MAGISTRADA PONENTE: EVELYN MARRERO ORTÍZ

EXP. Nº 2008-0426

 

Mediante oficio Nº 08-0728 de fecha 20 de mayo de 2008, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, remitió a esta Sala Político-Administrativa, el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad incoado conjuntamente con amparo constitucional, por el ciudadano Jesús Pacheco, titular de la cédula de identidad No. 5.900.771, actuando con el carácter de Presidente de la FEDERACIÓN NACIONAL DE OBREROS BOLIVARIANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES (FENOBOLMED), sin identificación en autos, asistido por el abogado José Oswaldo Montero Prieto, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 78.524, contra la Resolución No. 2008-004 de fecha 30 de enero de 2008, dictada por el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL, mediante la cual se abstuvo de registrar el proyecto de organización sindical que representa el actor, y declaró terminado el procedimiento de constitución de dicha organización.

La remisión se efectuó en virtud de la decisión dictada por la referida Sala el 16 de abril de 2008, mediante la cual declinó la competencia para conocer la causa en esta Sala Político-Administrativa.

El 22 de mayo de 2008 se dio cuenta en Sala, y por auto de la misma fecha, se designó ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz a los fines de decidir la declinatoria de competencia.

Para resolver el asunto planteado, la Sala observa:

 I

ANTECEDENTES

En fecha 26 de febrero de 2008 el ciudadano Jesús Pacheco, antes identificado, actuando con el carácter de Presidente de la FEDERACIÓN NACIONAL DE OBREROS BOLIVARIANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES (FENOBOLMED), sin identificación en autos, interpuso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con amparo constitucional, contra la Resolución No. 2008-004 de fecha 30 de enero de 2008, dictada por el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL, mediante la cual se abstuvo de registrar el proyecto de organización sindical que representa el actor, y declaró terminado el procedimiento de constitución de dicha organización.

Fundamentó su solicitud en las siguientes razones:

Que el 18 de diciembre de 2006, acudió conjuntamente con otros promoventes de la organización sindical Federación Nacional de Obreros Bolivarianos del Ministerio de Educación y Deportes (FENOBOLMED), ante la Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Público del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, a consignar los recaudos exigidos por la Ley Orgánica del Trabajo, para obtener el registro de dicha organización.

Señala, que no fue sino hasta el 27 de julio de 2007, es decir, casi ocho meses después que el Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, ordenó que se subsanaran algunas deficiencias encontradas en los recaudos consignados.

Manifiesta, que la notificación de la subsanación ordenada fue recibida el 2 de agosto de 2007 “en plenas vacaciones escolares, que comportan igualmente las vacaciones del personal obrero de las instituciones educativas, vale decir, de nuestros miembros, del personal obrero inscrito en los sindicatos solicitantes”.

            Que “(…) inicia[ron sus] gestiones de subsanación y apenas se reincorporaron los trabajadores a sus actividades regulares, se levantaron las actas solicitadas, y en general, se cumplió con una parte de la corrección de las deficiencias advertidas por el Ministerio, pero al acudir por ante las diferentes Inspectorías del Trabajo, nos conseguimos con la dificultad –insuperable-, de que los Inspectores del Trabajo se encontraban en la ciudad de Caracas, recibiendo entrenamiento relacionado con sus actividades, y en consecuencia no se pudo obtener sino hasta la culminación del aludido entrenamiento y reincorporación de los Inspectores del Trabajo a sus funciones, los documentos requeridos”.

            Aduce, que “todas estas circunstancias contribuyeron en el retardo sufrido para la consignación de los recaudos exigidos, pero finalmente superadas todas las adversidades (…) el (…) 8 de noviembre de 2007, presentamos todas las correcciones y subsanaciones solicitadas (…)”.

            Narra, que el 12 de febrero de 2008, fueron notificados de la Resolución impugnada mediante la cual el Ministro del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social se abstuvo de registrar la organización sindical que representa en virtud de la extemporaneidad “de la subsanación realizada a través de la documentación presentada”.

            Denuncia que el acto recurrido viola el derecho constitucional a constituir libremente organizaciones sindicales e igualmente viola el principio constitucional según el cual no se “…sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”.

            Alega, que la Resolución impugnada incurre en falso supuesto de derecho por cuanto se fundamentó en el artículo 456 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual, según afirma, no puede servir de fundamento a la negativa de registro.

            Denuncia, que (…) el procedimiento llevado por ante la Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Trabajo –sector público-, desembocó en una decisión arbitraria –por inconstitucional-, siendo por ello, por lo que debe declarar su nulidad, tal como por este medio, formalmente y de conformidad con el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en lo dispuesto en los artículos 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, e igualmente el numeral 31 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, solicito se declare”.

Finalmente, señala que ejerce “(…) acción de amparo sobre el derecho constitucional de los trabajadores y trabajadoras, a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen conveniente (…) contra el acto administrativo producido en fecha (…) 30 de enero de 2008, por el ciudadano Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social contenido en Providencia Administrativa dictada en el expediente N° 2008-0004 (…)(sic).

II
DE LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA

Por decisión de fecha 16 de abril de 2008 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declinó la competencia para conocer el caso de autos en esta Sala, con el siguiente razonamiento:

“   De lo que se evidencia que el Juez competente para conocer del recurso contencioso administrativo de anulación, también lo es para conocer de la solicitud de amparo constitucional que se ejerza conjuntamente, ello así por cuanto en el recurso contencioso administrativo de anulación ejercido conjuntamente con una solicitud de amparo constitucional, esta última tiene carácter accesorio respecto de la acción principal, que es el recurso de nulidad; por lo tanto, la competencia para conocer de ambas acciones será determinada por la competencia para conocer del recurso de nulidad, que es la acción principal.

Visto lo anterior, debe acotarse que bajo el sistema judicial que impera en nuestro país, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, posteriormente, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se encuentran perfectamente delimitadas las competencias de la jurisdicción constitucional y la contencioso administrativa, en atención al rango de las actuaciones objeto de control, es decir, a su ubicación dentro del esquema piramidal de fuentes del Derecho, como lo ha sostenido esta Sala Constitucional y ha ratificado firmemente desde entonces (Vid. Decisión N° 6/2000, caso: ‘Milagros Gómez’).

Desde esta perspectiva, se ha asumido que en lo que respecta al control concentrado de la constitucionalidad, como una de las manifestaciones o instrumentos de la justicia constitucional (distinto del control difuso, previsto en el artículo 334 constitucional; así como de la tutela reforzada del amparo, en los términos del artículo 27 eiusdem y otras manifestaciones como el control preventivo de la constitucionalidad de leyes, establecido en el segundo aparte del artículo 215 ibidem), a la Sala Constitucional corresponde tutelar la conformidad con el máximo texto normativo de los actos emanados del Poder Público en ‘(…) ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley’.

(…)

De otro lado, los propios términos del artículo 259 de la Carta Magna definen a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa como los ‘(...) competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa (...)’.

Queda patentizado entonces, que esta Sala Constitucional carece de competencia para juzgar respecto de la pretensión de nulidad conjuntamente con amparo constitucional del acto administrativo impugnado en esta oportunidad, emanado del Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, dada su jerarquía normativa como un acto de rango sublegal.

(…)

Ahora bien, para la determinación de a qué tribunal, dentro de la jurisdicción contencioso administrativa, compete en concreto el conocimiento de esta demanda, se observa que, de conformidad con el numeral 31 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, corresponde a la Sala Político Administrativa la competencia para ‘Declarar la nulidad, cuando sea procedente por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad, de los actos administrativos generales o individuales de los órganos que ejerzan el Poder Público de rango Nacional’.

(…)

En razón de lo anterior, debe indicarse que en la hipótesis de autos, se ejerció una demanda de nulidad conjuntamente con amparo constitucional contra la providencia administrativa N° 2008-0004 del 30 de enero de 2008, emanada del Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, a través de la cual se abstuvo de registrar el proyecto de organización sindical que representa el actor, y declaró terminado el procedimiento de constitución de dicha organización -Federación Nacional de Obreros Bolivarianos del entonces Ministerio de Educación y Deportes (FENOBOLMED)-, por lo que resulta forzoso para esta Sala declararse incompetente y declinar la competencia en la Sala Político Administrativa para el conocimiento de esta demanda; lo cual es ratificado por la propia providencia administrativa impugnada de marras, la cual indica en su parte final que ‘(…) de la presente decisión se podrá recurrir por ante la jurisdicción contencioso administrativa, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la misma’. (Vid. Decisión de la Sala N° 207 del 28 de febrero de 2008). Así se declara.”.

 

 

III
COMPETENCIA DE LA SALA

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer el recurso que le ha sido declinado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y en tal sentido observa:

En el caso bajo examen, el ciudadano Jesús Pacheco, actuando con el carácter de Presidente de la Federación Nacional de Obreros Bolivarianos del Ministerio de Educación y Deportes (FENOBOLMED), interpuso el recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con amparo constitucional contra la Resolución No. 2008-004 de fecha 30 de enero de 2008, dictada por el Ministro del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, mediante la cual se abstuvo de registrar el proyecto de organización sindical que representa el actor, y declaró terminado el procedimiento de constitución de dicha organización.

Ahora bien, el numeral 30 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, dispone lo siguiente:

 “Artículo 5: Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:

(…Omissis…)

30. Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del Poder Ejecutivo Nacional, por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad.”.

De acuerdo con la norma anteriormente transcrita, la cual reproduce en similares términos lo dispuesto en el ordinal 10 del artículo 42 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la competencia de esta Sala para conocer de la nulidad de los actos administrativos individuales del Poder Ejecutivo Nacional, queda circunscrita a los órganos de la Administración Central.

Sin embargo, en aras de la desconcentración de la actividad jurisdiccional de este Máximo Tribunal, ha señalado la Sala que su competencia, en esos casos, se limitará a los actos administrativos individuales emanados de los órganos superiores de la Administración Pública Central, los cuales a tenor de lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública son: el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva, el Consejo de Ministros, los Ministros o Ministras, los Viceministros o Viceministras.

Igualmente, le corresponde a esta Sala conocer de las acciones judiciales ejercidas contra los actos emanados de las máximas autoridades de los órganos superiores de consulta de la Administración Pública Central, que según la norma citada son: la Procuraduría General de la República, el Consejo de Estado, el Consejo de Defensa de la Nación, los Gabinetes Sectoriales y los Gabinetes Ministeriales (Vid. sentencia Nº 00336 de fecha 28 de febrero de 2007).

Determinado lo anterior, visto que en el caso de autos se recurre contra una Resolución dictada por el Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, esta Sala acepta la competencia que le fuera declinada. Así se declara.

IV
DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que ACEPTA la competencia que le fuera declinada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad incoado conjuntamente con amparo constitucional por el Presidente de la FEDERACIÓN NACIONAL DE OBREROS BOLIVARIANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES (FENOBOLMED), contra la Resolución No. 2008-004 de fecha 30 de enero de 2008, dictada por el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL.

Desígnese ponente, a los fines de pronunciarse sobre la admisión temporal del recurso de nulidad de autos y sobre la procedencia de la solicitud de amparo constitucional, conjuntamente ejercida con éste.

            Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los ocho (08) días del mes de julio del año dos mil ocho (2008). Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

 

      La Presidenta - Ponente

EVELYN MARRERO ORTÍZ

     La Vicepresidenta

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

En nueve (09) de julio del año dos mil ocho, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00786.

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN