Magistrada Ponente: YOLANDA JAIMES GUERRERO

Exp. Nº 2004-0062

 

El Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, adjunto a Oficio Nº 153 de fecha 15 de diciembre de 2003, recibido en esta Sala el 22 de enero de 2004,  remitió el expediente contentivo de la solicitud que, por calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, intentara la abogada Solimar Bustamente Padron, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 64.299, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano ANGEL ANGIULLI, titular de la cédula de identidad Nº 6.300.305, contra la empresa SNACKS AMERICA LATINA (FUNDACIÓN POLAR). Dicha remisión fue efectuada a los fines de decidir la consulta prevista en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, por haber declarado el referido Tribunal su falta de jurisdicción respecto a la Administración Pública.

 

El 29 de enero de 2004, se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha, se designó ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO, a los fines de decidir la consulta.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

I

 ANTECEDENTES

           

La abogada Solimar Bustamente Padron, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 64.299, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano ANGEL ANGIULLI, antes identificado, mediante escrito liberal de fecha 13 de junio de 2003, demando por ante el Juzgado (Distribuidor) de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a la empresa SNACKS AMERICA LATINA (FUNDACIÓN POLAR). por calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos.

 

 Realizada la distribución del expediente, correspondió su conocimiento al Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual mediante auto de fecha 15 de diciembre de 2004, dio por recibido expediente procedente del suprimido Juzgado Primero del Trabajo de dicha Circunscripción Judicial.

 

 Por sentencia interlocutoria de fecha 17 de diciembre de 2003, el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas,  declaró su falta de jurisdicción respecto de la Administración Pública, para conocer del presente asunto y ordenó consultar a esta Sala dicha decisión, de conformidad con el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil, motivo por el cual, adjunto a Oficio Nº 153 de fecha 15 de diciembre de 2003, remitió a esta Sala Político-Administrativa el respectivo expediente.

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

           

Corresponde a esta Sala, pronunciarse acerca de la consulta planteada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación, Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción del Estado Lara, en virtud de la sentencia que dictara en fecha 17 de diciembre de 2003, mediante la cual declaró su falta de jurisdicción respecto a la Administración Pública. Al efecto, observa:

           

En reiterada, constante y pacífica jurisprudencia ha sostenido la Sala, que existe falta de jurisdicción o defecto de jurisdicción cuando el conocimiento de una controversia no atañe al Poder Judicial venezolano, bien por corresponder su conocimiento a los órganos de la Administración Pública o a un juez extranjero. En el presente caso, ha sido planteada la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos respecto de la Administración Pública.

           

En atención a lo anterior, esta Sala observa que, el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción del Estado Lara, declaró su falta de jurisdicción para conocer de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, señalando que el caso en autos debe ser tramitado ante la Inspectoría del Trabajo respectiva, en virtud de que el solicitante, para el momento de su despido, gozaba de la inamovilidad decretada por el Ejecutivo Nacional, razón por la cual ordenó remitir el expediente a la Sala Político-Administrativa de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil.

            Ahora bien, observa la Sala que el artículo 187 de la novísima Ley Orgánica Procesal del Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial N| 37.504 Extraordinario, de fecha 13 de agosto de 2002, la cual entró en vigencia respecto a la mayoría de su articulado el 13 de agosto de 2002 (artículo 194 eiusdem), consagra en iguales términos en que lo hacía el artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo, el procedimiento de calificación de despido cuando el patrono pretenda despedir a uno a más trabajadores, el cual, en virtud de la nueva normativa debe ser tramitado y sustanciado por el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución.

 

 Asimismo, establece la facultad que tiene el trabajador despedido de poder ocurrir ante el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución de su jurisdicción, si considerase que el despido no estuviese fundamentado en algunas de las causas justificadas establecidas en la Ley al efecto, a fin de que éste califique el despido y ordene su reenganche y pago de los salarios caídos.

 

Sin embargo, advierte la Sala que en la Ley Orgánica del Trabajo, se establecen situaciones en las cuales es exigida la calificación previa del despido a la Inspectoría del Trabajo, en virtud de la inamovilidad que podrían disfrutar en un momento determinado los trabajadores. Así, entre los trabajadores que para ser despedidos necesitan de la calificación previa por el ente administrativo figuran: a) la mujer en estado de gravidez, b) los trabajadores que gocen de fuero sindical, c) los trabajadores que tengan suspendida su relación laboral y d) los que estén discutiendo convenciones colectivas.

 

 Adicionalmente a estos supuesto de inamovilidad que requieren la calificación de despido por ante el respectivo órgano administrativo, se agrega el caso de inamovilidad laboral cuando la misma es decretada por el Ejecutivo Nacional, en uso de las potestades que la Constitución y la Ley le confieren.

           

            Ahora bien, en el presente caso, la parte accionante señaló en su escrito libelar, que en fecha 19 de marzo de 2001, comenzó a prestar sus servicios en la empresa SNACKS AMERICA LATINA (FUNDACIÓN POLAR), desempeñando el cargo de vendedor, hasta el 4 de octubre de 2002, fecha en la cual fue despedido injustamente de la empresa, sin otorgarle una carta de despido, y manifestó igualmente no haber incurrido en falta alguna prevista en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, y de estar amparado de inamovilidad laboral, según Decreto Nº 1889, (publicado en Gaceta Oficial Nº 37.491 de fecha 25 de julio de 2003).

 

             Mediante decisión de fecha 15 de diciembre de 2003, el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas,  declaró su falta de jurisdicción para conocer la presente causa, en base a lo siguiente:

 

                        “... una vez analizado el presente expediente se evidencia que de acuerdo a lo indicado por la representante del accionante, el ciudadano ANGELI ANGIULLI ANGIULLI fue despedido en fecha 04 de octubre de 2002, dentro del período de inamovilidad laboral, según Decreto Nº 1.889, publicado en Gaceta Oficial Nº 37.491, de fecha 25 de julio de 2003, el dispone que los trabajadores del sector público y privado gozan de inamovilidad laboral especial, desde el 27 de julio de 2002 hasta el 25 de octubre de 2002.

                        En este sentido, establece dicho Decreto, que quedan exceptuados del mismo: (i) los trabajadores que ejercen cargos de Dirección, (ii) los que tengan menos de tres (03) meses al servicio del patrono, (iii) los que desempeñen cargos de confianza y, (iv) los que devenguen un salario básico mensual superior a Seiscientos Treinta y Tres Mil Seiscientos Bolívares (Bs.633.600,oo).

                        En el caso bajo análisis, alegó la representante del accionante que el trabajador devengaba un salario de Quinientos Mil Bolívares (Bs. 500.000,oo), durante el período comprendido entre el 19 de marzo de 2001 hasta el 04 de octubre de 2002, desempeñándose como vendedor en la mencionada empresa.”.

            ...(omissis)...

 

 

En el presente caso, el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró su falta de jurisdicción para conocer de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, señalando que este caso debe ser tramitado ante la Inspectoría del Trabajo, en virtud de que el demandante para el momento de ser despedido gozaba de la inamovilidad decretada por el Ejecutivo Nacional. En consecuencia, ordenó remitir en consulta el expediente a esta Sala Político-Administrativa.

 

En relación con el último de los supuestos señalados, constata esta Sala, que el Ejecutivo Nacional mediante Decreto Nº 1.889, publicado en la Gaceta Oficial Nº 37.491 de fecha 25 de julio de 2002, en su artículo primero, prorrogó desde el 27 de julio de 2002 hasta el 25 de octubre de 2002, la inamovilidad laboral especial, dictada a favor de los trabajadores del sector privado y del sector público regidos por la Ley Orgánica del Trabajo. Asimismo, el referido Decreto estableció:

 “Artículo 3: Los trabajadores amparados por la prórroga de la inamovilidad laboral especial no podrán ser despedidos, desmejorados, ni trasladados, sin justa causa, calificada previamente por el Inspector del Trabajo de la jurisdicción, de conformidad con el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo. El incumplimiento de esta norma dará derecho al trabajador a solicitar el reenganche y pago de salarios caídos correspondiente. Ello no excluye la posibilidad de convenios o acuerdos entre patrono, por una parte, y trabajadores, por la otra, para lograr la reducción de personal, mediante el procedimiento de negociación colectiva voluntaria establecido legalmente para tal fin ”.

 

“Artículo 5: Quedan exceptuados de la aplicación de la prórroga de la inamovilidad laboral especial prevista en este Decreto, los trabajadores que ejerzan cargos de dirección, quienes tengan menos de tres (3) meses al servicio de un patrono, quienes desempeñen cargos de confianza, quienes devenguen un salario básico mensual superior a seiscientos treinta y tres mil seiscientos bolívares (Bs. 633.600,oo) y los funcionarios del sector público, quienes conservarán la estabilidad prevista en la normativa legal que los rige”. (Negrillas de la Sala)

 

Ahora bien, por cuanto en el libelo el actor indicó que recibía como salario básico mensual la cantidad de Quinientos Mil bolívares (Bs. 500.000,oo), monto éste inferior al establecido en el Decreto parcialmente transcrito, y por cuanto para el momento del despido, esto es, el 4 de octubre de 2002, el ciudadano Angeli Angiulli, se encontraba amparado por la inamovilidad prevista en el referido Decreto, lo cual acarrea en consecuencia, que la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de los salarios caídos, deba ser conocida por la Inspectoría del Trabajo correspondiente. Así se decide.

           

II

DECISIÓN

 

            Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, intentada por la abogada Solimar Bustamente Padron, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 64.299, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano ANGEL ANGIULLI, antes identificado, contra la empresa SNACKS AMERICA LATINA (FUNDACIÓN POLAR).

 

            En consecuencia, se confirma la decisión consultada en fecha 15 de diciembre de 2003, dictada por el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

            Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Juzgado de origen, y remítase copia certificada del expediente a la Inspectoría del Trabajo del Este del Área Metropolitana de Caracas. Notifíquese a las partes. Cúmplase lo ordenado.

 

            Dado, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de justicia, en Caracas, a los diecisiete (17) Días del mes de febrero de dos mil cuatro. Años 193º de la Independencia y 144º de la Federación.

           El Presidente,

LEVIS IGNACIO ZERPA

El Vicepresidente,

HADEL MOSTAFA PAOLINI

         La Magistrada-Ponente,

YOLANDA JAIMES GUERRERO

La secretaria,

ANAÍS MEJÍA CALZADILLA

YJG/mbm

Exp. Nº 2004-0062

En dieciocho (18) de febrero del año dos mil cuatro, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00122.