Magistrado Ponente: EMIRO GARCÍA ROSAS              

  Exp. Nº 2011-0054

 

El Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, adjunto a oficio N° J2SME-CJLPF-2010-1261 del 13 de diciembre de 2010, recibido en esta Sala en fecha 19 de enero de 2011, remitió el expediente contentivo de la demanda por concepto de cobro de prestaciones sociales y demás conceptos derivados de la relación laboral interpuesta por los abogados Aura Alicia BOLÍVAR SÁNCHEZ y Freddy GOITÍA LUQUEZ (números 19.675 y 53.281 del INPREABOGADO), actuando como apoderados judiciales del ciudadano Carlos CANTU (cédula de identidad N° E-82.205.704), contra la sociedad UNITED GOEDECKE SERVICES, INC., constituida según las leyes del estado de Delaware de los Estados Unidos de América, domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela en fecha 2 de noviembre de 1999 ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Nº 11, Tomo 65-A de los libros respectivos; y posteriormente cambiado su domicilio para la ciudad de Punto Fijo el 19 de septiembre de 2001, bajo el Nº 19, Tomo 26-A de los libros del Registro Mercantil Cuarto de la misma Circunscripción Judicial.

La remisión se efectuó en virtud del recurso de regulación de jurisdicción interpuesto el 9 de diciembre de 2010 por el apoderado judicial de la sociedad mercantil demandada, contra la sentencia dictada por el mencionado tribunal el día 2 de diciembre de 2010, a través de la cual declaró que el Poder Judicial sí tiene jurisdicción para conocer del caso de autos.

En fecha 20 de enero de 2011 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Emiro García Rosas, a los fines de decidir el recurso de regulación de jurisdicción.

Al respecto la Sala observa:

I

ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado en fecha 19 de octubre de 2010 ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Coordinación del Trabajo del Estado Falcón los abogados Aura Alicia BOLÍVAR SÁNCHEZ y Freddy GOITIA LUQUEZ, actuando como apoderados judiciales del ciudadano Carlos CANTU (todos identificados), interpusieron demanda por cobro de prestaciones sociales y demás conceptos derivados de la relación laboral contra la sociedad mercantil UNITED GOEDECKE SERVICES INC, SUCURSAL VENEZUELA, en los siguientes términos:

Que en fecha 1 de noviembre de 1994 su representado fue contratado por la sociedad Vernon Goedecke Service Inc. en la ciudad de “San Louis, Missouri, USA”, para prestar sus servicios en Venezuela como Gerente General y “ofrecer por primera vez a las industrias, venezolanas sistemas de Andamiaje tipo cuplok (…) y sistemas de elevación con gran seguridad, en la Industria Petrolera Venezolana y similares” (sic).

Que siendo “ciudadano Norteamericano, sin familia alguna en Venezuela, y que viajaba en una suerte de experimentación a Sur América, la otrora VERNON L GOEDECKE SERVICE INC, acordó asumir todos los riesgos que esto involucraba, pagar (...) la suma de siete mil dólares americanos ($ 7.000) mensuales como salario, así como también sufragar los gastos de habitación en Venezuela, asumiendo el compromiso de pagar incluso los viajes y el transporte que en ocasión al ejercicio de sus funciones fueren necesarios”.

Que “tenía como funciones las inherentes a un Gerente General, y a tales efectos figuraba tal condición en la Directiva de la prenombrada sucursal en Venezuela (no en la empresa matriz) estando obligado a rendir mensualmente informes a la directiva en el extranjero de la casa matriz, de las actividades realizadas y de los logros alcanzados en la gestión gerencial encomendada y en tal circunstancia le fue otorgado mandato para ejecutar tales funciones y poder abrir la sucursal venezolana de dicha empresa extranjera, tal proceder de la casa matriz se estableció como una formula necesaria, que buscaba por una parte evadir en Venezuela la responsabilidad laboral y por la otra que los accionistas propietarios jamás se incomodaran en viajar a Venezuela a tramitar la perisología, trámites necesarios en la inscripción registral y el funcionamiento de la empresa” (sic).

Que el 22 de febrero de 1995 “se logró registrar la empresa, en Venezuela de la sucursal que se denominó VERNON L. GOEDECKE CO. INC, SUCURSAL VENEZUELA (sic).

Que “para finales de junio de 1999, la empresa VERNON L GOEDECKE SERVICE INC, es vendida y absorbida por la empresa denominada UNITED SCAFFOLDING INC, la cual posteriormente fue fusionada con la sociedad denominada ANCO BASIC, en virtud de la alianza para brindar ya no solo sistemas de andamiaje sino también sistemas de asilamientos térmicos y ante tal fusión de empresas su denominación paso a ser UNITED ANCO SERVICES, INC (sic).

Que “estas empresas tenían como matriz órgano controlante del holding o grupo empresarial a la empresa XSERV, INC, quien fue comprada y absorbida en febrero de 2007 por el hoy denominado GRUPO BROCK, (…) tal situación y absorción constituía una simple SUSTITUCIÓN PATRONAL, conforme lo prevé la Ley Orgánica del Trabajo”.

Que a su representante le giraron instrucciones para cerrar la sucursal denominada Vernon Goedecke Co. Inc., Sucursal Venezuela, “esto con el firme y único propósito de evadir las responsabilidades frente a un Grupo de Trabajadores demandantes que obtuvieron sentencias favorables, pues (…) esta solo fue absorbida en una transacción mercantil y siguió el giro comercial en las mismas instalaciones físicas y ejecutando las mismas tareas, y faenas, es decir se continuo con la misma actividad comercial(sic).

Que “se le ordenó y encomendó dar apertura a un nuevo Registro como sucursal de la firma mercantil extranjera que había absorbido a la otrora y extinta VERNON L GOEDECKE SERVICE INC, es decir, inscribir cual si se tratase de otro persona jurídica distinta, a la sucursal UNITED GOEDECKE SERVICES INC, SUCURSAL VENEZUELA, quien una vez constituida continuó ejecutando las mismas funciones, en la misma sede, con los mismos clientes y con el mismo personal, ejecutando la misma actividad y faena de la otrora extinta VERNON L. GOEDECKE CO. INC, SUCURSAL VENEZUELA (sic).

Que a su representado le mejoraron sus condiciones salariales y le acordaron nuevos beneficios contractuales.

Que en cuanto al pago o remuneración, recibía una parte fija y otra con base en los ingresos sobre la facturación y las metas alcanzadas por la prestación de los servicios descritos.

Que al revisar la dirección electrónica www. unitedgoedecke. com/ unitedgoedecke. pdf, se muestra una reseña histórica de la sociedad demandada.

Que “habiendo comenzado la relación de trabajo el 01 de noviembre de 1.994, y habiéndose extinguido la misma por Despido injustificado el día 27 de mayo de 2010 (…) la relación laboral perduró por un lapso de tiempo de 15 AÑOS 06 MESES 26 DÍAS(sic).

Que demanda la aplicación de la legislación laboral venezolana por los servicios prestados y para que se le pague la suma total de seis millones ochocientos noventa y seis mil setecientos ochenta y un bolívares con cuarenta y cuatro céntimos (Bs. 6.896.781,44).

Fundamenta su demanda en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Efectuada la distribución le correspondió conocer de la presente causa al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, el cual por auto de fecha 25 de octubre de 2010 admitió la demanda  y ordenó el emplazamiento de la demandada para su comparecencia a la audiencia preliminar.

El 19 de noviembre de 2010 la abogada María de los Angeles GONZÁLEZ CALLES (INPREABOGADO Nº 145.284), actuando como apoderada judicial de United Goedecke Services Inc., presentó escrito en el que opuso la falta de jurisdicción del poder judicial para conocer la presente causa, con fundamento en “que el ACTOR y United Scaffoldin Inc. Se obligaron a someter cualquier controversia que surja en relación con el mismo, antes de comenzar cualquier juicio, a Mediación” y de forma subsidiaria solicitó se llamaran en tercería a las empresas Vernon L. Goedecke Service Inc. y  Caribe Management C.A. En el referido escrito se destacó que el contrato suscrito entre las partes se regirá y se interpretará de conformidad con las Leyes del estado de Texas, Estados Unidos de América y que en la cláusula 6.5 del referido contrato se dispuso lo siguiente:

“MEDIACIÓN: Cualquier controversia o reclamo que surja de o en relación con este Contrato o la violación del mismo, antes de comenzar cualquier juicio, será sometido a mediación no obligante. En caso de que la Compañía y el Empleado no puedan llegar a un acuerdo en cuanto a la designación de un mediador, el mediador será designado por la Asociación Norteamericana de Arbitraje”.

Asimismo, la referida abogada expresó lo siguiente:

“En efecto, en el presente caso estamos en presencia de un contrato de trabajo de fecha 26 de julio de 1999, suscrito entre el ACTOR y United Scaffolding Inc. para la prestación de sus servicios en Venezuela, mediante el cual, las partes expresamente acordaron someter sus controversias a la Mediación, previo a comenzar cualquier juicio, y vista la validez de las cláusulas contractuales que derogan la jurisdicción de los tribunales venezolanos frente a medios alternativos de resolución de conflictos como la Mediación a tenor de la doctrina jurisprudencial de la SPA del TSJ, solicitamos respetuosamente a ese Juzgado que declare la FALTA DE JURISDICCIÓN de los Tribunales Laborales venezolanos para conocer la demanda incoada por el ACTOR”.

El referido Tribunal por auto del 22 de noviembre de 2010 suspendió la Audiencia Preliminar.

En fecha 22 de noviembre de 2010 los apoderados judiciales del actor presentaron escrito en el que alegaron la falta de representación de la abogada del demandado así como la inderogabilidad de la jurisdicción del juez laboral venezolano y la improcedencia del llamado a terceros.

El 2 de diciembre de 2010 la parte demandada solicitó la declaratoria de extemporaneidad de la impugnación de poder.

El Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Falcón, por sentencia de fecha 2 de diciembre de 2010, declaró improcedente la impugnación del poder, improcedente la falta de jurisdicción de los tribunales laborales venezolanos y negó el llamamiento de terceros forzosos.

Por diligencia del 3 de diciembre de 2010 la parte demandada solicitó la ampliación, rectificación y aclaratoria de la sentencia dictada el 2 de diciembre de 2010 para que “se amplíe la sentencia dictada, a los fines de incluir la consulta obligatoria de la falta de jurisdicción opuesta producto de una cláusula de mediación”.

Mediante decisión del 8 de diciembre de 2010 el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Falcón declaró improcedente la ampliación, rectificación y la aclaratoria de la sentencia de fecha 2 de diciembre de 2010, improcedente la consulta obligatoria e improcedente la rectificación de los lapsos otorgados en la sentencia de fecha 2 de diciembre de 2010, en los siguientes términos:

“(…) este juzgado acoge el criterio pacífico de la Sala Político Administrativo sentencia de fecha 06 de julio de 2010, expediente Nº 2010-0374, conforme a la cual la declaratoria afirmativa de jurisdicción de un juez no es objeto de la consulta obligatoria; por el contrario, sólo deberán consultarse aquellas decisiones en las cuales el juez niega tener jurisdicción para conocer un asunto que le ha sido planteado, bien por considerar que le corresponde a la Administración Pública, a un juez extranjero o por estimar que debe ser resuelto por medio del arbitraje (…)”.

Por diligencia del 9 de diciembre de 2010 la parte demandada apeló “únicamente en lo que respecta a la negativa del llamamiento de terceros planteada por su representada”.

En esa misma fecha la parte demandada ejerció recurso de regulación de jurisdicción contra el fallo dictado en fecha 2 de diciembre de 2010, planteado en los siguientes términos:

“(…) como quiera que la pretensión del ACTOR versa sobre una controversia derivada de su contrato con United Scaffolding Inc. es evidente que el presente conflicto debe ser sometido a Mediación, previo al inicio de un juicio, toda vez que así fue pactado por las partes de manera inequívoca al inicio del vínculo laboral bajo la legislación del estado de Texas, Estados Unidos de América. En consecuencia, los Tribunales Laborales del Trabajo no tienen jurisdicción para conocer la presente controversia, siendo que el conocimiento de tal pretensión corresponde, de forma exclusiva a la Mediación, antes de la interposición de un juicio.

En este sentido, el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (`LOPT´), señala:

…omissis…

En el presente caso, el ACTOR fundamenta la jurisdicción de los Tribunales Laborales venezolanos para conocer la presente controversia en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo (`LOT´).

Al respecto, tenemos que señalar que la territorialidad del artículo 10 de la LOT no puede extenderse al aspecto de la determinación de la jurisdicción, pues esta norma es de carácter eminentemente sustantivo y debe desplegar los efectos que el operador jurídico considere pertinentes en el ámbito del Derecho aplicable al fondo.

En igual sentido, se ha pronunciado la Sala Político Administrativa (`SPA´) del Tribunal Supremo de Justicia (`TSJ´) dictada en fecha 21 de enero de 1999, recaída en el caso Luis Carlos Charry Sánchez vs. Reuters Limited, al señalar que la disposición contenida en el artículo 10 de la LOT, simplemente determina cuáles son los factores de conexión que permiten indicar como aplicable al fondo de una determinada controversia la legislación laboral venezolana, pero que en ningún caso pueden derivarse de tales factores de conexión, criterios atributivos de jurisdicción. En otras palabras, el artículo 10 de la LOT pretende solucionar un problema de ley aplicable y no un problema sobre la jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer de un determinado caso.

…omissis…

Según se desprende del contrato suscrito entre el ACTOR y United Scaffolding Inc. (…), las partes convinieron expresamente en su Cláusula 6.5 someter cualquier controversia que surja en relación con el mismo, antes de comenzar cualquier juicio, a Mediación, como un mecanismo alternativo para la resolución de conflictos distinto a la vía judicial.

En este sentido, el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (`CRBV´) establece que `la Ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos´

…omissis…

De esta forma, el ordenamiento jurídico constitucional promueve la válida manifestación de la autonomía de la voluntad de las partes, a través de medios alternativos de solución de conflictos entre los cuales observamos: el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos.

…omissis…

En efecto, en el presente caso estamos en presencia de un contrato de fecha 26 de julio de 1999, suscrito entre el ACTOR y United Scaffolding Inc. para la prestación de sus servicios en Venezuela, mediante el cual, las partes expresamente acordaron someter sus controversias a la Mediación, previo a comenzar cualquier juicio, y vista la validez de las cláusulas contractuales que derogan la jurisdicción de los tribunales venezolanos frente a medios alternativos de resolución de conflictos como la Mediación, a tenor de la doctrina jurisprudencial de la SPA del TSJ, solicitamos respetuosamente se declare con lugar la Regulación de Jurisdicción intentada.

…omissis…

(…) el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Falcón Punto Fijo, en su sentencia de fecha 2 de diciembre de 2010, incurre en un error inexcusable que viola flagrantemente el derecho a la defensa de su representada, que además afecta y contamina el proceso para sus actos futuros, en caso que la presente defensa sea desechada por la SPA del TSJ, toda vez que efectúa pronunciamientos sobre el fondo de la controversia, tal como lo constituye el establecer que en el presente caso resulta aplicable la legislación laboral venezolana, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la LOT.

La referida Decisión  erróneamente se pronuncia sobre el derecho aplicable al caso y no sobre la jurisdicción. En este sentido analiza la Decisión los supuestos de hecho que permiten o no el establecimiento de la legislación aplicable, adelantando conclusiones respecto del fondo de la controversia planteada en el presente caso, lesionando de esta forma el derecho a la defensa de [su] representada y usurpando funciones que solo le están atribuidas al Juez de Juicio” (sic).

El  9 de diciembre de 2010 la parte demandante consignó observaciones al recurso de regulación de jurisdicción presentado.

Por auto del 13 de diciembre de 2010 el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Falcón ordenó la remisión del expediente a esta Sala, a los fines de resolver el recurso de regulación de jurisdicción.

II

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Previamente debe pronunciarse la Sala respecto de la norma atributiva de competencia, de conformidad con la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447, de fecha 16 de junio de 2010. En efecto, el régimen de competencias atribuido a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia quedó establecido en su artículo 23.20, que reza:

“Artículo 23. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de:

…omissis…

20. Las consultas y recursos de regulación de jurisdicción”.

La Sala observa que el objeto de la presente decisión consiste en determinar si en el caso de autos el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer de la demanda por concepto de prestaciones sociales y demás conceptos derivados de la relación laboral, en virtud de la existencia de una presunta cláusula compromisoria de mediación.

En fecha 2 de diciembre de 2010 el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Falcón afirmó su jurisdicción, en los siguientes términos:

 “(…) Ahora bien para este Juzgado resulta importante resaltar como ha tratado la Sala de Casación Social, la aplicabilidad de La Ley Laboral Venezolana a los trabajadores extranjeros, que habiendo sido contratados en el exterior, son trasladados a nuestro país para continuar con la prestación de servicios y ésta finaliza en el Territorio Nacional, el cual fue explanado con mucha precisión en la sentencia dictada en el caso ROBERT CAMERON REAGOR contra COMPAÑÍA OCCIDENTAL DE HIDROCARBUROS, INC o COMPAÑÍA OCCIDENTAL DE HIDROCARBUROS (OXY) de fecha 19 de septiembre de 2001, numero 223, tomando en consideración que el principio a aplicar en estos casos es el principio de territorialidad establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, la sala toma en cuenta el análisis hecho por el tratadista patrio Dr. Rafael Alfonso Guzmán, en su obra `La Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo ´De conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, las disposiciones de esa ley `son de orden público y de aplicación territorial; rigen a los venezolanos y extranjeros con ocasión del trabajo prestado o convenido en el país…´. Tal y como se evidencia del criterio supra trascrito, el tratadista en cuestión, sostiene que el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, conlleva en sí mismo una doble noción de territorialidad, la cual está sometida en primer término al territorio como delimitación geográfica del Estado, en donde rige al mismo tiempo el principio de la soberanía, el cual permite la creación y cumplimiento de las leyes; y en segundo lugar, el sometimiento de dichas normas al lugar donde se suscitan las situaciones jurídicas que la misma ley regula, es decir, aquéllas surgidas con ocasión del trabajo prestado o convenido en el territorio nacional venezolano. En tal sentido, estima el referido autor, que cuando las partes contratantes celebran un contrato para que el mismo sea ejecutado en distintos países, lo hacen a sabiendas que en éstos, existen reglas de orden público propias de cada ordenamiento jurídico y, que por tales motivos las estipulaciones establecidas en el contrato celebrado, cederán ante éstas, claro está, por el tiempo en que perdure la ejecución de la actividad pactada en el territorio extranjero (…)”.  

Contra el fallo parcialmente transcrito, el representante judicial de la empresa demandada ejerció recurso de regulación de jurisdicción en fecha 9 de diciembre de 2010, en virtud de existir una cláusula compromisoria de mediación.

La materia a dirimir por este Alto Tribunal al respecto se circunscribe a precisar si el conocimiento de esta causa le corresponde a los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela o, en su defecto, debe ser dirimida por el sistema de mediación.

En anteriores oportunidades, esta Sala ha expresado que existe falta de jurisdicción o defecto de jurisdicción, cuando el conocimiento de una controversia no atañe al Poder Judicial venezolano, bien por corresponder su conocimiento a los órganos de la Administración Pública, a un juez extranjero o al arbitraje. En el presente caso se plantea la falta de jurisdicción de los Tribunales venezolanos, con fundamento en la cláusula de mediación establecida de común acuerdo entre las partes.

Así, resulta necesario aclarar que los contratos se ubicarán en el campo del Derecho Internacional Privado cuando ocurran supuestos como los siguientes: que las partes obligadas sean de distinta nacionalidad; tengan domicilios en diferentes Estados; los contratos se celebren en un Estado y los efectos deban cumplirse en otro; cuando las partes sean de un mismo Estado, pero celebren el contrato en otro; cuando se haya sometido el conocimiento de la controversia a los tribunales de la jurisdicción extranjera, etc. En efecto, cualquiera de estas situaciones conlleva a realizar un estudio para determinar entre las diferentes leyes cual pudiera ser la aplicable, al evidenciarse un conflicto de leyes.

El caso de autos versa sobre una demanda que tiene por objeto el cobro de prestaciones sociales y demás conceptos derivados de la relación laboral  que existió entre el ciudadano estadounidense Carlos CANTU y la empresa United Goedecke Services Inc., constituida según las leyes del estado de Delaware de los Estados Unidos de América, domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela en fecha 2 de noviembre de 1999 ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Nº 11, Tomo 65-A de los libros respectivos; y posteriormente cambiado su domicilio para la ciudad de Punto Fijo el 19 de septiembre de 2001, bajo el Nº 19, Tomo 26-A de los libros del Registro Mercantil Cuarto de la misma Circunscripción Judicial.

Al respecto, la Sala observa que en las actas procesales (folios 77 al 94) consta una traducción por intérprete público del contrato de trabajo suscrito en fecha 26 de julio de 1999 entre la sociedad United Scaffolding Inc, representada por Neil W. Woods (Funcionario Ejecutivo) y Carlos CANTU, como Vicepresidente de United Goedecke Services en Venezuela, en cuyo contrato las partes establecen como fines “dirigir las operaciones de campo, la administración, las ventas, el mercadeo y las funciones de seguridad de United/Goedecke Services, Inc-Venezuela”. Consta igualmente en ese contrato que las partes suscribieron una cláusula de mediación, que reza así:

“…MEDIACIÓN. Cualquier controversia o reclamo que surja de o en relación con este Contrato o la violación del mismo, antes de comenzar cualquier juicio, será sometido a mediación no obligante. En el caso de que la Compañía y el Empleado no puedan llegar a un acuerdo en cuanto a la designación de un mediador, el mediador será determinado y designado por la Asociación Norteamericana de Arbitraje”.

La demanda de autos fue interpuesta por el ciudadano Carlos CANTU, quien dice ser trabajador de la sociedad United Goedecke Services en Venezuela, a los fines de que ésta le pague las prestaciones sociales y demás beneficios laborales que alega le adeuda, desde el 26 de julio de 1999 hasta el 27 de mayo de 2010.

Arguyó que está demostrada, no sólo su prestación de servicio personal,  sino que además el carácter laboral de esa prestación, por lo que procedería la aplicación de la presunción prevista en el artículo 65 de Ley Orgánica del Trabajo, en cuanto a la existencia de una relación de trabajo.     

Al ser así, ante la presencia de elementos de extranjería como la nacionalidad del trabajador, el lugar de contratación, la empresa extranjera que lo contrató y la cláusula de mediación antes transcrita, el caso de autos debe ser analizado a la luz del derecho internacional privado, para lo cual se procede a la revisión de sus fuentes en el ordenamiento jurídico venezolano, previstas en el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, cuyo texto establece:

 “Artículo 1. Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados.”

En atención al orden de prelación de las fuentes, antes referido, deben tomarse en cuenta, en primer lugar, las normas de derecho internacional público sobre la materia y, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes para Venezuela en materia de derecho internacional.

En orden a lo anterior, se advierte la existencia de elementos suficientes como para concluir que dos estados, por supuesto de distinta jurisdicción, podrían tener interés en el conocimiento y decisión de la controversia: Estados Unidos de América y la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, como quiera que entre los países antes expresados no existe tratado alguno que regule lo referente a la materia de jurisdicción, debe forzosamente acudirse al examen de las normas de derecho internacional privado venezolano a los fines de su determinación.

Siendo así, corresponde a esta Sala la revisión de la Ley de Derecho Internacional Privado, advirtiéndose que la apreciación que haga este Alto Tribunal respecto de los alegatos formulados por las partes y los elementos que componen el expediente, sólo tienden a la determinación del tribunal competente en la esfera internacional para resolver la controversia, por lo que las consideraciones que se expondrán en el fallo no constituyen un pronunciamiento acerca del fondo del asunto debatido.

En tal sentido, esta Sala observa, como se precisó anteriormente, que el  caso bajo examen versa sobre una demanda por cobro de prestaciones sociales y demás conceptos derivados de la relación laboral en la que la parte demandada se encuentra domiciliada en el territorio venezolano, por lo que este Alto Tribunal pasa a examinar el supuesto relativo a la jurisdicción de los tribunales de la República respecto de los extranjeros, contenido en el artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado, el cual dispone:

Artículo 39.- Además de la jurisdicción que asigna la ley a los tribunales venezolanos en los juicios intentados contra personas domiciliadas en el territorio nacional, los tribunales de la República tendrán jurisdicción en juicios intentados contra personas domiciliadas en el exterior en los casos contemplados en los artículos 40, 41 y 42 de esta Ley”.

Igualmente, el artículo 40 eiusdem establece lo siguiente:

“Artículo 40.- Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial:

…omissis…

2. Cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones que deban ejecutarse en el territorio de la República o que se deriven de contratos celebrados o de hechos verificados en el mencionado territorio…”.

De lo anterior, entiende la Sala que los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial, cuando éstas se ejerzan contra personas domiciliadas en el territorio nacional o cuando se trate de acciones relativas a obligaciones que deban ejecutarse en el territorio de la República, o que se deriven de contratos celebrados en el mencionado territorio.

En atención a lo expuesto, cabe traer a colación el contenido de los artículos 11 y 15 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que determinan como domicilio de las personas físicas el lugar donde éstas tengan su residencia habitual; aunque en relación con el domicilio de las personas jurídicas, el legislador no hizo ninguna mención. Sin embargo, la Sala, en anteriores oportunidades (vid. sentencia N° 2159 del 10 de octubre de 2001), ha ratificado la vigencia del concepto de domicilio de las personas jurídicas que se desprende del artículo 203 del Código de Comercio; es decir, el lugar que determina el contrato constitutivo de la sociedad y a falta de ello, el lugar de su establecimiento principal.

En el caso concreto bajo examen, la empresa demandada se encuentra constituida conforme  a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, y domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela en fecha 2 de noviembre de 1999 ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Nº 11, Tomo 65-A de los libros respectivos; y posteriormente cambiado su domicilio a la ciudad de Punto Fijo el 19 de septiembre de 2001, bajo el Nº 19, Tomo 26-A., de los libros del Registro Mercantil Cuarto de la misma Circunscripción Judicial; por lo que se cumple con el supuesto del domicilio establecido por el artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado.

Aunado a lo anterior, si bien las partes convinieron en una cláusula del contrato que “se regirá por y se interpretará de conformidad con las leyes del Estado de Texas”, Estados Unidos de América, el artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado establece que “La jurisdicción que corresponde a los tribunales venezolanos, según las disposiciones anteriores, no podrá ser derogada convencionalmente a favor de los tribunales extranjeros, o árbitros que resuelvan en el extranjero, en aquellos casos en que el asunto se refiera a controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República, o se trate de materias respecto de las cuales no cabe transacción o que afecten los principios esenciales del orden público venezolano” (Resaltado de la Sala).

En efecto, el artículo 10 de la Orgánica del Trabajo, prevé:

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de aplicación territorial; rigen a venezolanos y extranjeros con ocasión del trabajo prestado o convenido en el país y en ningún caso serán renunciables ni relajables por convenios particulares, salvo aquellos que por su propio contexto releven el propósito del legislador de no darles carácter imperativo. Los convenios colectivos podrán acordar reglas favorables al trabajador que modifiquen la norma general respetando su finalidad” (Resaltado de la Sala).

En conexión con lo anterior, cabe traer a colación lo previsto en el artículo 30 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, según el cual:

“Las demandas o solicitudes se propondrán por ante el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente por el territorio que corresponda. Se consideran competentes, los Tribunales del lugar donde se prestó el servicio o donde se puso fin a la relación laboral o donde se celebró el contrato de trabajo o en el domicilio del demandado, a elección del demandante. En ningún caso podrá establecerse o convenirse un domicilio que excluya a los señalados anteriormente”.

De esta manera, visto que la demanda por cobro de prestaciones sociales y demás conceptos derivados de la relación laboral se ha ejercido contra una empresa domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela y que las obligaciones se ejecutaron en este mismo territorio, concluye la Sala que, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, los tribunales venezolanos tienen jurisdicción para conocer de la demanda por cobro de prestaciones sociales y demás conceptos derivados de la relación laboral ejercida por los apoderados judiciales del ciudadano Carlos CANTU, contra la sociedad United Goedecke Services Inc.

Por tanto, corresponde específicamente al Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Falcón, el conocimiento de la presente causa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo supra transcrito. Así se decide.

En consecuencia, este Alto Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de regulación de jurisdicción ejercido, confirmar la sentencia dictada el 2 de diciembre de 2010 por el juez remitente, mediante la cual afirmó su jurisdicción, y condenar en costas al solicitante de la regulación de jurisdicción. Así se determina.

III

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- SIN LUGAR el recurso de regulación de jurisdicción ejercido en fecha 9 de diciembre de 2010 por el representante judicial de la sociedad United Goedecke Services Inc.

2.- Que el PODER JUDICIAL VENEZOLANO SÍ TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir el presente asunto contentivo de la demanda por concepto de prestaciones sociales y demás conceptos derivados de la relación laboral, ejercida por el ciudadano Carlos CANTU, contra la sociedad United Goedecke Services Inc.

En consecuencia, CONFIRMA la sentencia de fecha 2 de diciembre de 2010, dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, mediante la cual afirmó su jurisdicción.

Se CONDENA en costas a la empresa demandada por haber resultado totalmente vencida en la presente incidencia, conforme a lo previsto en los artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Juzgado de origen para que la causa continúe su curso de Ley. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de febrero del año dos mil once (2011). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

             La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

                                                                                                                                                 La Vicepresidenta

                                                                      YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

    

                                                                                                                                        EMIRO GARCÍA ROSAS

                                                                                                                                                         Ponente

TRINA OMAIRA ZURITA

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

En diecisiete (17) de febrero del año dos mil once, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00228.

 

La Secretaria Int.,

NOEMÍ DEL VALLE ANDRADE