MAGISTRADA PONENTE: MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA

Exp. No. 2006-0291

 

Mediante escrito presentado ante esta Sala el 1° de febrero de 2006, la abogada Tina Di Francescantonio de Di Battista, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 19.153, actuando con el carácter de apoderada judicial de los ciudadanos y las ciudadanas que a continuación se mencionan y cuyas cédulas de identidad aparecen seguidas de cada nombre: ROMELIA AURORA CONTRERAS RAMOS (2.474.200) y sus hijos DARLIS YAIDITT GAMBOA CONTRERAS (7.244.667) y ROLMAN RAFAEL MONTOYA CONTRERAS (14.491.960); FIDELINA JUANA PERNÍA (4.091.339), y su hijo JOHANN RAÚL MORALES PERNÍA (16.765.562); DILIA MARGARITA LUGO CIRIT (3.202.615) y su menor hija, DILMAR DE LOS ÁNGELES APONTE LUGO (21.272.204); AMÉRICA LOURDES HERRERA ALBARRÁN (7.213.445) y su menor hija, DAYANA YOSELIN BARRIOS HERRERA (19.552.457); MARINA MARGARITA TORO (6.521.314) y su hija MAGDA ELOIZA AROCHA TORO (15.325.830); VILMA XIOMARA CONTRERAS (5.566.690); CHIQUINQUIRÁ JOSEFINA ÁLVAREZ TORRES (3.432.810), y OMAIRA ELENA GONZÁLEZ (3.630.514); representación que consta en documentos poderes cuyas copias certificadas cursan a los folios 293 al 309 de la primera pieza del expediente, interpuso demanda por indemnización de daños morales contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS), por haber quedado expuestos (de manera directa o indirecta) a la contaminación química verificada el 20 de marzo de 1993, en áreas internas del Hospital José Antonio Vargas, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ubicado en el sector La Ovallera, Municipio Libertador, en Palo Negro, Estado Aragua.

I

ANTECEDENTES

            En fecha 1° de febrero de 2006, la apoderada judicial de los ciudadanos Romelia Aurora Contreras Ramos y sus hijos, Darlis Yaiditt Gamboa Contreras y Rolman Rafael Montoya Contreras; Fidelina Juana Pernía, y su hijo Johann Raúl Morales Pernía; Dilia Margarita Lugo Cirit y su menor hija, Dilmar de los Ángeles Aponte Lugo; Vilma Xiomara Contreras; Chiquinquirá Josefina Álvarez Torres; Omaira Elena González; América Lourdes Herrera Albarrán y su menor hija, Dayana Yoselin Barrios Herrera; Marina Margarita Toro y su hija Magda Eloiza Arocha Toro, interpuso demanda por indemnización de daños morales contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

El 7 de febrero de 2006 se dio cuenta en Sala y se ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación a los efectos de su admisión.

El 8 de marzo de 2006, el referido Juzgado admitió la demanda, acordó el emplazamiento del instituto demandado a fin de que diese contestación, y ordenó practicar la notificación de la Procuraduría General de la República, quedando suspendida la causa a tenor de lo dispuesto en el artículo 94 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, entonces vigente, una vez que constara en autos la notificación ordenada. Asimismo, se dispuso notificar a la Fiscal Primera ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y ante las Salas Constitucional, Político-Administrativa y Electoral, a tenor de lo dispuesto en el artículo 131, ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 170 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente.

En fecha 16 de marzo de 2006, la apoderada judicial de los actores presentó escrito de reforma de la demanda, el cual fue admitido mediante auto del Juzgado de Sustanciación dictado el 23 de marzo de 2006.  En dicha providencia se ordenó emplazar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para que compareciera a dar contestación dentro de los 20 días de despacho siguientes a aquel en que constara en autos su citación.  Asimismo, se dispuso notificar a los funcionarios ya enunciados en el auto de admisión de la demanda.

Efectuada la notificación de la Procuraduría General de la República, por Oficios Nos. G.G.L.-C.C.P.001274 y G.G.L.-C.C.P.001458 de fechas 10 y 17 de mayo de 2006, respectivamente, la entonces Gerente General de Litigio de dicho organismo acusó recibo de las comunicaciones mediante las cuales se le puso en conocimiento de los autos de admisión dictados los días 8 y 23 de marzo de 2006, también respectivamente. Asimismo ratificó la suspensión del procedimiento por un lapso de 90 días continuos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, entonces vigente.

Mediante diligencia consignada el 8 de agosto de 2006, la parte accionante solicitó que se ordenara la citación por correo certificado con aviso de recibo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a tenor de lo previsto en el artículo 219 del Código de Procedimiento Civil.

Por diligencia consignada el 16 de noviembre de 2006, el abogado Rafael Mujica Rodríguez, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 6.067, actuando en su carácter de apoderado del instituto autónomo demandado, como se evidencia de documento poder cuya copia certificada se encuentra inserta a los folios 589 al 593 de la tercera pieza del expediente, se dio por citado en nombre de su mandante y solicitó al Juzgado de Sustanciación que declarara nula la citación que pretendió efectuar el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela, en virtud de que “...no consta que el receptor ciudadano Ramón Pérez, titular de la cédula de identidad N° 10.521.834, tenga cargo alguno en el I.V.S.S., ni consta tampoco la firma del mencionado ciudadano receptor...”.

El 22 de noviembre de 2006 la parte accionada presentó escrito por el cual dio contestación a la demanda. En esa oportunidad impugnó, a tenor de lo contemplado en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, todas las probanzas incorporadas al expediente por la parte actora.

Mediante auto dictado el 30 de noviembre de 2006, el Juzgado de Sustanciación declaró nula la citación realizada por correo con aviso de recibo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de conformidad con lo previsto en el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, por no haberse señalado en el recibo de citación judicial el cargo de la persona que lo firmó.

            En fecha 20 de diciembre de 2006, el abogado Moisés Valor Viloria, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 103.636, actuando en su carácter de apoderado judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, como se evidencia de documento poder cuya copia certificada cursa a los folios 23 al 26 de la cuarta pieza del expediente, promovió como única prueba “...la reproducción de todos los hechos del proceso favorables a mi representado y en especial la confesión expresa de la parte actora de que las Compañías Contratistas: ARISTA CENTRI SERVICIOS, C.A. y ENTERPRISE, S.R.L., fueron las autoras y causantes de la tragedia que se realizó el día Veinte (20) de Marzo de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993) en el HOSPITAL JOSÉ ANTONIO VARGAS, sitio denominado La Ovallera, Estado, Jurisdicción del Estado Aragua” (sic).

Por escrito presentado el 24 de enero de 2007, la representación de la parte actora solicitó que las pruebas a ser evacuadas con motivo de la incidencia de impugnación de documentos pretendida por el ente demandado, “...se tramiten en el lapso probatorio ordinario (...), puesto que sería absurdo tener dos lapsos probatorios para evacuar o instruir el mismo tipo de pruebas”.

El 31 de enero de 2007 la apoderada judicial de los accionantes consignó escrito de promoción de prueba.

Mediante providencia dictada el 1° de febrero de 2007, el Juzgado de Sustanciación estableció que las partes debían hacer valer las pruebas que consideraran conducentes con respecto a la impugnación de documentos planteada en el lapso general de promoción de pruebas, en virtud de que “...el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil –que regula la impugnación de documentos– no prevé lapso alguno para dicha incidencia...”.

El 22 de febrero de 2007 tanto la parte actora como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, presentaron sus respectivos escritos por los cuales promovieron pruebas. En esa misma oportunidad, el referido organismo consignó diligencia a través de la cual hizo valer su escrito y reprodujo “... todos los hechos del proceso favorables a nuestro representado y en especial la CONFESIÓN EXPRESA de la parte actora, de que las Compañías Contratistas ‘ARISTAS CENTRI SERVICIOS, C.A. y ENTERPRISE, S.R.L.’, fueron las autoras y causantes de la tragedia que ocurrió el día Veinte (20) de Marzo de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), en el HOSPITAL JOSÉ ANTONIO VARGAS...”.

Posteriormente, el 27 de febrero de 2007, la apoderada judicial de los accionantes presentó escrito complementario de pruebas. En esa misma fecha los representantes del ente demandado consignaron nuevamente escrito de pruebas.

El 7 de marzo de 2007, la apoderada judicial de los accionantes consignó diligencia en la que promovió pruebas para hacer valer los documentos impugnados por el ente demandado el 22 de noviembre de 2006.

Por sendos autos dictados el 15 de marzo de 2007, el Juzgado de Sustanciación admitió las pruebas promovidas por las partes y, por lo que respecta a “la confesión expresa de la parte actora”, señalada por el instituto demandado, estimó que los argumentos esgrimidos se refieren a aspectos que deben ser examinados por el Juez del mérito en la sentencia definitiva, por lo que declaró que no tenía materia sobre la cual decidir.

En dicha fecha, el Juzgado de Sustanciación se pronunció por auto separado, sobre la tempestividad de la impugnación de las documentales consignadas en autos propuesta por el apoderado del instituto demandado en su escrito de contestación de la demanda; asimismo, declaró inadmisibles las pruebas promovidas por los accionantes el día 7 de marzo de 2007. Finalmente, en el último de estos autos ordenó notificar a las partes, así como a la entonces Procuradora General de la República y a la Fiscal Tercero ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y ante las Salas Constitucional, Político-Administrativa y Electoral.

Por una serie de diligencias y escritos consignados por la representante judicial de los actores en fecha 20 de marzo, 12 y 17 de abril, así como 8 de mayo y 6 de junio de 2007, esta solicitó aclaratoria en unos casos, y en otros, interpuso apelación del auto antes señalado.

Mediante Oficio No. G.G.L.-C.C.P.001481 del 9 de mayo de 2007, el entonces Gerente General de Litigio (E) de la Procuraduría General de la República acusó recibo de comunicación que le remitiera esta Sala a los fines de notificarle del auto de admisión de pruebas dictado el 15 de marzo de 2007.  Del mismo modo, ratificó la suspensión del procedimiento por un lapso de 30 días continuos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 95 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica que regía para ese momento las funciones del referido organismo.

En fecha 26 de junio de 2007, el Juzgado de Sustanciación dictó auto por el cual se pronunció sobre la solicitud de aclaratoria de la providencia dictada el 15 de marzo de 2007, declarándola improcedente. Asimismo, acordó oir en ambos efectos, la apelación intentada, de conformidad con lo establecido en el artículo 402 del Código de Procedimiento Civil.

Una vez remitidas las actuaciones a la Sala, por auto del 18 de julio de 2007 se designó Ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa, a los fines de decidir la apelación del auto del Juzgado de Sustanciación, dictado en fecha 15 de marzo de 2007.

El 2 de agosto de 2007 la Sala emitió sentencia No. 01406, mediante la cual declaró con lugar la apelación interpuesta; en consecuencia, revocó el auto recurrido en lo atinente a “...la declaratoria de extemporaneidad de la prueba de informes promovida por la parte actora el 07 de marzo de 2007.

El día 24 de octubre de 2007 se pasó el expediente al Juzgado de Sustanciación, el cual acordó, por auto del 30 de octubre de 2007, notificar a la Procuraduría General de la República de la decisión No. 01406.

 Por Oficio No. G.G.L.-C.C.P.000128 del 12 de febrero de 2008, el entonces Gerente General de Litigio de la Procuraduría General de la República acusó recibo de comunicación emanada de esta Sala a través de la cual se le notificó del auto de fecha 30 de octubre de 2007.

Mediante auto dictado el 21 de febrero de 2008, el Juzgado de Sustanciación admitió la prueba de informes promovida por la parte actora a los efectos de hacer valer los documentos impugnados por el instituto demandado. De igual forma se dispuso abrir una articulación probatoria de ocho días de despacho a fin de llevar a cabo la evacuación de dicha prueba.

En fechas 29 de abril y 27 de mayo de 2008 la apoderada de los accionantes solicitó que se concedieran sucesivas prórrogas del lapso de evacuación de pruebas, las cuales fueron acordadas por providencias del 30 de abril y 12 de junio de 2008, respectivamente.

Por auto del 2 de junio de 2009 se acordó pasar a la Sala las actuaciones, en virtud de encontrarse concluida la sustanciación de la causa.

Una vez recibidas las actas procesales en la Sala, mediante providencia del 4 de junio de 2009 se designó Ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa y se estableció el tercer día de despacho para comenzar la relación.

El 11 de junio de 2009 comenzó la relación de la causa y se fijó la oportunidad para que tuviera lugar el acto de informes, el cual fue diferido para el 28 de enero de 2010.

En fecha 28 de enero de 2010 tuvo lugar el acto de informes, al cual comparecieron los apoderados de ambas partes y consignaron sus respectivos escritos de conclusiones.

El día 23 de marzo de 2010, terminó la relación y se dijo “VISTOS”.

Mediante diligencia consignada el 9 de junio de 2010, la apoderada de la parte actora solicitó que se dictara sentencia en la presente causa.

Por decisión dictada el 22 de junio de 2010, publicada el 23 del mismo mes y año, y registrada bajo el No. 00591, la Sala anuló el acto de fecha 11 de junio de 2009, por el cual se dio inicio a la relación de la causa, así como los actos procesales que se verificaron con posterioridad, y repuso la causa al estado de que se fijara la oportunidad para la celebración de la audiencia conclusiva, previa notificación del Fiscal del Ministerio Público para la Protección del Niño y del Adolescente. 

Encontrándose notificadas las partes, así como el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República del fallo anterior, por auto del 27 de abril de 2011 se fijó la audiencia conclusiva para el día 19 de mayo de 2011, a la cual asistieron las partes para exponer sus argumentos sobre la controversia planteada. Se deja constancia de que la representación actora consignó en esa fecha su escrito de conclusiones y, por otro lado, no compareció el representante del Ministerio Público con competencia especial en materia de niños y adolescentes.

Mediante diligencias consignadas en fechas 10 de agosto de 2011 y 1° de febrero de 2012, la representación judicial de la parte actora solicitó que se emita pronunciamiento en esta causa.

Vista la incorporación de la abogada Mónica Misticchio Tortorella como Magistrada Suplente de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia,  en fecha 16 de enero de 2012, la Sala  quedó integrada de la siguiente manera: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; el Magistrado Emiro García Rosas y las Magistradas Trina Omaira Zurita y Mónica Misticchio Tortorella. Asimismo se reasignó la ponencia a la Magistrada Mónica Misticchio Tortorella.

Por diligencia del 27 de marzo de 2012, el abogado Héctor Zavala Muñoz, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 18.888, actuando en representación de los accionantes, tal como se evidencia de poder apud acta que cursa a los folios 302 y 303 de la segunda pieza del expediente, mediante el cual la abogada Tina Di Francescantonio de Di Battista, ya identificada,     sustituyó parcialmente facultades en dicho profesional del derecho, solicitó que se emitiera pronunciamiento en la presente causa.

En fecha 14 de enero de 2013 se incorporó a esta Sala previa convocatoria el Magistrado Suplente Emilio Ramos González, en virtud de haberse cumplido el período para el cual fue designada la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, de acuerdo a lo previsto en los artículos 264 y 38 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente, quien ejercía el cargo de Vicepresidenta de la Sala.

            Por acuerdo de fecha 15 de enero de 2013 se reconstituyó la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y con fundamento en el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia; en aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de justicia, quedó conformada de la manera siguiente: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidente, Magistrado Emiro García Rosas; las Magistradas Trina Omaira Zurita y Mónica Misticchio Tortorella y el Magistrado Emilio Ramos González, hasta tanto sean electas por la Sala Plena del Máximo Tribunal las autoridades integrantes de la Junta Directiva para el período 2013-2015.

II

ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA

            1.- Relata la apoderada de los accionantes que el 20 de marzo de 1993 las poblaciones médica, paramédica y obrera, así como los pacientes del Hospital José Antonio Vargas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ubicado en el sector La Ovallera, Municipio Libertador de Palo Negro, Estado Aragua, se vieron afectados por una contaminación químico-tóxica, por lo que debieron ser evacuados durante horas de la madrugada del día siguiente.

            Detalla que en virtud de haberse agudizado el problema la misma noche en que se inició la intoxicación, el personal médico contactó a las autoridades del hospital para comunicarles lo sucedido y plantearles la necesidad de evacuar el centro médico, pero se negaron a tomar tal decisión.

            Ante esta situación, comenta, se hicieron presentes el Director de Defensa Civil, representantes del Ejecutivo Regional y el Cuerpo de Bomberos y una funcionaria del Ministerio Público, quien ordenó la clausura del Hospital José Antonio Vargas.

Señala que el 31 de marzo de 1993 tuvo lugar la reapertura del hospital, luego de un proceso de descontaminación; sin embargo, a los pocos días se produjo el mismo evento al poner en funcionamiento las unidades de aire acondicionado, cuestión que devino en la clausura del lugar hasta el mes de septiembre de 1993 para descontaminarlo nuevamente.

Afirma que al darse inicio a las actividades propias del centro asistencial en septiembre, las áreas “...se encontraban aún contaminadas, puesto que como el aire acondicionado, generador de la contaminación, era de tipo integral, el tóxico se había esparcido por todos los ambientes del centro asistencial”.

2.- Sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente químico-tóxico, señala la apoderada judicial de los accionantes que el 20 de marzo de 1993, se encontraban operando en las instalaciones del Hospital José Antonio Vargas, las empresas Enterprise, S.R.L. y Arista Centri Servicios, C.A., realizando simultáneamente trabajos de fumigación la primera, y haciendo limpieza y mantenimiento del sistema de aire acondicionado, la otra.

Al respecto, aduce que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales tenía la obligación de vigilar y coordinar el debido desenvolvimiento de ambas actividades; al no hacerlo, permitió que la reacción química contaminara los equipos, insumos y materiales que se encontraban en el centro asistencial e intoxicara a pacientes, familiares y personal profesional, técnico y obrero.

Explica que el número de afectados fue aumentando con el transcurso del tiempo, y que no fue sino hasta la madrugada del 21 de marzo de 1993 cuando el hospital fue evacuado.

Dicho esto, alega que en informe de fecha 30 de marzo de 1993 emanado de la Dirección de Medicina del Trabajo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el Cuerpo de Bomberos del Estado Aragua, el Instituto de Toxicología Regional del Ministerio de Sanidad y el Servicio de Ingeniería Sanitaria de Malariología del Estado Aragua, se indica que “...la causa eficiente de la intoxicación fue el producto limpiador y pulidor de aluminio utilizado por Arista Centri Servicios, C.A. en la limpieza de la ductería UMA-4 [refiriéndose al equipo denominado ‘Unidad de Manejo de Aire’], que alimenta el área de pabellón y sus áreas adyacentes.  Señala el referido informe, que los signos de intoxicación de los afectados responden a la reacción por los agentes presentes en el ‘Lume Plus’, y finaliza el mismo informe, acotando que la limpieza efectuada en el recinto hospitalario en días posteriores a los sucesos, resultó suficiente, por lo que indica que el proceso de saneamiento de ‘EL HOSPITAL’ [refiriéndose al Hospital José Antonio Vargas] fue satisfactorio y que era habitable...” (agregado de la Sala).

Alude a la circular de fecha 31 de marzo de 1993 suscrita por el Sub-Director Médico, doctor Luis Sequera, mediante la cual se notificó a los jefes de servicios “...que a partir de la presente fecha, quedan reanudadas las actividades en todos los servicios...”, porque supuestamente ya no representaba un foco de contaminación; sin embargo, en el mes de abril comenzaron a recibirse casos de personas que no habían tenido relación con el fenómeno contaminante.

Expone igualmente que el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP) elaboró un informe sobre el estudio anatomopatológico realizado en 17 hamsters centinelas con los cuales se realizó la primera prueba biológica en mamíferos, encaminada a investigar los efectos de los químicos presentes en el Hospital José Antonio Vargas, con resultados alarmantes, pues entre otros aspectos, se indica en el referido informe que “...el estudio histopatológico de muestras de órganos (hígado, pulmón, corazón, riñón y cerebro) tomadas a los hámsters que fueron colocados en varios lugares del Hospital La Ovallera, revelaron lesiones severas en un cien por cien (100 %) de las mismas, como consecuencia de alteraciones estructurales orgánicas y de la hemodinámica, tales como congestión vascular, estasis sanguínea y cambios en el tamaño, forma y coloración de los órganos (...), trastornos circulatorios, hemorragia focal y un proceso degenerativo hepatocelular difuso de tipo hidrópico, degeneración aguda de las fibras del miocardio y otros...” (sic).

Agrega que dicho estudio concluye que la causa de estas afecciones se debe a elementos presentes en el ambiente, descartando así que las lesiones observadas correspondieran a la acción patógena de elementos bióticos, tales como virus, bacterias, parásitos u hongos.

Asimismo, indica que a tres años de haber ocurrido el accidente, los acuerdos cumplidos fueron pocos, pese a la suscripción de dos Actas-Compromisos entre el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y representantes del Sindicato Único de la Salud (FETRASALUD) en fechas 26 de abril de 1993 y 6 de noviembre de 1996. Respecto al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), organismo que llevó a cabo algunos estudios en coordinación con el equipo de toxicología al servicio del ente demandado, señala que este nunca presentó el protocolo analítico-toxicológico de cada paciente, y solo se limitó a analizar a 15 pacientes, cuando la cifra de intoxicados superaba el centenar.

En otro orden de ideas, explica que de las investigaciones realizadas en julio de 1997, a cargo de la doctora Águeda Elvira Fano, toxicóloga al servicio del ente accionado, se determinó que hay personas afectadas sin que estuvieran expuestas directamente a los tóxicos en ninguna de las ocasiones en que se produjeron los episodios masivos de intoxicación en el Hospital José Antonio Vargas. Afirma que este es el caso de Darlis Yaiditt Gamboa Contreras, Rolman Rafael Montoya Contreras, Johann Raúl Morales Pernía, Dilmar de los Ángeles Aponte Lugo, Dayana Yoselin Barrios Herrera y Magda Eloíza Arocha Toro, quienes forman parte de un grupo de 60 personas intoxicadas en circunstancias similares.

Afirma que para junio de 1999 aún no se había nombrado el Comité de Seguimiento a los afectados, ni se habían otorgado las jubilaciones y pensiones correspondientes.

Explica que el 19 de febrero de 1999, se firmó un Acta Convenio entre la Junta Directiva del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la Coordinación del equipo multidisciplinario, y los miembros de la Asociación de Trabajadores Incapacitados (ATRINCA), en la que se acordó “...otorgar la jubilación en un cien por cien (100 %) del último salario o sueldo devengado en el mes anterior a la jubilación, así como la homologación automática con el salario de los empleados activos”.  Igualmente se dispuso conceder “...una pensión de invalidez del sesenta y siete por ciento, ambas prestaciones motivadas por la afectación de contaminación tóxico-química que sufrió el personal”.  Sobre este aspecto, aclara que con la suscripción de este documento se reiteraron anteriores ofrecimientos, de los cuales la mayoría no se han cumplido hasta la fecha en que fue interpuesta la demanda que dio inicio al presente juicio.

Sostiene que el 15 de junio de 1999 se firmó Acta entre representantes del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Familia, el instituto accionado, la Asociación de Trabajadores Incapacitados (ATRINCA) y de los afectados; en el mencionado documento el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales asumió el compromiso de garantizar la adecuada atención médica a los pacientes afectados, reactivar el Fondo Operativo, conformar un equipo médico multidisciplinario para la evaluación de los pacientes, mejorar la Unidad de Toxicología regional, trasladar a la doctora Águeda Elvira Fano a la Unidad de Maracay, determinar las pensiones y jubilaciones, y conformar un equipo encargado de realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de estas obligaciones.

Adicionalmente indica que en julio de 1999 el Consejo Directivo del referido instituto autónomo dictó el Reglamento Interno del Fondo Especial de Salud, destinado a los pacientes aquejados por los efectos de la contaminación química. Dicho Fondo se constituyó, en su decir, con un monto de veinte millones de bolívares (Bs. 20.000.000,00), hoy expresados en la suma de veinte mil bolívares (Bs. 20.000,00), pero no se estableció la posibilidad de que el mismo fuese indexado según los índices inflacionarios del Banco Central de Venezuela. Añade sobre este punto que el Fondo en cuestión tampoco cubría los gastos médicos a pacientes familiares.

Denuncia también que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales finalmente derogó y eliminó de forma inconsulta y unilateral, los beneficios a los afectados del “Caso La Ovallera”; e indica que cuando el núcleo toxicológico cesó en sus actividades, aún existían 104 afectados, 82 de los cuales eran considerados críticos.

3.- De seguidas, la apoderada de los actores explica de qué manera afectó este suceso a cada uno de sus representados.

Ahora bien, en virtud de lo extenso del libelo de la demanda, en el cual se relatan detalladamente las labores que desempeñaban las accionantes el día 20 de marzo de 1993 y los que le siguieron en el hospital José Antonio Vargas; en qué síntomas se manifestó la contaminación química; el modo en que cada víctima dice haberse contaminado, y las razones por las que se encontraban en el lugar; los especialistas consultados desde esa fecha; los diagnósticos y tratamientos recibidos, entre otros aspectos, esta Sala, con la finalidad de facilitar la comprensión del fallo, estima pertinente resumir la información aportada en dos cuadros que se muestran a continuación:

Cuadro No. 1.-

Nombre de la afectada

Cargo que ocupaba en el hospital “José Antonio Vargas” el 20-03-93 / horario de trabajo

De la supuesta contaminación con agentes químicos y primeros síntomas

(1)

Romelia Aurora Contreras Ramos

(Nacida el 3-8-1947)

Enfermera en el área de Consulta Externa, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Con guardias extras en otros servicios del mismo hospital, trabajando 2 turnos de lunes a viernes, fines de semana y días feriados, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

No laboró el 20 de marzo de 1993.  Llegó a su sitio de trabajo al día siguiente a las 7:00 a.m. para dedicarse a ayudar en la evacuación de los pacientes que aún se encontraban recluidos  El 22 de marzo se le ordenó cumplir su jornada laboral en el Hospital José María Carabaño Tosta, concretamente en el Servicio de Pediatría a fin de atender a los recién nacidos que habían sido evacuados del Hospital José Antonio Vargas.  Allí le suministraron bata azul, tapabocas, guantes y gorro, que formaban parte del material contaminado, proveniente del hospital clausurado.

Encontrándose en el Hospital José María Carabaño Tosta, comenzó a presentar síntomas compatibles con un cuadro de intoxicación: somnolencia, cefalea intensa, parestesia, gastritis, dolores abdominales, conjuntivitis, lagrimeo, rinitis, laringitis, mareos, náuseas, vómitos, asfixia y malestar generalizado, los cuales se fueron incrementando día a día.

(2)

Darlis Yaiditt Gamboa Contreras

(Hija de Romelia Aurora Contreras Ramos. Contaba con 18 años de edad cuando ocurrió el accidente químico-tóxico).

 

Se encargó de atender las dolencias y malestares de su madre, durante y después de haber sido hospitalizada. Según su apoderada judicial “...el contacto directo con su madre, ocasionó que Darlis comenzara a presentar poco a poco los mismos síntomas (...), como lo son: escozor casi en forma permanente, estados de somnolencia, cefalea intensa, convulsiones, pérdida del conocimiento, lagunas mentales, asfixia, dolores abdominales, cólicos, conjuntivitis, lagrimeo, rinitis, laringitis, mareos, náuseas, vómitos y palpitaciones, síntomas estos compatibles con un cuadro de intoxicación”. Su malestar fue empeorando con el pasar de los días. Posteriormente presentó dolores en articulaciones y huesos.

(3)

Rolman Rafael Montoya Contreras

(Hijo de Romelia Aurora Contreras Ramos. Con 12 años de edad cuando ocurrió el accidente químico-tóxico)

 

Dormía con su madre y, según su representante judicial, era un niño sano hasta el momento en que ocurrió el infortunio en el Hospital José Antonio Vargas.  Pasados tres meses desde que su madre se intoxicó, “...comenzó a presentar ciertos malestares”, como escozor en la piel, ardor en la garganta, dolores abdominales, mareos y vómitos.  Por ello, fue llevado en diferentes oportunidades al Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital José María Carabaño Tosta, pero no mostró ninguna mejoría; antes bien, los síntomas se tornaron más intensos, con fuertes cefaleas, ardor y resequedad en la garganta, tos, mareos, náuseas, vómitos y palpitaciones.

 

 

 

 

 

 

(4)

Fidelina Juana Pernía

(Nacida el 25-07-1952)

Médico internista, con horario rotativo de 8 horas diarias, con sus respectivas guardias.

No estuvo presente en el Hospital José Antonio Vargas  el 20 de marzo de 1993. Acudió a su sitio de trabajo al día siguiente para cumplir su guardia de 7 p.m. a 7 a.m. Al llegar al lugar, ya este había sido evacuado debido al fenómeno contaminante.

El 22 de marzo tuvo que dirigirse al Hospital José María Carabaño Tosta para cumplir con su jornada de trabajo, donde se le suministró una bata azul, tapabocas, guantes y gorro que formaban parte del material desechable (contaminado) enviado del Hospital José Antonio Vargas.  Allí fue asignada al área de medicina interna, donde se encontraban recluidos los afectados de la contaminación tóxica ocurrida el 20 de marzo de 1993, entrando así en contacto directo con las víctimas.

Al final de ese día, comenzó a sentir malestar general y dificultad respiratoria. Horas más tarde, aparecieron otros síntomas: comenzó a hablar en forma incoherente. presentó prurito en todo el cuerpo y visión borrosa.

Para el 31 de marzo de 1993, su  cuadro clínico se agudizó: cefalea intensa, parestesia en miembros superiores e inferiores, gastritis, conjuntivitis, lagrimeo, rinitis, mareos, náuseas, vómitos, dificultad respiratoria grave, edema de glotis, crisis de hipertensión-hipotensión, rash cutáneo (prurito), resequedad de la mucosa bucal con sed intensa, hipertermia táctil, cólicos abdominales, contracturas musculares, fasciculaciones, visión borrosa, debilidad y malestar generalizado, además de un estado de irritabilidad y angustia.

Según su apoderada, su cuadro clínico no mejora.

(5)

Johann Raúl

 Morales Pernía

(Hijo de Fidelina Juana Pernía. Con 9 años de edad cuando ocu-rrió el accidente químico-tóxico)

 

Debió atender las dolencias y malestares de su madre durante su hospitalización y con posterioridad a la misma, por lo que al tiempo comenzó a presentar síntomas parecidos a los que ella sufría: escozor en la piel, ardor en la garganta, temperaturas de 40° centígrados casi en forma permanente, estados de somnolencia, cefalea intensa, problemas respiratorios, convulsiones, pérdida del conocimiento, lagunas mentales, asfixia, conjuntivitis, mareos, náuseas, vómitos y palpitaciones.

(6)

Dilia Margarita Lugo Cirit

(Nacida el 30-11-1945)

Camarera en el área de consultas, con horario desde la 1 p.m. hasta las 7 p.m.

Se encontraba en su sitio de trabajo el día de la contaminación química. Al terminar su turno, a las 7 p.m., presentó malestar generalizado en todo el cuerpo, escozor en la piel, ardor, resequedad en la garganta, dolor abdominal y diarrea. El dolor se agudizó en horas de la noche, al presentar fuertes dolores de cabeza, escalofríos, mareos, dolor abdominal, náuseas y vómitos. En la madrugada, los síntomas empeoraron “...a tal punto, que mi representada perdió el conocimiento”, por lo que debió ser hospitalizada por varios días

 

 

 

 

 

(7)

Dilmar de los Ángeles Aponte Lugo

(Hija de Dilia Margarita Lugo Cirit. Tenía 5 meses de nacida cuando ocurrió el accidente)

 

Para la fecha en que se presentó la contaminación de las áreas del hospital, Dilia Margarita Lugo Cirit se encontraba amamantando a su hija. La niña comenzó a presentar los siguientes síntomas: erupciones en la piel, diarreas y vómitos. En su etapa de dentición, sus dientes “...ya presentaban caries y se pulverizaban...”; a lo anterior añade dolores en las piernas y en la cabeza.

Con el tiempo, empeoró su estado de salud: escozor en la piel, malestar en la garganta, arritmia cardíaca, temperaturas de 40° centígrados casi en forma permanente, dificultad para respirar, dolores en los huesos y articulaciones, estados de somnolencia, cefalea intensa, convulsiones, pérdida del conocimiento, lagunas mentales, parestesia, gastritis, asfixia, dolores abdominales, cólicos, conjuntivitis, lagrimeo, rinitis, laringitis, mareos, náuseas y vómitos.

(8)

Vilma Xiomara Contreras

(Nacida el 19-2-1958)

Técnico I de Registros y Estadísticas en el área de Historias Médicas, con horario de trabajo comprendido entre la 1 p.m. y las 7 p.m.

No se encontraba en el Hospital José Antonio Vargas el 20 de marzo de 1993. El 22 de marzo se dirigió al lugar, donde le informaron que debía cumplir sus funciones en el Hospital José María Carabaño Tosta en virtud de la clausura temporal del primero de estos centros médicos.

Se reincorporó a su lugar de trabajo (en el Hospital José Antonio Vargas) por órdenes superiores el 24 de marzo de 1993, sin ningún tipo de protección, a pesar de que el área de Administración se encontraba contaminada. Al cabo de unas horas, comenzó a sentir escozor en la piel, dolores abdominales, asfixia, náuseas, mareos, vómitos, fiebre, arritmia cardiaca, hipertensión arterial, dolores de oído, resequedad en la garganta, cefalea intensa, dolores en los huesos, conjuntivitis, lagrimeo, rinitis, laringitis y malestar generalizado.

Para el 31 de marzo de 1993, fecha en que fue reabierto el Hospital José Antonio Vargas, la actora presentaba alteraciones bruscas en los niveles de calcio, fuertes dolores reumáticos y  empezó a sentir cambios inexplicables en su estado de ánimo, alteraciones nerviosas, fuertes depresiones, tristeza, estados de rabia injustificada, desesperación y fuertes cefaleas.

Posteriormente comenzó a padecer dolores abdominales, vómitos y fiebre.

(9)

Chiquinquirá Josefina Álvarez Torres

(Nacida el 14-12-1946)

 

Camarera con horario de 7 a.m. a 7 p.m. en forma interdiaria

No estuvo presente en el Hospital José Antonio Vargas el 20 de marzo de 1993, pero acudió a ese lugar el 22 de marzo para cumplir con su jornada laboral. Una vez allí, se le ordenó “...atender a las personas que fuesen llegando al nosocomio para darles información y a la vez, retirase sus pertenencias, las cuales se encontraban en ‘EL HOSPITAL’ [refiriéndose al Hospital José Antonio Vargas], y por lo tanto, también estaban contaminadas, puesto que el centro sería clausurado temporalmente” (agregado de la Sala).

A las pocas horas de haber iniciado sus actividades en el hospital “...comenzó a sentir los mismos síntomas que aquellas personas que resultaron afectadas y que fueron evacuadas el día anterior...”.

El 23 de marzo de 1993 debió dirigirse a trabajar al Hospital José María Carabaño Tosta, donde le suministraron una bata azul, tapabocas, guantes y gorro que formaban parte del material desechable (contaminado) enviado del Hospital José Antonio Vargas. Allí fue asignada al área en el que se encontraban recluidos los afectados de la contaminación tóxica del Hospital José Antonio Vargas, con quienes tuvo contacto directo. 

A las pocas horas presentó escozor en todo el cuerpo, resequedad y  ardor en la garganta, fuerte dolor de cabeza, tos, palpitaciones, mareos, náuseas, vómitos, dolores abdominales y diarrea.  Posteriormente, dolores abdominales, asfixia, fiebre, dolores en los huesos, manos y piernas, alteración nerviosa, lagunas mentales, pérdida temporal de la memoria, insomnio.

(10)

América Lourdes Herrera

Albarrán

(Nacida el 5-1-1961)

Camarera en el área de Emergencia de Adultos (con horario de trabajo de 7 p.m. a 7 a.m. de lunes a viernes)

El día del accidente en el Hospital José Antonio Vargas, la actora recibió su guardia correspondiente a las 7 p.m. Más tarde ayudó en las tareas de evacuación de pacientes y personal de la institución. Para entonces ya presentaba escozor en la piel y garganta, arritmia cardiaca, dolores de las articulaciones, cefalea intensa, gastritis, dolores abdominales, lagrimeo, mareos, náuseas, vómitos, asfixia y malestar generalizado

(11)

Dayana Yoselin Barrios Herrera

(Hija de América Lourdes Herrera Albarrán. Tenía 2 años y 9 meses de edad cuando ocurrió el accidente)

 

Para la fecha en que ocurrió el hecho tóxico en el  Hospital José Antonio Vargas, su madre aún la amamantaba.  Tres semanas después de la intoxicación de América Lourdes Herrera Albarrán, la niña comenzó a presentar erupciones en la piel y constantemente sufría de diarreas y vómitos, por lo que era tratada en el Servicio de Emergencia Pediátrica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, donde se le indicaba tratamiento con el que mejoraba temporalmente; sin embargo, los síntomas aparecían al poco tiempo.

Posteriormente  presentó problemas respiratorios, dolores, escozor en la piel, malestar en la garganta, arritmia cardiaca, temperaturas de 40° Centígrados casi en forma permanente, dificultad para respirar, dolores abdominales así como en huesos y articulaciones, estados de somnolencia, cefalea intensa, convulsiones, pérdida del conocimiento, lagunas mentales, parestesia, gastritis, asfixia, cólicos, conjuntivitis, lagrimeo, rinitis, laringitis, mareos, náuseas y vómitos.

(12)

Omaira Elena González

(Nacida el 15-8-1950)

Camarera en el área de Emergencia de Adultos (con horario de trabajo de 7 a.m. a 7 p.m. de lunes a viernes)

El día del accidente en el Hospital José Antonio Vargas, la accionante recibió su guardia en dicho centro médico, a las 7 a.m.

Explica su apoderada que como a las 4 p.m. se sintió un olor muy desagradable en su ambiente de trabajo, pero “Ya en horas de la tarde, la contaminación se había agudizado a tal punto, que la mayoría del personal que laboraba en el centro de salud, también había resultado afectada, encontrándose entre ellos OMAIRA; quien debió ser trasladada al área de emergencia con los mismos síntomas que los pacientes y el resto del personal: escozor en la piel y la garganta, arritmia cardiaca, dolores de las articulaciones, cefalea intensa, gastritis, dolores abdominales, lagrimeo, mareos, náuseas, vómitos, asfixia y malestar generalizado...”.  Posteriormente, presentó “...cambios inexplicables en su estado de ánimo, lo que incidió negativamente en sus relaciones con familiares y amigos”. 

 

(13)

Marina Margarita Toro

(Nacida el 15-3-1960)

 

Enfermera II (Instrumentista) en el área del Pabellón, con jornadas de trabajo de lunes a viernes de 7 p.m. a 7 a.m.

El 20 de marzo de 1993, la actora recibió su guardia correspondiente a las 7 p.m. Para ese momento ya varios pacientes presentaban síntomas de intoxicación, por lo que se abocó a la tarea de ayudar al traslado de los mismos.

Ya en la noche del 21 de marzo de 1993, la actora comenzó a presentar los siguientes síntomas: escozor en la piel y garganta, arritmia cardiaca, dolores abdominales y en las articulaciones, cefalea intensa, gastritis, lagrimeo, mareos, náuseas, vómitos, asfixia y malestar generalizado.

A la 1 a.m. de ese mismo día su estado se tornó crítico, pues presentó: edema de glotis, dificultad respiratoria, adormecimiento en brazos y piernas, convulsiones y pérdida del conocimiento.

(14)

Magda Eloíza Arocha Toro

(Hija de Marina Margarita Toro. Tenía 10 años de edad cuando ocurrió el accidente)

 

Desde el momento en que su madre se intoxicó, la niña estuvo en contacto directo con ella.

Aproximadamente 3 semanas después del evento tóxico, la niña comenzó a presentar erupciones en todo el cuerpo.  Sin embargo, indica su apoderada judicial que “en la misma forma en que las lesiones aparecieron, también desaparecieron”.

Agrega que su salud fue empeorando con el pasar del tiempo, al sufrir de escozor en la piel y malestar en la garganta, arritmia cardiaca, temperaturas de 40° Centígrados casi en forma permanente. dificultad para respirar, dolor en los huesos y articulaciones, estados de somnolencia, cefalea intensa, convulsiones, pérdida del conocimiento, lagunas mentales, parestesia, gastritis, asfixia, dolores abdominales, cólicos, conjuntivitis, lagrimeo, rinitis, laringitis, mareos, náuseas y vómitos.

A partir de los 15 años mostraba síntomas de taquicardia y se cansaba con facilidad; luego comenzaron problemas respiratorios, por lo que era necesario nebulizarla constantemente.

 

 

Cuadro No. 2.-

Nombre de la afectada

Diagnósticos Específicos Alegados

1)

Romelia Aurora Contreras Ramos

El 11-5-93:

Hepatomegalia con alteraciones en la arquitectura compatibles con presencia de absceso hepático, según informe médico emanado de la Unidad Diagnóstica de Ecografía Integral.

26-5-93:

Abscesos hepáticos y quistes en el útero, según informe médico emanado de la Unidad de Tomografía Axial Computarizada del Hospital Central de Maracay

20-4-95:

Trastornos gastrointestinales, neurológicos, psiquiátricos, cuadro depresivo-reactivo, según declaración de los médicos forenses del entonces Cuerpo Técnico de Policía Judicial.

17-11-95:

Ectasia Ductal en seno derecho e izquierdo, y papiloma intraductal en seno izquierdo, según informe relacionado con estudio de Galactografía realizado en el Servicio de Anatomía Patológica y Citología Exfoliativa del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

25-2-98:

Osteoartritis cervical y lumbar, radiolopatía C7 y C8, encefalopatía tóxica y Ectasia Pucial, según Hoja de Resumen Final emanada del instituto autónomo demandado.

25-3-98:

Sobre la actora se indica: “...psicomotoramente inhibida. Indiferente. Atención dispersa.  Desconectada en el tiempo. Afectivamente presentaba una marcada pérdida de la memoria de fijación y evocación alteradas.  Lenguaje expresado en bajo tono de voz y lentamente, en ocasiones el discurso era fraccionado. Pensamiento con una velocidad de elaboración lenta y pobre en contenidos...”, Síndrome mental orgánico con un marcado cuadro depresivo, según Hoja de Referencia del Servicio de Psiquiatría del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

11-5-98:

Hipoacusia Neurosensorial Derecha, que se manifiesta en una disminución en el sentido de la audición en el oído derecho, de acuerdo a examen audiológico practicado en el Centro de Fonoaudiología del Servicio de Audiología del ente demandado.

9-11-98:

Artrosis degenerativa de columna cervical, diagnosticada en el Servicio de Rehabilitación Física del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

28-10-99:

Presenta cifras de presión arterial lábiles, dolor torácico atípico, disnea al realizar esfuerzos, estado confusional, “P.R. largo y aortoesclerosis”, según evaluación cardiovascular efectuada en la Clínica Luis Razetti.

9-2-01:

Sangramiento post-defecatorio, acompañado de trastorno rectal y hemorroides prolapsadas, de acuerdo a evaluación realizada en el Servicio de Cirugía I de la Unidad de Gastroenterología del Hospital José María Carabaño Tosta.

Posteriormente:

Menopausia precoz con inflamaciones severas en el área vaginal, infecciones urinarias y vaginales, trastornos hormonales, aceleradas bajas en los niveles de hemoglobina, bajas de potasio, altos niveles de colesterol, ácido úrico y triglicéridos.

Para la fecha en que fue interpuesta la demanda:

Artrosis degenerativa a nivel de la columna vertebral; inestabilidad cervical a nivel C4-C5, C5-C6 y C6-C7; escoliosis dorso lumbar y conversa dorsal, osteopenia y descalcificación generalizada, osteartrosis de la columna vertebral. Aortoesclerosis, ectasia ductal en ambas mamas con nódulos en cuadrantes, cáncer en mama izquierda, patologías psico-físicas como lagunas mentales, estado confusional, depresión neurótica, endógena y reactiva; patologías cardiacas, hiperactividad bronquial crónica, hipoacusia neurosensorial tóxica; trastornos de la memoria, insomnio y cefaleas, síndrome mental orgánico.

(2)

Darlis Yaiditt Gamboa Contreras

A los 3 meses de haber ocurrido el accidente tóxico:

Hipocalcemia, según exámenes especiales de hematología.

A los 22 años de edad:

Fue operada de la vesícula en el Hospital José Antonio Vargas.

A los 24 años de edad:

Nódulos mamarios de tipo sólido, según ecosonografía mamaria, por lo que debió ser intervenida en el Hospital Central de Maracay.

Hernia hiatal.

A los 25 años:

Osteoporosis que ha ocasionado una peridontitis con pérdida de los molares.

Febrero de 2001:

Condición fibroquística bilateral, según estudio ecosonográfico mamario realizado en la Unidad de Diagnóstico La Floresta, en la ciudad de Maracay.

Hasta la fecha en que interpuso la demanda:

Fuertes y recurrentes cefaleas con poca retentiva, problemas auditivos y visuales; gastritis y reflujos estomacales, pérdida violenta y constante de su peso corporal, mareos, cansancio, anemia, dolores musculares y de las articulaciones, inflamación del colon, resequedad de la piel, nerviosismo e irritabilidad.

 

 

 

 

 

(3)

Rolman Rafael Montoya Contreras

En los últimos 12 años antes de ser interpuesta la demanda:

Hipocalcemia, detectada por exámenes especiales de hematología

Alteraciones febriles recurrentes, llegando a ser su temperatura de 40° Centígrados.

Problemas visuales y auditivos, pérdida del conocimiento, mareos, cansancio, anemia, inflamación de colon y resequedad de la piel, ansiedad, angustia y estados depresivos, nerviosismo e irritabilidad.

Nota: Fue evaluado por  la doctora Águeda Elvira Fano, médico toxicólogo del ente demandado, quien determinó que el niño estaba “contaminado con agentes tóxicos”, por lo que  fue asignado “al programa de tratamiento de los pacientes afectados de La Ovallera”.

(4)

Fidelina Juana Pernía

 

25-6-93:

Mialgias en ambos miembros inferiores, según informe No. 93-310 de la misma fecha, suscrito por un médico fisiatra de la Unidad de Rehabilitación Médica “ Dr. José M. Pages Rosell”, en la ciudad de Maracay.

24-8-93:

Bronquitis obstructiva recurrente, de acuerdo a diagnóstico realizado en el Centro Médico Cagua, C.A. (en el  Estado Aragua).

6-9-93:

Acentuada falla en la atención y concentración, que incide en su rendimiento profesional, según se evidencia de informe psicológico.

17-12-93:

Bronquitis obstructiva, cistitis severa, síndrome vertiginoso post-intoxicación en La Ovallera, conforme a lo señalado en reconocimiento médico legal en la Medicatura Forense de la ciudad de Maracay.

29-12-93:

Cuadro polisistemático derivado de exposición y absorción masiva de sustancias tóxicas, conforme a diagnóstico efectuado en consulta privada con el médico Orlando Cristóbal Rendón, especialista en Toxicología Clínica.

(5)

Johann Raúl

Morales Pernía

Sin referencia de tiempo:

Hipocalcemia, según exámenes especiales de hematología.  Escoliosis. Patologías en su sistema nervioso: ansiedad y angustia, estados de agresividad, problemas para conciliar el sueño, constante nerviosismo e irritabilidad.

Año 1995:

Hiperactividad bronquial, mialgias y alergias frecuentes.

Julio de 1998:

Crisis convulsivas y trastornos de conducta.

(6)

Dilia Margarita Lugo Cirit

 

20 de julio de 1993:

Tendencia a la diverticulosis, con “colon irritable, redundante”, según estudio realizado en el Servicio de Neuroradiología y Radiodiagnóstico de la Policlínica Maracay, C.A.

10-9-93:

Falla en la atención y concentración que incide en bajo rendimiento general.  Inestabilidad emocional con deficiencia notoria de memoria y perturbación del sueño.  Estados ocasionales de ansiedad intensa sin causa aparente; de acuerdo a informe psicológico emanado de especialista en el área de la Clínica Lugo, en Maracay.

30-11-1995:

Se le cataloga como paciente “portadora de factores de riesgo por Cardiopatía Isquémica; con antecedentes de Hipertensión Arterial desde hace 1 año, posterior a la exposición de gases en su sitio de trabajo (IVSS La Ovallera)...”, según Hoja de Consulta emanada del Servicio de Cardiología Adulto del instituto autónomo accionado.

Año 1996:

Poliartritis crónica y crisis hipertensiva, diagnosticadas en consulta médica en el Hospital José María Carabaño Tosta.

Hígado con trastornos difusos del parénquima compatibles con infiltración grasa y “colección intrauterina probablemente hematómetra”, que se verifica de ultrasonido abdominal/pélvico realizado en el Hospital Central de Maracay.

Perturbación de la ventilación de tipo restrictiva discreta, de acuerdo a estudio realizado en el Servicio de Investigación de Enfermedades Respiratorias, del Departamento de Tuberculosis y Enfermedades Pulmonares El Algodonal, en Antímano, Caracas.

13-6-97:

Neuropatía mediano cubital ambas manos, conforme a lo observado en Estudio de Electromiografía realizado en el Hospital de Clínicas Caracas.

Sin referencia de tiempo:

Encefalopatía tóxica, hipocalcemia, inflamaciones severas en el área vaginal e infecciones urinarias.

1-7-97:

Demencia debido a tóxicos” y “demencia vascular”, diagnosticada por la médico Sigrid Hernández  (F.V.P. 37-066) en la Unidad de Psiquiatría de Enlace del Hospital Domingo Luciani. Esta especialista expresó también: “...según el test visomotor de Bender, se evidencian seis indicadores significativos de lesión a nivel cerebral así como indicadores característicos de intoxicaciones y estados confusionales”.

Año 1998:

Fue evaluada por la especialista en toxicología clínica, doctora Águeda Elvira Fano, quien concluyó que la sintomatología desarrollada por la actora tiene su origen en el contacto y exposición a las sustancias químicas que contaminaron el Hospital José Antonio Vargas el 20 de marzo de 1993, lo que motivó su inclusión en el Protocolo de Investigación de los pacientes afectados de “La Ovallera”.

Febrero de 1998:

Espectrum degenerativo cervical y “esclerosis fascetaria desde C2-C3 hacia abajo”, como se evidencia de estudio de emergencia de “IRM Cervical”, realizado en el Instituto de Resonancia Magnética La Florida.

13-10-99:

Insuficiencia valvular mitral leve, conforme a Ecocardiograma Modo M-2D Doppler realizado en el Centro Docente Cardiológico Aragua  (Hospital Cardiovascular).

20-1-00:

“...componente fibroglandular en mayor proporción que lo esperado para la edad de la paciente con imagen de apariencia  nodular en cuadrante supero-externo derecho”, de acuerdo a informe No. 0195-00 elaborado en la Asociación para el Diagnóstico en Medicina (ASODIAM) del Hospital Central de Maracay.

Cambios degenerativos incipientes a nivel de la columna cervical, según médico radiólogo al servicio de dicha Asociación.

31-8-01:

Osteopenia con riesgo leve de fractura, según informe de densimetría ósea realizada en la Unidad de Osteoporosis y Enfermedades Óseas Metabólicas del Centro Médico Maracay.

5-4-02:

Infiltración grasa del parénquima hepático y presencia de “Masa quística en fosa ilíaca izquierda la cual impresiona muy alta para corresponder a ovario”, como se aprecia de informe emanado de la Unidad Diagnóstica de Ecosonografía Integral.

13-6-04:

Nódulo mamario CSE en mama derecha, hipotiroidismo, hipertensión arterial, síndrome de túnel carpiano y discopatía degenerativa cervical, de acuerdo a diagnóstico efectuado por médico internista del hospital José María Carabaño Tosta.

Año 1994:

Según especialista del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la actora presenta “...trastornos caracterizados por intranquilidad, agitación, desorientación temporo-espacial y alteración de la memoria de fijación”, e igualmente “...inestabilidad emocional con deficiencia notoria de la memoria y perturbación del sueño..., dificultades en el pensamiento deficiencia en su memoria inmediata, juicio y numéricos, dificultad de la atención, concentración y coordinación motora...” y “...lesión a nivel cerebral así como indicadores característicos de intoxicación y estados confusionales (...) hipotimia marcada, desorientación temporal, memoria de fijación alterada, irritabilidad fácil, pensamiento muy pobre en contenidos”, por lo que concluye que la paciente sufre “Trastorno Cerebral Orgánico de etiología tóxica”.

 

 

 

 

(7)

Dilmar de los Ángeles Aponte Lugo

Año 1998:

Hipercalciuria e hiperuricosuria, detectada por un especialista en nefrología  pediátrica del Hospital José Antonio Vargas.

4-5-04:

Cefaleas constantes, desorientación temporo-espacial y trastornos en su memoria de fijación, según especialista en psiquiatría del Hospital José Antonio Vargas.

(8)

Vilma Xiomara Contreras

Abril de 1995:

Atrofia de extensores de rodilla derecha

28-5-96:

Dolor cervical crónico y parestesia bilateral.

7-7-96:

Cervicoartrosis.

25-2-97:

Depresión progresiva.

(Todos los anteriores son diagnósticos efectuados en el Hospital José Antonio Vargas)

29-6-98:

Cervico-artropatía moderada y cervico-radiculopatía C3-C6 y C4-C5 derecha, detectado en el Servicio de Radiología del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Julio-Agosto de 1998:

Rectificación de lordosis cervical y discopatía, según diagnóstico realizado por una especialista en radiología, del Instituto de Resonancia Magnética La Florida.

Año 1998:

Fue evaluada por la especialista en toxicología clínica, la doctora Águeda Elvira Fano, quien ordenó incorporarla al Protocolo de la Investigación para el “Caso La Ovallera”.

8-3-99

Dorso-lumbo-algia de E.A.P., según especialista del Servicio de Radiología del ente demandado.

Posteriormente:

Síndrome mental orgánico y depresión involutiva debido a intoxicación con etilenglicol, determinado tanto en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales como en clínicas privadas.

Noviembre de 1999:

Hipocalcemia, cervicobraquialgia, discopatía cervical, drepanocitosis e hipotiroidismo, señalado todo esto como diagnóstico de ingreso para su hospitalización en un centro asistencial adscrito al instituto autónomo accionado.

20-8-00:

Presencia de anillo fibroso prominente a nivel L4-L5, con hernia discal formaminal L4 izquierda discreta. Cambios degenerativos leves a moderados de columna lumbo-sacra, con disminución de la amplitud de los formanes L4 y L5 en forma simétrica; lo anterior, fue indicado en estudio de resonancia magnética de columna lumbo-sacra, en la Asociación para el Diagnóstico en Medicina (ASODIAM) del Hospital Central de Maracay.

16-5-02:

Poliartralgia migratoria y debilidad, según especialistas del Servicio de Reumatología del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

6-9-02:

Hernia discal central y paracentral izquierda en los segmentos C3-C4 y C6-C7; cambios degenerativos difusos de columna cervical; pequeña protusión de disco central “a nivel C5-C” (sic); todas estas afecciones se evidencian de informe No. 106708-02 de fecha 6 de septiembre de 2002.

3-2-03:

Hipotiroidismo y anemia drepanocítica, de acuerdo a examen realizado a la paciente por el Servicio de Endocrinología  del ente demandado.

14-2-03:

Sinusitis esfenoidal bilateral, de acuerdo a informe No. 101011-03 de estudio tomográfico de cráneo, efectuado en la Asociación.

 

 

(9)

Chiquinquirá Josefina Álvarez Torres

 

26-6-97:

Microlitiasis renal izquierda, según resultado de ecosonograma realizado en la Unidad Médico Quirúrgica Razzetti, de la Clínica Chaguaramos, en la ciudad de Maracay.

17-8-99:

Cambios óseos degenerativos incipientes; escoliosis de 8 grados según el método de Cobs de la Columna Dorsolumbar. Cambios espondioloartrósicos; como puede constatarse de sendos informes radiológicos elaborados en el Hospital Los Samanes, del Estado Aragua.

6-9-99:

HTA (Hipertensión) Sistémica; artritis reumatoide de reciente “Dx” (diagnóstico), obesidad, dislipidemia, várices grado III; ello, de acuerdo al contenido de Hoja Médica emitida en el Hospital José María Carabaño Tosta.

12-4-2000:

 Signos compatibles con radiculopatía C6 derecha, síndrome del Túnel del Carpio incipiente, bilateral con predominio derecho; de acuerdo a evaluaciones practicadas en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Junio de 2000:

Cefalea, cervicalgia crónica, “La conclusión de estudio de RM [resonancia magnética] de C. [columna] Cervical: rectificación antálgica de la lordosis fisiológica. Discopatía comprensiva (...) C6-C7, afectación radicular o de cordón medular.  Limitación parcial de la amplitud del canal por hipertrofia uncovertebral” (agregado de la Sala). según la doctora Milagros Álvarez (M.S.A.S. 42.027), médico al servicio del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

17-1-2003:

Esteatosis hepática y litiasis vesicular única, determinado con base en ultrasonido abdominal practicado en la Asociación para el Diagnóstico en Medicina (ASODIAM) del Hospital Central de Maracay (informe No. 100186-03).

Cambios discopáticos degenerativos difusos leves a moderados de columna cervical.  Pequeña protrusión de disco paracentral izquierda a nivel de C6-C7, conforme a informe No. 100313-03, emanado de especialista en Neuroradiología del mismo organismo.

Hasta la fecha en que interpuso la demanda:

Dolores musculares, de los huesos y de los miembros superiores e inferiores, aceleradas bajas en los niveles de hemoglobina, bajas de potasio, altos niveles de colesterol, ácido úrico y triglicéridos.

(10)

América Lourdes Herrera Albarrán

4-7-96:

Escoliosis dorso-lumbar Dextro-Convexa, según informe del Hospital Central de Maracay No. 3136-96.

Agosto de 1998:

La actora es evaluada por la doctora Águeda Elvira Fano, especialista en toxicología clínica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales asignada al “Caso La Ovallera”, quien la incorporó a la lista de personas afectadas por la contaminación químico-tóxica.

Octubre de 1999:

Cervicopatía degenerativa, diagnosticada por una especialista al servicio del ente demandado.

Marzo de 2000:

Rotoescoliosis toraco-lumbar, según informe radiológico realizado en el organismo accionado.

Síndrome mental orgánico y depresión involutiva, los cuales se aprecian en su historia médica llevada en el mismo instituto autónomo.

Fibrosis pulmonar, trastorno ventilatorio restrictivo severo y rinitis alérgica (diagnósticos clínicos de la Dirección de Medicina del Trabajo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en los cuales se fundamenta el informe de incapacidad de la accionante).

 

 

 

 

(11)

Dayana Yoselin Barrios Herrera

A los 5 años de edad:

Hipercalciuria e hiperuricosuria, lo cual consta en la historia médica que reposa en los archivos del instituto autónomo accionado.

A los 10 años de edad:

Refiere la apoderada judicial que la niña sufrió a la edad de 10 años, una parálisis facial, afección diagnosticada por una especialista del ente demandado “...quien la refiere al Servicio de Neurología Infantil del ‘José A. Vargas’, del IVSS, un hospital contaminado, donde lejos de mejorar, su estado de salud fue empeorando a la par de su madre”.

En 1999:

Fue evaluada por la doctora Águeda Elvira Fano, médico toxicólogo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, quien determinó que la niña estaba contaminada con agentes tóxicos, por lo que la asignó al programa de tratamiento de los pacientes afectados de “La Ovallera”.

(12)

Omaira Elena González

 

19-8-1993:

Valores bajos de fósforo en orina, detectados mediante estudio de laboratorio en el Servicio de Bioanálisis del Hospital José Antonio Vargas.

Sin referencia de tiempo:

Síndrome mental orgánico y depresión involutiva, según el Servicio de Psiquiatría del instituto autónomo demandado.

Octubre y noviembre de 1994:

Los valores en creatinina se aprecian bajos, así como los de triglicéridos, colesterol y ácido úrico, tal como consta de exámenes de laboratorio suscritos y sellados por las bioanalistas Milagros Delgado y Motta Blanco.

6-10-97:

Eritrodermia, fenómenos vasomotores, papulomatosis, desequilibrio neurosensorial periférico, de acuerdo a informe elaborado por el doctor Arellano Parra, especialista en medicina interna, cardiología y toxicología de la Clínica Central.

Abril de 1998:

Fue evaluada por la doctora Águeda Elvira Fano, especialista en Toxicología del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales asignada al “Caso La Ovallera”, quien la incorporó a la lista de personas afectadas por la contaminación químico-tóxica. Dicha profesional de la medicina también observó en la paciente: “Manchas Depocrómicas Universales a predominio miembros sup. e inferiores. antecedente exposición accidental a sustancias químicas múltiples (1993)”.

19-5-98:

Lesiones hipoesómicas en brazos y piernas, entidad conocida como leucodermia punteada, y “...hematomas en los antebrazos que corresponden a una persona senil”, según evaluación realizada por el doctor Helio A. Estrada Jaspe.

22-5-98:

Síndrome del túnel carpiano derecho que amerita intervención quirúrgica con urgencia, de acuerdo a Hoja de Consulta del ente demandado y a informe emanado de la Unidad Clínica de Cirugía de la Mano, suscrito por el doctor Florencio Pinto Carvajal.

24-9-98:

Radiculopatía C5 derecha a nivel de Ma y Radiculopatía L5 izquierda en USIS”, diagnosticada por la doctora Milagros Álvarez, según estudio electromiográfico realizado por una especialista del ya referido instituto autónomo.

29-10-98:

Escoliosis de columna lumbar de convexidad a la derecha de 7 grados según el método de Cobs; afección que se aprecia de informe radiológico elaborado en el mencionado organismo.

En 1999:

“...lesiones, manchas hipocrómicas que luego se tornan blanquecinas; otras en región palmar, lesiones papulares, tipo vesículas, las cuales no expulsan contenido y desaparecen espontáneamente”, conforme al diagnóstico ofrecido en el Servicio de Dermatología del ente demandado.

15-4-99:

Patología respiratoria mixta (obstructiva-restrictiva), según el médico neumonólogo Eduardo Rivas Peralta, del Centro de Especialidades Calicanto, en Maracay.

Sin referencia de tiempo:

Otitis media severa (desde hace varios meses) a consecuencia de obstrucción nasal constante, de acuerdo a lo observado por un especialista al servicio del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

24-3-00:

“...Cervialgia Crónica, estudios arrojan Hernia Discal a nivel C5-C6, que comprime raíz ... y causa inestabilidad, ocasionando dicha patología ... incapacitante, ya que hay trastornos neurológicos a nivel de miembros superiores”, conforme a evaluación practicada por el médico traumatólogo doctor Gustavo Adolfo Pirela, de la Unidad de Escoliosis y Cirugía de la Columna Vertebral.

5-6-00:

“...hombro izquierdo congelado, síndrome del túnel carpiano bilateral y talalgia bilateral. En estudios radiológicos se aprecian artrosis cervical y protrusión discal a nivel de C5-C6...”, según evaluación realizada por el especialista Luis F. Moreno.

20-2-01:

Irregularidad en sus cifras tensionales, de acuerdo a diagnóstico de la doctora Milagros Álvarez, plasmado en la Hoja de Consulta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

(13)

Marina Margarita Toro

30-3-93:

Cefalea intensa, mareos, tos seca con dificultad para respirar y lagrimeo, son afecciones observadas en Consulta de Medicina Interna del organismo accionado.

16-6-93:

Hepatitis tóxica, detectada en consulta de Medicina Interna en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.

1997:

Índice de riesgo cardiaco Clase I e hipotensión arterial, evidenciados de evaluación cardiovascular practicada por el especialista Javier De Miranda en el Hospital Los Samanes, en el Estado Aragua.

Año 1998:

Osteoporosis severa con una osteopenia moderada, según estudio de densitometría ósea, realizado por el doctor Jesús Escalante, de la Unidad de Densitometría Ósea (OSTEOCEN, C.A.) del Centro Médico de Cagua, en el Estado Aragua.

Por otra parte, fue evaluada por la doctora Águeda Elvira Fano, médico toxicólogo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, quien decidió incluirla en el grupo del Protocolo de La Ovallera, por atribuir su cuadro clínico a los antecedentes de intoxicación.

Marzo y Noviembre de 1998:

Se indica en dos informes de Estudio de Exploración Funcional Pulmonar que la paciente “...está en control por cuadros de diseña de inicio en crisis con Bronco espasmo recibiendo Tto. con esteroides sistémicos e inhalados..., presentando Espirometría Control desde 1998 con patrón Mixto a predominio obstructivo en enero 2000...en la actualidad reinicia cuadro de diseña grado I-II al suspender Tto...”. El anterior fue un diagnóstico ofrecido por la doctora Irene Pajak, especialista en Neumonología del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Agosto de 1999:

Trazado de vigilia y sueño natural, dentro de límites normales.  Patrón hipovoltado, propio de pacientes deprimidos”, de acuerdo a Informe de Electroencefalograma realizado por una especialista del Centro Policlínico de Valencia.

Año 2000:

Enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica encaminada a la fibroelastosis pulmonar, encefalopatía tóxica, nefropatía en evolución, osteoporosis severa, síndrome del túnel carpiano bilateral, trastorno del ritmo cardiaco; todo lo cual se evidencia de “Micro Informe Médico”.  En el mismo se indica también: “Actualmente con cuadro respiratorio clínico de periodicidad trimestral caracterizado por diseña de inicio en crisis de Broncoespasmo severo (3 crisis en los últimos 2 meses)...”.

23-10-00:

Componente fibroglandular discrepante en mayor proporción de lo esperado para la edad de la paciente, como se constata de informe No. 8135-00, elaborado por la doctora Gladys Palacios, médico radiólogo de la Asociación para el Diagnóstico en Medicina (ASODIAM), del Hospital Central de Maracay.

28-11-00:

De tres estudios de resonancia magnética lumbo-sacra-cervical-cerebral e informe No. 10674-00, realizado en ASODIAM, del Hospital Central de Maracay, se constató la presencia de: 1) Leve discopatía degenerativa L5-S1, discreta prominencia de anillo fibroso L4-L5 y L5-S1; 2) Leve discopatía degenerativa cervical.  Mínima prominencia del anillo fibroso C5-C6, C6-C7 y de mayor magnitud C4-C5; acentuada rectificación de la lordosis cervical; y 3) Microangiopatía de aspecto isquémico crónico subcortical frontal izquierda.

4-4-01:

Mamas con presencia de tejido glandular en cantidad dominante. Aspecto denso sugestivo de condición fibroquística, de acuerdo a lo expuesto en informe No. 1297-01 elaborado por la doctora Luisa Herrera, médico radiólogo de ASODIAM, del Hospital Central de Maracay.

Sin referencia de tiempo:

Síndrome mental orgánico.

2-2-01:

En informe de elaborado por la doctora Águeda Elvira Fano, se indica: “Marina presentó episodio (26/09/2001) de cefalea Fronto-parietal izquierda, Vasciculitis en manos y cuello, cervicobraquialgia izquierda, disminución de la fuerza muscular en hemisferio derecho...”.

22-1-03:

En Informe de Estudio de Exploración Funcional Pulmonar practicado por la mencionada profesional de la medicina, se indica: “PATOLOGÍA RESPIRATORIA MIXTA (OBSTRUCTIVA-RESTRICTIVA) LEVE CON BUENA RESPUESTA A BRONCODILATADORES”.

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Magda Eloíza Arocha Toro

6-11-99:

Válvula mitral elongada, según “Informe Electrocardiográfico Modo M-2D-Doppler”, realizado en el servicio de cardiología del ente demandado.

Año 1999:

Es evaluada por la doctora Águeda Elvira Fano, médico toxicólogo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, quien acordó su asignación al programa de tratamiento de los pacientes afectados de La Ovallera.

19-1-00:

Valvulitis mitral y taquicardia supraventricular, “...motivo por el cual puede realizar ejercicio sin forzarla.  Al presentar cansancio, suspender”, de acuerdo a diagnóstico realizado por una especialista del Centro Docente Cardiológico Aragua.

7-9-00:

Osteopenia leve, calcitopenia, osteoporosis severa, según densitometría ósea, realizada en la Unidad de Densimetría Ósea del Centro Médico Cagua, en el estado Aragua.

Año 2000:

Es evaluada por la doctora Águeda Elvira Fano, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, quien certificó las patologías padecidas por la paciente en Hoja de Referencia, Forma 15-30.

4-10-02:

“...Osteoporosis de hueso cortical y trabecular, ameritando evaluar las causas de Osteoporosis Secundarias...”, de acuerdo a informe realizado por un especialista de la Unidad Metabólica del Centro Policlínico de la ciudad de Valencia.

Año 2002:

Síndrome Viral Agudo tipo Mononucleosis Infecciosa”, diagnosticado por la doctora Águeda Elvira Fano, ya identificada.

 

4.- Adicionalmente, alega la apoderada judicial de los accionantes que habiendo estos desarrollado alteraciones hormonales, no fueron atendidos debido a que el servicio de endocrinología solo atendía a pacientes diabéticos.

De igual forma sostiene que sus poderdantes han sido vejados por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, “...no sólo por no haberles proporcionado un tratamiento médico oportuno y adecuado, sino también por haber sido indolente con sus necesidades más básicas, lo que ha motivado que en reiteradas oportunidades los afectados por la contaminación tóxica ocurrida en ‘EL HOSPITAL’ [refiriéndose al Hospital José Antonio Vargas], tuvieran que denunciar públicamente, con apoyo del Sindicato Único de Trabajadores de la Salud del Estado Aragua, el viacrucis por el cual estaban atravesando desde la fecha en que ocurrió el referido fenómeno contaminante del cual resultaron víctimas...”, (agregado de la Sala).  Por ello, señala, tuvieron que manifestar realizando huelgas de hambre (llevadas a cabo el 4 de noviembre de 1996, el 18 de agosto de 1998 y el 16 de julio de 1999 en las instalaciones del Hospital José María Carabaño Tosta, de la Asamblea Legislativa del Estado Aragua y en la sede de la Catedral de Caracas, respectivamente), para lograr que el ente accionado se comprometiera a tratarlos médicamente y asumiera su responsabilidad.

Denuncia igualmente que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no efectuó el estudio toxicológico de rigor para estos casos, pues sus representados eran tratados a medida que iban presentando los diferentes síntomas, y “...con limitaciones presupuestarias considerables, aún cuando existía un Fondo Especial destinado a este fin” (sic).

Finalmente, alude al Oficio dirigido el 22 de marzo de 2000 por la Directora de Medicina del Trabajo a la Directora General de Afiliación y Prestaciones del organismo demandado, en la que expuso que los pacientes afectados por la contaminación ocurrida en el Hospital José Antonio Vargas, fueron sometidos a evaluación médica multidisciplinaria, por lo que dicha profesional de la medicina certificó que los mismos presentan “...lesiones que los incapacita de manera total y permanente”, señalando que entre ellos se encuentran Romelia Aurora Contreras Ramos, Dilia Margarita Lugo Cirit, Vilma Xiomara Contreras, Chiquinquirá Josefina Álvarez Torres, Omaira Elena González y América Lourdes Herrera Albarrán.

5.- En otro orden de ideas, la apoderada judicial de los accionantes se refiere en su escrito de demanda a las averiguaciones iniciadas con ocasión de los sucesos del 20 de marzo de 1993 en el Hospital José Antonio Vargas, de las cuales resultó imputada como responsable del accidente la empresa Arista Center Servicios, C.A., que tuvo a su cargo la limpieza de los ductos de aire acondicionado de ese centro médico. Así, señala que se dio inicio al “...juicio por ante el entonces Tribunal del Municipio Libertador de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, (...) a través del Expediente signado con el N° 93-1110, el cual es decidido en fecha 10 de mayo de 1994. La demanda es declarada ‘Con Lugar’, calificándose el hecho como ‘Accidente Químico en forma Culposa’...”.

Explica que en julio de 1994 se remitió el expediente al Tribunal Penal de Distribución de la ciudad de Maracay, el cual pasó las actuaciones al Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, al que correspondió conocer del trámite respectivo. Este último juzgado, en funciones de Quinto de Control, dictó sentencia el 19 de junio de 2001, en la que decretó el sobreseimiento de la causa seguida por el delito de lesiones personales culposas gravísimas.

6.- Expuesto lo anterior, sostiene la apoderada judicial de los demandantes que el derecho que le asiste a estos de pedir la reparación del daño sufrido, se fundamenta en el artículo 1.185 del Código Civil.

Invoca también el artículo 1.191 eiusdem, que atribuye a los dueños, principales o directores, la responsabilidad del daño causado por el hecho ilícito de sus sirvientes y dependientes en ejercicio de las funciones en que los han empleado. En este sentido, alega que el ente accionado es responsable al no ejercer la debida vigilancia sobre los trabajos efectuados por las empresas Arista Centri Servicios, C.A. y Enterprise, S.R.L. para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, dedicadas a las labores de mantenimiento al sistema de aire acondicionado del Hospital José Antonio Vargas y fumigación, respectivamente.

Aclara que de acuerdo con lo dicho en el informe de fecha 30 de marzo de 1993, emanado de la Dirección de Medicina del Trabajo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el Cuerpo de Bomberos del Estado Aragua, el Instituto de Toxicología Regional del Ministerio de Sanidad y el Servicio de Ingeniería Sanitaria de Malariología del Estado Aragua, la causa eficiente de la intoxicación fue el producto limpiador y pulidor de aluminio “Lume Plus”, utilizado por Arista Centri Servicios, C.A. en la limpieza de los ductos del centro asistencial, entre otros químicos, como el refrigerante “FREÓN 22” y el aceite dieléctrico. De igual modo, explica que los toxicólogos asignados al caso no desecharon la hipótesis de que los plaguicidas utilizados en la fumigación (en la cual se empleó el producto conocido como “KAOTRIN 25”), en principio no tóxicos, pudieron potenciar los efectos de otros agentes químicos presentes en el “Lume Plus”.

De esta forma, concluye que el fenómeno químico-tóxico producido el 20 de marzo de 1993 se debió a la conjunción de los productos químicos utilizados en las actividades de limpieza y fumigación, aunado al mal funcionamiento de los aires acondicionados, “...los cuales en lugar de extraer el aire hacia el exterior, lo atraía hacia el interior de ‘EL HOSPITAL’...”, aspecto del cual, en su opinión, se había percatado el personal del hospital el 18 de febrero de 1993 y advertido a la Directiva.

7.- Vistos los argumentos precedentes, la representante judicial de los actores solicita que se condene al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales:

7.1.- A pagar a sus mandantes, las siguientes cantidades:

7.1.1.- A Romelia Aurora Contreras Ramos y Vilma Xiomara Contreras: La cantidad, para cada una, de dos mil millones de bolívares (Bs. 2.000.000.000,00), hoy expresados en la suma de dos millones de bolívares (Bs. 2.000.000,00).

7.1.2.- A Darlis Yaiditt Gamboa Contreras, Rolman Rafael Montoya Contreras y Johann Raúl Morales Pernía: El monto para cada uno de dos mil quinientos millones de bolívares (Bs. 2.500.000.000,00), actualmente expresados en la cantidad de dos millones quinientos mil bolívares (Bs. 2.500.000,00).

7.1.3.- A Fidelina Juana Pernía: La cantidad de cuatro mil quinientos millones de bolívares (Bs. 4.500.000.000,00), hoy expresados en la suma de cuatro millones quinientos mil bolívares (Bs. 4.500.000,00).

7.1.4.- A Dilia Margarita Lugo Cirit, Chiquinquirá Josefina Álvarez Torres, América Lourdes Herrera Albarrán y Omaira Elena González: La suma, para cada una, de un mil ochocientos millones de bolívares (Bs. 1.800.000.000,00), hoy expresada en el monto de un millón ochocientos mil bolívares (Bs. 1.800.000,00).

7.1.5.- A Dilmar de los Ángeles Aponte Lugo, Dayana Yoselín Barrios Herrera y Magda Eloiza Arocha Toro: La cantidad, para cada una de ellas, de cuatro mil millones de bolívares (Bs. 4.000.000.000,00), que son actualmente cuatro millones de bolívares (Bs. 4.000.000,00).

7.1.6.- A Marina Margarita Toro: La suma de tres mil millones de bolívares (Bs. 3.000.000.000,00), hoy expresados en la cantidad de tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,00).

7.2.- Adicionalmente, la referida profesional del derecho pide que esta Sala tome en cuenta el poder adquisitivo de la moneda, para fijar la indemnización reclamada.

8.- Por otro lado, dejó expresa mención de reservarse reclamar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales “...el cabal cumplimiento de su obligación de prestar la atención médica integral y especializada a mis representados ROMELIA, DARLIS, ROLMAN, la Dra. FIDELINA, JOHANN, DILIA, DILMAR; VILMA; CHIQUINQUIRÁ, OMAIRA, AMÉRICA; DAYANA, MARINA y MAGDA (...) DE POR VIDA, por los padecimientos que los afectan, toda vez que estos padecimientos son degenerativos e irreversibles y que mis representados, DE POR VIDA, dependerán de tal atención y recursos médicos”.

9.- Finalmente, la apoderada judicial de los demandantes estimó la demanda en la cantidad de treinta y ocho mil doscientos millones de bolívares (Bs. 38.200.000.000,00), actualmente expresados en la suma de treinta y ocho millones doscientos mil bolívares (Bs. 38.200.000,00).

III

DEFENSAS DE LA PARTE DEMANDADA

En fecha 22 de noviembre de 2006 el apoderado judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales dio contestación a la demanda. En su escrito contradice en todas sus partes la demanda intentada contra su representado y, en particular, esgrime las siguientes defensas:

1.- Opone la prescripción de la acción “...por no haber constancia en autos de que la acción fue interrumpida civilmente en virtud de demanda judicial...” como lo preceptúa el artículo 1.969 del Código Civil.  Además, indica que transcurrieron más de 10 años desde que ocurrió el infortunio denunciado hasta que se interpuso demanda contra su poderdante.

2.- Adicionalmente, expone:

2.1.- Que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales “...en ningún momento estuvo obligado de vigilar y coordinar las actividades realizadas por las contratistas mencionadas [refiriéndose a Arista Centri Servicios, C.A. y Enterprise, S.R.L.]...”, (agregado de la Sala).

En este orden de ideas, agrega que la parte actora reconoce en su escrito de demanda que los autores de la tragedia son las mencionadas sociedades mercantiles.

Por otro lado, niega que el ente demandado tenga la cualidad de dueño, principal o director prevista en el artículo 1.191 del Código Civil, dispositivo en que se fundamenta la acción incoada. Al respecto, aclara que las empresas Aristas Centri Servicios, C.A. y Enterprise, S.R.L. no son sirvientes ni dependientes de su mandante, sino contratistas.

De allí, concluye que “No establece en ninguna parte el citado Código que el principal sea responsable de los daños que por actos ilícitos cometan sus Contratistas en el cumplimiento de sus funciones”.

2.2.- Alega igualmente el apoderado del instituto autónomo accionado que la demandante omitió señalar en su libelo el nexo causal surgido por efecto de la integración o combinación de los productos químicos utilizados por las mencionadas empresas contratistas en el desempeño de sus labores y los daños denunciados.

3.- Conforme a lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, el representante judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales impugnó una serie de instrumentos privados consignados por la apoderada judicial de los actores junto con su escrito de demanda.

            Sobre esta actuación y el consiguiente valor de estos documentos en el presente juicio se pronunciará la Sala más adelante, de ser el caso.

            4.- Por último, con relación a la estimación de la demanda, asevera que la parte actora no estableció “...el monto global y verdadero de la demanda...”, pues “...tanto en la doctrina como en la jurisprudencia hay diferencia marcada entre la estimación y el monto cuantitativo que se demanda”.

Por consiguiente, sostiene que “...no está determinado el objeto de la pretensión (el quantum del petitum) y en efecto, no se ha cumplido con el requisito preceptuado en el Ordinal 4° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual la demanda debe ser declarada sin lugar”.

IV

DE LAS PRUEBAS

De la revisión de las actas procesales se constata que se produjo en este juicio un gran número de pruebas que se encuentran insertas a lo largo de nueve piezas principales y dos piezas de anexos. 

Así, visto que  la enunciación de tales probanzas atentaría contra la comprensión de la presente decisión, en aras de emitir un pronunciamiento claro y preciso, esta Sala omite su identificación detallada a reserva de su valoración en el capítulo correspondiente a la motivación del fallo.

V

PUNTOS PREVIOS

1.- Con carácter previo al análisis que deba hacer la Sala del thema decidendum, es preciso resolver a continuación la prescripción de la acción alegada por el apoderado judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; a tales efectos se observa:

Sostiene la parte accionada que ha operado en este caso la prescripción establecida en el artículo 1.977 del Código Civil, pues en su decir, transcurrieron más de 10 años desde el acaecimiento del hecho denunciado como dañoso hasta la fecha en que fue intentada la acción contra el referido instituto autónomo.

Ahora bien, se aprecia del escrito de la demanda que la representación de los actores alega que el accidente en el cual resultaron intoxicados sus mandantes, se verificó en el Hospital José Antonio Vargas el 20 de marzo de 1993.  Del mismo modo cabe señalar que si bien el apoderado del ente accionado contradijo la demanda en todas sus partes, alude a la misma fecha para argumentar que fueron dos contratistas que trabajaban en ese centro médico, las causantes de dicha situación.

Las circunstancias anotadas no son desconocidas para esta Sala, pues por notoriedad judicial le está permitido al juzgador aplicar al caso concreto los conocimientos que ha adquirido en cumplimiento de sus funciones. En efecto, con fundamento en la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional, esta Sala señaló en sentencia No. 00161, dictada el 31 de enero de 2007 en el expediente No. 2000-1063, y publicada el 1° de febrero del mismo año, lo que sigue:

“(Omissis)... La notoriedad judicial consiste en aquellos hechos conocidos por el juez en ejercicio de sus funciones, hechos que no pertenecen a su saber privado, ya que él no los adquiere como particular, sino como juez dentro de la esfera de sus funciones. Es por ello que los jueces, normalmente, hacen citas de la doctrina contenida en la jurisprudencia, sin necesidad de traer a los autos copias (aun simples) de las sentencias, bastando para ello indicar sus datos. Suele decirse que como esos aportes jurisprudenciales no responden a cuestiones fácticas, ellos no forman parte del mundo de la prueba, lo que es cierto, y por lo tanto, no se hace necesario consignar en el mundo del expediente, copia del fallo invocado.

En Venezuela funciona la notoriedad judicial, y ella -que atiende a una realidad- no puede quedar circunscrita a los casos expresamente contemplados en la ley, ya que tiene presente una situación más general, esta es, que el juez, por su cargo, conoce de una serie de hechos que tienen lugar en el tribunal donde ejerce sus funciones, y que le permiten conocer qué juicios cursan en su tribunal, cuáles sentencias se han dictado, y cuál es su contenido; identificar a los abogados que representan a las partes y otros hechos semejantes. La situación es aún más clara cuando los fallos tienen efectos erga omnes, y el juez debido a esos efectos, si conoce la decisión, se ve en lo personal atado al contenido de la determinación judicial. (Ver sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 150 de fecha 24.03.00).

Entonces, por notoriedad judicial cualquier tribunal o esta Sala, en el presente caso, tiene la facultad de indagar en sus archivos o conocer la existencia de decisiones de otras Salas de este Alto Tribunal o de otros tribunales de la República, a través de nuestro medio de difusión en Internet (www.tsj.gov.ve), novedosa herramienta tecnológica a disposición de todos los Magistrados, jueces, abogados y del colectivo en general; que se hayan dictado y que sean conexas a la controversia; en virtud de que se trata de aquellos conocimientos los cuales puede adquirir el tribunal, sin necesidad de instancia de las partes, en su archivo, en las causas que los contienen o en nuestro portal en Internet.

Estos conocimientos son de uso facultativo del juez, ya que ninguna ley lo obliga a tener que hurgar en cada caso, si existe o no una sentencia dictada por alguna de las Salas de este Tribunal Supremo de Justicia (Ver sentencias de la Sala Constitucional de este Alto Tribunal N° 3659 de fecha 06.12.05 y N° 988 de fecha 11.05.06) ...(omissis)”.

Dicho esto, se observa que respecto del accidente en cuestión esta Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse en las demandas que por indemnización de daños y perjuicios intentó un conjunto distinto de trabajadores al servicio de ese centro asistencial contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en las sentencias Nos. 01867 y 01010, publicadas en fechas 26 de noviembre de 2003 y 20 de octubre de 2010, respectivamente; quedando claro en ambos casos que el infortunio tantas veces referido se produjo el 20 de marzo de 1993.

Por otro lado, la demanda fue interpuesta el 1° de febrero de 2006, y es en fecha 16 de noviembre de 2006 cuando el representante judicial del organismo demandado se dio por citado en esta causa.

Sobre la figura procesal planteada, el Código Civil establece en su artículo 1.952, que La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación, por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la Ley”.

Por otra parte, es preciso señalar que las acciones personales se encuentran sujetas a la prescripción decenal preceptuada en el artículo 1.977 eiusdem, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 1.977.- Todas las acciones reales se prescriben por veinte años y las personales por diez, sin que pueda oponerse a la prescripción la falta de título ni de buena fe, salvo disposición contraria de la Ley ...(omissis)”.

En esta materia, habrá que tener presente lo expuesto en sentencia No. 1.118, dictada por la Sala Constitucional en fecha 25 de junio de 2001 en el expediente No. 00-2205:

La mayoría de los derechos son susceptibles de perderse por la inacción de sus titulares durante el plazo fijado por la ley y, aunque el artículo 1952 del Código Civil, al definirla, se refiere a la liberación de obligaciones, otras normas se remiten a derechos (artículo 1979, por ejemplo), y otras a acciones (artículo 108 del Código Penal, por ejemplo), por lo que una figura netamente procesal, como la acción, puede perderse por su falta de ejercicio dentro del plazo fijado por la ley.

La prescripción es una institución distinta a la caducidad (aunque ambas persiguen mantener la certidumbre y la seguridad en las relaciones jurídicas) y se caracteriza por tres elementos:

a) La existencia de un derecho o una acción que se pueda ejercitar;

b) El transcurso del plazo fijado por la ley para ejercer el derecho a la acción;

c) El no ejercicio (inacción) del derecho, o la acción por parte del titular, al omitir los actos que caracterizan tal ejercicio.

En los tres elementos señalados coinciden la prescripción y la caducidad, pero ambas difieren en que la prescripción puede interrumpirse, comenzando de nuevo a correr el término de la prescripción extintiva desde el acto interruptivo, mientras que la caducidad no es susceptible de interrupción, sino de impedimento; por lo que el plazo de caducidad es fatal, la actividad impeditiva tiene que realizarse dentro de él y, agotado dicho término, el mismo no se  reabre como en la prescripción. También difieren en que la prescripción es renunciable (artículo 1.917 del Código Civil) y la caducidad no lo es, lo que motiva que la caducidad pueda ser declarada de oficio, mientras que la prescripción no puede suplirse por el juez si no ha sido opuesta (artículo 1.956 del Código Civil).

En lo relativo a la acción, la única manera de impedir la caducidad es  ejerciéndola en el tiempo para ello, situación diferente a la prescripción, que puede ser interrumpida natural o civilmente (artículo 1.967 del Código Civil), por diferentes causas, hasta por actos extrajudiciales en ciertos casos, como ocurre con la prescripción de créditos (artículo 1.969 del Código Civil). La prescripción, como plazo que produce efectos sobre la acción, corre separada de la caducidad, motivo por el cual el hecho de impedir la caducidad puede no interrumpir la prescripción, como sucede con la de la ejecutoria de la sentencia (artículo 1.977 del Código Civil).

(...)

Judicialmente se interrumpe la prescripción:

1) En virtud de demanda judicial, admitida, aunque se haga ante un juez incompetente, bastando para ello registrar copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado dictada por el juez (auto de admisión de la demanda), antes que expire el lapso de prescripción;

2) Mediante la citación válida del demandado; o,

3) Por un decreto o acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción (artículo 1.969 del Código Civil).

Cuando la prescripción se interrumpe por vía judicial (demanda judicial), una vez que el proceso marcha, ella queda indefinidamente suspendida, y mientras el proceso está vivo y no se ha declarado su extinción, la prescripción está interrumpida, hasta que sea sentenciado.

El legislador previno que la demanda judicial con su desarrollo subsiguiente, o sea, que el proceso, se convertirá en una unidad interruptiva de la prescripción extintiva, y ello se colige claramente del artículo 1.972 del Código Civil, el que reza que la citación judicial interruptiva de la prescripción pierde sus efectos:

a) Si el acreedor desiste de la demanda (acto de autocomposición procesal que equivale a sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada y que pone fin al juicio);

b) Si se extingue (perime) la instancia;

c) Si el demandado fuere absuelto en la demanda, por lo que el proceso llegó a su fin en la fase de conocimiento.

Si ocurre una de estas circunstancias, se considera no hecha la citación judicial interruptiva, y por tanto se consumió el lapso de prescripción, ya que se tiene como no interrumpida por la citación en tiempo útil.

En el caso sub examine, el ente accionado opuso la prescripción de la acción de índole personal, ejercida por los actores con el fin de obtener una indemnización por daños morales cuya ocurrencia atribuyen al primero.

Conforme a lo dispuesto en el transcrito artículo 1.977, el lapso de prescripción de las acciones personales es de diez (10) años.  En tal sentido, este debe contarse a partir del nacimiento del derecho por días enteros, según lo dispuesto en el artículo 1.975 del Código Civil, el cual prevé que “La prescripción se cuenta por días enteros y no por horas”, y tenerse en cuenta que se consuma al fin del último día del término, como lo establece el artículo 1.976 eiusdem, según el cual “La prescripción se consuma al fin del último día del término”.

Así, el artículo 1.969 del Código Civil dispone sobre esta institución jurídica lo que sigue:

Artículo 1.969.- Se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente, de un decreto o de un acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción, o de cualquiera otro acto que la constituya en mora de cumplir la obligación.  Si se trata de prescripción de créditos, basta el cobro extrajudicial.

Para que la demanda judicial produzca interrupción, deberá registrarse en la Oficina correspondiente, antes de expirar el lapso de prescripción, copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, autorizada por el Juez; a menos que se haya efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso.

Por otro lado, según el artículo 1.973 del Código Civil, otra circunstancia interrumpe civilmente la prescripción:

Artículo 1.973.- La prescripción se interrumpe civilmente, cuando el deudor o el poseedor reconocen el derecho de aquél contra quien ella había comenzado a correr”.

Expuesto lo anterior, observa la Sala que el hecho del cual derivan los accionantes el daño que reclaman, ocurrió el día 20 de marzo de 1993, y es a partir de ese momento en que en principio (como regla general), ha de tenerse por iniciado el lapso de prescripción decenal.

Ahora bien, con vistas a determinar si el lapso decenal in commento discurrió íntegramente o se vio interrumpido por alguno de los mecanismos establecidos en el Código Civil, es menester conocer si se ha verificado en el caso de autos cualquiera de los supuestos de hecho de las normas transcritas precedentemente; a tales efectos se observa que entre la fecha mencionada y aquella en que se efectuó la citación del ente accionado, este había reconocido en varias oportunidades que el infortunio acaecido el 20 de marzo de 1993 provocó daños que se concretaron en el deterioro de la salud de las personas que ese día o en los subsiguientes se encontraban en las instalaciones del Hospital José Antonio Vargas.

Cabe advertir aquí que este reconocimiento será considerado por la Sala a los efectos de la interrupción de la prescripción, toda vez que el acontecimiento que los accionantes vinculan a sus padecimientos, tuvo efectos en un gran número de personas. De allí que este se tenga como una declaración genérica respecto de todos los afectados, sin perjuicio del análisis detallado que corresponda hacer más adelante de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual en cada caso particular, a los fines de establecer si el daño que dicen haber sufrido los actores es imputable al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Entre las probanzas de las cuales se deriva el señalado reconocimiento por parte del demandado, destaca en primer lugar, el Acta (prueba IV-9 del anexo B del expediente) suscrita el 6 de noviembre de 1996 por el Director de Asistencia Médica, actuando en representación de dicho ente público, y por representantes del Sindicato Único de la Salud y del Comité del Conflictos de Intoxicados, con ocasión de una huelga iniciada el 4 de noviembre de 1996, y con la intención de solucionar el problema presentado con un grupo de trabajadores del Hospital José Antonio Vargas con motivo del accidente laboral ocurrido el 20 de marzo de 1993. En esta acta se deja constancia de lo siguiente:

“…LA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, OFRECE PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA POR LOS CIUDADANOS AFECTADOS Y QUE SE HAN DECLARADO EN HUELGA, LAS SIGUIENTES SOLUCIONES: 1.- EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES SE COMPROMETE: A SUFRAGAR TODOS Y CADA UNO DE LOS COSTOS DE EXÁMENES, TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS Y QUE LA COMISIÓN MULTIDISCIPLINARIA QUE SE NOMBRARÁ PARA EVALUACIÓN CLÍNICA-TOXICOLÓGICA DE CADA UNO DE LOS AFECTADOS, PROPONEMOS SEA PRESIDIDA POR LA DRA. ELVIRA FANO Y POR LA DRA. ZULLY CONTRERAS D., ADEMÁS CUALQUIER OTRO PROFESIONAL QUE SE CONSIDERE CONVENIENTE. (…)  8.- SE COMPROMETE A REALIZAR INVESTIGACIÓN CLÍNICA-TOXICOLÓGICA A LOS FAMILIARES QUE CONVIVAN EN EL NÚCLEO FAMILIAR, CON CADA UNO DE LOS PACIETES AFECTADOS…”.

Asimismo, queda evidenciado este reconocimiento en la documentación que a continuación se enuncia:

- En Resolución del Consejo Directivo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales No. 104, Acta No. 08 del 18 de febrero de 1997 (cursante a los folios 215 al 216 de la quinta pieza del expediente), se indica:

ASUNTO: REEVALUACIÓN CLÍNICA ANALÍTICA CON ORIENTACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE PACIENTES INTOXICADOS POR ACCIDENTE LABORAL HOSP. PALO NEGRO.

REFERENCIA: La Directora General de Salud Encargada somete a consideración el informe sobre las necesidades y orientación Epidemiológica de pacientes intoxicados, por accidente laboral en el Hospital ‘José A. Vargas’, de Palo Negro, Edo. Aragua, los días 20 de marzo y 21 de abril de 1993, presentado por la Comisión Encargada de conducir la estrategia para la referida evaluación, coordinada por el Dr. Amilkar Torrealba, Director de Medicina del Trabajo, el Dr. Antonio Vargas, Director de Asistencia médica y un Equipo Multidisciplinario de Médicos Especialistas adscritos al I.V.S.S.

RESOLUCIÓN: Los Miembros del Consejo Directivo acordaron por unanimidad lo siguiente:

(…)

-        Determinar si el Hospital ‘José A. Vargas’, es sano o no.

-      Crear un Fondo capitalizable de DOCE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 12.000.000,00) para sufragar los gastos que se generen por las acciones tomadas, el cual será manejado por la Presidencia del Instituto”.

- De igual modo, destaca entre otras, la Resolución de ese Consejo Directivo No. 844, Acta No. 50 del 20 de agosto de 1998, (inserta a los folios 225 al 227 de la quinta pieza del expediente), en la cual se dejó constancia de las medidas tomadas respecto del fondo creado mediante el acto antes transcrito, en los siguientes términos:

ASUNTO: CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE FONDO ÚNICO A FONDO OPERATIVO

REFERENCIA: La Dirección General de Salud, en vista de que los pacientes afectados por el accidente químico ocurrido en el Hospital ‘José Antonio Vargas’ (La Ovallera) requieren y requerirán de cuidados médicos especializados continuos, solicita la apertura de un Fondo Operativo de Bs. 12.000.000,00 que sustituya al Fondo Único creado con el fin de estudiar dichos pacientes, mediante Res. 104, Acta 08 del 18-02-98. Este Fondo Operativo será administrado por el Director y el Sub-Director Administrativo del Hospital ‘Dr. José María Carabaño Tosta’ (Cuenta Dantes).

(…)

-              RESOLUCIÓN: Los Miembros del Consejo Directivo acordaron por unanimidad APROBAR la apertura de un Fondo Operativo de DOCE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 12.000.000,oo), para los cuidados médicos especializados continuos que requieren y requerirán los pacientes afectados por el accidente químico ocurrido en el Hospital ‘José Antonio Vargas’ (La Ovallera). Este Fondo Operativo sustituirá al Fondo Único creado con el fin de estudiar a dichos pacientes, mediante Res. 104, Acta 08 del 18-02-98. Igualmente se acordó AUTORIZAR al Director y el Sub-Director Administrativo del Hospital ‘Dr. José María Carabaño Tosta’ como Cuenta Dantes, para el manejo del Fondo Operativo en cuestión. El objetivo de dicho Fondo es el siguiente:

-              Adquisición de medicamentos para los pacientes afectados, previa evaluación e indicación del toxicólogo delegado (Dra. Fano).

-              Realización de estudios paraclínicos especiales y necesarios no realizados en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

-              Viáticos para los pacientes y personal especializado contratado (Dr. Manuel Arellano/Dra. Elvia Fano).

-              Honorarios Médicos del Médico Toxicólogo Consultor (Dr. Arellano).

-              Equipos menores estrictamente requeridos para el tratamiento individualizado de los pacientes (Ej: Pulmonair).

Igualmente  autorizan que el manejo del Fondo Operativo sea el siguiente:

-              Los Cuenta-Dantes serán el Director y el Sub-Director del Hospital ‘Dr. J. M. Carabaño Tosta’.

-              Todos los gastos deberán ser autorizados por la Dra. Elvira Fano.

-              El monto máximo de las facturas será de Bs. 500.000. Se deberá anexar 3 Presupuestos.

-              Los Cuenta-Dantes pedirán reposición de Fondos a la Dirección General de Salud, al utilizar aproximadamente el 40% de dichos fondos.

-              Toda reposición seguirá los trámites administrativos regulares, incluyendo Contraloría Interna del Instituto…” (sic).

- Así también la Resolución del Consejo Directivo del ente accionado No. 066, Acta No. 06 del  23 de febrero de 1999 (cursante a los folios 228 al 231 de la quinta pieza del expediente), prevé otras medidas que debían tomarse con alcance a la Resolución No. 844, arriba mencionada. Concretamente se expresa en ella lo que sigue:

RESOLUCIÓN:  Los Miembros de la Junta Liquidadora del IVSS acordaron por unanimidad APROBAR el ALCANCE a la Resolución No. 844, Acta 50, de fecha 20-08-98, relacionado con los Pacientes afectados por el accidente químico ocurrido en 1993, en el Hospital JOSÉ A. VARGAS, Palo Negro, Edo. Aragua, quienes requieren y requerirán cuidados médicos especializados continuos, el cual quedaría de la siguiente manera:

-      Ampliación del fondo Operativo a VEINTE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.20.000.000,oo), para lo cual serán transferidos OCHO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 8.000.000,oo) adicionales, a la brevedad posible, a la cuenta de dicho fondo.

-      Los objetivos del Fondo Operativo serán los mismos relacionados en la Resolución No. 844, Acta 50 del 20-08-98.

-      El manejo del Fondo Operativo será el mismo indicado en la Resolución antes señalada, excepto por el hecho de que los Cuenta-Dantes deberán pedir reposición del mismo al utilizar aproximadamente 50% de los recursos, con el fin de garantizar la fluidez de los recursos.

-      Realización de estudios especializados en las Facultades de Farmacia y Medicina de la U.C.V. [Universidad Central de Venezuela], Caracas, según los criterios del protocolo y pautas de toxicología (Dra. Elvira Fano).

-      Realizar Gestiones para garantizar asistencia médica integral a todos los pacientes afectados por el accidente, a los familiares inmediatos y al personal activo, que presenten clínica relacionada con el accidente químico, de acuerdo a la evaluación de los especialistas designados por el IVSS. Para ello se constituirá un equipo multidisciplinario coordinado a tal fin por la Dra. E. Fano. Se procederá a las contrataciones requeridas si ese fuese el caso. Dicho equipo se regirá por estricto protocolo clínico.

-      Asumir los gastos provenientes de la operatividad del punto anterior, tal como la posible necesidad de alquilar consultorios idóneos.

-      Constitución de una Comisión de control y seguimiento integrada por el Presidente, los afectados, los Dres. Fano y Arellano Parra, el Asesor de Salud (Dr. John Otazua) y la Dirección de Salud. Dicha comisión se reunirá quincenalmente (los viernes).

-      Establecer los grados de incapacidad a través del equipo multidisciplinario con la participación del Dr. Alejandro Rhode.

-      Otorgar las jubilaciones de conformidad a lo previsto en la Cláusula 72, Parágrafo 1 del contrato vigente entre el IVSS y FETRASALUD, una vez establecidas las incapacidades respectivas.

-      Establecer pensión de invalidez equivalente al 2/3 del salario devengado, todo de acuerdo al Artículo 15 de la Ley Vigente del IVSS y al Artículo 141 del Reglamento.

-      Hacer Pública la presente Resolución” (sic).

- Adicionalmente, en Resolución del Consejo Directivo del ente demandado No. 118, Acta 09 del 4 de marzo de 1999 (cursante a los folios 232 y 233 de la quinta pieza del expediente), se estableció:

RESOLUCIÓN: Los Miembros de la Junta Liquidadora del IVSS acordaron por unanimidad APROBAR el alcance a la Res. No. 66. Acta 06 del 23-02-99, en el sentido de incluir, además de los puntos aprobados en la misma, los siguientes puntos: 1.- El Fondo Operativo creado será de por vida, y a los efectos del pago de las medicinas, estudios y gastos realizados por los afectados del accidente laboral tóxico-químico, en el Hospital La Ovallera, de Palo Negro, ocurridos desde la fecha en que se reinició la investigación, para la cual fue comisionada la Dra. Elvira Fano (septiembre 1995), serán cancelados por dicho Fondo Operativo. 2.- Asimismo el Instituto se compromete a realizar el traslado de las declaraciones del accidente laboral tóxico químico al Ministerio del Trabajo. 3.- A incluir en esta decisión a la totalidad de personas afectadas en este accidente. 4.- A agilizar el pago de las indemnizaciones, prestación de antigüedad y demás derechos laborales que les corresponde a los afectados” (sic).

- Por último, merece mencionarse lo acordado en la Resolución No. 339, Acta No. 26 del 7 de julio de 1999 (inserta a los folios 234 y 235 de la quinta pieza del expediente). En ella se indica:

RESOLUCIÓN: Los Miembros de la Junta Liquidadora del IVSS acordaron por unanimidad APROBAR el REGLAMENTO INTERNO DEL FONDO ESPECIAL DE SALUD destinado a los pacientes afectados por el accidente químico ocurrido en el Hospital ‘JOSÉ ANTONIO VARGAS’, de Palo Negro, Edo. Aragua”.

El Reglamento Interno del Fondo Especial de Salud, al que alude este acto administrativo, fue creado con el objeto de cubrir “…los gastos de los pacientes afectados por los hechos ocurridos el día 20 de Marzo de 1993 en el Hospital ‘José Antonio Vargas’…”, generados por los cuidados médicos especializados que estos requirieran, tal como lo prevé el artículo 1°.

            Este documento, del cual cursa en autos copia certificada por la Directora de la Secretaría de la Junta Directiva (folios 237 al 241 de la quinta pieza del expediente), tiene en el presente juicio el valor de documento administrativo, categoría que se asemeja a los documentos privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos; por ello, su eficacia probatoria se sustenta en lo dispuesto en el artículo 1.363 del Código Civil.

            Destaca en el Reglamento de marras el artículo 3, en el cual se indican los requisitos para ser beneficiarios del Fondo Especial de Salud, a saber:

Artículo 3.- Para ser beneficiario del ‘Fondo Especial de Salud’ deberá ser evaluado por el Equipo de Seguimiento y Evaluación quien con los soportes que contempla la Historia Médica autorizará el ingreso como beneficiario del fondo”.

            Asimismo, establece el artículo 5 que el Fondo Especial de Salud debía ser utilizado únicamente para gastos médicos, medicamentos, estudios bioquímicos, estudios especiales y gastos de traslado de los beneficiarios.

            Con fundamento en lo antes expuesto, puede la Sala concluir sin lugar a dudas que las Resoluciones del Consejo Directivo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y la normativa antes mencionada (todas consignadas por la representación judicial de dicho ente) dirigidas a dar solución y atender los problemas de salud ocasionados por intoxicación a aquellas personas que se encontraban en las áreas del Hospital José Antonio Vargas que quedaron afectadas por los agentes químicos, constituyen un reconocimiento por parte de ese instituto autónomo, del derecho que le asiste a las presuntas víctimas, de accionar contra este a los fines de obtener el resarcimiento de los daños.

Por tanto, siendo el 6 de noviembre de 1996  la primera oportunidad en que el referido reconocimiento se hizo patente, al establecerse en acta suscrita por representantes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y de los sindicatos que actuaron en nombre de afectados por el infortunio acaecido el 20 de marzo de 1993, los compromisos de ese organismo para brindar atención médica a quienes resultaron intoxicados, esta Sala considera que es ese el momento que interrumpe el lapso de prescripción que comenzó a transcurrir desde la fecha del accidente químico-tóxico.

De igual modo, cabe señalar que una vez reiniciado el cómputo de la prescripción a partir del 7 de noviembre de 1996, esta se vio nuevamente interrumpida el 18 de febrero de 1997, al someterse a la consideración del Consejo Directivo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales un informe sobre las necesidades y orientación epidemiológica de pacientes intoxicados por el accidente químico (elaborado por una comisión en la que intervinieron funcionarios de Medicina del Trabajo y Asistencia Médica de ese ente, así como un equipo multidisciplinario de profesionales de la medicina adscritos al mismo), y al acordarse las medidas a tomar al respecto.

Así, es claro que desde el 20 de marzo de 1993 hasta el 6 de noviembre de 1996, y luego, desde el 7 de noviembre de 1996 hasta el 18 de febrero de 1997, no habría discurrido íntegramente el referido lapso. Adicionalmente, es preciso señalar que como quiera que el lapso decenal de la prescripción se reanudó a partir del día siguiente de aquél en que se vio interrumpida, esto es, desde el 19 de febrero de 1997, el mismo tampoco transcurrió íntegramente hasta el 16 de noviembre de 2006, fecha en que se entiende realizada la citación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Por tanto, visto que en este último caso se verificó una de las circunstancias establecidas en el artículo 1.969 del Código Civil para estimar interrumpida la prescripción (esto es, que la citación del demandado se haya efectuado dentro del lapso decenal), resulta igualmente improcedente, por lo que respecta a este último período, la prescripción propuesta por el ente público accionado. Así se decide.

Es menester aclarar en este punto que la defensa opuesta por la representación judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, analizada supra, queda desechada en el caso de los ciudadanos Romelia Aurora Contreras Ramos, Fidelina Juana Pernía, Dilia Margarita Lugo Cirit, Chiquinquirá Josefina Álvarez Torres, América Lourdes Herrera Albarrán, Vilma Xiomara Contreras, Omaira Elena González, Marina Margarita Toro y Darlis Yaiditt Gamboa Contreras; pero tal pronunciamiento  no recae sobre los ciudadanos Rolman Rafael Montoya Contreras, Johann Raúl Morales Pernía, Dilmar de los Ángeles Aponte Lugo, Dayana Yoselin Barrios Herrera y Magda Eloiza Arocha Toro, toda vez que no tenían la mayoría de edad para la época en que se verificó el accidente químico-tóxico, por lo que para resolver sobre la prescripción alegada, es necesario atender a otras normas que regulan la minoridad, a las cuales se referirá este órgano jurisdiccional más adelante.

De otra parte, no puede dejar de advertir la Sala que, por lo que concierne a la oportunidad a partir de la cual comienza a contarse el lapso decenal antes referido, en la mayoría de los casos es relativamente fácil establecer que el derecho de la víctima se hace exigible a partir de la fecha del accidente que ha dado lugar a una reclamación por daños y perjuicios; ello es así, por cuanto es común que la minusvalía o discapacidad, ya sea temporal o permanente, resulte evidente para el juzgador por tratarse de la pérdida de algún miembro o sentido, o porque se vea alterada la apariencia de la persona, entre otras situaciones desafortunadas. 

Sin embargo, existen supuestos en que la certeza de haber sufrido un daño se consolida con el paso del tiempo, y es solo con base en el historial médico de la víctima en el cual quede evidenciada su evolución, y en elementos derivados del análisis que equipos multidisciplinarios puedan hacer para abordar desde distintas perspectivas la problemática suscitada y sus repercusiones en la salud física y mental, que se plantea para quien haya sufrido un infortunio la posibilidad de accionar contra el responsable del mismo.  

En otras palabras, el momento en que nace la exigibilidad de derecho para el ejercicio de la acción resarcitoria no es necesariamente aquel en que se produjo el accidente, sino aquel en que para el juzgador haya quedado demostrado que la víctima conoció con certeza que se le ha ocasionado el daño.

Dicha circunstancia pudiera presentarse en el caso de autos, toda vez que aquellos que se encontraban el 20 de marzo de 1993 en las áreas afectadas por los químicos esparcidos a través de los ductos del aire acondicionado, afirman haber sufrido enfermedades y síntomas diversos, tanto físicos como mentales, que evolucionaron de manera distinta, en virtud de los cuales fue necesario hacer un seguimiento por parte de los toxicólogos al servicio del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para determinar si tales afecciones se produjeron como consecuencia de la intoxicación química.

Sin embargo, como quiera que ya se estableció como fecha de inicio de la prescripción de la acción el acaecimiento del siniestro ya referido, aun en el supuesto en que esta Sala hubiese tomado en cuenta las distintas fechas a partir de las cuales se manifestaron las enfermedades y dolencias de los accionantes como aquellas en las que tuvo lugar el comienzo de dicho lapso, debía concluirse que el mismo no habría transcurrido íntegramente, pues resulta menos gravoso para los actores que el discurrido a partir de la fecha del accidente.  De allí que este análisis, que requeriría de un examen particularizado de cada situación, resulte innecesario. Así se decide.

Dicho lo anterior sobre la prescripción alegada, resta señalar que respecto de los ciudadanos Rolman Rafael Montoya Contreras, Johann Raúl Morales Pernía, Dilmar de los Ángeles Aponte Lugo, Dayana Yoselin Barrios Herrera y Magda Eloiza Arocha Toro, la solución es otra, pues eran menores de edad para el momento en que se produjo el infortunio.

En este sentido, debe observarse lo establecido en el artículo 1.965 del Código Civil, según el cual:

Artículo 1.965.- No corre tampoco la prescripción:

1.° Contra los menores no emancipados ni contra los entredichos

...(omissis)”.

Pues bien, como quiera que no hay prueba entre las actas procesales de que estos menores se encontraran emancipados para el 20 de marzo de 1993 o con posterioridad a dicha fecha sino por el solo hecho de haber alcanzado la mayoridad, pasa la Sala a estudiar cada caso en concreto con el objeto de determinar si ha prescrito la acción para los mencionados accionantes.  A tales efectos, debe contarse con la información pertinente evidenciada en autos, a saber:

 

 

 

Nombre

Fecha de nacimiento y su prueba

Edad al 20-3-93

Fecha en que cumplió la mayoría de edad

(1)

Rolman Rafael

Montoya Contreras

26-05-80

(según copia certificada de partida de nacimiento)

12 años

26-05-1998

(2)

Johann Raúl

Morales Pernía

15-01-84

(según copia certificada de partida de nacimiento)

9 años

 

15-01-2002

(3)

Dilmar de los

Ángeles Aponte

Lugo

18-10-92

(según copia certificada de partida de nacimiento)

5 meses

18-10-2010

(4)

Dayana Yoselin Barrios Herrera

8-06-90

(según copia certificada de partida de nacimiento)

2 años y 9 meses

08-06-2008

(5)

Magda Eloiza

Arocha Toro

19-01-83

(según copia certificada de acta inserta en los Libros de Registro Civil de Nacimientos del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua)

10 años

19-01-2001

 

            Las copias certificadas de actas y partidas en las que constan los datos arriba expuestos son instrumentos autorizados con las formalidades legales por funcionarios o empleados públicos con facultad para darles fe pública, por lo que tienen eficacia probatoria de conformidad con lo previsto en el artículo 1.357 del Código Civil.

            Con base en la información que precede, atendiendo a la edad de los demandantes y las fechas en que alcanzan la mayoridad, con relación a la prescripción de la acción, cabe distinguir dos situaciones:

            1.1.- En el supuesto de aquellos accionantes que cumplieron la mayoría de edad antes de la citación del instituto demandado, por virtud de lo dispuesto en el artículo 1.965, no comienza a correr el lapso de prescripción sino desde el momento en que estos cumplieron 18 años, edad a partir de la cual toda persona adquiere la capacidad para todos los actos de la vida civil, con las excepciones establecidas en disposiciones especiales, tal como lo prevé el artículo 18 del Código Civil.

            Así, aplicando lo dicho a cada accionante, se tiene que:

            1.1.1.- Rolman Rafael Montoya Contreras alcanzó la edad en referencia el 26 de mayo de 1998 y es a partir de esa fecha cuando comenzó a correr para él el lapso de la prescripción.

            Ahora bien, visto que es el 16 de noviembre de 2006, cuando se interrumpió dicho lapso por efecto de la citación del demandado en el presente juicio, se evidencia que el lapso a que se refiere la prescripción extintiva no había transcurrido íntegramente para esta última fecha, al verse interrumpida civilmente.

            1.1.2.- En la misma circunstancia se encuentran Magda Eloiza Arocha Toro y Johann Raúl Morales Pernía, quienes alcanzaron la mayoría de edad el 19 de enero de 2001 y el 15 de enero de 2002, respectivamente; pues tomando en cuenta que es a partir de estas fechas cuando comenzó a transcurrir la prescripción decenal para cada uno de ellos, resulta obvio que desde entonces hasta que se concretó la citación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, vale decir, hasta el 16 de noviembre de 2006, el lapso en cuestión no discurrió completamente.

            De allí que resulte improcedente el alegato relativo a la prescripción de la acción ejercida por Rolman Rafael Montoya Contreras, Magda Eloiza Arocha Toro y Johann Raúl Morales Pernía.  Así se decide.

1.2.- En el supuesto de aquellos que alcanzaron la mayoridad después del 16 de noviembre de 2006, cuando como ya se ha dicho, se tiene por efectuada la citación del ente demandado, es claro que por efecto del artículo 1.965 del Código Civil, la prescripción no comenzó a transcurrir.

Es el caso de las ciudadanas Dayana Yoselin Barrios Herrera y Dilmar de los Ángeles Aponte Lugo, quienes cumplieron la mayoría de edad en fechas 8 de junio de 2008 y 18 de octubre de 2010, esto es, con posterioridad a la interposición de la demanda y la citación del instituto autónomo demandado.

Por ende, debe la Sala declarar igualmente improcedente la prescripción extintiva esgrimida por la representación judicial del instituto autónomo demandado, en lo que concierne a las ciudadanas Dayana Yoselin Barrios Herrera y Dilmar de los Ángeles Aponte Lugo. Así también se decide.

            Expuesto lo anterior, es preciso advertir que en virtud de que en la última de las situaciones planteadas las accionantes adquirieron la capacidad de obrar en el transcurso del juicio, resulta aplicable lo contemplado en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil:

Artículo 142.- Si durante el transcurso del juicio se hiciere capaz una parte que no lo era, el procedimiento se seguirá con ella misma, pero los actos realizados antes de la comparecencia de la parte serán válidos, sin perjuicio de las reclamaciones que ésta pudiere tener contra su representante anterior.

Así, conforme a este dispositivo, se dará continuación a la causa cuando la parte que no tenga capacidad para actuar en juicio se hiciere capaz en el transcurso del mismo, siendo válidos los actos realizados antes de su comparecencia.

En aplicación de lo expuesto al caso concreto y efectuada como ha sido la revisión del expediente, resultan válidas las actuaciones llevadas a cabo en este procedimiento en representación de Dayana Yoselin Barrios Herrera y Dilmar de los Ángeles Aponte Lugo hasta el 8 de junio de 2008, y el 18 de octubre de 2010, cuando cumplieron respectivamente, 18 años de edad.

De igual modo, son válidos todos los actos procesales llevados a cabo con posterioridad a estas fechas, dado que las mencionadas ciudadanas no han comparecido por sí o por medio de abogados en este juicio a manifestar su rechazo u objeción a la realización de los mismos; ello sin perjuicio de la declaratoria de nulidad del acto de fecha 11 de junio de 2009, por el cual se dio inicio a la relación de la causa, y de los actos procesales que se verificaron con posterioridad, así como de la reposición de la causa que se acordó mediante interlocutoria dictada el 22 de junio de 2010, publicada el 23 del mismo mes y año, y registrada bajo el No. 00591. Así se decide.

2.- Otra cuestión a resolver antes de emitir pronunciamiento sobre la definitiva es la impugnación de los instrumentos (calificados todos como privados por la parte demandada) consignados por la apoderada de los actores, que planteara el representante judicial del instituto autónomo accionado en la oportunidad de contestar la demanda, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, fueron impugnadas copias fotostáticas de los siguientes documentos:

2.1.- Los que distingue la representación de los accionantes con las letras y números A-1 al A-62.

2.2.- Forma 14-73, o “Certificados de Incapacidad”, emanados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, identificados con los números 40465, 53118, 1634, 101924, 16686, 98754, 97931, 28681, 33248, 48047, 21423, 21497, 096818, 095595 y 096891.

2.3.- Los recaudos marcados B-2 y B-3.

2.4.- Los documentos distinguidos con las letras y números D2 al D-10, D-12 al D-85, E-2, F-1 al F-25, G1 al G-6 y H-1 al H-31

2.5.- Asimismo, los que se enuncian como I-1 al I-17, J1 al J-9, K-1 al K-3, K-5 al K-7 y K-9.

2.6.- Las pruebas que se marcaron L-2 al L-38, M-1, M-5, M-8, M-10, M-12 al M-38, N-2 al N-11 y N-13.

2.7.- Los documentos marcados P-1 al P-6, P-8 al P-10, P-12 al P14, y P-16 al P-44.

2.8.- Las probanzas a las que se les asignaron los siguientes números y letras: II-1 al II-4, II-6 al II-9, e II-11.

2.9.- Los documentos marcados IV-1 al IV-8, IV-10 al IV-24, IV-27 al IV-32, así como V-1 y V-2.

2.10.- Finalmente, la parte impugnante expresó:

Señala el libelo de reforma en su folio 284 textualmente lo siguiente:

‘Dejo expresa constancia que al presente escrito libelar se acompañan 458 anexos signados así: del ‘1’ al ‘14’; del ‘15-A’ al ’15-J’ y del ‘16’ al ‘18’; del ‘A-1’ al ‘A-62’; del ‘B-1’ al ‘B-3’; del ‘C1’ al ‘C-2’; del ‘D-1’ al ‘D-85’; ‘E-2’; del ‘F-1’ al ‘F-25’; del ‘G-1’ al ‘G-6’; del ‘H-1’ al ‘H-31’; del ‘I-1’ al ‘I-17’; del ‘J-1’ al ‘J-9’; del ‘K-1’ al ‘K-3’; del ‘L-1’ al ‘L-38’; del ‘M-1’ al ‘M-38’; del ‘N-1’ al ‘N-13’; del ‘II-1’ al ‘II-11’; del ‘IV-1’ al ‘IV-32’; ‘V-1’ al ‘V-3’; del ‘VI-1’ al ‘VI-7’; ‘P-1’ al ‘P-46’, todos inclusive’.

Visto lo anteriormente transcrito, en este acto, también nos oponemos, impugnamos y rechazamos de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, los 458 anexos signados en la forma como han sido transcritos”.

Por otro lado, la representación judicial de los accionantes, mediante escrito presentado el 31 de enero de 2007, insistió en el valor probatorio de los documentos impugnados, y alegó que “...la presunta impugnación de los instrumentos privados, hecha por los abogados del IVSS, con fundamento en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, sin expresar razones, como si se trataran todos de unas copias simples de instrumentos privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, es ilegal y carece de toda fundamentación jurídica...”.

Observa la Sala que la impugnación formulada está dirigida a restar eficacia probatoria a la totalidad de las documentales acompañadas por la parte actora al libelo de la demanda.

Tal proceder imponía a la parte que los hizo valer, la carga de emplear los distintos mecanismos previstos en el Código de Procedimiento Civil de acuerdo a la naturaleza jurídica de cada prueba para contradecir la impugnación, o a traer al juicio original o copia certificada del instrumento.

Dicho esto es preciso señalar que sin perjuicio del derecho que tienen las partes de valerse en el procedimiento de los medios o figuras jurídicas que les permitan lograr un pronunciamiento favorable a los intereses de sus representados, el uso indiscriminado de tales instituciones con el propósito de hacer recaer en la otra parte una carga que superaría los límites de lo razonable, podría poner de manifiesto el ejercicio de una práctica desleal, cuya prohibición se encuentra establecida en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil.

En criterio de la Sala, esta es precisamente una falta al deber que tienen las partes en juicio de actuar con probidad lo que se aprecia en el caso de autos, y ello por cuanto el apoderado del instituto autónomo demandado impugnó todas las documentales (458 pruebas) agregadas al expediente junto con el libelo de la demanda invocando para ello únicamente el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil (con el cual puede atacarse la fidelidad de las copias fotostáticas de documentos públicos, privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos), sin tomar en cuenta la variedad de probanzas y su distinta naturaleza.

En efecto, la impugnación ejercida pretende afectar la fuerza probatoria de documentos como: copia certificada de partida de nacimiento (marcadas C-1 y G-1); copia certificada de actuaciones realizadas por el Juzgado Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua con motivo de la causa signada con el No. 5C-707-01 (marcada D-11); originales de informes médicos llevados a cabo en clínicas privadas (marcados D-77, F-16, F-18, H-7, M-19, entre otros); originales de informes y/o estudios médicos emitidos por profesionales de la medicina al servicio de distintos centros médicos adscritos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (siendo algunos de ellos, los marcados A-2, H-15, H-22, K-3, L-2, M-33); originales de certificados de incapacidad emitidos por el referido ente (como los distinguidos con las letras y números D-13 al D-15).

Siendo tan diversas las probanzas señaladas como formas establecen las normas adjetivas de objetar su valor probatorio, y visto además que la parte que se opone a las pruebas consignadas en el expediente se limitó a impugnarlas conforme a lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, mencionándolas por el número y letra que se le asignó a cada una, sin aportar otros argumentos que lleven a este juzgador a la convicción de que existen dudas razonables sobre su eficacia probatoria, debe la Sala desechar el referido mecanismo. Así se declara.

Ha de advertirse en este punto que tal decisión no apareja la consecuencia de considerar valoradas favorablemente todas las documentales arriba indicadas. A esta labor se dedicará la Sala más adelante, atendiendo a la relevancia que tenga cada prueba, en sustento de los alegatos esgrimidos por ambas partes.

Así, el análisis probatorio se apoyará en su mayor parte, en los estudios e informes demostrativos del acaecimiento del accidente químico el 20 de marzo de 1993 y sus consecuencias, así como en documentos como partidas de nacimiento (en el caso de los actores que no tenían la mayoría de edad para ese momento) e historias médicas.

En particular, las documentales que conforman la historia médica de los actores se encuentran marcadas con letras y números en las piezas del expediente que a continuación se indican:

Nombre

Pruebas marcadas

con letras y números, seguidas de la pieza del expediente en la cual se  encuentran insertas:

Romelia Aurora Contreras Ramos

A-1 al A-62 (Anexo A)

Darlis Yaiditt Gamboa Contreras

B-1 al B-3 (Anexo A)

B-DOS a B-OCHO (folios 518 al 536 de la 4ta. pieza)

Fidelina Juana Pernía

D-1 al D-85 (Anexo A)

Dilia Margarita Lugo Cirit

F-1  al F-25 (Anexo A)

Vilma Xiomara Contreras

H-1 al H-31 (Anexo A)

Chiquinquirá Josefina Álvarez Torres

I-1 al I-17 (Anexo A)

América Lourdes Herrera Albarrán

J-1 al J-9 (Anexo A)

J-UNO a J-SIETE (folios 537 al 547 de la 4ta. pieza)

Omaira Elena González

L-1 al L-38 (Anexo A)

Marina Margarita Toro

M-1 al M-38 (Anexo B)

Rolman Rafael Montoya Contreras

C-DOS (Folio 516 de la 4ta. pieza)

Johann Raúl Morales Pernía

E-2 (Anexo A)

Dilmar de los Ángeles Aponte Lugo

G-1 al G-6 (Anexo A)

Dayana Yoselin Barrios Herrera

K-1 al K-3 (Anexo A)

K-UNO, K-DOS, K-3, K-4 (folios 548 al 552 de la 4ta. pieza)

Magda Eloiza Arocha Toro

N-2 al N-11 y N-13 (Anexo B)

 

            Asimismo, tienen particular importancia  las pruebas de informes evacuadas, mediante las cuales diversos centros de salud remitieron a esta Sala información sobre los exámenes médicos realizados a algunos de los accionantes y su correspondiente diagnóstico. Además, deberán tomarse en cuenta los que fueron rendidos por el Ministerio Público, en el documento contentivo del “Resumen del Accidente Químico Tóxico, Caso La Ovallera” remitido por los médicos M.A. Arellano Parra y Águeda Elvira Fano en fecha 8 de septiembre de 1999.

            A este se agregan otros informes emanados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales con ocasión del infortunio, los cuales constan entre las pruebas promovidas en esta causa por la parte actora, y que se describen a continuación:

            - Estudio intitulado “PRIMER INFORME / RESULTADOS PRELIMINARES DEL DEPARTAMENTO DE TOXICOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL TRABAJO I.V.S.S. VALENCIA”, del 16 de junio de 1993; elaborado por la doctora Maryorit Colmenares Salvatierra, farmacéutico-toxicólogo y Coordinadora del Laboratorio de Toxicología del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Región Central, y por el doctor Asdrúbal Larez, farmacéutico-toxicólogo contratado como Toxicólogo Asesor por dicho ente administrativo durante la investigación.

            -  “INFORME DE INVESTIGACIÓN TOXICOLÓGICA EN EL HOSPITAL LA OVALLERA ‘JOSÉ ANTONIO VARGAS’ SECTOR LA OVALLERA PALO NEGRO. MARACAY - ESTADO ARAGUA”, de fecha 22 de Julio de 1993, elaborado por la doctora Maryorit Colmenares Salvatierra, identificada precedentemente.

            - “INFORME PRELIMINAR” de fecha 8 de agosto de 1993, contentivo de un estudio de investigación toxicológica de centinelas biológicos en el Hospital José Antonio Vargas. Este estudio fue presentado por la doctora Maryorit Colmenares Salvatierra, antes identificada.

            - “INFORME PRELIMINAR” de fecha 8 de agosto de 1993, contentivo de una investigación toxicológica de Flúor y etilenglicol, en el Hospital José Antonio Vargas, desde el 22 de junio hasta el 11 de julio de 1993. Este trabajo fue presentado por la doctora Maryorit Colmenares Salvatierra, ya identificada.

            - Informe intitulado “ACCIDENTE QUÍMICO EN EL ‘HOSPITAL’ JOSÉ A. VARGAS DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES / SECTOR LA OVALLERA. PALO NEGRO. MARACAY. ESTADO ARAGUA. 1993, de agosto de 1997. Elaborado por el doctor M. A. Arellano Parra y por la doctora Águeda Elvira Fano, ambos toxicólogos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

A tales estudios (a los cuales se referirá la Sala en detalle más adelante) se les otorga eficacia probatoria en el presente juicio conforme a lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.363 del Código Civil; ello, por considerarlos documentos administrativos formados por funcionarios al servicio del ente demandado, que dan fe de determinados hechos en tanto no sean controvertidos en virtud de otras probanzas con mayor fehaciencia.

3.- En otro orden de ideas, el apoderado del organismo accionado rechazó la estimación de la demanda, para lo cual alegó que la parte actora no estableció “...el monto global y verdadero de la demanda...”.  Por tal razón, afirma que no se ha cumplido con el requisito preceptuado en el ordinal 4° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil.

De la revisión de las actas procesales se observa que a los folios 283 y siguientes de la segunda pieza del expediente, en el cual se encuentra inserta la reforma de la demanda, la apoderada judicial de los accionantes enunció claramente las indemnizaciones que forman parte de lo pretendido por cada uno de sus representados. Del mismo modo, se aprecia que la referida profesional del derecho estimó la demanda en la cantidad de treinta y ocho mil doscientos millones de bolívares (Bs. 38.200.000.000,00), que actualmente se expresan en la suma de treinta y ocho millones doscientos mil bolívares (Bs. 38.200.000,00).

No obstante lo constatado anteriormente, pasa esta Sala a hacer las siguientes consideraciones sobre el argumento planteado por el apoderado judicial del ente demandado:

Como podrá verse, la demanda interpuesta contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales persigue el resarcimiento a las supuestas víctimas del infortunio ocurrido en el Hospital José Antonio Vargas el 20 de marzo de 1993, por el daño moral que estas habrían sufrido en virtud de las afecciones aparentemente generadas por la “TRANSMISIÓN [de la intoxicación por agentes químicos] DE PERSONA A PERSONA” (agregado de la Sala).

Al respecto, el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil prevé lo siguiente:

Artículo 38.- Cuando el valor de la cosa demandada no conste, pero sea apreciable en dinero, el demandante la estimará.

El demandado podrá rechazar dicha estimación cuando la considere insuficiente o exagerada, formulando al efecto su contradicción al contestar la demanda. El Juez decidirá sobre la estimación en capítulo previo en la sentencia definitiva... (omissis)”.

Pues bien, tratándose de la reparación de un daño moral que tiene su origen en la afectación de la víctima en la esfera psicológica o espiritual, resulta lógico que no conste el valor de la cosa demandada.  Sin embargo, como lo prevé el dispositivo parcialmente transcrito, puede el demandante estimarla (como en efecto lo hizo), debiendo advertirse en este punto que la misma no es vinculante para el Juez, en virtud de la facultad que le está atribuida en esta materia de fijar prudencialmente el monto de la aludida indemnización.

Dicho esto, es pertinente agregar que en el caso sometido a la consideración de la Sala, la parte accionante dio cumplimiento a lo preceptuado en el ordinal 4° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, según el cual el demandante deberá determinar con precisión el objeto de la pretensión. En tal sentido, se aprecia que la representación judicial de los actores expuso suficientemente los datos necesarios para dejar establecido que su reclamo se sustenta en la supuesta afectación de la salud de sus mandantes.

Por las razones que anteceden, esta Sala declara improcedente el argumento esgrimido por el representante judicial del instituto autónomo accionado sobre la omisión de uno de los requisitos de forma del libelo de la demanda.  Así se decide.

VI

MOTIVACION

            Se pasa a continuación a decidir sobre el mérito del asunto controvertido, y a tales efectos debe determinarse si procede o no la indemnización que por daños morales reclaman los demandantes, en virtud de la intoxicación de la cual alegan haber sido víctimas, como consecuencia del accidente ocurrido el 20 de marzo de 1993 en el Hospital José Antonio Vargas, ubicado en el sector La Ovallera, en el Municipio Libertador del Estado Aragua, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

1.- En este sentido, explica la apoderada de los accionantes que ese día 2 contratistas (Arista Centri Servicios, C.A. y Enterprise S.R.L.) se encontraban realizando trabajos de mantenimiento a los equipos e instalaciones de los sistemas de aire acondicionado, así como de fumigación de las áreas internas y externas del hospital, en los que se utilizaron productos químicos entre ellos menciona el “Lume Plus” y el “Kaotrin 25.

Atribuye el daño físico ocasionado a las víctimas, a la falta de vigilancia y coordinación del ente demandado en relación con estas labores; y en términos generales, agrega que tampoco dio importancia al hecho “...de que el personal de guardia había manifestado desde tempranas horas, un malestar generalizado, el cual se agudizó hacia horas del mediodía...”.

De allí que fundamente su demanda en lo previsto en los artículos 1.185 y 1.191 del Código Civil, siendo el último de estos el dispositivo conforme al cual se considera a los dueños, principales o directores, responsables del daño causado por el hecho ilícito de sus sirvientes y dependientes, siempre que este se produjera en ejercicio de sus funciones.

Por su parte, la representación judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales niega que su poderdante tuviera la obligación de supervisar las actividades realizadas por las contratistas y que con este argumento los actores reconocen que los autores de la tragedia son las referidas sociedades mercantiles.

Adicionalmente, niega que su representado tenga la cualidad de dueño, principal o director, a los que alude el artículo 1.191 del Código Civil, y aduce que las empresas Arista Centri Servicios, C.A. y Enterprise, S.R.L., que llevaron a cabo trabajos en el Hospital José Antonio Vargas el 20 de marzo de 1993, no son sirvientes o dependientes, sino contratistas.

2.- Expuesta en forma general la controversia suscitada, corresponde de seguidas referirse a los aspectos sobre los cuales no existe debate.

En este sentido, se observa que el apoderado judicial del ente accionado contradijo la demanda en todas sus partes, por lo que en principio no habría cuestiones coincidentes sobre los hechos y argumentos esgrimidos en el asunto bajo análisis.  Sin embargo, al folio 5 de la pieza 4 del expediente se puede constatar que el referido profesional del derecho alude a los servicios de mantenimiento del sistema de aire acondicionado y de fumigación que prestaban el 20 de marzo de 1993 las empresas Arista Centri Servicios, C.A. y Enterprise, S.R.L., respectivamente, para afirmar que los demandantes reconocieron que dichas personas jurídicas son las responsables de la tragedia y excluir su responsabilidad en los hechos denunciados.

Visto que el representante del ente accionado partió de estos argumentos para negar que su mandante tenga la cualidad de dueño, principal o director (que figura como requisito en el artículo 1.191 del Código Civil, para estimar generada la responsabilidad objetiva en virtud de hechos ilícitos causados por sus sirvientes o dependientes), y que dichas empresas tengan el carácter de sirvientes o dependientes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; esta Sala tomará como aspectos no debatidos en este juicio, los siguientes hechos:

2.1.- Que el 20 de marzo de 1993 se encontraban realizando trabajos de limpieza y mantenimiento del sistema de aire acondicionado y de fumigación, las sociedades mercantiles Arista Centri Servicios, C.A. y Enterprise, S.R.L., respectivamente.

2.2.- Durante la ejecución de tales labores se produjo una reacción química que afectó a las personas que se encontraban en el recinto.

Adicionalmente, sobre las circunstancias bajo las cuales tuvo lugar el infortunio sucedido en el Hospital José Antonio Vargas el 20 de marzo de 1993, de los que tiene conocimiento esta Sala en virtud de haberse pronunciado en otros juicios incoados contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales con motivo de los daños generados por el evento señalado, este órgano jurisdiccional expuso en sentencia dictada el 25 de noviembre de 2003, publicada el 26 del mismo mes y año, y registrada bajo el No. 01867, que:

En primer lugar, se desprende de los aludidos artículos de prensa, los cuales constituyen un hecho notorio comunicacional, que las condiciones de tiempo, forma y lugar en que ocurrió el accidente son ciertas.  Asimismo, aprecia la Sala que tal situación constituye también un hecho admitido, toda vez que la representación judicial del I.V.S.S., en ningún caso negó el prenombrado accidente ni la presencia de la demandante en el lugar, por el contrario dicho Instituto pretendió citar en garantía a la empresa de mantenimiento contratada para la limpieza y fumigación de los ductos de aire acondicionado del Hospital donde laboraba la ciudadana Ruth Damaris Martínez Lezama”.

3.- Corresponde a continuación determinar si hay lugar o no a la indemnización por los daños morales denunciados por los accionantes, y para ello es preciso referirse al régimen conforme al cual deberá analizarse el caso de autos.

El régimen de la responsabilidad de la Administración contemplado al momento de la ocurrencia del hecho denunciado como generador del daño que se reclama, se encontraba establecido en el artículo 47 de la Constitución de la República de Venezuela de 1961, que prescribía con relación a la responsabilidad patrimonial del Estado resultante de su actuación cuando esta comportase daños a los particulares, que “En ningún caso podrán pretender los venezolanos ni los extranjeros que la República, los Estados o los Municipios les indemnicen por daños, perjuicios o expropiaciones que no hayan sido causados por autoridades legítimas en el ejercicio de su función pública”.

Por su interpretación a contrario, el referido texto consagraba un mecanismo de responsabilidad en el cual tanto los venezolanos como los extranjeros podían reclamar indemnización por daños, perjuicios y expropiaciones al Estado, si estos fueron causados por autoridades legítimas en ejercicio de sus funciones.

Por otra parte, el artículo 206 de la misma Constitución de 1961, atribuyó a la jurisdicción contencioso-administrativa la competencia para condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en la responsabilidad de la Administración, estableciendo de este modo una noción objetiva de responsabilidad; texto que en la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue incorporado bajo el artículo 259, con la mención, ahora expresa, de que también a la jurisdicción contencioso-administrativa le corresponde conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos.

Confirman los textos constitucionales citados que la Administración está obligada a la reparación en toda circunstancia, esto es, tanto por su actuación ilegítima, lo que resulta obvio, como si en el ejercicio legítimo de sus cometidos ocasiona daños a los administrados. Por lo que  resulta válido el principio según el cual la actuación del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones organizativas a través de las cuales ejerce el poder y presta servicios a la comunidad, debe siempre resarcir a los particulares, tanto si por el resultado de su actuación se produce la ruptura del equilibrio social, manifestado en la igualdad que debe prevalecer entre los ciudadanos ante las cargas públicas, denominado por la doctrina “responsabilidad sin falta o por sacrificio particular”, como porque el daño deviene del funcionamiento anormal de la Administración Pública.

En la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el ámbito de responsabilidad patrimonial de la Administración se extiende, de acuerdo con su artículo 140, a “…los daños que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública”, consagrando en definitiva y sin margen de dudas, la responsabilidad objetiva, patrimonial e integral de la Administración, cuando con motivo de su actividad ocasione daños a los particulares, no importando si el funcionamiento dañoso de la Administración ha sido normal o anormal, a los fines de su deber resarcitorio.

De manera que tanto la Constitución de 1961, vigente para la fecha en que ocurrió el infortunio en el Hospital José Antonio Vargas, como la de 1999, establecen el sistema de la responsabilidad patrimonial del Estado en el campo que le es propio al conocimiento y competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin que sea necesario –como regla general– recurrir a las fuentes del derecho civil sobre el hecho ilícito, para determinar dicha especial responsabilidad.

No obstante lo expuesto, se advierte que en todo caso la controversia planteada puede analizarse a la luz de los preceptos de la actual Carta Magna; ello en aplicación de los lineamientos expuestos con carácter vinculante por la Sala Constitucional en sentencia No. 1469 del 6 de agosto de 2004, en la cual se señaló que “Al establecer la Constitución de 1999 un principio objetivo de la responsabilidad del Estado, el mismo puede aplicarse favorablemente a situaciones acontecidas antes de la vigente Constitución, en razón del principio de interpretación progresiva de los derechos fundamentales”.

Siendo terminante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela respecto al ámbito bajo examen, cabe observar que dicho texto contempla el resarcimiento patrimonial de los daños que sufran los particulares por el funcionamiento de la Administración, en cualquiera de sus bienes y derechos, lo cual implica que el daño moral es igualmente indemnizable, si este tiene origen en una actividad imputable a la Administración.

Llegado a este punto, es menester advertir que lo expuesto precedentemente alude a una responsabilidad directa de la Administración; sin embargo, existen otros casos como el de autos, en los que la responsabilidad del Estado surge de forma refleja, o lo que es lo mismo, el daño se origina al mediar la intervención de un tercero, supuestos en los que resulta necesario acudir, no solo a la regla general de responsabilidad antes comentada, sino también a los supuestos de responsabilidad civil que tienen una regulación específica.

Así, esta Sala advierte que la pretensión de la parte actora se apoya en la denuncia de un supuesto hecho ilícito que atribuye a un ente que integra la Administración Pública, de manera indirecta, esto es, por intermedio de terceros. Por ello, considera este Alto Tribunal que la procedencia de una indemnización por los daños morales que se le han imputado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, derivados del deterioro de la salud física y mental de los accionantes, como consecuencia de un accidente químico generado por sus contratistas, puede analizarse a la luz de los artículos 1.185 y 1.191 del Código Civil, en los cuales se fundamentó la demanda.

En particular, la última de estas normas dispone que:

Artículo 1.191.- Los dueños y los principales o directores son responsables del daño causado por el hecho ilícito de sus sirvientes y dependientes, en el ejercicio de las funciones en que los han empleado”.

Ahora bien, la parte actora pretende imputar al ente demandado, por los hechos acaecidos el 20 de marzo de 1993 en el Hospital José Antonio Vargas, una responsabilidad de carácter excepcional, que nace en cabeza de los dueños, principales o directores, por los daños ocasionados en virtud de un hecho ilícito cometido por el sirviente o dependiente en el ejercicio de sus funciones (en el caso sub examine, las sociedades mercantiles Arista Centri Servicios, C.A. y Enterprise, S.R.L., contratistas que ese día cumplían funciones de mantenimiento del sistema de aires acondicionados y fumigación, respectivamente, en ese centro médico asistencial). 

Este tipo de responsabilidad por hecho ajeno se caracteriza por ser objetiva, lo que significa que no les es posible a los primeros, demostrar la ausencia de culpa, pues opera en su contra una presunción que no admite prueba en contrario; ello es así, por cuanto el legislador ha considerado que sobre tales dueños, principales o directores recaía la obligación de elegir bien a sus subordinados o vigilar su desempeño en razón de la autoridad que detentan frente a ellos (culpa in eligendo o culpa in vigilando). Pueden en cambio, desvirtuar la relación de causalidad entre la culpa y el daño generado (presunción iuris tantum), sosteniendo la existencia de una causa extraña no imputable que permita excluir su responsabilidad. 

Con fundamento en la normativa mencionada, será preciso establecer los siguientes elementos: a) el daño sufrido por la parte actora; b) la circunstancia de que el hecho dañoso fue cometido por el sirviente o dependiente; c) la cualidad de dueño, director o principal que tiene el ente accionado.

Para decidir, pasará la Sala a establecer si están dados los extremos arriba indicados, por ser estos los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual que los demandantes le atribuyen al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, por los daños supuestamente ocasionados por 2 contratistas a las cuales se les encomendó el 20 de marzo de 1993, el mantenimiento del sistema de aire acondicionado y la fumigación de las áreas internas y externas del Hospital José Antonio Vargas.

3.1.- El primer extremo a determinar es el de los daños ocasionados a  los actores, que deben quedar demostrados a través de los tres géneros de pruebas promovidos por los accionantes en la oportunidad legal prevista para ello, a saber: la documentación emanada de galenos al servicio de centros asistenciales adscritos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, así como la que emanó de instituciones médicas privadas (en cuyo caso se hace necesario constatar su ratificación por vía testimonial), y las pruebas de informes rendidas por estos profesionales en las cuales se indicaron los exámenes médicos realizados y sus resultados.

Revisadas como han sido las actuaciones que conforman el expediente, se observa que en lo que atañe a la historia médica de cada accionante, fueron promovidas diversas probanzas, entre las cuales figuran informes elaborados por profesionales de la medicina al servicio de instituciones privadas y de instituciones públicas, adscritas al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

En este sentido, vista la gran cantidad de documentales consignadas en su mayoría por la parte actora, esta Sala apoyará  su pronunciamiento en las pruebas de informes evacuadas en esta causa, así como en los estudios, informes y referencias elaborados en centros asistenciales al servicio del ente demandado. Estos últimos se consideran documentos administrativos, que integran una tercera categoría de instrumentos, que han sido asimilados según la jurisprudencia pacífica y reiterada de esta Sala, a los instrumentos privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos; por consiguiente sus originales o copias fotostáticas han de valorarse favorablemente conforme a lo dispuesto en los artículos 1.363 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil, respectivamente. En tal sentido, se tiene por cierto su contenido, en tanto que las declaraciones efectuadas en ellos no sean objeto de impugnación por cualquier otro género de pruebas capaz de desvirtuar su veracidad.

Por lo que respecta a los informes y otros instrumentos suscritos por galenos que ejercen en instituciones privadas, estos no podrán valorarse favorablemente, habida cuenta que no fueron ratificados por vía testimonial, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.

Dicho esto, la Sala extraerá del cúmulo probatorio, aquellos instrumentos en los cuales se sustenta la pretensión de los actores.

3.1.1.- Romelia Aurora Contreras:

3.1.1.1.- Marcada A-3, cursa en el Anexo A del expediente informe del 26 de mayo de 1993, emitido por la médico radiólogo Dra. Flor Ramos (M.S.A.S.), del Hospital Central de Maracay, en el cual dio a conocer los resultados de cortes tomográficos practicados en abdomen y pelvis; concluyéndose lo siguiente:

CONCLUSIÓN: LESIONES CON LAS CARACTERÍSTICAS Y LAS UBICACIONES SEÑALADAS PARA EL ÓRGANO HEPÁTICO A CORRELACIONARSE CON ABSCESOS.

LESIÓN QUÍSTICA DE ANEXO IZQUIERDO HACIENDO ÉNFASIS EN EL TAMAÑO DEL ÓRGANO UTERINO.

NO EXISTE EVIDENCIA DE DERRAME PLEURAL O DE COLECCIÓN SUBFRÉNICA ASOCIADA”.

3.1.1.2.- De igual modo, destaca “Evaluación de Incapacidad Residual” (prueba A-34), realizada en fecha 29 de mayo de 1996 por el médico psiquiatra Wilfredo Bianco H. (M.S.A.S. 15.434), mediante el cual se diagnosticó a la paciente síndrome mental orgánico y depresión involutiva a causa de “INTOXICACIÓN CON ETILENGLICOL”. Se indicó además, en lo que concierne a su evolución, que se apreciaba una “ACENTUACIÓN PROGRESIVA DE SU SINTOMATOLOGÍA LO QUE DECIDIÓ HACIA LA CRONICIDAD SU CUADRO DEPRESIVO”. El estado de salud de la paciente se describe como sigue:

PACIENTE QUIEN SUFRE INTOXICACIÓN CON ETILENGLICOL EN MARZO DEL 93; SUPERADO EL EPISODIO AGUDO COMENZÓ A PRESENTAR CUADRO CARACTERIZADO POR EPISODIOS DE AGITACIÓN PSICOMOTORA QUE SE ACOMPAÑAN DE DESORIENTACIÓN TEMPORO ESPACIAL; NIVEL DE ATENCIÓN DISPERSO; ALTERACIÓN O NIVEL DE SU MEMORIA DE FIJACIÓN Y EVOCACIÓN; HIPERTIMIA NEGATIVA ACENTUADA; IDEA SISTEMATIZADA DE INFRAVALORACIÓN Y MINUSVALÍA; INSOMNIO, ANOREXIA Y TRASTORNOS PARA EL EQUILIBRIO Y LA MARCHA. ESTA SINTOMATOLOGÍA SE HA VENIDO PROFUNDIZANDO PROGRESIVAMENTE POR LO QUE LA PACIENTE SE ENCUENTRA INCAPACITADA TOTAL Y PERMANENTEMENTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES LABORALES”.

3.1.1.3.- Por otra parte, se observa que  mediante examen audiológico practicado a la actora el 11 de mayo de 1998, los profesionales de la salud del Servicio de Audiología del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Janett A. Mariño V. (Terapista de Lenguaje, titular de la cédula de identidad No. 6.977.387) y Salvador Tobacco (cuya número de inscripción en el entonces Ministerio de Sanidad y Asistencia Social aparece ilegible, encontrándose inscrito en el Colegio de Médicos bajo el No. 14.782), le diagnosticaron “hipoacusia neurosensorial derecha” y ordenaron realizar control audiológico anual.

3.1.1.4.- De Hoja de Consulta y Referencia del organismo accionado (marcada A-42), se evidencia que en fecha 31 de agosto de 1998, la Dra. Emma López de Pardo (M.S.A.S. 9.488), psiquiatra al servicio del ente demandado, evaluó a la ciudadana Romelia Aurora Contreras Ramos, e hizo constar lo siguiente:

Se atiende nuevamente a Romelia Contreras de 50 años, quien ya estuvo por esta consulta debido a insomnio, trastornos de memoria y cefalea. Se indicó Tmto. [tratamiento] con (…) con mejoría del insomnio cuando integró el grupo de pacientes intoxicados que estuvieron hospitalizados durante 6 meses. Fue evaluada posteriormente por neurología cumpliendo actualmente Tmto. con (…) por encefalopatía tóxica diagnosticada por neurología.

Para el momento actual NO HAY EVIDENCIA de trastornos mentales” (Agregado de esta Sala).

3.1.1.5.- En Hoja de Referencia de fecha 9 de noviembre de 1998, dirigida al “Servicio (ilegible) Física y Rehabilitación” (marcada A-43), que muestra membrete del Hospital Dr. J.M. Carabaño Tosta, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la Dra. Zaida Córdoba (M.S.A.S. 50.018), médico internista, señaló:

Se trata de paciente fem. de 50 años de edad portadora de artrosis degenerativa de columna cervical, por lo que se agradece valoración y conducta por ese servicio”.

Con fundamento en los informes y referencias anteriores, esta Sala tiene por demostrado el daño ocasionado a la ciudadana Romelia Aurora Contreras Ramos. Así se decide.

3.1.2.-  Darlis Yaiditt Gamboa Contreras

A continuación debe analizarse si con ocasión del evento tóxico ya comentado, se habría generado un daño a la ciudadana Darlis Yaiditt Gamboa Contreras, quien no se encontraba el 20 de marzo de 1993 en el Hospital José Antonio Vargas, ni trabajaba al servicio de este.

Observa la Sala que para entonces la actora tenía 27 años de edad, lo cual puede deducirse de la información que aporta la copia certificada de su partida de nacimiento, cursante al folio 517 de la cuarta pieza del expediente. En esta documental, que se valora de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, por ser documento público, se indica que Darlis Yaiditt, hija legítima de Romelia Contreras de Gamboa y Luis Gamboa, nació el 28 de febrero de 1966.

Ahora bien, no obstante que su apoderada judicial afirma en el libelo de la demanda que a los 22 años de edad, la actora debió ser operada de la vesícula y que a los 25 años de edad se le diagnosticó osteoporosis, esta Sala solo tomará en cuenta aquellos padecimientos que se manifestaron después de los 27 años de edad, cuando se produjo el comentado accidente; entre estas afecciones sólo se considerarán aquellas que se encuentren documentadas por profesionales de la medicina al servicio de centros hospitalarios adscritos a entes de la Administración Pública, toda vez que no se ratificaron por vía testimonial aquellos exámenes, diagnósticos y prescripciones suscritos por galenos que atendieron a la accionante en clínicas privadas.

Así, de la revisión de las actas procesales se aprecia que la mayoría de los informes médicos en los cuales se apoya la acción intentada por esta ciudadana, fueron emitidos por médicos al servicio de la Fundación Ambulatorio del Norte.

Al respecto, ha de advertirse que salvo por la hoja de referencia expedida el 15 de agosto de 2005 (que aparece en autos marcado B-DOS y de contenido ilegible) por la Dra. Maribel Castejón (M.S.D.S. 64.428), en cuyo membrete se aprecian los logos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y de la Corporación de Salud del Estado Aragua, las restantes documentales emanadas de la referida Fundación, no contienen mención alguna del organismo de adscripción.

Sin embargo, en atención a las características anotadas, la Sala valorará todos los documentos (estudios, informes y referencias) producto de la evaluación y diagnóstico de Darlis Yaiditt Gamboa Contreras en ese centro asistencial, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.363 del Código Civil, por considerar que al ser emitidos por profesionales de la salud al servicio de un ente que forma parte de la Administración Pública, constituyen documentos administrativos cuya valoración se asemeja a la de los documentos privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos. 

Dicho esto, se observa que las afecciones de la ciudadana Darlis Yaiditt Gamboa Contreras que comenzaron a manifestarse con posterioridad al evento químico, quedan evidenciadas a través de las siguientes pruebas:

3.1.2.1.- Cursa al folio 520 de la cuarta pieza del expediente (marcado B-TRES), informe de fecha 17 de agosto de 2005 emanado de la Dra. Mayela Muñoz Gotto, médico ecosonografista (M.S.A.S. 52.201) de la Fundación Ambulatorio del Norte, mediante el cual hizo constar que el examen realizado es “…SUGESTIVO DE: MICROLITIASIS RENAL BILATERAL”.

3.1.2.2.- En Informe de Presión Arterial realizado en el Ambulatorio del Norte en fecha 24 de agosto de 2005, la Dra. Yelitza Rodríguez, médico internista y cardiólogo (M.S.A.S. 52.705), hizo constar:

1.- Monitoreo ambulatorio de TA [tensión arterial]/ 24 horas con episodios aislados de HTA [hipertensión arterial] con TA máxima 191/143 mmHg.

(…)

3.- HTA NO CONTROLADA”.

3.1.2.3.- De ecocardiograma y estudio Doppler llevado a cabo en el Ambulatorio del Norte en fecha 26 de agosto de 2005, el Dr. Rubén D. Meléndez Useche, cardiólogo ecocardiografista y médico internista (M.S.A.S. 47.092), presentó las siguientes conclusiones:

- Ventrículo izquierdo con diámetro y espesores dentro de la normalidad. Función sistólica global y segmentaria normal. FE: 65%

- Función diastólica normal.

- Dilatación leve de la Aurícula izquierda.

- Cavidades derechas normales, con función contráctil del VD conservada.

- Válvula mitral con discreto prolapso de la valva anterior, que ocasiona insuficiencia leve (I/IV).

- Válvula aórtica estructural y funcionalmente normal.

- Válvula pulmonar estructural y funcionalmente normal.

- Insuficiencia tricuspídea leve (II/IV)

- Presión sistólica pulmonar: 33 mmHg.

- Pericardio normal.

- Dilatación de Vena Cava Inferior y Suprahepáticas. Colapso inspiratorio de Vena Cava<50%”.

3.1.2.4.- Al folio 536 de la cuarta pieza del expediente, cursa informe médico del Departamento Médico Odontológico expedido el 5 de febrero de 2007 por la Dra. Ludmila Reyes (M.S.A.S. 26.156), en el cual se hace indica que ha sido tratada desde octubre de 2006, “con impresión diagnóstica de: 1) Hipertensión Arterial; 2) Obstrucción nasal severa”.

Tomando en cuenta los resultados de los exámenes a los cuales debió someterse la accionante, en los que se advierten problemas renales y de hipertensión, esta Sala considera satisfecho el primer requisito de la responsabilidad civil extracontractual.  

3.1.3.- Fidelina Juana Pernía

3.1.3.1.- El Resumen Clínico de  fecha 28 de abril de 1993 (marcado D-2), elaborado por el Dr. Eddy Gómez, médico al servicio de la Unidad de Reumatología del Hospital Central de Maracay (sin mención de su inscripción en el entonces Ministerio de Sanidad y Asistencia Social) en razón de la evaluación médica interna practicada a esta paciente, evidencia lo siguiente:

Paciente femenina de 39 años, (…) quien consulta por malestar general mareos y cólicos abdominales. Refiere inicio EA el día jueves 22-4-93 en horas de la mañana en sitio de trabajo (IVSS-La Ovallera) presentó: Pérdida súbita del conocimiento con fasciculaciones musculares, mialgias y dificultad respiratoria (…). Al recuperar la conciencia 5’ [segundos] después presentaba visión borrosa, fasciculaciones, debilidad generalizada y ciclos de hipotensión-hipertensión. Han desaparecido fasciculaciones y dificultad respiratoria. Persisten hasta hoy mareos, visión borrosa y debilidad muscular…”. (Agregado de la Sala).

3.1.3.2.- En copia certificada el 30 de junio de 2004 por la Secretaria del Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, cursa Oficio No. 142-7795 de fecha 17 de diciembre de 1993 (marcado D-12) dirigido al Juzgado del Municipio Libertador en Palo Negro, Estado Aragua, por los médicos Germán Oviedo (M.S.A.S. 5.703) y Jesús Zoppi González (cuya inscripción en el entonces Ministerio de Sanidad y Asistencia Social no se aprecia claramente del sello húmedo estampado bajo su firma), pertenecientes a la Medicatura Forense de Maracay, del entonces Cuerpo Técnico de Policía Judicial, expusieron su opinión profesional del reconocimiento médico practicado a la ciudadana Fidelina Juana Pernía, en los siguientes términos:

Paciente tratada por Bronquitis obstructiva, Cistitis severa y Síndrome vertiginoso post-intoxicación en la Ovallera.

Tiempo probable de curación sesenta (60) días, con igual número de días de incapacidad para sus labores habituales, salvo complicaciones” (sic).  

3.1.3.3.- Marcado D-33, cursa informe del 21 de junio de 1994, dirigido a la Coordinación Docente del Hospital José Antonio Vargas y elaborado por el Dr. Edgar Carvallo, médico industrial (sin mención del número de inscripción en el entonces Ministerio de Sanidad y Asistencia Social) al servicio de la Dirección de Medicina del Trabajo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, este último expuso con relación a la ciudadana Fidelina Juana Pernía, lo que se indica a continuación:

Paciente femenina de 42 años de edad, quien fue evaluada clínicamente en Medicina del Trabajo I.V.S.S., por presentar: Dificultad Respiratoria a consecuencia de la exposición a sustancias químicas en accidente ocurrido en el Hospital José A. Vargas de La Ovallera Palo Negro el 20 de Marzo de 1993. La paciente mantuvo control y seguimiento por este Servicio en forma periódica así como también fue derivada a consultas especializadas en el área respiratoria (NEUMONOLOGÍA), por donde fue evaluada y tratada médicamente con diagnóstico de: BRONCOESPASMO, recibiendo tratamiento sintomático, fue vista por O.R.L., diagnosticándose: SÍNDROME VERTIGINOSO PAROXÍSTICO.

La evolución clínicamente de la paciente se alterna, períodos de mejoría con períodos de exacerbación de cuadro clínico respiratorio y vértigo. Manteniendo controles periódicos por dicha especialidad (NEUMONOLOGÍA Y O.R.L.)” (sic).

3.1.3.4.- Del informe (distinguido como D-63) elaborado en fecha 7 de enero de 1997  por la Dra. Ana María Isern (sin mención de su especialidad ni de su inscripción en el entonces Ministerio de Sanidad y Asistencia Social), de la Unidad de Ultrasonido del Servicio de radiodiagnóstico, en el Hospital Oncológico Padre Machado, en virtud de estudio tiroideo practicado a la actora, se llegó a la siguiente conclusión:

“- GLÁNDULA TIROIDEA AUMENTADA DE TAMAÑO CON CRITERIOS DE UN BOCIO DIFUSO MICRONODULAR.

- ESTRUCTURAS VASCULARES DE CUELLO NORMALES.

- NO SE IDENTIFICARON MASAS EXTRATIROIDES”.

3.1.3.5.- La Dra. Rosa Sanó, médico radiólogo (M.S.A.S. 36.837) del Hospital Central de Maracay, en informe del 14 de septiembre de 1999 (marcado D-70) hizo también referencia a los resultados obtenidos en relación con ultrasonido de tiroides realizado a la paciente:

GLÁNDULA TIROIDES: Muy aumentada de volumen, con bordes finamente irregulares (…).

CONCLUSIÓN: TRASTORNO PARENQUIMATOSO TIROIDEO EN RELACIÓN A BOCIO DIFUSO SE SUGIERE CORRELACIONAR CON HISOPATOLÓGICO”.

3.1.3.6.- Mediante informe de fecha 13 de junio de 2000 (distinguido como D-81), elaborado con ocasión de resonancia magnética practicada a la demandante, la Dra. María Teresa Guédez (M.S.A.S), médico radiólogo del Hospital Central de Maracay, hizo constar los siguientes hallazgos:

CONCLUSIÓN:

- LEVE DISCOPATÍA DEGENERATIVA L4-L5, L5-S1.

- HERNIA DISCAL CENTRAL EXTRUIDA INTRALIGAMENTARIA L4-L5.

- LEVE PROTRUSIÓN DISCAL CENTRAL L5-S1.

- CAMBIOS OSTEOARTRÓSICOS LUMBOSACROS DISCRETOS

- LEVE ROTOESCOLIOSIS LEVOCONVEXA DORSO LUMBAR”.

3.1.3.7.- Asimismo, se encuentra inserto en el expediente (marcado D-43), documento emitido en fecha 12 de mayo de 2004 por el Director de Medicina del Trabajo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en el cual se hace constar que:

“…la Dra. FIDELINA PERNÍA, titular de la cédula de identidad N° 4.091.339, fue evaluada por la Comisión Especial de los afectados del accidente químico ocurrido en el Hospital ‘José A. Vargas’, La Ovallera. Edo. Aragua, el día 20/03/1993 y como consecuencia del mismo se le otorgó una incapacidad total y permanente con los diagnósticos de:

- Encefalopatía tóxica

- Trastornos de conducta

- Hipotiroidismo

- H.T.A.”

En razón de las anteriores probanzas, en las cuales se explican las diversas afecciones de la ciudadana Fidelina Juana Pernía, esta Sala tiene por demostrada la existencia del daño. Así se decide.

3.1.4.- Dilia Margarita Lugo Cirit

3.1.4.1.- En Hoja de Consulta y Referencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (marcada F-7), expedida el 30 de noviembre de 1995 por un profesional de la salud del servicio de cardiología cuyo nombre, firma y datos de identificación aparecen ilegibles, se indica:

Se trata de paciente de 50 años portadora de factores de riesgo para cardiopatía isquémica: con antecedentes de Hipertensión arterial desde hace un año…”.

3.1.4.2.- De informe (distinguido como F-9) elaborado por el Dr. Francis Partidas, médico radiólogo del Hospital Central de Maracay (sin mención de sus datos de identificación), en virtud de ultrasonido abdominal y pélvico practicado a la actora, se evidencia lo siguiente:

CONCLUSIÓN: HIGADO CON TRASTORNOS DIFUSOS DEL PARENQUIMA COMPATIBLES CON INFILTRACIÓN GRASA.

(…)

CONCLUSIÓN: HALLAZGOS ECOGRÁFOCPS SUGESTIVOS DE:

- COLECCIÓN INTRAUTERINA PROBABLEMENTE HEMATOMETRA , CORRELACIONAR CON ANTECEDENTES.

- ANEXOS NO EVALUADOS”.

3.1.4.3.- En la historia psiquiátrica de la ciudadana Dilia Margarita Lugo Cirit (marcada F-17), expedida el 1° de julio de 1997 por el Dr. Sigrid Hernández (sin mención de sus datos de identificación), de la Unidad de Psiquiatría de Enlace del Hospital Dr. Domingo Luciani, se hizo constar:

EXAMEN MENTAL

Paciente quien se encuentra en su habitación y mantiene una actitud colaboradora durante la entrevista, (…). Sin alteraciones cuantitativas de conciencia. Orientada globalmente alo-autopsíquicamente. Atención adecuada, con dificultades para concentrarse en una actividad específica (como leer según refiere la paciente). Lenguaje bien articulado, tono de voz modulado cónsono con el discurso. Pensamiento curso normal, contenido sobre su problemática actual. (…) Memoria se observan dificultades para registrar, retener, recordar y reconocer información nueva, lo que genera ansiedad en la paciente y sensación de impotencia. No hay alteraciones de la memoria remota, existen episodios de olvido, como (Dejar el dinero de un cheque en la taquilla del banco, perderse en el sector donde habita desde hace 30 años). Inteligencia luce promedio bajo, se evalúa el pensamiento abstracto. Se observa una incapacidad del paciente para afrontar situaciones hipotéticas nuevas así como su capacidad de abstracción, siendo incapaz de encontrar similitudes y diferencias entre palabras, animales, objetos, lo que genera en la paciente angustia. No hay alteraciones de la sensopercepción observables, ni referidas por el paciente ni alteraciones del juicio”.

3.1.4.4.- En el informe elaborado el 20 de enero de 2000 con ocasión de la mamografía bilateral (distinguida como F-20), realizada por la Dra. Gladys Palacios M. (M.S.A.S. 28.023), médico radiólogo del Hospital Central de Maracay, se presentó la siguiente conclusión:

CONCLUSIÓN:

- COMPONENTE FIBROGLANDULAR EN MAYOR PROPORCIÓN QUE LO ESPERADO PARA LA EDAD DE LA PACIENTE CON IMAGEN DE APARIENCIA NODULAR EN CUADRANTE SUPERO-EXTERNO DERECHO QUE AMERITA CORRELACIÓN CON ESTUDIO ECOSONOGRÁFICO”.

3.1.4.5.- En informe de “RX  DE COLUMNA CERVICAL” (signado F-21) practicado a la demandante el 20 de enero de 2000, el Dr. Néstor Bauste (M.S.A.S. 34.620), médico radiólogo del Hospital Central de Maracay, se indicó:

CONCLUSIÓN:

CAMBIOS DEGENERATIVOS INCIPIENTES A NIVEL DE COLUMNA CERVICAL”.

3.1.4.6.- En “HOJA DE EVOLUCIÓN PARA CONSULTA EXTERNA” del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (marcada F-24) de fecha 13 de julio de 2004, emitida por la Dra. Nemesia Croquer Sergo (M.S.A.S. 28.247), médico internista del Hospital J.M. Carabaño Tosta, se expone respecto de la accionante que:

Se trata de [paciente] femenina 59 a [años] conocida por los diagnósticos de:

- Nódulo mamario CSE de mama derecha

- Hipotiroidismo

- Hipertensión arterial

- Sínd. [síndrome] del túnel del carpo

- Discopatía degenerativa cervical”. (Agregado de la Sala).

De las probanzas antes enunciadas y de las cuales se transcribieron las conclusiones más importantes, llega la Sala a la convicción de que se ha generado un daño a la ciudadana Dilia Margarita Lugo Cirit, por lo que se tiene por cumplido en su caso, el primer requisito de la responsabilidad que pretende imputar al ente demandado. Así se decide.

 

 

3.1.5.- Vilma Xiomara Contreras

3.1.5.1.- En copia simple de Hoja de Consulta y Referencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (signada H-1), la Terapeuta Ocupacional Narlis Díaz (sin mención de otros datos que la identifiquen), dejó constancia en fecha 20 de abril de 1994 de lo siguiente:

Pcte. [paciente] que ingresa a esta unidad el 6-4-94 referida del servicio de traumatología por presentar dolor a nivel de columna dorso-lumbar, actualmente con tto. [tratamiento] en esta unidad lográndose disminución del dolor en región lumbar y cervical, sin embargo persiste dolor a nivel de columna cervical, parestesias (…). Se sugiere continuar tto. Durante dos semanas más”.  (Agregado de la Sala).

3.1.5.2.- De estudio de la columna cervical (marcado H-5), realizado en el servicio de radiología del ente accionado el 29 de junio de 1998, por la Dra. Julia Guevra de Guilbert (sin mención de otros datos de identificación), especialista en neurodiagnóstico y neuroradiología, surge la siguiente conclusión:

CONCLUSIÓN:  -Cervico-Artropatía Moderada

- Cervico-radiculopatía C3-C6 y C4-C5 DERECHA”.

3.1.5.3.- En un estudio de “COLUMNA N° 1 y 6” (distinguido como H-9) practicado por la misma profesional de la medicina el 8 de marzo de 1999 en el servicio de radiología del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, se dejó constancia de los siguientes hallazgos:

Espacios intervertebrales conservados.

Pérdida curva fisiológica raquis dorso-lumbar.

Tendencia a la incurvación dorsal.

Discreta asimetría pélvica

(…)

Conclusión: Dorso-Lumbo-algia de E.A.P.

3.1.5.4.- En informe de “RX DE COLUMNA CERVICAL”, realizado en fecha 24 de septiembre de 1999 por la Dra. María Teresa Guedez (M.S.A.S. 36.152), médico radiólogo del Hospital José Antonio Vargas, se indicó:

CONCLUSIÓN:

- RECTIFICACIÓN DE LA LORDOSIS CERVICAL.

- CERVICOARTROSIS LEVE.

- DISCRETA DISMINUCIÓN FORAMINAL DEL IV AGUJERO DE CONJUNCIÓN IZQUIERDO”.

3.1.5.5.- En la “HOJA DE RESUMEN FINAL” del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (marcada H-15) la Dra. Tania  N. Rojas (M.S.A.S. 53.626), médico cirujano, dejó constancia de las afecciones diagnosticadas a la demandante, entre las cuales menciona:

1.- Hipocalcemia

2.- HTA [hipertensión arterial]

3.- Drepanocitosis

4.- Cervicobraquialgia

5.- Hipotiroidismo”.

3.1.5.6.- De examen de resonancia magnética de columna lumbo-sacra (marcado H-17), realizado por el Dr. Oscar Tenreiro (M.S.A.S. 25.641) en el Hospital Central de Maracay el 20 de agosto de 2000, surgieron las siguientes conclusiones:

CONCLUSIÓN:

- ANILLO FIBROSO PROMINENTE A NIVEL L4-L5, CON HERNIA DISCAL FORAMINAL L4 IZQUIERDA DISCRETA.

- CAMBIOS DEGENERATIVOS LEVES A MODERADOS DE COLUMNA LUMBO-SACRA, CON DISMINUCIÓN DE LA AMPLITUD DE LOS FORÁMENES L4 Y L5 EN FORMA SIMÉTRICA”.

3.1.5.7.- De informe de resonancia magnética de columna cervical (marcado H-27) expedido el 6 de septiembre de 2002 en el Hospital Central de Maracay por el profesional de la salud antes referido, se indica que la paciente presenta:

“- HERNIA DISCAL CENTRAL Y PARACENTRAL IZQUIERDA EN LOS SEGMENTOS C3-C4 Y C6-C7.

- CAMBIOS DEGENERATIVOS DIFUSOS DE COLUMNA CERVICAL

- PEQUEÑA PROTRUSIÓN DE DISCO CENTRAL A NIVEL C5-C6”.

En razón de los diagnósticos parcialmente transcritos, la Sala considera que se ha verificado un daño que se manifestó en el deterioro de la salud de la ciudadana Vilma Xiomara Contreras. Así se decide.

3.1.6.- Chiquinquirá Josefina Álvarez Torres

3.1.6.1.- En planilla de “EVOLUCIÓN” de la actora (distinguida como I-4) emitida en fecha 6 de septiembre de 1999, que presenta sello húmedo del Hospital J.M. Carabaño Tosta, la Dra. Milagros Álvarez (M.S.A.S. 42.027) indicó que la paciente se estaba tratando por habérsele diagnosticado “HTA [hipertensión arterial] sistémica; Artritis Reumatoidea de reciente Dx [diagnóstico], obesidad, dislipidemia  y várices grado III” (agregado de la Sala).  

3.1.6.2.- En planilla del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (marcada I-8) suscrita el 22 de noviembre de 1999 por la Dra. Milagros Álvarez, antes identificada, esta profesional de la salud solicita al servicio de “Gastroenterología (Dr. Zabaleta)” del Hospital José María Carabaño Tosta, lo que sigue:

“…Valoración y conducta de paciente (ilegible) de 53 a [años] con Dx [diagnóstico] de HTA [hipertensión arterial], artritis rematoidea, obesidad, dislipidemia, várices, discopatía cervical, actualmente con trastornos digestivos: gastritis medicamentosas, flatulencia, colitis aguda”. (Agregado de la Sala).   

3.1.6.3.- En informe elaborado el 17 de enero de 2003 (marcado I-16) por la Dra. Nelly A. Jara Ramírez (M.S.A.S. 28.307), médico ecografista integral del Hospital Central de Maracay, se concluye lo siguiente:

ESTUDIO ECOGRÁFICO ABDOMINAL SUGESTIVO DE:

* ESTEATOSIS HEPÁTICA LEVE

* LITIASIS VESICULAR ÚNICA

3.1.6.4.- Mediante informe de la misma fecha  (marcado I-17), expedido por el Dr. Oscar Tenreiro (M.S.A.S. 25.641), médico radiólogo del Hospital Central de Maracay, se deja constancia de:

- CAMBIOS DISCOPÁTICOS DEGENERATIVOS DIFUSOS LEVES A MODERADOS DE COLUMNA CERVICAL.

- PEQUEÑA PROTRUSIÓN DE DISCO PARACENTRAL IZQUIERDA A NIVEL C6-C7”.

De las probanzas antes mencionadas se colige que se ocasionó un daño que desmejoró la salud de la ciudadana Chiquinquirá Josefina Álvarez Torres, por lo que en su caso el primer requisito de la responsabilidad civil extracontractual se encuentra satisfecho. Así se decide. 

3.1.7.- América Lourdes Herrera Albarrán

3.1.7.1.- De informe de fecha 4 de julio de 1996 (marcado J-1), expedido por el Dr. Francis Partidas, médico radiólogo del Hospital Central de Maracay (sin otra identificación), se constata que el estudio realizado a la paciente arroja como conclusión “ESCOLIOSIS DORSO-LUMBAR DEXTRO-CONVEXA”.

3.1.7.2.- En Hoja de Consulta y Referencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de fecha 19 de mayo de 1998 (distinguida como J-2), el Dr. Douglas Ledezma (M.S.A.S. 34.301), médico traumatólogo, señaló:

Paciente quien se encuentra en control desde Ago/96 cuando consultó por dolor lumbar. Se le realizó Rx que evidenció escoliosis lumbar dextroconvexa de 20°.

Además refería cervicalgia, se le realizó TAC columna cervical NORMAL. Ha recibido tratamiento médico con discreta mejoría, pero ha presentado reagudización del cuadro doloroso lumbar y cervical en varias oportunidades, progresiva en intensidad…”.

3.1.7.3.-  En Hoja de Consulta y Referencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de fecha 28 de abril de 1999 (marcada J-5), el mismo profesional de la medicina indicó:

Paciente femenina, de 36 años de edad, quien se encuentra en control por escoliosis lumbar sintomática.

Ha consultado en varias oportunidades y se le indica reposo + tratamiento médico y mejora. Al regresar a sus labores se presenta de nuevo la sintomatología dolorosa.

Se debe considerar el cambio de área de trabajo”.

3.1.7.4.- De informe radiológico (distinguido como J-7) llevado a cabo en el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta el 31 de marzo de 2000 por la médico radiólogo, Dra. Yanet Cardozo (sin otra identificación), se evidencia lo siguiente:

CONCLUSIÓN: ROTOESCOLIOSIS TORACO-LUMBAR”.

3.1.7.5.- En el informe de incapacidad de la ciudadana América Lourdes Herrera Albarrán (marcado J-9) de fecha 2 de agosto de 2001, la Directora de Medicina del Trabajo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales dejó constancia que a los fines de declarar su incapacidad se consideraron los siguientes diagnósticos clínicos:

“- Fibrosis pulmonar

- Trastorno ventilatorio restrictivo severo

- Rinitis alérgica”.

De las anteriores probanzas, arriba la Sala a la conclusión de que a la accionante se le ocasionó un daño que repercutió en el deterioro de su salud; de allí que se encuentre cumplido el primer extremo de la responsabilidad civil por hecho ilícito. Así se decide.

 

3.1.8.- Omaira Elena González

3.1.8.1.- En Hoja de Referencia del Hospital Dr. José María Carabaño Tosta del 22 de mayo de 1995 (signada L-2), se hizo constar:

Quien suscribe Dra. Zully J. Contreras D. Médico en Ejercicio profesional M.S.A.S. 34.092, C.M.A.3.117, C.I. 5.643.808, Director del Centro Hospitalario José María Carabaño tosta hace constar que en Historia Médica de esta paciente marcada con el # 363-05-14 de ingreso 23-03-93 a las 10:45 a.m. por presentar (ilegible) - Mareos - Disnea, cuyo diagnóstico provisional establecido en la misma es Intoxicación por sustancia desconocida. Dx: clínico final: Sospecha de intoxicación por etilenglicol. (…) Se da Alta Médica el 5/4/93 según refiere por buenas condiciones generales” (sic).

3.1.8.2.- Mediante nota manuscrita al reverso de una Hoja de Órdenes Médicas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (marcada L-17), en fecha 19 de abril de 1998 la Dra. Águeda Elvira Fano, médico toxicólogo al servicio de ese ente, indicó:

  “Dermatología:

Manchas hipocrómicas universales a predominio de miembros sup. [superiores] e inferiores.

Antecedente: exposición accidental a sustancias químicas múltiples (1993)…”. (Agregado de la Sala).

3.1.8.3.- En Hoja de Consulta y Referencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales sin fecha (marcada L-20), la Dra. Fátima Correia (M.S.A.S. 31.151), hizo constar respecto de la ciudadana Omaira Elena González, que se trata de:

Paciente procedente de accidente químico de la Ovallera quien presenta desde hace meses Otitis Media (ilegible) a consecuencia de Obstrucción Nasal Constante…” (sic).

3.1.8.4.- En Hoja de Consulta y Referencia del ente accionado del 22 de mayo de 1998 (distinguida como L-22), con sello de ese instituto autónomo en el que se lee: “Consulta / Cirugía de la Mano”, el Dr. Castillo (sin otra referencia) dejó constancia del diagnóstico de la demandante:

Sínd. [síndrome] Túnel Carpiano derecho”. (Agregado de la Sala).

3.1.8.5.- En Hoja de Evolución para Consulta Externa del instituto autónomo demandado (signada como L-18), que presenta sello húmedo del Hospital José María Carabaño Tosta, la Dra. Milagros Álvarez (M.S.A.S. 42.027), médico internista solicita el 14 de octubre de 1999 al servicio de Dermatología:

“…valoración de paciente (ilegible) afectada de la Ovallera, la cual posterior a accidente químico presenta lesiones, manchas hipocrómicas que luego se tornan blanquecinas; otras en región palmar lesiones papulares; tipo vesículas las cuales no expulsan contenido y desaparecen espontáneamente” (sic).

3.1.8.6.- En Hoja de Consulta y Referencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, suscrita el 22 de octubre de 1998 (marcada L-25), el Dr. Gustavo A. Pirela (M.S.A.S. 18.904), médico tratante del servicio de traumatología, hace constar que la actora presenta:

Patología Cervical Dolorosa que amerita uso de Collarín…”.

3.1.8.7.- Mediante Hoja de Consulta y Referencia del ente accionado con fecha ilegible (marcada L-29), la Dra. Milagros Álvarez, antes identificada, solicitó al Servicio de Cardiología:

 “…valoración de paciente el cual ha presentado taquicardia y irregularidad en cifras tensionales” (sic).

3.1.8.8.- Mediante nota (marcada L-33) dirigida a la Dra. Águeda Elvira Fano, médico toxicólogo del instituto autónomo demandado, el Dr. Gustavo A. Pirela, antes identificado, expone:

Se evalúa a [la] paciente Omaira González con degeneración columna cervical, motivo por el cual se pide RMN.

Favor mantener reposo”. (Agregado de la Sala).

En vista de las evaluaciones médicas a las que debió someterse la actora, y de sus respectivos diagnósticos, esta Sala tiene por cierto que a esta se le ocasionó un daño el cual se concretó en el deterioro de su salud física.

3.1.9.- Marina Margarita Toro

3.1.9.1.- En Hoja de Consulta y Referencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (marcada M-12), suscrita en fecha 30 de marzo de 1993 por un profesional de la medicina (solo identificable por tener asignada la clave: 25.081), se hizo constar que se trata de:

Pac. [paciente] fem. [femenina] 33a [33 años] quien presentó el Domingo 21-03-93 cefalea intensa, mareos, tos seca con dificultad para respirar presente estudio laríngeo luego de exposición a componente de limpieza”. (Agregado de la Sala).

3.1.9.2.- Mediante Hoja de Consulta y Referencia del instituto autónomo accionado (marcada M-17), la Dra. Irene Pajak P. (M.S.A.S. 31.936), especialista en neumonología clínica, emitió el informe médico (sin fecha) de la actora, en los siguientes términos:

Paciente femenina de 40 años la cual estuvo expuesta y presentó intoxicación en 1993 en Accidente Químico en La Ovallera Hosp. José A. Vargas IVSS.  La misma está en control por cuadros de disnea de inicio en crisis con broncoespasmo recibiendo Tto. [tratamiento] con esteroides sistémicos e inhalados asociados con (…). Control desde 1998, con patrón mixto a predominio obstructivo. En enero 2000 inició terapia con (…). En la actualidad reinicia cuadro de disnea grado I-II al suspender Tto. Arriba indicado…”.  (Agregado de la Sala).

3.1.9.3.- En informe de ultrasonido mamario (distinguido como M-26), emitido en fecha 23 de octubre de 2000 por la Dra. Gladys Palacios (M.S.A.S. 28.023), médico radiólogo del Hospital Central de Maracay, se concluye:

- COMPONENTE FIBROLANDULAR DISCRETAMENTE EN MAYOR PROPORCIÓN DE LO ESPERADO PARA LA EDAD DE LA PACIENTE SIN EVIDENCIA DE LESIÓN FOCAL”.

3.1.9.4.- En informe de mamografía bilateral  (signada M-27) practicado a la actora el 4 de abril de 2001 por la Dra. Luisa Herrera (M.S.A.S. 24.915), médico radiólogo del Hospital Central de Maracay, se indicó:

CONCLUSIÓN: MAMAS CON PRESENCIA DE TEJIDO GLANDULAR EN CANTIDAD DOMINANTE.

ASPECTO DENSO SUGESTIVO DE CONDICIÓN FIBROQUÍSTICA”.

3.1.9.5.- En informe de resonancia magnética de columna lumbo-sacra/cervical/cerebral, realizada el 28 de noviembre de 2000, se hizo constar las siguientes conclusiones:

RM DE COLUMNA LUMBO-SACRA.

(…)

CONCLUSIÓN

- LEVE DISCOPATÍA DEGENERATIVA L5-S1.

- DISCRETA PROMINENCIA DEL ANILLO FIBROSO L4-L5 Y L5-S1.

- NO HAY HERNIA DISCAL

RM DE COLUMNA CERVICAL:

(…)

CONCLUSIÓN:

- LEVE DISCOPATÍA DEGENERATIVA CERVICAL

- MÍNIMA PROMINENCIA DEL ANILLO FIBROSO C5-C6, C6-C7 Y DE MAYOR MAGNITUD C4-C5.

- ACENTUADA RECTIFICACIÓN DE LA LORDOSIS CERVICAL, A CORRELACIONARLO CON ESTUDIO DINÁMICO EN RADIOLOGÍA SIMPLE A FIN DE VALORAR ESTABILIDAD CERVICAL

RM CEREBRAL”.

(…)

CONCLUSIÓN:

- PEQUEÑA ÁREA DE MICROANGIOPATÍA DE ASPECTO ISQUÉMICO CRÓNICO SUBCORTICAL FRONTAL IZQUIERDA.

- RESTO DEL ESTUDIO SIN EVIDENCIA DE HALLAZGOS PATOLÓGICOS”.

3.1.9.6.- En Oficio No. 393 del 31 de agosto de 2007, dirigido a la ciudadana María Gutiérrez, Jefe del Departamento para Pensiones de Empleados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, por la Directora de ese ente, se expone que a causa del accidente químico ocurrido en el Hospital José Antonio Vargas en el año 1993, se otorgó incapacidad total permanente, entre otros empleados, a la ciudadana Marina Margarita Toro, a quien se le diagnosticó para entonces, lo siguiente:

Osteopenia moderada

Hipocalcemia

S. Depresivo

Patología pulmonar con patrón mixto, a predominio obstructivo leve”.

Vistas las anteriores afecciones, para esta Sala se encuentra demostrado el daño, concretado en la afectación de salud de la ciudadana Marina Margarita Toro. Así se decide.

3.1.10.- Rolman Rafael Montoya Contreras:

Su apoderada judicial no consignó en autos más que copia certificada de su partida de nacimiento, copia simple de diploma que le otorgara la Liga Preparatoria de Beisbol Menor Criollitos de Venezuela, y una orden médica (en original) manuscrito en una hoja de prescripciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de fecha 6 de diciembre de 2006, suscrito por la médico general Nilsy de Trujillo (M.S.A.S. 29.983), para la realización de una ecografía renal. En esta última, se lee:

Ecografía

Rolman Montoya. Pte. [paciente] masc. [masculino] de 26 años quien refiere lumbalgia a predominio derecho.  Ecografía Renal”. (Agregado de la Sala).

Dicho esto, a juicio de la Sala los documentos antes referidos no son suficientes para probar el daño supuestamente sufrido por Rolman Rafael Montoya Contreras en virtud de los sucesos acaecidos el 20 de marzo de 1993 en el Hospital José Antonio Vargas. En este sentido, el otorgamiento de un diploma al accionante es una probanza que acompañada de un medio capaz de generar en la Sala la convicción de que las consecuencias de la intoxicación se verificaron en él (como por ejemplo, un informe médico), hubiese permitido inferir su afectación y que esta, de ser el caso, impidió que desarrollara con normalidad sus actividades. No siendo este el supuesto, resulta imposible concluir que las documentales descritas sustenten el daño alegado.

En lo concerniente a la orden médica, cabe anotar que la misma se limita a indicar los síntomas que Rolman Rafael Montoya Contreras dijo sufrir, razón por la cual se ordenó la realización de una ecografía renal; de allí que al no probar este documento la existencia de una afección, sino solamente la de una sintomatología que el paciente afirma tener, el mismo no podrá valorarse favorablemente en este juicio.

3.1.11.- Johann Raúl Morales Pernía:

            De las actas procesales se observa que el único documento, consignado en original, en el que se hace mención de la salud del accionante es el informe médico emitido en fecha 11 de febrero de 2004 por la doctora Rosa Rosetti, especialista en medicina familiar del Ambulatorio El Limón, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

            En él se indica lo siguiente:

Pac. [paciente] masc. [masculino] de 20 a. [años] de edad con neonatal e infancia sin antecedentes patológicos. (...) en el año 1995 con hiperactividad bronquial, mialgias y alergias frecuentes concomitante con bajo rendimiento escolar.  En julio de 1993 presentó convulsión (...) siendo evaluado por el neurólogo Dr. Delgado, quien dx [diagnosticó] epilepsia generalizada (sin antecedente fliar. [familiar]) indica tratamiento a base de  (...), presentando 3 crisis convulsivas  anual y trastornos de conducta con persistencia de bajo rendimiento escolar  y disminución en memoria a pesar del tratamiento, por lo que se indica terapia de sostén (psicoterapia), mejorando dicha sintomatología, siendo evaluado permanentemente por la Dra. Esmeralda Viso, Neumonólogo del I.V.S.S. Carabaño Tosta, quien evidencia mejoría manteniendo tratamiento con ac. valproico de por vida. Actualmente paciente en condiciones estables con vigilancia médica” (sic). (Agregado de la Sala).

Con base en este documento, la Sala considera que las afecciones señaladas en él se configuran en un daño a su salud, por lo que se estima cumplido el primer requisito de la responsabilidad civil extracontractual. Así se decide.

            3.1.12.- Dilmar de los Ángeles Aponte Lugo:

            3.1.12.1.- Constancia manuscrita de fecha 12 de noviembre de 2006 (consignada en original), suscrita por el doctor Peter Piotrowski, nefrólogo pediatra que para la fecha laboraba en el Hospital José Antonio Vargas, quien señaló.

Se hace constar que la escolar femenina de 11 años, en control por consulta de nefrología pediátrica, desde los 5 años de edad (1997), portadora de hipercalciuria e hiperuricosuria. Recibe tratamiento con solución de citrato de potasio al 10,8 %”.

            3.1.12.2.- Informe de psiquiatría sin fecha, que muestra firma ilegible y sello húmedo del Hospital José Antonio Vargas (en original), en el que se indica:

Se trata de escolar de 11 a [años] de edad (...).  La paciente presenta índices de crecimiento y desarrollo superiores a lo esperado para su edad, sin embargo, presenta cefaleas constantes, desorientación temporo-espacial y trastornos en su memoria de fijación.  Se impone descartar lesión (...) cerebral. Se solicita EEG – RM cerebral”. (Agregado de la Sala).

            3.1.12.3.- Testimonial rendida el 12 de agosto de 2008 por la ciudadana Susana Domitila Gómez Medina, titular de la cédula de identidad No. 9.654.740, quien dijo conocer de vista, trato y comunicación a las ciudadanas Dilia Margarita Lugo Cirit y Dilmar de los Ángeles Aponte Lugo.  Asimismo, contestó a otras preguntas que se le formularon como sigue:

SEGUNDA: DIGA LA TESTIGO DESDE CUÁNDO CONOCE A LAS CIUDADANAS DILIA LUGO Y DILMAR APONTE?.  CONTESTÓ: A DILIA DESDE HACE AÑOS Y A DILMAR DESDE QUE NACIÓ. TERCERA: DIGA LA TESTIGO SI TIENE CONOCIMIENTO QUE LA CIUDADANA DILIA LUGO SUFRIÓ UNA INTOXICACIÓN QUÍMICO-TÓXICA EN EL AÑO 1993, EN EL HOSPITAL DEL SEGURO SOCIAL DE LA OVALLERA? CONTESTÓ: Sí.  CUARTA: DIGA LA TESTIGO CÓMO HA CAMBIADO LA VIDA DE LAS CIUDADANAS DILIA LUGO Y DILMAR APONTE DESPUÉS DE LA INTOXICACIÓN SUFRIDA Y CÓMO HA AFECTADO EN SU VIDA FAMILIAR Y CON SUS AMISTADES. CONTESTÓ: sí ha cambiado porque ella no era agresiva, la niña siempre está en el liceo y siempre está desmayada en el liceo y las buscan sus hermanas, son como personas como aturdidas, hablas con ellas y luego dicen cosas que no se refieren al tema... (omissis)”. 

            Del testimonio bajo estudio se constata que la ciudadana Susana Domitila Gómez Medina afirma que conoce a Dilmar de los Ángeles Aponte Lugo desde que nació y que, adicionalmente, sufre de frecuentes desmayos y aturdimiento.

Debe valorarse esta prueba conforme a lo establecido en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, y a tales efectos se observa que la declaración referida a los desmayos que presuntamente sufre la accionante, responde, por una parte, al conocimiento de los hechos por terceros, por lo que respecto de ese hecho se trata de una testigo referencial.  Por otro lado, lo dicho con relación al supuesto aturdimiento de la adolescente obedece a la percepción que tiene quien declaró, sobre la salud de la demandante, pues si bien hay un informe psiquiátrico, de su lectura no se evidencia que se hayan diagnosticado los síntomas aludidos por la testigo.

            De tal manera que lo expuesto en la testimonial por sí solo no genera dudas a la Sala, pero de su análisis en conjunto con las demás probanzas aportadas al procedimiento, se deriva que no es concordante con estas para demostrar con precisión las afecciones en que se concretó el deterioro del estado físico y mental de Dilmar de los Ángeles Aponte Lugo, por cuanto añade a las ya señaladas por galenos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, otras que no aparecen avaladas por estos. En consecuencia, se desestima el valor probatorio de estas declaraciones.

Ahora bien, en vista de que los primeros dos documentos que anteceden a la testimonial parcialmente transcrita, fueron emitidos por un galeno al servicio del instituto autónomo accionado, y contienen las opiniones o conclusiones médicas sobre los síntomas y afecciones que se han detectado en la paciente, se tiene por cierto el daño denunciado. Así se decide.

            3.1.13.- Dayana Yoselin Barrios Herrera:

            3.1.13.1.- Examen de orina (distinguido como K-3) realizado a la demandante el 13 de julio de 1995 en el Servicio de Bioanálisis del Hospital José Antonio Vargas.

            3.1.13.2.- Documento manuscrito del 30 de agosto de 2000 (marcado K-2), mediante el cual la doctora Nubia Paredes (M.S.A.S. 17.385), al servicio del área de Neumonología Infantil del Hospital José Antonio Vargas, refiere a la niña Dayana Yoselin Barrios Herrera para su evaluación.

            3.1.13.3.- Testimonial rendida el 12 de agosto de 2008 por el ciudadano Germán Francisco Barrios Chávez, quien respondió a las preguntas que se le formularon, lo siguiente:

PRIMERA: DIGA EL TESTIGO SI CONOCE DE VISTA TRATO Y COMUNICACIÓN A LOS SIGUIENTES CIUDADANOS ROMELIA CONTRERAS, DARLIS GAMBOA, ROLMAN MONTOYA, FIDELINA PERNÍA, JOHANN MORALES, DILIA LUGO, DILMAR APONTE, VILMA CONTRERAS, CHIQUINQUIRÁ ÁLVAREZ, AMÉRICA HERRERA, DAYANA BARRIOS, OMAIRA GONZÁLEZ, MARINA TORO Y MAGDA AROCHA? CONTESTÓ: sí, a todos, pero específicamente a la ciudadana América Herrera y Dayana Barrios.  SEGUNDA: DIGA EL TESTIGO DESDE CUANDO CONOCE A LA CIUDADANA AMÉRICA HERRERA Y DAYANA BARRIOS? CONTESTÓ: la conozco desde hace veintiséis años. TERCERA: DIGA EL TESTIGO SI TIENE CONOCIMIENTO QUE LAS CIUDADANAS AMÉRICA HERRERA Y DAYANA BARRIOS, SUFRIERON UNA INTOXICACIÓN QUÍMICO-TÓXICA EN EL AÑO 1993, EN EL HOSPITAL DEL SEGURO SOCIAL DE LA OVALLERA? CONTESTÓ: Sí. CUARTA: DIGA EL TESTIGO SI HA OBSERVADO ALGÚN CAMBIO EN EL ESTADO DE SALUD FÍSICO Y MENTAL LUEGO DE LA INTOXICACIÓN DE LA QUE FUERA OBJETO LA CIUDADANA AMÉRICA HERRERA Y DAYANA BARRIOS? CONTESTÓ: Bastante, antes de la intoxicación era una persona normal, (...) la muchacha Dayana Barrios empezó también a sufrir que le dieron parálisis facial en varias oportunidades y es una niña que también está anormal por agarra unas rabias que no es normal, porque se pone agresiva...(omissis)” (sic).

            De las documentales consignadas nada puede deducirse sobre las enfermedades contraídas por la accionante desde el momento en que se verificó el evento contaminante con los productos químicos presentes en el Hospital José Antonio Vargas el 20 de marzo de 1993.  De allí que estos, pese a tener valor de documentos administrativos, no prueban el daño producido a la salud de Dayana Yoselin Barrios Herrera.

En lo que atañe a la declaración ofrecida por el ciudadano Germán Francisco Barrios Chávez, es preciso señalar que la misma aporta elementos que contrarían lo expuesto por la apoderada judicial en su libelo de la demanda.  En efecto, el testigo contestó afirmativamente cuando se le preguntó si Dayana Yoselin Barrios Herrera y su madre “SUFRIERON UNA INTOXICACIÓN QUÍMICO-TÓXICA EN EL AÑO 1993, EN EL HOSPITAL DEL SEGURO SOCIAL DE LA OVALLERA”.  Sin embargo, de los argumentos esgrimidos por su representante judicial, la intoxicación de la niña no se debió a su presencia en el Hospital José Antonio Vargas, sino que se había contaminado en el contacto con su madre, luego de que esta se intoxicara.

Adicionalmente, las parálisis faciales a las que alude el testigo no aparecen demostradas en documento alguno suscrito por un profesional de la medicina.  Por lo tanto, la declaración rendida no es suficiente para dar por sentados los hechos que la actora pretende demostrar.

3.1.13.4.- Informe de ultrasonido renal (marcado K-UNO), elaborado el 19 de julio de 2004 y suscrito por la doctora Nelly A. Jara Ramírez (M.S.A.S. 28.307), del Hospital Central de Maracay, Asociación para el Diagnóstico en Medicina (ASODIAM), en el que se concluye:

ESTUDIO ECOGRÁFICO RENAL SUGESTIVO DE:

- RIÑONES ECOGRÁFICAMENTE DE TAMAÑO NORMAL, SIN ALTERACIÓN.

- RIÑÓN DERECHO CON DUPLICIDAD PIELO CALICILAR”.

3.1.13.5.- Informe de “TOMOGRAFÍA DE CRÁNEO/TAC DE SENOS PARANASALES” (distinguido como K-DOS), realizado el 29 de noviembre de 2004 en la misma institución médica por la doctora Gladys Palacios, médico radiólogo (M.S.A.S. 28.023), cuyas conclusiones son:

ESTRUCTURAS CRÁNEO-ENCEFÁLICAS EVALUADAS DENTRO DEL LÍMITE DE LO NORMAL.

(...)

- LEVE SINUSOPATÍA MAXILAR DERECHA.

- HIPERTROFIA DE CORNETES INFERIORES.

- LEVE SEPTO DESVIACIÓN NASAL DEXTRO CONVEXA”.

3.1.13.6.- Informe de resonancia magnética cerebral (signado K-3), elaborado el 30 de junio de 2005 y suscrito por la doctora Flor Mideros Contreras (M.S.A.S. 36.568), médico radiólogo del Hospital Central de Maracay, en el que se indica:

- RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL SIN HALLAZGOS PATOLÓGICOS A NIVEL INTRA NI SUPRATENTORIAL.

- CAVIDADES CRÁNEO-FACIALES NEUMATIZADAS”.

3.1.13.7.- Informe de tomografía de oídos (marcado K-4), realizada el 6 de mayo de 2006 por el doctor Néstor Bauste (M.S.A.S. 34.620), médico radiólogo del ya referido centro médico. En él se concluye:

TAC DE OÍDOS SIN EVIDENCIA DE LESIONES OCUPANTES, PROCESOS INFLAMATORIOS O EROSIONES PATOLÓGICAS ASOCIADAS.

MODERADO COMPONENTE INFLAMATORIO A NIVEL ETMOIDAL”.

            De acuerdo a lo expresado en los anteriores informes, y en particular, en el que se expidió con ocasión de la “TOMOGRAFÍA DE CRÁNEO/TAC DE SENOS PARANASALES” realizada a la ciudadana Dayana Yoselin Barrios Herrera, puede afirmarse que la actora se vio afectada en su salud, por lo que se encuentra probado el primer extremo de la responsabilidad civil por hecho ilícito.  Así se decide.

3.1.14.- Magda Eloiza Arocha Toro:

3.1.14.1.- En constancia médica de fecha 16 de enero de 2000 (distinguida como N-4), emitida por la Dra. Águeda Elvira Fano (ya identificada), médico toxicólogo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, se indica:

Magda Arocha, de 16 años de edad; en estudio por Cuadro Articular Generalizado y Cardiopatía en estudio, se recomienda no realizar esfuerzos físicos, ya que pueden producirse problemas cardíacos (aumento de la frecuencia cardíaca)”.

3.1.14.2.- Nota de fecha 27 de julio de 2000 mediante la cual la paciente es referida por la doctora Lourdes Trujillo (M.S.A.S. 26.533), pediatra cardiólogo infantil, al doctor Jack W. Baudel a los fines de su evaluación para estudio electrofisiológico y ablación.

3.1.14.3.- En constancia médica emitida el 8 de octubre de 2001 (marcada N-9), la Dra. Águeda Elvira Fano expuso:

MAGDA AROCHA DE 18 AÑOS DE EDAD, (…) TIENE ANTECEDENTE DE EXPOSICIÓN ACCIDENTAL A SUSTANCIAS QUÍMICAS MÚLTIPLES HACE 8 AÑOS, MAGDA PORTADORA DE VALVULOPATÍA MITRAL Y TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR, QUE LIMITA EL EJERCICIO FÍSICO, POR LO CUAL SE CONTRAINDICA HASTA MEJORAR LOS LÍMITES DE SU CAPACIDAD CARDÍACA”.

3.1.14.4.- En Hoja de Consulta y Referencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales sin fecha (marcada N-8), suscrita por la Dra. Águeda Elvira Fano, ya identificada, se remite a la paciente al “Servicio Clínico Rasseti. Unidad Cardiología” (sic), en el “C.M. u Hospital ‘Caracas’. Dra. Ignacia de Hernández”, para la realización de Holter de arritmia y evaluación cardiovascular. En esta documental se hace una breve reseña de los antecedentes clínicos de la actora:

Magda Eloiza Arocha Toro tiene 17 años de edad (…) procedente de Maracay Edo. Aragua (…), refiere CEA en septiembre 99 cuando presenta episodio de disnea a pequeños y medianos esfuerzos (…).

Septiembre 99:    - Ecosonograma: Válvula Mitral Elongada.

                            - Holter arritmia: Alteración de la refracción ventricular: presentes en canal I.

                            - Taquicardia con pérdida de conocimiento + (ilegible).

Julio 2000:          - Taquicardia supraventricular tratada con (…) sin mejoría.

Julio-Agosto-Sep: - Episodios taqui-braquicardia+opresión toráxica con (…) y disnea de esfuerzo+mialgias+artralgias.

Se inició tratamiento sintomático (…).

Septiembre:         Densimetría Ósea:

                            Estudio cuerpo completo: Osteopenia leve

                            Calcio Total C. Entero: Calcitopenia

                            Estudio en columna: Osteoporosis severa

(…)

Antecedente de Importancia:

Magda es hija de madre afectada por el accidente químico acaecido en Maracay “Hospital Vargas” conocido como Caso: La Ovallera (Marzo 1993).

La investigación clínico-analítica realizada en el lapso comprendido Sep 96 a Junio 98, se puede concluir:

A) > N° personas fueron afectadas por contacto con personal afectado [(Marzo 1993); Intoxicación por sustancias Qcas. Múltiples con aparición de cuadros clínicos múltiples].

B) Síndromes por envejecimiento prematuro de órganos y sistemas (cerebral-pulmonar-cardíaco-renal-osteoarticular).

C) Síndromes clínicos de aparición aperiódica (c/3 o c/4 meses).

D) Período 2000: Aceleración del envejecimiento prematuro de órganos y sistemas evidenciado por exámenes paraclínicos”.

3.1.14.5.- Récipe médico expedido por la Dra. Águeda Elvira Fano en fecha 5 de febrero de 2002, en el cual se indica tratamiento médico para la ciudadana Magda Eloiza Arocha Toro por “Síndrome Viral Agudo tipo Mononucleosis Infecciosa”.

            Así, conforme al contenido de las documentales antes descritas, esta Sala considera verificado el primer requisito de la responsabilidad civil extracontractual, por cuanto se encuentra probado el deterioro de la salud de esta accionante.

            Llegado a este punto y examinadas las probanzas que tienen vinculación con Romelia Aurora Contreras Ramos, Darlis Yaiditt Gamboa Contreras, Fidelina Juana Pernía, Dilia Margarita Lugo Cirit, Vilma Xiomara Contreras, Chiquinquirá Josefina  Álvarez Torres, América Lourdes Herrera Albarrán, Omaira Elena González, Marina Margarita Toro, Rolman Rafael Montoya Contreras, Johann Raúl Morales Pernía, Dilmar de los Ángeles Aponte Lugo, Dayana Yoselin Barrios Herrera y Magda Eloiza Arocha Toro, observa la Sala que no quedó demostrado el daño que habría generado el evento químico-tóxico ya señalado en el ciudadano Rolman Rafael Montoya Contreras, de quien no consta en autos información suficiente para crear en esta Sala la convicción de que se encuentra (o se encontró) comprometido su estado de salud física y/o mental.  En este sentido, la historia médica de los accionantes resulta de vital importancia, pues permite conocer el tiempo en que aparecieron los síntomas, su tratamiento y evolución; descartando con ello que se trate de una afección aislada y distinta de aquellas que se desarrollaron con ocasión de una intoxicación. En consecuencia, resulta forzoso declarar improcedente la pretensión aducida por dicho ciudadano y, por tanto, sin lugar la demanda incoada en su nombre.  Así se decide.

            En los demás casos, las probanzas incorporadas al expediente permitieron  establecer la existencia de determinadas lesiones, enfermedades o síntomas, avalados por diversos profesionales de la medicina al servicio de centros médicos adscritos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

3.2.- Corresponde en esta oportunidad examinar si en relación con los ciudadanos Romelia Aurora Contreras Ramos, Darlis Yaiditt Gamboa Contreras, Fidelina Juana Pernía, Dilia Margarita Lugo Cirit, Vilma Xiomara Contreras, Chiquinquirá Josefina  Álvarez Torres, América Lourdes Herrera Albarrán, Omaira Elena González, Marina Margarita Toro, Johann Raúl Morales Pernía, Dilmar de los Ángeles Aponte Lugo, Dayana Yoselin Barrios Herrera y Magda Eloiza Arocha Toro, se verificó el nexo causal entre el daño y el agente del mismo, segundo requisito de la responsabilidad civil por hecho ajeno previsto en el artículo 1.191 del Código Civil.

3.2.1.- Para ello, la Sala debe referirse, en primer lugar, al argumento esgrimido por el apoderado del instituto autónomo accionado quien sostiene que la demandante omitió señalar en su libelo el nexo causal “entre los trabajos realizados por la contratista y la utilización de los productos señalados que causaron la tragedia”; a lo que agrega su negativa a considerar que su representado tenga el carácter de principal o director, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.191 eiusdem, y que las empresas Arista Centri Servicios, C.A. y Enterprise, S.R.L., contratistas a cargo del mantenimiento del sistema de aires acondicionados y de la fumigación en las áreas internas y externas del Hospital José Antonio Vargas, respectivamente, y que estas sean sirvientes o dependientes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Niega además, que exista solidaridad de su mandante por todos los actos realizados entre cualquiera de esas sociedades mercantiles y su mandante.

Sobre este alegato, la Sala se ha pronunciado en otras causas incoadas contra el instituto autónomo accionado por daños morales generados en virtud de los efectos de la contaminación a la que se vieron expuestos otros trabajadores al servicio del Hospital José Antonio Vargas.  En estos casos se ha señalado que:

Pese a la escasa información sobre las actividades que debían realizar el día del accidente las contratistas Arista Centri Servicios, C.A. y Enterprise S.R.L. (cuyos datos de registro no constan en el expediente), así como del alcance de las obligaciones de las partes, en criterio de esta Sala debía subsistir el deber del ente contratante de supervisar los trabajos convenidos, y estar al corriente de las acciones a ejecutar por las contratistas para el logro del fin acordado con ellas.

De haber sido apropiadamente supervisadas las labores contratadas, el ente accionado hubiese podido atender de forma inmediata la contingencia presentada.

Conforme a lo expuesto, no obstante que la norma antes aludida refiere a la relación entre dueños, principales o directores y, por otro lado, sirvientes o dependientes, el caso en estudio es subsumible en el artículo 1.191 del Código Civil, dado que toda contratación supone la vigilancia y control, por parte de quien requiere el servicio o la obra, sobre su ejecución, como corresponde hacer a los dueños y principales o directores.” (Sentencia No. 01010, dictada el 19 de octubre de 2010 en el expediente No. 2004-1496. Caso: María de los Santos Arteaga y otros vs. Instituto Venezolano de los Seguros Sociales).

 

De esta manera, concluye la Sala que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales tenía la obligación de supervisar las labores realizadas por las contratistas, por lo que resulta aplicable por analogía lo previsto en el artículo 1.191 eiusdem, que atribuye a los dueños, principales o directores, la responsabilidad por los hechos ilícitos cometidos por sus sirvientes o dependientes en el ejercicio de sus funciones. Ello sin perjuicio de que dicho ente ejerza más adelante las acciones que considere pertinentes contra las sociedades mercantiles Arista Centri Servicios, C.A. y Enterprise, S.R.L.

De allí que deba declararse improcedente el alegato del organismo demandado dirigido a impedir que sea estudiada su participación en la generación del nexo causal. Así se decide.

3.2.2.- Así, de acuerdo a la forma en que –según la representante judicial de los accionantes- se produjo su contaminación con los agentes químicos dispersos en áreas del Hospital José Antonio Vargas el 20 de marzo de 1993, es posible separar a los demandantes en dos grupos: aquellos que estuvieron presentes en el lugar durante el evento o en los días que le siguieron, en los cuales subsistía la toxicidad en algunos ambientes del centro hospitalario; y aquellos cuyas afecciones tienen su origen en el contacto de persona a persona.

3.2.2.1.- En lo que atañe al primer grupo, en el que puede reunirse a las accionantes que se encontraban en las instalaciones del Hospital José Antonio Vargas, prestando servicios laborales lo que no impide que reclamen la indemnización de daños y perjuicios con fundamento en las normas que informan el Código Civil (Sentencia No. 02176 del 5 de octubre de 2006), quienes se vieron expuestas de manera directa a los efectos de los productos tóxicos en la fecha indicada, se observa:

Respecto a las ciudadanas Romelia Aurora Contreras Ramos, Fidelina Juana Pernía, Dilia Margarita Lugo Cirit, Vilma Xiomara Contreras, Chiquinquirá Josefina  Álvarez Torres, América Lourdes Herrera Albarrán, Omaira Elena González y Marina Margarita Toro, infiere la Sala que la inapropiada manipulación de las sustancias químicas empleadas por las contratistas del ente accionado que realizaban las labores de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado y fumigación de la sede del referido centro asistencial, se constituyó en la causa de las múltiples y persistentes afecciones de naturaleza física y psicológica que comenzaron a manifestarse, en la mayoría de los casos, a partir de 1993.

Dicho esto, entiende este Alto Tribunal que al acordar la jubilación a todas estas trabajadoras (tal como consta de la documentación cursante en autos), el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales reconoció que los síndromes y enfermedades detectados en ellas tienen su etiología en el lamentable suceso; por ende, se considera existente el segundo requisito de la responsabilidad civil, que alude al nexo entre el daño denunciado y el agente que lo ocasionó.  Así se decide.

3.2.2.2.- En el segundo supuesto, esto es,  el de aquellos demandantes que no se vieron expuestos directamente al efecto de los químicos dispersos en determinados ambientes del Hospital José Antonio Vargas el 20 de marzo de 1993, se encuentran los ciudadanos Darlis Yaiditt Gamboa Contreras, Johann Raúl Morales Pernía, Dilmar de los Ángeles Aponte Lugo, Dayana Yoselin Barrios Herrera y Magda Eloiza Arocha Toro, habida cuenta que no halla esta Sala elementos en autos que permitan sostener que la intoxicación de los actores se debió a su presencia en el Hospital José Antonio Vargas el 20 de marzo de 1993.  Antes bien, al enunciar las afecciones de cada uno de ellos, su apoderada judicial indica en el libelo de la demanda, que se intoxicaron por tener contacto directo con sus madres, quienes de regreso a sus hogares ya presentaban síntomas.

Dicho esto es menester atender a los estudios realizados sobre la contaminación química ocurrida el 20 de marzo de 1993 en el Hospital José Antonio Vargas; dos de ellos cursan en la pieza de anexos (B) del expediente, a saber:

- ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO DE HAMSTER CENTINELAS. INFORME PRELIMINAR” (sin fecha), elaborado por el Instituto de Investigaciones Veterinarias del Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias.

Esta prueba fue consignada en copia certificada del Juzgado Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua.

- ACCIDENTE QUÍMICO EN EL ‘HOSPITAL’ JOSÉ A. VARGAS DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, SECTOR LA OVALLERA. PALO NEGRO. MARACAY. ESTADO ARAGUA. 1993 (consignado en copia simple), elaborado en agosto de 1997 por los doctores M. A. Arellano Parra y Águeda Elvira Fano, toxicólogo asesor y toxicólogo clínico de la Dirección de Medicina del Trabajo del ente demandado, respectivamente.

El primer estudio, además de haber sido agregado a las actas procesales por ambas partes, constituye una prueba trasladada del expediente penal No. 5C-707-01 del Juzgado Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, que fue expedida en copia certificada por su Secretaria. En virtud de que se trata de un documento que pertenece a la categoría de documentos administrativos, de acuerdo al criterio referido supra al respecto, el informe in commento tendrá valor probatorio en este juicio a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.363 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil.

Igual tratamiento ha de dársele al segundo estudio, el cual se tiene como documento administrativo que emanó del propio ente accionado.

Pues bien, en el primer informe, basado en el estudio de 17 hamsters centinelas vivos, recibidos en el Instituto de Investigaciones Veterinarias el 31 de mayo de 1993,  procedentes del Hospital José Antonio Vargas, que fueron colocados en forma estratégica en áreas afectadas de ese centro médico, se indica, entre otras cosas, que estos presentaron alteraciones en hígado, cerebro y riñón, observándose en cada uno de ellos “...un síndrome congestivo-hemorrágico como consecuencia de alteraciones estructurales orgánicas y de la hemodinamia”.

            El segundo estudio ofrece información sobre los antecedentes epidemiológicos y clínicos toxicológicos del accidente, y en particular señala:

La atención clínica el día 20 de Marzo de 1993, con desconocimiento de la naturaleza del accidente químico (agente gaseoso), condujo a la evaluación de un universo de 305 personas, entre las cuales 53 fueron hospitalizadas en otros hospitales y clínicas de la localidad.

En el hospital ‘Carabaño Tosta’ (perteneciente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en la ciudad de Maracay) fueron hospitalizadas 28 personas provenientes del hospital contaminado ya referido; permanecieron entre 15 o 20 días bajo la atención de un equipo multidisciplinario y la atención toxicológica, iniciada por el Dr. M. A. Arellano Parra, médico internista-toxicólogo, quien refirió de gran importancia epidemiológica el mecanismo de transferencia tóxica que se generó entre los pacientes intoxicados referidos al hospital ‘Carabaño Tosta’ en la ciudad de Maracay y el personal que fue destinado a la atención de estos pacientes.

(...)

En otro orden de ideas, muchos trabajadores: obreros, empleados y profesionales que laboran actualmente en el Hospital de la Ovallera, refieren manifestaciones sindrómicas generales y confusas que no encajan en entidades nasológicas específicas (datos anamnésicos), los cuales deben ser objeto de estudio inmediato y profundo, para precisar la naturaleza de los mismos a fin de determinar o descartar una etiología tóxica en estos síndromes anteriormente mencionados.

Es de hacer notar que la mayoría de los pacientes afectados corresponden a trabajadores que estaban asignados a las áreas de Quirófano y Sala de Partos, que fueron reportadas como áreas ‘críticas de toxicidad’, dado que fue donde más se percibió la concentración de agentes tóxicos y se han registrado.  Dichas manifestaciones clínicas se han reportado en el personal de esas áreas tanto en pacientes hospitalizados como en pacientes activos, aun en período de estudio y que en la actualidad, aumentan el número los casos clínicos o que tienen sintomatología (...).

De esta exposición se deduce, fácilmente que estas áreas del hospital vuelven a ser puntos críticos tóxicos, de inmediato estudio, tanto de todo el personal allá asignado, como del área física (estudio integral) toda vez que, aun cuando no tenemos la conclusión situacional desde el punto de vista toxicológico ambiental, no es menos cierto, que la población afectada entre el personal que allá labora, aumenta diariamente en su solicitud de atención médica toxicológica, en virtud de la sintomatología que refieren y que por desconocimiento de su etiología, causa alarma y confusión, tanto en los pacientes como a sus médicos tratantes, quienes plantean comunicación continua y asesoramiento toxicológico, para la precisión de un diagnóstico definitivo.

Por lo antes expuesto se reitera la posibilidad de persistencia de sustancias tóxicas Fluorocarbonadas-Residuales en el aire atmosférico, procedentes del aire acondicionado y del ambiente en sí, que pueden estar afectando no sólo a las distintas áreas que integran los departamentos conectados a las ducterías procedentes de la UMA 3 Y UMA 4 [Unidades de Manejo de Aire números 3 y 4] (afectadas por el accidente químico en 1993), y por ende al personal profesional, empleados y obreros, que allá se encuentran laborando hasta la actualidad ...(omissis)”. (Agregado de la Sala).

 

            De lo expuesto, los doctores Águeda Elvira Fano y M. A. Arellano Parra aluden al “mecanismo de transferencia tóxica verificado entre los pacientes afectados que fueron remitidos al Hospital José María Carabaño Tosta, como un hecho que llama su atención, por lo que refieren a la necesidad de precisar la naturaleza de los síndromes a fin de determinar o descartar su etiología tóxica.

            Con fundamento en los informes comentados, esta Sala no tiene dudas de los efectos nocivos que determinados químicos dispersos en las áreas del Hospital José Antonio Vargas generaron tanto en los pacientes, como en el personal técnico y obrero que se encontraba allí el 20 de marzo de 1993, cuando se verificó la manipulación indebida de productos utilizados en la limpieza de los equipos de aire acondicionado, por sí solos o en combinación con otros químicos presentes en el ambiente por trabajos de fumigación que se llevaban a cabo ese mismo día.

            En este orden de ideas, ha de acudirse al informe de fecha 8 de septiembre de 1999, que entregaron al Ministerio Público la doctora Águeda Elvira Fano y el doctor M. A. Arellano Parra, médicos toxicólogos que trabajaron al servicio del ente demandado (como se aprecia de otros estudios de más larga data).

            A este instrumento se le da valor de indicio en la presente causa, por cuanto se desconoce si para la fecha de su consignación ante el Ministerio Público los referidos galenos aún laboraban en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; esta circunstancia, de la cual no existe certeza, se pone de relieve al apreciarse que en la parte final del instrumento comentado, específicamente en la información aportada para contactarlos, no hay mención de sus cargos en ese instituto autónomo y, además, porque aluden en su texto, a los meses de julio y agosto de 1999, como la época en la cual se llevó a cabo “...la separación o cese oficial de las actuaciones del núcleo toxicológico médico”. 

Pese a ello, a juicio de la Sala, el contenido del trabajo en cuestión es cónsono con otros en los cuales participaron estos profesionales de la medicina al informar sobre hechos cuyas consecuencias y manifestaciones fueron observadas, estudiadas, diagnosticadas y tratadas por ellos de manera directa.

            En el mismo se indicó:

De la exposición. La ruptura de los serpentines permitió el ingreso hacia los ambientes servidos de las UMA [Unidad de Manejo de Aire] de varios agentes que fueron detectados analíticamente por presunción de ser componentes de las formulaciones empleadas in situ. (...) La heterogeneidad de principios químicos múltiples disponibles para la absorción, fue capaz de desencadenar en...

- la fase toxocinética tras su absorción por vía inhalatoria y por vía mucosa pituitaria, distribuciones hacia diversos órganos y tejidos (...).

- la fase toxodinámica toda la economía, presentándose patología múltiple de órganos y sistemas, al ocurrir la interacción del toxón con receptores en el tejido blanco”. (Agregado de la Sala).

 

Visto lo anterior, observa la Sala que –haciendo la salvedad sobre casos muy específicos como el amamantamiento, en el cual el conocimiento general en materia médica permite presumir que los químicos presentes en el torrente sanguíneo de la madre pueden transmitirse al lactante, situación en la que no se encuentran Darlis Yaiditt Gamboa Contreras, Johann Raúl Morales Pernía ni Magda Eloiza Arocha Toro–, lo que no se deriva de las pruebas analizadas ni de ninguna otra inserta en el expediente, es que los elementos tóxicos dispersos en el ambiente, en su mayoría inhalados por quienes se encontraban en el Hospital José Antonio Vargas, hayan podido transmitirse en dosis suficientes para afectar a familiares o allegados de las víctimas, en sus hogares o en cualquier otro lugar distinto de aquel donde ocurrió la contaminación.

Sostiene la Sala el criterio anterior, pese a la opinión esgrimida en el último informe por la doctora Águeda Elvira Fano, mediante la cual pone de relieve que otros individuos no expuestos originalmente al evento químico sucedido el 20 de marzo de 1993, presentan ciertas manifestaciones clínicas que atribuye a la toxicidad en el ambiente del ya mencionado hospital, aún presente en los años sucesivos. En particular, señala:

A comienzos del Segundo semestre de 1996 se reestablece el servicio de enfriamiento de aire para los ambientes que habían estado trabajando por debajo de su capacidad, sin aparentes episodios agudos para la época, pero hay manifestaciones soterradas que van a manifestarse clínicamente en individuos no expuestos en las primeras cohortes y cuyo estudio van a contribuir a mantener la afirmación que se razonó oralmente y por escrito en diferentes oportunidades, y que se repitió hasta la saciedad: ‘EL PRIMER ENFERMO ES EL HOSPITAL’ y, por ende, mientras no se le cure no deberá ser objeto de utilización alguna” (sic). Destacado de la Sala.

 

Tratándose de una opinión que no tiene más soportes que sus observaciones sobre otros pacientes no expuestos a la contaminación química, considera la Sala que la prueba idónea para demostrar esta circunstancia es la experticia.

En todo caso, en conocimiento como está la Sala de que el alegato de la parte actora se concreta en que los efectos tóxicos se “dispersaron” por el contacto entre las víctimas y otros individuos sanos, se estima que lo pertinente era promover igualmente una experticia.  En tal sentido, este órgano de administración de justicia no puede suplir lo que ha debido ser una mejor diligencia probatoria de la parte actora en lo que atañe al nexo causal, pues si bien es cierto que su representante legal incorpora al juicio diversos informes realizados por el propio Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en estos no se da por sentada la referida transmisión de persona a persona.

            Por tanto, al no haberse promovido esta última, y no existiendo en autos otro medio probatorio que en su lugar aporte elementos con base en criterios científicos para generar la convicción en esta Sala de que los accionantes fueron afectados en virtud del contacto directo con personas que se encontraban presentes en el Hospital José Antonio Vargas cuando se produjo el evento contaminante; resulta imposible tener por verificado el nexo causal en lo que concierne a los ciudadanos Darlis Yaiditt Gamboa Contreras, Johann Raúl Morales Pernía ni Magda Eloiza Arocha Toro.

            Lo dicho impone tener en cuenta la previsión contenida en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, según el cual:

Artículo 254.- Los Jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando, a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella.  En caso de duda, sentenciarán a favor del demandado, y, en igualdad de circunstancias, favorecerán la condición del poseedor, prescindiendo en sus decisiones de sutilezas y de puntos de mera forma... (omissis)”.

 

En consecuencia, al no constatarse que haya plena prueba de los hechos alegados por la representación judicial de los accionantes, debe la Sala negar la existencia de la responsabilidad civil extracontractual que pretende imputársele al instituto autónomo.  De allí que se imponga declarar sin lugar la demanda incoada por los mencionados accionantes.  Así se decide.

3.2.2.3.- Mención aparte merecen los casos de Dilmar de los Ángeles Aponte Lugo y Dayana Yoselin Barrios Herrera, a quienes ha considerado necesario la Sala referirse de forma separada, pues pese a pertenecer al grupo de accionantes afectados de manera indirecta por los productos químicos empleados en las labores de mantenimiento de las unidades de aire acondicionado del Hospital José Antonio Vargas y de fumigación, se distinguen de los demás en que el daño se les habría ocasionado en virtud de la transmisión de los agentes tóxicos presentes en el organismo de sus madres, las ciudadanas Dilia Margarita Lugo Cirit y América Lourdes Herrera Albarrán, respectivamente,  a través de la lactancia materna.

Sobre Dilmar de los Ángeles Aponte Lugo, su representante judicial expuso en el libelo de la demanda lo siguiente:

Para el día en que ocurrió la contaminación tóxica masiva en las instalaciones de ‘EL HOSPITAL’, el 20 de marzo de 1993, DILMAR DE LOS ÁNGELES APONTE LUGO (...), hija menor de DILIA MARGARITA LUGO CIRIT (...) quien para entonces tan solo contaba con cinco (5) meses de edad, era una niña sana con un desarrollo normal para su edad, amamantada por su madre, quien estuvo en contacto directo con los agentes tóxicos producidos en las instalaciones de “EL HOSPITAL’ (...).

En efecto, para la fecha en que ocurrió el nefasto hecho tóxico en ‘EL HOSPITAL’, DILIA se encontraba amamantando a su pequeña hija, puesto que ella conocía los indiscutibles beneficios, que para su niña tenía la lactancia materna.  Sin embargo, en el caso de DILMAR, esto no fue así.  La niña a través de su madre, no solamente recibió anticuerpos, sino que también recibió los agentes tóxicos a los cuales estuvo expuesta su madre aquel nefasto 20 de marzo de 1993.

En términos similares se refirió a Dayana Yoselin Barrios Herrera:

“…para la fecha en que ocurrió el nefasto hecho tóxico en “EL HOSPITAL”, AMÉRICA [aludiendo a América Lourdes Barrios Herrera] aún se encontraba amamantando a su pequeña hija, (…). La niña  a través de su madre, no solamente recibió anticuerpos, sino que también recibió los agentes tóxicos a los cuales estuvo expuesta su madre aquel nefasto 20 de marzo de 1993”. (Agregado de la Sala).

 

Expuesto lo anterior, si las madres de estas ciudadanas sufrieron los efectos de la contaminación química, existe una gran probabilidad de que las hijas los hayan sufrido por vía de consecuencia al mediar la lactancia materna, con lo cual se estimaría verificado el nexo causal entre el agente dañoso y el daño denunciado. Hace la Sala esta consideración a sabiendas que el asunto bajo estudio no deja de ser un hecho científico, demostrable a través de cierto género de pruebas. 

Ahora bien, visto que en líneas precedentes se declaró la existencia de los daños generados a Dilia Margarita Lugo Cirit y América Lourdes Herrera Albarrán, por el fenómeno contaminante acaecido el 20 de marzo de 1993, que se concretó en el deterioro de su salud (siendo los más importantes hallazgos las afecciones que se refieren a hipotiroidismo, hipertensión arterial y discopatía degenerativa cervical, en lo que concierne a la primera; y escoliosos lumbar, fibrosis pulmonar y trastorno ventilatorio restrictivo severo , en lo que atañe a la segunda), la Sala parte de la intoxicación de dichas demandantes,  para inferir que esta se constituyó en la causa de la afectación física y psicológica (no desvirtuada por el instituto autónomo accionado) de sus hijas, Dilmar de los Ángeles Aponte Lugo y Dayana Yoselin Barrios Herrera, respectivamente, en virtud de la lactancia materna que se entiende administrada por contar las niñas con cinco meses de edad, y dos años y nueve meses de edad, también respectivamente, a la fecha en que se produjo el accidente químico en el Hospital José Antonio Vargas. 

3.3.- En cuanto al último de los requisitos contenidos en el artículo 1.191 del Código Civil, esto es, la cualidad de dueño, director o principal del ente accionado, ya esta Sala se ha pronunciado sobre el carácter de dependientes que por analogía tienen las sociedades mercantiles contratadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para realizar los servicios de fumigación y mantenimiento de unidades de aire en sus instalaciones, por lo que resulta obvio que a dicho ente le correspondía actuar con relación a ellas como un dueño, director o principal, ejerciendo la debida supervisión de los trabajos convenidos, velando así por preservar el Hospital José Antonio Vargas en condiciones de salubridad tales que permitieran su normal funcionamiento.

Con base en lo afirmado, al verificarse la intoxicación por causas químicas de las ciudadanas Romelia Aurora Contreras Ramos, Fidelina Juana Pernía, Dilia Margarita Lugo Cirit, Vilma Xiomara Contreras, Chiquinquirá Josefina  Álvarez Torres, América Lourdes Herrera Albarrán, Omaira Elena González, Marina Margarita Toro, Dilmar de los Ángeles Aponte Lugo y Dayana Yoselin Barrios Herrera, así como los otros extremos de la responsabilidad civil extracontractual según lo preceptuado en el artículo 1.191 del Código Civil, resulta procedente el pago de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a las referidas demandantes, de los cuales debe responder el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.  Así se decide.

3.4.- No tiene dudas la Sala del sufrimiento que debió generar a las mencionadas accionantes la aparición y evolución de sus múltiples enfermedades, así como de la incertidumbre que en principio reinó sobre la etiología de las mismas. Así, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, al juzgador le está atribuida la facultad de fijar a su prudente arbitrio la indemnización que deberá darse a las víctimas por los daños morales que se les ha infligido.

Asimismo, en casos precedentes en los cuales se ha pretendido una indemnización por concepto de daño moral, la Sala ha señalado que el juez puede reducir o aumentar el monto de la cantidad demandada, atendiendo a criterios o parámetros objetivos que tanto la jurisprudencia como la doctrina han delineado, toda vez que el pago que se acuerda como reparación de los daños morales no responde a la fijación de montos que impliquen una forma de enriquecimiento para la víctima, sino que tiene el único propósito de otorgar un verdadero resarcimiento al daño generado en su patrimonio moral. Concretamente, quedó establecido en sentencia de esta Sala No. 00264 del 14 de febrero de 2007, lo que sigue:

Ahora bien, en casos como el de autos, en el que el demandado al momento de contradecir la estimación alega lo exagerado de la misma, debe además de expresar los motivos que lo inducen a  dicha aseveración, probar tales hechos o circunstancias. Por tanto, si nada prueba el demandado queda, en principio,  firme la estimación hecha por el actor.

Sin embargo, la mencionada firmeza no es vinculante para aquellos casos donde se reclama una indemnización por concepto de daño moral, ya que en tales supuestos el juez puede reducir o aumentar el monto de la cantidad demandada, atendiendo a criterios o parámetros objetivos que tanto la jurisprudencia como la doctrina han delineado, toda vez que el pago que se dispone como reparación de los daños morales, no tiende a la fijación de montos que impliquen una forma de enriquecimiento para la víctima, sino que pretende únicamente lograr un verdadero resarcimiento al dolor sufrido que afecta el patrimonio moral del sujeto pasivo del daño”. (Destacado de la Sala).

 

En vista de lo expuesto, y tomando en cuenta los criterios que antes ha seguido esta Sala para establecer el quantum de las indemnizaciones a ser pagadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a favor de las víctimas del accidente químico acaecido el 20 de marzo de 1993, en el Hospital José Antonio Vargas, se ordena a dicho organismo pagar las siguientes cantidades:

3.4.1.- A la ciudadana Romelia Aurora Contreras Ramos, la suma de trescientos sesenta mil bolívares (Bs. 360.000,00).

3.4.2.- A la ciudadana Fidelina Juana Pernía, la suma de trescientos sesenta mil bolívares (Bs. 360.000,00).

3.4.3.- A la ciudadana Dilia Margarita Lugo Cirit, la suma de doscientos noventa mil bolívares (Bs. 290.000,00).

3.4.4.- A la ciudadana Vilma Xiomara Contreras, la suma de trescientos sesenta mil bolívares (Bs. 360.000,00).

3.4.5.- A la ciudadana Chiquinquirá Josefina  Álvarez Torres, la suma de doscientos noventa mil bolívares (Bs. 290.000,00).

3.4.6.- A la ciudadana América Lourdes Herrera Albarrán, la suma de doscientos noventa mil bolívares (Bs. 290.000,00).

3.4.7.- A la ciudadana Omaira Elena González, la suma de doscientos noventa mil bolívares (Bs. 290.000,00).

3.4.8.- A la ciudadana Marina Margarita Toro, la suma de trescientos sesenta mil bolívares (Bs. 360.000,00).

3.4.9.- A las ciudadanas Dilmar de los Ángeles Aponte Lugo y Dayana Yoselin Barrios Herrera, quienes resultaron afectadas de manera indirecta por el referido infortunio, esto es, por vía de lactancia materna, la suma de doscientos noventa mil bolívares (Bs. 290.000,00), a cada una.

4.- Por otra parte, como quiera que la parte actora solicita “…que al momento de fijar la indemnización, esta Honorable Sala tome en cuenta el poder adquisitivo de la moneda para ese momento…”, es preciso destacar que conforme a criterio reiterado en la materia, sostenido por este órgano jurisdiccional  y ratificado por la Sala Constitucional, la corrección monetaria de montos acordados como consecuencia del daño moral, resulta improcedente toda vez que “…las cantidades derivadas de las demandas de indemnización del daño moral no son susceptibles de indexación, ya que su estimación es realizada por el juez a su prudente arbitrio, sin necesidad de recurrir a medio probatorio alguno y con fundamento en la valoración de la importancia del daño, el grado de culpabilidad del autor, la conducta de la víctima y la llamada escala de los sufrimientos morales, de conformidad con el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.196 del Código Civil…”, (véase sentencia de esta Sala No. 01370 de fecha 30 de septiembre de 2009), así como decisiones de la Sala Civil de este Tribunal Supremo de Justicia Nos. 683 del 11 de julio de 2000, caso: NEC de Venezuela, C.A. y 1.428 del 12 de junio de 2003, caso: Aceros Laminados, C.A. y otro).

En consecuencia, reiterando el criterio expuesto, debe desecharse la solicitud formulada. Así se declara.

5.- Finalmente, en razón de la demanda que ha dado lugar a la presente decisión, y de otros casos relacionados sobre los que se ha emitido pronunciamiento, llama la atención de la Sala que en la actualidad se desconoce con exactitud el número de personas que de forma directa o indirecta resultaron perjudicadas por el accidente químico ocurrido en el Hospital José Antonio Vargas el 20 de marzo de 1993, pues a este respecto solo se cuenta entre las actas procesales con comunicación de fecha 8 de septiembre de 1999 (a la que se otorgó precedentemente valor de indicio), mediante la cual los médicos toxicólogos M. A. Arellano Parra y Águeda Elvira Fano, encargados inicialmente de hacer el seguimiento a estos pacientes, informaron a la Fiscal 87° del Ministerio Público que “…Una comisión Clínico-Toxicológica constituida el 26-04-93” había determinado que el número de  individuos expuestos ascendía a 405.

Por tal motivo, este Alto Tribunal insta al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a dirigir todos sus esfuerzos al seguimiento y tratamiento de las enfermedades desarrolladas por los afectados en aquellos casos de comprobada intoxicación, de acuerdo a las historias médicas llevadas a cada paciente, en resguardo de los derechos a la salud y a la propia vida.

            En este sentido, tomando en cuenta que el mencionado instituto autónomo es el ente a través del cual el Estado Venezolano está llamado a propender, bajo la inspiración de la justicia social y de la equidad, a la aplicación de los principios y normas de seguridad social a todos los habitantes del país, dicho organismo deberá garantizar la asistencia médica integral y, concretamente, la realización de procedimientos  diagnósticos y terapéuticos a todas las personas afectadas por enfermedades desarrolladas en razón de la exposición a los agentes tóxicos que se dispersaron en las áreas del Hospital José Antonio Vargas en el tiempo ya señalado. Este llamado a cumplir con una de las misiones legalmente encomendadas al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no solo ha de beneficiar a quienes les resultó favorable el pronunciamiento de la Sala, sino también a las personas que como los ciudadanos Rolman Rafael Montoya Contreras, Darlis Yaiditt Gamboa Contreras, Johann Raúl Morales Pernía y Magda Eloiza Arocha Toro, no contaron con las probanzas necesarias para demostrar en juicio sus síntomas o la vinculación de estos con el hecho generador del daño.

De esta manera, se sigue el criterio esgrimido por la Sala Constitucional, que en sentencia No. 487 del 6 de abril de 2001 (caso: Glenda González y otros vs. IVSS) se refirió al carácter fundamental de los derechos in commento y definió su contenido:

De la redacción de la norma antes transcrita [artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela], puede colegirse que el derecho a la salud como parte integrante del derecho a la vida, ha sido consagrado en nuestra Carta Magna como un derecho social fundamental (y no como simples «determinaciones de fines de estado»), cuya satisfacción corresponde principalmente al Estado, cuyos órganos desarrollan su actividad orientados por la elevación (progresiva) de la calidad de vida de los ciudadanos y, en definitiva, al bienestar colectivo. Ello implica que el derecho a la salud, no se agota en la simple atención física de una enfermedad a determinada persona, sino que el mismo se extiende la atención idónea para salvaguardar la integridad mental, social, ambiental, etcétera, de las personas e incluso de las comunidades como entes colectivos imperfectos, en tanto que no están dotadas de un estatuto jurídico especial que les brinde personería en sentido propio...” (agregado de la Sala).

Así, en atención a los postulados de nuestra Carta Magna y, en especial, a la norma programática contenida en el artículo 83, según la cual “la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida”, esta medida procura que el Estado extienda su protección no solo a quienes han puesto en marcha los órganos de administración de justicia para obtener el resarcimiento del daño que se les ha ocasionado, sino a todos aquellos que habiendo resultado afectados por el evento tóxico, por cualquier motivo no han accedido a la jurisdicción.

VII

DECISIÓN 

Por los razonamientos expuestos, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, en el juicio que por daños morales iniciaron los ciudadanos y las ciudadanas ROMELIA AURORA CONTRERAS RAMOS, DARLIS YAIDITT GAMBOA CONTRERAS, ROLMAN RAFAEL MONTOYA CONTRERAS, FIDELINA JUANA PERNÍA, JOHANN RAÚL MORALES PERNÍA; DILIA MARGARITA LUGO CIRIT y su menor hija, DILMAR DE LOS ÁNGELES APONTE LUGO; AMÉRICA LOURDES HERRERA ALBARRÁN y su menor hija, DAYANA YOSELIN BARRIOS HERRERA; MARINA MARGARITA TORO, MAGDA ELOIZA AROCHA TORO; VILMA XIOMARA CONTRERAS, CHIQUINQUIRÁ JOSEFINA ÁLVAREZ TORRES y OMAIRA ELENA GONZÁLEZ, antes identificados, contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS), declara: 

1.- SIN LUGAR la demanda incoada por los ciudadanos y las ciudadanas Darlis Yaiditt Gamboa Contreras, Rolman Rafael Montoya Contreras, Johann Raúl Morales Pernía y Magda Eloiza Arocha Toro.

2.- PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por las ciudadanas Romelia Aurora Contreras Ramos, Fidelina Juana Pernía, Dilia Margarita Lugo Cirit, Chiquinquirá Josefina Álvarez Torres, América Lourdes Herrera Albarrán, Vilma Xiomara Contreras, Omaira Elena González, Marina Margarita Toro, Dilmar de los Ángeles Aponte Lugo y Dayana Yoselin Barrios Herrera.

En consecuencia, se ordena al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, proceder a pagar a las mencionadas demandantes, por concepto de indemnización por daños morales, las cantidades siguientes:

2.1.- A la ciudadana Romelia Aurora Contreras Ramos, la suma de trescientos sesenta mil bolívares (Bs. 360.000,00).

2.2.- A la ciudadana Fidelina Juana Pernía, la suma de trescientos sesenta mil bolívares (Bs. 360.000,00).

2.3.- A la ciudadana Dilia Margarita Lugo Cirit, la suma de doscientos noventa mil bolívares (Bs. 290.000,00).

2.4.- A la ciudadana Vilma Xiomara Contreras, la suma de trescientos sesenta mil bolívares (Bs. 360.000,00).

2.5.- A la ciudadana Chiquinquirá Josefina  Álvarez Torres, la suma de doscientos noventa mil bolívares (Bs. 290.000,00).

2.6.- A la ciudadana América Lourdes Herrera Albarrán, la suma de doscientos noventa mil bolívares (Bs. 290.000,00).

2.7.- A la ciudadana Omaira Elena González, la suma de doscientos noventa mil bolívares (Bs. 290.000,00).    

2.8.- A la ciudadana Marina Margarita Toro, la suma de trescientos sesenta mil bolívares (Bs. 360.000,00).

2.9.- A la ciudadana Dilmar de los Ángeles Aponte Lugo, la suma de doscientos noventa mil bolívares (Bs. 290.000,00).

2.10.- A la ciudadana Dayana Yoselin Barrios Herrera, la suma de doscientos noventa mil bolívares (Bs. 290.000,00).

3.- IMPROCEDENTE la indexación de las cantidades reclamadas por la parte actora por concepto de indemnización de daños morales.

Notifíquese a las partes de la presente decisión. Notifíquese igualmente a la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.

   Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los seis (06) días del mes de febrero del año dos mil trece (2013). Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

                             

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

 

 

 

 

 

 

El Vicepresidente

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

 

 

Las Magistradas,

 

 

 

TRINA OMAIRA ZURITA

 

 

 

 

 

 

 

MÓNICA MISTICCHIO

TORTORELLA

Ponente

El Magistrado

EMILIO RAMOS GONZÁLEZ

 

 

 

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

 

 

En siete (07) de febrero del año dos mil trece, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00128.

 

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN