MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA

Exp. Nº 2003-0282

            El Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial de Estado Bolívar, mediante Oficio N° 03-0221, de fecha 14 de febrero de 2003, remitió a esta Sala el expediente contentivo de la demanda por resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios, intentada por el abogado Frank Moreno Frontado, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 66.814, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil SERVICIOS DE COMEDORES ORLANDO, C.A. (SECORCA), inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 24 de abril de 1992, bajo el N° 28, Tomo A N° 132-A, siendo inscrita la última modificación de sus estatutos en fecha 09 de noviembre de 2000, bajo el N° 37, Tomo A N° 57, contra la sociedad mercantil C.V.G. INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO, C.A. (C.V.G. VENALUM), “inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 31 de agosto de 1973, bajo el N° 10, Tomo 116-A, con la última modificación ante la misma oficina de registro en fecha 16 de noviembre de 1999, bajo el N° 40, Tomo 235-A-Pro”; dicha remisión fue efectuada en virtud de que el a quo se declaró incompetente para conocer la causa.

El 06 de marzo de 2003, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa, a los fines de decidir la declinatoria de competencia.

I

ANTECEDENTES

 

Por escrito de fecha 01 de agosto de 2002, presentado ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, el abogado Frank Moreno Frontado, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Servicios de Comedores Orlando, C.A. (SECORCA), demandó a la sociedad mercantil C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio, C.A. (C.V.G. VENALUM), por resolución de un contrato de servicios para la preparación, distribución y suministro de comidas al personal de la empresa demandada y por la indemnización de los daños y perjuicios producto de su incumplimiento.

En el mismo escrito la parte actora solicitó que se decretase medida de embargo sobre bienes propiedad de la sociedad mercantil demandada.

El a quo por auto de fecha 12 de agosto de 2002, se declaró incompetente para conocer la causa, en los términos siguientes:

     “(...) Tratándose que la competencia de materia de orden público y que dada la situación del caso de autos, puede ser declarada en cualquier estado y grado de la causa, aún de oficio, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 42, ordinal 15, y 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, procediendo de OFICIO se declara incompetente en razón a la persona del demandado “rationae personae” para conocer de la presente causa. (...)”

Pasa la Sala a pronunciarse en los términos siguientes:

 

II

COMPETENCIA DE  LA SALA

 

            En el caso de autos se ha intentado una demanda por resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios contra la sociedad mercantil  C.V.G. INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO, C.A. (C.V.G. VENALUM).

El artículo 42, ordinal 15 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, textualmente establece que es competencia de esta Sala Político-Administrativa: “Conocer de las acciones que se propongan contra la República, o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a ninguna otra autoridad”.

            Como puede observarse, la norma arriba transcrita establece un régimen especial de competencia a favor de esta Sala Político Administrativa, en todas aquellas acciones que cumplan con las tres condiciones contempladas en la misma, a saber: 1) Que se demande a la República, a algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva; 2) Que la acción incoada tenga una cuantía superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo); y 3) Que el conocimiento de la causa no esté atribuido a ninguna otra autoridad, entendiendo con ello, que la norma bajo análisis constituye una derogatoria de la jurisdicción civil y mercantil, que es la jurisdicción ordinaria, pero no de las otras jurisdicciones especiales, tales como la laboral, del tránsito o agraria.

            Debe la Sala entonces, a los fines de establecer la competencia, analizar si la acción incoada cumple o no con las condiciones antes descritas, y en tal sentido observa:

            En primer término, la demanda ha sido intentada contra la sociedad mercantil C.V.G. INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO, C.A. (C.V.G. VENALUM); empresa en la cual el Estado tiene una participación decisiva, por lo que se considera satisfecho el primer requisito arriba señalado. (Ver sentencia de esta Sala N° 716 de fecha 23 de mayo de 2002).

            En segundo término, se observa que la parte actora estimó la demanda en la cantidad de ciento ochenta y cinco millones ochocientos veinticinco mil trescientos sesenta y un bolívares con sesenta y cinco céntimos (Bs. 185.825.361,65), cantidad ésta que excede del límite mínimo de cinco millones de bolívares establecido por la norma.

Por último, con respecto al tercer requisito, se observa que la acción incoada es una demanda por resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios sufridos por la parte demandante, la cual se tramita por el procedimiento ordinario establecido en el Código de Procedimiento Civil, con lo cual se considera satisfecha la tercera circunstancia de que la acción no esté atribuida a ninguna otra autoridad.

En conclusión, al comprobarse la existencia de las circunstancias previstas en el ordinal 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, debe aceptarse la competencia declinada por el Juzgado a quo. Así se decide.

 

III

DECISIÓN

 

Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACEPTA la competencia que le fuera declinada por el tribunal remitente, a los fines de conocer la demanda intentada por el abogado Frank Moreno Frontado, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil SERVICIOS DE COMEDORES ORLANDO, C.A. (SECORCA), contra la sociedad mercantil C.V.G. INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO, C.A. (C.V.G. VENALUM).

Se ordena remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que se pronuncie sobre la admisión de la acción, con prescindencia de la competencia ya aceptada.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a la parte demandante y a la Procuraduría General de la República. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año dos mil tres. Años 193º de la Independencia y 144º de la Federación.

   El Presidente Ponente,

 

LEVIS IGNACIO ZERPA

El Vicepresidente,

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

               Magistrada

 

YOLANDA JAIMES GUERRERO

La Secretaria Interina,

 

SOFIA YAMILE GUZMÁN

Exp. Nº 2003-0282

LIZ/vwb.-

En veintinueve (29) de abril del año dos mil tres, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00618.