Magistrado Ponente: EMIRO GARCÍA ROSAS

Exp. Nº 2002-0375

 

Mediante escrito presentado ante esta Sala en fecha 3 de mayo de 2002, los abogados Marianna HARI ALMEIDA, Henry TORREALBA LEDESMA y María Fernanda ZAJÍA (números 52.336, 11.568 y 32.501 del INPREABOGADO), actuando como apoderados judiciales de la sociedad mercantil MINERA LAS CRISTINAS, C.A. (MINCA) (inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, en fecha 24 de enero de 1992, bajo el Nº 17, Tomo A, N° 132), interpusieron recurso de nulidad con medida cautelar innominada contra el acto administrativo contenido en el oficio N° PRE-678-01 de fecha 6 de noviembre de 2001, dictado por el Presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.) (Instituto Autónomo creado por el Estatuto Orgánico para el Desarrollo de Guayana, dictado mediante Decreto Ejecutivo N° 430, de fecha 29 de diciembre de 1960, reformado por Decreto N° 676 publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 3.574 Extraordinario de fecha 21 de junio de 1985), mediante el cual declaró extinguido el Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación de Mineral Oro de Aluvión y de Veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, suscrito entre la referida Corporación y la recurrente.

El 7 de mayo de 2002 se dio cuenta en Sala y se ordenó oficiar al Ministro de la Secretaría de la Presidencia solicitando la remisión del expediente administrativo correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 123 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Mediante auto del 24 de mayo de 2002 se ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación.

En fecha 19 de junio de 2002 el Juzgado de Sustanciación admitió el recurso, acordando la notificación de los ciudadanos Fiscal General de la República y Procuradora General de la República. Igualmente, ordenó librar el cartel al que se refiere el artículo 125 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en el tercer (3º) día de despacho siguiente a que constaren en autos las notificaciones ordenadas. Asimismo, acordó notificar al ciudadano Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana. Finalmente, en lo que respecta a la medida cautelar innominada solicitada, dejó establecido que, en su oportunidad, ordenaría abrir el respectivo cuaderno separado.

Por escrito presentado el 25 de junio de 2002 ante el Juzgado de Sustanciación, el abogado Simón ARAQUE (INPREABOGADO bajo el Nº 5.303), actuando con el carácter de apoderado de la Corporación Venezolana de Guayana, solicitó la nulidad del auto de admisión de fecha 19 de junio de 2002 y, consecuentemente, la inadmisibilidad de la presente demanda, a la vez que apeló, del mencionado auto.

Mediante escrito presentado en fecha 10 de julio de 2002 el apoderado de la Corporación Venezolana de Guayana ratificó los pedimentos formulados en su escrito de fecha 25 de junio de 2002.

El 16 de julio de 2002 las apoderadas de la sociedad mercantil Minera Las Cristinas, C.A., presentaron escrito mediante el cual solicitaron se declarara improcedente lo exigido en fecha 25 de junio de 2002, por el apoderado de la Corporación Venezolana de Guayana.

Por auto dictado el 6 de agosto de 2002 el Juzgado de Sustanciación oyó en un solo efecto la apelación interpuesta.

En fecha 13 de agosto de 2002 el abogado Simón ARAQUE indicó las copias que debían acompañar el cuaderno separado abierto con motivo de la apelación interpuesta.

Mediante escritos presentados en fechas 17 de septiembre y 1° de octubre de 2002 las apoderadas de la sociedad mercantil Minera Las Cristinas, C.A. (MINCA) ampliaron su solicitud de medida cautelar innominada.

Por escrito de fecha 23 de octubre de 2002 el abogado Simón ARAQUE, apoderado de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.), se opuso a la medida cautelar solicitada.

En diligencias del 13 de noviembre y 3 de diciembre de 2002, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación dejó constancia de la notificación de los ciudadanos Procuradora General de la República y Fiscal General de la República, respectivamente.

El 10 de diciembre de 2002 el Juzgado de Sustanciación libró cartel de emplazamiento a los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

En fecha 12 de diciembre de 2002 el apoderado de la recurrente retiró el cartel de emplazamiento, el cual fue consignado el 17 de diciembre de 2002.

Mediante escrito presentado en fecha 21 de enero de 2003 el apoderado de la Corporación Venezolana de Guayana se dio por citado, contradijo el recurso de nulidad, consignó anexos y opuso las cuestiones previas contenidas en los ordinales 1° y 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, consistentes en la incompetencia de la Sala para conocer de la presente causa y de la inepta acumulación de acciones, respectivamente.

En fecha 4 de febrero de 2003 los apoderados de ambas partes consignaron escritos de promoción de pruebas y anexos en la presente causa.

Por escritos presentados en fechas 11 y 12 de febrero de 2003, las apoderadas de la recurrente y el apoderado de la Corporación Venezolana de Guayana, respectivamente, formularon oposición a las pruebas promovidas.

El 19 de febrero de 2003 las abogadas Marianna HARI ALMEIDA y María Fernanda ZAJÍA, actuando como apoderadas judiciales de Minera Las Cristinas, C.A. (MINCA), solicitaron que se declarase inadmisible por extemporáneo, el escrito de oposición a las pruebas presentado por el apoderado de la Corporación Venezolana de Guayana.

Por auto dictado en fecha 25 de febrero de 2003, el Juzgado de Sustanciación acordó abrir el cuaderno de medidas y ordenó remitirlo a esta Sala a los fines de la decisión correspondiente.

En fechas 26 de febrero y 6 de marzo de 2003, el apoderado de la Corporación Venezolana de Guayana solicitó al Juzgado de Sustanciación pronunciamiento sobre la admisión de las pruebas promovidas.

El 11 de marzo de 2003 el Juzgado de Sustanciación libró el oficio N° 0287, dirigido al Presidente y demás Magistrados de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, remitiendo el cuaderno de medidas.

Mediante autos de fecha 17 de junio de 2003 el Juzgado de Sustanciación admitió las pruebas promovidas por las partes.

Por escrito presentado en fecha 25 de junio de 2003 el abogado Simón ARAQUE apeló del auto de admisión de pruebas de fecha 17 de junio de 2003; solicitud que fue declarada improcedente por el Juzgado de Sustanciación en fecha 1° de julio de 2003.

Por diligencia presentada ante el Juzgado de Sustanciación el 29 de julio de 2004, la abogada Marianna HARI ALMEIDA, actuando como representante judicial de la sociedad mercantil Minera Las Cristinas, C.A., desistió del procedimiento contencioso administrativo de nulidad.

El 10 de agosto de 2004 el Juzgado de Sustanciación pasó el expediente a Sala a los fines de la homologación del desistimiento.

En fecha 17 de agosto de ese mismo año se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, a los fines de decidir la homologación del desistimiento planteado.

Por diligencia de fecha 24 de agosto de 2004 el apoderado de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) se opuso al desistimiento del procedimiento presentado por la abogada Marianna HARI ALMEIDA, por considerar que Minera Las Cristinas C.A. pretende desistir del procedimiento en este juicio después de vencido el lapso probatorio; y, como quiera que el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil sólo autoriza el desistimiento del procedimiento cuando éste se proponga antes de la contestación de la demanda, salvo que el recurrente obtenga consentimiento de la parte contraria, es claro que tal solicitud -según expresó- no produce efecto jurídico alguno.

Mediante diligencia de fecha 9 de septiembre de 2004 el Magistrado Hadel Mostafá Paolini manifestó su voluntad de inhibirse para conocer del caso de autos, por considerar que se encuentra incurso en la causal contenida en el numeral 15 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.

 El 6 de octubre de 2004 la apoderada judicial de la recurrente ratificó el desistimiento del procedimiento presentado en fecha 29 de julio de 2004; asimismo, expresó que no se requiere el consentimiento de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) para desistir del presente procedimiento, por cuanto el caso de autos no puede subsumirse en el supuesto al cual se refiere el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 17 de enero de 2005 se dejó constancia de la incorporación a esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, quedando integrada como sigue: Presidenta: Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta: Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero;  Magistrados: Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas. Asimismo, se ordenó la continuación de la presente causa.

Por diligencia de fecha 29 de marzo de 2005 el apoderado de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) solicitó pronunciamiento sobre el desistimiento del procedimiento realizado por la representación de la recurrente.

El 28 de marzo de 2006 la apoderada de la recurrente solicitó la homologación del desistimiento formulado.

El 25 de mayo de 2006 el Magistrado Hadel Mostafá Paolini ratificó su voluntad de inhibirse en el presente asunto por considerar que se encuentra incurso en la causal contenida en el numeral 15 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.

 Por auto del 6 de junio de 2006 se declaró procedente la inhibición planteada por el Magistrado Hadel Mostafá Paolini y se ordenó la convocatoria del respectivo suplente o conjuez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela de 2004, aplicable ratione temporis.

En esa misma fecha, por oficio N° 3173, la Presidenta de esta Sala Político-Administrativa convocó a la Conjueza María Luisa Acuña López, para constituir la Sala Accidental, quien aceptó la convocatoria el 27 de junio de 2006.

En fechas 3 de agosto y 6 de noviembre de 2006, el abogado Simón ARAQUE solicitó la constitución de la Sala Accidental.

Por acta de fecha 29 de noviembre de 2006 se constituyó la Sala Político-Administrativa Accidental de la siguiente manera: Presidenta: Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta: Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; Magistrados: Levis Ignacio Zerpa, Emiro García Rosas; Conjueza: María Luisa Acuña López. Se designó ponente a la Conjueza María Luisa Acuña López.

Mediante diligencias de fechas 2 de octubre de 2007 y 31 de enero de 2008 el apoderado judicial de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) solicitó se dictara el pronunciamiento correspondiente a la homologación planteada. Asimismo, en fecha 24 de abril de 2008 la apoderada judicial de la recurrente solicitó la homologación del desistimiento formulado.

Por sentencia Nº 00684 del 4 de junio de 2008 esta Sala negó la homologación del desistimiento del procedimiento, propuesto por Minera Las Cristinas, C.A., en virtud de que se requería del consentimiento de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.).

El 3 de marzo de 2009 se paso el expediente al Juzgado de Sustanciación; el siguiente día (4-03-2009), por encontrarse concluida la sustanciación, el referido Juzgado pasó el expediente a esta Sala donde se recibió el 6 del mismo mes y año.

Por auto del 10 de marzo de 2009 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Emiro García Rosas.

En fecha 17 de marzo de 2009 comenzó la relación, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, se fijó el acto de informes para el décimo (10º) día de despacho, el cual fue diferido por auto del 15 de abril de 2009 para el 5 de noviembre del mismo mes y año.

Mediante escrito del 28 de octubre de 2009 el abogado Christian Michel COLSON (INPREABOGADO Nº 98.556), actuando como sustituto de la ciudadana Procuradora General de la República, expuso que su representada “considera que en el asunto de fondo debatido en el presente proceso, se encuentran involucrados en forma directa los derechos e intereses patrimoniales de la República, lo que hace necesaria su intervención” en el acto de informes fijado para el 5 de noviembre de 2009, porque “ejercerá la defensa de la República Bolivariana de Venezuela, coadyuvando con la representación judicial de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG), en las razones de derecho que sustentan la legalidad del acto impugnado y demás consideraciones tendentes a garantizar la eficaz defensa del Estado Venezolano”.

En la oportunidad fijada para que tuviese lugar el acto de informes -5 de noviembre de 2009-, comparecieron los abogados Iris RODRÍGUEZ de RODRÍGUEZ (INPREABOGADO Nº 13.079), actuando como apoderada judicial de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.), Gustavo ÁLVAREZ ARIAS (INPREABOGADO Nº 34.325) y Christian Michel COLSON en representación de la Procuraduría General de la República, quienes expusieron sus argumentos y consignaron las conclusiones escritas. La accionante no compareció al acto.

El 13 de enero de 2010 terminó la relación y se dijo “VISTOS”.

En fechas 7 de julio y 21 de septiembre de 2010, la representación judicial de la Procuraduría General de la República solicitó se dictase sentencia.

Por auto de fecha 14 de diciembre de 2010, se dejó constancia de la incorporación a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de la Magistrada Trina Omaira Zurita, designada por la Asamblea Nacional el 7 de diciembre de 2010, quedando conformada la Sala de la forma siguiente: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; Magistrados Levis Ignacio Zerpa y Emiro García Rosas y Magistrada Trina Omaira Zurita. Igualmente se ordenó la continuación de la presente causa.

En fechas 1º de febrero y 1º de noviembre de 2011 la representación judicial de la Procuraduría General de la República solicitó se dictase sentencia.

I

ANTECEDENTES

Según consta en el Punto Nº 001, Cuenta Nº 037 del 15 de julio de 1991, presentado por el Ministro de Estado (Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana) al Presidente de la República, contentivo del asunto: “FINALIZACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES ENTRE CVG Y PLACER DOME INC. SOBRE EL PROYECTO AURÍFERO LAS CRISTINAS”, en fecha 30 de noviembre de 1990 -por recomendación del Subcomité Técnico de Evaluación designado por el Comité de Contratación de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.)- se “otorgó la buena pro a la empresa PLACER DOME INC.” para la exploración, desarrollo y explotación de mineral oro de aluvión y de veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, ubicada en el Municipio Sifontes del Estado Bolívar.

Consta en copia certificada del “ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS No. 154 DE FECHA 25 DE JULIO DE 1991, dirigida por el Presidente de la República de Venezuela, que quedó “APROBADO” el punto Nº 3 de la agenda del día presentado por el Ministro de Estado (Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana), como sigue: “Se solicita del ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros, la aprobación de la Constitución de las Empresas Mixtas ‘Minera Las Cristinas, C.A. MINCA’ y ‘Relaves Mineros Las Cristinas, C.A. REMINCA’, para la exploración, desarrollo y explotación del yacimiento aurífero Las Cristinas, cuyos accionistas son  la Corporación Venezolana de Guayana y la Empresa Placer Dome Inc.”.

En fecha 25 de julio de 1991 se celebró el “CONVENIO DE ACCIONISTAS” entre la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.), representada por su Presidente el ciudadano Leopoldo SUCRE FIGARELLA (cédula de identidad número 944.531) y la empresa PLACER DOME INC., representada por su Vice-Presidente Eliseo GONZÁLEZ-URIEN (pasaporte norteamericano número 070694687). En dicho acuerdo se dejó constancia de lo siguiente:

(…) Por cuanto la CVG y PDI desean constituir dos (2) compañías mineras:

(i)                  Una que inicialmente explorará y, si se establece que es económicamente factible de acuerdo con este convenio, explotará oro en el área denominada ‘Las Cristinas’ 4, 5, 6 y 7, situada cerca del kilómetro 88 del Municipio Sifontes, Estado Bolívar.

(ii)                Otra que evaluará y, si se establece que es económicamente factible de acuerdo con este convenio, procesará las colas existentes en Las Cristina 4 y 5.

Ahora, por lo tanto, en consideración a las premisas y a las condiciones y compromisos recíprocos que contiene este convenio, la CVG y PDI convienen en lo siguiente:

 I. CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS

Inmediatamente después del otorgamiento de este convenio, la CVG y PDI realizarán todos los actos necesarios para constiruir las siguientes compañías mineras:

A. Minera Las Cristinas, C.A. (‘Minca’)

1. Documento Constitutivo de Minca

Minca se regirá por el documento constitutivo/estatutos sociales que se adjunta como anexo ‘A’ y forma parte integrante de este Convenio.

2. Capital Social de Minca

Minca emitirá dos clases de acciones comunes: el 70% de las acciones que integren su capital social serán acciones clase ‘A’ y serán suscritas en su totalidad por Placer Dome de Venezuela, C.A. (‘Inversionista de PDI’); para lo cual PDI será solidaria de las obligaciones de su inversionista, y el 30% de las acciones que integren su capital social serán acciones clase ‘B’ y serán suscritas en su totalidad por una subsidiaria propiedad de la CVG en un 100% (‘Inversionista de la CVG’), para lo cual CVG será solidaria de las obligaciones de su inversionista. (…).

II. CONTRATOS MINEROS Y PRIMER PROGRAMA DE EXPLORACIÓN

A. Contrato de Exploración y Subsiguiente Explotación entre la CVG y Minca para Explorar y Explotar Las Cristinas 4, 5, 6 y 7

Inmediatamente después de que Minca haya sido constituida, la CVG celebrará con aquella, un Contrato de Exploración y Subsiguiente Explotación de Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, copia del cual se adjunta como anexo ‘C’ y forma parte integrante de este convenio. (…).

V. GENERAL (…)

B. Resolución de Controversias

Las Accionistas, la CVG y PDI harán todo lo posible para resolver con prontitud y de buena fe cualquier controversia que se suscite con respecto a este Convenio Modificado o sus anexos. En el caso de que una controversia no pueda resolverse en forma amistosa, será resuelta en forma definitiva y exclusivamente mediante arbitraje de conformidad con el Código de Procedimiento Civil venezolano, conducido de acuerdo con las Normas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París (las ‘Normas de Arbitraje’). El procedimiento arbitral:

i) Tendrá lugar en la ciudad de Caracas o en aquel otro lugar dentro de la República de Venezuela que las partes convengan; y

ii) Será conocido y decidido por tres (3) árbitros arbitradores, a menos que las partes en la controversia convengan en designar un (1) solo árbitro arbitrador de acuerdo con las Normas de Arbitraje o con otro procedimiento convenido por ellas. Las partes en el arbitraje correrán con su costo, a partes iguales. No obstante, cada una de las partes será responsable por los honorarios de abogados y gastos legales en que incurra. Los laudos arbitrales serán finales y, si es necesario, podrán presentarse a un tribunal competente para que ordene su ejecución.

C. Ley Aplicable

Este convenio y sus anexos se regirán e interpretarán conforme a las leyes de la República de Venezuela.

D. Cesión: Efecto Vinculante

A menos que en este convenio se disponga lo contrario, ninguna de las partes podrá ceder sus derechos ni delegar sus obligaciones conforme a este convenio, sin el previo consentimiento de la otra parte dado por escrito, el cual no será negado sin causas justificadas. Este convenio será vinculante y redundará en beneficio de cada una de las partes contratante, de sus respectivos sucesores y de sus cesionarios permitidos. (…).

G. Acuerdo Total

Este convenio con sus anexos constituye el acuerdo total entre las partes en lo que respecta a su objeto, y sustituye y deja sin efecto a todos los convenios y acuerdos previos entre las partes, tanto verbales como escritos, relacionados con dicho objeto. (…)”. (Subrayado del acuerdo) (resaltado de la Sala).

 El 24 de enero de 1992 quedó constituida la compañía MINERA LAS CRISTINAS C.A. (inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, bajo el Nº 17, Tomo A-132), “conforme a lo aprobado por el Presidente de la República de Venezuela en Consejo de Ministros, en Sesión de fecha 25 de julio de 1.991, cuyos accionistas son la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.) y PLACER DOME DE VENEZUELA C.A.

En fecha 13 de marzo de 1992 se celebró contrato entre la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.), representada por su Presidente y la empresa Minera Las Cristinas C.A., representada por su Director Principal, para la exploración, desarrollo y explotación de mineral oro de aluvión y de veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7 (autenticado en la Notaría Primera de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, el 4 de marzo de 1992, bajo el número 66, Tomo 21, e inscrito en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Roscio del Estado Bolívar, bajo el Nº 71, folios vto. 34 al 41, Protocolo Primero Adicional, de fecha 19 de marzo de 1992). En el mencionado contrato se establecieron -entre otras- las cláusulas siguientes:

Novena: La Empresa deberá asimismo presentar a la Corporación, en el curso de los meses de enero y julio de cada año, informes pormenorizados de ejecución de las actividades llevadas a cabo durante los respectivos semestres inmediatos anteriores, incluyendo producción de mineral, ventas en el país y exportaciones del mismo, personal, inventario de equipos, maquinarias con sus marcas, seriales y fotocopias de facturas de compra y accesorios, y demás pormenores del trabajo realizado. Dicho informe deberá presentarse en original y tres (3) copias. Cuando durante la explotación, la empresa encontrare minerales de importancias estratégicas o económicas diferentes a los que son objeto de este contrato, lo comunicará de inmediato a la Corporación, a todos los efectos consiguientes, sin que la empresa pueda disponer de dichos minerales en forma alguna.”.

Décima Séptima: Las obras permanentes ejecutadas por la Empresa, incluyendo instalaciones, accesorios, equipos y cualesquiera otros bienes adquiridos en propiedad con destino a la exploración, desarrollo y explotación, objeto de este contrato, pasarán en plena propiedad a la Corporación, libres de gravámenes y cargas, sin indemnización alguna, el extinguirse el presente contrato, cualquiera que sea la causa. En consecuencia, dichos bienes serán mantenidos y conservados por la Empresa en comprobadas condiciones de buen funcionamiento, según los adelantos y principios técnicos aplicables. Alos efectos del cumplimiento de esta obligación la Empresa deberá informar a la Corporación de todos los bienes que adquiera con destino a la ejecución del presente contrato. La Corporación podrá utilizar a la Empresa, la realización de actos de disposición o desafectación sobre cualquiera de los bienes antes referidos, cuando considere que ellos han dejado de ser necesarios para la ejecución de los trabajos.”.

Décima Novena: La Empresa acepta expresamente que la paralización de los trabajos de explotación objeto del presente contrato, por un período de doce (12) meses y sin motivo debidamente justificado y aceptado por la Corporación, será causal de rescisión del contrato por parte de la Corporación”.

Vigésima Cuarta: Las partes harán sus mejores esfuerzos para facilitar el correcto desarrollo de este contrato en la forma más conveniente, evitando cualquier acto que pueda causar fricciones entre ellas o que, de cualquier otra manera, pueda ser obstáculo para llevar a cabo el correcto cumplimiento del objeto del presente contrato. En caso de que sobrevengan circunstancias imprevistas que afecten los objetivos de las partes, éstas realizarán sus mejores esfuerzos para encontrar las soluciones más convenientes. Ninguna de las partes será responsable de cualquier incumplimiento de las obligaciones asumidas conforme a este contrato, cuando dicho incumplimiento no sea directa ni indirectamente atribuible a cualquiera de las partes, sino que sea resultado de fuerza mayor, la cual consistirá en cualquier circunstancia más allá del control de cualquiera de las partes, que no haya podido ser razonablemente prevista y superada, y que pueda impedir o demorar excesivamente el cumplimiento de cualquier obligación establecida en el contrato. Tales circunstancias incluyen, pero no está (sic) limitadas a los hechos de la naturaleza o actos administrativos o judiciales, emanados de cualquier autoridad pública legalmente competente en la materia correspondiente, y también guerras, hostilidades, sabotajes, incendios o huelgas. Cualquier causa de fuerza mayor debidamente comprobada dará lugar a la extensión de los plazos previstos en este contrato, por el mismo tiempo que dure el evento de fuerza mayor.”.

Vigésima Quinta: Si alguna de las partes dejare de insistir en una o en varias instancias en que se dé estricto cumplimiento a cualquiera de las obligaciones de este convenio o no hiciere uso de cualquiera de sus derechos conforme al mismo, ello no será considerado como una renuncia a cualquiera de dichas disposiciones o al ejercicio en el futuro de  cualquiera de esos derechos, los cuales se mantendrán en plena fuerza y vigor. Si cualquiera de las disposiciones de este contrato resultare ser nula, inejecutable, o estar en conflicto con la ley, el resto de las disposiciones de este convenio no quedarán afectadas por ello y serán válidas y ejecutadas en toda la extensión permitida por la ley, en el entendido, sin embargo, de que en el caso de que dicha nulidad o inejecutabilidad dañe sustancialmente los derechos o intereses de cualquiera de las partes, éstas renegociarán de buena fe este contrato para tratar de conservar su estabilidad.”.

Vigésima Sexta: Las partes harán todo lo posible por resolver, con prontitud y de buena fe, cualquier controversia que se suscite con respecto a este contrato o a sus anexos. En el caso de que las partes en una controversia no puedan resolverla en forma amistosa, dicha controversia será resuelta definitiva y exclusivamente mediante arbitraje de conformidad con el Código de Procedimiento Civil Venezolano, conducido de acuerdo con las normas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de Paris (las normas de arbitraje). El procedimiento arbitral: (I) tendrá lugar en la ciudad de Caracas o en aquel otro lugar dentro de la República de Venezuela que las partes convengan; (II) será conocido y decidido por tres (3) árbitros arbitradores a menos que las partes en la controversia convengan en designar un (1) sólo árbitro arbitrador de acuerdo con las normas de arbitraje o con otro procedimiento convenido por ellas. Las partes en el arbitraje correrán con su costo a partes iguales. No obstante, cada una de las partes será responsable por los honorarios de abogados y gastos legales en que incurra. Los laudos arbitrales serán finales y, si es necesario, podrán presentarse a un tribunal competente para que ordene su ejecución”.

Vigésima Séptima: Cualquiera de las partes tendrá derecho de terminar este contrato después de transcurridos noventa (90) días continuos a partir de la fecha en que notifique por escrito a la otra, atribuyéndole en forma razonada, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en este contrato, siempre que dentro de dicho plazo no se hubiere subsanado el incumplimiento. Si la parte que invoque el incumplimiento considera que el mismo pueda ser subsanado antes de los mencionados noventa (90) días, deberá indicar expresamente a la otra en el escrito de notificación, el plazo en que se deba corregir el incumplimiento, con señalamiento de las motivaciones que fundamenten ese plazo. Si el incumplimiento se subsana en un lapso mayor del razonablemente señalado por la parte agraviada, o del lapso aceptado por esta a proposición de la otra parte, siempre que no excediera el límite máximo de noventa (90) días, la parte que hubiere incumplido pagará a la otra los correspondientes daños y perjuicios ocasionados por el retardo”.

Vigésima Octava: Las partes no podrán ceder, en forma alguna, a terceros el presente contrato, salvo que medie la aprobación previa, dada por escrito, por la otra parte”.

Trigésima: Este contrato y sus anexos se regirán e interpretarán conforme a las leyes de la República de Venezuela”.

El 31 de julio de 1997 las partes suscribieron una reforma del  CONVENIO DE ACCIONISTAS”, denominado ahora “CONVENIO DE ACCIONISTAS MODIFICADO entre CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA, PLACER DOME, INC. y PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A.”, dejando constancia de lo siguiente:

(…) Por cuanto CVG y PDI [Placer Dome Inc.] celebraron el Convenio. (…).

Por cuanto después que MINCA concluyó satisfactoriamente los programas exploratorios de Las Cristinas, el 1ro. De agosto de 1996, conforme al Contrato MINCA, CVG y PDVEN [Placer Dome de Venezuela C.A.], en su carácter de únicos accionistas de MINCA, resolvieron aprobar el inicio de la etapa de construcción y exploración del Proyecto con base al Estudio de Factibilidad.

Por cuanto PDVEN y CVG acordaron iniciar la construcción del Proyecto tan pronto como las partes hubieren modificado el Convenio, el documento constitutivo de MINCA, a fin de reflejar los acuerdos de las partes con respecto a la etapa de construcción y explotación del Proyecto.

Ahora, por lo tanto, en consideración a las premisas precedentes y a los compromisos recíprocos contenidos en este Convenio Modificado, CVG, PDI Y PDVEN en su carácter de Inversionista de PDI, convienen en lo siguiente:

(…)

ARTÍCULO III

ASPECTOS ADICIONALES

Sección 3.07. Opción de CVG: CVG tendrá la opción de adquirir la totalidad o una parte de las acciones clase D propiedad de PDVEN durante el período señalado en el literal (e) de la presente sección. Dicha opción estará sujeta a las siguientes condiciones:

(…)

e) La opción vencerá irrevocablemente a los seis (6) meses contados a partir de la fecha de conclusión de la construcción del Proyecto (este período de seis (6) meses consiste en dos (2) meses del período de pruebas (‘commisioning’) más cuatro (4) meses). PDTS [Placer Dome Technical Services Ltd.] establecerá de común acuerdo con el Gerente General de MINCA el comienzo del período de pruebas (‘commisioning’) y MINCA notificará a CVG y a PDVEN que el período de seis (6) meses antes referido ha comenzado…

(…)

ARTÍCULO VIII

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Sección 8.01. Arbitraje: CVG y PDVEN harán todo lo posible para resolver con prontitud y de buena fe cualquier controversia que se suscite con respecto a este Convenio Modificado o sus anexos. En el caso de que una controversia no pueda resolverse en forma amistosa, será resuelta en forma definitiva y exclusivamente mediante arbitraje de conformidad con el Código de Procedimiento Civil venezolano, conducido de acuerdo con las Normas de Arbitraje. El procedimiento arbitral:

a)    Tendrá lugar en la ciudad de Caracas, Venezuela, y

b)   Será conocido y decidido por tres (3) árbitros de derecho. Las partes en el arbitraje correrán con su costo, a partes iguales. No obstante, cada una de las partes será responsable por los honorarios de abogados y gastos legales en que incurra. Los laudos arbitrales serán inapelables e inimpugnables y, si es necesario, podrán presentarse a un tribunal competente para que ordene su ejecución.

ARTÍCULO IX

LEY APLICABLE

Sección 9.01. Ley Aplicable: Este Convenio Modificado y sus anexos se regirán e interpretarán conforme a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

ARTÍCULO X

CESIÓN, EFECTO VINCULANTE

Sección 10.01. Cesión del Convenio Modificado: Salvo que en este Convenio Modificado se disponga lo contrario, ninguna de las partes podrá ceder sus derechos ni delegar sus obligaciones conforme al mismo, sin el previo consentimiento de la otra parte dado por escrito. Este convenio será vinculante y redundará en beneficio de cada una de las partes contratantes, y de sus cesionarios permitidos. (…).

ARTÍCULO XIII

ACUERDO TOTAL

Sección 13.01. Acuerdo Total. Sustitución: Este Convenio Modificado constituye el acuerdo total de las partes en lo que respecta a su objeto y reemplaza, sustituye y deja sin efecto al Convenio  y a cualquier otro acuerdo  verbal o escrito entre las partes sobre dicho objeto. Los anexos I (Mapa), II (Programa de Exploración) y III (Regalía) del Convenio constituyen anexos de este Convenio Modificado, al igual que el anexo A (Documento Constitutivo de MINCA) de este documento. (…)”. (Subrayado del convenio) (Resaltado y agregados de esta Sala).

De acuerdo al “Convenio de Accionistas Modificado”, se aprobó la reforma del contrato para la exploración, desarrollo y explotación de mineral oro de aluvión y de veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7 (autenticado en la Notaría Pública Quinta del Municipio Chacao del Estado Miranda el 7 de abril de 1999, bajo el Nº 11, Tomo 34 de los libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, y registrado el 15 del mismo y año, ante la Oficina Subalterna del Municipio Antonio Roscio, Guasipati Estado Bolívar, bajo el Nº 22, Tomo I, Protocolo Primero), en los términos siguientes:

POR CUANTO MINCA y CVG celebraron el día 4 de marzo de 1992 el Contrato de Exploración y Subsiguiente Explotación en Las Cristinas 4, 5, 6, y 7 (en lo sucesivo el ‘CONTRATO’) (…)

POR CUANTO, CVG y Placer Dome de Venezuela, C.A., en su carácter de únicas accionistas de MINCA, han acordado modificar (i) la cláusula DECIMA SÉPTIMA del CONTRATO, según se evidencia en la resolución adoptada a tal efecto por la Junta Directiva de MINCA en su sesión de fecha 16 de diciembre de 1998,  así como (ii) el Anexo III del CONTRATO, tal como se evidencia en el acta de la Asamblea General Extraordinaria de MINCA de fecha 1º de agosto de 1996, así como en el Anexo ‘Propuesta de Placer Dome’ de igual fecha, habiendo quedado registrados tanto dicha acta como tal anexo en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz el día 4 de septiembre de 1996, bajo el Nº 1, Tomo C-Nro. 18, (…)”.

Según consta en “Acta de la reunión de Junta Directiva de Minera Las Cristinas, C.A. celebrada el 15 de julio de 1999, se acordó:

En Caracas, el día 15 de julio de 1999 (…) estuvo presente el Director Principal Sr. Jacinto Añez y los siguientes Directores Suplentes: Carl Gagnier, Eugenio Hernández-Bretón y José Antonio Pinedo, constituyendo así el quórum legal y estatutario. Seguidamente se dio lectura al siguiente orden del día según la Convocatoria enviada a los Directores. PRIMERO: Considerar y resolver sobre la suspensión del Proyecto Las Cristinas. (…) De inmediato se puso en consideración el punto PRIMERO del orden del día y después de moción debidamente hecha y aprobada, con los votos favorables de los Directores designados por la accionista Placer Dome de Venezuela, C.A., la Junta adoptó la siguiente resolución: SE RESUELVE: Suspender el Proyecto Las Cristinas según lo establecido en Sección 2.02, letra f del Convenio de Accionistas Modificado celebrado el 31 de julio de 1997 entre Corporación Venezolana de Guayana, Placer Dome Inc. y Placer Dome de Venezuela, C.A.; y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23 del Documento Constitutivo-Estatutos Sociales de la compañía. A continuación el Director Jacinto Añez, designado por la accionista Corporación Venezolana de Guayana (CVG), dejó constancia de su voto en contra en los siguientes términos: La CVG ratifica su posición de no estar de acuerdo con la propuesta de suspensión del Proyecto Las Cristinas, por considerar que la información suministrada por la compañía a la Junta Directiva no es suficiente a los fines de tomar tal decisión. Por ejemplo, desconocemos las implicaciones a las que estaría sometida la compañía en relación a los documentos financieros firmados y en los cuales la CVG también fue signataria en varios de ellos siendo corresponsable de las obligaciones adquiridas. ¿Cómo la relación contractual establecida en el contrato de trabajo, los Contratos de Electricidad suscritos con Edelca, Concesiones de Cobre, etc? El Director Añez sugirió integrar un equipo multidisciplinario de trabajo integrado por representantes de PDI, Minca y CVG para evaluar los motivos de la suspensión del financiamiento y por consiguiente la construcción del Proyecto. El Director de la CVG resaltó que la posición de la CVG obedece a un lineamiento de agotar el máximo todos los escenarios y alternativas posibles que permitan evaluar los criterios orientados a concluir las metas establecidas. (…)”. (Folios 119 al 121, Pieza Nº 1 del expediente judicial) (Subrayado del acta) (Resaltado de la Sala).

Posteriormente, en reunión celebrada el 8 de agosto de 2000, entre los representantes legales de la Corporación Venezolana de Guayana, Placer Dome Inc. y Placer Dome de Venezuela, C.A. y el Presidente de Minera Las Cristinas, C.A., se acordó lo siguiente:

Antonio López Reina, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Puerto Ordaz, titular de la cédula de identidad Nº 2978586, procediendo en este acto en su condición de representante legal de la Corporación Venezolana de Guayana (…); William M. Hayes de nacionalidad estadounidense, mayor de edad, domiciliado en Santiago de Chile, titular del pasaporte Z7500869, en su condición de representante legal de Placer Dome, Inc. (‘PDI’), (…) y de Placer Dome de Venezuela, C.A. (‘PDV’), (…), y José Antonio Pinedo, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Caracas, titular de la cédula de identidad nº 6900667, en su condición de Presidente de Minera Las Cristinas, C.A. (‘MINCA’) (…), todas en conjunto denominadas las ‘Partes’, han acordado celebrar, como en efecto celebran en este acto, el presente convenio, el cual se regirá de acuerdo a las siguientes disposiciones: (…).

PRIMERO: Se prorroga la suspensión de la ejecución del Contrato por un período de un (1) año contado a partir del día 15 de julio de 2000 (la ‘Prórroga’). La duración de la Prórroga podrá ser renovada por el período que se estime conveniente mediante acuerdo escrito entre las Partes, otorgado antes de la finalización de la Prórroga. (…).

QUINTO: En caso de que un tercero manifieste su interés de participar en MINCA y/o en el Proyecto mediante la presentación de una carta de intención o cualquier otro documento de similar naturaleza que cumpla con las condiciones establecidas por el Banco de Inversión de acuerdo con las pautas y parámetros que le hayan sido fijados por las Partes, en tal caso, las Partes deberán emplear sus mejores esfuerzos para favorecer la incorporación de dicho tercero al Proyecto.

A tales efectos, las partes, con el concurso del Banco de Inversión, deberán celebrar un acuerdo en el que se establezcan los mecanismos para estudiar, evaluar y facilitar la participación del tercero interesado y, eventualmente, facilitar su incorporación, y para determinar un programa de trabajo para lograr tales resultados, todo ello dentro de los plazos más expeditos posibles, los cuales acordarán con la recomendación del Banco de Inversión.

Dentro del proceso de selección de un nuevo socio, PDI y PDV mantienen el derecho de reactivar a través de MINCA las actividades de construcción del Proyecto en todo momento, en el entendido de que si su decisión de reactivar el Proyecto ocurre después de que se haya recibido una oferta firme de algún tercero, PDI y PDV, si desean proceder a tal reactivación, deberán igualar las condiciones de dicha oferta que excedan a aquéllas existentes en el Contrato. ”.  (Folio 122, Pieza Nº 1 del expediente judicial).

Mediante comunicación número PRE-471-01 del 6 de agosto de 2001    -recibida el 7 del mismo mes y año- la C.V.G. notificó a MINCA que había detectado incumplimientos contractuales, concediéndole el plazo de noventa (90) días continuos para subsanarlos, según lo previsto en la cláusula Vigesimoséptima del contrato minero. El mencionado oficio expresó lo siguiente:

(…) Me dirijo a Uds., en mi condición de Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y suficientemente autorizado mediante Resolución del Directorio de fecha 06-08-2001, a fin de hacer de su conocimiento, que en revisión efectuada al contrato suscrito entre la Corporación Venezolana de Guayana, en lo sucesivo CVG y, la empresa Minera Las Cristinas, C.A., en lo sucesivo MINCA, para la exploración y subsiguiente explotación de mineral oro, de aluvión y de veta en las áreas Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, de fecha 01-02-1992, se han detectado los siguientes incumplimientos contractuales:

·      Cláusula Novena: La empresa MINCA no cumplió con la obligación de presentar a la CVG, durante los últimos dos (2) años, los informes pormenorizados de la ejecución de las actividades llevadas a cabo de acuerdo a los términos del referido contrato.

·      Cláusula Décima Novena: La empresa MINCA incurrió en el supuesto previsto en esta Cláusula Décima Novena, habiéndose vencido las prórrogas sucesivas concedidas, al 15-07-2001.

Asimismo, se evidencia de las comunicaciones recibidas en esta Corporación Venezolana de Guayana, de fechas 13-07-2001, Nº WMH-C-072/2001; del 16-07-2001, Nº WMH-C-469/2001 y del 25-07-2001, Nº WMH-C-073/2001, de la empresa Placer Dome, a través de su representante Sr. Williams M. Hayes, la transacción efectuada con la empresa Vanesa Ventures Ltd., a través de su subsidiaria IHC Corp., de la transferencia de todas las acciones de que son titulares en Placer Dome de Venezuela, contraviniendo expresas disposiciones contractuales contenidas en la Cláusula Vigésima Quinta (sic) del antes referido contrato, que la obligan a obtener de la CVG la debida autorización escrita para dicha transferencia, dado el alcance que dicha transferencia opera sobre MINCA, circunstancia que fue confirmada por los representantes de Placer Dome en reunión de fecha 20-07-2001, realizada en la Presidencia de la CVG.

La descrita conducta ha generado fricciones entre las partes asociadas en la empresa MINCA, en contravención a lo dispuesto en la Cláusula Vigésima Cuarta del mencionado contrato, así como el derecho que le asiste a la CVG de adquirir las acciones Clase D en MINCA, hasta transcurridos seis (6) meses luego de ejecutado el Proyecto objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en la Sección 3.07 del Artículo III y de aprobar la incorporación de nuevos socios, de acuerdo a la Sección 10.1 del Artículo X del Convenio de Accionistas Modificado del 31-07-1997 y artículo 5 del Acuerdo de Prórroga de fecha 08-08-2000.

En relación a lo expuesto y, dada la actitud asumida por Placer Dome, socio de CVG en MINCA, se determina la existencia de incumplimiento contractuales y, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Vigésima Sexta del contrato al cual se contrae la presente comunicación, se le notifica que MINCA dispone del lapso de noventa (90) días continuos, contados a partir de la fecha de recepción de la presente notificación, a los fines de subsanar dichos incumplimientos o llegar a un acuerdo con la CVG, de lo contrario se procederá a la rescisión del Contrato para la Exploración y Subsiguiente Explotación de Mineral Oro, Aluvión y de Veta en las Áreas Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, de fecha 01-02-1992.. (Resaltado del oficio) (Ver folios 125 y 126, Pieza Nº 1 del expediente judicial).

En fecha 23 de agosto de 2001 la recurrente dio respuesta a la advertencia que le hizo la CVG, en los términos siguientes:

Estando en la oportunidad legal establecida en el Contrato, mediante el presente escrito procedemos a dar respuesta a los señalamientos contenidos en la comunicación Nº 471-01 mencionada:

(1) Como primer punto señalado en la comunicación objeto de este escrito se alega el incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula Novena del Contrato; por cuanto sostiene que MINCA durante los últimos dos (2) años ha incumplido con su obligación de presentar a CVG los informes pormenorizados de la ejecución de las actividades llevadas a cabo en las áreas del Contrato.

Al respecto señalamos, que los informes a que se refiere la Cláusula Novena del Contrato, tal y como es del conocimiento de CVG y como se evidencia del Convenio de Prórroga celebrado el 8 de agosto de 2000 no han sido presentados por cuanto el Contrato ha estado suspendido por dicho lapso.

Como es sabido, la suspensión de las actividades bajo el Contrato tiene como consecuencia la suspensión de sus efectos y obligaciones, por lo que, la obligación de presentación de informes pormenorizados, los cuales se refieren y son consecuencia directa de las actividades que se desarrollen, se encontraba al igual que su causa, suspendidos. Esto, porque no pueden producirse reportes sobre actividades que, por razón de la suspensión acordada, no ocurrieron.

(2) El segundo incumplimiento señalado en la comunicación es el supuesto contenido en la Cláusula Décima Novena del Contrato. Al respecto señala el comunicado que MINCA se encuentra desde el 15 de julio de 2001 en el supuesto contemplado en la Cláusula citada, por cuanto vencieron las prórrogas concedidas.

(…)

La prórroga concedida venció el pasado 15 de julio de 2001, por lo que a la fecha de la emisión de la comunicación objeto de este escrito solo ha transcurrido un (1) mes a partir de dicho vencimiento. Tal como dispone la mencionada cláusula, tal supuesto solo aplica luego de transcurridos doce (12) meses continuos a partir del 15 de julio de 2001, es decir hasta el 15 de julio de 2002, será que efectivamente haya incurrido en el supuesto citado, dando derecho a la Corporación a rescindir el Contrato.

(…)

(3) Como punto adicional, la comunicación hace referencia a las cartas remitidas por Placer Dome de Venezuela, sosteniendo que las mismas contravienen la cláusula Vigésima Quinta del Contrato.

El efecto transcribimos parcialmente el contenido de la comunicación a tales efectos:

‘…Asimismo, se evidencia de las comunicaciones recibidas en esta Corporación Venezolana de Guayana, de fechas 13-07-2001, Nº WMH-C-072/2001; del 16-07-2001, Nº WMH-C-469/2001 y del 25-07-2001, Nº WMH-C-073/2001, de la empresa Placer Dome, a través de su representante Sr. Williams M. Hayes, la transacción efectuada con la empresa Vanesa Vantures Ltd., a través de su subsidiaria IHC Corp., de la transferencia de todas las acciones de que son titulares en Placer Dome de Venezuela, contraviniendo expresas disposiciones contractuales contenidas en la Cláusula Vigésima Quinta del antes referido contrato, que la obligan a obtener de la CVG la debida autorización escrita para dicha transferencia,…’ (Subrayado mío)

En cuanto a lo señalado en la comunicación parcialmente transcrita, es importante aclarar que MINCA es una sociedad independiente y con personalidad jurídica propia distinta a la de sus accionistas, y en tal sentido no puede pronunciarse sobre las comunicaciones que tengan o se intercambien sus accionistas.

Como bien lo establece la comunicación, el Contrato fue suscrito entre CVG y Minera Las Cristinas ‘MINCA’, por lo que su contenido y alcance solo le son aplicables a las partes contratantes y es solamente a éstas a quienes obligan, no siendo una de ellas Placer Dome de Venezuela.

Por otra parte, es de mencionar que la cláusula transcrita que contiene el dispositivo aludido es la Cláusula Vigésima Octava y no la ya mencionada.

VIGÉSIMA OCTAVA: Las partes no podrán ceder, en forma alguna, a terceros el presente contrato, salvo que medie la aprobación previa, dada por escrito de la otra parte’.

El supuesto contenido en la cláusula transcrita [Vigésima Octava] se refiere al escenario en que alguna de las partes, entiéndase CVG o MINCA, cediere sus derechos bajo el contrato a un tercero sin la autorización de la otra parte. A este respecto, MINCA no ha cedido y de ninguna forma ha comprometido los derechos y obligaciones adquiridos bajo el contrato, y por el contrario reconoce y ratifica su compromiso para el cumplimiento de las mismas.

(…)

Del análisis de las cláusulas Novena, Décima Novena, Vigésima Quinta (Vigésima Octava como señaláramos) y Vigésima Cuarta del Contrato, fundamentos de la comunicación objeto de este escrito, y las razones aquí expuestas sobre los señalamientos relativos a cada una de tales cláusulas, se evidencia que hasta la fecha MINCA no ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, y en consecuencia salvo las aclaratorias aquí contenidas nada tiene que subsanar en relación con las mismas.

Con relación a las menciones relativas a la Sección 3.07 del Artículo III y la Sección 10.1 del Artículo X del Convenio de Accionistas Modificado del 31-07-1997, contenidos en la comunicación a que se refiere este escrito, por cuanto MINCA no es parte contratante de tal acuerdo, mal podría incurrir en incumplimiento y estar obligada a subsanar hechos que no son de su responsabilidad y que no han sido ejecutados por ella.” (Folios 127 al 130, Pieza Nº 1 del expediente judicial) (subrayado del texto) (resaltado de la Sala).

 

 

 

 

II

ACTO IMPUGNADO

Mediante oficio Nº PRE-678-01 emitido en fecha 6 de noviembre de 2001, la Presidencia de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) comunicó a la sociedad mercantil Minera Las Cristinas C.A. (MINCA) su decisión de extinguir el Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación de Mineral Oro de Aluvión y de Veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, suscrito entre las partes, fundamentándose en lo siguiente:

(…) 1º) Por cuanto la C.V.G., celebró con Minera Las Cristinas, C.A., en lo adelante MINCA, un Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación de Mineral Oro de Aluvión y de Veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, en lo sucesivo el Contrato de Trabajo, el cual fue autenticado en la Notaría Primera de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, el 4 de marzo de 1.992, bajo el número 66, Tomo 21, e inscrito en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Roscio del Estado Bolívar, bajo el Nº 71, folios vto. 34 al 41, Protocolo Primero Adicional, de fecha 19 de marzo de 1992, debidamente facultada para otorgar dicho contrato según consta de asignación contenida en el Decreto 1.409, de fecha 29 de diciembre de 1990, vigente para esa época.

2º) Por cuanto MINCA, en su carácter de titular del Contrato de Trabajo, quedó obligada al exacto cumplimiento de lo previsto en la Ley de Minas, su Reglamento y demás Decretos y Resoluciones aplicables a los contratos de trabajo celebrados por la C.V.G. durante la vigencia de los Decretos Nº 1.409, de 29 de diciembre de 1990 y Nº 3.281 del 9 de diciembre de 1993, y en el propio Contrato de Trabajo; y que las obligaciones contenidas en el Contrato de Trabajo son adicionales y complementarias y en ningún caso sustitutivas de las obligaciones contenidas en la Ley de Minas y su Reglamento, toda vez que el exacto cumplimiento de dicha normativa no puede ser relajado mediante acuerdos o convenios, por constituir normas de orden público, vale decir, articuladas a la tutela y conservación de intereses que trascienden la esfera jurídica particular de la relación jurídica concreta.

3º) Por cuanto, mediante el Decreto 1.384, de 26 de junio de 1996, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.000, de fecha 15 de julio de 1996, el Ejecutivo Nacional derogó el régimen de asignaciones o delegaciones a la CVG en materia minera, contenido inicialmente en el Decreto 1.409, posteriormente sustituido por el Decreto 3.281, autorizando al Ministerio de Energía y Minas el ejercicio de atribuciones de fiscalización y control sobre los contratos de trabajo otorgados por CVG, con el compromiso de ésta de vigilar el exacto cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de los contratos, y en caso de incumplimiento notificarlo de inmediato al Ministerio de Energía y Minas;

4º) Por cuanto, en acatamiento a lo previsto en la Cláusula Vigésima Séptima del Contrato de Trabajo, la CVG notificó a MINCA, mediante comunicación número PRE-471-01, de 6 de agosto de 2001, recibida el 7 del mismo mes y año,  que había detectado incumplimientos contractuales y le concedió el plazo contractual de 90 días continuos para subsanarlos, cuyos incumplimientos son los siguientes:

‘Cláusula Novena: La empresa MINCA no cumplió con la obligación de presentar a la CVG, durante los últimos dos (2) años, los informes pormenorizados de la ejecución de las actividades llevadas a cabo de acuerdo a los términos del referido contrato’.

‘Cláusula Décima Novena: La empresa MINCA incurrió en el supuesto previsto en esta Cláusula Décima Novena, habiéndose vencido las prórrogas sucesivas concedidas, al 15-07-2001’.

‘…la transacción efectuada con la empresa Vanesa Ventures Ltd., a través de la subsidiaria IHC Copr., de la transferencia de todas las acciones de que son titulares en Placer Dome de Venezuela, contraviniendo expresas disposiciones contractuales contenidas en la Cláusula Vigésima Quinta (Rectius: Vigésima Octava) antes del referido contrato, que la obligaban a obtener de la CVG la debida autorización escrita para dicha transferencia, dado el alcance que dicha transferencia opera sobre MINCA…’.

‘…se determina la existencia de incumplimientos contractuales y, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Vigésima Sexta del contrato al cual se contrae la presente comunicación, se le notifica a MINCA que dispone del lapso de noventa (90) días continuos, contados a partir de la fecha de recepción de la presente notificación, a los fines de subsanar dichos incumplimientos…’.

5º) Por cuanto, mediante comunicación número MINCA/2001-059, de 23 de agosto de 2001, MINCA dio respuesta a la comunicación enviada por CVG el 6 de agosto de 2001 (…).

6º) Por cuanto la suspensión de la ejecución del proyecto, así como la paralización prevista en la Cláusula Décima Novena, la cual se refiere expresa y exclusivamente a la paralización de los trabajos de exploración por un período de doce meses sin motivo debidamente justificado y aceptado por CVG, no puede ser interpretada extensivamente por MINCA pretendiendo su aplicación a la suspensión del cumplimiento de las restantes obligaciones contenidas en la Ley de Minas, su Reglamento y en el propio Contrato de Trabajo, dentro de las cuales se incluye la obligación de presentar informes pormenorizados de las actividades llevadas a cabo en el semestre anterior contenida en la Cláusula Novena del Contrato de Trabajo, sin que los mismos se encuentren limitados o de alguna manera condicionados a que haya una real actividad en la realización de trabajos de explotación o de ejecución del proyecto, ya que estos comprenden igualmente la obligación de reportar las actividades de exploración, mantenimiento, construcción, programas sociales, etc., por lo que la falta de presentación oportuna de los informes pormenorizados a que se refiere la citada Cláusula Novena representa un incumplimiento de MINCA de las obligaciones asumidas en el Contrato de Trabajo.

7º) Por cuanto la suspensión de actividades por parte de MINCA más allá de la prórroga acordada por las partes, que venció el 15 de julio de 2.001, representa un claro incumplimiento de las obligaciones asumidas en el Contrato de Trabajo.

8º) Por cuanto el único proyecto minero por el que MINCA está facultada y obligada a desarrollar es aquel debidamente aprobado por las autoridades correspondientes, contenido en el Estudio de Factibilidad Técnico-Económico y su modificación, por lo que MINCA no podía imponerle unilateralmente a la CVG ‘el plan de financiamiento adjunto’ a la comunicación del 16 de julio de 2001 a la que alude en su comunicación de fecha 23 de agosto de 2001.

Además, no consta que MINCA hubiese presentado ante CVG ni ante el Ministerio de Energía y Minas, la solicitud de modificación del referido proyecto ni de los recaudos requeridos, por lo que MINCA no podía alegar la notificación de inicio de trabajos no autorizados como justificación para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Trabajo.

9º) Por cuanto que el plazo de 90 días continuos transcurrió íntegramente sin que subsanara los incumplimientos señalados por CVG, MINCA ha incurrido en causal de rescisión del Contrato de Trabajo, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Vigésima Séptima del Contrato de Trabajo.

10) Por cuanto de conformidad con lo previsto en la Ley de Minas y en el Decreto 1.384, del 26 de junio de 1996, CVG notificará de inmediato al Ministerio de Energía y Minas el incumplimiento de las obligaciones asumidas por MINCA en el Contrato de Trabajo, por tener atribuciones de control y fiscalización sobre los contratos otorgados por la CVG y sobre las actividades mineras en la República Bolivariana de Venezuela.

11) Por cuanto de la secuencia de los hechos señalados precedentemente, se demuestra que la CVG en el presente caso ha dado cumplimiento al principio de garantía del debido proceso previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y las Cláusulas del Contrato de Trabajo, ya identificadas; y que, asimismo, la interesada MINCA tuvo la oportunidad en el plazo de noventa (90) días previsto en dicho contrato, para alegar sus razones y exponer sus pruebas, es decir, para ejercer el derecho a la defensa garantizado en el ordinal 1º del antes mencionado artículo 49 constitucional, y transcurrido dicho plazo sin que MINCA hubiese subsanado los apuntados incumplimientos que le fueron notificados,

RESUELVE:

1º) Se declara rescindido o extinguido el Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación de Mineral Oro de Aluvión y de Veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, suscrito entre CVG y MINCA, protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Roscio del Estado Bolívar, bajo el Nº 71, folios vto. 34 al 41, Protocolo Primero Adicional, de fecha 19 de marzo de 1992, dado el manifiesto incumplimiento de sus obligaciones contractuales suficientemente probado en la parte motiva de la presente decisión.

2º) En virtud de la presente extinción MINCA deberá devolver a la CVG las minas, las obras permanentes ejecutadas por la empresa y todos los bienes afectados a la exploración, la explotación y desarrollo de dichas minas, incluso instalaciones, accesorios, equipos y cualesquiera otros bienes, conforme lo previsto en la Cláusula Décima Séptima del Contrato de Trabajo, modificada según la Cláusula Primera del Convenio de Modificación del Contrato de Exploración y Subsiguiente Explotación en las Cristinas 4, 5, 6 y 7, inscrito en la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Autónomo Roscio del Estado Bolívar, Guasipati, bajo el Nº 22, Tomo I, Protocolo Primero, de fecha 15 de abril de 1999, que contempla la reversión, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º del mencionado, ut supra, Decreto 1.384, para cuyo propósito se le concede a MINCA el plazo de siete (7) días continuos, contados a partir de la notificación de la presente decisión. (…)”. (Destacado del oficio).

III

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Minera Las Cristinas, C.A. (MINCA) fundamentaron el recurso en los siguientes términos:

Como punto previo -refiriéndose a “la clasificación y naturaleza del acto de terminación anticipada del contrato”-, plantearon que la decisión tomada por CVG “no constituye un acto administrativo porque en este caso no ha sido dictada en ejercicio del ius imperium de la Administración”.

Que dicha Corporación “actuó en el ámbito del contrato, como una de sus partes, invocando cláusulas que supuestamente le conceden esa facultad, por lo que la decisión unilateral de terminación del Contrato Minero contenida en el Oficio, lejos de tener la naturaleza de un acto administrativo, tiene naturaleza contractual…”.

FUNDAMENTOS DE HECHO.

Que en 1990 “PLACER DOME INC fue invitado por el Gobierno de Venezuela, a través de la CVG a participar en la licitación internacional que adjudicaría los derechos de exploración y explotación de mineral de oro de aluvión y veta en Las Cristinas. Concluido el proceso, la CVG adjudicó la buena pro de la licitación a PLACER DOME INC y comenzó el período de negociaciones de los documentos contractuales entre ambas entidades, el cual concluyó con la firma de un acuerdo de accionistas (anexando el proyecto de documento constitutivo de MINCA y el de exploración y explotación de Las Cristinas) en el Consejo de Ministros, con presencia del Presidente de la República, que se celebró el 25 de julio de 1991.

Que durante el período entre la firma del convenio de accionistas (25 de julio de 1991) y la firma del contrato minero (19 de marzo de 1992), fue constituida PLACER DOME DE VENEZUELA C.A.

Que MINCA es una empresa constituida en enero de 1992, cuyos accionistas son “VANNESSA DE VENEZUELA, C.A. (en lo adelante ‘VANNESSA’) antes denominada PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. y la CVG (…)”.

Que el 25 de julio de 2001 “PLACER B-V, único accionista de VANNESSA (…), cedió la mayoría de sus acciones a IHC CORP., empresa propiedad en su totalidad de VANNESSA HOLDINGS CORPORATION (…)”.

Que conforme a “lo acordado por CVG y MINCA en el Contrato Minero, la actividad de exploración de Las Cristinas se ejecutaría en una primera fase y la de explotación en una segunda fase dividida en una etapa de construcción y operación”.

Que habiendo obtenido “todos los permisos para la exploración del mineral de oro, MINCA inició en 1993 las operaciones de exploración en las áreas, las cuales concluyeron en junio de 1996 con la elaboración y presentación del Estudio de Factibilidad Técnico Económico”.

Que el mencionado estudio “fue aprobado por la CVG en agosto de 1996 y por el Ministerio de Energía y Minas “en agosto de 1997.

Que “cumplida la fase de exploración y con miras a dar inicio a la fase de explotación, MINCA requirió obtener un financiamiento para iniciar la etapa de construcción de esta fase”, por lo tanto, en sesión celebrada el 15 de julio de 1999, la Junta Directiva de MINCA “decidió suspender la ejecución del Contrato Minero por un período de doce (12) meses”, y el 8 de agosto de 2000, “CVG, PLACER DOME, INC., PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. Y MINCA suscribieron un Convenio de Prórroga de la suspensión del Contrato Minero por un (1) año, el cual venció el 15 de julio de 2001.

Que el 6 de agosto de 2001 el Presidente de la CVG dirigió comunicación a su representada imputándole “presuntos incumplimientos contractuales, concretamente la violación a las Cláusulas Novena y Décima Novena del Contrato Minero, otorgándole a MINCA un plazo de noventa (90) días continuos para subsanarlos de conformidad con lo establecido en la Cláusula Vigésima Novena del Contrato”, quien respondió a tales señalamientos en fecha 23 de agosto de 2001.

Que MINCA no ha podido continuar con la fase de explotación porque no cuenta con la aprobación del plan de reactivación por parte de la CVG que “se ha negado” a recibir sus solicitudes, y cuyos directivos también “se han negado reiteradamente a participar en las reuniones de Junta Directiva de MINCA”.

Que en fechas 7 y 15 de noviembre de 2001, MINCA dirigió comunicados a CVG exponiendo en forma detallada los fundamentos por los cuales considera improcedente la actuación de la CVG.

Que el 15 de noviembre de 2001 la CVG comunicó a MINCA que no procedía el arbitraje sino la rescisión del contrato minero, y el 16 del mismo mes y año “procedió a tomar de forma forzosa el área de Las Cristinas, los bienes y la infraestructura afectos al Contrato Minero”.

Que el 8 de marzo de 2002 fue publicada la Gaceta Oficial Nº 37.400 de la República Bolivariana de Venezuela, la Resolución Nº 035 mediante la cual el Ministerio de Energía y Minas dispuso que en virtud de que la CVG rescindió el Contrato,  la República “reasume la plenitud de los derechos que ostenta sobre las concesiones de oro caducadas y extinguidas”, operando la reversión de los bienes, conforme a la Ley de Minas y el contrato extinguido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Falta de jurisdicción.

Que la decisión de CVG de declarar rescindido el contrato minero es nula, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos, “por ser violatoria de los derechos constitucionales de MINCA al debido proceso y a ser juzgada por sus jueces naturales”, debido a que dicho instituto no acudió al procedimiento de arbitraje previsto en la Cláusula Vigésimosexta.

Que de acuerdo con dicha cláusula, las partes acordaron “sustraer” del conocimiento de los tribunales venezolanos todas las diferencias “derivadas o en conexión” con el contrato minero.

Que “siendo la Cláusula Arbitral parte del Contrato Minero, que es ley entre las partes, no puede legítimamente la CVG desconocer unilateralmente la fuerza vinculante de dicha Cláusula, dictando un acto como el impugnado para obligar a MINCA a resolver las controversias derivadas del Contrato Minero a través de una jurisdicción distinta a la jurisdicción arbitral”.

En razón de lo expuesto, solicitan a esta Sala “declare la nulidad de la Decisión de CVG contenida en el Oficio del 6 de noviembre de 2001 y en consecuencia declare que la controversia planteada por CVG debe ser debatida mediante arbitraje por ser la jurisdicción natural a la cual las partes decidieron someterse”.

Falso supuesto de hecho.

En cuanto a los informes requeridos por la CVG, de conformidad con lo previsto en la Cláusula Novena del Contrato Minero:

Que tales informes “no fueron presentados [por MINCA] por cuanto el Contrato Minero estuvo suspendido desde el 15 de julio de 1999 hasta el 15 de julio de 2001, por lo que salvo lo expresamente establecido en dichas suspensiones con relación a la ejecución de determinadas obras y actividades, el resto de los efectos obligaciones bajo el Contrato Minero se encontraban suspendidas”.

Que “pese a tal suspensión y por cuanto el mantenimiento y la ejecución de obras sociales, así como la gestión diaria de la compañía siguieron su ritmo normal de trabajo, periódicamente la Junta Directiva de MINCA con la participación y aprobación de los cinco (5) Directores, evaluaron y aprobaron las operaciones llevadas a cabo durante tales períodos”.

Que MINCA subsanó dicho incumplimiento dentro del plazo de noventa (90) días otorgado por CVG en la comunicación del 6 de agosto de 2001, en virtud de lo cual, “no procede la terminación del Contrato Minero por esta causal”.

En cuanto a que MINCA incurrió en el supuesto previsto en la Cláusula Décim onovena del Contrato, al no reanudar las actividades:

Que la Junta Directiva de MINCA, en sesión del 15 de julio de 1999, “en la cual se encontraban presentes los directores designados por la CVG”, decidió suspender la ejecución del Contrato Minero por un período de doce (12) meses, y que en fecha 8 de agosto de 2000 “MINCA y CVG suscribieron un Convenio de Prórroga de la suspensión del Contrato Minero por un (1) año”, el cual se venció el 15 de julio de 2001.

Que “sólo si MINCA hubiese dejado de realizar las actividades de explotación durante los doce (12) meses continuos siguientes a partir del 15 de julio de 2001, es decir, hasta el 15 de julio de 2002, estaría efectivamente incursa en el supuesto de la Cláusula Décima Novena, dando derecho a la CVG a rescindir el Contrato Minero”.

En cuanto a que “la venta o cesión de las acciones del capital de PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A., por parte de su propietario (PLACER DOME B-V LIMITED) a un tercero (VANNESSA HOLDINGS CORPORATION)” contraviene lo dispuesto en la Cláusula Vigésimoctava del Contrato Minero:

Que en fecha 25 de julio de 2001, “PLACER B-V LIMITED, único accionista de VANESSA (antes denominada PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A.), cedió la mayoría de sus acciones a IHC CORP., empresa propiedad en su totalidad de VANNESSA HOLDINGS CORPORATION”.

Que no existe impedimento ni en la legislación venezolana ni en el Contrato Minero “que restrinja o prohíba la venta de las acciones del capital social de PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A., por parte de su propietario a un tercero”.

Que “el hecho de que las actividades de CVG hayan sido definidas como de utilidad pública en las normas que rigen tal Corporación no extiende tal definición a toda persona que contrate con esa entidad y, mucho menos, le confiere ese carácter a las acciones del capital social de dichos contratantes”.

Que “la empresa contratante con CVG para la explotación del Proyecto Minero es MINCA y no PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A., la cual no tiene derechos sobre dicho proyecto”.

Que “distinto es el caso en conexión con cualquier venta o transferencia propuesta de acciones del capital social de MINCA, la cual estaría sometida a las disposiciones sobre derecho preferente a favor de los accionistas establecidas en el documento constitutivo estatutario de MINCA”.

Que tal limitación contractual “es lógica y adecuada puesto que persigue proteger a los demás accionistas de una venta de acciones del capital social de la empresa que tiene los derechos sobre el Proyecto de acuerdo con el Contrato Minero, además de consagrar un derecho de protección a favor del accionista distinto al accionista que se propone vender su participación accionaria en MINCA. Este no es el caso de PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. la cual, como se señaló, no tiene derechos mineros sobre el Proyecto y ha sido siempre propiedad de un solo accionista, salvo a los efectos de su constitución.”.

Que “mal puede haber fraude o sospecha de fraude en razón de la venta de acciones de PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. cuando la venta por parte de PLACER B-V LIMITED de las acciones que poseía en la empresa PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. no contraviene disposición contractual o legal alguna ni requería autorización previa por parte de CVG.”.

Que “la venta o cesión de las acciones del capital de PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A., por parte de su propietario (PLACER B-V LIMITED) a un tercero (VANNESSA HOLDINGS CORPORATION) no contraviene Cláusula alguna del Contrato Minero”. Así solicitan sea declarado.

Que el contrato fue celebrado entre MINCA y CVG, por lo tanto, ni Placer Dome de Venezuela C.A. ni sus “accionistas directos e indirectos son parte del mismo ni están obligados por sus normas”.

Que dicha cláusula impide la cesión del contrato minero, pero no la cesión de “cualquier otro derecho o propiedad”.

Finalmente, solicitan la nulidad de la resolución impugnada, por considerar demostrado que la CVG incurrió en falso supuesto al estimar que MINCA incumplió “específicas Cláusulas del Contrato Minero”.

Conjuntamente, los apoderados judiciales de la accionante solicitaron medida cautelar innominada.

IV

ARGUMENTOS DE LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG)

El abogado Simón ARAQUE, representante de la CVG, al objetar las denuncias de la actora, pidió a este Alto Tribunal pronunciarse previamente sobre los siguientes puntos:

1) Que la Sala no es competente para conocer esta causa, en virtud de que, a su decir, la competencia “corresponde a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”. Al respecto razonó como sigue:

Que el presente asunto está relacionado con el “cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos”.

Que el numeral 14 del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Corte  Suprema de Justicia atribuye a esta Sala político-Administrativa la competencia para conocer de la “resolución” de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los Estados o las Municipalidades, pero como su patrocinada es un instituto autónomo, y aunque “integra el sector público, no se corresponde con la identidad de la República”.

2) Que en la presente acción hay una “acumulación prohibida por haberse deducido conjuntamente pretensiones que se excluyen mutuamente y, además, tienen procedimientos incompatibles entre sí”, según lo previsto en el encabezamiento y en el ordinal 4º del artículo 84 de la Ley Orgánica de la Corte  Suprema de Justicia. Este alegato lo razonó en la forma siguiente:

Que tal incompatibilidad se pone de manifiesto al solicitar la accionante “la nulidad absoluta de la decisión con apariencia de acto administrativo contenida en el Oficio Nº PRE-678-01  de fecha 6 de noviembre de 2001, y como consecuencia de tal nulidad, se declare que “el procedimiento arbitral previsto en la Cláusula Vigésima Séptima (Rectuis: Sexta) del Contrato Minero es la vía para solucionar las controversias que se deriven de la ejecución del señalado Contrato”.

Que tales pretensiones deben ser tramitadas por procedimientos diferentes: la primera “por versar sobre la nulidad de un acto administrativo de efectos particulares”, de acuerdo a los artículos 121 y siguientes de la Ley Orgánica de la Corte  Suprema de Justicia; la segunda, “por tratarse de una pretensión mero declarativa”, debe tramitarse por el “juicio ordinario”, conforme a los artículos 16 y 338 del “Código de Trámites” (rectius: Código de Procedimiento Civil), 88 y 103 de la Ley Orgánica de la Corte  Suprema de Justicia.

Para contradecir el recurso de nulidad el apoderado judicial de la CVG alegó lo siguiente:

Que del texto del acto administrativo recurrido quedó “demostrado que la C.V.G. fue excesivamente cuidadosa del respeto de las garantías constitucionales de MINCA sobre el debido proceso y el derecho a la defensa, al punto que se atuvo estrictamente a lo previsto en la Cláusula Vigésima Séptima del Contrato Minero”, advirtiéndole que disponía del plazo de noventa (90) días para subsanar los incumplimientos atribuidos en la resolución impugnada.

Que MINCA “ejerció libre y soberanamente” su derecho a la defensa al responderle a  la CVG, mediante comunicación 2001-059 del 23 de agosto de 2001.

Que la afirmación de MINCA, en relación a que se le violaron las garantías constitucionales a la defensa y al debido proceso, es contraria a lo que arrojan las actas procesales.

Que la actora alegó “equivocadamente que le conculcaron la garantía constitucional de ser juzgada por sus jueces naturales, por no recurrir la C.V.G. al arbitraje pactado en el Contrato Minero”; no obstante, “en todo Contrato Minero por su naturaleza de interés público incontrovertible, los jueces naturales son los del contencioso administrativo”, por lo tanto, “no se puede acudir al arbitraje” porque sería una violación al artículo 127 de la Constitución de 1961, en virtud de que la Cláusula Vigésimosexta del Contrato Minero contradice el referido precepto constitucional.

Que “no existe ninguna norma constitucional o legal que impidiera a la C.V.G. rescindir unilateralmente el contrato”, en virtud de que “contractualmente C.V.G. estaba autorizada para rescindir unilateralmente el contrato, previa la garantía a MINCA del ejercicio de los derechos constitucionales del debido proceso y de la defensa, como en efecto así ocurrió”.

Que la Cláusula Vigesimoséptima del Contrato Minero permite su extinción unilateralmente; eficacia jurídica que fue reconocida por MINCA en su escrito de nulidad (folio 26, renglones 8 al 16), por lo tanto, “las partes lo que hicieron fue concretar en el Contrato Minero la Cláusula implícita de todo contrato administrativo de interés público, que permite a la administración rescindir unilateralmente el contrato administrativo por incumplimiento del particular, cuya potestad irrenunciable contrasta notablemente con la Cláusula de Arbitraje indebidamente pactada, puesto que de admitir su validez equivaldría a sustraerse de la cláusula de inmunidad de jurisdicción”.

Que ciertamente en el Contrato Minero se establecieron dos formas opuestas para rescindirlo, es decir, la Cláusula Vigésimosexta contentiva del arbitraje, la cual debe reputarse como no escrita, y la Cláusula Vigesimoséptima que autorizó a los contratantes para rescindir el contrato por incumplimiento de la otra parte, que es la vía idónea; por lo tanto, habiendo sido pactadas “dos hipótesis antagónicas debe prevalecer la que no colide con la Constitución”.

Que la Constitución de 1999 y la Ley de Arbitraje Comercial de 1998 no habían sido promulgadas para la fecha de la celebración del Contrato Minero, por lo que, vista la jurisprudencia sustentada en tales cuerpos normativos, al “versar sobre cuestiones diferentes al asunto controvertido”, “considera que nada tiene que contradecir sobre sus contenidos”.

En cuanto al falso supuesto de hecho que la actora atribuyó al oficio impugnado, alegó lo siguiente:

La violación de la Cláusula Novena del Contrato se consumó porque MINCA “no cumplió con la obligación de presentar a la C.V.G. durante los últimos dos (2) años, los informes pormenorizados de la ejecución de las actividades llevadas a cabo de acuerdo a los términos del referido contrato”, cuyos informes debían incluir “producción del mineral, ventas en el país y exportación del mismo, personal, inventario de equipos, maquinarias con sus marcas, seriales y fotocopias de facturas de compra y accesorios y demás pormenores del trabajo realizado”, en virtud de que “la única actividad que se podía paralizar eran los trabajos de explotación”, incumplimiento que MINCA admitió.

Que la información “general e imprecisa” presentada por MINCA en la comunicación 2001-103 del 19 de octubre de 2001, no se ajustó a lo previsto en la Cláusula Novena del Contrato, porque omitió indicar a qué semestre correspondía y se limitó a informar de las “operaciones realizadas durante el lapso de suspensión y su prórroga”, lo cual destaca la indeterminación, generalidad y vaguedad de dicha comunicación.

Que la mencionada comunicación no explicó en qué áreas había cumplido “labores de conservación, mantenimiento y cuido de Las Cristinas, incluso protección ambiental”; tampoco explicó en qué consistieron esas labores.

Que la recurrente “afirmó que había remitido a C.V.G. un cuadro explicativo de inversiones sociales ejecutadas hasta la fecha”, pero no consta la recepción de tal información por parte de su representada. Asimismo, las Actas de Junta Directiva a que hace alusión la comunicación 2001-102 del 19 de octubre de 2001 “no era la vía idónea contractualmente pactada” para dar cumplimiento a la aludida Cláusula.

En cuanto al presunto incumplimiento de la Cláusula Décimonovena del Contrato Minero:

Argumentó el apoderado judicial de la demandada que MINCA “invocó el convenio de prórroga de paralización de los trabajos de explotación de las Minas Las Cristinas, el cual fue otorgado el 8 de agosto de 2000, por el Ing. Antonio López Reyna, pero no consta en el documento contentivo de la prórroga en cuestión, que este hubiese sido autorizado por el Directorio de la C.V.G.”, quien actuaba como “representante legal de la C.V.G.”.

Que “frente a la omisión de un requisito esencial para la formación de la voluntad colectiva de la C.V.G. (…) el documento de prórroga debe tenerse como no otorgado”.

Que además, “esa prórroga era ilegal por contrariar lo dispuesto en los artículos 24 de la Ley de Minas de 1945 y 61 de la Ley de Minas de 1999, normas de orden público, que sólo autorizan la paralización de las actividades de explotación por el período de un año”.

Respecto al presunto incumplimiento de lo previsto en la Cláusula Vigésimoctava del Contrato Minero expresa el representante de la demandada que está referido a la “cesión de las acciones realizada por empresa Placer B-V Limited, propiedad de Placer Dome Inc., a la empresa IHC Corporación, propiedad de la empresa Vanesa Holdings Corporación, acciones que representaban la totalidad del capital social de la Compañía Placer Dome de Venezuela, C.A., quien a su vez era la propietaria del noventa y cinco (95%) de las acciones de Minca, sin la autorización expresa escrita de C.V.G.”. 

Que dicha cesión contraviene, además, el “Punto 16 de la Cuenta número 10/01” aprobado por el Ministro de Estado (Presidente de C.V.G.) en fecha 12 de junio de 1991, presentado por la Vicepresidencia Corporativa de Minería denominado “Finalización de las Negociaciones entre C.V.G. y Placer Dome Inc. sobre el Proyecto Aurífero Las Cristinas”. Y que en el referido punto de cuenta “se aprobó inicialmente la prohibición [a las partes] de ceder sus derechos ni delegar sus obligaciones sin el previo consentimiento de la otra parte dado por escrito, el cual no será negado sin causa justificada”.

Que en el Convenio de Accionistas del 25 de julio de 1991 -aceptado por las partes- se ratificó la creación de MINCA, la cual estableció en su acta constitutiva y estatutaria, “conforme a lo aprobado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, en sesión de fecha 25 de julio de 1991, la estipulación siguiente:

Cesión: Efecto vinculante. A menos que en este convenio se disponga lo contrario, ninguna de las partes podrá ceder sus derechos ni delegar sus obligaciones conforme a este Convenio, sin el previo consentimiento de la otra parte dado por escrito, el cual no será negado sin causas injustificadas. Este Convenio será vinculante y redundará en beneficio de cada una de las partes contratantes, de sus respectivos sucesores y de sus cesionarios permitidos”.

Que este requisito de autorización expresa y escrita para la cesión de los derechos fue reproducido en similares términos en el Acuerdo de Accionistas Modificado del 31 de julio de 1997.

Que las “Condiciones Generales de la oferta privada” fueron aceptadas por Place Dome Inc. con la suscripción de los referidos convenios, acuerdos y contratos, por lo tanto, “forman parte del régimen jurídico que gobierna el Convenio de Asociación para el desarrollo del Proyecto Las Cristinas”.

Que existe una estrecha vinculación y nexo causal entre las condiciones aprobadas por el Consejo de Ministros del 25 de junio de 1991, el Convenio de Accionistas del 25 de julio del mismo año (modificado el 31 de julio de 1997), el Acta Constitutiva y Estatutos de MINCA de fecha 24 de enero de 1992 y el Contrato Minero celebrado el 19 de marzo del mismo año, lo cual hace inseparable la conducta de cada una de las partes, para el cumplimiento de tales acuerdos.

Que tanto Placer Dome Inc. como su inversionista Placer Dome de Venezuela, C.A., Placer B-V Limited -filial de Placer Dome Inc.- y MINCA quedaron comprometidas a respetar los convenios, acuerdos y contratos celebrados para la ejecución del proyecto aurífero Las Cristinas. Dicho compromiso implica “no ceder sus derechos a un tercero sin la autorización escrita de C.V.G., por lo que al transferir las acciones de Placer Dome Venezuela, C.A., al tercero IHC Corporación, luce evidentemente la infracción de lo aprobado por el Consejo de Ministros, el Acuerdo de Accionista y su modificación”, en violación de la Cláusula Vigésimoctava del Contrato Minero.

Que MINCA argumentó su demanda interpretando aisladamente el Contrato Minero, sin vincularlo con los demás convenios (Decisión del Consejo de Ministros, Convenio de Accionistas y documento constitutivo de MINCA); alegato mediante el cual pretende eludir su responsabilidad consistente en que “por efecto de la cesión de Placer B.V. Limited de todas las acciones que tenía en Placer Dome de Venezuela, C.A., la cesionaria IHC Corporación, empresa propiedad de Vanesa Holdings Corporation, resultó la nueva propietaria del 95% del Contrato Minero”.

Que aceptar la tesis de MINCA, respecto a que Placer Dome Venezuela, C.A. “no tiene derechos mineros sobre el proyecto” porque no suscribió con la C.V.G. el Contrato Minero, y que Placer B.V. Limited “estaba en libertad de vender las acciones de Placer Dome de Venezuela, a su libre albedrío”, sin respetar los mencionados acuerdos, “significaría aceptar una astucia que se emplea para un fin indebido”, desconociendo las “razones técnicas y económicas que fueron examinadas por el Subcomité de Evaluación y el Comité de Contratación de la CVG para otorgarle la buena pro a la empresa Placer Dome Inc.”, la cual quedaría sustraída ilegalmente de las obligaciones asumidas contractualmente, en contravención a lo dispuesto en los artículos 1.160 y 1.264 del Código Civil.

En razón de lo expuesto, solicita se declare con lugar las cuestiones previas opuestas y ordene el archivo del expediente o, en su defecto, declare sin lugar el recurso de nulidad del acto administrativo impugnado.

V

ARGUMENTOS DE LA REPÚBLICA

Los abogados Gustavo ÁLVAREZ ARIAS y Christian Michel COLSON, actuando en representación de la Procuraduría General de la República, presentaron ante esta Sala escrito de informes del 5 de noviembre de 2009 contentivo de sus alegaciones respecto a la legalidad del acto impugnado, en los términos siguientes:

Que en el presente caso, al tratarse de minas, que son de utilidad pública, están involucrados los intereses patrimoniales de la República.

Que la Ley de Minas de 1945 -vigente para la fecha de suscripción del Contrato Minero- declara en su artículo 1º de utilidad pública todo lo concerniente a las minas, y la norma contenida en el artículo 8º establece la facultad del “Ejecutivo Federal” para el otorgamiento de concesiones para su explotación.

 Que tales disposiciones se mantienen en los artículos 3 y 6 del Decreto Nº 295 con Rango y Fuerza de Ley de Minas (publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.382 Extraordinario del 28 de septiembre de 1999).

Que la Constitución vigente ratificó en el artículo 156 numeral 16, la competencia del Poder Nacional en el régimen y administración de la minas. Asimismo, establece en el artículo 12 que los yacimientos mineros pertenecen a la República, son bienes de dominio público, y por lo tanto, inalienables e imprescriptibles.

Que el Estatuto Orgánico del Desarrollo de Guayana en el numeral 7 del artículo 4º, estableció que corresponde a la República la titularidad del ejercicio de la actividad minera.

Que la creación de MINCA, según se desprende de su Acta Constitutiva, requirió de la aprobación previa del Presidente de la República en Consejo de Ministros (otorgada el 25 de junio de 1991).

Que Vannessa Ventures Inc. inició un procedimiento de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), “lo que constituye el desconocimiento de la jurisdicción y competencia” de este Máximo Tribunal, “dada la preexistencia del presente proceso de control de la legalidad”.

Que la cláusula de inmunidad de jurisdicción para todos los contratos mineros quedó estipulada en el artículo 26 de la Ley de Minas de 1945, la cual descarta el sometimiento de los contratos mineros al arbitraje. Dicha cláusula fue igualmente prevista en el artículo 127 de la Constitución de 1961 y en el artículo 151 de la Constitución de 1999; prohibición que viene dada por la declaratoria de utilidad pública con la cual el constituyente calificó a dichos contratos.

Que está descartada la posibilidad de sustraerse de la competencia de los tribunales venezolanos para la resolución de cualquier duda o controversia que pueda suscitarse con motivo de la terminación anticipada de un contrato minero, por lo que la cláusula de arbitraje pactada en el contrato minero celebrado entre MINCA y la CVG es inconstitucional.

Que esta Sala Político-Administrativa es la competente para conocer y decidir la presente controversia, en virtud de tratarse de la nulidad de un acto administrativo, mediante el cual la Administración decidió resolver un contrato minero.

Que la resolución del contrato minero entre la CVG y MINCA operó a consecuencia de las causales establecidas en el contrato, y no en virtud de la cláusula exorbitante inherente a la naturaleza administrativa de ese contrato.

Que “el modo de ejecutar la resolución sí fue propia y exclusiva de un ente de la Administración Pública (CVG), lo que permite afirmar la plena legalidad de sus actuaciones posteriores al incumplimiento de Placer Dome Inc. “.

Que la CVG tiene “competencia para resolver el contrato”, tanto por ser parte de él como por ser parte de la Administración Pública.

Que el artículo 5 del Decreto 1.384 -dictado por el Presidente de la República el 26 de junio de 1996- establece que la CVG notifique al Ministerio de Energía y Minas de los incumplimientos “que den origen a la rescisión de los contratos suscritos”, lo que implica que tal decisión es potestad de la CVG.

Que la CVG actuó conforme a las garantías del debido proceso, al dictar el auto de apertura del procedimiento el 6 de agosto de 2001 mediante oficio PRE-471-01, notificado a las partes el mismo día.

Que habiendo notificado la CVG a Placer Dome Inc. sobre los incumplimientos contractuales, de acuerdo con la Cláusula Vigesimoséptima del Contrato, le otorgó noventa (90) días para ejercer su defensa.

Que en la notificación, la CVG expuso detalladamente las tres (3) violaciones contractuales, a saber: 1) suspensión no autorizada del desarrollo del proyecto, 2) omisión de la presentación de los informes semestrales, y 3) venta no autorizada a Vannessa Ventures Inc., de las acciones que tenía Placer Dome Inc. en Placer Dome Venezuela, C.A.

Que las violaciones denunciadas por la recurrente a las normas de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, específicamente las que se refieren a plazos y formas de notificación, en caso de ser aplicables lo serían de forma supletoria, para el caso de que el Contrato Minero no lo hubiere previsto.

Que de las comunicaciones de fechas 10 y 23 de agosto, 28 de septiembre y 28 de octubre de 2001 se evidencia que “Vanesa, MINCA y PDI ejercieron plenamente su derecho a la defensa”, defendiéndose “de los argumentos y pruebas contenidos en el oficio PRG 471-01 de fecha 6 de agosto de 2001.

Que los argumentos expuestos por MINCA, Placer Dome Inc. y Vannessa Ventures Inc. fueron analizados en el acto de rescisión del contrato (oficio PRG 678-01 de fecha 6 de noviembre de 2001).

Que ante el incumplimiento por parte de Placer Dome Inc. de sus obligaciones con CVG al suspender las actividades, MINCA “se limitó a considerar ese abandono como un problema que le era ajeno”, sin tomar en cuenta su carácter instrumental para cumplir los fines de los convenios que vinculan a Placer Dome Inc. y CVG.

Que “en el supuesto” de que este asunto pueda ser sometido a una cláusula arbitral, la naturaleza administrativa de los convenios de 1991 y 1997 suscritos entre MINCA y CVG (ente público), “no impide la ejecución inmediata y por la propia CVG de la rescisión del contrato”. 

Que la Administración Pública puede ejecutar sus decisiones de conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 79 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y así lo ha desarrollado e interpretado la jurisprudencia de esta Sala; por lo tanto, “no era necesario para la CVG someter a arbitraje la controversia sobre la resolución del contrato para ejecutar esa resolución, ya que correspondía a la otra parte promover el arbitraje, y aunque Vanesa -a criterio de [esa] representación- carece de legitimación para ello, así se hizo”.

Que uno de los efectos de la ejecutoriedad de los contratos administrativos “es que la carga de demandar corresponde al afectado, en este caso PDI (o Vanesa, en caso de tener legitimación)”.

Que la Cláusula Vigésimosexta del Contrato Minero establece que “los laudos arbitrales serán finales y si es necesario podrá presentarse a un tribunal competente para que ordene su ejecución”; no obstante, la Administración Pública “no necesita de tribunales para ejecutar sus decisiones”, debido al principio de ejecutoriedad de los actos administrativos, el cual dimana del principio de presunción de legalidad de dichos actos; por lo tanto, constituiría un contrasentido una eventual decisión arbitral que reconociera el derecho de la CVG a resolver el contrato minero.

En razón de lo expuesto la representación de la República pide que esta Sala declare: 1) Sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad incoado por MINCA contra el oficio PRE-678-01 del 6 de noviembre de 2001, emitido por el Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG); 2) la nulidad de la Cláusula Vigesimoséptima del Contrato Minero (cláusula arbitral) -por ser contraria al orden público-, en atención a lo previsto en el artículo 127 de la Constitución de 1961 (ahora artículo 151 de la Constitución de 1999) y en la Ley de Minas.

 

 

VI

MOTIVACIÓN

Corresponde a esta Sala pronunciarse respecto al recurso de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil Minera Las Cristinas C.A. contra el acto administrativo contenido en el oficio N° PRE-678-01 de fecha 6 de noviembre de 2001, dictado por el Presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG), mediante el cual declaró extinguido el Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación de Mineral Oro de Aluvión y de Veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, suscrito entre la referida Corporación y la recurrente.

Para emitir este pronunciamiento de fondo, la Sala deja establecido que ya decidió las cuestiones previas en la sentencia Nº 832 del 14 de julio de 2004, declarando sin lugar la falta de competencia y de jurisdicción, así como la inepta acumulación de acciones. También se pronunció este Alto Tribunal, en sendos cuadernos separados, con respecto a la oposición a la admisión de la presente demanda de nulidad (sentencia 488 del 22 de abril de 2009), y la incidencia cautelar (sentencia Nº 540 del 29 de abril de 2009), declarando en estos dos últimos fallos la perención de la instancia.

Como algunos planteamientos ya resueltos han sido reiterados por las partes en esta misma causa, en la medida en que los vaya dilucidando, este Máximo Tribunal se pronunciará para precisarlos, estudiando el acervo probatorio necesario para la decisión, declarando previamente que si bien todas las pruebas aportadas han sido examinadas, se relacionarán las que conduzcan a la solución del presente thema decidendum. Al respecto la Sala comienza su análisis por los puntos que corresponden a la ordenación de este proceso, especialmente los de previo pronunciamiento; resueltos los cuales entrará directamente al fondo.

A tales efectos, la Sala pasa a estudiar las pruebas aportadas, de modo que -examinadas todas- se relacionarán las necesarias para la determinación del thema decidendum. Luego de analizadas las actas procesales, se observa:

Falta de Jurisdicción.

En cuanto al alegato de falta de jurisdicción expuesto por la representación judicial de la accionante, porque considera que la decisión de la C.V.G. de declarar rescindido el Contrato Minero es nula de conformidad con lo previsto en el artículo 19 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos, “por ser violatoria de los derechos constitucionales de MINCA al debido proceso y a ser juzgada por sus jueces naturales”, debido a que ese instituto no acudió al procedimiento de arbitraje previsto en su Cláusula Vigésimosexta, se observa:

En la estudiada sentencia Nº 00832 de fecha 14 de julio de 2004, esta Sala resolvió la solicitud hecha por Minera Las Cristinas C.A. para la formalización del arbitraje, con relación al mencionado contrato. Dicho fallo determinó lo siguiente:

(…) En otro contexto, con respecto a los argumentos expuestos por las partes en cuanto a que el arbitraje es el único mecanismo para resolver sus conflictos; entiende esta Sala, que además de las vías contractuales previstas por las partes para resolver sus conflictos, existen en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en la derogada Ley Orgánica de Corte Suprema de Justicia y en Ley de Minas, bajo la cual se realizó el contrato y en la vigente, las vías o los medios por los cuales pueden intentarse las acciones con pretensión de nulidad contra los actos administrativos que se dictaren en relación con el contrato celebrado.

Es decir, aún cuando las cláusulas vigésima sexta y vigésima séptima del contrato hayan expresado que las vías para resolver los conflictos relativos al mismo, son la amistosa y el arbitraje como vía única y exclusiva, no restringe la posibilidad de que las partes tengan acceso a la jurisdicción, bien sea a través del procedimiento ordinario o a través de los procedimientos para la tramitación de la acción con pretensión de nulidad contra actos administrativos, contenidos en las leyes referidas a la materia, teniendo en cuenta que además, las propias partes decidieron discutir el mismo problema, a través de otros procedimientos judiciales instaurados por la actora antes de la solicitud de formalización del arbitraje.

Aunado a lo anterior, considera esta Sala que el acceso a la jurisdicción (Art. 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), por los diversos medios consagrados en el Texto Constitucional, no puede ser impedido, en estas especiales materias, por cláusulas contractuales o convenios entre particulares o entre particulares y un ente público.

Con ello quiere significarse que, además de los medios que conforme al ordenamiento jurídico pudieran escoger las partes para resolver sus conflictos, la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las demás leyes garantizan otros medios para acceder al sistema de justicia, tales como los procedimientos jurisdiccionales incoados por la actora, en este caso, para hacer valer sus pretensiones incluso antes de solicitar la formalización del arbitraje

Así, de acogerse los argumentos de la solicitante en cuanto a que el arbitraje es la única vía para resolver todos los conflictos relativos al contrato de concesión minera habría que preguntarse, por qué entonces la actora accionó primariamente en sede jurisdiccional solicitando la nulidad de los actos administrativos de rescisión por incumplimiento y de caducidad de dicha concesión minera y demandó a la Corporación Venezolana de Guayana por daños derivados de la relación contractual, a través de los procedimientos legales respectivos.

Con fundamento en lo anterior, resulta evidente que al haber la solicitante accionado en sede jurisdiccional, ha hecho uso de uno de los medios de acceso al sistema de justicia garantizados por el ordenamiento jurídico y no como pretende hacer ver ella, que el arbitraje es la única vía para resolver controversias, a lo que debe añadirse, que en el presente caso, la actora pretende discutir a través del arbitraje lo que actualmente se dilucida en otros procedimientos jurisdiccionales producto de acciones instauradas por ella misma.  Así se decide. (…)”. (Resaltado de la Sala).

Se aprecia del fallo parcialmente transcrito que este Alto Tribunal desestimó la solicitud de arbitraje, porque la accionante ya había activado este procedimiento jurisdiccional, solicitando la nulidad de los actos administrativos de rescisión por incumplimiento y caducidad de dicha concesión minera. Verificado el pronunciamiento de esta Sala respecto de la sumisión de la actora a la jurisdicción, tanto en ésta como en otras acciones incoadas por ella, se desecha el alegato de la representación judicial de la sociedad mercantil Minera Las Cristinas C.A. respecto a la violación de las garantías del debido proceso y a ser juzgada por sus jueces naturales. Así se decide.

Competencia de la Sala Político-Administrativa.

El abogado Simón ARAQUE, actuando como representante de la C.V.G., solicita que esta Sala se pronuncie sobre su competencia para conocer esta causa, en virtud de que, a su decir, el conocimiento le “corresponde a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”.

El tema de la competencia de este Alto Tribunal para conocer las acciones contra la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.), con relación al contrato para la exploración, desarrollo y explotación del mineral de oro de aluvión y veta, en un área denominada las Cristinas 4, 5, 6 y 7, suscrito entre la sociedad mercantil Minera Las Cristinas C.A. y ese instituto autónomo, fue decidido en la ya citada sentencia del 14 de julio de 2004, al pronunciarse sobre la admisibilidad de la solicitud hecha por la recurrente para la formalización del arbitraje. Al respecto dicho fallo precisó lo siguiente:

(…) Observa la Sala, que la presente solicitud se intenta contra  la Corporación Venezolana de Guayana, instituto autónomo creado mediante Decreto número 430 del 29 de diciembre de 1960, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 26.445, de fecha 30 de diciembre de 1960, reformado mediante Decreto con fuerza de Ley Número 1.531, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 5.553 Extraordinario, de fecha lunes 12 de noviembre de 2001.

Ahora bien, retomando lo expuesto respecto de la competencia, tenemos que el artículo 42 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, vigente para el momento en que se presentó la solicitud de arbitraje, enumera las competencias o las materias de las cuales conoce este Supremo Tribunal, en particular y vinculado con el caso planteado ante esta Sala, establece el referido artículo, en su ordinal 15, lo siguiente:

‘Es de la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República:

(...omissis)

15.- Conocer de las acciones que se propongan contra la República, o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a otra autoridad’ (Destacado de la Sala).

 De igual forma, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en su numeral 24 expresa: 

Artículo 5.- Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República.

(...)

 24. Conocer de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República ejerza un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.);’

Resulta evidente, que de aplicar en forma inmediata la última disposición legal antes citada, se lesionaría el derecho de las partes procesales a un proceso sin dilaciones indebidas.

En tal sentido, y conforme a las premisas señaladas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en observancia a lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a lo establecido en el segundo aparte del artículo 1° de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela; en su carácter de garante de los principios y valores constitucionales, considera que deben armonizarse los principios arriba mencionados, así como las normas citadas con los valores, garantías y normas procesales constitucionales vigentes, tales como los derechos fundamentales del justiciable, a una justicia accesible, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, y a un proceso sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles y al servicio de la justicia (artículos 26 y 257 del Código de Procedimiento Civil y artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia).

En este orden de ideas, esta Sala estima que la competencia para conocer de la presente solicitud se determina por la situación fáctica y normativa existente para el momento de presentación de la misma, es decir, conforme a lo previsto en la derogada Ley Orgánica de Corte Suprema de Justicia.

Así, atendiendo a todo lo anteriormente expuesto, se concluye que, conforme a las normas citadas, al haberse intentado la presente solicitud de formalización de arbitraje contra un instituto autónomo el órgano jurisdiccional competente para conocer de dicha formalización, es esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de lo establecido en el ordinal 15 del artículo 42 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem, ley vigente para el momento de la presentación de la solicitud de formalización del arbitraje. Así se declara. (…)”.(Resaltado de la Sala).

El presente caso está referido a la solicitud de nulidad que interpuso la sociedad mercantil Minera Las Cristinas C.A., contra el acto administrativo contenido en el oficio N° PRE-678-01 de fecha 6 de noviembre de 2001, dictado por el Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), mediante el cual declaró extinguido el Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación de Mineral Oro de Aluvión y de Veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, suscrito entre la referida Corporación y la recurrente.

Por lo tanto, las consideraciones hechas en el fallo transcrito son perfectamente válidas para concluir que esta Sala es la competente para conocer este asunto, la cual se determina por la situación fáctica y normativa existente para el momento de presentación del recurso de nulidad, en virtud de lo establecido en el ordinal 15 del artículo 42 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem. Así se decide.

Validez del compromiso arbitral.

Los representantes judiciales de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) y de la Procuraduría General de la República alegaron -en fechas 21 de enero de 2003 y 28 de octubre de 2009, respectivamente- que la cláusula arbitral debe tenerse como no escrita, por ser contraria a la Constitución.

La Sala observa que las partes establecieron el arbitraje como medio alternativo de resolución de controversias, según la Cláusula Vigésimosexta del contrato minero para la exploración y explotación del área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7 (autenticado en la Notaría Pública Primera de Puerto Ordaz Municipio Caroní del Estado Bolívar en fecha 4 de marzo de 1992, bajo el Nº 66, tomo 21 de los libros de Autenticaciones; registrado el 19 del mismo mes y año ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Roscio, Guasipati Estado Bolívar, bajo el Nº 71, folios vto. 34 al 41, Protocolo Primero Adicional), en los términos siguientes:

Vigésima Sexta: Las partes harán todo lo posible por resolver, con prontitud y de buena fe, cualquier controversia que se suscite con respecto a este contrato o a sus anexos. En el caso de que las partes en una controversia no puedan resolverla en forma amistosa, dicha controversia será resuelta definitiva y exclusivamente mediante arbitraje de conformidad con el Código de Procedimiento Civil Venezolano, conducido de acuerdo con las normas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de Paris (las normas de arbitraje). El procedimiento arbitral: (I) tendrá lugar en la ciudad de Caracas o en aquel otro lugar dentro de la República de Venezuela que las partes convengan; (II) será conocido y decidido por tres (3) árbitros arbitradores a menos que las partes en la controversia convengan en designar un (1) sólo árbitro arbitrador de acuerdo con las normas de arbitraje o con otro procedimiento convenido por ellas. Las partes en el arbitraje correrán con su costo a partes iguales. No obstante, cada una de las partes será responsable por los honorarios de abogados y gastos legales en que incurra. Los laudos arbitrales serán finales y, si es necesario, podrán presentarse a un tribunal competente para que ordene su ejecución”. (Resaltado de la Sala).

En este punto, la Ley de Minas (publicada en fecha 18 de enero de 1945 en la Gaceta Oficial Nº 121 extraordinario de los Estados Unidos de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela), en el artículo 26 dispuso:

Artículo 26.- En todo título minero se considera implícita la condición de que las dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse con motivo de la concesión y que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los Tribunales competentes de Venezuela, de conformidad con sus Leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan ser origen de reclamaciones extranjeras”. (Resaltado de la Sala).

En similares términos, el artículo 33 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas Nº 295 (publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.382 extraordinario del 28 de septiembre de 1999), estableció:

Artículo 33.- En todo título minero se considera implícita la condición de que las dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse con motivo de la concesión y que no puedan ser resueltas amigablemente por ambas partes, incluido el Arbitraje, serán decididas por los Tribunales competentes de Venezuela, de conformidad con sus Leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan ser origen de reclamaciones extranjeras”. (Resaltado de la Sala).

En cuanto a las controversias que eventualmente puedan suscitarse en un contrato de interés público, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente, dispone en su artículo 151 lo siguiente:

Artículo 151. En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.”. (Resaltado de la Sala).

Dicha disposición estaba consagrada igualmente en la Constitución derogada de 1961, vigente para la fecha de suscripción del contrato, en los términos siguientes:  

Artículo 127.- En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes serán decididas por los Tribunales competentes de la República, en conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.”. (Resaltado de la Sala).

Tal como antes se analizó, el contrato celebrado entre la sociedad mercantil Minera Las Cristinas, C.A. (MINCA) y la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) es una concesión minera que como tal es de interés público nacional, cuyo objeto es de utilidad pública por estar así contemplado en el artículo 1º de la Ley de Minas de 1945, como sigue:

Artículo 1º.- Todo lo concerniente a las minas, criaderos, depósitos o yacimientos minerales situados en Venezuela se declara de utilidad pública y se regirá por las disposiciones de esta Ley, salvo lo que fuere objeto de Leyes especiales, relativas a determinadas sustancias”. (Resaltado de la Sala).

Esa disposición se mantiene en el artículo 3º de Ley de Minas vigente:

Artículo 3º: Se declara de utilidad pública la materia regida por esta Ley”. (Resaltado de la Sala).

Igual calificación le otorgó el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Desarrollo de Guayana (Decreto Nº 676 del 21 de junio de 1985 publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 3.574 extraordinario de la misma fecha), bajo cuya normativa suscribió el Presidente de la CVG el referido contrato. La mencionada norma dispone:

 Artículo 25.- Se declaran de utilidad pública, las obras servicios y actividades que la Corporación Venezolana de Guayana y las empresas del Estado a que se contrae el Capítulo III y realicen conforme a sus respectivos objetivos estatutarios y con miras al desarrollo de la Región de Guayana.”. (Resaltado de la Sala).

Las normas transcritas evidencian el carácter de utilidad pública y de interés público del contrato minero suscrito entre MINCA y la C.V.G., típico contrato administrativo en el que se consideran incorporadas cláusulas exorbitantes de la Administración, aun cuando no estén expresamente establecidas en el texto de esa convención.

No hay duda en cuanto al reconocimiento de ese alto interés público del Estado venezolano -manifestado por las partes- al establecer en el contrato minero la siguiente cláusula:

Trigésima: Este contrato y sus anexos se regirán e interpretarán conforme a las leyes de la República de Venezuela”.

Respecto del compromiso arbitral in commento, en la tantas veces mencionada sentencia del 14 de julio de 2004, la Sala emitió pronunciamiento sobre el pacto escogido vía contractual, determinando que en este tipo de contratos que versan sobre bienes del dominio público propiedad de la Nación, la Constitución y las leyes respectivas establecen limitaciones o restricciones a los fines de que el Estado pueda ejercer un control adecuado, el cual garantice la preservación de los intereses generales involucrados (ver artículos 129, 150, 151, 187 numeral 9, 236 numeral 14, 247, 156 numerales 12 y 16 y 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Asimismo, declaró que “en el establecimiento o la determinación de las materias que pueden ser some­tidas a arbitraje en esta especial clase de contratos, debe emplearse un criterio riguroso”.

En razón de las precedentes consideraciones, habiendo decidido esta Sala Político-Administrativa que -en el presente caso- la actuación de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.),  contenida en el oficio Nº PRE-691-01 que declaró la extinción del contrato minero, no debe ser sometida a arbitraje, por ser materia o cosa ya juzgada. Por lo tanto, en este punto se desestima la denuncia de los representantes judiciales de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) y de la Procuraduría General de la República. Así se decide.

Naturaleza jurídica del oficio N° PRE-678-01 de fecha 6 de noviembre de 2001, dictado por el Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.).

Otro punto de previo pronunciamiento lo plantearon los apoderados judiciales de la accionante al expresar que la decisión tomada por la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) “no constituye un acto administrativo porque en este caso no ha sido dictada en ejercicio del ius imperium de la Administración”.

Que dicha Corporación “actuó en el ámbito del contrato, como una de sus partes, invocando cláusulas que supuestamente le conceden esa facultad, por lo que la decisión unilateral de terminación del Contrato Minero contenida en el Oficio, lejos de tener la naturaleza de un acto administrativo, tiene naturaleza contractual…”.

Al respecto, esta Sala en la referida sentencia del 14 de julio de 2004, al pronunciarse sobre la admisibilidad de la solicitud hecha por Minera Las Cristinas C.A. para la formalización del arbitraje, con relación al contrato para la exploración, desarrollo y explotación del mineral de oro de aluvión y veta, en un área denominada las Cristinas 4, 5, 6 y 7, suscrito entre la recurrente y la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.), expresó lo siguiente:

(…) En el expediente consta copia certificada del contrato suscrito entre Corporación Venezolana de Guayana y la sociedad mercantil Minera Las Cristinas, C.A., (MINCA), el 4 de marzo de 1992, expedida por la Oficina Subalterna de Registro Mercantil del Municipio Autónomo Roscio del Estado Bolívar, en fecha 16 de mayo de 2002.

La Ley de Minas bajo cuya vigencia se celebró el contrato es la Ley de Minas publicada en G.O. N° 121 Extraordinaria de fecha 18 de enero de 1945. Dicha ley dispone en su artículo primero lo siguiente:  

Artículo 1°.- Todo lo concerniente a las minas, criaderos, depósitos o yacimientos minerales situados en Venezuela se declara de utilidad pública y se regirá por las disposiciones de esta Ley, salvo lo que fuere objeto de leyes especiales, relativas a determinadas sustancias.’ (Destacado de la Sala)       

El artículo 12 de la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone lo siguiente:     

Artículo 12.- Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público.’ (Destacado de la Sala)       

De las anteriores disposiciones resulta claro: que la actividad minera es de utilidad pública, que las minas o yacimientos minerales pertenecen a la República y que son bienes del dominio público.

Asimismo, dicha Ley de Minas de 1945, dispone en su artículo 13, lo siguiente: 

Artículo 13.- El Derecho a explotar los minerales a los que se refiere esta Ley, no puede adquirirse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, en las formas previstas por la misma.  (Destacado de la Sala)        

Las concesiones de servicios u obras públicas se diferencian de las concesiones sobre bienes de dominio público.

En las primeras la Administración encomienda a otra persona la explotación de un determinado servicio público u obra pública mediante una remuneración pactada. Estas se rigen por el Decreto N° 318 con rango y fuerza de Ley sobre Promoción de la Inversión Privada bajo el Régimen de Concesiones, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.394 Extraordinaria del 25 de octubre de 1999, el cual derogó el Decreto con rango y fuerza de Ley N° 138 sobre Concesiones de Obras Públicas y Servicios Públicos Nacionales, publicado en Gaceta Oficial N° 4.719 Extraordinaria del 26 de Abril de 1994.

En el artículo 2° de dicho texto normativo, se define a la concesión como ‘... contratos celebrados por la autoridad pública competente por medio de los cuales una persona jurídica llamada concesionario asume la obligación de construir, operar y mantener una obra o bien destinados al servicio, al uso público, o a la promoción del desarrollo, o la de gestionar, mejorar u organizar un servicio público, incluyendo la ejecución de las actividades necesarias para el adecuado funcionamiento o la prestación de la obra o del servicio, por su cuenta y riesgo y bajo la supervisión y el control de la autoridad concedente, a cambio del derecho de explotar la obra o el servicio y de percibir el producto de las tarifas, precios, peajes, alquileres, valorización de inmuebles, subsidios, ganancias compartidas con algún ente público u otra fórmula establecida en los contratos correspondientes, durante un tiempo determinado suficiente para recuperar la inversión, los gastos de explotación incurridos y obtener una tasa de retorno razonable sobre la inversión’. (Cursivas de la Sala)

En las segundas, se concede a un particular la explotación de un bien o recurso determinado y especificado del dominio público, propiedad de la Nación, cuya característica esencial y propia es su inalienabilidad y la exclusión del comercio. (V. Arts. 539, 540 y 534 del Código Civil)    

En el caso bajo estudio se trata de un contrato de concesión minera, cuyos bienes objeto de explotación son las minas denominadas Las Cristinas 4, 5, 6  y 7.

La Ley de Minas de 1945 no contiene una definición de lo que debe entenderse por contrato de concesión minera, pero el artículo 24 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas vigente (Gaceta Oficial N° 5.382 Extraordinario de fecha 28 de septiembre de 1999) si la contiene en los términos siguientes:

Artículo 24.- La concesión minera es el acto del Ejecutivo Nacional, mediante el cual se otorgan derechos e imponen obligaciones a los particulares para el aprovechamiento de recursos minerales existentes en el territorio nacional.

La concesión minera confiere a su titular el derecho exclusivo a la exploración y explotación de las sustancias minerales otorgadas que se encuentren dentro del ámbito espacial concedido.’

De todo lo anterior se colige, que al tratarse de un contrato celebrado entre MINCA y la CVG sobre la explotación de un recurso propiedad del Estado Venezolano como lo son las minas, el presente contrato de concesión debe regirse por la Constitución, la referida Ley de Minas, las leyes especiales y demás Decretos referidos a esta materia.

(…)

Así, el contrato de concesión minera se ubica conforme a la doctrina de la Sala Constitucional de este Alto Tribunal entre los contratos de interés público nacional, vale decir, aquellos ‘contratos celebrados por la República, a través de los órganos competentes para ello del Ejecutivo Nacional cuyo objeto sea determinante o esencial para la realización de los fines y cometidos del Estado venezolano en procura de dar satisfacción a los intereses individuales y coincidentes de la comunidad nacional y no tan solo de un sector particular de la misma, como ocurre en los casos de contratos de interés público estadal o municipal, en donde el objeto de tales actos jurídicos sería determinante o esencial para los habitantes de la entidad estadal o municipal contratante, que impliquen la asunción de obligaciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de varios ejercicios fiscales posteriores a aquél en que se haya causado el objeto del contrato, en vista de las implicaciones que la adopción de tales compromisos puede implicar para la vida económica y social de la Nación’. (V. sentencia de la Sala Constitucional N° 2.241 del 24 de septiembre de 2002 y 953 del 29 de abril de 2003.)

La importancia de la explotación de las minas en la vida económica nacional se evidencia de la lectura del propio Texto Constitucional, cuando expresamente dispone lo siguiente: 

Artículo 311.- La gestión fiscal estará regida y será ejecutada con base en principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Esta debe equilibrarse en el marco plurianual del presupuesto, de manera que los ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios.

El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional para su sanción legal un marco plurianual para la formulación presupuestaria que establezca los límites máximos de gasto y endeudamiento que hayan de contemplarse en los presupuestos nacionales. La ley establecerá las características de este marco, los requisitos para su modificación y los términos de su cumplimiento.

El ingreso que se genere por la explotación de la riqueza del subsuelo y los minerales, en general, propenderá a financiar la inversión real productiva, la educación y la salud.

Los principios y disposiciones establecidas para la administración económica y financiera nacional, regularán la de los Estados y Municipios en cuanto sean aplicables.’ (Destacado de la Sala).

Artículo 113. (...) Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público.’ (Destacado de la Sala).

 Ahora bien, en cuanto a las controversias que eventualmente puedan suscitarse en un contrato de este tipo, tenemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente, dispone en su artículo 151 lo siguiente:

Artículo 151. En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.’ (Cursivas de la Sala)

Dicho principio estaba consagrado igualmente en la Constitución derogada de 1961, en los términos siguientes:  

Artículo 127.- En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes serán decididas por los Tribunales competentes de la República, en conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.(Cursivas de la Sala)

Igualmente la Ley de Minas de 1945, repite la norma constitucional pero referida a la concesión minera, de la siguiente forma:  

Artículo 26.- En todo título minero se considera implícita la condición de que las dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse con motivo de la concesión y que no puedan ser resueltas amigablemente por ambas partes contratantes, serán decididas por los Tribunales competentes de la República de Venezuela, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.’ (Cursivas de la Sala)

 No obstante, la Ley de Minas vigente de 1999, establece en su artículo 33 lo siguiente:  

Artículo 33.- En todo título minero se considera implícita la condición de que las dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse con motivo de la concesión y que no puedan ser resueltas amigablemente por ambas partes, incluido el Arbitraje, serán decididas por los Tribunales competentes de la República de Venezuela, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.’ (Cursivas de la Sala)

Ahora bien, como ya se indicó, en este tipo de contratos que versan sobre bienes del dominio público propiedad de la Nación, la Constitución y las leyes respectivas establecen limitaciones o restricciones a los fines de que el Estado pueda ejercer un control adecuado, el cual garantice la preservación de los intereses generales involucrados. (V. Arts. 129, 150, 151, 187 numeral 9, 236 numeral 14, 247, 156 numerales 12 y 16 y 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). (…)”. (Sentencia Nº 00832 del 14 de julio de 2004) (Destacado de la Sala).

El fallo parcialmente transcrito precisó el aspecto sobre la naturaleza jurídica del contrato para la exploración, desarrollo y explotación del mineral de oro de aluvión y veta, en el área denominada las Cristinas 4, 5, 6 y 7, convención celebrada entre la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Minera Las Cristinas C.A. (MINCA). En efecto, la citada sentencia calificó a dicho contrato como concesión de bienes del dominio público, inalienables y excluidos del comercio, es decir, una concesión minera, que como tal es de utilidad pública y de interés público nacional, debido a la importancia que tiene la explotación de las minas en la vida económica de la República. Por ello estableció dicho fallo que el presente contrato de concesión minera debe regirse por la Constitución, la Ley de Minas, las leyes especiales y demás decretos referidos a esta materia.

Por las razones expuestas, este Máximo Tribunal concluye que el oficio N° PRE-678-01 de fecha 6 de noviembre de 2001 es un típico acto administrativo dictado por el instituto autónomo Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.), en ejercicio del ius imperium de la Administración; y como tal, ese acto administrativo está premunido del poder exorbitante de la Administración, consistente en la potestad imperativa de poner fin unilateralmente a sus contrataciones administrativas. En consecuencia, se desestima el alegato de los apoderados judiciales de la accionante, con respecto de que la decisión tomada por dicha Corporación no constituye un acto administrativo. Así se decide.

Falso supuesto de hecho.

Los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Minera Las Cristinas, C.A. (MINCA) denunciaron que la Administración incurrió en falso supuesto de hecho al rescindir el contrato suscrito con la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) para la exploración y explotación del área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7 (autenticado en la Notaría Primera de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, el 4 de marzo de 1992, bajo el número 66, Tomo 21, e inscrito en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Roscio del Estado Bolívar, bajo el Nº 71, folios vto. 34 al 41, Protocolo Primero Adicional, de fecha 19 de marzo de 1992), por el presunto incumplimiento de las cláusulas Novena, Décimonovena y Vigésimoctava en que habría incurrido su mandante.

Pasa la Sala a verificar el cumplimiento de las mencionadas cláusulas contractuales del contrato minero, consignado en los folios 75 al 90 de la Pieza Nº 1 del expediente judicial.

Al efecto observa:

Mediante comunicación número PRE-471-01 del 6 de agosto de 2001    -recibida el 7 del mismo mes y año- la CVG notificó a MINCA que había detectado incumplimientos contractuales, concediéndole el plazo de noventa (90) días continuos para subsanarlos, según lo previsto en la cláusula Vigesimoséptima del contrato minero.

El mencionado oficio, en cuanto al incumplimiento de la cláusula Novena expresó lo siguiente: “La empresa MINCA no cumplió con la obligación de presentar a la CVG, durante los últimos dos (2) años, los informes pormenorizados de la ejecución de las actividades llevadas a cabo de acuerdo a los términos del referido contrato”.

En fecha 23 de agosto de 2001 la recurrente dio respuesta a la advertencia que le hizo la CVG, en los términos siguientes:

Estando en la oportunidad legal establecida en el Contrato, mediante el presente escrito procedemos a dar respuesta a los señalamientos contenidos en la comunicación Nº 471-01 mencionada:

(1) Como primer punto señalado en la comunicación objeto de este escrito se alega el incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula Novena del Contrato; por cuanto sostiene que MINCA durante los últimos dos (2) años ha incumplido con su obligación de presentar a CVG los informes pormenorizados de la ejecución de las actividades llevadas a cabo en las áreas del Contrato.

Al respecto señalamos, que los informes a que se refiere la Cláusula Novena del Contrato, tal y como es del conocimiento de CVG y como se evidencia del Convenio de Prórroga celebrado el 8 de agosto de 2000 no han sido presentados por cuanto el Contrato ha estado suspendido por dicho lapso.

Como es sabido, la suspensión de las actividades bajo el Contrato tiene como consecuencia la suspensión de sus efectos y obligaciones, por lo que, la obligación de presentación de informes pormenorizados, los cuales se refieren y son consecuencia directa de las actividades que se desarrollen, se encontraba al igual que su causa, suspendidos. Esto, porque no pueden producirse reportes sobre actividades que, por razón de la suspensión acordada, no ocurrieron.” (Folio 127 de la pieza Nº 1 del expediente judicial).

Se observa que en las actas de suspensión del Proyecto Las Cristinasacordadas en reunión de Junta Directiva de Minera Las Cristinas, C.A., celebrada el 15 de julio de 1999, prorrogada a partir del 15 de julio de 2000, no se precisó cuál fue el alcance de tales suspensiones, pero de su contenido se puede inferir que se circunscribió al “financiamiento” y “construcción” del proyecto, por las siguientes razones.

En efecto, en el acta de la reunión celebrada el 15 de julio de 1999 quedó constancia de la opinión desfavorable del representante de la Corporación, quien expresó: “La CVG ratifica su posición de no estar de acuerdo con la propuesta de suspensión del Proyecto Las Cristinas, por considerar que la información suministrada por la compañía a la Junta Directiva no es suficiente a los fines de tomar tal decisión (…). El Director Añez sugirió integrar un equipo multidisciplinario de trabajo integrado por representantes de PDI, Minca y CVG para evaluar los motivos de la suspensión del financiamiento y por consiguiente la construcción del Proyecto”. (Folio 119, Pieza Nº 1).

Asimismo, en el acta emitida el 8 de agosto de 2000 se dejó constancia de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: (…) Queda entendido que las partes fijarán de mutuo acuerdo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de firma de este convenio, un cronograma de actividades conjuntamente con el Banco de Inversión escogido por las Partes (…).

SEGUNDO: MINCA se obliga a mantener durante la Prórroga y PDI se compromete a financiar a MINCA los programas sociales iniciados por MINCA (…).

TERCERO: MINCA se obliga a mantener durante la Prórroga y PDI se compromete a financiar a MINCA el costo del mantenimiento de la propiedad y de las instalaciones del Proyecto (…).”. (Folio 121, Pieza Nº 1).

Por su parte, la cláusula Novena del contrato establece que la empresa Minera Las Cristinas, C.A. debía presentar a la Corporación “en el curso de los meses de enero y julio de cada año, informes pormenorizados de ejecución de las actividades llevadas a cabo durante los respectivos semestres inmediatos anteriores, incluyendo producción de mineral, ventas en el país y exportaciones del mismo, personal, inventario de equipos, maquinarias con sus marcas, seriales y fotocopias de facturas de compra y accesorios, y demás pormenores del trabajo realizado”.

El texto de la mencionada cláusula estipula que los informes pormenorizados debían incluir lo relativo a la producción de mineral, ventas y exportaciones, lo cual debía ser considerado como parte de las actividades ejecutadas en cada semestre, en caso de que se hubieren ejecutado.

Así lo asumió la sociedad mercantil Minera Las Cristinas, C.A. en el escrito del recurso de reconsideración interpuesto el 15 de noviembre de 2001 (folios 166 a l 169 de la Pieza Nº 1 del expediente judicial), afirmando lo siguiente:

(…) Tal y como expusiéramos en nuestra comunicación de fecha 23 de agosto de 2001, el Contrato de Trabajo estuvo suspendido desde el 15 de julio de 1999 hasta el 15 de julio de 2001, por lo que salvo lo expresamente establecido en dichas suspensiones con relación a la ejecución de determinadas obras y actividades, el resto de los efectos y obligaciones se encontraban suspendidos.

Ahora bien, pese a tal suspensión y por cuanto el mantenimiento y la ejecución de obras sociales, así como la gestión diaria de la compañía siguieron su ritmo normal trabajo, periódicamente la Junta Directiva de Minca con la participación y aprobación de los cinco (5) Directores, evaluaron y aprobaron las operaciones llevadas a cabo durante tales períodos, ello se evidencia en las Actas de Junta Directiva de fecha 15/07/1999, 3/11/1999, 3/12/1999, 16/12/1999, 3/03/2000 y 22/03/2000. Dichas Actas de Junta Directivas (sic) adicionalmente fueron remitidas a la CVG.

No obstante lo anterior, y en atención a lo expuesto en la Comunicación de CVG Nº PRE-471-01 fecha 6 de agosto de 2001, Minca procedió a presentar los informes pormenorizados correspondientes a los períodos aludidos, tal y como se evidencia de comunicaciones enviadas y recibidas por CVG en fecha 19 y 20 de octubre de 2001, copias de las cuales anexo al presente.”. (Destacado de la Sala).

De la transcripción anterior -alegatos que fueron ratificados en el escrito contentivo del recurso de nulidad- se evidencia que la recurrente conocía plenamente su obligación de presentar los informes pormenorizados establecidos en la cláusula Novena del contrato.

Por lo tanto, no comparte esta Sala la posición asumida por la representación judicial de la empresa Minera Las Cristinas, C.A., porque interpretó erróneamente que la suspensión del proyecto la relevaba de informar a la Corporación sobre las demás actividades, las cuales, en todo caso, debieron estar dirigidas al mantenimiento y conservación de las maquinarias, equipos y accesorios, preparación de inventarios y rotación de personal, ejecución de obras sociales, entre otros “pormenores”, de los cuales -según la cláusula Novena del contrato- debía informarle a dicha Corporación. Pues, tal como se evidencia de la transcripción anterior, tanto en el recurso de reconsideración como en el de nulidad, la recurrente admitió que conocía plenamente su obligación de presentar los informes pormenorizados establecidos en dicha cláusula, pese a tal suspensión y por cuanto el mantenimiento y la ejecución de obras sociales, así como la gestión diaria de la compañía siguieron su ritmo normal trabajo”. Así se establece.

Ahora bien, habiendo otorgado la C.V.G. el plazo de noventa (90) días que establece la cláusula Vigesimoséptima del mencionado convenio -según consta en oficio Nº PRE-471-01 del 6 de agosto de 2001-, esta Sala pasa a verificar el cumplimiento de tal requerimiento, que a decir de la recurrente, fue subsanado según remisión que hizo a la Corporación de los informes pormenorizados, mediante comunicaciones de fechas 19 y 20 de octubre de 2001, cuyo valor probatorio se estudia a continuación:

Al efecto, consta en legajo marcado “S” que la recurrente anexó al recurso de nulidad las siguientes copias simples:

1) Copia simple de la comunicación identificada MINCA/2001-103 de fecha 19 de octubre de 2001 -se aprecia sello húmedo de recibido por la CVG el 25 de mismo mes y año-, la cual expresó lo siguiente:

(…) para dar cumplimiento a la Cláusula Novena de dicho contrato y para llevar un orden cronológico de las actividades que se desarrollarán en Las Cristinas, procedemos a informar que las operaciones realizadas durante el lapso de suspensión y su prórroga se centraron única y exclusivamente en labores de conservación, mantenimiento y cuido de Las Cristinas incluyendo protección ambiental. Asimismo, (…) se continuó con los planes de inversión social en las comunidades adyacentes, (Ver cuadro explicativo de inversiones sociales ejecutadas hasta la fecha), y con los compromisos de cuido y mantenimiento de la propiedad.

En actas de Junta Directiva celebradas en fecha 15/07/1999, 3/11/1999, 3/12/1999, 16/12/1999, 3/03/2000 y 22/03/2000, se presentaron a la Directiva las distintas actividades a ser ejecutadas durante el período antes citado. En cada una de esas actas la Directiva aprobó e hizo seguimiento de las actividades ya ejecutadas, aquellas que se mantenían en curso, los programas futuros y los respectivos presupuestos.

Forma parte del Convenio de Prórroga el plan de actividades y el presupuesto a ser ejecutado en el período comprendido entre el 15 de julio de 2000 al 15 de julio de 2001.

Por último, adjuntamos para su información material contentivo del personal actual de Minca e Inventario. (…)”. (Folio 216, Pieza Nº 1).

2) Copia simple de documento identificado “NÓMINA POR DEPARTAMENTO” -no consta su recepción por parte de la CVG-. Los datos están clasificados de la siguiente manera: “CÓDIGO”, “APELLIDOS Y NOMBRES”, “C.I.”, “F/INGRESO” y “CARGO”. De la información mostrada se puede observar que consiste en un listado que contiene información general del personal de la empresa (datos personales, cargo, fecha de ingreso, departamento al cual están asignados); dicha nómina está conformada por cuarenta (40) trabajadores con fechas de ingreso entre el 01-08-2001 y el 18-09-2001, faltando información relevante como sería la “rotación” de los trabajadores, el salario, la condición del contrato de trabajo y el trimestre al que corresponde la información. (Folios 217 y 218, Pieza Nº 1).

 3) Copia simple de las comunicaciones identificadas MINCA/2001-107 y 108 de fecha 19 de octubre de 2001 -se aprecia sello de recibido por la C.V.G. el 19 y 20 del mismo mes y año-. Tal información dice corresponder a los  períodos de actividades efectuadas desde el 1-07-2000 hasta el 31-12-2000 y del 1-01-2001 al 30-06-2001, -redactadas en términos similares-, expresando lo siguiente:

(…) Sirva la presente a los fines de informar sobre las actividades llevadas a cabo durante el semestre comprendido desde (…).

De conformidad con lo acordado en el convenio de prórroga suscrito entre la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Minera Las Cristinas, C.A., Vanesa de Venezuela, C.A. (antes denominada Placer Dome de Venezuela, C.A.) y Placer Dome Inc. en fecha 8 de agosto de 2000, la suspensión del contrato minero sobre las áreas Las Cristinas 4, 5, 6 y 7 fue prorrogada por el período de un (1) año contado a partir del vencimiento de la suspensión inicialmente acordada por la Junta Directiva de la sociedad es decir, a partir del 15 de julio de 2000. A la fecha durante todo el semestre mencionado en el párrafo anterior, sólo fueron ejecutadas las actividades necesarias para el mantenimiento, conservación y resguardo de Las Cristinas.

Con respecto a los programas sociales, anexo informe pormenorizado de las actividades llevadas a cabo para el período en referencia. De igual modo, se anexan informes correspondientes a los programas de pequeña minería. Por último, le anexo relación del personal del semestre referido. (…).”. (Folios 219 y 220, Pieza Nº 1).

4) Copia simple de la comunicación identificada MINCA/2001-106 de fecha 19 de octubre de 2001 -se puede leer sello de recibido por la C.V.G. sin que se pueda identificar la fecha-, la cual presuntamente corresponde al período de actividades efectuadas desde el 1-01-2000 hasta el 30-06-2000, cuyo texto es el siguiente:

(…) Como fuere acordado, en la Junta Directiva de Minera Las Cristinas, C.A. de fecha 15 de julio de 1999, la ejecución del contrato minero sobre las áreas Las Cristinas 4, 5, 6 y 7 fue suspendido por el lapso de doce (12) meses contados a partir del 15 de julio de 1999. A la fecha y durante todo el semestre en referencia, solo fueron efectuadas las actividades necesarias para el mantenimiento, conservación y resguardo de Las Cristinas.

Con respecto a los programas sociales, anexo informe pormenorizado de las actividades llevadas a cabo para el período en referencia. De igual modo, se anexan informes correspondientes a los programas de pequeña minería. Por último, le anexo relación del personal del semestre referido. (…).”. (Folio 221, Pieza Nº 1).

5) Copia simple de la comunicación identificada MINCA/2001-088 del 17 de octubre de 2001 -con sello de recibido por la C.V.G. sin constancia de fecha-, redactada en los términos siguientes:

(…) Por medio de la presente y cumpliendo con la Cláusula Octava del contrato suscrito entre la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Minera Las Cristinas, C.A. (MINCA) el 22 de febrero de 1992, para la explotación de oro de aluvión y veta en la zona denominada Las Cristina 4, 5, 6 y 7, le informamos que el Plan de Actividades para el período comprendido desde el 1º de agosto de este año hasta el 31 de julio de 2002 se basa en la reactivación de las actividades de construcción del Proyecto Las Cristinas, según se describe y explica en las Actas de Junta Directiva de fecha 30 de agosto de 2001 y 27 de septiembre de 2001 y en carta de fecha 18 de septiembre de 2001, enviada a usted por el señor Luis Ignacio Rojas (Anexamos copias de las mismas). Asimismo, en la Junta de fecha 27 de septiembre de 2001, se aprobó el presupuesto para este período. (…).”. (Folio 222, Pieza Nº 1).

6) Copia simple de la relación de “Inventario de Maquinarias existente en Campamento Las Cristinas”, la cual no precisa a qué trimestre está referida dicha existencia, pues, sólo muestra la fecha de preparación del reporte (24-10-2001). No consta su recepción por la C.V.G. (Folios 223 al 225, Pieza Nº 1).

7) Copia simple del primer folio de las actas de “Junta Directiva de Minera Las Cristinas, C.A.”, celebradas el 15 de julio, 3 de noviembre, 3 y 16 de diciembre de 1999, 3 y 22 de marzo 2000. De las seis (6) actas consignadas, solamente la del 16 de diciembre de 1999 y la del 22 de marzo de 2000 constan de una (1) página, las demás están incompletas. (Folios 226 al 231, Pieza Nº 1).

Respecto de las anteriores copias simples, se observa que las apoderadas judiciales de la accionante, mediante escrito de pruebas de fecha 4 de febrero de 2003, promovieron las siguientes:

(…) el mérito favorable que se desprende de los autos a favor de [su representada], y muy especialmente de los documentos que fueron acompañados con el escrito contentivo del recurso contencioso administrativo que ha dado origen al presente proceso, marcados con las letras (…) ‘S’ (…), los cuales se indican a continuación:

(…) (xvii) Copia de comunicaciones de fechas 19 y 20 de octubre de 2001, de donde se evidencia que MINCA, no obstante la suspensión del CONTRATO MINERO, procedió a presentar a CVG dentro del término de los noventa (90) días otorgado por ese organismo en el oficio de fecha 6 de agosto de 2001, los informes pormenorizados a que se refiere la Cláusula Novena del CONTRATO MINERO. Estas pruebas documentales demuestran, en el supuesto negado de que MINCA hubiere estado obligada a presentar los informes previstos en la Cláusula Novena del CONTRATO MINERO, que [su representada] subsanó el supuesto incumplimiento imputado por CVG, en razón de lo cual no procede la terminación del CONTRATO MINERO por esta causal. (…)”. (Folios 3 al 12, Pieza Nº 2) (Interpolado de la Sala).  

Obsérvese que del contenido de las transcripciones parciales de las comunicaciones de fecha 19 y 20 de julio de 2001 a que hace referencia la accionante en el lapso probatorio, la cuales dice haber suministrado a la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.), no se evidencia con exactitud cuáles son los pormenores” de las actividades dirigidas al mantenimiento y conservación de las maquinarias, equipos y accesorios, preparación de inventarios, rotación de personal y ejecución de obras sociales.

Respecto de las estudiadas copias simples (numeradas del 1 al 7), es de observar que el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, establece:

Los instrumentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, podrán producirse en juicio o en copia certificada expedida por funcionarios competentes con arreglo a las leyes.

Las copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico claramente inteligible, de estos instrumentos, se tendrán como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario, ya en la contestación de la demanda, si han sido producidas con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes, si han sido producidas con la contestación o en el lapso de promoción de pruebas. Las copias de esta especie producidas en cualquier otra oportunidad, no tendrán ningún valor probatorio si no son aceptadas expresamente por la otra parte. (…)”.

De conformidad con la norma transcrita, las copias fotográficas, fotostáticas o reproducidas por cualquier medio mecánico se reputarán como fidedignas siempre y cuando: a) se trate de copias de documentos públicos o privados reconocidos (no simplemente privados); b) sean  producidas con la demanda, su contestación o en el lapso de promoción de pruebas, o que cuenten con la aceptación expresa de la contraparte, si son producidas en un momento distinto a los anteriores; c) no sean impugnadas por la contraparte en los lapsos señalados en la norma; y d) sean legibles. Por interpretación en contrario, si no son de este género, esto es, si se trae a juicio una copia fotostática de un documento privado simple, ésta carece de valor probatorio, incluso cuando no sea impugnada expresamente. (Ver sentencia de esta Sala Nº 00379 del 27 de marzo de 2008).

Al analizar el presente caso, la Sala encuentra que las copias simples acompañadas por la actora al libelo no constituyen instrumentos públicos, ni privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, por lo que no se trata del tipo de documentos a los que el legislador ha querido dar valor probatorio cuando hubiesen sido consignados en fotocopias; en consecuencia, carecen de mérito probatorio. Así se declara.

Por las razones expuestas, esta Sala concluye que la empresa Minera Las Cristinas C.A., distintamente a como lo pretende con las copias precedentemente examinadas, no subsanó la omisión reclamada por la Corporación Venezolana de Guayana (CV.G.), respecto de la cláusula Novena del contrato minero. Así se decide.

El segundo incumplimiento detectado por la Corporación que se refiere a la cláusula Décimonovena, fue notificado a la accionante mediante el mencionado oficio PRE-471-01 del 6 de agosto de 2001, en los términos siguientes: “La empresa MINCA incurrió en el supuesto previsto en esta Cláusula Décima Novena, habiéndose vencido las prórrogas sucesivas concedidas, al 15-07-2001.

En respuesta a dicha notificación, la empresa Minera Las Cristinas, C.A., mediante comunicación de fecha 23 de agosto de 2001, alegó lo siguiente:

(…) (2) El segundo incumplimiento señalado en la comunicación es el supuesto contenido en la Cláusula Décima Novena del Contrato. Al respecto señala el comunicado que MINCA se encuentra desde el 15 de julio de 2001 en el supuesto contemplado en la Cláusula citada, por cuanto vencieron las prórrogas concedidas.

(…)

La prórroga concedida venció el pasado 15 de julio de 2001, por lo que a la fecha de la emisión de la comunicación objeto de este escrito solo ha transcurrido un (1) mes a partir de dicho vencimiento. Tal como dispone la mencionada cláusula, tal supuesto solo aplica luego de transcurridos doce (12) meses continuos a partir del 15 de julio de 2001, es decir hasta el 15 de julio de 2002, será que efectivamente haya incurrido en el supuesto citado, dando derecho a la Corporación a rescindir el Contrato.”.

Tal como antes se expresó, la suspensión del Proyecto Las Cristinas” fue acordada en reunión de Junta Directiva de Minera Las Cristinas, C.A., celebrada el 15 de julio de 1999 -la cual no contó con el voto favorable del Director Principal, ciudadano Francisco Añez, quien actuó en representación de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.)-.

En la referida acta (15-07-1999) quedó constancia de la opinión desfavorable del representante de la Corporación, quien expresó: “La CVG ratifica su posición de no estar de acuerdo con la propuesta de suspensión del Proyecto Las Cristinas, por considerar que la información suministrada por la compañía a la Junta Directiva no es suficiente a los fines de tomar tal decisión (…). El Director Añez sugirió integrar un equipo multidisciplinario de trabajo integrado por representantes de PDI, Minca y CVG para evaluar los motivos de la suspensión del financiamiento y por consiguiente la construcción del Proyecto”.

Posteriormente, la Junta Directiva de MINCA convino en la prórroga de la suspensión por un (1) año contado a partir del 15 de julio de 2000, con la asistencia del ciudadano Antonio López Reina (cédula de identidad número 2.978.586), actuando como “representante legal” de la Corporación.

A tales efectos pasa esta Sala a transcribir la cláusula Décimonovena del contrato, redactada en los términos siguientes:

Décima Novena: La Empresa acepta expresamente que la paralización de los trabajos de explotación objeto del presente contrato, por un período de doce (12) meses y sin motivo debidamente justificado y aceptado por la Corporación, será causal de rescisión del contrato por parte de la Corporación”. (Destacado de la Sala).

La cláusula transcrita prevé la rescisión del contrato cuando se paralicen los trabajos de explotación, “por un período de doce (12) meses y sin motivo debidamente justificado y aceptado por la Corporación”.

Se evidencia que no podía ser otra la estipulación, en virtud de que la materia involucrada en la mencionada convención -como antes se analizó- es de eminente utilidad pública, pues al referirse a la explotación de recursos propiedad del Estado Venezolano (bienes de dominio público) se rige por las disposiciones de la Ley de Minas, que declara tales bienes como de utilidad pública. Tal sumisión quedó expresamente aceptada por las partes, según consta en la cláusula Trigésima del contrato minero, la cual establece:

Trigésima: Este contrato y sus anexos se regirán e interpretarán conforme a las leyes de la República de Venezuela [actualmente República Bolivariana de Venezuela]”. (Resaltado e interpolado de esta Sala).

Con relación al período de suspensión permitido, el artículo 24 de la Ley de Minas de 1945 contempla:

Artículo 24.- En virtud del título minero el concesionario está obligado a poner la concesión en explotación en los plazos siguientes, contados desde la fecha de la publicación del título en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela:

a) cinco años para las concesiones de veta o manto, y

b) tres años para las concesiones de aluvión.

Empezada la explotación no podrá suspenderse por más de dos años consecutivos, si se tratare de veta o de manto, y de un año si de aluvión, salvo caso de fuerza mayor comprobada. Fuera de este caso el Ministro de Fomento podrá conceder, por una sola vez, una prórroga, para reanudar la explotación, por lapsos iguales o menores de los aquí indicados. (…).

Adicionalmente, la vigente Ley de Minas, en el artículo 61 dispone:

Artículo 61.- Las parcelas objeto de los derechos mineros deben ponerse en explotación en un lapso máximo de siete (7) años contados a partir de la fecha de la publicación del respectivo Certificado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela. La explotación de la concesión no podrá ser paralizada sino por causa justificada y por un lapso no mayor de un (1) año, excepto en los casos fortuitos o de fuerza mayor que deberán ser comunicados al Ministerio de Energía y Minas, que decidirá al respecto. Sin embargo, durante el lapso de paralización, el titular del derecho continuará aquellas actividades y trabajos necesarios para la preservación de los mismos.

Ahora bien, las apoderadas judiciales de la accionante expusieron en el escrito recursivo que habiendo obtenido “todos los permisos para la exploración del mineral de oro, MINCA inició en 1993 las operaciones de exploración en las áreas, las cuales concluyeron en junio de 1996 con la elaboración y presentación del Estudio de Factibilidad Técnico Económico”. Que el mencionado estudio “fue aprobado por la CVG en agosto de 1996 y por el Ministerio de Energía y Minas (hoy Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería)en agosto de 1997.

También alegaron las representantes de la empresa Minera Las Cristinas, C.A. que cumplida la fase de exploración y con miras a dar inicio a la fase de explotación, MINCA requirió obtener un financiamiento para iniciar la etapa de construcción de esta fase”; por lo tanto, en sesión celebrada el 15 de julio de 1999, la Junta Directiva de la mencionada sociedad mercantil “decidió suspender la ejecución del Contrato Minero por un período de doce (12) meses”; posteriormente, el 8 de agosto de 2000, los representantes legales de C.V.G., PLACER DOME, INC. y PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. y  el Presidente de MINCA suscribieron un Convenio de Prórroga de la suspensión del Contrato Minero por un (1) año, el cual venció el 15 de julio de 2001.

Por su parte, el oficio PRE-678-01, suscrito por el Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G) el 6 de noviembre de 2001, expresó:

(…) 2º) Por cuanto MINCA, en su carácter de titular del Contrato de Trabajo, quedó obligada al exacto cumplimiento de lo previsto en la Ley de Minas, su Reglamento y demás Decretos y Resoluciones aplicables a los contratos de trabajo celebrados por la C.V.G. durante la vigencia de los Decretos Nº 1.409, de 29 de diciembre de 1990 y Nº 3.281 del 9 de diciembre de 1993, y en el propio Contrato de Trabajo; y que las obligaciones contenidas en el Contrato de Trabajo son adicionales y complementarias y en ningún caso sustitutivas de las obligaciones contenidas en la Ley de Minas y su Reglamento, toda vez que el exacto cumplimiento de dicha normativa no puede ser relajado mediante acuerdos o convenios, por constituir normas de orden público, vale decir, articuladas a la tutela y conservación de intereses que trascienden la esfera jurídica particular de la relación jurídica concreta.

(…)

4º) Por cuanto, en acatamiento a lo previsto en la Cláusula Vigésima Séptima del Contrato de Trabajo, la CVG notificó a MINCA, mediante comunicación número PRE-471-01, de 6 de agosto de 2001, recibida el 7 del mismo mes y año,  que había detectado incumplimientos contractuales y le concedió el plazo contractual de 90 días continuos para subsanarlos, cuyos incumplimientos son los siguientes:

(…)

‘Cláusula Décima Novena: La empresa MINCA incurrió en el supuesto previsto en esta Cláusula Décima Novena, habiéndose vencido las prórrogas sucesivas concedidas, al 15-07-2001’.

(…)

5º) Por cuanto, mediante comunicación número MINCA/2001-059, de 23 de agosto de 2001, MINCA dio respuesta a la comunicación enviada por CVG el 6 de agosto de 2001 (…).

7º) Por cuanto la suspensión de actividades por parte de MINCA más allá de la prórroga acordada por las partes, que venció el 15 de julio de 2.001, representa un claro incumplimiento de las obligaciones asumidas en el Contrato de Trabajo. (…).”.

Adicionalmente, la Administración otorgó a la sociedad mercantil Minera Las Cristinas, C.A. el plazo de noventa (90) días que dispone la Cláusula vigésimo séptima, que a continuación se transcribe:

Vigésima Séptima: Cualquiera de las partes tendrá derecho de terminar este contrato después de transcurridos noventa (90) días continuos a partir de la fecha en que notifique por escrito a la otra, atribuyéndole en forma razonada, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en este contrato, siempre que dentro de dicho plazo no se hubiere subsanado el incumplimiento. Si la parte que invoque el incumplimiento considera que el mismo pueda ser subsanado antes de los mencionados noventa (90) días, deberá indicar expresamente a la otra en el escrito de notificación, el plazo en que se deba corregir el incumplimiento, con señalamiento de las motivaciones que fundamenten ese plazo. Si el incumplimiento se subsana en un lapso mayor del razonablemente señalado por la parte agraviada, o del lapso aceptado por esta a proposición de la otra parte, siempre que no excediera el límite máximo de noventa (90) días, la parte que hubiere incumplido pagará a la otra los correspondientes daños y perjuicios ocasionados por el retardo”.

De lo expuesto se concluye que -al referirse el presente contrato a la exploración, desarrollo y explotación de oro de aluvión y de veta-, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la entonces vigente Ley de Minas de 1945, la paralización del proyecto no debía exceder el lapso inicialmente acordado y su prórroga, es decir, dos (2) años consecutivos.

No obstante, la representación judicial de la accionante alegó que “sólo si MINCA hubiese dejado de realizar las actividades de explotación durante los doce (12) meses continuos siguientes a partir del 15 de julio de 2001, es decir, hasta el 15 de julio de 2002, estaría efectivamente incursa en el supuesto de la Cláusula Décima Novena, dando derecho a la CVG a rescindir el Contrato Minero”.

Como se ve, la denuncia de dicha representación parte de un error al pretender que el lapso de un (1) año -otorgado contractualmente- se extendiera hasta el 15 de julio de 2002, comenzando a partir del vencimiento del período de prórroga de la paralización acordada, es decir, desde el 15 de julio de 2001.

Tal error conceptual se evidencia al computar los lapsos contractuales, porque habiéndose agotado el 15 de julio de 2001 el lapso de paralización del contrato -incluida su prórroga-, debe entenderse que el 16 de julio de 2001 debieron iniciarse las actividades de explotación en su primera fase (construcción), esto de conformidad con la previsión de la entonces vigente Ley de Minas. Por lo tanto, transcurrido el lapso contractual de noventa (90) días sin que la empresa Minera Las Cristinas, C.A. subsanara dicho incumplimiento, la cláusula Vigesimoséptima del contrato concede a la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) el derecho de dar por terminada dicha convención.

Por las razones expuestas, este Máximo Tribunal estima que la sociedad mercantil Minera Las Cristinas, C.A. incumplió la cláusula Décimonovena del contrato minero suscrito por las partes. Así se decide.

A la luz del estudio tanto del contrato minero como de la legislación aplicable al mismo, la Sala observa que el incumplimiento de las dos cláusulas contractuales comentadas (Novena y Décimonovena), por parte de MINCA en su relación jurídica con la República Bolivariana de Venezuela, constituye (ese incumplimiento) causa suficiente y eficiente para declarar la extinción de dicho contrato.

En efecto, bastaría una cualquiera de las dos violaciones estudiadas, bien la que atenta contra la legislación venezolana, o bien la que viola el contrato administrativo, para que se declarase su nulidad.

Respecto del concepto de contrato, los códigos civiles modernos han acogido la definición del sabio griego Aristóteles (S. V. aC.), quien precisó que “el contrato es ley entre las partes”. Nuestro Código Civil recoge esta definición en su artículo 1.159.

Además de esa “ley entre las partes” que es el contrato, tanto la Constitución como las leyes de la materia -todas ya estudiadas- llevan a la Sala a la convicción de que el referido contrato se ha extinguido.  

En consecuencia, este Alto Tribunal desestima la denuncia de falso supuesto de hecho en que habría incurrido la Administración al emitir el oficio N° PRE-678-01 de fecha 6 de noviembre de 2001, dictado por el Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.), que declaró extinguido el Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación de Mineral Oro de Aluvión y de Veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, suscrito entre la referida Corporación y la recurrente. Así se decide.

Adicionalmente, observa la Sala que la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) -mediante oficio PRE-471-01 de fecha 7 de agosto de 2001- advirtió también el incumplimiento de la cláusula Vigésimoctava del contrato, la cual prevé lo siguiente:

Vigésima Octava: Las partes no podrán ceder, en forma alguna, a terceros el presente contrato, salvo que medie la aprobación previa, dada por escrito, por la otra parte”.

En ese sentido la Corporación fundamentó el mencionado incumplimiento, en los términos siguientes:

(…) Asimismo, se evidencia de las comunicaciones recibidas en esta Corporación Venezolana de Guayana, de fechas 13-07-2001, Nº WMH-C-072/2001; del 16-07-2001, Nº WMH-C-469/2001 y del 25-07-2001, Nº WMH-C-073/2001, de la empresa Placer Dome, a través de su representante Sr. Williams M. Hayes, la transacción efectuada con la empresa Vanessa Vantures Ltd., a través de su subsidiaria IHC Corp., de la transferencia de todas las acciones de que son titulares en Placer Dome de Venezuela, contraviniendo expresas disposiciones contractuales contenidas en la Cláusula Vigésima Quinta (sic) del antes referido contrato, que la obligan a obtener de la CVG la debida autorización escrita para dicha transferencia, dado el alcance que dicha transferencia opera sobre MINCA, circunstancia que fue confirmada por los representantes de Placer Dome en reunión de fecha 20-07-2001, realizada en la Presidencia de la CVG.

La descrita conducta ha generado fricciones entre las partes asociadas en la empresa MINCA, en contravención a lo dispuesto en la Cláusula Vigésima Cuarta del mencionado contrato, así como el derecho que le asiste a la CVG de adquirir las acciones Clase D en MINCA, hasta transcurridos seis (6) meses luego de ejecutado el Proyecto objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en la Sección 3.07 del Artículo III y de aprobar la incorporación de nuevos socios, de acuerdo a la Sección 10.1 del Artículo X del Convenio de Accionistas Modificado del 31-07-1997 y artículo 5 del Acuerdo de Prórroga de fecha 08-08-2000. (…)”. (Resaltado del oficio) (Subrayado de esta Sala).

En respuesta a dicha exhortación la recurrente alegó:

(…) (3) Como punto adicional, la comunicación hace referencia a las cartas remitidas por Placer Dome de Venezuela, sosteniendo que las mismas contravienen la cláusula Vigésima Quinta del Contrato.

(…) En cuanto a lo señalado en la comunicación parcialmente transcrita, es importante aclarar que MINCA es una sociedad independiente y con personalidad jurídica propia distinta a la de sus accionistas, y en tal sentido no puede pronunciarse sobre las comunicaciones que tengan o se intercambien sus accionistas.

Como bien lo establece la comunicación, el Contrato fue suscrito entre CVG y Minera Las Cristinas ‘MINCA’, por lo que su contenido y alcance solo le son aplicables a las partes contratantes y es solamente a éstas a quienes obligan, no siendo una de ellas Placer Dome de Venezuela.

(…) El supuesto contenido en la cláusula transcrita [Vigésima Octava] se refiere al escenario en que alguna de las partes, en tiéndase CVG o MINCA, cediere sus derechos bajo el contrato a un tercero sin la autorización de la otra parte. A este respecto, MINCA no ha cedido y de ninguna forma ha comprometido los derechos y obligaciones adquiridas bajo el contrato, y por el contrario reconoce y ratifica su compromiso para el cumplimiento de las mismas.

(…) Del análisis de las cláusulas Novena, Décima Novena, Vigésima Quinta (Vigésima Octava como señaláramos) y Vigésima Cuarta del Contrato, fundamentos de la comunicación objeto de este escrito, y las razones aquí expuestas sobre los señalamientos relativos a cada una de tales cláusulas, se evidencia que hasta la fecha MINCA no ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, y en consecuencia salvo las aclaratorias aquí contenidas nada tiene que subsanar en relación con las mismas.

Con relación a las menciones relativas a la Sección 3.07 del Artículo III y la Sección 10.1 del Artículo X del Convenio de Accionistas Modificado del 31-07-1997, contenidos en la comunicación a que se refiere este escrito, por cuanto MINCA no es parte contratante de tal acuerdo, mal podría incurrir en incumplimiento y estar obligada a subsanar hechos que no son de su responsabilidad y que no han sido ejecutados por ella.”. (Resaltado de esta Sala).

A tales efectos, este Alto Tribunal pasa a efectuar algunas precisiones históricas, en orden cronológico, del contrato minero:

1) 30 de noviembre de 1990: El Estado venezolano otorgó la buena pro a la compañía canadiense PLACER DOME INC. para la ejecución del proyecto de exploración y explotación de mineral de oro de veta y de aluvión en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, ubicada en el Municipio Sifontes del Estado Bolívar.

2) 26 de abril de 1991: Consta en documento inscrito en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda (hoy denominados Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda), bajo el Nº 70, Tomo 54-A-Sgdo. de fecha 26 de abril de 1991, que la compañía PLACER DOME B-V LIMITED (filial de PLACER DOME INC.) constituyó la sociedad de comercio PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A., la cual actuaría como “inversionista” de PLACER DOME INC., conforme lo estipuló posteriormente el “Convenio de Accionistas”.

3) 25 de julio de 1991: Consta en copia certificada del “ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS No. 154 DE FECHA 25 DE JULIO DE 1991, dirigida por el Presidente de la República de Venezuela, que fue “APROBADO” el punto Nº 3 de la agenda del día, presentado por el Ministro de Estado (Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana), como sigue: “Se solicita del ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros, la aprobación de la Constitución de la Empresas Mixtas ‘Minera Las Cristinas, C.A. MINCA’ y ‘Relaves Mineros Las Cristinas, C.A. REMINCA’, para la exploración, desarrollo y explotación del yacimiento aurífero Las Cristinas, cuyos accionistas son  la Corporación Venezolana de Guayana y la Empresa Placer Dome Inc.”.

4) 25 de julio de 1991: Se celebró el “CONVENIO DE ACCIONISTAS” (modificado el 31 de julio de 1997) entre la compañía canadiense PLACER DOME INC. y la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.), en el cual se acordó constituir la empresa MINERA LAS CRISTINAS C.A., cuyo modelo de acta constitutiva y estatutos sociales se adjuntó como “anexo A”, integrando el mencionado acuerdo.

5) 24 de enero de 1992: Las partes que suscribieron el citado “CONVENIO DE ACCIONISTAS” [PLACER DOME INC. y la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.)] constituyeron la empresa mixta denominada MINERA LAS CRISTINAS C.A. (inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz en fecha 24 de enero de 1992, bajo el Nº 17, Tomo A-132), la cual sería la ejecutora del proyecto minero, “conforme a lo aprobado por el Presidente de la República de Venezuela en Consejo de Ministros, en Sesión de fecha 25 de julio de 1.991,.

6) 1º de febrero de 1992: Se celebró un contrato entre la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.) y la empresa MINERA LAS CRISTINAS C.A., para la exploración, desarrollo y explotación de mineral oro de aluvión y de veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, convención que posteriormente fue autenticada en la Notaría Primera de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, el 13 de marzo de 1992, bajo el número 66, Tomo 21, luego de lo cual se inscribió en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Roscio del Estado Bolívar, bajo el Nº 71, folios vto. 34 al 41, Protocolo Primero Adicional, de fecha 19 de marzo de 1992.

7) 31 de julio de 1997: Se modificó el “CONVENIO DE ACCIONISTAS” del 25 de julio de 1991, suscrito en esta oportunidad por PLACER DOME INC. (PDI), PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. (PDVEN) y la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.). Dicho acuerdo expresa lo siguiente: “Este Convenio Modificado constituye el acuerdo total de las partes en lo que respecta a su objeto y reemplaza, sustituye y deja sin efecto al Convenio y a cualquier otro acuerdo verbal o escrito entre las partes sobre dicho objeto. Los anexos I (Mapa), II (Programa de Exploración) y III (Regalía) del Convenio constituyen anexos de este Convenio Modificado, al igual que el anexo A (Documento Constitutivo de MINCA) de este documento. (…)”.

 Las anteriores precisiones cronológicas permiten concluir que las partes (PDI, PDVEN y C.V.G.) suscribieron un “acuerdo total” respecto del objeto del “Convenio de Accionistas”, y que el cometido de constituir la sociedad de comercio MINERA LAS CRISTINAS C.A. era el de ejecutar el proyecto de exploración, desarrollo y explotación de mineral de oro de aluvión y de veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, ubicada en el Municipio Sifontes del Estado Bolívar. Dicho acuerdo dejó constancia de lo siguiente:

(…) Por cuanto la CVG y PDI [PLACER DOME INC.] desean constituir dos (2) compañías mineras:

(iii)              Una que inicialmente explorará y, si se establece que es económicamente factible de acuerdo con este convenio, explotará oro en el área denominada ‘Las Cristinas’ 4, 5, 6 y 7, situada cerca del kilómetro 88 del Municipio Sifontes, Estado Bolívar.

(iv)               Otra que evaluará y, si se establece que es económicamente factible de acuerdo con este convenio, procesará las colas existentes en Las Cristina 4 y 5.

Ahora, por lo tanto, en consideración a las premisas y a las condiciones y compromisos recíprocos que contiene este convenio, la CVG y PDI convienen en lo siguiente:

 I. CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS

Inmediatamente después del otorgamiento de este convenio, la CVG y PDI realizarán todos los actos necesarios para constituir las siguientes compañías mineras:

A. Minera Las Cristinas, C.A. (‘Minca’)

1. Documento Constitutivo de Minca

Minca se regirá por el documento constitutivo/estatutos sociales que se adjunta como anexo ‘A’ y forma parte integrante de este Convenio.

2. Capital Social de Minca

Minca emitirá dos clases de acciones comunes: el 70% de las acciones que integren su capital social serán acciones clase ‘A’ y serán suscritas en su totalidad por Placer Dome de Venezuela, C.A. (‘Inversionista de PDI’); para lo cual PDI será solidaria de las obligaciones de su inversionista, y el 30% de las acciones que integren su capital social serán acciones clase ‘B’ y serán suscritas en su totalidad por una subsidiaria propiedad de la CVG en un 100% (‘Inversionista de la CVG’), para lo cual CVG será solidaria de las obligaciones de su inversionista. (…)”. (Subrayado del convenio) (Resaltado de la Sala).

De la transcripción anterior se evidencia que quedó expresamente aprobado por los suscribientes, por ser “parte integrante” del Convenio de Accionistas, la constitución de la sociedad mercantil MINCA, la cual se encargaría de explorar y explotar “oro en el área denominada ‘Las Cristinas’ 4, 5, 6 y 7, situada cerca del kilómetro 88 del Municipio Sifontes, Estado Bolívar”, y que el setenta por ciento (70%) de las acciones que integrasen el capital social sería suscrito por la empresa PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A., como “inversionista” de PLACER DOME INC (compañía canadiense que obtuvo la buena pro para recibir la concesión minera).

El fundamento de tales acuerdos tiene su origen en la facultad de que disponía el entonces denominado Ministerio de Energía y Minas para asignar a la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.) “el ejercicio del derecho a la exploración, desarrollo y explotación de minerales de oro y diamante de aluvión y veta en todo el territorio que comprende la Región Guayana” (ver artículo 2º del Decreto Presidencial Nº 1.409, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 34.627 de fecha 3 de enero de 1991).

El mencionado cuerpo normativo también dispuso en los artículos 5º y 6º lo siguiente:

Artículo 5º.- A los fines del ejercicio del derecho previsto en el artículo 2º de este Decreto, la Corporación Venezolana de Guayana podrá constituir las empresas que considere conveniente o contratar con personas naturales o jurídicas en los términos y condiciones que la Corporación determine”.

Artículo 6º.- Las empresas que se constituyan conforme al artículo anterior, así como las personas con quienes contrate la Corporación Venezolana de Guayana deberán cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Minas, Ley de Impuesto sobre la Renta y demás leyes fiscales, a fin de que se paguen al Fisco Nacional los impuestos, tasas y contribuciones correspondientes, así como con las disposiciones establecidas en las leyes y demás normas en materia ambiental”.

De lo anteriormente razonado se observa que la obligación de constituir la empresa MINERA LAS CRISTINAS C.A., además de ser una cláusula contractual imperativa e insoslayable, constituye un requisito esencial impuesto por el Estado venezolano, a través de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.), para el otorgamiento de la concesión minera para la exploración, desarrollo y explotación del mineral de oro de aluvión y de veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, ubicada en el Municipio Sifontes del Estado Bolívar (“anexo A” del “CONVENIO DE ACCIONISTAS”); conditio sine qua non que la empresa canadiense PLACER DOME INC. y su “inversionista” expresamente aceptaron y que forma parte del “acuerdo total” contenido en el “Convenio de Accionistas” y su modificación. Por lo que se infiere que las inversionistas extranjeras estaban vedadas de ceder sus acciones. Así se establece.

Quid iuris acerca de la cesión de acciones.

Aun cuando la Sala se pronunció respecto de la invalidez del contrato de cesión del paquete accionario de PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. -dados los altos intereses públicos involucrados en el manejo y funcionamiento de la empresa MINERA LAS CRISTINAS, C.A. (MINCA), formada y registrada luego que el Presidente de la República autorizara y ordenara al Presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.) para que la constituyese, asumiendo como único socio de la República a la citada empresa cedente- este Alto Tribunal considera de gran importancia estudiar la naturaleza jurídica de esa contratación de transferencia de propiedad de títulos valores nominativos y su trascendencia en la relación contractual entre la República y su única socia corporativa, escogida intuitu personae como consecuencia de una licitación en la que dicha socia (PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A.) obtuvo la buena pro.

Este Alto Tribunal procede a tal análisis exhaustivo en resguardo de la puridad judicial en especial, y en general de la transparencia de la actuación de los poderes públicos, en virtud de que la génesis de la empresa MINCA surge de una sucesión de actos administrativos, que empezaron por el Decreto Presidencial y terminaron con la declaratoria de rescisión dictada por el Presidente de la  C.V.G., en uso de sus competencias legales.

Al respecto se observa:

Para precisar esta cuestión jurídica que este Alto Tribunal considera de gran interés nacional, la Sala pasa a estudiar los alegatos y documentos cursantes en autos.

Las apoderadas judiciales de la recurrente alegan:

Que en fecha 25 de julio de 2001, “PLACER B-V LIMITED, único accionista de VANESSA (antes denominada PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A.), cedió la mayoría de sus acciones a IHC CORP., empresa propiedad en su totalidad de VANNESSA HOLDINGS CORPORATION”.

Que no existe impedimento ni en la legislación venezolana ni en el Contrato Minero “que restrinja o prohíba la venta de las acciones del capital social de PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A., por parte de su propietario a un tercero”.

Que “distinto es el caso en conexión con cualquier venta o transferencia propuesta de acciones del capital social de MINCA, la cual estaría sometida a las disposiciones sobre derecho preferente a favor de los accionistas establecidas en el documento constitutivo estatutario de MINCA”.

Que tal limitación contractual “es lógica y adecuada puesto que persigue proteger a los demás accionistas de una venta de acciones del capital social de la empresa que tiene los derechos sobre el Proyecto de acuerdo con el Contrato Minero, además de consagrar un derecho de protección a favor del accionista distinto al accionista que se propone vender su participación accionaria en MINCA. Este no es el caso de PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. la cual, como se señaló, no tiene derechos mineros sobre el Proyecto y ha sido siempre propiedad de un solo accionista, salvo a los efectos de su constitución.”.

De tales argumentos la Sala concluye que la representante judicial de la recurrente no abriga dudas respecto de la limitación que tiene su representada para efectuar “cualquier venta o transferencia propuesta de acciones del capital social de MINCA, la cual estaría sometida a las disposiciones sobre derecho preferente a favor de los accionistas establecidas en el documento constitutivo estatutario de MINCA”. También se evidencia que la recurrente considera “lógica y adecuada” esa restricción para que queden protegidos los intereses de los accionistas de MINCA. (Resaltado de la Sala).

A juicio de este Máximo Tribunal resulta pertinente observar lo siguiente:

La accionante anexó al escrito del recurso contencioso administrativo de nulidad copia simple del Libro de Accionistas de MINERA LAS CRISTINAS, C.A., que está constituido por anotaciones suscritas por los socios con alguna representación de la directiva de la compañía, las cuales hacen plena prueba entre ellos y contra ellos, anotaciones estas precedidas       -conditio sine qua non de validez- por la inscripción, foliatura, sello y firma autorizada del Registro Mercantil,  en este caso, por el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Puerto Ordaz, en fecha 3 de octubre de 1997.

Visto que la representación de la parte demandada no planteó la impugnación de dichas copias parciales del referido libro, conforme a lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala no desestima -ab initio- las referidas copias simples, tanto por la determinación anterior (forman parte de un documento público), cuanto porque como se verá más adelante, serán adminiculadas con la copia certificada del acta de Asamblea Extraordinaria de accionistas de MINERA LAS CRISTINAS, C.A., celebrada el 17 de agosto de 2001, también cursante en autos. Observa este Alto Tribunal que si las referidas fotocopias fuesen facsímiles de un documento privado, aún así deberían ser estudiadas, porque en ese caso tendrían valor indiciario, y como tal deberían ser concatenadas con otras probanzas que permitiesen establecer la verdad de los hechos  controvertidos  (ver, entre otras, sentencias de esta Sala N° 1296 del 26 de julio de 2007 y Nº 123 del 4 de febrero de 2010).

Según consta en las copias producidas por la actora, en el referido libro existen los siguientes asientos referidos a la titularidad de las acciones:

1) 24 de enero de 1992: La sociedad mercantil PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. suscribió y pagó 263.715 acciones nominativas clase “A” y la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.) suscribió y pagó 126.375 acciones nominativas clase “B”, las cuales forman el capital social inicial de la empresa mixta MINCA, cuyo documento constitutivo estatutario quedó inscrito ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, bajo el Nº 17, Tomo 132-A.

Observación de la Sala: Véase que PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. suscribió y pagó acciones clase “A”, en un porcentaje accionario de setenta por ciento (70%), mientras que la República, a través de la C.V.G., suscribió y pagó acciones clase “B”, en un porcentaje accionario de treinta por ciento (30%). 

2) 15 de octubre de 1997: El capital social de la empresa mixta MINCA fue aumentado por suscripción y pago de 1.478.575 acciones nominativas clase “C”, 408.701 acciones nominativas clase “D” y 224.974 acciones nominativas clase “E”, todas a nombre de la sociedad mercantil PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A.    

Observación de la Sala: Véase que PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. suscribió y pagó acciones clase “C”, “D” y “E”, quedando el paquete accionario de la República -que antes era del 30%- reducido al cinco por ciento (5%), pues no suscribió acciones en el aumento de capital.

En los folios 4, 5 y 6 titulado “TRASPASOS” del mencionado Libro de Accionistas, consta el asiento siguiente:

7 de abril de 1999: “Yo, Carl Gerard Gagnier, (…) actuando en mi carácter de Director Principal de Placer Dome de Venezuela, C.A., (…, suficientemente autorizado para este acto según consta en el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de su representada de fecha 26 de marzo de 1999 (en lo sucesivo y a los solos efectos del presente asiento denominada la ‘Accionista’), por este medio declaro: En nombre de mi representada cedo y traspaso en garantía a PDS Bank (Cayman) Limited, una institución bancaria organizada y existente de conformidad con las leyes de las Islas Caimán, quien actúa en nombre propio y en beneficio de las Acreedoras (en lo sucesivo denominada el ‘Agente de Garantías’), Doscientas Noventa y Cinco Mil Setecientas Quince (295.715) acciones nominativas clase ‘A’ con un valor nominal de Cien Bolívares (Bs. 100,00) cada una, Un Millón Cuatrocientas Setenta y Ocho Mil Quinientas Setenta y Cinco (1.478.575) acciones nominativas clase ‘C’ con un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una, Cuatrocientas Ocho Mil Setecientas Una (408.701) acciones nominativas clase ‘D’ con un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una y Doscientas Veinticuatro Mil Novecientas Setenta y Cuatro (224.974) acciones nominativas clase ‘E’ con un valor nominal  de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una, que son propiedad de mi representada en el capital social de Minera Las Cristinas, C.A.; (…) (en lo sucesivo denominada de ‘Deudora’), y pertenecen a mi representada según se evidencia en los asientos insertos en el folio cuatro (4) del Libro de Accionistas de la Deudora. (Resaltado de la Sala).

Este traspaso en garantía es otorgado para garantizar a la Acreedora Inicial, las Acreedoras y al Agente de Garantías el pago de las Obligaciones Garantizadas (tal como este término se encuentra definido en el Contrato de Prenda celebrado por mi representada, la Acreedora Inicial y el Agente de Garantías, en representación de las Acreedoras, en esta fecha). En virtud de este traspaso en garantía y de conformidad con las disposiciones del artículo 536 del Código de Comercio, se constituye en este acto una prenda sobre las Acciones. (Resaltado de la Sala).

Todos y cada uno de los derechos y obligaciones contenidos en el contrato de prenda de acciones otorgado en esta misma fecha entre la Acreedora Inicial, el Agente de Garantías en representación de las Acreedoras y la Accionista, quedan incorporados a este traspaso en garantía. Yo James Gardiner, (…) actuando en mi carácter de Director Gerente de PDG Bank (Cayman) Limited, antes identificada, debidamente autorizado para este acto (…) por este medio declaro: Que mi representada acepta el anterior traspaso en garantía y la prenda creada por este medio a favor de la Acreedora Inicial y para el beneficio de las Acreedoras, de conformidad con los términos de este asiento y del contrato de prenda de acciones arriba mencionado. (…). Para todos los fines de esta prenda, sus derivados y consecuencias, se escoge como domicilio especial la ciudad de Caracas y las partes expresamente acuerdan someterse a la jurisdicción exclusiva de sus tribunales.”. (Folios 110 al 114 de la pieza 1 del expediente judicial) (resaltado de la Sala).

Observación de la Sala: De acuerdo al asiento transcrito arriba se perfeccionó un contrato mercantil de garantía prendaria -según afirma el Presidente de PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A.- en seguridad del pago de las obligaciones adquiridas por MINCA (deudora), cuyo monto -igual que el documento demostrativo del contrato de prenda- no consta en esa anotación, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 1.839 del Código Civil, aplicable supletoriamente por remisión expresa del artículo 543 del Código de Comercio.

En el folio 7 del referido libro -con el título “ACCIONISTA”- consta lo siguiente:

25 de julio de 2001: “Por medio del presente asiento se hace constar que: 1) Consta del documento denominado ‘Release, Satisfaction and Assigment’ de fecha 18 de julio de 2001, que Placer Dome Inc. pagó los préstamos que constituían ‘Obligaciones Garantizadas’ bajo la prenda de acciones constituida en los folios 4, 5 y 6 de Traspasos de este Libro de Accionistas y, por lo tanto, Placer Dome Inc. se convirtió en el acreedor prendario de tales obligaciones. 2) Consta de documento denominado ‘Transaction Agreement (Placer)’ de fecha 25 de julio de 2001 que Placer Dome Inc. ha cedido y traspasado a Vanessa Holdings Corporation todos los derechos que le corresponden en los créditos ya identificados en el numeral 1) de este asiento, por lo que Vanessa Holdings Corporation se ha convertido en el acreedor prendario de las ‘Obligaciones Garantizadas’ bajo la prenda ya referida en este asiento y, 3) Consta de documento denominado ‘Collateral Assigment Agreement’ de fecha 25 de julio de 2001, que Vanessa Holdings Corporation ha cedido en garantía a Placer B-V Limited los créditos garantizados con la garantía prendaria constituida en este Libro de Accionistas, para garantizar su cumplimiento de las obligaciones que Vanessa Holdings Corporation asumió en el documento denominado Transaction Agreement (PBV) de fecha 25 de julio de 2001. (sic) (folio 115 del expediente judicial) (Resaltado de la Sala).

Observación de la Sala: En la nota anteriormente reseñada del Libro de Accionistas de MINCA consta que se citan tres documentos redactados en idioma inglés, a saber: 1)  “Release, Satisfaction and Assigment”, 2) “Transaction Agreement (Placer)”, y 3) “Collateral Assigment Agreement”, instrumentos estos de los que no se indica traducción al castellano, contraviniéndose el artículo 13 del Código Civil, que dispone: “El idioma legal es el castellano”. Tampoco se evidencia cuáles instrumentos se hayan incorporado a los libros o a la documentación societaria de MINCA. Por tales razones, esos contratos se consideran ajenos a las obligaciones de la mencionada empresa mixta, y por ende, también de la C.V.G., adicionalmente a que ésta (C.V.G.) objetó esos traspasos de acciones, como se verá más adelante.

Además, según se analizará posteriormente, la compañía “Vannessa de Venezuela, C.A.” se presentó en la Asamblea Extraordinaria de MINCA el 17 de agosto de 2001, como propietaria de la totalidad del paquete accionario de PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A., sin que conste en el Libro de Accionistas de MINCA la suscripción y pago de las acciones que aquélla        -tercero en la relación contractual- se adjudica.

Es importante recordar que la accionante afirmó en el capítulo de los fundamentos de hecho del recurso contencioso administrativo de nulidad, que la empresa “Placer B-V Limited”, es el “único accionista” de la sociedad mercantil “Vannessa de Venezuela, C.A.” (folio 6, pieza 1 del expediente judicial).

Presume la Sala que tal sustitución -“Vannessa de Venezuela, C.A.” por PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A.- tuvo su origen en las sucesivas cesiones de la garantía mercantil prendaria sobre las acciones propiedad de esta última, asentadas en el Libro de Accionistas de MINCA,  sin que conste en autos la aprobación de la C.V.G., como accionista de la mencionada empresa mixta, en tales operaciones. Tal limitación está prevista en el Artículo X del “Convenio de Accionistas Modificado”, el cual dispone:

ARTÍCULO X

CESIÓN. EFECTO VINCULANTE

Sección 10.01. Cesión del Convenio Modificado: Salvo que en este Convenio Modificado se disponga lo contrario, ninguna de las partes podrá ceder sus derechos ni delegar sus obligaciones conforme al mismo, sin el previo consentimiento de la otra parte dado por escrito. Este convenio será vinculante y redundará en beneficio de cada una de las partes contratantes, y de sus cesionarios permitidos.  (Subrayado del Convenio) (Resaltado de la Sala).

Así como no consta la aprobación de la C.V.G. para que MINCA se pudiera obligar, tampoco se evidencia en autos la prueba de la obligación principal de la deuda, ni el incumplimiento de tal obligación que supuestamente MINCA había contraído con “PDS Bank (Cayman) Limited”     -presunto crédito que habría sido pagado por Placer Dome Inc., convirtiéndose así en acreedor prendario de tales obligaciones, quien luego cedió y traspasó a la empresa “Vanesa Holgings Corporation”, y esta, finalmente (según el Libro de Accionistas de MINCA) a la compañía “Placer B-V Limited”-.

Se evidencia pues, a la luz del derecho patrio, que estas pruebas son absolutamente necesarias para demostrar las afirmaciones hechas en el referido libro de MINCA. Con tales pruebas el acreedor prendario podría solicitar judicialmente la venta de la prenda según lo prevé el artículo 1.844 del Código Civil, en concordancia con el artículo 542 del Código de Comercio, que dispone: “Es nula toda cláusula que autorice al acreedor para apropiarse de la prenda, o para disponer de ella (…)”. Por lo tanto, al no cumplir las prescripciones legales, no le estaba dado al acreedor prendario vender las acciones obtenidas en garantía, prenda que -se reitera- no ha quedado probada en autos.

Esto último conecta con lo que la Sala concluyó al principio del análisis de la cesión: que en efecto no consta en el Libro de Accionistas de MINCA la propiedad de las acciones que se adjudica la empresa “Vannessa de Venezuela, C.A.”, para pretender derechos en la concesión minera. 

Resumiendo, la participación de los accionistas en el capital de MINERA LAS CRISTINAS, C.A. se muestra en el siguiente cuadro:

LIBRO DE ACCIONISTAS DE MINERA LAS CRISTINAS C.A.                                      COMPOSICIÓN ACCIONARIA (folios 102 al 109 pieza 1 del expediente judicial)

FECHA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

CANTIDAD DE ACCIONES

MONTO EN Bs.

PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A.

CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA

24/01/1992: Constitución de MINCA

CLASE "A"

295.715

 

29.571.500,00

CLASE "B"

 

126.735

12.673.500,00

15/10/1997: Aumento de capital

CLASE "C"

1.478.575

 

1.478.575,00

CLASE "D"

408.701

 

408.701,00

CLASE "E"

224.974

 

224.974,00

TOTAL APORTES

2.407.965

126.735

44.357.250,00

PORCENTAJE

95%

5%

 

 

Se verifica pues, que con el aumento de capital se emitieron acciones clases “C”, “D” y “E”, y que todas fueron suscritas y pagadas por la sociedad mercantil PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A., incrementando su porcentaje al noventa y cinco por ciento (95%), pasando la República de un porcentaje inicial del treinta por ciento (30%) al posterior del cinco por ciento (5%).

Asimismo, constan en las copias del referido Libro de Accionistas de MINERA LAS CRISTINAS, C.A. las siguientes operaciones de traspaso de acciones:

1ª) La sociedad mercantil PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. (única socia de la República en MINCA) dio en garantía prendaria todas sus acciones a la institución financiera “PDG Bank (Cayman) Limited”.

2ª) “ Consta del documento denominado ‘Release, Satisfaction and Assigment’ de fecha 18 de julio de 2001, que Placer Dome Inc. pagó los préstamos que constituían ‘Obligaciones Garantizadas’” [referidas a préstamos recibidos por MINCA, no constando en autos el uso de ese dinero], y por lo que, “… bajo la prenda de acciones constituida en los folios 4, 5 y 6 de Traspasos [del] Libro de Accionistas y, por lo tanto, Placer Dome Inc. [tercero ajeno al contrato de sociedad suscrito entre la C.V.G. y PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A.] se convirtió en el acreedor prendario de tales obligaciones”. (Interpolado y resaltado de la Sala).

3ª) “…Consta de documento denominado ‘Transaction Agreement (Placer)’ de fecha 25 de julio de 2001 que Placer Dome Inc. ha cedido y traspasado a Vanessa Holdings Corporation todos los derechos que le corresponden en los créditos ya identificados…”. (Resaltado de la Sala).

4ª) “… Consta de documento denominado ‘Collateral Assigment Agreement’ de fecha 25 de julio de 2001, que Vanessa Holdings Corporation ha cedido en garantía a Placer B-V Limited los créditos garantizados con la garantía prendaria constituida en este Libro de Accionistas, para garantizar su cumplimiento de las obligaciones que Vanessa Holdings Corporation asumió en el documento denominado Transaction Agreement (PBV) de fecha 25 de julio de 2001. (Resaltado de la Sala).

Adicionalmente, la parte actora produjo -tal como antes se mencionó-copia certificada del acta de Asamblea Extraordinaria de accionistas de MINERA LAS CRISTINAS, C.A., celebrada el 17 de agosto de 2001 (agregada en fecha 22 del mismo mes y año al expediente Nº 7400 llevado por la oficina de Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, bajo el Nº 19, Tomo A-50), redactada en los términos siguientes:

En Caracas, a las 9:00 a.m. del día 17 de agosto de 2001, siendo la hora y el día previamente fijados por el accionista para celebrar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas de MINERA LAS CRISTINAS, C.A., se encontraban presentes en las oficinas de la Compañía, la accionista VANNESSA DE VENEZUELA, C.A., propietaria de doscientas noventa y cinco mil setecientas quince (295.715) acciones nominativas clase ‘A’ con un valor nominal de cien bolívares (Bs. 100,00) cada una, un millón cuatrocientas setenta y ocho mil quinientas setenta y cinco (1.478.575) acciones nominativas clase ‘C’ con un valor nominal de cien bolívares (Bs. 100,00) cada una, cuatrocientas ocho mil setecientas un (408.701) acciones nominativas clase ‘D’ con un valor nominal de cien bolívares (Bs. 100,00) cada una y doscientas veinticuatro mil novecientas setenta y cuatro (224.974) acciones nominativas clase ‘E’ con un valor nominal de cien bolívares (Bs. 100,00) cada una, representadas en este acto por su Presidente el Sr. Erich Rauguth, canadiense, titular de la cédula de identidad  No. 82065166; y la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA, propietaria de ciento veintiséis mil setecientos treinta y cinco (126.735) acciones nominativas clase ‘B’ con un valor nominal de cien bolívares (Bs. 100,00) cada una, representadas en este acto por el Ing. Armando John Madero, según carta-poder de la cual se ha tomado debida nota estando así representada y presente la totalidad de las acciones representativas del capital de la compañía. (…) En este estado interviene el representante de la Corporación Venezolana de Guayana, quien expuso lo siguiente: (…) PRIMERO: objetamos la representación asumida por el ciudadano Sr. Erich Rauguth, titular de la cédula de identidad  No. E-82065166, quien afirmó ser el representante de la compañía Vanesa de Venezuela, C.A., en razón a que la titularidad de las acciones corresponden legal y contractualmente a Placer Dome de Venezuela, C.A., quien no las puede ceder o traspasar sin el previo consentimiento, expreso y por escrito, de mi representada, según lo dispuesto en la Cláusula V, literal D, del Convenio de Accionistas de fecha 25 de julio de 1991 y ratificada en la sección 10.1 del artículo X del Convenio de Accionistas modificado del 31 de julio de 1997; así como en la Cláusula Vigésima Quinta del Contrato suscrito entre la Corporación Venezolana de Guayana y la empresa Minera Las Cristinas, C.A. para la exploración y subsiguiente explotación del mineral de oro, de aluvión y de veta en las áreas Las Cristina 4, 5, 6 y 7, de fecha 01 de febrero de 1992, y al no existir tal autorización expresa, mi representada no puede convalidar la pretendida representación; SEGUNDO: Objetamos y, por lo tanto, no convalidamos, la ilegítima cesión que hizo Placer Dome Inc. sobre las acciones de Placer Dome de Venezuela, C.A. a favor de IHC Corp., subsidiaria de Vannessa Ventures Ltd., quien resulta ser un tercero en la empresa Minera Las Cristinas, C.A., cuya objeción queda ratificada con el contenido de la comunicación de fecha 13 de julio de 2001, No. WMH-C-0772/2001, dirigida al Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, por el Sr. William Hayes, Presidente de la empresa Placer Dome Inc.; TERCERO: Objetamos la pretendida representación de la empresa Vanesa de Venezuela, C.A., en Minera Las Cristinas, C.A. y, en consecuencia, la Corporación Venezolana de Guayana no reconocerá la legitimidad de la Junta Directiva que se elegirá en esta Asamblea, por ser contrario a los intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela. En vista de la exposición anterior, exhorto a la Asamblea, a suspender esta reunión dadas las irregularidades señaladas. En la hipótesis de que no sea acatada mi exhortación, solicito la expedición de copia certificada de la presente Acta. En consideración a la anterior exposición, el Sr. Erich Rauguth, en representación de la accionista Vannessa de Venezuela, C.A., manifestó: Rechazamos, negamos y contradecimos los alegatos expuestos anteriormente por el representante de la Corporación Venezolana de Guayana, por cuanto: (a) la cesión y traspaso de las acciones de capital social de Placer Dome de Venezuela, C.A. (hoy Vanesa de Venezuela, C.A.) es una operación válida y legítima, que no requería consentimiento previo de persona alguna. El Convenio de Accionistas de fecha 25 de julio de 1991 fue sustituido por el Convenio de Accionistas de fecha 31 de julio de 1997 y, por lo tanto, ha perdido eficacia. Tanto dicho Convenio de Accionistas de fecha 31 de julio de 1997 como el Contrato de Exploración y subsiguiente Explotación de Oro en las áreas Cristinas 4, 5, 6 y 7 de fecha 01 de febrero de 1992 no son aplicables a la venta de acciones de capital de Placer Dome de Venezuela, C.A. ya que el consentimiento previo que allí se exige tan solo es necesario para ceder o traspasar los referidos contratos, situación ésta que no se ha producido; (b) la válida cesión que se efectuó fue notificada por Placer Dome a la Corporación Venezolana de Guayana mediante la señalada comunicación de fecha 13 de julio de 2001; (c) Vanesa de Venezuela, C.A. tiene la legitimidad como accionista para sesionar en Asamblea de Accionistas de Minera Las Cristinas, C.A. . Por lo tanto, Vannessa de Venezuela, C.A. procederá a deliberar y decidir únicamente acerca de los puntos de Orden del Día en las oficinas de Minera Las Cristinas, C.A. (…) Acto seguido la Asamblea procedió a nombrar a los Sres. Manfred Peschke, alemán,…Erich Rauguth, canadiense, …y Luis Ignacio Rojas, venezolano,…como Directores Principales de la Compañía y a los Sres. Alonzo Dimas Mago, venezolano, …René Gay Pola, venezolano, … y Mariana Almeida, venezolana,…como Directores Suplentes de la Compañía. (…) Acto seguido, la Asamblea procedió a designar al Sr. Erich Rauguth, antes identificado, como Presidente de la Compañía. (…) Acto seguido, la Asamblea procedió a designar a Mariana Almeida, antes identificada, como Representante Judicial de la Compañía. En este estado interviene de nuevo el representante de la Corporación Venezolana de Guayana y [expuso] dejo constancia que voté en contra de las resoluciones adoptadas por la Asamblea, por las razones ya señaladas. (…).”. (Subrayados del acta y de la Sala) (Agregado de la Sala) (Folios 124 al 133, Pieza Nº 4).

Concluye la Sala conforme a la transcripción anterior (referida a contrataciones mercantiles), que la empresa “Vannessa de Venezuela, C.A.” habría pasado a tener injerencia en las decisiones de MINERA LAS CRISTINAS C.A., en virtud de los derechos mercantiles (títulos valores) que adquirió por la cesión de acciones que formulara la sociedad de comercio PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A., mediante las obligaciones garantizadas con el contrato de prenda.  

Como se ve, los nombramientos hechos en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 17 de agosto de 2001 de la empresa mixta MINCA, designando como integrantes en su Junta Directiva a los representantes de la compañía “Vannessa de Venezuela, C.A.”, evidencia que la incorporación de ese tercero como accionista de dicha empresa mixta implica necesariamente que la indicada nueva accionista ha sustituido íntegramente a la socia inicial (la empresa PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A.) de CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.) en el manejo del negocio minero que ésta le dio en concesión mediante un acto administrativo en el que se decidió constituir la empresa mixta MINERA LAS CRISTINAS C.A.

Significa, por tanto, la citada cesión de acciones que la nueva accionista de MINCA (“Vannessa de Venezuela, C.A.”) pasó a tomar decisiones en el destino del contrato minero que la República dio en concesión al cedente accionario. Al subrogarse “Vannessa de Venezuela, C.A.” en la misma posición contractual de PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A., pasó a intervenir en los intereses públicos propios del contrato minero dado en concesión, a través de contrataciones mercantiles concertadas a espaldas de la República, rechazadas expresamente por su representante, cuando tales operaciones mercantiles fueron reseñadas en el Acta de Asamblea de MINCA. Esta sustitución de PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. por “Vannessa de Venezuela, C.A.”, mediante las operaciones mercantiles indicadas, constituye una evidente maquinación en el ámbito del derecho mercantil, indicativa de que -en virtud del contrato de cesión- la concesión minera ha sido transferida indirectamente a una persona jurídica ajena al contrato minero y a los actos administrativos que le dieron nacimiento.

Para la Sala es indudable que la relación jurídica entre PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. y CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA es intuitu personae, no sólo porque la Constitución y las leyes así lo imponen, sino también porque consta en el contrato y sus adenda (llamados “Convenio de Accionistas” y “Convenio de Accionistas Modificado”).

Este Alto Tribunal considera que independientemente del uso que la directiva de MINCA hubiese dado al dinero recibido en préstamo, no consta que la C.V.G. haya autorizado ceder en garantía prendaria las acciones que en efecto cedió PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. La Sala observa que además, se produjeron varias cesiones, sin que en ninguna de ellas apareciese el consentimiento de la República, a través de C.V.G., así como tampoco autorizó la República los nombramientos de la Junta Directiva, pues al contrario, los rechazó expresamente.

Como el tema in commento es -además de una cuestión atinente al derecho administrativo- también un acto de comercio, la Sala pasa a estudiar dicho acto (la cesión) a la luz del derecho mercantil.

La cesión de acciones está regulada en el Código de Comercio, específicamente en el artículo 296, referido a las acciones nominativas, tipo accionario que compone el capital de la empresa mixta MINCA. Dicho artículo dispone:

Artículo 296.- La propiedad de las acciones nominativas se prueba con su inscripción en los libros de la compañía, y la cesión de ellas se hace por declaración de los mismos libros, firmada por el cedente y por el cesionario o por sus apoderados”.

La citada norma determina la prueba de propiedad accionaria y regula la cesión de dichas acciones nominativas, traslado de propiedad que debe constar en los libros de la compañía cuyas acciones son cedidas.

Evidentemente, la cesión de acciones involucra no sólo a las partes de ese contrato de cesión sino a la empresa cuyas acciones son cedidas, pues en efecto, la cesión, para que pueda valer ante la compañía y los terceros, debe constar en los libros de la sociedad cuyas acciones son cedidas.

Consecuencia lógica de la cesión es la subrogación del cesionario en los derechos del cedente, con lo cual el primero pasa a ocupar el lugar del segundo en la compañía cuyas acciones le fueren cedidas. Como ha quedado dicho, en virtud de la cesión in commento, “Vannessa de Venezuela, C.A.” pasó a ser socia de la República Bolivariana de Venezuela en la concesión minera, lo cual estaba expresamente prohibido tanto en el contrato como en la legislación nacional, cuestión ya analizada.

Es evidente que la posición de “Vannessa de Venezuela, C.A.” como accionista en MINERA LAS CRISTINAS, C.A., implica una relación jurídica contractual entre aquel tercero y la República, creando por vía mercantil derechos y obligaciones entre ambas. Por lo tanto, la verificación de la eventual legitimidad de la cesión de acciones que le hiciera la sociedad mercantil PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A. a la compañía “Vannessa de Venezuela, C.A.”, implicaría necesariamente -como ha quedado establecido- que ésta, como cesionaria de acciones de la empresa concesionaria del contrato minero bajo estudio, interviniese e influyese en el control de la ejecución del proyecto para la exploración, desarrollo y explotación del mineral de oro de aluvión y de veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7. Se reitera pues, que tal injerencia significaría también que la empresa “Vannessa de Venezuela, C.A.” -que es un tercero en ese contrato de interés y de utilidad públicos- al subrogarse inconsultamente en los derechos de la concesionaria que ganó la buena pro, participase en los beneficios económicos que dichas actividades generasen, todo lo cual está prohibido expresamente en el contrato de concesión, prohibición que aunque no estuviese prevista en el contrato in commento, está igualmente consagrada en las normas constitucionales y legales ya estudiadas. En consecuencia, la cesión de acciones estudiada es absolutamente ilícita, y no obliga a MINCA ni a la República a través de C.V.G., en las obligaciones contraídas, porque son de causa ilícita, conforme a las disposiciones tanto del contrato de concesión como del “Convenio de Accionistas Modificado”, los cuales establecen:

Contrato de Concesión:

Vigésima Octava: Las partes no podrán ceder, en forma alguna, a terceros el presente contrato, salvo que medie la aprobación previa, dada por escrito, por la otra parte”.

 

Convenio de Accionistas Modificado:

Sección 3.07. Opción de CVG: CVG tendrá la opción de adquirir la totalidad o una parte de las acciones clase D propiedad de PDVEN durante el período señalado en el literal (e) de la presente sección. Dicha opción estará sujeta a las siguientes condiciones:

(…)

e) La opción vencerá irrevocablemente a los seis (6) meses contados a partir de la fecha de conclusión de la construcción del Proyecto (este período de seis (6) meses consiste en dos (2) meses del período de pruebas (‘commisioning’) más cuatro (4) meses). PDTS [Placer Dome Technical Services Ltd.] establecerá de común acuerdo con el Gerente General de MINCA el comienzo del período de pruebas (‘commisioning’) y MINCA notificará a CVG y a PDVEN que el período de seis (6) meses antes referido ha comenzado…

(…)”. (Resaltado y agregado de la Sala).

En suma, como se trata de bienes públicos de la República Bolivariana de Venezuela (de utilidad y de interés públicos, cuyo manejo aun por terceros, es cuestión de orden público), dado que tales bienes decidió el Estado que fuesen manejados por una empresa mixta en la que participa como única socia suya -a través de su inversionista- una compañía que ganó la buena pro en una licitación, ello significa que sólo esa empresa extranjera y no otra es reconocida por la República como su contratista. Si bien el contrato minero debía ejecutarse a través de una contratación mercantil (contrato de sociedad), tal forma societaria no autorizó la autonomía de la voluntad de la socia mercantil del Estado para ceder sus acciones. Por el contrario, consta en la contratación mercantil que la socia concesionaria estaba limitada en su libertad de contratar con terceros, limitación que aceptó PLACER DOME DE VENEZUELA, C.A., y que es, además, propia de esas contrataciones que nacen en el derecho administrativo y pasan al derecho mercantil sólo como una formalidad de funcionamiento societario. Porque lo principal es la actividad administrativa originaria, principio y fin de tales contratos mineros, que por la misma razón son contratos administrativos, de los cuales -como se ha dicho- se derivan contratos mercantiles que no deben violar jamás la contratación originaria administrativa, so pena de nulidad.

Por todo lo expuesto, considera la Sala que ninguna maquinación jurídico-mercantil podría ser autorizada válidamente por la República, ni convalidada en el ámbito administrativo. Ello implicaría cambiar ilícitamente el acto administrativo original y los sucesivos hasta la constitución de la empresa mixta MINCA.

Esta determinación es tan cierta que si algún funcionario hubiese autorizado la cesión prohibida tanto por la Ley como por el contrato, podría haber incurrido en responsabilidad administrativa y eventualmente en otras responsabilidades. En efecto, de permitirse y validarse las maquinaciones mercantiles, evidentemente ilícitas, por las cuales la contratista intuitu personae de la República cedió sus acciones, transfiriendo sus derechos y obligaciones a un tercero, tal convalidación implicaría que se perpetrase, en nombre del Estado, la prohibida concertación en contra de los altos intereses de la República.

Se reitera, pues, que tal cesión es violatoria de la Constitución y las leyes de la República, así como también del contrato minero. Por lo tanto, al violar normas de orden público, la estudiada cesión es nula de toda nulidad, entendiéndose que esta nulidad se declara porque es -entre otras- la razón principal del acto administrativo impugnado, pues en virtud de ella (la cesión de acciones), el Estado venezolano -a través del Presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA- rescindió el contrato de concesión minera otorgado a la cedente. Así se establece.

Concluido el precedente estudio sobre la cesión de las acciones, la Sala pasa a decidir el punto fundamental del petitorio, del cual la cuestión jurídica de la validez o invalidez de la cesión es accesoria, pero determinante, porque es la razón fundamental de la C.V.G. para dictar el acto administrativo rescisorio, cuya nulidad se ha pedido.

Examinados y decididos todos los alegatos planteados en el thema decidemdun de esta acción de nulidad, al pronunciarse al fondo, la Sala debe declarar que el oficio N° PRE-678-01 de fecha 6 de noviembre de 2001, dictado por el Presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.), es un acto administrativo que la Administración Minera emitió conforme a derecho. Así se declara.

Como consecuencia de la declaración anterior, la Sala concluye que el presente recurso contencioso administrativo de nulidad incoado contra ese acto administrativo, se debe declarar sin lugar, como en efecto así se determina. Por lo consiguiente, queda firme el referido acto administrativo. Así también se establece.

Dada la singular importancia de la presente cuestión para los intereses públicos de la República Bolivariana de Venezuela, en el área industrial minera, visto que este asunto comenzó hace más de 20 años (30-11-1990), cuando la República otorgó la buena pro a Placer Dome Inc. para iniciar el proyecto aurífero; y visto así mismo que esta cuestión ha tenido, a lo largo de muchos años, gran repercusión en los medios de comunicación social, la Sala ordena la publicación de este fallo en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente:

Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que declara FIRME el acto administrativo contenido en el oficio N° PRE-678-01 de fecha 6 de noviembre de 2001, dictado por el Presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.), por el cual decidió la extinción del Contrato Minero para la Exploración, Desarrollo y Explotación de Mineral Oro de Aluvión y de Veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, ubicada en el Municipio Sifontes del Estado Bolívar, suscrito entre la referida Corporación y la empresa mixta MINERA LAS CRISTINAS, C.A. (MINCA)”.

VII

 DECISIÓN

En atención a la motivación precedente, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar innominada por la empresa MINERA LAS CRISTINAS, C.A. (MINCA). En consecuencia, queda FIRME el acto administrativo contenido en el oficio N° PRE-678-01 de fecha 6 de noviembre de 2001, dictado por el Presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.), el cual declaró extinguido el Contrato para la Exploración, Desarrollo y Explotación de Mineral Oro de Aluvión y de Veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, suscrito entre la referida Corporación y la recurrente.

Se ordena la publicación del presente fallo en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente:

Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que declara FIRME el acto administrativo contenido en el oficio N° PRE-678-01 de fecha 6 de noviembre de 2001, dictado por el Presidente de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.), por el cual decidió la extinción del Contrato Minero para la Exploración, Desarrollo y Explotación de Mineral Oro de Aluvión y de Veta en el área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, ubicada en el Municipio Sifontes del Estado Bolívar, suscrito entre la referida Corporación y la empresa mixta MINERA LAS CRISTINAS, C.A. (MINCA)”.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, al Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería, a la Procuraduría General de la República, a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y a las partes. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los seis (06) días del mes de diciembre del año dos mil once (2011). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

             La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

                                                                                                                                                 La Vicepresidenta

                                                                      YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

    

                                                                                                                                        EMIRO GARCÍA ROSAS

                                                                                                                                                         Ponente

TRINA OMAIRA ZURITA

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

En siete (07) de diciembre del año dos mil once, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01690.

 

La Secretaria,

                                                                      SOFÍA YAMILE GUZMÁN