SALA ACCIDENTAL

MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA

Exp. Nº 2004-0318

 

Mediante escrito presentado ante esta Sala el 14 de abril de 2004, el abogado Iván Darío Pérez Rueda, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 11.955, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos BLANCA FLORES DE DOMÍNGUEZ, DAHYANA VILLAVICENCIO, YANETT RAMOS DE ROMÁN, DEYALITZA ARAY, FLOR GARCÍA, JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ, DOMINGO FRANCESCHI, CÉSAR ELÍAS BURGUERA VILLEGAS, ALBERTO HANDS, JOSÉ ROCCA, ARMANDO DÍAZ, DOMINGO VALMORE AZUAJE, CASIANO DÍAZ, GETULIO FONSECA y JOSÉ AVILIO TORRES, titulares de las cédulas de identidad Nros. 2.535.344, 9.831.264, 4.449.266, 6.921.566, 5.706.674, 17.440.052, 1.369.809,  6.500.154,  4.865.937, 3.029.168, 4.501.591, 3.212.418, 1.223.215, 7.029.916 y 3.626.526, respectivamente, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad contra la Resolución de fecha 17 de febrero de 2004, emanada de la Dirección General de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, la cual confirmó la decisión de fecha 24 de septiembre de 2003, que declaró la responsabilidad administrativa e impuso multa a los mencionados ciudadanos en su condición de Legisladores del Consejo Legislativo del Estado Carabobo.

El 27 de abril de 2004, se dio cuenta en Sala y se ordenó oficiar a la Contraloría General de la República, a fin de solicitar la remisión del expediente administrativo correspondiente.

            Por diligencia de fecha 22 de junio de 2004, los ciudadanos Dahyana Villavicencio, Blanca Flores de Domínguez, Alberto Hands, José Rocca, Deyalitza Aray, Armando Díaz, Yanett Ramos de Román, Domingo Franceschi, José Alfredo Martínez, Getulio Fonseca y Flor García, asistidos por la abogada Lourdes Yrureta, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 20.860, manifestaron su voluntad de desistir del procedimiento.

            Igualmente, en fecha 14 de julio de 2004, el abogado Antonio José Marval Jiménez, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 30.646, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano César Elías Burguera Villegas, desistió del procedimiento.

            El 05 de agosto de 2004, el abogado Ivan Darío Pérez Rueda, antes identificado, expuso que “en lo que respecta a los recurrentes Domingo Valmore Azuaje, Casiano Díaz  y José Avilio Torres (…) solicito en su nombre que la causa continúe su curso por cuanto los mismos no han desistido ni de la acción ni del procedimiento”. (Sic)

            En fecha 19 de octubre de 2004, esta Sala ordenó formar pieza separada con el expediente administrativo remitido por la Contraloría General de la República.

En fecha 26 de octubre de 2004 se pasó el expediente al Juzgado de Sustanciación.

El Juzgado de Sustanciación por auto de fecha 17 de noviembre de 2004, admitió cuanto ha lugar en derecho el presente recurso y ordenó citar al Fiscal General de la República, Contralor General de la República y Procuradora General de la República. Así como librar el cartel a que se refiere el aparte undécimo del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

Practicadas las notificaciones respectivas, en fecha 15 de marzo de 2005, el Juzgado de Sustanciación libró el cartel de emplazamiento a los terceros interesados.

Mediante diligencia del 31 de marzo de 2005, el ciudadano Domingo Valmore Azuaje, asistido de abogada, retiró el aludido cartel para proceder a su publicación.

            En fecha 25 de mayo de 2005, la abogada Sol Marisela Martínez Dorta, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 54.930, consignó poder otorgado por los ciudadanos Domingo Valmore Azuaje, José Avilio Torres y Casiano Díaz.

            El 28 de septiembre de 2005, la abogada Sol Marisela Martínez Dorta, actuando en representación de los ciudadanos antes mencionados, consignó ejemplares del cartel publicado en los diarios “El Universal” y “El Nacional” de la misma fecha.

            El 18 de enero de 2006, la representación de los ciudadanos Domingo Valmore Azuaje, José Avilio Torres y Casiano Díaz solicitó, una vez transcurrido el lapso de comparecencia de los terceros interesados, se fijara la oportunidad para el acto de informes orales.

            En la misma fecha, el Juzgado de Sustanciación ordenó pasar el expediente a esta Sala encontrándose concluida la sustanciación de la causa.

 El 02 de febrero de 2005, se dejó constancia que el 17 de enero de 2005, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa los Magistrados Evelyn Marrero Ortíz  y Emiro García Rosas, designados por la Asamblea Nacional en fecha 13 de diciembre de 2004, quedando integrada esta Sala por cinco Magistrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: Presidente, Magistrado Levis Ignacio Zerpa; Vicepresidente, Magistrado Hadel Mostafá Paolini y Magistrados Yolanda Jaimes Guerrero, Evelyn Marrero Ortíz y Emiro García Rosas.

En la misma fecha se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Emiro García Rosas, fijándose el tercer (3er) día de despacho para comenzar la relación.

            El 09 de febrero de 2006, comenzó la relación y se fijó la oportunidad para que tuviese lugar el acto de informes.

El 08 de marzo de 2006, se difirió el acto de informes para el día 11 de mayo de 2006.

En fecha 11 de mayo de 2006, el Magistrado Hadel Mostafá Paolini manifestó su voluntad de inhibirse en el conocimiento del presente caso, de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.

En la misma fecha se suspendió el acto de informes, en virtud de la inhibición presentada por el Magistrado Hadel Mostafá Paolini.

Por auto del 06 de junio de 2006, se declaró procedente la inhibición formulada, razón por la cual se ordenó la convocatoria del respectivo suplente o conjuez, de conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

Mediante oficio N° 3.172 de la misma fecha se convocó a la abogada María Luisa Acuña López en su carácter de Primera Conjueza, a fin de constituir la Sala Accidental.

En fecha 27 de junio de 2006, la abogada María Luisa Acuña López manifestó su aceptación a la convocatoria efectuada.

En fechas 26 de septiembre de 2006 y 16 de noviembre del mismo año, la apoderada judicial de los accionantes solicitó la constitución de la Sala Accidental.

El 29 de noviembre de 2006, se dejó constancia de la constitución de la Sala Político-Administrativa Accidental, quedando integrada de la siguiente forma: Presidenta: Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta: Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; Magistrados: Levis Ignacio Zerpa, Emiro García Rosas; Conjueza: María Luisa Acuña López. Asimismo, en esa oportunidad se designó ponente a la Conjueza María Luisa Acuña López.

Luego de sucesivos diferimientos, el 03 de mayo de 2007, tuvo lugar el acto de informes, dejándose constancia de la comparecencia de la representación judicial de los accionantes y de la Contraloría General de la República, los cuales consignaron posteriormente sus respectivos escritos.

El 20 de junio de 2007, terminó la relación y se dijo “Vistos”.

            El 05 de agosto de 2008, se reasignó la ponencia al Magistrado Levis Ignacio Zerpa, en virtud de lo acordado en sesión de 22 de julio del mismo año.

I

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD

La representación judicial de los accionantes señaló en el escrito recursivo lo siguiente:

Que la Contraloría General de la República inició averiguación administrativa, según auto de apertura de fecha 18 de diciembre de 2001, contenido en el expediente N° 08-01-07-01-177, con ocasión del resultado de la actuación fiscal practicada por la Dirección General de Averiguaciones Administrativas en el Consejo Legislativo del Estado Carabobo, durante el lapso comprendido entre el 1° de agosto de 2000 al 31 de mayo de 2001.

Que le fueron imputadas a los accionantes irregularidades administrativas, constituidas por:

a)                  la aprobación de pagos presuntamente indebidos e ilegales a través de las Actas de Sesiones Extraordinarias de fechas 15 de septiembre de 2000 y 02 de mayo de 2001 y Memorandas del 12, 19 de septiembre y 04 de diciembre de 2000, mediante las cuales se acordaron aumento de dieta y bono de funcionamiento, retroactivo por dichos conceptos, bono vacacional fraccionado, bonificación de fin de año, adelanto de dieta y bono de alimentación, durante el período comprendido entre los meses de agosto de 2000 a mayo de 2001.

Que el órgano contralor consideró a tales hechos constitutivos del supuesto generador de responsabilidad administrativa contenido en el artículo 38 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público publicada el 23 de diciembre de 1982, vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos, y que la referida conducta continuaba siendo un supuesto generador de responsabilidad, a tenor de lo previsto en el numeral 15 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.347 del 17 de diciembre de 2001.

b)                 Que ordenaron pagos por los conceptos de aumentos de dieta y bono de funcionamiento, así como retroactivo de dichos conceptos, bono vacacional fraccionado “…y adelanto por este concepto, bonificación de fin de año, bonificación especial de fin de año, adelanto de dieta, bono de alimentación y bono único decretado por el Ejecutivo del Estado Carabobo por un monto total de Bs. 542.501.983,90, durante el período comprendido entre los meses de agosto de 2000 a mayo de 2001…”.

Que a decir del órgano contralor, tales pagos no estaban permitidos conforme a la Resolución N° 0012-00 del 28 de julio de 2000, dictada por la Comisión Legislativa Nacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.010 del 09 de agosto de 2000, pues sólo se aceptaría como remuneración para los legisladores y legisladoras integrantes de los Poderes Legislativos Nacional y Estadal, y único pago de los servicios prestados a la Nación, el que hubiere correspondido a la dieta mensual percibida, sin que ella generase o diere lugar a prestaciones sociales u otros beneficios distintos al señalado.

Que estos hechos constituyeron el supuesto generador de responsabilidad contenido en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público de 1982, y el numeral 14 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal del 17 de diciembre de 2001.

Que la averiguación in commento concluyó con la decisión dictada el 24 de septiembre de 2003, por la Directora de Averiguaciones Administrativas (E) de la Dirección General de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República, actuando por delegación del Contralor General de la República, quien confirmó en todas y cada una de sus partes los cargos formulados a los recurrentes, declarando la responsabilidad administrativa e imponiéndoles multa por la suma de un millón quinientos sesenta y seis bolívares (Bs. 1.566.000,oo), hoy equivalente a mil quinientos sesenta y seis bolívares (Bs. 1.566,oo), con excepción del ciudadano José Alfredo Martínez Ulloa, quien además de legislador se desempeñó como Presidente del Consejo Legislativo durante el lapso comprendido entre el 1° de agosto de 2000 y 31 de mayo de 2001.

Que en fecha 27 de enero de 2003, los accionantes interpusieron recurso de reconsideración contra la referida decisión, solicitando su nulidad de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Que en fecha 17 de febrero de 2004, la Contraloría General de la República declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto y confirmó la decisión del 24 de septiembre de 2003.

En cuanto a los vicios denunciados, señaló los siguientes:

1.    Violación del derecho a la defensa, al debido proceso y prescindencia del procedimiento legalmente establecido.

Al respecto adujo que el órgano contralor que dictó el acto “confesó” haber aplicado dos procedimientos distintos, en la iniciación del iter procedimental; el procedimiento llevado ante la Dirección de Estados y Municipios establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995 y en la parte final del referido trámite, el previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal a partir de sus artículos 104 y siguientes.

Señaló entonces, que el órgano contralor no cumplió con el procedimiento legalmente establecido, ya  que por mandato de lo dispuesto en los artículos 117 y 126 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal, el procedimiento aplicable para los procesos en curso era el previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995, que no tipificaba como supuesto de responsabilidad las conductas imputadas.

Que se violaron tales derechos cuando se colocó a los accionantes en un estado de inseguridad jurídica e indefensión, al prolongar injustificadamente por un año, nueve meses y seis días el procedimiento administrativo, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que establece que el acto decisorio no debe extenderse por más de seis (6) meses y, excepcionalmente, contiene una prórroga de seis (6) meses, previa declaratoria de la Administración cuando existiesen causas graves que lo motivaran.

Que al haber transcurrido dicho lapso se produjo morosidad administrativa, con lo cual el acto de iniciación del procedimiento decayó e hizo inexistente todos los demás actos, violándose el artículo 30 de la Ley de la Contraloría General de la República.

2.      Violación al principio de irretroactividad de la ley.

Que los hechos ocurrieron desde agosto de 2000 hasta mayo de 2001, y el procedimiento de averiguación administrativa se inició por auto de apertura de fecha 18 de diciembre de 2001, esto es, bajo la vigencia de la derogada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que no tipificaba tales conductas como delito.

Alegó que la decisión que declaró la responsabilidad de los recurrentes ratificada por la resolución impugnada es de fecha 24 de septiembre de 2003, “es decir, dictada bajo la vigencia de la novísima Ley contra la Corrupción, que TAMPOCO los prevé como supuestos de responsabilidad, no pudiéndoseles aplicar la derogada Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, por cuanto la propia Constitución (artículo 24) expresamente establece que sólo se podrá aplicar, cuando imponga menor pena, y éste no es el caso”.

Así pues, concluyó que se violó el principio de irretroactividad de la ley previsto en el artículo 24 del Texto Constitucional, al subsumir las conductas en los supuestos de hecho de normas no aplicables a los hechos acontecidos bajo la vigencia de una ley anterior que no tipificaba las mismas como supuesto generador de responsabilidad administrativa (Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995), “…y siendo el caso que la también aplicada Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público estaba derogada para la fecha en que fue declarada la responsabilidad administrativa (24-09-03) y la ley que la sustituyó (Ley contra la Corrupción) no consagra tales conductas como supuesto de responsabilidad administrativa, mal podría el órgano de control (…) aplicar convenientemente y de manera retroactiva una ley (Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal) y dejar de aplicar una vigente (Ley contra la Corrupción) que no tipifica la conducta imputada…”.

3.      Falso supuesto de derecho.

Que el acto impugnado incurrió en un falso supuesto de derecho, en lo referente a la estimación de las remuneraciones percibidas por los legisladores del Consejo Legislativo del Estado Carabobo, al aplicar el Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente mediante el cual se dicta el Régimen Transitorio de las Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y los Municipios, así como el Decreto sobre el Régimen para la Integración de las Comisiones Legislativas de los Estados.

Que estos instrumentos son normas transitorias creadas para órganos distintos a los Consejos Legislativos. En efecto, ninguna norma del Régimen Transitorio de las Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y los Municipios señala que sea aplicable a los Diputados de la Asamblea Nacional y a los legisladores de los Consejos Legislativos, sólo prevé a los integrantes de las Comisiones Legislativas “y la propia redacción no permite deducir que en la denominación integrantes de las Comisiones Legislativas se encuentren incluidos los Legisladores de los Consejos Legislativos”, esto en su criterio se reafirma cuando en el artículo 4 del citado Decreto el constituyentista sí incluyó expresamente a los legisladores sólo en materia de jubilaciones y pensiones.

Que el Decreto sobre el Régimen para la Integración de las Comisiones Legislativas de los Estados no tiene vigencia ni puede aplicarse, ya que se dictó para regular una situación y circunstancia transitoria de carácter especial, la cual dejó de existir al momento de producirse las elecciones y toma de posesión de los legisladores de los Consejos Legislativos.

Además, adujo que el artículo 4 del Decreto sobre el Régimen Transitorio de las Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y los Municipios remite al Decreto sobre el Régimen para la Integración de las Comisiones Legislativas de los Estados, cuyo artículo 9 señala que el sueldo básico mensual de los integrantes de las Comisiones Legislativas de los Estados será de setecientos cincuenta mil bolívares (Bs. 750.000,oo), hoy equivalente a la suma de setecientos cincuenta bolívares (Bs. 750,oo), por lo que se limita a establecer un monto mínimo mas no un tope para la remuneraciones y no señala que el mismo sea aplicable a los integrantes de los Consejos Legislativos; por lo que concluyó que “no existe una norma del Régimen de Transición del Poder Público que establezca la remuneración de los Legisladores de los Consejos Legislativos y la naturaleza de la misma (sueldo, dietas, bonos, etc.). En consecuencia, en esta materia específica de remuneración de los Diputados y Legisladores (nacionales y estadales) no tiene vigencia el artículo 3 del citado Decreto”.

Que como consecuencia de la inexistencia de normas reguladoras en materia de remuneraciones para los Diputados y Legisladores, y teniendo por mandato constitucional autonomía funcional y administrativa, el Poder Legislativo tanto nacional como estadal se vio en la necesidad legal de dictar sus normas de funcionamiento, organización y emolumentos en sus respectivas disposiciones internas, hasta tanto se legislara en las materias de organización y funcionamiento de los Consejos Legislativos y de Emolumentos de los Altos Funcionarios de la Nación, los Estados y Municipios.

Que en caso de acogerse al criterio sostenido por la Contraloría General de la República en el acto impugnado, serían nulas todas las actuaciones de los Consejos Legislativos por la ausencia de normas jurídicas hasta el 13 de septiembre de 2001, fecha de entrada en vigencia de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados.

Que los emolumentos que percibieron los Legisladores de los Consejos Legislativos nunca podrían ser considerados como “Dietas” por cuanto de la normativa se evidencia que constituyen “Remuneraciones,  lo cual implica el goce de todos los beneficios laborales contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo “pudiendo extraer como ejemplo de la praxis consuetudinaria, el anticipo de prestaciones, la cancelación del beneficio de antigüedad, el anticipo de remuneración mensual, los permiso justificados legalmente remunerados, etc..

En consecuencia, sostuvo que resulta legalmente aplicable la normativa de la Ley del Trabajo a los legisladores del Consejo Legislativo del Estado Carabobo, en cuanto a las solicitudes de adelantos de sueldos y anticipos de prestaciones, así como las bonificaciones percibidas. Por tanto, los pagos aprobados, efectuados y percibidos durante el lapso comprendido entre el 1° de agosto de 2000 al 31 de mayo de 2001, son legales y ajustados a derecho.

Que  “en el supuesto negado en que se les pudiese haber aplicado las normas derogadas que establecen esos pagos como supuesto generador de responsabilidad administrativa, que no se puede por estricto apego mandato del artículo 24 Constitucional, su conducta en ningún caso constituyó pago ilegal, por lo que tampoco se les podía declarar responsables administrativamente”.

Finalmente, solicitó que el presente recurso de nulidad sea declarado con lugar.

II

DEL INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Los representantes de la Contraloría General de la República, en la oportunidad de presentar su escrito de informes, luego de narrar los hechos del caso, fundamentaron la improcedencia de la denuncia formulada en los siguientes términos:

En lo referente a la denuncia de violación del derecho constitucional a la defensa, al debido proceso y a la prescindencia del procedimiento legalmente establecido, sostuvieron que “contrario a lo sostenido por el apoderado judicial de los recurrentes, el Organismo Contralor cumplió a cabalidad el procedimiento de averiguaciones administrativas previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995, el cual se aplicó por mandato expreso del artículo 117 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual prevé una excepción al principio de aplicación inmediata de las normas adjetivas o de procedimientos, al permitir la aplicación ultractiva del procedimiento establecido en la Ley anterior para aquellos casos iniciados bajo su vigencia como es el caso que nos ocupa”.

Que ciertamente la sustanciación de la averiguación administrativa se excedió del lapso inicial de seis (6) meses más los seis (6) meses de prórroga contemplados en las normas reglamentarias, no obstante dicha inobservancia no conduce a la ocurrencia de un vicio que afecte el acto impugnado y pueda generar su nulidad.

Que los procedimientos de averiguación administrativa y actualmente de determinación de responsabilidades, una vez iniciados deben necesariamente concluir con su respectiva decisión, por lo que se reputan como válidos, aun en aquellos casos en los que la sustanciación de los mismos haya excedido el lapso legalmente previsto, siempre que en su tramitación se hubieran cumplido con todas las fases procedimentales y garantizado a los interesados el pleno ejercicio de sus derechos constitucionales.

Respecto a la violación del principio de irretroactividad, indicaron que la derogada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995 tipificaba ilícitos administrativos a través de los diecisiete supuestos contenidos en el artículo 113 eiusdem, el cual también remitía a otras conductas establecidas en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público “a pesar de no ser la Ley Especial en la materia”.

Que no obstante haber sido derogada la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, los ilícitos allí contenidos fueron recogidos en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (numerales 14 y 15), “razón por la cual los hechos presuntamente irregulares previstos en la misma, mantienen su vigencia (…) lo cual indiscutiblemente patentiza la posibilidad cierta de establecer respecto a dichas conductas, y en atención al carácter cronológico, una sucesión normativa respecto a la ilegalidad de dichos actores, desde su tipificación inicial en la derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, hasta su vigencia en Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal”.

En lo atinente al presunto vicio de falso supuesto de derecho, sostuvieron  que tanto en la parte motiva de la decisión de declaratoria de responsabilidad, como en la resolución confirmatoria, el órgano contralor afirmó que el constituyente previó la implantación efectiva y la organización y funcionamiento de Poder Legislativo Estadal de forma paulatina, pues en el artículo 3° del Régimen de Transición del Poder Público se expresa que se mantendría vigente hasta su efectivo funcionamiento. De allí que a los miembros de los Consejos Legislativos Estadales, que tomaron posesión de sus cargos en fecha 08 de agosto de 2000, les eran aplicables para la estimación de las remuneraciones percibidas las disposiciones contenidas en el Régimen de Transición aludido.

En cuanto al alegato conforme al cual los emolumentos que percibieron los legisladores nunca podrían ser considerados dietas, adujeron que tal planteamiento resulta errado, ya que el artículo 1° de la Resolución N° 0012-00 del 28 de julio de 2000, limitaba clara y expresamente desde el punto de vista cualitativo, que las erogaciones a devengar por los legisladores, durante el período de transición, se concretan a dietas mensuales.

Que durante ese período aquellos legisladores sólo tenían derecho a percibir dietas. De modo pues que cualquier concepto por el cual recibieran otro tipo de remuneración, sería manifiestamente contrario a dicha norma de rango legal.

En consecuencia, solicitaron la declaratoria sin lugar del presente recurso.

III

DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La abogada Eira María Torres Castro, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 39.288, en la oportunidad de emitir opinión, indicó lo siguiente:

            Que el acto administrativo recurrido que estableció la responsabilidad administrativa de los legisladores del Estado Carabobo, tuvo como fundamento legal tanto la Resolución N° 0012-00 dictada por la Comisión Legislativa Nacional de fecha 28 de julio de 2000, el Régimen Transitorio de las Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y los Municipios, así como el Decreto sobre el Régimen para la Integración de las Comisiones Legislativas de los Estados.

            Luego de citar parcialmente la sentencia de la Sala Constitucional que interpretó artículos de los referidos decretos y su posterior aclaratoria, concluyó que tales fallos dilucidan la constitucionalidad, vigencia e interpretación de la norma contenida en el artículo 5 del Régimen Transitorio de las Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y los Municipios, determinándose que durante el período comprendido entre el 08 de agosto de 2000 hasta el 13 de septiembre de 2001, los legisladores estadales no podían percibir por concepto de emolumentos (aumento de dietas, bono de funcionamiento, retroactivo, bonificación especial de fin de año, dieta, bono de alimentación, entre otros) una suma superior a la cantidad de setecientos cincuenta mil bolívares (Bs. 750.000,oo) por causa de la función pública desempeñada.

            Finalmente expresó que “todos los razonamientos expuestos, conducen a esta representación fiscal a considerar que la solicitud de nulidad de Resolución de fecha 17 de febrero de 2004, por aplicación de irretroactividad de la ley, como violación al debido proceso, así como la denuncia de falso supuesto de derecho, decaen al quedar demostrado que no hubo violación constitucional y legal alguna”.

IV

PUNTO PREVIO

Antes de emitir un pronunciamiento de fondo en el presente asunto, corresponde a esta Sala decidir acerca del desistimiento del procedimiento formulado por los ciudadanos Dahyana Villavicencio, Blanca Flores de Domínguez, Alberto Hands, José Rocca, Deyalitza Aray, Armando Díaz, Yanett Ramos de Román, Domingo Franceschi, José Alfredo Martínez, Getulio Fonseca y Flor García,  asistidos por la abogada Lourdes Yrureta, todos antes identificados. Así como, del desistimiento presentado por el abogado Antonio José Marval Jiménez, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano César Elías Burguera Villegas.

 Al respecto, se observa que mediante diligencia de fecha 22 de junio de 2004, la apoderada judicial de los accionantes señaló lo siguiente:

(…) Dahyana Villavicencio, Blanca de Domínguez, Alberto Hands, José Rocca, Deyalina Aray, Armando Díaz, Yanett Ramos de Román, Domingo Franceschi, José A Martínez, Getulio Fonseca y Flor García (…) comparecemos ante esta Sala hoy 22 de junio de 2004 y exponemos: Previa conversación y autorización con y de nuestro apoderado Dr. Iván Pérez; habiéndole garantizado a la abogada que nos asiste, que pagaremos los honorarios que pudiéramos adeudar al nombrado apoderado procedemos a desistir de este procedimiento. Actuamos asistidos por la abogada Lourdes Yrureta (…)”. (Sic)

En fecha 14 de julio de 2004, compareció el abogado Antonio José Marval en su carácter de apoderado judicial del ciudadano César Elías Burguera Villegas y expuso:

 (…) En nombre de mi representado César Elías Burguera Villegas (…) desisto del procedimiento, de conformidad con las facultades establecidas en el Poder antes identificado, habiéndose comprometido mi mandante con el abogado Iván Pérez igualmente apoderado judicial de mi representado, a cancelar los honorarios profesionales que se le adeuden (…)”.

Sobre este particular, disponen los artículos 264, 265 y 266 del Código de Procedimiento Civil, en relación a la mencionada figura de autocomposición procesal, lo siguiente:

“Artículo 264. Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones

 Artículo 265. El demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento; pero si el desistimiento se efectuare después del acto de la contestación de la demanda, no tendrá validez sin el consentimiento de la parte contraria. 

 Artículo 266. El desistimiento del procedimiento solamente extingue la instancia, pero el demandante no podrá volver a proponer la demanda antes que transcurran noventa días.”.

Como puede observarse, los precitados artículos exigen para la homologación del desistimiento, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1)  Que quien desista tenga capacidad para ello.

2) Que el desistimiento trate sobre materias en las que no estén prohibidas las transacciones, es decir, que se refieran a materias disponibles por las partes.

Ahora bien, en lo atinente a la primera solicitud de homologación de desistimiento planteada, la Sala constata que fueron los propios recurrentes, asistidos de abogado, quienes manifestaron expresamente su voluntad pura y simple de desistir del procedimiento.

En cuanto a la segunda solicitud, se evidencia que cursa en el expediente (folio 32) poder otorgado por el ciudadano César Elías Burguera Villegas al abogado Antonio José Marval en fecha 08 de julio de 2004, autenticado ante la Notaría Pública Quinta de Valencia, Estado Carabobo, anotado bajo el Nº 23, Tomo 136 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, en el cual otorgó al mencionado abogado facultad expresa para desistir.

Ello así, visto que los referidos desistimientos cumplen con los extremos de ley a los fines de su aprobación, en el sentido de que el primero de ellos fue presentado personalmente por los solicitantes y en el segundo, el abogado se encontraba facultado para desistir. Asimismo, que tales desistimientos no son contrarios al orden público, ni se encuentran expresamente prohibidos por la Ley, es por lo que debe esta Sala declarar homologados los desistimientos del procedimiento antes formulados, de conformidad con el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Así se declara.

Por otra parte, en lo que respecta a los ciudadanos Domingo Valmore Azuaje, Casiano Díaz y José Avilio Torres, se precisa que los mismos no han desistido de la acción, ni del procedimiento, como se desprende de diligencia consignada en fecha 05 de agosto de 2004 (folio 34), en consecuencia continúan siendo partes en el presente proceso, por lo que pasa esta Sala a pronunciarse sobre el recurso interpuesto por los mencionados accionantes. Así se decide.

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Pasa esta Sala a pronunciarse acerca del recurso contencioso administrativo de nulidad presentado por el abogado Iván Darío Pérez Rueda actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Domingo Valmore Azuaje, Casiano Díaz y José Avilio Torres contra la Resolución de fecha 17 de febrero de 2004, emanada de la Dirección General de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República, la cual confirmó la decisión de fecha 24 de septiembre de 2004, que declaró la responsabilidad administrativa e impuso multa a los mencionados ciudadanos por la suma de un millón quinientos sesenta y seis bolívares (Bs. 1.566.000,oo), hoy expresados en mil quinientos sesenta y seis bolívares (Bs. 1.566,oo), en su condición de Legisladores del Consejo Legislativo del Estado Carabobo.

Expuesto lo anterior, se observa:

1.     Denunció el apoderado judicial que la decisión impugnada se dictó con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, vulnerando sus derechos a la defensa y al debido proceso, afectando de nulidad absoluta el acto administrativo, de conformidad con los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Es importante destacar que ha sido criterio reiterado de esta Sala el señalamiento relativo a que el derecho a la defensa se concreta a través de distintas manifestaciones, entre ellas, el derecho a ser oído, puesto que no podría hablarse de defensa alguna, si el administrado no cuenta con esta posibilidad; el derecho a ser notificado de la apertura de un procedimiento administrativo, a los efectos de que le sea posible al afectado presentar alegatos en su defensa, más aún si se trata de un procedimiento que ha sido iniciado de oficio; el derecho a tener acceso al expediente, justamente con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento las actas que lo componen, de tal manera que con ello pueda obtener un real seguimiento de lo que acontece en el expediente administrativo; el derecho que tiene el administrado de presentar pruebas que permitan desvirtuar los alegatos ofrecidos en su contra por la Administración; el derecho que tiene toda persona a ser informado de los recursos y medios de defensa y finalmente, el derecho a recibir oportuna respuesta a sus solicitudes. Encontrándose dichos postulados contenidos en el artículo 49 de la Constitución de la República, siendo aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

Adujo el representante judicial de los accionantes que el órgano contralor no cumplió con el procedimiento legalmente establecido, ya que por mandato de lo dispuesto en los artículos 117 y 126 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal, el trámite aplicable para los procesos en curso era el previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995, el cual no tipificaba como supuesto de responsabilidad las conductas imputadas.

Asimismo, que el órgano contralor aplicó dos procedimientos distintos, en la iniciación del iter procedimental, el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995, y en la parte final el previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal del año 2001.

En este orden de ideas, cabe destacar que el artículo 117 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (G.O N° 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001), establece lo siguiente:

“Los procedimientos administrativos para la determinación de la responsabilidad administrativa, la imposición de multas o formulación de reparos, que se encuentren en curso para el momento de la entrada en vigencia de esta Ley, se seguirán tramitando conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.017 Extraordinario del trece (13) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995)”.      

Ahora bien, el artículo 126 eiusdem fijó la fecha de entrada en vigencia de la Ley, señalando que:

“Artículo 126. Esta Ley entrará en vigencia el día primero (1°) de enero de dos mil dos (2002)”.

Entonces, siendo que en fecha 18 de diciembre de 2001, la Dirección General de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República acordó la apertura de la averiguación administrativa, esto es, antes de la fecha de entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el procedimiento debió llevarse a cabo conforme a la normativa de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995.

En efecto, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995, dispuso que la averiguación administrativa se inicia con un auto debidamente motivado y se procede a la sustanciación de la investigación dentro del plazo de seis (6) meses, todo ello contenido en un expediente, en el cual se agruparían los documentos declaraciones, experticias, informes y demás elementos de juicio que se estimaran necesarios.

 Que en el supuesto de que surgieren indicios de responsabilidad contra alguna persona, la Contraloría procedería a citarla y le ordenaría comparecer dentro de los diez (10) días continuos siguientes a la citación, en cuya oportunidad le tomaría declaración sin juramento.

Que dentro de los seis (6) meses siguientes al acto de comparecencia, valoraría la declaración del indiciado y de considerarlo procedente formularía cargos al término de dicho plazo, en cuyo caso el indiciado podrá contestarlos mediante escrito razonado dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha de formulación de los mismos. Transcurrido dicho lapso, el procedimiento finaliza con una decisión que podría ser de absolución, de sobreseimiento o de responsabilidad administrativa.

Así pues, es menester precisar las actuaciones contenidas en el expediente administrativo, a fin de verificar el cumplimiento de las distintas etapas del procedimiento:

En fecha 15 de octubre de 2001, la Dirección General de Control de Estados y Municipios de la Contraloría General de la República presentó Informe Definitivo N° 07-01-118, mediante el cual consignó los resultados de las actuación fiscal practicada en el Consejo Legislativo del Estado Carabobo, en el período comprendido entre el 1° de agosto del año 2000 hasta el 30 de mayo de 2001.

Posteriormente, el 18 de diciembre de 2001, la Dirección General de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República acordó la apertura de la averiguación administrativa con motivo de hechos presuntamente irregulares, subsumibles en los supuestos contenidos en los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, conforme a lo establecido en los artículos 112 y 115 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995.

En fecha 12 de julio de 2002, los recurrentes fueron notificados mediante oficios de  la averiguación que adelantaba el órgano contralor y se les solicitó que comparecieran dentro de los diez (10) continuos siguientes, más dos (2) días como término de distancia, contados a partir de la fecha de recepción de la citación.

En fecha 19 de marzo de 2003, los accionantes comparecieron ante la Dirección Gene ral de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República con el fin de rendir declaración sin juramento. En esa misma oportunidad, el órgano contralor les comunicó mediante oficios que debían comparecer nuevamente el día 28 de marzo de 2003, para ser impuestos de la valoración de los documentos cursantes en el expediente, de conformidad con el artículo 119 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995, aplicable por mandato del artículo 117 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

El 28 de marzo de 2003, se le formularon los respectivos cargos a los accionantes y se les comunicó que disponían de un lapso de cuarenta y cinco (45) días para contestar los cargos, mediante escrito razonado y presentar las pruebas que estimaran prudentes a los fines de su defensa.

En fechas 15 de mayo de 2003 y 10 de junio del mismo año, fueron recibidos por la Contraloría General de la República los escritos de descargos de los accionantes.

Por auto del 16 de junio de 2003, la Contraloría General de la República acordó abrir un lapso de tres (3) meses a fin de dictar la decisión correspondiente, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento de la Contraloría General de la República.

El 24 de septiembre de 2003, el órgano contralor pasó a emitir la decisión, declarando la responsabilidad administrativa e imponiendo sanción de multa a los recurrentes, oportunidad  en la que les comunicó que podían interponer, por un lado, recurso de reconsideración dentro de los quince (15) días hábiles más dos días (2) continuos correspondientes al término de la distancia, o recurso de nulidad ante este Máximo Tribunal dentro de un lapso de seis (6) meses, todos ellos contados a partir del día siguiente de  la notificación de la decisión.

Mediante oficios de fecha 17 de noviembre de 2003, la Contraloría General de la República notificó a los accionantes de la decisión del 24 de septiembre del mismo año, indicando igualmente los recursos y el término para ejercerlos.

El 27 de enero de 2004, los recurrentes ejercieron recurso de reconsideración, el cual fue declarado sin lugar el 17 de febrero del mismo año.

Por oficios del 19 de febrero de 2004, se les notificó de la decisión del recurso de reconsideración y se les comunicó que podían interponer recurso de nulidad ante este Supremo Tribunal en el lapso de seis (6) meses contados a partir de la notificación.

En fecha 14 de abril 2004, los actores interpusieron recurso de nulidad ante esta Sala Político-Administrativa.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las actuaciones contenidas en el expediente, resulta incuestionable que la averiguación y el procedimiento de responsabilidad administrativa fueron llevados a cabo de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995, tal como lo ordena el artículo 117 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, toda vez que como antes se indicó el auto de apertura de la averiguación administrativa se dictó el 18 de diciembre de 2001, esto es, antes de la fecha de entrada en vigencia del último texto legal señalado.

Lo anterior queda evidenciado del dispositivo de la providencia en la cual se declaró la responsabilidad administrativa de los recurrentes, cuando al momento de imponer la sanción se afirmó:

(…) En atención a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos irregulares, aplicable por mandato legal del artículo 117 de la vigente Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como en resguardo al Principio de Irretroactividad de la Ley contenido en el artículo 44 de la Constitución de la República de Venezuela vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos, actualmente artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…)”.

Asimismo, se evidenció que la parte actora tuvo libertad para acceder al expediente administrativo, rindió declaración sobre los hechos, fue notificada de los cargos formulados y presentó escrito de contestación. Además, tuvo conocimiento de la decisión que declaró la responsabilidad administrativa e impuso sanción de multa, ejerciendo en su oportunidad el recurso de reconsideración y posteriormente el recurso contencioso administrativo de nulidad de autos, de manera que no puede afirmarse que la Administración en este caso haya incurrido, en principio, en la violación del derecho a la defensa y al debido proceso.

Adicionalmente, los recurrentes señalaron que el órgano contralor colocó a los accionantes en un estado de inseguridad jurídica e indefensión al prolongar injustificadamente por un año, nueve meses y seis días el procedimiento administrativo, en violación a lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que establece que el acto decisorio tendrá una duración de seis (6) meses y excepcionalmente será prorrogable por un período máximo de seis (6) meses, en consecuencia sostuvieron que “…al dejar pasar el lapso se produjo morosidad administrativa, el acto de iniciación del procedimiento administrativo (de fecha 18-12-01) decayó y (…) por efecto cascada, hizo inexistente todos los demás actos  incluyendo la decisión de fecha 24-09-01)…”.

En el escrito consignado en la etapa de informes por la representación judicial de la Contraloría General de la República, ésta afirmó que “ciertamente la sustanciación de la averiguación administrativa que nos ocupa se excedió del lapso de seis (6) meses para sustanciar más los seis (6) meses de prórroga señalada en las referidas disposiciones reglamentarias”.

Pese al reconocido retardo en el que incurrió la Administración especialmente en la fase de sustanciación, es imperativo reiterar que cada una de las etapas procedimentales contempladas en la derogada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y su Reglamento fueron llevadas a cabo, por lo que el procedimiento de averiguación administrativa concluyó efectivamente con una decisión, que fue posteriormente recurrida por los accionantes, garantizándoles la plena defensa de sus derechos e intereses.

Si bien el procedimiento se continuó vencido el lapso de seis (6) meses y el término de la prórroga previstos en las normas reglamentarias, ello no era óbice para que la Administración en ejercicio de su potestad sancionatoria decidiera la averiguación e impusiera las sanciones a que hubiera lugar. En efecto, esta Sala ha precisado que nuestra legislación no contempla la nulidad de los actos emanados de la Administración cuando la decisión de los procedimientos se dicte de forma extemporánea, tal como ocurrió en el caso de autos.

Así pues, en sentencia N° 486 del 23 de febrero de 2006, esta Sala expresó que:

“Sin perjuicio de lo expuesto, y como quiera que la parte recurrente sostiene, en definitiva, que en el presente caso se produjo el decaimiento de la potestad sancionatoria de CONATEL por haber emitido su decisión transcurridos los quince (15) días que prevé el artículo 185 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, resulta pertinente señalar que uno de los derechos de los particulares respecto de los procedimientos administrativos en los que son parte o interesados legítimos, es, ciertamente, el derecho a que la Administración respete los lapsos y decida en los términos legales, y es por ello que se previó en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que “Los términos o plazos establecidos en esta y en otras leyes relativas a la materia objeto de la presente, obligan por igual, y sin necesidad de apremio, tanto a las autoridades y funcionarios competentes para el despacho de los asuntos, como a los particulares interesados en los mismos.”

     Sin embargo, es necesario destacar que:

a. La previsión de lapsos para que la Administración decida los asuntos que son sometidos a su consideración o los procedimientos que la misma decide iniciar, se traduce en una exigencia que obedece a la necesidad de ordenar la actividad que aquélla desarrolla y de garantizar la celeridad en sus actuaciones y, por ende, su eficacia; mas, debe precisarse, no está prevista en nuestra legislación una causal de nulidad de los actos de la Administración referida, per se, a la decisión extemporánea de los procedimientos.

b. El transcurso del lapso de quince (15) días con el que cuenta la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para decidir, de conformidad con el precitado artículo 185, sin que se produzca la emisión del acto de que se trate, no da lugar al ‘decaimiento’ de su potestad sancionadora, entendida como la imposibilidad absoluta de pronunciarse sobre el asunto e imponer, de estimarlo procedente, alguna sanción soportable por el particular o administrado; pues la propia ley previó el supuesto en el que se verificaría la extinción de la responsabilidad por infracción a las disposiciones de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y, por ende, de la posibilidad de ejercer el ius puniendi en ella regulado, al disponer en su artículo 163 que “la potestad administrativa para imponer sanciones previstas en esta Ley, prescribe en un término de cinco (5) años, contados desde el día en que la Comisión (…) haya tenido conocimiento de los hechos, por cualquier medio.”

De la transcripción parcial de la sentencia puede desprenderse entonces, que el decaimiento de la potestad sancionatoria no puede producirse por el incumplimiento de ciertos lapsos previstos en el procedimiento. No obstante, dicha situación ocurriría cuando la inactividad de la Administración sea tal que supere el término previsto en la ley para imponer la sanción, lo que efectivamente conlleva en este caso a la extinción de la potestad sancionadora en virtud de la prescripción. Así, según el artículo 102 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, aplicable ratione temporis, el lapso de prescripción de la acción era de cinco (5) años, contados a partir del momento en que el funcionario público había cesado en el ejercicio del cargo.

En consecuencia, no es posible sostener como lo afirman los recurrentes, que operó un decaimiento del procedimiento. Por tanto, visto que se dio cumplimiento a las distintas etapas procedimentales, que los accionantes tuvieron conocimiento de las mismas e impugnaron los actuaciones desfavorables a sus intereses, es forzoso concluir que no se vulneró de forma alguna el derecho a la defensa y al debido proceso. Así se decide.

2.     Respecto al alegato de violación al principio de irretroactividad de la ley,  la Sala observa lo siguiente:

El principio de irretroactividad de la ley es uno de los principios informadores del ordenamiento jurídico (estrechamente vinculado con el de seguridad jurídica y el de legalidad), conforme al cual la ley debe aplicarse hacia el futuro y no hacia el pasado, encontrándose fuera del ámbito temporal de aplicación de una nueva ley, aquellas situaciones que se originaron, consolidaron y causaron efectos jurídicos con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma. 

Este principio, consagrado en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone específicamente lo siguiente:

Artículo 24.- “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o a la rea conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea”.

            También la mencionada regla se encuentra prevista en el artículo 3 de nuestro Código Civil, en el que claramente se establece que “La ley no tiene efecto retroactivo”; previéndose a su vez, en el artículo 2 del Código Penal, la excepción legal a ese principio general, al disponer que “Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo, aunque al publicarse hubiere ya sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena”.

            Así, conforme a la norma citada del Código Penal y al propio texto del artículo 24 Constitucional citado supra, la ley no tendrá efectos retroactivos salvo cuando disponga menor pena; excepción ésta que si bien fue formulada inicialmente para su aplicación en el campo del derecho penal, no está restringida expresamente a ese ámbito en el artículo 24 de la Constitución vigente, y además, encuentra plena  utilidad en la actividad sancionatoria de la Administración, siendo por ende de obligatorio acatamiento en el caso de sanciones aplicadas por ilícitos administrativos.

            En el presente caso, la parte actora alegó la presunta violación del principio de irretroactividad y a tal efecto el apoderado judicial de los recurrentes adujo que “la Contraloría General de la República declaró la responsabilidad Administrativa de [sus] representados con fundamento en los artículos 37 y 38 de la derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público y en los ordinales 14 y 15 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal que entrara en vigencia el 01 de enero de 2002”, sin embargo “todos los hechos imputados a [sus] mandantes, negados y contradichos por éstos en su oportunidad (…) ocurrieron en el año 2000 y 2001, vale decir, antes de la entrada en vigencia de la actual Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal”.

Agregó “que la también aplicada Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público estaba derogada para la fecha en que fue declarada la responsabilidad administrativa (24-09-03) y la ley que la sustituyó (Ley contra la Corrupción) no consagra tales conductas como supuesto de responsabilidad administrativa, mal podría el órgano de control (…) aplicar convenientemente y de manera retroactiva una ley (Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal) y dejar de aplicar una vigente (Ley contra la Corrupción) que no tipifica la conducta imputada”.

Así pues, de las actas que conforman el expediente, se observa que los hechos presuntamente irregulares se produjeron entre el 1° de agosto del año 2000 y el 31 de mayo de 2001, dando lugar a la averiguación administrativa que se inició mediante auto de apertura del 18 de diciembre de 2001.

Por otra parte, tal como se expuso en el apartado anterior, en fecha 17 de diciembre de 2001, se publicó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.347 la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la cual entró en vigencia el 1° de enero de 2002, según lo dispuesto en su artículo 126.

Atendiendo a que los hechos imputados se verificaron antes de la fecha de entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, correspondía entonces, como en efecto se hizo, aplicar las normas previstas en la derogada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995.

Ahora bien, el artículo 112 de esta última ley establecía que:

 “La Contraloría General deberá realizar averiguaciones administrativas cuando surgieren indicios de que funcionarios públicos o particulares, que tengan a su cargo o intervengan en cualquier forma en la administración, manejo o custodia de bienes o fondos públicos de la entidades sujetas a su control, hayan incurrido en los actos,  hechos u omisiones generadores de responsabilidad administrativa a que se refiere esta Ley, y la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. Esta averiguación procederá aún cuando dichas personas hubieren cesado en sus funciones”.

Seguidamente, en el artículo 113 del mencionado texto legal se tipificaron taxativamente 17 supuestos generadores de responsabilidad administrativa, independientemente de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar. No obstante, el legislador contempló la existencia de otros ilícitos haciendo una remisión expresa a la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. Así pues, en el referido artículo 113 dispuso “…además de los previstos en el título IV de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público”.

De la lectura de la Resolución de fecha 24 de septiembre de 2003, emanada de la Dirección  General de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República, se observa que las conductas irregulares fueron encuadradas en los supuestos contemplados en los artículos 37 y 38 de la derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 3.077 del 23 de diciembre de 1.982, que son del tenor siguiente:

Artículo 37: Ningún funcionario será relevado de responsabilidad por haber procedido en cumplimiento de orden de funcionario superior, al pago, uso o disposición indebidos de los fondos u otros bienes de que sea responsable, salvo que compruebe haber advertido por escrito la ilegalidad de la orden recibida. El funcionario que ordene tal pago o empleo ilegal, será responsable administrativamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que pudiere corresponderle por la pérdida o menoscabo que sufran los bienes a su cargo y sin perjuicio de la responsabilidad del superior jerárquico que impartió la orden”.

 “Artículo 38: Los miembros de las Juntas Directivas o de los cuerpos colegiados encargados de la administración del patrimonio de las entidades a las que se refiere el artículo 4, incurren solidariamente en responsabilidad administrativa cuando concurran con sus votos a la aprobación de pagos ilegales, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que de tales acuerdos pudieren derivarse.

Incurren igualmente en responsabilidad los funcionarios que hubieren autorizado tales pagos, salvo que hubieren objetado previamente por escrito la orden respectiva.

Esta disposición será aplicable a los Concejos Municipales”.

Visto esto, se observa que el órgano contralor subsumió los hechos irregulares en ilícitos administrativos previstos en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, ello por cuanto la propia Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995 le permitía verificar otros supuestos generadores de responsabilidad administrativa no contenidos en su articulado.

Por otra parte, los actores sostienen que la Administración aplicó retroactivamente la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, específicamente el artículo 91 en sus ordinales 14 y 15. Al respecto, es menester para esta Sala precisar los términos en los que el órgano contralor hizo mención al referido articulado en la Resolución del 24 de septiembre de 2003:

(…) La presente averiguación administrativa tiene como fundamento las presuntas irregularidades ocurridas en el Consejo Legislativo del Estado Carabobo, en atención a la aprobación de pagos presuntamente indebidos e ilegales a los Legisladores del Consejo Legislativo del referido Estado (…).

Hechos estos que constituyen supuesto generador de responsabilidad administrativa contenido en el artículo 38 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público (Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 3.077 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 1982), vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos, el cual establecía: (…). Esta conducta continúa siendo supuesto generador de responsabilidad administrativa a tenor de lo previsto en el numeral 15 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001), que establece:

“Artículo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras Leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos,  hechos u omisiones que se mencionan a continuación:

(OMISSIS)

15. la aprobación o autorización con sus votos, de pagos ilegales o indebidos, por parte de los miembros de las juntas directivas o de los cuerpos colegiados encargados de la administración del patrimonio de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, incluyendo a los miembros de los cuerpos colegiados que ejercen la función legislativa en los Estados, Distritos, Distritos Metropolitanos y Municipios”. (Sic)

Asimismo, en lo relativo a la irregular ordenación de pagos por los conceptos de aumentos de dieta y bono de funcionamiento, así como retroactivo de dichos conceptos, bono vacacional fraccionado “…y adelanto (…), bonificación de fin de año, bonificación especial de fin de año, adelanto de dieta, bono de alimentación y bono único decretado por el Ejecutivo del Estado Carabobo por un monto total de Bs. 542.501.983,90…”, la Contraloría General de la República advirtió lo siguiente:

(…) Hechos estos que constituyen supuesto generador de responsabilidad administrativa contenido en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio el cual establece: Ningún funcionario será relevado de responsabilidad por  haber procedido en cumplimiento de orden de funcionario superior, al pago uso o disposición indebida de los fondos y otros bienes de que sea responsable, salvo que compruebe haber advertido por escrito la ilegalidad de la orden recibida. El funcionario que orden tal pago o empleo ilegal, será responsable administrativamente…”. Esta conducta continúa siendo supuesto generador de responsabilidad administrativa a tenor de lo previsto en el numeral 14 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (…).

En este sentido, el numeral 14 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, establece:

“Artículo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras Leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos,  hechos u omisiones que se mencionan a continuación:

(OMISSIS)

14. el pago, uso o disposición ilegal de los fondos u otros bienes de que sean responsables el particular o funcionario respectivo, salvo que éstos comprueben hacer procedido en cumplimiento de orden de funcionario competente y haberle advertido por escrito la ilegalidad de la orden recibida, sin perjuicio de la responsabilidad de quien impartió la orden”.

De lo anterior se evidencia que la Contraloría General de la República, luego de describir las irregularidades detectadas durante la actuación fiscal, determinó que las normas vigentes para el momento en que ocurrió el ilícito administrativo eran las contenidas en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, y posteriormente adujo que tales conductas se encuentran hoy previstas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

No puede por tanto afirmarse, como lo sostienen los recurrentes, que la actuación del órgano contralor devino en la aplicación de esta última ley, por cuanto como se desprende de la lectura de la Resolución, dicho órgano sí recurrió a las normas de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público y citó las nuevas disposiciones sólo a los efectos de dejar sentado que los ilícitos administrativos tipificados en la ley derogada habían sido reproducidos en el ordenamiento jurídico actual, específicamente en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Por otra parte, los recurrentes denunciaron que “la también aplicada Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público estaba derogada para la fecha en que fue declarada la responsabilidad administrativa (24-09-03) y la ley que la sustituyó (Ley contra la Corrupción) no consagra tales conductas como supuesto de responsabilidad administrativa, mal podría el órgano de control, como en efecto hizo, aplicar convenientemente y de manera retroactiva una ley (Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal) y dejar de aplicar una vigente (Ley contra la Corrupción) que no tipifica la conducta imputada como supuesto generador de responsabilidad administrativa”.

La Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público de 1982 fue derogada por la Ley contra la Corrupción que se publicó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 5.637 el 07 de abril de 2003, cuya disposición derogatoria única prevé que: “Se deroga la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público publicada en la Gaceta Oficial N° 3.077  Extraordinario, del 23 de diciembre de 1982”.

Ahora es importante acotar, que para el momento de aplicación de la sanción ya estaban vigentes las normas contenidas en la Ley contra la Corrupción la cual no contiene los ilícitos previstos anteriormente en los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. No obstante, esta Sala reitera que esos ilícitos administrativos ya habían sido recogidos en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en su artículo 91, numerales 14 y 15, por tanto carecía de sentido que el legislador los tipificara nuevamente en la Ley contra la Corrupción, además se seguían manteniendo en el ordenamiento jurídico como un supuesto generador de responsabilidad administrativa lo que permitía establecer respecto a dichas conductas las consecuencias previstas en la ley.

Conviene precisar en todo caso que si el órgano contralor hubiese efectivamente aplicado los numerales 14 y 15 del artículo 91 de la  Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, es decir, una norma que no estaba vigente para el momento en que se suscitó el hecho imputado, a criterio de esta Sala tal como se estableció en decisión N° 1.997 de fecha 27 de septiembre de 2001, visto que en dicha norma se reproduce lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, no se estaría en la presencia de un vicio de carácter invalidante, pues no se trata de la aplicación retroactiva de una norma cuyo contenido sea distinto al de la disposición de la ley derogada, ya que en ambos casos se prevé indistintamente la responsabilidad del sujeto que comete el ilícito, manteniéndose en el tiempo como un mismo supuesto generador de responsabilidad administrativa.

En atención a lo expuesto, concluye la Sala que la Contraloría General de la República no contradijo de forma alguna el principio de irretroactividad de la Ley, toda vez que se aplicó la normativa correspondiente para el momento en que se produjo la ocurrencia del hecho. Así se decide.

3.   Denunció la parte actora que el acto impugnado adolece del vicio de falso supuesto de derecho en lo referente a la estimación de las remuneraciones percibidas por los legisladores del Consejo Legislativo del Estado Carabobo, al aplicar el Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente mediante el cual se dicta el Régimen Transitorio de las Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y Municipios, así como el Decreto sobre el Régimen para la Integración de las Comisiones Legislativas de los Estados.

Señaló además que los mencionados instrumentos son normas transitorias creadas para órganos distintos a los Consejos Legislativos, por lo que no le son aplicables, violando la resolución impugnada el principio de legalidad establecido en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dado que ninguna norma del Régimen Transitorio de las Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y los Municipios indica que sea aplicable a los Diputados de la Asamblea Nacional y a los legisladores de los Consejos Legislativos, pues sólo se prevé a los integrantes de las Comisiones Legislativas.

Indicó que el artículo 4 remite al Decreto sobre Régimen para la Integración de las Comisiones Legislativas de los Estados, cuyo artículo 9 señala que el sueldo básico mensual de los integrantes de las Comisiones Legislativas de los Estados será de setecientos cincuenta mil bolívares (Bs. 750.000,oo) hoy equivalente a la suma de setecientos cincuenta bolívares (Bs. 750,oo), se limita a establecer un monto mínimo más no un tope para la remuneraciones.

Que los emolumentos que percibieron los Legisladores de los Consejos Legislativos nunca podrían ser considerados como “Dietas” por cuanto de la normativa  se evidencia que constituyen “Remuneraciones”,  lo cual implica el goce de todos los beneficios laborales y, en consecuencia, les resulta legalmente aplicable la Ley Orgánica del Trabajo.

Al respecto, el falso supuesto se patentiza de dos maneras, a saber: cuando la Administración, al dictar un acto administrativo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el o los asuntos objeto de decisión, incurre en el vicio de falso supuesto de hecho. Ahora, cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado, se está en presencia de un falso supuesto de derecho, lo cual acarrearía la anulabilidad del acto.

Ahora bien, la Sala Constitucional de este Alto Tribunal en sentencia N° 830 de fecha 07 de mayo de 2004, decidió una solicitud de interpretación de las normas contenidas en los artículos 9 del Decreto sobre el Régimen para la integración de las Comisiones Legislativas de los Estados, publicado en Gaceta Oficial N° 36.865 del 07 de enero de 2000, 4 y 5 del Decreto sobre el Régimen Transitorio de las Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y Municipios, publicado en Gaceta Oficial N° 36.880 del 28 de enero de 2000, y también 3 y 12 del Decreto sobre el Régimen de Transición del Poder Público, publicado en Gaceta Oficial N° 36.859 del 29 de diciembre de 1999, dictado por la Asamblea Nacional Constituyente.

En dicha sentencia se analizó el régimen transitorio aplicable en materia de remuneraciones de los integrantes de los órganos legislativos estadales, antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.282, del 13 de septiembre de 2001, indicándose, entre otros aspectos, los siguientes:

(…) cuando el artículo 9 del Decreto sobre el Régimen para la Integración de las Comisiones Legislativas de los Estados estableció que el sueldo básico mensual de los integrantes de las Comisiones Legislativas de los Estados sería de setecientos cincuenta mil bolívares (Bs. 750.000,00), indicó, precisamente, que los miembros de las distintas Comisiones Legislativas de los Estados tendrían derecho a percibir como sueldo mensual común, general, uniforme, durante el período en que realizasen la función legislativa, la indicada cantidad en moneda nacional, sin precisar con claridad, más allá del término “básico”, si se trataba del monto máximo o mínimo de la remuneración que percibirían los integrantes de dichas Comisiones Legislativas.

Ahora bien, cuando el artículo 5 del Decreto sobre el Régimen Transitorio de las Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y los Municipios prohibió modificar las remuneraciones totales indicadas en los artículos 1, 2 y 3 del mismo texto legal (entre la que se encontraba, por remisión expresa del artículo 4 eiusdem, la prevista para los integrantes de las Comisiones Legislativas de los Estados en el artículo 9 del Decreto sobre el Régimen para la Integración de las Comisiones Legislativas de los Estados), en criterio de esta Sala, al emplear el término amplio “remuneración” en vez del término restrictivo “sueldo”, estableció la imposibilidad general de que la suma total de los emolumentos percibidos por los integrantes de las Comisiones Legislativas por concepto de sueldos, bonos, dietas, primas o cualquier otro ingreso con motivo de la función pública desempeñada, fuera superior a la cantidad de setecientos cincuenta mil bolívares (Bs. 750.000,00).  

En tal sentido, se observa que la norma contenida en el artículo 5 del Decreto sobre el Régimen Transitorio de las Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y los Municipios, a diferencia de lo sostenido por los solicitantes de la interpretación constitucional, no contradice el artículo 9 del Decreto sobre el Régimen para la Integración de las Comisiones Legislativas de los Estados, sino que modificó la calificación jurídica que aquél confería al sueldo que devengarían los integrantes de las Comisiones Legislativas de los Estados hasta la instalación de los Consejos Legislativos de los Estados, pues a partir del 28 de enero de 2000, el monto de setecientos cincuenta mil bolívares (Bs. 750.000,00) dejó de ser sólo la cantidad común, general, que debían percibir los integrantes de las mencionadas Comisiones, para pasar a ser el monto máximo que podían éstos percibir luego de sumar las cantidades devengadas por concepto del sueldo, bonos, dietas o primas a causa del ejercicio de la función pública desarrollada en los respectivos órganos legislativos estadales.

Dicho régimen jurídico se mantuvo, según interpretación de esta Sala (ver fallos citados nos. 2399/2003, del 28.08, y 2437/2003, del 29.08), luego de elegidos los legisladores estadales e instalados los Consejos Legislativos de los Estados, hasta la sanción de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, que luego fue modificada, en lo referente a la materia de emolumentos y remuneraciones de los altos funcionarios estadales y municipales, por la vigente Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios de los Estados y Municipios, lo cual quiere decir, que durante el período comprendido entre el 8 de agosto de 2000 (fecha de instalación de los Consejos Legislativos de los Estados) y el 13 de septiembre de 2001 (fecha de entrada en vigencia de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados) los legisladores estadales no podían percibir por concepto de emolumentos, es decir, por la sumatoria total de las prestaciones laborales percibidas en forma permanente y regular bajo la forma de sueldos, bonos, primas o cualquier otro tipo de ingreso o remuneración por causa de la función pública desempeñada, la cantidad de setecientos cincuenta mil bolívares (Bs. 750.000,00), en virtud de la prohibición expresa contenida en el artículo 5 del Decreto sobre el Régimen Transitorio de las Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y los Municipios. Así se declara.

Hecha la declaratoria anterior, debe igualmente la Sala precisar que, según el vigente artículo 2 de Ley Orgánica de Emolumentos para los Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, las bonificaciones de fin de año y el bono vacacional que perciben los legisladores estadales en la actualidad, no forman parte de la remuneración o de los emolumentos que los mismos perciben con motivo de la función parlamentaria que realizan en sus respectivas entidades federales, de allí que, en criterio de esta Sala, durante el período comprendido entre el 8 de agosto de 2000 y el 13 de septiembre de 2001, los legisladores estadales tenían derecho, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90, único aparte, del Texto Constitucional, a recibir el correspondiente bono vacacional, y, según lo dispuesto por el instrumento legal o sub-legal estadal, la respectiva bonificación de fin de año, ya que los mismos, se insiste, no pueden ser sumados o agregados al monto total que los legisladores de las distintas entidades federales percibieron por emolumentos o remuneraciones, en los términos del artículo 5 del Decreto sobre el Régimen Transitorio de las Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y los Municipios.

(Omissis)

Con base en las consideraciones previas, esta Sala Constitucional declara (I) que entre el 8 de agosto de 2000 y el 13 de septiembre de 2001, los legisladores de los Consejos Legislativos de los Estados no podían percibir por concepto de emolumentos o remuneraciones totales (incluidos sueldo, dietas, bonos, primas y demás ingresos recibidos en forma regular y continua) un monto superior a setecientos cincuenta mil bolívares (Bs. 750.000,00), por mandato expreso de los artículos 9 del Decreto sobre el Régimen para la Integración de las Comisiones Legislativas de los Estados y 5 del Decreto sobre el Régimen Transitorio de las Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y los Municipios; y (II) que entre el 8 de agosto de 2000 y el 13 de septiembre de 2001 los legisladores de los Consejos Legislativos de los Estados sí podían percibir prestaciones, distintas a los emolumentos señalados, por concepto de bono vacacional, bonificación de fin de año, prestaciones sociales, pensiones y jubilaciones, por no corresponder tales pagos a las remuneraciones totales a que aluden las mencionadas disposiciones legales, relativas al derecho constitucional al salario digno, sino a otros derechos igualmente protegidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide (…)”. (Sic) (Destacado de esta Sala)              

Posteriormente, en fecha 26 de mayo de 2004, fue presentada solicitud de aclaratoria de la anterior sentencia por la representación judicial de la Contraloría General de la República, la cual fue decidida por el fallo N° 1.211 del 23 de junio de 2004, indicándose lo siguiente:

(…) pasa la Sala a examinar la procedencia de la aclaratoria requerida por las apoderadas judiciales de la Contraloría General de la República, respecto de la cual observa que, ciertamente, podrían generarse dudas en aquellos casos actuales o futuros, sustanciados en sede administrativa o en sede judicial, en los que deba ser interpretado y aplicado el régimen de remuneraciones de los integrantes de los órganos legislativos estadales que estuvo vigente durante el período comprendido entre el 8 de agosto de 2000 y el 13 de septiembre de 2001 debido, en primer lugar, a la referencia que esta Sala hizo al concepto de emolumento contenido en el artículo 2 de la de la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios para determinar el sentido jurídico que debía atribuirse al término “remuneraciones totales” incluido en el artículo 5 del Decreto sobre el Régimen Transitorio de Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y Municipios, en segundo lugar, a la falta de referencia expresa por parte de la Sala a la Resolución n° 0012-00, del 28 de julio de 2000, publicada en la Gaceta Oficial n° 37.010, del 9 de agosto de 2000, emanada de la Comisión Legislativa Nacional, y, en tercer lugar, al supuesto reconocimiento por parte de esta Sala que podría considerarse deriva de su sentencia interpretativa n° 830/2004, en cuanto a los supuestos derechos sociales de que serían titulares los integrantes de los órganos legislativos estadales durante el período comprendido entre el 8 de agosto de 2000 y el 13 de septiembre de 2001, ello en perjuicio de los presupuestos de las entidades federales que serían deudoras de tales prestaciones laborales. Así las cosas, estima esta Sala pertinente aclarar los siguientes aspectos:

a)   La razón por la cual la Sala hizo referencia al término emolumentos que emplea en la actualidad el artículo 2 de la de la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios a fin de denominar las remuneraciones que perciben los legisladores estadales, al momento de precisar en la sentencia cuya aclaratoria se pide el sentido que debía atribuirse al término remuneraciones totales que contempla el artículo 5 del Decreto sobre el Régimen Transitorio de Remuneraciones de los Más Altos Funcionarios de los Estados y Municipios, no fue su desconocimiento de lo dispuesto para la Resolución n° 0012-00, del 28 de julio de 2000, emanada de la Comisión Legislativa Nacional, ni de la plena vigencia que la misma tuvo durante el período comprendido entre el 8 de agosto de 2000 y el 13 de septiembre de 2001, en particular, su artículo primero, donde en forma expresa se señaló que “los legisladores del Poder Nacional y del Poder Estadal sólo percibirían como remuneración y único pago de los servicios prestados a la Nación, el que hubiera correspondido a la dieta mensual, sin que ello generare prestaciones sociales u otros derechos”, sino el limitado propósito de esta Sala Constitucional de establecer con carácter erga omnes que, con independencia de la forma en que se produjera el pago a los integrantes de los órganos legislativos estadales durante el período comprendido entre el 8 de agosto de 2000 y el 13 de septiembre de 2001 por los servicios prestados a la República (fuera a través de salarios, dietas, etc), el monto máximo de dicho pago durante el indicado período no podía ser superior, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto sobre el Régimen Transitorio de Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y Municipios, a la cantidad de setecientos cincuenta mil bolívares (Bs. 750.000,oo), pues así lo estableció la Asamblea Nacional Constituyente en el indicado Decreto, en el marco del proceso de transición de los órganos del Poder Público de un régimen constitucional a otro.

Si conforme al artículo primero de la Resolución n° 0012-00, del 28 de julio de 2000, emanada de la Comisión Legislativa Nacional, vigente para el período comprendido entre el 8 de agosto de 2000 y el 13 de septiembre de 2001 (que debido a su rango en el sistema de fuentes, no podía ser objeto de interpretación autónoma por esta Sala), lo que correspondía en derecho a los miembros de los órganos legislativos estadales por los servicios prestados a la República era el pago de dietas y no de salarios, debido, entre otras razones, a que no laboraran bajo un régimen de dedicación exclusiva, así corresponderá declararlo a los órganos administrativos o judiciales competentes en razón de la materia en aquellos procedimientos administrativos o judiciales en que sea necesario aplicar el régimen de remuneraciones vigente durante el indicado período para dirimir las controversias que hayan sido sometidas a su consideración, pero no a esta Sala Constitucional.

(Omissis)

c) Por último, respecto del supuesto reconocimiento por parte de esta Sala de derechos sociales de rango constitucional distintos al salario, en cabeza de los miembros de los órganos legislativos estadales durante el período comprendido entre el 8 de agosto de 2000 y el 13 de septiembre de 2001, como son las vacaciones, las prestaciones sociales, las pensiones, las jubilaciones, etc, debe esta Sala Constitucional negar en forma categórica que se haya efectuado dicho reconocimiento en la sentencia interpretativa n° 830/2004, del 7 de mayo, en la que, por el contrario, en forma expresa e inequívoca se advirtió que los integrantes de los órganos legislativos estadales durante el período que va desde el 8 de agosto de 2000 y el 13 de septiembre de 2001, tendrían derecho a reclamar tales beneficios sociales si y sólo si “concurrían los requisitos establecidos en la legislación especial (la entonces vigente Ley de Carrera Administrativa, la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, etc)”, enunciación en la que los órganos administrativos o judiciales competentes que conozcan de procedimientos administrativos o judiciales en que sea necesario aplicar el régimen de remuneraciones de los miembros de los órganos legislativos estadales vigente entre el 8 de agosto de 2000 y el 13 de septiembre de 2001 para resolver las controversias que haya sido sometidas a su consideración, deben entender incluida la -vigente durante dicho período- Resolución n° 0012-00, del 28 de julio de 2000, publicada en la Gaceta Oficial n° 37.010, del 9 de agosto de 2000, por ser un acto de rango legal contentivo de previsiones normativas referidas a tales derechos sociales, emanada del para entonces Órgano Legislativo Nacional. Así las cosas, si las disposiciones contenidas en la mencionada Resolución o en otros actos de rango legal excluyen o prohíben que se causen a favor de quienes fueron integrantes de los órganos legislativos de los Estados durante el período que va del 8 de agosto de 2000 y el 13 de septiembre de 2001, los derechos sociales a los que aludió la Sala en su sentencia n° 830/2004, del 7 de mayo, entonces es evidente que los órganos administrativos y judiciales competentes a los que antes se hizo referencia deberán considerar tal previsión del legislador nacional y resolver las controversias sometidas a su conocimiento conforme a ellas, sin que sea posible, bajo ninguna argumentación, entender que la aludida sentencia interpretativa de esta Sala haya creado o reconocido derechos sociales que sólo la legislación aplicable a la materia pudiera establecer, pues aquellos, al ser materia de estricta reserva legal, se causan o son exigibles en el tiempo y modo establecido en la ley nacional (…)”. 

Vista la anterior aclaratoria, esta Sala concluye que durante la vigencia del régimen transitorio no se crearon o reconocieron derechos sociales a los legisladores de los Consejos Legislativos, pues el fallo citado negó de manera categórica que se haya efectuado tal reconocimiento destacando “sin que sea posible, bajo ninguna argumentación entender que la aludida sentencia interpretativa de esta Sala haya creado o reconocido derechos sociales que sólo la legislación aplicable a la materia pudiera establecer, pues aquellos, al ser materia de estricta reserva legal, se causan o son exigibles en el tiempo y modo establecido en la ley nacional”.

En efecto, la Sala Constitucional reconoció la vigencia de la Resolución N° 0012-00 del 28 de julio de 2000, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.010 del 9 de agosto de 2000, dictada por la Comisión Legislativa Nacional, la cual estableció un límite cuantitativo al régimen de remuneraciones de los integrantes de los órganos legislativos de los Estados, ello dentro del período comprendido del 8 de agosto de 2000 al 13 de septiembre de 2001, previendo en su artículo Primero que “Los Legisladores y Legisladoras integrantes de los Poderes Legislativos Nacional y Estadal, sólo aceptarán como remuneración y único pago de los servicios prestados a la Nación, el que hubiere correspondido a la dieta mensual percibida sin que ello genere o de lugar a prestaciones sociales u otros beneficios distintos al señalado”.

De manera que debe desecharse el planteamiento de la parte accionante, ya que para la fecha en que fueron aprobados los pagos objetados por la Contraloría General de la República se encontraba vigente la resolución aludida, conforme a la cual los referidos legisladores sólo aceptarían como remuneración y único pago el correspondiente a la dieta mensual percibida, sin que ello generara o diera lugar a prestaciones sociales u otros beneficios. (Vid. Sentencia de esta Sala N°1.754 del 31 de octubre de 2007).

Desvirtuadas las denuncias formuladas por la parte accionante, debe esta Sala declarar sin lugar el recurso interpuesto. Así se establece.   

VI

DECISIÓN

En virtud de los razonamientos que anteceden, esta Sala Político-Administrativa Accidental del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.                  HOMOLOGADOS LOS DESISTIMIENTOS formulados por los ciudadanos DAHYANA VILLAVICENCIO, BLANCA FLORES DE DOMÍNGUEZ, ALBERTO HANDS, JOSÉ ROCCA, DEYALITZA ARAY, ARMANDO DÍAZ, YANETT RAMOS DE ROMÁN, DOMINGO FRANCESCHI, JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ, GETULIO FONSECA y FLOR GARCÍA,  y por el apoderado judicial del ciudadano CÉSAR ELÍAS BURGUERA VILLEGAS.

2.                   SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad  interpuesto por el apoderado judicial de los ciudadanos DOMINGO VALMORE AZUAJE, CASIANO DÍAZ Y JOSÉ AVILIO TORRES contra la Resolución de fecha 17 de febrero de 2004, emanada de la Dirección General de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente judicial y devuélvase el administrativo. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de abril del año dos mil nueve (2009).  Años 198º de la Independencia y 150º de la Federación.

           

          La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

                       La Vicepresidenta

                    YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

                Ponente

                     EMIRO GARCÍA ROSAS

MARÍA LUISA ACUÑA LÓPEZ

          Conjueza

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

   En quince (15) de abril del año dos mil nueve, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00468, la cual no esta firmada por la Magistrada Conjueza María Luisa López, por no estar presente en la discusión por motivos justificados.

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN