Magistrada Ponente: YOLANDA JAIMES GUERRERO

Exp. Nº 2010-1149

 

La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, remitió a esta Sala, adjunto a oficio Nº CSCA-2010-006534 de fecha 29 de noviembre de 2010, el expediente contentivo de la querella funcionarial interpuesta conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, por los abogados José Domingo Vásquez Manrique y Adtherelivmar Gutiérrez, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 34.798 y 71.754, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de las ciudadanas MIRIAM LARGO, TERESILA ÁLVAREZ, LUCINA ROJAS, CRISAIDA LÓPEZ, CARMEN SOTILLO, NANCY LONDOÑO, LOLA MOGOLLÓN, THAIMI GUARDIA, DEXIS DÍAZ, GRACE ARIAS, AMANDA SILVA, LUZ GARRIDO, LORENA LARA, NORMA VELIZ, LISETT PEÑALOSA, MARLENE NARANJO, MIRTHA CORDERO, CARMEN YAVINAPE, IRMA HERNÁNDEZ, NEYIRVIA PIÑA, MIRIAM VÁSQUEZ, CARMEN MUÑOZ, ESTELA ABREU, AÍDA BARRIOS, GRETA PERALES, AMNERYS CAMPOS, IDALIA PÉREZ, RAQUEL CASTILLO, ROSALÍA SILVA, UVENSA BLANCO, MARIA BAENA, MARITZA RODRIGUEZ, ELOISA GARRIDO, JÉSSICA SEGOVIA, PILAR LÓPEZ, CARMEN RICCIUTI, EDDI DUCÓS, ROXANA FAJARDO, LYNELL BLANCO PONCE, DANIELA VERA, SONIA CAMACHO, MARIA E. VEGA, EDITH SEGUÍAS, MARÍA ANGELICA CARPIO, ANA PEÑA, MARÍA MONTILLA, ROSA HERNÁNDEZ, AÍDA VILLALOBOS, JUDITH LAMEDA, ANA GÓMEZ, MAILYN CHACARE, ISMELDA MONTILLA, MARIA FERNANDA DIZ, EGLEÉ NAVAS, MARÍA EUGENIA ACOSTA y de los ciudadanos FÉLIX JIMÉNEZ, YONNYS GUARDIA, LUIS O. LUNA, FELICIANO YUAVE, JUAN RODRÍGUEZ, JOSÉ TOVAR, OMAR BLANCO, GIOMAR AÑEZ, LUIS SALAZAR, PEDRO VARÓN, GILMER CAMICO, RODOLFO BLANCO, RAFAEL GONZAGA, FERNANDO MAYABIRO, RAFAEL MORA, ROBERT MORA y GILBERTO RANGEL, con cédulas de identidad Nros. 1.567.914, 1.568.241, 4.339.840, 8.947.706, 8.945.242, 8.902.834, 10.657.130, 8.903.778, 8.903.781, 8.803.975, 8.948.772, 1.566.481, 9.284.460, 8.903.614, 9.344.954, 8.900.139, 7.208.661, 8.900.240, 9.590.001, 8.900.309, 8.904.247, 1.561.124, 1.568.702, 1.568.366, 8.900.005, 8.945.908, 8.903.063, 8.904.795, 8.904.791, 1.569.109, 1.566.441, 1.565.745, 10.656.033, 11.393.801, 5.279.168, 4.433.314, 13.714.637, 10.869.483, 10.921.800, 11.306.343, 10.360.824, 11.017.322, 6.913.316, 12.897.213, 8.146.456, 4.453.254, 7.277.470, 5.174.170, 1.566.441, 12.893.389, 7.662.320, 6.799.887, 2.517.392, 4.000.494, 12.881.789, 1.564.737, 1.565.992, 1.565.154, 10.024.882, 8.903.126, 10.923.537, 8.900.252, 1.568.357, 1.568.450, 1.565.955, 1.567.356, 8.903.138, 6.376.989, 1.566.417, 12.451.898 y 7.168.053, respectivamente, contra el entonces Ministerio de Salud y Desarrollo Social, hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Dicha remisión fue realizada en virtud del conflicto de competencia suscitado entre la mencionada Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y la entonces denominada Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y Tribunal Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Amazonas de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas.

El 14 de diciembre de 2010, se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha se designó ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO, a los fines de decidir la regulación de competencia.

Por auto de fecha 8 de febrero de 2011, se dejó constancia que en vista de la designación realizada por la Asamblea Nacional el 7 de diciembre de 2010, a la Doctora Trina Omaira Zurita, quien se juramentó e incorporó como Magistrada Principal de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 9 de diciembre del mismo año, la Sala quedó integrada de la siguiente manera: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Emiro García Rosas y Magistrada Trina Omaira Zurita.

Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, esta Sala pasa a decidir conforme a las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

Los abogados José Domingo Vásquez Manrique y Adtherelivmar Gutiérrez,  actuando con el carácter de apoderados judiciales de las ciudadanas y los ciudadanos precedentemente identificados, mediante escrito de fecha 6 de octubre de 2004, interpusieron querella funcionarial conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, ante la otrora Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y Tribunal Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Amazonas de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, contra el entonces Ministerio de Salud y Desarrollo Social, estableciendo como fundamento de la acción, lo siguiente:

Que sus representados son empleados de carrera del Ministerio de Salud y Desarrollo Social del Estado Amazonas, desempeñándose en el Hospital José Gregorio Hernández y Ambulatorios del referido Ministerio, ubicados en Puerto Ayacucho, Municipio Atures del Estado Amazonas, como licenciados en enfermería, enfermeros, odontólogos, bioanalistas y nutricionistas, entre otros.

Que el 27 de diciembre de 2000, se  celebró un Acuerdo Marco entre el mencionado Ministerio, la Federación de Colegio de Enfermeras de Venezuela, Federación Farmacéutica Venezolana, entre otros, en el que se aprobó el Bono de Frontera y de Difícil Acceso para aquellos profesionales que prestaran sus servicios en Municipios fronterizos y que además sean de zonas recónditas del territorio nacional.

Aducen que la cláusula veintiocho de la tercera Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el mencionado Ministerio de Salud y la Federación de Colegios de Enfermeras de Venezuela, también establece dicho bono como parte integral del salario.

Señalan que sus representados percibieron el pago del referido bono durante el año 2002, pero que no ocurrió lo mismo durante los años 2001, 2003 y 2004, por cuanto la “administración de Salud incurrió en la omisión de una conducta que estaba obligada a cumplir”.

Que los trabajadores y trabajadoras demandantes tuvieron conocimiento de un dictamen elaborado por la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de la Salud el 17 de febrero de 2004, en el que se estableció, entre otros puntos, cuáles son los Estados que se consideran fronterizos.

Que en dicho dictamen “se excluyó en términos errados y caprichosos a los trabajadores de la salud de Puerto Ayacucho, lo cual -en su criterio- colocan al Ministerio-patrono al margen de la legalidad y de la constitucionalidad que deben orientar sus actuaciones, pues no sólo violenta principios fundamentales como la defensa y el debido proceso, sino la equidad”.

Que “en ninguna de las erradas y arbitrarias clasificaciones intervinieron los gremios que representan a los trabajadores, como lo ordena la Convención Colectiva, por lo cual, inaudita parte se procedió a una determinación impuesta que debió ser producto de la negociación”.

En razón de lo anterior, demandan al Ministerio de Salud y Desarrollo Social a fin de que pague a sus poderdantes “la prima de frontera y de difícil acceso, equivalente al cuarenta por ciento (40%) del salario percibido por cada uno de ellos más los intereses e indexación que hayan generado el atraso en el pago de los años 2001, 2003 y los meses transcurridos de 2004 (…). Asimismo, los meses que transcurran hasta la decisión correspondiente más los intereses que éstos generen. Igualmente, que se condene al Ministerio de la Salud al pago de las deferencias que correspondan a bono vacacional y bonificación de fin de año dejados de cancelar, así como el pago de la diferencia de cualquier bonificación o incidencia salarial que haya ocurrido u ocurra en el transcurso de la sustanciación del proceso (…). Por último, (…) en relación a los trabajadores que dejen de prestar servicios, al cálculo de las prestaciones de antigüedad y de las pensiones y jubilaciones (…) [y] que la condenatoria esté acompañada de la orden de elaboración de una experticia complementaria del fallo (…)”. (Sic).

Mediante decisión del 21 de octubre de 2004, la Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo Menores y Tribunal Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Amazonas de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, se declaró incompetente para conocer del presente caso y declinó su competencia en las Cortes de lo Contencioso Administrativo con fundamento en lo siguiente:

“(…) Ahora bien, advierte este Tribunal Colegiado la imposibilidad de conocer el presente recurso, ello en virtud de la condición de ente público nacional que ostenta la institución recurrida en autos, a saber, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, amén de la condición de la oficina sobre quien recae la responsabilidad de la omisión del pago del ya mentado Bono de Frontera y de Difícil Acceso, vale decir, la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

En tal sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ha venido sosteniendo de manera reiterada que el tribunal competente para conocer de las acciones incoadas contra los organismos públicos nacionales es la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en virtud del rango de la institución demandada, pero como quiera que la acción ejercida por los recurrentes por concepto del pago del Bono de Frontera y de Difícil Acceso es contra el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, el tribunal competente para conocer de la presente acción recursiva es la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo(…)”. (Sic)

 

El 20 de diciembre de 2004, se recibió el expediente en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, correspondiendo su conocimiento, previa distribución, a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, la cual se declaró a su vez incompetente para conocer de la presente causa, según decisión del 17 de marzo de 2005, bajo los fundamentos siguientes:

“(…) El presente caso se encuentra enmarcado dentro del campo de las relaciones de empleo de carácter público, por cuanto los querellantes prestan actualmente sus servicios profesionales en instituciones de salud del Estado adscritas al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, todas estas ubicadas en la Región del Estado Amazonas.

Siendo así lo anterior, esta Corte considera preciso traer a colación el contenido del artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el cual expresa lo siguiente:

(…)

Por su parte, la Disposición Transitoria Primera de dicha Ley, establece lo siguiente:

(…)

Ahora bien, luego de traer a colación tales disposiciones, esta Corte observa que el a quo erró en su razonamiento al declinar la competencia en este Órgano Jurisdiccional, constituyendo como fundamento de su decisión la condición de órgano de la Administración Pública Nacional, como lo es el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, organismo querellado en el presente caso, por cuanto el caso de autos versa sobre un reclamo de carácter funcionarial, debido a que el mismo tiene su origen en una relación de empleo público a la cual le debe ser aplicada las prescripciones contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública. Ello así, el conocimiento de las reclamaciones que se intenten contra la Administración Pública, -sea ésta nacional, estadal o municipal- surgidas con ocasión de las controversias que se susciten dentro del marco de una relación de empleo público corresponden a un Juzgado Superior con competencia en lo Contencioso Administrativo, siendo este el Juez natural para conocer de la controversia suscitada en primer grado de jurisdicción, de conformidad con lo establecido por el artículo 93 numeral 1 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, precedentemente citado.

Así las cosas, siendo la presente causa un reclamo de origen netamente funcionarial, resulta imperioso para esta Corte declarar su incompetencia para conocer en primer grado de jurisdicción del presente recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con amparo cautelar, y así se decide.

(…)

Ello así, debe esta Corte ordenar la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que se pronuncie sobre el conflicto negativo de competencia suscitado entre la referida Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tránsito Trabajo, Menores y Tribunal Superior en lo Contencioso Administrativo del Estado Amazonas y esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo prescrito por el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara (…)”.

 

II

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Debe esta Sala establecer, en primer término, su competencia para resolver el conflicto negativo planteado y, al efecto, se impone atender a los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, que disponen: 

Artículo 70. Cuando la sentencia declare la incompetencia del Juez que previno, por razón de la materia o por el territorio en los casos indicados en el artículo 47, si el Juez o Tribunal que haya de suplirle se considerare a su vez incompetente, solicitará de oficio la regulación de la competencia.

Artículo 71. La solicitud de regulación de la competencia se propondrá ante el Juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aún en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación. En los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior (…)”. (Destacados de la Sala).

 

Por su parte, el numeral 19 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447 del 16 de junio de 2010, dispone lo siguiente:

Artículo 23. La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de:

(…)

19. Los conflictos de competencia que surjan entre los tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”. (Destacado de la Sala).

 

En atención a las normas indicadas y habiéndose planteado un conflicto de competencia entre la entonces Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo Menores y Tribunal Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Amazonas de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas y la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, para conocer de la demanda interpuesta, las cuales tienen atribuida la competencia en materia contencioso administrativa, es por lo que esta Sala, al ser el Máximo Órgano en dicha jurisdicción, se declara competente para conocer el conflicto surgido. Así se decide.

III

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

 

Determinada la competencia de esta Sala para resolver el conflicto negativo de competencia planteado, le corresponde determinar cuál es el órgano jurisdiccional que debe conocer de la querella funcionarial ejercida contra el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, hoy Ministerio del Poder Popular para la Salud y Protección Social, para lo cual observa:

Conforme se desprende de lo establecido en el libelo, los demandantes, en su condición de enfermeras, odontólogos, nutricionistas y bioanalistas, -entre otros- pretenden que el referido Ministerio le reconozca y pague “la prima de frontera y de difícil acceso, equivalente al cuarenta por ciento (40%) del salario percibido por cada uno de ellos más los intereses e indexación que hayan generado el atraso en el pago de los años 2001, 2003 y los meses transcurridos de 2004 (…). Asimismo, los meses que transcurran hasta la decisión correspondiente más los intereses que éstos generen”.

 Con vista en lo anterior y atendiendo a la condición de empleados públicos de las y los demandantes, en el caso concreto resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 93 y en la disposición transitoria primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.482, de fecha 11 de julio de 2002, que establecen lo siguiente:

Artículo 93: Corresponderá a los Tribunales competentes en materia contencioso administrativa funcionarial, conocer y decidir todas las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, en particular lo siguiente:

1-      Las reclamaciones que formulen los funcionarios o funcionarias públicos o aspirantes a ingresar en la función pública cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la administración pública”.

Disposición Transitoria Primera:

“Mientras se dicte la ley que regule la jurisdicción contencioso administrativa, son competentes en primera instancia para conocer de las controversias a que se refiere el artículo 93 de esta Ley, los jueces o juezas superiores con competencia en lo contencioso administrativo en el lugar donde hubieren ocurrido los hechos, donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde funcione el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia”.

 

Conforme a lo previsto en la disposición transitoria primera, anteriormente transcrita, la competencia para conocer de las reclamaciones formuladas por las funcionarias y los funcionarios públicos contra la Administración Pública, corresponde en primera instancia a los jueces o juezas superiores con competencia en lo contencioso administrativo.

Asimismo, cabe advertir que actualmente, en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 del 16 de junio de 2010, se distribuyen las competencias de los órganos que conforman la jurisdicción contencioso administrativa, a saber: (i) esta Sala Político-Administrativa (artículo 23); (ii) los Juzgados Nacionales (artículo 24); (iii) los Juzgados Superiores Estadales (artículo 25); y (iv) de los Juzgados de Municipio (artículo 26).

No obstante, conforme al principio perpetuatio fori, no rigen para el caso de autos los nuevos preceptos atributivos de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa que entraron en vigencia después de la interposición de la presente demanda, esto es: el 6 de octubre de 2004.

Con base en lo antes expuesto, debe establecer esta Sala que el conocimiento de las demandas interpuestas por funcionarios públicos con motivo de las reclamaciones formuladas cuando  consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública, sea ésta nacional, estadal o municipal, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, esto es, en primera instancia a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo Regionales, específicamente a la Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tránsito, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Tribunal Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Amazonas de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas y en segunda instancia a las Cortes de lo Contencioso Administrativo. Así se declara.

Finalmente, se observa que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo demoró injustificadamente la remisión del expediente a esta Sala, lo que constituye una dilación indebida que atenta contra la tutela judicial efectiva y el debido proceso. En este sentido, se insta a evitar retardos perjudiciales para los justiciables en la satisfacción de sus pretensiones.

IV

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara:

1.- QUE ES COMPETENTE  para resolver el conflicto negativo de competencia suscitado en el presente proceso.

2.- QUE CORRESPONDE a la Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tránsito, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Tribunal Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Amazonas de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, la COMPETENCIA para conocer de la querella funcionarial interpuesta contra el entonces Ministerio de Salud y Desarrollo Social, hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

En consecuencia, se ordena remitir el expediente al Juzgado declarado competente.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintidós (22) días del mes de febrero del año dos mil once (2011). Años 200º de la Independencia y 152º de la Federación.

 

             La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

                                                                                                                                        La Vicepresidenta - Ponente

                                                                      YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

    

 

                                                                                                                                                                

                                                                           EMIRO GARCÍA ROSAS

 

TRINA OMAIRA ZURITA

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

En veintitrés (23) de febrero del año dos mil once, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00252.

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN