgano rector del Poder Electoral, vinculado directamente a un proceso electoral donde se había elegido a la Junta Directiva del Sindicato en referencia, esta Sala declara su competencia para conocer del recurso, conforme a lo dispuesto en el referido numeral 1 del artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo antes referido. Así se decide.

Una vez asumida la competencia pasa esta Sala a pronunciarse sobre la admisión del presente recurso contencioso electoral y a tal efecto observa:

El apoderado judicial del Consejo Nacional Electoral, en su escrito de informes solicitó la declaratoria de inadmisibilidad del presente recurso contencioso electoral, manifestando que la parte actora no efectuó una “…narración circunstanciada de los hechos que dieron lugar a la infracción que se alegue y de los vicios en lo que haya incurrido el supuesto o supuesta agraviante”, tal como lo exige el artículo 180 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, limitándose a “…citar un conjunto de normas legales, constitucionales, así como, ciertos convenios internacionales, para luego narrar ‘detallada’ y cronológicamente, lo sucedido en sede administrativa, con ocasión de la impugnación realizada por el ciudadano HUMBERTO ALÍ PERNÍA (…), incumpliendo con su obligación procesal de identificar los vicios que a su decir contienen el acto impugnado y, la subsunción de estos en la norma específica, y así lograr establecer y determinar su pretensión conforme a lo que impugnó; por lo tanto en el presente caso la parte actora no sólo deja de expresar con precisión el acto objeto de su impugnación, sino que adicionalmente no motiva ni determina los presuntos vicios o las causas que en su decir permiten ejercer su acción por ante esta Sala Electoral…” (sic), con lo cual incurrió en una “…falta de claridad y precisión en su demanda contencioso electoral…”.

Al respecto, debe señalar esta Sala que, de conformidad con lo previsto en el artículo 180 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el escrito contentivo del recurso contencioso electoral debe precisar “…la identificación de las partes y contendrá una narración circunstanciada de los hechos que dieron lugar a la infracción que se alegue y de los vicios en los que haya incurrido el supuesto o supuesta agraviante…” (resaltado de esta Sala Electoral).

En ese sentido, el artículo 181 eiusdem, establece que:

“El incumplimiento de los extremos antes señalados provocará la inadmisión de la demanda, salvo que se trate de omisiones no sustanciales que no impidan la comprensión de las pretensiones interpuestas”. 

 De allí que esta Sala Electoral, mediante sentencia número 10 del 23 de marzo de 2011, se refirió a la necesidad de que la parte recurrente precise los vicios en los que está incurso el acto, actuación u omisión impugnados, de la siguiente manera:

“Respecto a la necesidad de que la parte recurrente precise los vicios en los que está incurso el acto, actuación u omisión impugnados esta Sala Electoral, en sentencia N° 114 del 27 de julio de 2010, ha señalado lo siguiente:

Una vez asumida la competencia, corresponde pronunciarse en torno a la admisión del recurso incoado y, en tal sentido, se observa que la Ley Orgánica de Procesos Electorales consagra en su artículo 206 los requisitos de admisibilidad del recurso jerárquico que son los mismos que deben ser apreciados al momento de examinarse la  admisibilidad del recurso contencioso electoral, ello conforme con los lineamientos establecidos en la sentencia número 147 dictada por esta Sala Electoral en fecha 11 de noviembre de 2009, así como los contenidos expresamente en los artículos 213 eiusdem, y 19 párrafo cinco de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aplicable ésta última por remisión expresa del artículo 214 de la ya mencionada Ley Orgánica de Procesos Electorales.

En este sentido, se observa que el numeral 2 del artículo 206 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales exige que el escrito contentivo del recurso jerárquico (aplicable según se dijo al recurso contencioso electoral) contenga una serie de requisitos que permitan orientar la labor del juzgador, los cuales se circunscriben, en el supuesto de impugnarse actos electorales, a identificar el acto recurrido y a imputarle los vicios de que adolece, cuya finalidad es ayudar al Juzgador a apreciar mediante elementos objetivos la admisibilidad o no de los recursos que conozca, quedando claro que los recursos presentados en forma genérica deben ser declarados inadmisibles.

Sin embargo, resulta oportuno señalar que en estos casos las disposiciones legales deben ser interpretadas de conformidad con los lineamientos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente respecto al principio de una justicia sin formalismo, previsto en su artículo 257, el derecho constitucional a una tutela judicial efectiva, artículo 26 eiusdem, y el principio pro actione o de la interpretación más favorable al ejercicio de la acción, que se desprende de la última norma citada. De allí, que deban atemperarse dichas exigencias legales en cuanto no constituyan las mismas una formalidad esencial para la admisión del recurso.

Dicha sentencia, dictada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia cuyo artículo 180 consagra, expresamente, los requisitos que debe contener el recurso contencioso electoral, centró su análisis en el contenido del numeral 2 del artículo 206 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, norma que establece los requisitos del recurso jerárquico que, para ese momento, eran aplicables supletoriamente al recurso contencioso electoral. Ahora bien, la interpretación que se realiza en dicho fallo respecto a la precisión de los vicios imputados al acto, actuación u omisión impugnados debe darse por reproducida en el caso de autos, considerando que el artículo 180 de la Ley que rige las funciones de este Máximo Tribunal hace expresa mención a la obligación de indicar tales vicios.

Así pues, tal como lo señaló la Sala Electoral en el fallo parcialmente transcrito, uno de los requisitos que debe contener el escrito contentivo del recurso contencioso electoral consiste en el señalamiento claro y detallado de las circunstancias fácticas y jurídicas que sustentan la impugnación en cada caso concreto, constituyendo su omisión una causal para declarar la inadmisibilidad del recurso.

Aplicando las consideraciones anteriores al caso de autos, se observa que a los fines de fundamentar el presente recurso, el apoderado judicial de la parte recurrente denunció el vicio de falso supuesto “…ante la no valoración de Pruebas de Rendición de Cuentas de Gestión, presentada por Maribel Suarez Mancha de manera individual antes de su Postulación y de manera Colegiada por la Junta directiva (sic) de SIPRULA” (subrayado del original).

Asimismo indicó que a su apoderada se le violaron derechos fundamentales “…como el de la Libertad Sindical, de la Autonomía y Democracia Sindica, al dictar una resolución contraria a los estatutos del sindicato en virtud de que La Rendición de Cuentas de la Gestión se hizo efectiva, antes del vencimiento de la fecha prevista en los Estatutos en su artículo 124…”, ya que conforme a los referidos Estatutos, los Directivos deben rendir cuenta de su gestión y “…no es la Junta Directiva de manera colegiada que debe hacerlo, pues cada cargo tiene sus propias funciones” (subrayado del original).

Arguyó que la decisión impugnada viola los Estatutos del Sindicato Regional de Profesionales Universitarios, Técnicos Superiores de la Universidad de Los Andes, para los estados Mérida, Táchira y Trujillo (SIPRULA), al haber ordenado la convocatoria a elecciones desconociendo que las vacantes las cubren estatutariamente los vocales y suplentes, en el supuesto negado de que hubiese vacante absoluta, y que la motivación de la Resolución impugnada incurre en el vicio de falso supuesto “…en virtud de que no se puede sancionar a un Directivo por la No Rendición de gestión por parte del Gremio en pleno. Nadie puede ser juzgado por Hechos u omisiones de otros” (sic).

Igualmente, denunció la violación del principio de globalidad de la decisión, “…también denominado principio de la congruencia o de la exhaustividad de la decisión…”.

En orden a lo anterior, esta Sala considera, contrariamente a lo señalado por el apoderado judicial del Consejo Nacional Electoral, que el escrito recursivo contiene una narración de los hechos que dieron lugar a la infracción alegada, así como de los vicios que se le imputan al acto impugnado, razón por la cual se desestima el alegato bajo examen. Así se declara.

En virtud de lo expuesto, y en atención a que no se configura ninguno de los supuestos de inadmisibilidad previstos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales ni en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aplicable por remisión expresa del artículo 214 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, esta Sala Electoral admite el recurso contencioso electoral. Así se declara.

Vista la anterior declaratoria, y en aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 185 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pasa la Sala a pronunciarse sobre la solicitud de medida cautelar innominada requerida por la parte recurrente y, en tal sentido, observa:

Esta Sala ha reiterado el criterio jurisprudencial conforme al cual se estableció que las medidas cautelares constituyen un instrumento necesario para la eficiencia de la justicia, representando, a su vez, una garantía de los derechos cuya vulneración se discuten mientras se dicta el fallo definitivo, evitando así que el mismo pueda resultar ineficaz; garantía que debe operar siempre que se de cumplimiento a las condiciones legalmente establecidas, y sea necesario acordar una protección cautelar sobre la base de elementos probatorios que hagan presumir la necesidad de esta tutela provisoria, mientras se dicta la sentencia definitiva, ello con el fin de asegurar que puedan ser protegidos por el fallo definitivo los derechos o intereses de quienes solicitan la tutela judicial, o para precaver el surgimiento de perjuicios a una de las partes por el transcurso del tiempo (véase, entre otras, sentencia N° 15 de fecha 07 de febrero de 2001, caso William Dávila Barrios y Timoteo Zambrano vs. Consejo Nacional Electoral; N° 148 del 03 de septiembre de 2003, caso Miguel Silva vs. Comisión Electoral de la Universidad del Zulia; y, N° 193 del 19 de diciembre de 2006, caso Alexis Rodríguez León y otros vs. Consejo Nacional Electoral).

Ahora bien, el Parágrafo Primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al presente caso de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, señala que “…el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra”, debiendo el Juez decretarla, conforme lo prevé el artículo 585 eiusdem, sólo cuando “…exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”.

Así las cosas, las medidas cautelares deben proceder solamente cuando se verifiquen la concurrencia de los supuestos que las justifican, esto es, que la medida sea necesaria a fin de evitar perjuicios irreparables y, adicionalmente, que resulte presumible que la pretensión procesal principal resultará favorable, lo que significa entonces que deben comprobarse los requisitos de procedencia de toda medida cautelar, a saber: el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris), pues, mientras el primero es exigido como supuesto de procedencia en el caso concreto, la presunción grave de buen derecho es el fundamento mismo de la protección cautelar, dado que, en definitiva, sólo a la parte que posee la razón en juicio pueden causársele los perjuicios irreparables que deben ser evitados.

Establecidos los anteriores lineamientos, pasa esta Sala a verificar su cumplimiento en el presente caso y, en tal sentido, observa que la parte recurrente a los fines de fundamentar el requisito referido al periculum in mora señaló que el mismo se satisface “…por la circunstancia que de permitirse la inelegibilidad de la ciudadana Maribel Suarez Mancha, quien ya fue electa como Secretaria General de SIPRULA, con los vicios constitucionales existentes, se estaría exponiendo a [su] representada, a un daño que sería grave desde el punto de vista de su condición de Trabajador, de dirigente sindical y en violación de derechos humanos fundamentales como lo es la Libertad Sindical, que lleva implícita la autonomía estatutaria, sometiendo al sindicato a una ambigüedad ante el tiempo que dure el procedimiento, pues la falta de Reconocimiento por el CNE, trae como consecuencia, el no poder presentar el Proyecto de Convención Colectiva del Trabajo para su discusión, dejando a los trabajadores sin beneficios y reivindicaciones hasta tanto se resuelvan los juicios pendientes…”.

 

De lo anterior, se observa que la parte recurrente pretende de un modo absolutamente genérico se decrete la suspensión de efectos del acto impugnado, ya que se limita a señalar que se le produce “…un daño que sería grave desde el punto de vista de su condición de Trabajador, de dirigente sindical y en violación de derechos humanos fundamentales…”, sin establecer cuales serían esos daños, así como la imposibilidad para que el Sindicato Regional de Profesionales Universitarios, Técnicos Superiores de la Universidad de Los Andes, para los estados Mérida, Táchira y Trujillo (SIPRULA), pueda “…presentar el Proyecto de Convención Colectiva del Trabajo para su discusión…”, sin aportar elemento de convicción alguno que permita a este órgano jurisdiccional comprobar la veracidad de ese alegato.

En consecuencia, resulta evidente para esta Sala que la parte solicitante incumplió su carga procesal de demostrar cuáles son los perjuicios irreparables o de difícil reparación que justifiquen el otorgamiento de la medida. Así se declara.

En virtud de lo anterior, esta Sala Electoral considera que, en el caso de autos, no se determina el periculum in mora y por cuanto -se insiste- los requisitos de procedencia de la medida cautelar son concurrentes, al no configurarse el periculum in mora, resulta inoficioso analizar el fumus boni iuris, por lo que debe ser declarar improcedente la medida cautelar solicitada. Así se decide.

IV

DECISIÓN

         En virtud de las consideraciones expuestas, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara:

1.- COMPETENTE para conocer el recurso contencioso electoral interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos por la abogada Leida Marcela León Molina, apoderada judicial de la ciudadana MARIBEL DEL VALLE SUAREZ MANCHA, Investigadora en Ciencias Básicas de la Universidad de Los Andes (ULA-MERIDA) y Secretaria General del Sindicato Regional de Profesionales Universitarios, Técnicos Superiores de la Universidad de Los Andes, para los estados Mérida, Táchira y Trujillo (SIPRULA), contra el acto administrativo contenido en la Resolución número 110317-0040 emanada del Consejo Nacional Electoral en fecha 17 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Electoral número 563 del 1° de abril de 2011, que declaró Con Lugar el recurso jerárquico interpuesto por el ciudadano Humberto Alí Pernía, contra la Resolución número 2-2010 dictada por la Comisión Electoral del referido Sindicato, que declaró Sin Lugar la impugnación interpuesta contra la postulación de la mencionada ciudadana recurrente, como candidata al cargo de Secretaria General del Sindicato antes aludido; la inelegiblilidad de dicha ciudadana; vacante el cargo de Secretaria General para el período 2010-2013 y se instó a la Comisión Electoral a realizar una nueva convocatoria a elecciones para el cargo vacante.

2.- ADMITE el presente recurso.

3.- IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada.

Publíquese, regístrese y notifíquese.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dos (02) días del mes de junio del año dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.

Magistrados,

La Presidenta,

 

 

JHANNETT MARÍA MADRÍZ SOTILLO

…/…

…/…

El Vicepresidente,

 

 

MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ

 

 

JUAN JOSÉ NÚÑEZ CALDERÓN

 

 

FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA

Ponente                         

 

 

OSCAR JESÚS LEÓN UZCÁTEGUI

 

La Secretaria,

 

PATRICIA CORNET GARCÍA

 

 

 

 

 

 

Exp. Nº AA70-E-2011-000031

FRVT/

 

En dos (02) de junio del año dos mil once (2011), siendo la una y cincuenta  de la tarde (1:50 p.m.), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el N° 53.

 

                                                                   La Secretaria,