MAGISTRADA PONENTE: EVELYN MARRERO ORTÍZ

EXP. Nº 2005-5649

Mediante escrito presentado ante la Sala Político-Administrativo el 6 de diciembre de 2005, el abogado Gonzalo Pérez Petersen, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro. 21.960, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil BANCO DEL CARIBE BANCO UNIVERSAL, domiciliada en Caracas e inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 9 de julio de 1958, bajo el N° 74, del Tomo 16-A, modificado sus estatutos sociales en diversas oportunidades, cuya última reforma consta en el asiento inscrito en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 28 de noviembre de 1996, bajo el N° 32, del Tomo 645-A Sgdo.; interpuso el recurso contencioso administrativo de nulidad contra la Resolución s/n de fecha 30 de junio de 2005, emanada del MINISTERIO PARA LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT (hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.223 del 7 de julio del citado año.

El 8 de diciembre de 2005 se dio cuenta en Sala y, por auto de igual fecha, de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, se ordenó oficiar al Ministerio para la Vivienda y el Hábitat solicitando la remisión del expediente administrativo, librándose a tal efecto el oficio N° 0009 el 13 del mismo mes y año.

El 18 de diciembre de 2005 el ciudadano Alguacil de la Sala consignó la notificación firmada por un funcionario adscrito al Ministerio para la Vivienda y el Hábitat.

Mediante comunicación de fecha 24 de enero de 2006, el entonces Ministro para la Vivienda y el Hábitat, informó que ante ese Despacho Ministerial “…no cursa expediente administrativo que verse o encuentre relación con el Recurso incoado…”.

El 15 de febrero de 2006 se dio cuenta en Sala y, por auto de igual fecha, se ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de su admisión, lo cual ocurrió el 20 del mismo mes y año.

El 7 de marzo de 2006 el referido Juzgado admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, ordenando la citación de la Procuradora General de la República, del Fiscal General de la República y del entonces Ministro para la Vivienda y el Hábitat; librándose a tales efectos los oficios Nros. 1935, 1936 y 1937, respectivamente. Asimismo, ordenó la publicación del cartel al que se refiere el aparte undécimo del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. 

En fecha 29 de marzo de 2006 el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Sala, dejó constancia de la citación de la Procuradora General de la República y del Fiscal General de la República.

Mediante diligencia de fecha 6 de junio de 2006, el apoderado actor solicitó se diera continuación a los actos de notificación del Ministro para la Vivienda y el Hábitat.

En fecha 20 del mismo mes y año, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación, dejó constancia de la citación al referido Ministro.

El 8 de julio de 2006 se libró el referido cartel de emplazamiento, el cual fue retirado en igual fecha por el abogado Gonzalo Pérez Petersen, antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Banco del Caribe Banco Universal, y consignada en autos su publicación en el diario “El Universal” en fecha 13 del mismo mes y año.

En fecha 10 de agosto de 2006 se reservó hasta el día siguiente al vencimiento del lapso de promoción de pruebas, el escrito presentado por la abogada Ana Lucila Vejar Barajas, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 42.223, actuando con el carácter de sustituta de la Procuraduría General de la República.

Mediante auto de fecha 18 de octubre de 2006 el Juzgado de Sustanciación, admitió las pruebas promovidas por la sustituta de la Procuraduría General de la República, ordenando notificar a la Procuradora General de la República a tenor de lo dispuesto en el artículo 84 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

El 22 de noviembre de 2006 el Alguacil del Juzgado de Sustanciación, dejó constancia de haber practicado, el 21 del mismo mes y año, la notificación de la Procuradora General de la República.

Concluida la sustanciación de la caausa, el 22 de noviembre de 2006, se acordó pasar el expediente a la Sala.

En fecha 5 de diciembre de 2006 se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz, fijándose el tercer día de despacho para comenzar la relación de la causa.

El 12 del mismo mes y año comenzó la relación de la causa y se fijó la oportunidad para que tuviera lugar el acto de informes.

El 7 de febrero de 2007 se eligió la actual Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada la Sala Política-Administrativa de la siguiente manera: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas.

Mediante autos de fechas 18 de enero y 22 de febrero de 2007 se difirió el acto de informes, el cual tuvo lugar el 17 de mayo de ese mismo año, dejándose constancia de la comparecencia del abogado Gonzalo Pérez Petersen, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Banco del Caribe Banco Universal; de la abogada Ana Lucila Vejar Barajas, actuando con el carácter de sustituta de la Procuradora General de la República y de la abogada Miriam Pineda, en representación del Ministerio Público (sin identificación de número de INPREABOGADO). En esa misma oportunidad, la representante de la Procuraduría General de la República consignó sus conclusiones escritas.

El 4 de julio de 2007, terminada la relación de la causa, se dijo “Vistos”.

Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, esta Sala Político-Administrativa pasa a dictar sentencia conforme a las siguientes consideraciones:

 

I

DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

En fecha 30 de junio de 2005 el Ministerio para la Vivienda y el Hábitat, dictó la Resolución impugnada, en los términos siguientes:

“En ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 4, 26 y 31 del artículo 46 de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, en concordancia con lo establecido en el numeral 4 del artículo 27 del Decreto Nº 3.570 de fecha 8 de abril de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.162 de fecha 8 de abril de 2005 y la Resolución Nº 012 de fecha 26 de febrero de 2005, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.140 de fecha 04 de marzo de 2005,

CONSIDERANDO

Que es deber del Estado asegurar el derecho a la vivienda conforme a lo establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…)

CONSIDERANDO

Que en la Resolución Nº 012 de fecha 26 de febrero de 2005, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.140 de fecha 04 de marzo de 2005, dictada por el Directorio del Consejo Nacional de la Vivienda (…), se fijó en diez por ciento (10%) el porcentaje mínimo sobre la cartera bruta de crédito que, con carácter obligatorio, deben colocar los bancos e instituciones financieras en el otorgamiento de créditos hipotecarios en las condiciones establecidas en la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda, según lo establecido en el artículo 29 eiusdem,

(…omissis…)

RESUELVE:

Artículo 1. Los préstamos hipotecarios a largo plazo a ser contabilizados dentro del porcentaje establecido en la Resolución Nº 012 de fecha 26 de febrero de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.140 de fecha 04 de marzo de 2005, deberán estar dirigidos a grupos familiares cuyos ingresos mensuales no superen las quinientas unidades tributarias (500 U.T.), a los fines de aplicarles la tasa de interés social máxima fijada en once enteros coma treinta y seis centésimas por ciento (11,36%), prevista en la Resolución Nº 005 de fecha 28 de enero de 2005 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.117 de fecha 28 de enero de 2005.

Artículo 2. Corresponde al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat velar por la aplicación de la presente resolución y verificar y monitorear, entre otros aspectos, el cumplimiento por parte de los bancos, instituciones financieras y cualquier otro ente autorizado por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras para la concesión de créditos hipotecarios, así como las obligaciones y atribuciones asignadas al Consejo Nacional de la Vivienda en los artículos 3, 4 y 6 de la Resolución Nº 012 de fecha 26 de febrero de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.140 de fecha 04 de marzo de 2005.

Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese.”. (Resaltados de la Resolución en cita).

II

FUNDAMENTOS DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD

Mediante escrito presentado el 6 de diciembre de 2005, el abogado Gonzalo Pérez Petersen, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Banco del Caribe Banco Universal, expuso lo siguiente:

Que el Consejo Nacional de la Vivienda dictó la Resolución N° 012 del 26 de febrero de 2005, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.140 del 4 de marzo de 2005, en la cual, se fijó en un diez por ciento (10%) el porcentaje mínimo sobre la cartera bruta de crédito que, con carácter obligatorio, deben colocar lo bancos e instituciones financieras para el otorgamiento de créditos hipotecarios.

Arguye, que mediante la Resolución s/n de fecha 30 de junio de 2005, dictada por el Ministerio para la Vivienda y el Hábitat, objeto del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, se estableció que el porcentaje diez por ciento (10%), establecido en la referida Resolución N° 012, “...deberá estar dirigido a grupos familiares cuyos ingresos mensuales no superen las quinientas unidades tributarias (500 U.T.)…”.

Indica, que posteriormente mediante la Resolución s/n de fecha 10 de agosto de 2005 dictada por el Ministerio para la Vivienda y el Hábitat, se ordenó dirigir el referido porcentaje fijado por la Resolución N° 012, de la siguiente manera:

“1.- Dos tercios (2/3) del referido porcentaje para el otorgamiento de los préstamos hipotecarios a corto plazo, cuyas viviendas serán adquiridas por grupos familiares cuyos ingresos mensuales no superen las cincuenta unidades tributarias.

2.- Un tercio (1/3) del referido porcentaje para el  otorgamiento de los préstamos hipotecarios a corto plazo, cuyas viviendas serán adquiridas por grupos familiares cuyos ingresos mensuales sean mayores de ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T.).”.

Sostiene que, finalmente, mediante la Resolución N° 025 dictada por el referido Ministerio para la Vivienda y el Hábitat el 31 de octubre de 2005, se estableció que el porcentaje fijado previamente por la mencionada Resolución N° 012, se distribuirá de la forma siguiente:

1.      “1.- Hasta un tres por ciento (3%) para créditos hipotecarios a largo plazo.

2.      No menos de un siete por ciento (7%) para créditos hipotecarios a corto plazo.

3.      Quedan excluidos de la cartera de crédito, los otorgados por causa de la Ley que regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional.”.

En este orden de ideas, manifiesta que el problema a tratarse en el recurso contencioso administrativo de nulidad de autos, es el creado por las referidas Resoluciones, antes mencionadas, dictadas por el Ministerio para la Vivienda y el Hábitat ,en las cuales -a su decir- se “…han fijado un porcentaje de la cartera de crédito que los bancos y otras instituciones financieras deben destinar a los créditos hipotecarios de forma anual, cuando previamente había sido fijado por el órgano legalmente competente, a saber, el Consejo Nacional de la Vivienda…” (Resaltado del texto).

Ahora bien, denuncia la nulidad absoluta del acto administrativo impugnado, contenido en la Resolución s/n de fecha 30 de junio de 2005 dictado por el Ministerio de la Vivienda y el Hábitat, con base en los siguientes alegatos:

Por la incompetencia manifiesta del Ministerio de la Vivienda y el Hábitat para dictar la Resolución impugnada:

En este sentido, manifiesta que el órgano competente para fijar el porcentaje anual de la cartera que los bancos y otras instituciones financieras deben otorgar para los préstamos hipotecarios es el Consejo Nacional de la Vivienda, de conformidad con el artículo 29 de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario, en concordancia con los artículos 67 y 70 de la Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, “…y no como ilegalmente ocurrió en el presente caso, cuando el ente de adscripción (Ministerio de la Vivienda y Hábitat) se abrogó competencias exclusivas y expresamente atribuidas al [referido Consejo].”.

Afirma, que el órgano Ministerial que dictó la Resolución impugnada, esto es el Ministerio de la Vivienda y el Hábitat, es sólo un ente consultivo de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, que carece de toda competencia y potestades de los órganos del Poder Ejecutivo, por lo cual, al dictar la resolución impugnada, “…excede en la potestad que asigna la Ley…”.

Sostiene, que al ser el referido Consejo un instituto autónomo, creado por ley, con personalidad y patrimonio propio e independiente del fisco nacional, su eliminación y competencias sólo pueden ser suprimidas mediante otra Ley, de acuerdo al “…principio de paralelismos de formas establecido en el artículo 142 Constitucional…”, lo cual hasta la fecha no ha ocurrido, “…puesto que el Ejecutivo Nacional no ha cumplido con su obligación de ‘presentar a la Asamblea Nacional los proyectos de leyes especiales de supresión y liquidación’ del CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA, expresamente contenida en la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, ni mucho menos la Asamblea Nacional ha dictado la ley de supresión del referido instituto autónomo (…) como lo exige la Disposición Transitoria Segunda eiusdem…”.

Asimismo, señala que en la Resolución impugnada el Ministerio de Vivienda y el Hábitat “…usurpa atribuciones y competencias atribuidas al CONAVI por el artículo 43 de de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario…”, al establecer que el porcentaje destinado a los bancos para la cartera de créditos hipotecarios, está dirigido a los grupos familiares cuyos ingresos mensuales no superen las quinientas unidades tributarias (500 U.T.), a los fines de aplicarles la tasa de interés social que -a su decir- fijó arbitrariamente dicho ente Ministerial.

Por otra parte, denuncia la trasgresión de normas constitucionales y legales, al considerar que la Resolución impugnada es discriminatoria y transgrede el derecho de igualdad de las personas, consagrado en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y que dicha violación ocurre al establecer el acto impugnado “…como ámbito subjetivo de los destinatarios de los créditos a los grupos familiares con ingresos no mayores de quinientas (500) unidades tributarias, (…) [siendo que] la Ley no distingue entre ciudadanos de altos o bajos ingresos, para la ley el pobre o el menos pobre, clase media o adinerado es igual, pues esta dirigido a todos ‘los deudores hipotecarios’, sin exclusión de algunos de ellos…”.

Denuncia, igualmente que el aludido Ministerio transgredió el precepto constitucional antes mencionado, así como el derecho de igualdad en él consagrado, al indicar que determinados grupos familiares son los destinatarios del porcentaje destinado a la cartera créditos hipotecarios, todo lo cual “…hace perder la flexibilidad en el otorgamiento de este tipo de créditos de manera de que en caso de que la demanda de los mismos se enfoque hacia uno de los tipos de créditos señalados (largo o corto plazo), la institución financiera se encontraría en una situación de no poder satisfacerla por haber ocupado esa parcela del 10% sin haber otorgado la que se refiere al otro tipo de plazo, sometiéndola además de manera ilegal a la situación de que se considere que no ha otorgado los créditos hipotecarios que se le han asignado con las sanciones y consecuencias legales correspondientes, creando en el aspirante a un determinado crédito una desigualdad y la imposibilidad de ser beneficiario del Crédito Hipotecario…”.

Finalmente, señala que al modificar el acto administrativo recurrido el referido porcentaje de la cartera de crédito en el octavo mes del año, para una obligación que los bancos tienen que cumplir durante todo el año, se “…agrava la situación económica de los institutos de crédito que tiene  que completar el cupo anual de diez por ciento (10%) de la cartera al 31 de diciembre de 2005, en sólo cuatro (4) meses aumentando el sacrificio de los obligados pasivos, ilegal y arbitrariamente (…) en perjuicio de la seguridad jurídica de los propios beneficiarios (…) y de los bancos como entes obligados a su cumplimiento, cuando temporalmente no podía realizarlo, pues se encontraba vigente la Resolución 012…”.

 

 

 

 

 

III

ALEGATOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL

DE LA REPÚBLICA

Mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2007 la abogada Ana Lucila Vejar Barajas, antes identificada, actuando con el carácter de sustituta de la Procuradora General de la República, expuso sus alegatos en los términos siguientes:

En cuanto al vicio de incompetencia manifiesta denunciado por la representación judicial de la recurrente, sostuvo su improcedencia citando el contenido de las normas siguientes: numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 27 del Decreto N° 3.570 de fecha 8 de abril de 2005 de Reforma Parcial del Decreto Sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Central, así como su Disposición Transitoria Vigésimo Primera; artículo 44 y numerales 2, 4, 25 y 26 del artículo 46 de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.

En este sentido, señala que de acuerdo con el contenido de las normas antes mencionadas, el órgano Ministerial que dictó la Resolución impugnada tiene la rectoría en materia de fijación del porcentaje mínimo sobre la cartera bruta de créditos que deben colocar las instituciones financieras, así como la potestad de determinar la forma como dicho porcentaje debe ser distribuido.

Aunado a lo anterior, afirma que el Ministerio para la Vivienda y el  Hábitat “…no modificó el porcentaje que ya, mediante la Resolución N° 012 de fecha 26 de febrero de 2005, había fijado el Consejo Nacional de la Vivienda, SINO [por] EL CONTRARIO, RATIFICÓ EN [el] TEXTO Y CONTENIDO [del acto administrativo recurrido] LO DISPUESTO POR DICHA RESOLUCIÓN…”, razón por la cual resulta improcedente el alegado vicio de incompetencia manifiesta denunciado por el apoderado actor.

Por otra parte, en lo relativo a las supuestas violaciones de legalidad denunciadas por la entidad bancaria recurrente, considera la representante de la República, que la parte actora no precisó los motivos que vician el acto recurrido por ausencia de legalidad, motivo por el cual solicita se deseche, por improcedente, la supuesta ilegalidad de la Resolución impugnada.

Respecto a la supuesta violación del artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sostiene que la parte recurrente “…sólo se circunscribe a expresar pero no desarrolla con argumentos legales ni demuestra por medios probatorios que lleven elementos de convicción al tribunal para pronunciarse sobre la violación de tales derechos.”.

Manifiesta, en cuanto a la presunta violación del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 21 del Texto Constitucional, que dicho alegato resulta improcedente, toda vez que las políticas públicas que ha tomado la Administración en materia habitacional, “…pretende justamente proteger a las personas que no poseen vivienda, asegurando las mejores condiciones para ello…”.

Finalmente, solicitó sea declarado sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Efectuada la lectura del expediente y analizados los alegatos formulados por la parte recurrente, así como los razonamientos esgrimidos por la Procuraduría General de la República, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido y, a tal efecto, observa:

Como punto previo al mérito del asunto sometido al conocimiento de esta Sala, resulta preciso aclarar que aunque con la interposición del recurso de autos pareciera demandarse la nulidad de las Resoluciones dictadas por el Ministerio de la Vivienda y el Hábitat “…de fechas 23 (sic) (léase 30) de junio, 10 de agosto y 31 de octubre todas del 2005 (G.O. número 38223 del 7 de julio, G.O. número 38250 del 15 de agosto y G.O. número 38.305 del 2 de noviembre , todas del 2005)…”, sin embargo, del escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, se observa que dicha representación judicial sólo recurre contra  la Resolución s/n de fecha 30 de junio de 2005, emanada del referido Ministerio y publicada en la Gaceta Oficial de la República Boli variana de Venezuela N° 38.223 del 7 de julio del citado año, razón por la cual el pronunciamiento que haga esta Sala debe circunscribirse al análisis de los vicios denunciados contra dicha Resolución administrativa.

En orden a lo antes expuesto, la Sala aprecia que la Resolución recurrida dictada el 30 de junio de 2005 por el Ministerio de la Vivienda y el Hábitat, fue sustituida por las resoluciones posteriores, antes mencionadas,  emanadas del referido ente ministerial, lo cual, en principio, sería suficiente para que esta Sala declare que no hay materia sobre lo cual decidir. No obstante, visto el interés del apoderado actor en ejercer el recurso contencioso administrativo de nulidad de autos y su presencia en el acto de informes respectivo, así como en atención a los intereses sociales involucrados, esta Sala considera necesario entrar a conocer de las denuncias y vicios alegados en contra del acto administrativo impugnado. Así se declara.

Dicho lo anterior, pasa esta Sala al conocimiento del caso planteado, para lo cual observa:

1.- En primer lugar, visto que la competencia del funcionario que dictó el acto impugnado es materia de orden público y un presupuesto para la validez del acto administrativo, la cual priva frente a cualquier otro requisito de forma o de fondo cuya infracción se denuncie, debe la Sala analizar la alegada incompetencia manifiesta del Ministerio de la Vivienda y el Hábitat para dictar la Resolución impugnada.

En este sentido, sostiene el apoderado actor, que de conformidad con el artículo 29 de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario, en concordancia con los artículos 67 y 70 de la Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, el órgano competente para fijar el porcentaje anual de la cartera de créditos que los bancos y otras instituciones financieras deben destinar para los préstamos hipotecarios es el Consejo Nacional de la Vivienda, y no el Ministerio de la Vivienda y el Hábitat, el cual -a su decir- sólo es un ente consultivo de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, que carece de toda competencia y potestades de los órganos del Poder Ejecutivo.

Asimismo, señala que en la Resolución impugnada el Ministerio de Vivienda y el Hábitat “…usurpa atribuciones y competencias atribuidas al CONAVI por el artículo 43 de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario…”, al establecer que el porcentaje destinado a los bancos para la cartera de créditos hipotecarios, dirigido a los grupos familiares cuyos ingresos mensuales no superen las quinientas unidades tributarias (500 U.T.), a los fines de aplicarles la tasa de interés social, fijada arbitrariamente por dicho Ministerio.

Finalmente, sostuvo que al ser el Consejo Nacional de la Vivienda un instituto autónomo creado por ley, con personalidad y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional, su eliminación y competencias sólo pueden ser suprimidas mediante otra Ley, de acuerdo al “…principio de paralelismos de formas establecido en el artículo 142 Constitucional…”, lo cual hasta la fecha no ha ocurrido.

Por su parte, la sustituta de la Procuraduría General de la República, señaló que el Ministerio para la Vivienda y el Hábitat tiene “…la rectoría en materia de fijación del porcentaje mínimo sobre la cartera bruta de crédito que deben colocar las instituciones financieras, así como la potestad de determinar la forma en que dicho porcentaje debe ser distribuido…”.

Como sustento normativo de su criterio, la representante del Estado trajo a colación el contenido del artículo 27 del Decreto N° 3.570 de fecha 8 de abril de 2005 de Reforma Parcial del Decreto Sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Central y su Disposición Transitoria Vigésimo Primera, y de los artículos 44 y 46 de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.

Ahora bien, del contenido de la Resolución impugnada (folio 34 del expediente), esta Sala observa que el Ministro para la Vivienda y Hábitat no fijó o modificó el porcentaje que previamente había fijado el Consejo Nacional de la Vivienda mediante la Resolución N° 012 de fecha 26 de febrero de 2005, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.140 de fecha 4 de marzo de 2005; por el contrario, ratificó su contenido y vigencia. En efecto, en la Resolución impugnada, se estableció lo siguiente:

“…los préstamos hipotecarios a largo plazo a ser contabilizados dentro del porcentaje establecido en la Resolución Nº 012 de fecha 26 de febrero de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.140 de fecha 04 de marzo de 2005, deberán estar dirigidos a grupos familiares cuyos ingresos mensuales no superen las quinientas unidades tributarias (500 U.T.)…” (Destacado de la Sala).

No obstante lo antes expuesto, a fin de determinar cuáles son las competencias asignadas al Ministro para la Vivienda y Hábitat, cabría citar el contenido del artículo 27 del Decreto 3.570 de fecha 8 de abril de 2005 (publicado en esa misma fecha en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.162, bajo cuya vigencia ocurrieron los hechos), mediante el cual se dictó la Reforma Parcial del Decreto Sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Central, el cual dispone lo siguiente:

Artículo 27. Son competencias del Ministerio para la Vivienda y el Hábitat:

1. La regulación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política integral del Estado en materia de vivienda y hábitat, en concordancia con los demás órganos y entes de la Administración Pública central y descentralizada;

2. El diseño, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación del conjunto orgánico de políticas, normas operativas e instrumentos que garanticen la unidad de la acción del Estado en materia de vivienda y hábitat, y el uso apropiado de los recursos destinados a financiar dicho régimen;

3. La evaluación, supervisión y control de las actividades de los órganos que le están adscritos;

4. Planificar, dirigir, coordinar y ejecutar, cuando corresponda, la conformación de los fondos públicos y privados para el financiamiento del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. (…);

5. Formular y ejecutar la política de inversión (…) destinados al financiamiento del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, en el ámbito nacional;

6. Coordinar la actuación de los órganos y entes ejecutores de la política de vivienda y hábitat, nacionales, regionales y municipales;

(…omissis…)

11. Formular políticas que permitan incentivar al sector financiero para el otorgamiento de créditos (…)

(…omissis…)

14. Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos.”. (Negrillas de la Sala).

En este orden de ideas, los artículos 44, 45 y 46 de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y el Hábitat, vigente para el momento en que fue dictado el acto administrativo impugnado (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.204 de fecha 8 de junio de 2005), prevén lo siguiente:

“Rectoría del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.

Artículo 44: El Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat…”

“Atribuciones.

Artículo 45. Son atribuciones del Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat las siguientes:

1. Establecimiento de las líneas maestras para la actuación del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, mediante la formulación, seguimiento y evaluación de (…) las políticas específicas y estrategias necesarias para su implementación.

2. (…) el establecimientos de normas y demás instrumentos jurídicos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

3. (…) formulación, evaluación, seguimiento y control del Plan Nacional de Desarrollo en Vivienda y Hábitat de largo plazo, (…).”

 “Competencias.

Artículo 46: El Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat, en correspondencia con las atribuciones que le asigna la presente Ley, deberá:

2. Formular y evaluar la política nacional de vivienda y hábitat. (…)

4. Establecer los lineamientos de la política de financiamiento en vivienda y hábitat y de garantías hipotecarias. (…)

10. Formular los planes nacionales de desarrollo de vivienda y hábitat, de largo plazo. (…)

21. Promover la inversión y participación del sector privado en la producción de viviendas para las familias de menores ingresos y de protección especial por parte del Estado.

22. Establecer las características y términos generales de los programas, los lineamientos, procedimientos y condiciones de su ejecución. (…)

 26. Realizar las gestiones y acciones necesarias para garantizar la disponibilidad oportuna de recursos financieros para el cumplimiento de la política, planes y proyectos en vivienda y hábitat. (…)

31. Establecer garantías que contribuyan a la suficiencia de los recursos para el logro de los objetivos de esta Ley y su Reglamento. (…)

35. Cualquier otra que contribuya con el desarrollo de sus atribuciones.”. (Resaltado de la Sala).

De conformidad con el contenido de las normas mencionadas, se aprecia que el Ministerio para la Vivienda y el Hábitat al momento de dictar la Resolución impugnada, detentaba la rectoría en materia de vivienda y hábitat, de cuyas atribuciones y competencias parcialmente transcritas, se erige la posibilidad de fijar -de así requerirlo- el porcentaje relativo a la cartera de créditos hipotecarios a largo plazo, así como también determinar la forma en que dicho porcentaje debe ser distribuido por los bancos y otras instituciones financieras, con el objeto de garantizar la disponibilidad oportuna de recursos financieros para el cumplimiento de las políticas, planes y proyectos habitacionales.

Aunado a lo antes expuesto, debe advertirse que los artículos 67 y 70 de la Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional (publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.066 de fecha 30 de octubre de 2000), y que constituyen el fundamento normativo con los que el apoderado actor sustentó la incompetencia del órgano ministerial que dictó el acto administrativo impugnado, en la actualidad se encuentran expresamente derogados por la Ley Especial de Supresión y Liquidación del Consejo Nacional de la Vivienda (publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.833 del 22 de diciembre de 2006).

En consecuencia, se desestima el alegato de incompetencia manifiesta presentado por los apoderados judiciales de la entidad bancaria recurrente. Así se declara.

2.- En cuanto a los vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad denunciados por el apoderado judicial de la entidad bancaria recurrente, se observa lo siguiente:

Manifestó el apoderado actor en su escrito, que los vicios antes referidos se materializaron al establecer el acto  administrativo impugnado que los créditos hipotecarios a largo plazo deberán estar dirigidos a los grupos familiares cuyos ingresos no superen las quinientas (500) unidades tributarias, toda vez que “…la Ley no distingue entre ciudadanos de altos o bajos ingresos, para la ley el pobre o el menos pobre, clase media o adinerado es igual, pues esta dirigido a todos ‘los deudores hipotecarios’, sin exclusión de algunos de ellos…”.

En este sentido, añadió que esa determinación respecto de los grupos familiares como únicos destinatarios del porcentaje asignado a la cartera créditos hipotecarios a largo plazo, “…hace perder la flexibilidad en el otorgamiento de este tipo de créditos de manera de que en caso de que la demanda de los mismos se enfoque hacia uno de los tipos de créditos señalados (largo o corto plazo), la institución financiera se encontraría en una situación de no poder satisfacerla por haber ocupado esa parcela del 10% sin haber otorgado la que se refiere al otro tipo de plazo, sometiéndola además de manera ilegal a la situación de que se considere que no ha otorgado los créditos hipotecarios que se le han asignado con las sanciones y consecuencias legales correspondientes, creando en el aspirante a un determinado crédito una desigualdad y la imposibilidad de ser beneficiario del Crédito Hipotecario…”.

Ahora bien, respecto al derecho a la igualdad y no discriminación, previsto en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la jurisprudencia ha señalado que debe interpretarse como el derecho que tienen todos los ciudadanos a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros; asimismo, ha precisado que la discriminación existe también cuando en situaciones análogas o semejantes se decide de manera distinta o contraria sin aparente justificación. El mencionado artículo 21, dispone lo siguiente:

Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia:

1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.

2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (...)”.

 

Sobre este particular, ha sostenido la Sala que para acordarse la tutela requerida en caso de violación del derecho a la igualdad resulta necesario que la parte presuntamente afectada en su derecho demuestre la veracidad de sus planteamientos, ya que sólo puede advertirse un trato discriminatorio en aquellos casos en los cuales se compruebe que frente a circunstancias similares y en igualdad de condiciones, se ha manifestado un tratamiento desigual (Vid. Sentencias de esta Sala Nros. 1.450 y 526 de fechas 07 de junio de 2006 y 11 de abril de 2007).

En  el  caso  bajo  estudio, la violación del referido derecho se produjo -en opinión del apoderado judicial del recurrente- cuando el Ministerio para la Vivienda y el Hábitat estableció en el acto administrativo impugnado, que los créditos hipotecarios a largo plazo deberán estar dirigidos a los grupos familiares cuyos ingresos no superen las quinientas (500) unidades tributarias.

Al respecto, esta Sala observa que las competencias asignadas al Ministerio para la Vivienda y el Hábitat, antes mencionadas, van en consonancia con los postulados constitucionales consagrados en el artículo 82 de la Carta Magna, según el cual “…[E]l Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas.”.

Tal como lo destacó la representante de la República, el Ministerio para la Vivienda y el Hábitat no trasgredió el derecho de igualdad consagrado en el antes mencionado artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que con la emisión de la Resolución impugnada se pretende resguardar los derechos e intereses de los ciudadanos, especialmente los de escasos recursos, mediante las políticas públicas establecidas por el mencionado Ministerio en materia habitacional.

Aunado a lo anterior, se aprecia que la parte recurrente no precisó ni demostró en el caso concreto cómo fue ese trato desigual por parte de la Administración al dictar la Resolución recurrida, limitándose a señalar posibles situaciones en las cuales podría existir un trato discriminatorio por parte del Ministerio para la Vivienda y el Hábitat respecto de los particulares; todo lo cual impide a esta Sala efectuar el necesario análisis comparativo para determinar si efectivamente el acto administrativo impugnado acarrea discriminación. En consecuencia, esta Sala desecha la denuncia planteada. Así se declara.

Por otra parte, señaló el apoderado acto en su escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, que al modificar el acto administrativo recurrido el referido porcentaje de la cartera de crédito en el octavo mes del año, para una obligación que los bancos tienen que cumplir durante todo el año, se lesiona la situación económica de los Institutos de Crédito, en perjuicio de la  seguridad jurídica de los propios beneficiarios.

En este sentido, la Sala considera preciso retomar las consideraciones esbozadas para resolver la denuncia del vicio de incompetencia manifiesta, en el entendido de que el Ministro para la Vivienda y el Hábitat no fijó o modificó porcentaje alguno respecto al que previamente había fijado el Consejo Nacional de la Vivienda mediante la Resolución N° 012 de fecha 26 de febrero de 2005, y de haberlo hecho, se encontraría en uso de las facultades legales que le asignaban las normas allí analizadas, al detentar como quedó establecido, la rectoría en materia de Vivienda y Hábitat.

Ahora bien, en lo que respecta a la aplicabilidad temporal de la Resolución impugnada, la Sala observa que el artículo 3 de dicho acto administrativo, se estableció lo siguiente:

“La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela.”.  (Negrillas de la Sala).

La disposición antes transcrita, dispone expresamente el período de vigencia a partir del cual la Resolución impugnada entrará en vigencia, lo cual ocurrió a partir del 7 de julio de 2005, con la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

En este sentido, la Sala debe desechar el alegato del apoderado actor respecto al supuesto agravio que la Resolución recurrida causó a “…la situación económica de los Institutos de Crédito, en perjuicio de la seguridad jurídica de los propios beneficiarios…”, al haber modificado en el octavo mes del año, el porcentaje de la cartera de créditos que los Bancos y otras Instituciones Financieras están obligados a destinar para créditos hipotecarios durante todo el año, toda vez que, de conformidad con el principio de irretroactividad de la ley, ésta “…debe aplicarse hacia el futuro y no hacia el pasado, encontrándose fuera del ámbito temporal de aplicación de una nueva ley, aquellas situaciones que se originaron, consolidaron y causaron efectos jurídicos con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma.” (Vid. Sentencia N° 2005-02131 del 21 de abril de 2005).

En consecuencia, respecto al caso concreto, debe indicar la Sala que la aplicación de los parámetros que estableciera la Resolución impugnada, no comporta lesión alguna a las Instituciones Bancarias ni genera inseguridad jurídica a los beneficiarios, sino que modifica a partir de su entrada en vigencia las directrices que en materia de política habitacional  había fijado el Ministerio para la Vivienda y el Hábitat en cumplimiento del postulado consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se declara.

Desestimadas como han sido las denuncias realizadas por el representante judicial del Banco del Caribe Banco Universal, debe esta Sala declarar sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto. Así se declara.

VI

DECISIÓN

En virtud de los razonamientos antes expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado Gonzalo Pérez Petersen, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil BANCO DEL CARIBE BANCO UNIVERSAL, contra la Resolución s/n de fecha 30 de junio de 2005, emanada del MINISTERIO PARA LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT (hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.223 del 7 de julio del citado año.

2.- FIRME el acto administrativo impugnado.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente judicial. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de agosto del año dos mil siete (2007). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

La Presidenta - Ponente

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01520.

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN