MAGISTRADO PONENTE: HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

Exp. Nº 0735-00

 

El Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Occidental, adjunto a oficio Nº 7302 de fecha 22 de junio de 2000, remitió a esta Sala por declinatoria de competencia, el expediente contentivo de la acción conjunta de amparo y nulidad incoada por la sociedad mercantil CONSTRUCTORA EL VIGÍA (COVCA) C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida el 28 de febrero de 1990, bajo el Nº 45, Tomo A-4, contra el acto administrativo dictado por la Fundación Regional para la Vivienda del Estado Lara (FUNREVI), publicado en el diario El Nacional el 8 de abril de 2000, mediante el cual se anuló el proceso licitatorio signado con el Nº LG-FUNREVI.01-2000, que abrió la licitación “...PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 155 VIVIENDAS EN LA URBANIZACIÓN JOSÉ ANGEL DE ALAMO, LOS CERRAJONES, en jurisdicción del Municipio Iribarren del Estado Lara...”.

El 4 de julio de 2000 se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha, se designó ponente al Magistrado José Rafael Tinoco.

Mediante diligencia suscrita el 6 de julio de 2000, el apoderado judicial de la recurrente solicitó que se decidiera la causa.

En virtud de la designación de los Magistrados Hadel Mostafá Paolini y Yolanda Jaimes Guerrero, y la ratificación del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, por la Asamblea Nacional en sesión de fecha 20 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.105 del día 22 del mismo mes y año, se reconstituyó la Sala Político Administrativa el 27 de diciembre de dicho año, y se reasignó la ponencia al Magistrado Hadel Mostafá Paolini, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En la audiencia del 27 de julio de 2001, el apoderado judicial de la accionante ratificó su solicitud de decisión.

I

ANTECEDENTES

 

Mediante escrito presentado el 19 de mayo de 2000, en el Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Occidental, los abogados Luis Zerpa y Nioka Rojas, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 17.334 y 37295, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA EL VIGÍA (COVCA) C.A., interpusieron acción conjunta de amparo y nulidad contra el acto administrativo dictado por la Fundación Regional para la Vivienda del Estado Lara (FUNREVI), publicado en el diario El Nacional el 8 de abril de 2000, mediante el cual se anuló el proceso licitatorio signado con el Nº LG-FUNREVI.01-2000, que abrió la licitación “...PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 155 VIVIENDAS EN LA URBANIZACIÓN JOSÉ ANGEL DE ALAMO, LOS CERRAJONES, en jurisdicción del Municipio Iribarren del Estado Lara...”. 

El 31 de mayo de 2000 se admitió el recurso incoado  y el 15 de junio del mismo año, el apoderado judicial de la recurrente presentó escrito de reforma del recurso en cuanto al acto impugnado, manifestando que recurría el acto administrativo dictado por la Fundación Regional para la Vivienda del Estado Lara (FUNREVI), publicado en el diario El Nacional el 10 de junio de 2000, mediante el cual se declaró desierto el proceso licitatorio signado con el Nº LG-FUNREVI.05-2000.

Por decisión de fecha 16 de junio de 2000, el tribunal de la causa declinó en esta Sala la competencia para conocer del asunto planteado, por considerar que el mismo versa sobre la validez de un contrato administrativo y en consecuencia debe ser subsumido en el supuesto de hecho del numeral 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Para decidir, la Sala observa:

 
II

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

 

El artículo 42 ordinal 14 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia establece lo siguiente:

“Es de la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República: (...)

 

14º Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales ea parte la república, los estados o las municipalidades”.

 

Del análisis de la norma transcrita se evidencia el régimen atributivo de competencia a favor de esta Sala, para conocer de cualquier acción que se interponga, referente a los contratos administrativos en los cuales los entes políticos territoriales mencionados en la norma sean parte, y en tal sentido se observa:

            Se desprende de las actas que componen el presente expediente que, ni el órgano del cual emanó el acto, ni la parte  recurrente son alguna de las personas jurídico territoriales del Estado (República, Estados o Municipios), situación que evidentemente colide con el primer requisito atributivo de competencia contenido en la norma en comento.

Así, visto que el caso de autos no se ajusta al supuesto de hecho supra señalado, esta Sala estima inoficioso pasar a analizar los demás requisitos contenidos en la referida disposición y en consecuencia declara improcedente la declinatoria  de competencia planteada y así se decide.

Por otra parte, esta Sala ha establecido en decisiones dictadas en casos similares al de autos  (vid. Sentencias del 25 de mayo de 1999, caso: Transporte Sicalpar C.A. Vs Puertos del Litoral Central P.L.C., S.A. y del 10 de junio de 1.999, caso: Transporte y Petróleos Tranypet S.A., Vs Puertos del Litoral Central P.L.C., S.A.), que el acto recurrido es el resultado del ejercicio de ciertas facultades inherentes a la actividad pública desempeñada por la Fundación Regional para la Vivienda del Estado Lara (FUNREVI), y el mismo, se asemeja a lo que la jurisprudencia contencioso administrativa ha calificado como “actos de autoridad”. En efecto, en los referidos fallos se concluyó:

“En el presente caso, se observa que el acto presuntamente lesivo deriva del ejercicio de las referidas potestades que le han sido conferidas a la Empresa Puertos del Litoral Central. De allí que, no puede menos esta Sala dejar de observar que los actos que se derivan del ejercicio de tales potestades se enmarcan dentro de lo que la jurisprudencia contencioso-administrativa ha venido calificando como “actos de autoridad”.

(...omisis...)

“...En efecto, la consagración de los actos de autoridad, es una de las formas a través de la cual la jurisdicción contencioso-administrativa ha contribuido al afianzamiento del Estado de Derecho y al control de la arbitrariedad  de los entes dotados de poder, capaz de incidir sobre la esfera jurídica de otros sujetos. Ante la similitud de los actos de los organismos públicos que operan sobre los sujetos del ordenamiento, y de los entes privados, que tienen su misma eficacia, y que están previstos mediante un dispositivo legal, bien sea en forma directa o indirecta, no puede el intérprete, crear categorías diferentes, sino que, por el contrario, le corresponde utilizar los mismos instrumentos.    

Es en base a las consideraciones precedentemente aludidas que la ampliación del contencioso administrativo lleva al reconocimiento de la existencia de sujetos que, constituidos bajo la forma de derecho privado –como la empresa Puertos del Litoral Central-, sean calificados como entes de autoridad, ya que los mismos ejercen funciones públicas a través de los actos públicos, que a los efectos de control se denominan actos de autoridad y por lo tanto sometidos a la jurisdicción contencioso administrativa”. 

            Así, precisada la naturaleza del acto impugnado y con fundamento en el precedente jurisprudencial, concluye esta Sala que de conformidad con lo previsto en el artículo 185, ordinal 3º de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la competencia para conocer del recurso incoado y por consiguiente de la acción de amparo conjuntamente ejercida, corresponde a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por emanar el acto impugnado, de una fundación estadal y así se declara.

III

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer y decidir la acción incoada por la sociedad mercantil CONSTRUCTORA EL VIGÍA (COVCA) C.A., y DECLARA QUE CORRESPONDE A LA CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO el conocimiento y decisión de la misma, a cuya sede ordena remitir el expediente.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los quince (15) días del mes de enero de dos mil dos.- Años 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

          El Presidente,

LEVIS IGNACIO ZERPA                                                                                               

El Vicepresidente-Ponente,

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

YOLANDA JAIMES GUERRERO

                   Magistrada

La Secretaria,

 

ANAÍS MEJÍA CALZADILLA

 

EXP. Nº 0735-00

HMP/albg

En dieciseis (16) de enero del año dos mil dos, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00017.