Magistrado Ponente: EMILIO RAMOS GONZÁLEZ

Exp. Nº 2012-1630

 

Mediante escrito presentado ante esta Sala el 14 de noviembre de 2012, los ciudadanos JULIO HERRERA, HERIBERTO MONTES Y WILSON GARCÍA, cédulas de identidad Nos. 7.081.365, 11.198.316 y 15.167.196, respectivamente, asistidos por el abogado José Antonio Soteldo, INPREABOGADO N° 59.213, ejercieron recurso de nulidad, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° F-3197, de fecha 27 de abril de 2012, dictada por el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA PLANIFICACIÓN Y FINANZAS, mediante el cual se declaró sin lugar el recurso jerárquico intentado por los recurrentes, contra la decisión DL-3008, de fecha 19 de octubre de 2011, dictada por la Superintendencia de Cajas de Ahorro, a través de la cual se ordenó a la Comisión Electoral Principal de la Caja de Ahorro y Bienestar Social del Personal de la Policía del estado Carabobo, la paralización del Acto de Votación pautado para el 14 de septiembre de 2011.

El 20 de noviembre de 2012, se dio cuenta en Sala y se ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación.

Por auto del 18 de diciembre de 2012, el Juzgado de Sustanciación ordenó remitir el expediente a la Sala Político-Administrativa, a los fines de que se pronuncie sobre su competencia para conocer del recurso, por considerar que la materia a dilucidarse, reviste carácter afín con las competencias atribuidas a la Sala Electoral.

En fecha 14 de enero de 2013, se incorporó a esta Sala previa convocatoria el Magistrado Suplente Emilio Ramos González, en virtud de haberse cumplido el período para el cual fue designada la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, de acuerdo a lo previsto en los artículos 264 y 38 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente, quien ejercía el cargo de Vicepresidenta de la Sala.

Por acuerdo de fecha 15 de enero de 2013 se reconstituyó la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y con fundamento en el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia; en aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de justicia, quedó conformada de la manera siguiente: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidente, Magistrado Emiro García Rosas; las Magistradas Trina Omaira Zurita y Mónica Misticchio Tortorella y el Magistrado Emilio Ramos González, hasta tanto sean electas por la Sala Plena del Máximo Tribunal las autoridades integrantes de la Junta Directiva para el período 2013-2015. Igualmente se ordenó la continuación de la causa.

El 17 de enero de 2013, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado EMILIO RAMOS GONZÁLEZ.

Realizado el estudio del expediente, pasa la Sala a decidir, conforme a las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD

Aducen los recurrentes que el 28 de octubre de 2010, fueron electos miembros de la Comisión Electoral de la Caja de Ahorro y Bienestar Social del Personal de la Policía del estado Carabobo.

Que conforme a ello, el 14 de septiembre de 2011 se realizó el proceso electoral de la Junta Administradora y del Consejo de Vigilancia de la aludida Caja de Ahorro, de acuerdo al Cronograma Electoral elaborado previamente y publicado en el diario regional denominado “Notitarde”, sin embargo, sorpresivamente a juicio de los accionantes, la Superintendencia de Cajas de Ahorros, los convocó a una reunión con carácter obligatorio a celebrarse el mismo día de las elecciones.

Paralelamente a la situación descrita, señalan que a través del acto administrativo  SCA-DL-N°  2577 del 14 de septiembre de 2011, les indican que deben “suspender inaudita parte, el proceso eleccionario”, en virtud de que se recibieron denuncias por parte de algunos aspirantes a los diferentes cargos a elegir, derivadas de presuntos vicios en el proceso electoral,  lo que a su juicio vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa, por lo que ejercieron contra dicha decisión el correspondiente recurso de reconsideración.

Narran que posteriormente, ejercieron el recurso jerárquico, el cual fue declarado sin lugar a través de la Resolución F-3197 del 27 de abril de 2012, aquí impugnada y que a decir de los accionantes vulneró el debido proceso por cuanto la decisión recurrida se limitó a “citar una serie de sentencias de esta Sala Político-Administrativa, relacionadas con el debido proceso, sin adminicularlas en forma debida a los hechos denunciados, incurriendo de esta manera en lo que la doctrina ha denominado como petición de principios”.

Manifiestan  que la decisión cuestionada constituye una “injerencia de la Superintendencia de Cajas de Ahorros, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares” y transgredió su derecho a la defensa.

 Finalmente solicitan sea declarado con lugar el recurso de nulidad interpuesto y “reponga la causa administrativa a la fase correspondiente del proceso electoral.” 

II

DE LA COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la competencia por ser materia  de estricto orden público y por tanto, revisable de oficio por el juez en cualquier estado y grado de la causa, en tal sentido se observa:

El presente recurso de nulidad fue interpuesto contra la Resolución  N° F-3197 de fecha 27 de abril de 2012, dictada por el Ministro del Poder Popular para la Planificación y Finanzas, mediante el cual se declaró sin lugar el recurso jerárquico intentado por los recurrentes, contra la decisión DL-3008, de fecha 19 de octubre de 2011 emanada de la Superintendencia de Cajas de Ahorros, a través de la cual se ordenó a la Comisión Electoral Principal de la Caja de Ahorro y Bienestar Social del Personal de la Policía del estado Carabobo, la paralización del Acto de Votación pautado para el 14 de septiembre de 2011.

 Ahora bien, conforme se desprende de los hechos narrados así como del examen de la documentación cursante en autos, en el caso bajo análisis se pretende la nulidad de un acto relacionado con el proceso electoral para elegir a la Junta Administradora y del Consejo de Vigilancia de la Caja de Ahorro y Bienestar Social del Personal de la Policía del estado Carabobo, motivo por el cual debe traerse a colación el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia número 196  del 14 de noviembre de 2012, establecido por  la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, al analizar su ámbito de competencia con relación precisamente, a actos administrativos impugnados por funcionarios y candidatos adscritos a la Policía del estado Carabobo, quienes cuestionaban  igualmente la paralización del proceso comicial a través del cual debían ser electas las autoridades de la tantas veces mencionada Caja de Ahorro del aludido Cuerpo Policial.

En este sentido, se precisó:

“(…) resulta necesario emitir pronunciamiento respecto a la declinatoria de competencia efectuada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, para lo cual observa lo siguiente:

El recurso de autos fue interpuesto contra los actos administrativos identificados como SCA-DL-No. 2577, de fecha 09 de septiembre de 2011; SCA-DL-No. 2962, de fecha 13 de septiembre de 2011; SCA-DL-No. 2975, del 19 de septiembre de 2011; SCA-DL-No. 3008, de fecha 19 de Octubre de 2011 y SCA-DL-No. 3009, del 19 de octubre de 2011, mediante los cuales la Superintendencia de Cajas de Ahorro ordenó la paralización del proceso comicial a través del cual debían ser electas las autoridades de la Caja de Ahorros y Bienestar Social de la Policía del Estado Carabobo, ordenó la reelaboración del cronograma electoral, el cese de la comisión electoral y resolvió recursos de reconsideración interpuestos por los miembros de la referida comisión contra actos emanados de dicha Superintendencia. Asimismo, se impugnó la Resolución F-3.164, de fecha 1° de marzo del 2012, emanada del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, que declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto por los miembros de la comisión electoral contra el acto administrativo SCA-DL-No. 3009, antes mencionado.

En tal sentido, se observa que el numeral 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece lo siguiente:

Artículo 27. Son competencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia:

(…)

2.- Conocer las demandas contencioso electorales que se interpongan contra los actos de naturaleza electoral que emanen de sindicatos, organizaciones gremiales, colegios profesionales, organizaciones con fines políticos, universidades nacionales y otras organizaciones de la sociedad civil.

Ello así, se observa que los actos administrativos impugnados fueron dictados con ocasión del proceso comicial de una Caja de Ahorros y que tienen un contenido electoral evidente, razón por la que esta Sala acepta la competencia declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en consecuencia, declara su competencia para conocer del asunto, conforme con lo dispuesto en el referido numeral 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo, antes referido. Así se decide.

De acuerdo a fallo anteriormente transcrito se evidencia que en el caso de autos se pretende la nulidad de un acto distinto a los enunciados en la referida sentencia, sin embargo se cuestiona -al igual que en este caso- el acto que confirmó la decisión dictada por la Superintendencia de Cajas de Ahorro que ordenó “la paralización del Acto de Votación” de las autoridades de la Caja de Ahorro y Bienestar Social de la Policía del estado Carabobo, motivo por el cual la competencia para conocer del presente asunto corresponde a la Sala Electoral de este Alto Tribunal, debido a su vinculación con la materia electoral y a que dicho órgano jurisdiccional tiene antecedentes y elementos para conocer los hechos que se han suscitado en el descrito proceso comicial.

De allí que, conforme al citado  criterio jurisprudencial y a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 27, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, concluye esta Sala que no resulta competente para decidir la presente causa, ya que corresponde su conocimiento a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, por ser el acto administrativo impugnado de naturaleza electoral. Así se decide.

En virtud de la anterior declaratoria se ordena remitir el expediente a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

III

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- Su INCOMPETENCIA para conocer del recurso de nulidad, interpuesto por los ciudadanos  JULIO HERRERA, HERIBERTO MONTES y WILSON GARCÍA, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° F3197, de fecha 27 de abril de 2012, dictada por el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA PLANIFICACIÓN Y FINANZAS.

2.- DECLINA la competencia para conocer y decidir el referido recurso en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente a la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los cinco (05) días del mes de febrero del año dos mil trece (2013). Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

 

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

 

 

 

 

 

 

El Vicepresidente

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

 

 

Las Magistradas,

 

 

 

TRINA OMAIRA ZURITA

 

 

 

 

 

 

 

MÓNICA MISTICCHIO

TORTORELLA

 

El Magistrado

EMILIO RAMOS GONZÁLEZ

Ponente

 

 

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

 

 

En seis (06) de febrero del año dos mil trece, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00085.

 

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN