Magistrada - Ponente: YOLANDA JAIMES GUERRERO

Exp. 2004-0831

 

Los abogados María Elena Rodríguez y Marino Alvarado, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 35.463 y 61.381, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos  LUIS ASUNCIÓN BELLO PRADO (C.I. 7.248.732), VÍCTOR JESÚS MIRANDA HENRÍQUEZ (C.I. 4.947.888), THAIS TIBISAY PERDOMO ARTEAGA (C.I. 7.238.190), MERY JOSEFINA UNDA MAY (C.I. 7.219.314), ZAYDA NAHIR PERAZA (C.I. 4.552.665), CARMEN OBDULIA VERA DE TORO (C.I. 4.842.199), GLENYS YDALI PÉREZ WATEIMA (C.I. 9.653.893), BELKIS COROMOTO BERROTERÁN RIZO (C.I. 4.226.155), MIGUELINA BERROTERÁN RIZO (C.I. 7.229.961) y ELSA CILENE TORRES GUTIÉRREZ (C.I. 7.211.782), mediante escrito presentado el 3 de agosto de 2004, procedieron a demandar la indemnización de los daños y perjuicios supuestamente ocasionados por el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS), creado por Ley del 24 de julio de 1940, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 1.096 Extraordinario de fecha 6 de abril de 1967, y cuya última modificación consta en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº  4.322 Extraordinario, de fecha 3 de octubre de 1991, como consecuencia de la intoxicación química ocurrida el 20 de marzo de 1993 en el Hospital “José Antonio Vargas”, ubicado en el Municipio de Palo Negro, Sector la Ovallera, Maracay, Estado Aragua.

Del anterior escrito y sus anexos se dio cuenta en Sala el 3 de agosto de 2004 y por auto de esa misma fecha se ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de su admisión.

Por auto del 7 de septiembre de 2004, se admitió la demanda y se ordenó notificar a la Procuradora General de la República.

Mediante diligencias del 6 de octubre y 11 de noviembre de 2004, la parte actora solicitó se practicara la citación del instituto demandado, así como la notificación de la Procuradora General de la República.

En fechas 23 y 24 de noviembre de 2004, el Alguacil dejó constancia de haber notificado a la Procuradora General de la República, así como de la imposibilidad de practicar la citación personal del demandado, respectivamente.

Por diligencia del 1° de diciembre de 2004, la apoderada judicial de los demandantes solicitó la citación por carteles del demandado, a tenor de lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, lo cual fue acordado por auto del 29 de marzo de 2005.

Librado el referido cartel la representación judicial de los accionantes consignaron el 11 de mayo de 2005 un ejemplar de su publicación y en fecha 8 de junio de 2005, la Secretaria del referido Juzgado dejó constancia de haber cumplido todas las formalidades a que alude el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.

Por diligencias del 4 y 5 de octubre de 2005, la apoderada judicial de los demandantes solicitó se designara Defensor ad-litem al demandado, lo cual fue acordado por auto del 26 de ese mismo mes y año, recayendo dicho nombramiento sobre el abogado Luis Eduardo Carrillo, quien en fecha 2 de febrero de 2006 aceptó el cargo y fue juramentado.

Por diligencia del 21 de marzo de 2006, la apoderada judicial de la parte actora solicitó “…les sea concedido el beneficio de la justicia gratuita consistente en la exención del pago de honorarios a auxiliares de justicia, con fundamento en los artículos 176, 178, 180 numeral 3 y 182 del Código de Procedimiento Civil. Esta petición la hacemos en virtud de que nuestros(as) representados(as) son personas que no cuentan con bienes de fortuna ni recursos económicos suficientes para asumir el pago de honorarios de Defensor ad-litem nombrado para representar los intereses del IVSS…”.

Mediante escrito del 2 de mayo de 2006, la parte actora promovió pruebas, las cuales fueron agregadas al expediente el día 10 de ese mismo mes y año y admitidas por auto del 23 de mayo de 2006, cuyo contenido fue notificado a la Procuradora General de la República en fecha 29 de junio de 2006.

Por diligencia del 26 de septiembre de 2006, la parte actora solicitó prórroga del lapso de evacuación de pruebas, lo cual fue acordado en esa misma fecha por quince (15) días de despacho contados a partir de su vencimiento.

El 4 de octubre de 2006, la parte actora solicitó se librara nueva comisión para la evacuación de la prueba de testigos, solicitud que fue declarada improcedente en fecha 2 de noviembre de 2006 por el Juzgado de Sustanciación, en virtud de haber vencido el lapso de evacuación de pruebas.

Mediante diligencia del 7 de noviembre de 2006, la parte actora apeló de la decisión dictada por el Juzgado de Sustanciación en fecha 2 de noviembre de 2006. Dicho recurso fue oído en ambos efectos ante esta Sala, la cual por auto del 30 de noviembre de 2006 dio cuenta del expediente y designó ponente a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero.   

Por sentencia N° 01027 del 14 de junio de 2007, la Sala declaró “…1. CON LUGAR la apelación planteada por los apoderados judiciales de los demandantes (…), contra la decisión dictada por el Juzgado de Sustanciación de fecha 2 de noviembre de 2006, en la demanda por indemnización de daños morales, planteada contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) con base en la motivación expuesta. En consecuencia se revoca dicho pronunciamiento; 2. Se ORDENA al Juzgado de Sustanciación librar nueva comisión al Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas a los efectos de la evacuación de las testimoniales de los ciudadanos Ronald Sánchez, Manuel Antonio Arellano Parra y Francisco Solano González Reategui…”.

Notificadas las partes y la Procuradora General de la República de la anterior decisión, se ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación en fecha 2 de octubre de 2007.

Por auto del 10 de octubre de 2007, el Juzgado de Sustanciación de la Sala libró la respectiva comisión.

Mediante diligencia del 30 de octubre de 2007, la parte actora solicitó el cómputo de los días de despacho transcurridos con ocasión del lapso de evacuación, lo cual fue acordado y efectuado el 31 de octubre de 2007, haciéndose constar “…que desde el día 10.10.07, fecha en la cual se entendió abierto el lapso de evacuación de la prueba testimonial han discurrido los siguientes días de despacho: 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 y 30 de octubre de 2007…”.

Por Oficio N° 256 del 4 de diciembre de 2007, el Juzgado Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas remitió las resultas de la comisión librada a dicho Juzgado.

El 22 de enero de 2008, por cuanto se encontraba concluida la sustanciación del expediente se acordó pasar las actuaciones a esta Sala, dándose cuenta de éstas el 29 de enero de 2008, oportunidad en la cual se designó ponente a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, fijándose el tercer (3er) día de despacho para comenzar la relación.

Iniciada la relación, el acto de informes se fijó para el décimo (10°) día de despacho a las 9:30 a.m., difiriéndose posteriormente.

En virtud de la reprogramación acordada en Sala el 28 de febrero de 2008, por auto del 6 de marzo de 2008 se fijó el acto de informes para el 25 de junio de ese mismo año, el cual fue diferido nuevamente el 2 de abril, 4 de junio y 9 de julio de 2008.

Llegada la oportunidad de presentar informes, esto es, el 25 de septiembre de 2008, se anunció el acto y a este sólo compareció la parte actora, quien expuso sus alegatos en forma oral, consignando luego por Secretaría el escrito respectivo.

El 12 de noviembre de 2008, terminó la relación en el presente juicio y se dijo “Vistos”.

Mediante diligencia del 17 de marzo de 2009, la parte actora solicitó se dictara sentencia.

 

 

I

ANTECEDENTES

 

Los  abogados María Elena Rodríguez y Marino Alvarado, miembros de la Organización Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA), actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos Luis Asunción Bello Prado, Víctor Jesús Miranda Henríquez, Thais Tibisay Perdomo Arteaga, Mery Josefina Unda May, Zayda Nahir Peraza, Carmen Obdulia Vera de Toro, Glenys Ydali Pérez Wateima, Belkis Coromoto Berroterrán Rizo, Migelina Berroterán Rizo y Elsa Cilene Torres Gutiérrez, antes identificados, narran como antecedentes de la presente acción los siguientes:

Que en fecha 18 de febrero de 1993, a la 1:50 p.m. el personal de guardia del Hospital “José Antonio Vargas” ubicado en Palo Negro de la ciudad de Maracay notó que el área de quirófano se llenaba de humo proveniente de un incendio en los alrededores.

En vista de ello, sostuvieron que el equipo médico quirúrgico presente en el lugar procedió a levantar un acta de cierre parcial de dicha área, la cual fue respaldada con un informe técnico indicando que el sistema integral de aire acondicionado no contenía ningún filtro purificador.

Dicha situación, según exponen más adelante, se repitió en fecha 21 de febrero de 1993, lo cual condujo a que la administración del Hospital dos días más tarde suspendiera la realización de operaciones electivas hasta tanto el sistema de enfriamiento contase con los filtros necesarios.

Habida cuenta de ello, advirtieron que “…casi un mes después del primer cierre, fue necesario volver a clausurar el quirófano, por cuanto se notaba, otra vez, presencia de humo y cenizas en dicha área…”, agravándose la situación, según adujeron, en horas de la noche del 15 de marzo de 1993, cuando se comenzó a percibir un olor a cloaca en los pasillos, habitaciones y demás instalaciones del Centro de Salud en referencia.

Producto de lo anterior, indicaron que se efectuaron las siguientes actividades de mantenimiento:

“…durante la semana del 16 al 20 de marzo de 1993 se iniciaron las labores de limpieza de los filtros y serpentinas de todas las unidades de mantenimiento del sistema de enfriamiento (en adelante UMAS) de EL HOSPITAL (cinco en total), con un producto limpiador de superficie identificado como LUME PLUS. Además, de la reparación y mantenimiento de los split (soldadura con acetileno y suministro del refrigerante FREÓN 22 y ACEITE DIELÉCTRICO). Paralelamente, el sábado 20 de marzo de 1993, en horas de la mañana, la Administración del HOSPITAL había pautado iniciar las labores de fumigación de las áreas adyacentes, áreas administrativas, cuarto de basura, consulta externa, servicio de radiología, cocina y comedor, utilizando un producto conocido como KAOTRIN 25, suministrado por la empresa contratista Enterprise…”. (Sic).

No obstante, advierten que en horas de la tarde del día  20 de marzo de 1993 “…ocurrió una situación de intoxicación química masiva en EL HOSPITAL, que se debió a un fenómeno de ‘neblumo’ en varios ambientes servidos por las UMAS del sistema de enfriamiento…”.

En este contexto, exponen que “…desde la mañana del día sábado empezó a percibirse malos olores que fueron relacionados con la fumigación que se llevaba a cabo en las áreas adyacentes de EL HOSPITAL, incluido también el cuarto de basura, áreas administrativas, servicio de radiología, consulta externa, cocina y comedor…”. (Sic)

Asimismo, señalaron que en esa fecha el personal médico, técnico y obrero empezó a sentir irritación en ojos y garganta, lagrimeo y prurito en todo el cuerpo, al tiempo que en horas de la tarde fueron intervenidos tres pacientes que posteriormente presentaron vómitos, mareos, náuseas y laringe-espasmos.   

Habida cuenta de ello, sostienen que no fue sino hasta horas de la noche cuando “…se ofició una situación de emergencia, procediéndose al traslado de las personas con síntomas graves de intoxicación a otros establecimientos hospitalarios. En tanto que el personal que hasta ese momento no presentaba síntomas de intoxicación grave, debió permanecer en EL HOSPITAL, a fin de asumir las actividades de atención médica, paramédica y apoyo logístico frente a una situación masiva…”, procediéndose el 21 de marzo de 1993, es decir, al día siguiente, a evacuar completamente el referido Centro Hospitalario.

Igualmente, destacaron que en esa misma fecha, 21 de marzo de 1993, “…se apersonaron al lugar de los hechos sendas comisiones del Cuerpo de Bomberos del estado Aragua, Defensa Civil y la Dra. Norma Díaz, Fiscal Tercera del Ministerio Público, quienes procedieron a tomar muestras de residuos y gases en las instalaciones del HOSPITAL, así como de las substancias químicas utilizadas en la fumigación (K-OTRIN-25) y limpieza de las UMAS (LUME PLUS)…”, ordenándose posteriormente la clausura temporal de dicho Hospital.

Paralelamente adujeron que según informe del 30 de marzo de 1993, suscrito por el ingeniero Franklin Mendoza representante de la Dirección de Medicina del Trabajo del IVSS, así como por el Sargento Mayor Henry Montesino representante del Cuerpo de Bomberos del Estado Aragua e Ingeniero Oscar Moreno Jefe del Servicio de Ingeniería Sanitaria de Malariología, se determinó lo siguiente:

“…a) que la clínica de los intoxicados coincidía con los síntomas y signos producidos por la absorción de contaminantes suministrados por los ductos de aire acondicionado del sistema UMA-4; b) se presumía la presencia de contaminantes, tales como ácido fosfórico, etilenglicol, bicloruro de amonio y aminas y; c) se concluía que el procedimiento de limpieza y descontaminación con nitrógeno y solución de amonio cuaternario en todas las áreas del HOSPITAL había sido satisfactorio…”.

            Sin embargo, exponen que cuando se reabrió el Hospital el día 31 de marzo de 1993, “…11 días después de los sucesos de intoxicación química masiva descritos con antelación, una vez más, personal y pacientes tuvieron que ser desalojados de las instalaciones de EL HOSPITAL, por presentar nuevamente síntomas de intoxicación. Incluso, para la segunda quincena del mes de abril de 1993, seguían apareciendo casos nuevos y recaídas reportadas en más de 40 personas afectadas, por patologías varias como: hipotensión arterial, nauseas, vértigos, cefaleas, faringitis crónica, retención de líquidos, hemorragia digestiva superior, hematuria y tetanea por hipocalcemia. Lo cual conllevó a un nuevo cierre de EL HOSPITAL, el 23 de abril de 1993…” (Sic).

            Lo descrito, según señalan más adelante, se siguió suscitando al punto que en fecha 26 de abril de 1993, se realizó una reunión en la sede del IVSS, en la cual se suscribió un acta en la que dicho ente se comprometía, entre otras cosas, a: “…1) Cerrar EL HOSPITAL a partir del 26 de abril de 1993; 2) prestar asistencia médica integral y en forma prioritaria a todos los trabajadores afectados por la intoxicación química ocurrida en EL HOSPITAL; 3) rembolsar a los afectados los gastos originados por concepto de exámenes clínicos en centros privados (…). Sin embargo, en esa oportunidad, a más de un mes de los acontecimientos, el IVSS no había ordenado practicarles estudios toxicológicos a nuestros representados…”.    

            Adicionalmente, alegaron que en junio de 1993, un informe de investigación toxicológica realizado por la Dirección de Medicina del Trabajo del IVSS concluía que aún, en ese momento, había presencia, en ciertas áreas del Hospital, de etilenglicol y flúor en concentraciones superiores a lo normal.

            En este sentido, aludieron al “…informe técnico del Fondo Nacional de Investigaciones (FONAIAP) del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de fecha 18 de junio de 1993, sobre una investigación realizada a 17 hámsteres centinelas, es decir, la primera prueba biológica encaminada a investigar los efectos de la substancias químico-tóxicas en el organismo de estos animales…” y las cuales, según exponen, son las mismas substancias que se encontrarían presentes en el hospital, concluyéndose, según indicaron, lo siguiente:

“…Se evidenció que hígado, riñones y cerebro mostraban cambios significativos en su tamaño, forma y coloración, entre otras causas, por congestión vascular. Igualmente, se encontraron trastornos circulatorios, hemorragia focal, proceso degenerativo hepato-celular difuso de tipo hidrópico y una degeneración aguda de las fibras del miocardio; concluyéndose que la causa de estas afecciones tenía que ver con las condiciones ambientales y no por procesos causados por un agente biótico, como por ejemplo, virus, bacterias, parásitos u hongos…”.

            En sintonía con lo expuesto, advirtieron que tales “...estudios se repitieron nuevamente en ocho cobayos. Según el informe del 14 de julio de 1993, los cambios patológicos que se evidenciaron en 7 cobayos centinelas fueron similares a la muestra anterior, con presencia de lesiones agudas de tipo degenerativo localizadas principalmente, en hígado, riñones, corazón, pulmones y cerebro. Patologías éstas no encontradas en el cobayo de control…”.

Igualmente, precisaron que para agosto de 1993, se comenzó nuevamente con un proceso de saneamiento del Hospital, encargándose para ello a la Dra. Maryorit Colmenares, quien “…en comunicación al Director  de EL HOSPITAL, informaba que no había podido obtener niveles negativos de etilenglicol, pese los múltiples lavados realizados en las edificaciones, ya que la fuente de la contaminación se producía con la puesta en marcha de la unidad de aire acondicionado…”. (Sic).

De la misma forma, adujeron que “…un nuevo Informe emanado de la Dirección Nacional de Medicina del Trabajo del IVSS, con la utilización de centinelas biológicas antes y después de la descontaminación, demostró que los niveles de etilenglicol y flúor seguían presentes en dichos centinelas, aun después del proceso de saneamiento ambiental, aunque en menores proporciones…”.

Adicionalmente, destacaron que trascurridos 10 años de producida la intoxicación, todavía sus representados no contaban con un informe en el que se expusieran los agentes químicos – tóxicos asimilados por sus organismos y qué niveles de concentración eran evidenciables.

 En razón de lo anterior alegaron que las personas afectadas tuvieron que realizar una huelga de hambre el 4 de noviembre de 1996, a raíz de la cual el 6 de noviembre de ese mismo año, el IVSS suscribió “…una nueva Acta en la que la Dirección de Asistencia Médica del IVSS se comprometía con el Sindicato Único  de  la  Salud  (FETRASALUD)  a:  1) Sufragar todos los costos de exámenes, tratamientos y medicamentos; 2) conformar una comisión multidisciplinaria para la evaluación clínica – toxicológica de todos los afectados, presidida por la Dra. Elvira Fano y la Dra. Zully Conteras; 3) solicitar al IVIC que presentara un protocolo analítico-toxicológico de cada uno de los afectados; 4) implementar un sistema de vigilancia epidemiológica-toxicológica, posterior a las investigaciones y durante años venideros; 5) realizar nuevos estudios toxicológicos en las instalaciones de EL HOSPITAL; 6) nombrar una Comisión de seguimiento y control por parte de representantes de los afectados, con acceso a la información; 7) ratificar los reposos laborales y gestionar las incapacidades y jubilaciones de manera cabal y transparente y; 8) extender las investigaciones a los familiares de las víctimas que también presentaban síntomas de intoxicación…” (Sic).

Empero, alegaron que tres años después de ocurridos los sucesos fueron pocos los compromisos cumplidos e incluso exponen que “…muchos de los exámenes y consultas médicas tuvieron que ser costeadas por nuestros representados…”.

En efecto, aducen que sólo a partir de 1996 “…el IVSS empezó a adoptar medidas tendientes a la realización de un diagnóstico integral acerca de las causas y consecuencias de la intoxicación masiva en la condición de salud de nuestros representados y demás afectados por el fenómeno de intoxicación química ocurrido en EL HOSPITAL.  Sin embargo, las gestiones se realizaron con mucha lentitud y no han arrojado resultados satisfactorios en beneficio de la salud de nuestros representados y demás personas intoxicadas, sometiéndoles a un verdadero calvario y deterioro  progresivo de su condición de salud, así como de su calidad de vida…”.

De esta forma señalaron que en agosto de 1997, la Dirección de Medicina del Trabajo y Toxicología del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) “…presentó un Informe, suscrito por la Dra. Elvira Fano y el Dr. Arellano Parra, donde se hace una primera aproximación a los problemas de salud que padecían los pacientes intoxicados, encuadrándolos en seis grandes síntomas que aparecieron después de la intoxicación en el año 1993 y que se mantenían para la fecha, es decir, cuatro años después de los sucesos de intoxicación masiva. A saber, 1) Síndrome sofocante (pseudoasfíctio) ocasionado por Hidróxido de Sodio en el ambiente respirable; 2) Síndrome excitatorio, ocasionado por etilenglicol; 3) Síndrome sincopal, generado por biofluoruro de amonio; 4) Síndrome prurigiginoso, causado por piretroides, formaldehído, fenoles y surfactantes; 5) Síndrome neuropsicológico, causado por corticoesteroides y; 6) Síndrome de neurotoxicidad tardía (aparece meses después de la exposición química accidental), posiblemente generado por órganos fosforados y plaguicidas…”. (sic)

Entre las patologías que se producirían destacaron las que a continuación se transcriben:

“…1) Parálisis del músculo facial (se presenta en personas expuestas  al  accidente  y  personal  activo  de  EL  HOSPITAL);  2) Polineuropatía  periférica  aguda:  patología  incapacitante impredecible   que   limita    la   actividad   motora   sensitiva;    3) Síndrome osteo – articular, que se presenta de manera crónica; 4) Toxicidad dérmica, caracterizada por despigmentación de piel y   cabellos,   alopecia,   lesiones   dérmicas   en  manos  y  pies;  5) Tumorogénesis mamaria: tumores únicos o múltiples en senos, secreciones verdosas a través del pezón, alto índice de fibromatosis uterina; 6) Toxicidad gastrointestinal, presentándose cuadros clínicos agudos y toda clase de patologías en el tracto intestinal; 7) Encefalopatía tóxica, cuadro demencial orgánico, trastornos del sueño, memoria y lenguaje, deterioro de neurotrasmisores cerebrales y/o periféricos; 8) Síndrome de hiperactividad bronquial, fibroelastosis pulmonar, alta frecuencia de infecciones respiratorias, entre otros; 9) Cardiotoxicidad, trastornos cardiovasculares, alteraciones del ritmo cardíaco, alta tensión arterial, entre otros; 10) Síndrome adenomegálico, presencia de infecciones en la mucosa oral o genital; entre otros; 11) Síndrome de fatiga fácil, cansancio, fatiga muscular y mental, cuadro incapacitante…” (sic).

Tales patologías aun cuando no coinciden plenamente en todos sus representados, según exponen, comenzaron a evidenciarse alrededor de cuatro años después de haber ocurrido el infortunio.

Sin embargo, advierten que no es sino hasta el año 1999 “…cuando la Secretaría del Consejo Directivo del IVSS creó un fondo a fin de garantizar la asistencia médico – toxicológica de nuestros representados y demás afectados, incluyendo la atención de familiares inmediatos, a través de varias resoluciones aprobadas por los miembros – en ese momento – de la Junta Liquidadora del IVSS…”.

Habida cuenta de ello destacaron que el referido fondo “…fue creado con muchos reparos en su funcionamiento, en muchos casos, con falta de recursos o problemas de reintegro oportuno a fin de cubrir los costos por exámenes y medicamentos a los trabajadores afectados.  Esta situación la padecen nuestros representados con bastante regularidad. En la actualidad, dicho fondo no cuenta con un flujo constante de recursos, lo que vulnera uno de los pocos compromisos adquiridos por el IVSS, en beneficio del derecho a la atención médica oportuna y adecuada que tienen nuestros representados.  Asimismo, aunque en el presente, nuestros representados –salvo GLENYS PÉREZ – cuenten con pensiones de incapacidad y jubilación, las mismas se caracterizan por la falta de pago oportuno, lo que no sólo afecta su calidad de vida sino también  la posibilidad de adquirir los medicamentos y realización de los estudios y exámenes médicos que deben realizarse con bastante periodicidad y regularidad.  Señores Magistrados, estas situaciones evidencian fallas en el funcionamiento de los servicios sanitarios a cargo del IVSS, las cuales han sido denunciadas por nuestros representados según consta en comunicaciones de fechas 17 de septiembre de 2001, 22 de noviembre de 2001 y 04 de marzo de 2002…”.

Por todo ello, procedieron a demandar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la indemnización de los daños y perjuicios causados a sus representados y al efecto estimaron la presente demanda en la     cantidad     de     Cinco     Mil     Cien   Millones   de   Bolívares   (Bs. 5.100.000.000,00), actualmente expresados en la cantidad de Cinco Millones Cien Mil Bolívares (Bs. 5.100.000,00), los cuales serán discriminados en el correspondiente capítulo de fundamentación.

II

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Con base en los hechos que sirvieron de antecedentes a la presente acción, la representación judicial de los demandantes solicitó la indemnización de los daños morales que alega haber sufrido sus representados como consecuencia de la aludida intoxicación ocurrida en el Hospital de Palo Negro en la ciudad de Maracay.  

A tal efecto, identificaron como causas generadoras del mencionado daño, las cuales, a su parecer, serían imputables al demandado, las siguientes:

“…a) Haber creado condiciones de riesgo en perjuicio de la seguridad de nuestros representados con ocasión de los sucesos de intoxicación química masiva ocurridos en EL HOSPITAL, de los cuales resultaron afectados nuestros representados. b) No haber prestado atención oportuna y adecuada. Una vez intoxicados, el IVSS incurrió en funcionamiento anormal del servicio de asistencia a la salud cuando no cumplió con el deber de garantizar  un diagnóstico toxicológico inicial, lo que afectó la idoneidad posterior de los tratamientos posteriores. El tratamiento ofrecido por el IVSS con enfoque integral y orientación toxicológica fue injustificadamente tardío, con un retraso de 4 años. Todo ello causó el resultado dañoso que imputamos al IVSS y que nuestros representados no tienen el deber de soportar. Nuestros representados presentan daños en el estado de salud (física, mental y social) que han progresado con el correr del tiempo y que persisten en la actualidad…”. (sic)

            Fundamentaron su pretensión en lo dispuesto en los artículos 2, 6, 19, 23, 30, 60, 83, 84, 85, 86, 140, 141 y 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 2 y 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 52 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, artículo 14 de la Ley Orgánica de Administración Pública y artículo 1.196 del Código Civil.

Concretamente, procedieron a individualizar cada una de las solicitudes realizadas por los demandantes, las cuales pueden sintetizarse en el siguiente orden:

1.      El ciudadano Luis Asunción Bello Prado.

Sostienen los apoderados judiciales de los actores que dicho ciudadano se desempeñaba como camillero en el área de anatomía patológica en el hospital “José Antonio Vargas” y para el momento del accidente contaba con 28 años de edad.

Asimismo, destacan que el referido ciudadano participó en el proceso de traslado de los pacientes y trabajadores más afectados a otros hospitales durante la noche del 20 y el día 21 de marzo de 1993 y “…aunque sentía algunas molestias continuó laborando hasta que aproximadamente a las 4:00 p.m. de ese día domingo, convulsiona encontrándose en el hospital (…), hecho éste que permitió fuera atendido de manera inmediata, permaneciendo hospitalizado por tres semanas…”.

Entre los trastornos físicos que actualmente presenta este ciudadano se encuentran los siguientes:

“…Desarrolló diabetes tipo II, un hipotiroisdismo que degeneró en obesidad calificada como mórbida, por la que – irónicamente – el IVSS decidió su incapacidad (…). A partir de julio de 1993, presenta problemas de dificultad respiratoria, con alteraciones de ventilación de tipo obstructivo. Así mismo, cefalea y hematuria. Actualmente, presenta problemas de tensión arterial, serios problemas de hipertensión y algunos cambios de tipo osteo-artrósticos en varios cuerpos vertebrales. Durante estos años, por todas estas afecciones de salud, Medicina del Trabajo del IVSS le ordenó reposos médicos hasta que finalmente fue incapacitado…”.  (Sic)

Por ello, el referido co-demandante estimó la indemnización del daño moral que alega padecer en la cantidad de Cuatrocientos Millones de Bolívares (Bs. 400.000.000,00), actualmente expresados en la suma de Cuatrocientos Mil Bolívares Exactos (Bs. 400.000,00).

2.      El ciudadano Víctor Jesús Miranda Hernández.

Dicho ciudadano ingresó a trabajar en el Hospital en el año 1991, en el cargo de auxiliar de enfermero en el turno de 1:00 p.m. a 7:00 p.m., ya que en el horario matutino “…trabajaba por cuenta propia en un laboratorio de mecánica dental…”. Para el momento del accidente tenía 39 años de edad y cinco hijos, todos ellos menores de edad.

Aducen, que en su caso, los síntomas se manifestaron  desde el día 20 de marzo de 1993, cuando comenzó a sentir debilidad física con lagunas mentales, pero a pesar de ello regresó a su trabajo el 21 de ese mismo mes y año, oportunidad en la cual presentó “…fuerte dolor de cabeza, mareos y debilidad física…”, siendo trasladado al hospital José María Carabaño Tosta y asignado a la unidad de personas en estado crítico en el área de emergencia, lugar donde perdió el conocimiento y le fue aplicado un suero endovenoso.

Posteriormente, alegaron que dicho ciudadano se reincorporó a su trabajo trascurridos 10 días del infortunio y que llegando al lugar “…empieza a sentirse mal, colapsando de nuevo, esta vez, con una crisis respiratoria…”.

Entre las afecciones más resaltantes destacaron “…hematuria, rectorragia, gingerragia, hiperactividad bronqueal crónica, mareos, pérdida de peso (de 70 Kg. Bajó a 53 Kg.), presión y dolor de oídos…”.

Asimismo, reseñaron que dicha condición de salud se mantuvo durante el año 1994, razón por la cual perdió el segundo de los mencionados empleos, esto es, el de técnico bucal; al tiempo que, según exponen más adelante, “…sus hijos se vieron en la obligación de abandonar los estudios por no contar con recursos suficientes para asumir los costos, a la vez que su reputación se vio afectada siendo tildado como reposero del IVSS. El sueldo casi todo se lo consumía en los medicamentos y exámenes privados que requería, puesto que el IVSS no le garantizaba una atención médica oportuna…”. (Sic)

Paralelamente aluden a los síntomas que presentó en los años subsecuentes a la intoxicación y la condición de reposo indefinido que le otorgó el Instituto Venezolano de la Seguros Sociales (IVSS) debido a las reiteradas hospitalizaciones a las que fue sometido.

Concretamente exponen, que los “…problemas de salud progresivamente se fueron incrementando y su condición de salud, en vez de mejorar empeoraba. En ese momento (1997) se le diagnosticó hepatopatía en estudio, sinusopatía etmoidomaxilar inflamatoria, síndrome vertiginoso, hiporreflexia vestibular bilateral crónica, E.B.P.O.C leve, hematuria microscópica en estudio, hemorragia digestiva inferior en estudio, abrasión dentaria, ansiedad, arritmia cardíaca y taquicardia sinusal y osteopenia leve…”. (Sic)

Igualmente sostuvieron que sólo fue a partir del año 1998, cuando la Dra. Elvira Fano, médica toxicóloga, le brindó tratamiento por presentar cefalea regular, sudoración fría, tos, mareos y vértigos leves, lo cuales por su regularidad han incidido en su carácter volviéndolo un ser “…depresivo, además de haber desarrollado fobia a las alturas y lugares encerrados.  Asimismo, presenta rasgos de ansiedad, inseguridad, introversión, dificultades de contacto y desinterés en las relaciones interpersonales. Siente culpa por no haber podido ayudar económicamente a su familia y especialmente, con los estudios de sus hijos…”.

Por último, indicaron que la esposa de dicho ciudadano “…en el presente está teniendo los mismos síntomas de debilidad en el cuerpo y dolores de cabeza que padece nuestro representado a partir de la intoxicación de que fue sujeto afectado. En dos ocasiones, el 17 de marzo de 1998 y luego, el 17 de junio de 1999, tuvo que ser internada por presentar convulsiones y pérdida del conocimiento, lo que le requirió asistencia del servicio de Neurología del Hospital Carabaño Tosta en Maracay…”.       

En razón de lo expuesto, el mencionado ciudadano estimó su indemnización por daño moral en la cantidad de Seiscientos Millones de Bolívares (Bs. 600.000.000,00), actualmente expresados en la cantidad de Seiscientos Mil Bolívares exactos (Bs. 600.000,00).

3.      La ciudadana Thais Tibisay Perdomo Arteaga.

Ingresó como personal del IVSS en el año 1991, desempeñándose como auxiliar de enfermería en las áreas de retén. Para la fecha del accidente tenía 30 años de edad  y se encontraba laborando en el área de neonatología en el horario comprendido entre la 1:00 y 7:00 p.m. Dicha ciudadana, según exponen, desde las cuatro de la tarde del día del infortunio comenzó a presentar síntomas que se agravaron al día siguiente cuando fue obligada a trabajar.

            Asimismo, señalan los apoderados judiciales de los demandantes, que al igual que el resto de sus representados, no recibió el tratamiento médico oportuno y su cuadro clínico fue empeorando, situación que condujo a que su pareja la abandonara.

            Trascurridos tres años de la intoxicación, según alegan, presentaba una serie de patologías que fueron resumidas de la siguiente forma:

      “…desde julio de 1993, THAIS PERDOMO desarrolló una artritis simétrica aditiva en las grandes y pequeñas articulaciones.  Asimismo desde agosto de 1993, cuenta con un diagnóstico de artritis definida.  En mayo de 1996, sub-lujación atlas aixs reumatoide, disminución de reflejos en miembro superior izquierdo, disrritmia cerebral con parálisis facial central, asma bronquial, hipocalcemia, hipertensión arterial, gastritis por fármacos y hernia hiatal (…). Adicionalmente comienza a desarrollar una severa cefalea occipital, síndrome vertiginoso, con un diagnóstico de sublujación atral axis, razón por la cual fue referida al neurocirujano de EL HOSPITAL. Los síntomas de esta patología se describen como cefalea intensa, con compromiso de fuerza muscular del miembro superior izquierdo, asociado a vértigo objetivo e hipotensión postenal…” (Sic).

            Adicionalmente, indicaron que ha sido evaluada psiquiátricamente evidenciando “…un cuadro clínico de sufrimiento, angustia, desesperanza y sentimiento de impotencia, producto de las situaciones vividas a raíz de la intoxicación química de la cual resultó ser víctima…”. De hecho, sostienen que en reciente evaluación psiquiátrica se indicó que ésta presenta un “…episodio depresivo que amerita tratamiento medicamentoso…”.

            En virtud de lo anterior, estimaron la indemnización correspondiente en la cantidad de Quinientos Millones de Bolívares con cero céntimos (Bs. 500.000.000,00), actualmente expresados en la cantidad de Quinientos Mil Bolívares (Bs. 500.000,00).      

4.      La ciudadana Mery Josefína Unda May.

Sostienen que dicha ciudadana se desempeñaba como auxiliar de enfermera en el área de quirófano para la fecha en que ocurrieron los hechos, momento en el cual tenía 32 años de edad.

Al igual que el resto de los codemandantes, denunció retraso en el tratamiento médico brindado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y aunque señalaron que fue incapacitada y jubilada por vía de gracia, advierten, que el informe que sirvió de base para el otorgamiento de tal beneficio no reflejó todas las patologías que describen su verdadero estado de salud.

Asimismo, exponen que ésta evidenció síntomas de intoxicación desde el primer día del infortunio y en la actualidad además de un envejecimiento prematuro de todos los órganos, padece las siguientes patologías:

“…presenta un diagnóstico clínico de anemia por intoxicación química, tinitus e hipoacusia en oído derecho por lesión del nervio auditivo (…). Diagnóstico que fue ratificado en agosto de 1997, señalándose que el origen refiere a una intoxicación por agentes químicos inhalados (…). Posteriormente, sufre de una parálisis del lado izquierdo de su cuerpo, por la que estuvo hospitalizada durante dos meses, siendo diagnosticada con hemiplejia izquierda posterior.  Se recuperó lentamente, requiriendo fisioterapia y, por más de un año, tuvo que usar botas y férulas para poder caminar.  Aunado a estos problemas de salud, MERY UNDA desarrolló otras patologías, muchas de las cuales son afecciones comunes entre los afectados, entre otras: anemia química, hipoacusia neurosensorial por tóxicos (pérdida de la audición), paresia de musculatura motora de tobillo izquierdo, artritis reumatoide, osteoporosis leve y Osteopenia moderada, hipocalcemia (trastorno del metabolismo) y galactorrea (secreción de leche por las mamas)…”. (Sic)

En cuanto a los padecimientos psíquicos sostienen que “…presenta un trastorno adaptativo con síntoma depresivo. A nivel personal se separó de su pareja de varios años, con quien tuvo un hijo…”.

De igual forma aluden a un informe psiquiátrico en el que se haría constar que la referida ciudadana “…a raíz de la intoxicación se torna una persona irritable, con cambios bruscos del humor, poco tolerante y con disminución marcada de la libido y del interés a los acontecimientos. Abandona los estudios por dificultad de concentración…”.

Por todo ello, estimaron como indemnización correspondiente al daño moral padecido por esta ciudadana la cantidad de Quinientos Millones de Bolívares (Bs. 500.000.000,00), actualmente expresados en Quinientos Mil Bolívares Exactos (Bs. 500.000,00).    

5.      La ciudadana Zayda Nahir Peraza.

Para la fecha del accidente tenía 37 años de edad y se desempeñaba como Técnico I en Registros y Estadísticas de Salud, en el área de Archivo General.

Al igual que el resto de los demandantes exponen que esta ciudadana presentó los síntomas iniciales de intoxicación, los cuales se fueron agravando con el tiempo.

Asimismo, exponen que “…para esa fecha sale embarazada y a pesar de su cuadro anímico y físico, siendo un embarazo traumático, dio a luz a una niña. Durante este tiempo le persisten trastornos de percepción, sufría repentinamente de desorientación temporo – espacial, olvidos, pérdida de la memoria, ataques depresivos y de pánico, entre otros síndromes, que no le permitieron cuidar a su hija debidamente…”. (Sic).

De igual modo, indicaron que fue en el año 1996 cuando se ordenó el primer examen médico toxicológico, el cual reveló lo siguiente:

“una encefalopatía tóxica con cuadro clínico de microangiopatías y microinfartos cerebrales múltiples; hipoacusia bilateral; rinosinusopatía etmoidal – maxilar; enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica encaminada a fibrosis pulmonar; vasculitis sistémica de etiología tóxica; colón irritable tóxico; infarto óseo en el fémur izquierdo; polineuropatía en miembros superiores e inferiores y facial derecho; osteoartrosis cervical y lumbar, hernia discal L5-S1; cervicobraquialgia bilateral por discopatía C3-C4 y C5-C6 y; osteoporosis en fémur derecho y ambas rodillas con calcificación de menisco y osteopenia cervical…” (Sic).

Adicionalmente destacan que, según evaluación psiquiátrica, esta ciudadana fue diagnosticada de la siguiente forma:

“…trastorno mental no específico, debido a lesión, disfunción cerebral, enfermedad física y persistencia de alteraciones en las áreas cognoscitivas, afectiva y volitiva, con alteraciones de la memoria, desorientación espacial esporádica, incluso, en lugares comunes y conocidos, tendencia a la rabia, lo que origina una conducta agresiva, persistencia de alucinaciones visuales, disminución de la libido, aislamiento de familiares y amigos, con tendencia a permanecer recluida en el hogar…”.

En  tal   virtud,  estimaron  como  indemnización  correspondiente  al  daño  moral,  la  cantidad  de  Quinientos  Millones   de   Bolívares (Bs. 500.000.000,00) actualmente expresados en Quinientos Mil Bolívares (Bs. 500.000,00). 

6.      La ciudadana Carmen Obdulia Vera de Toro.

Señalan que ingresó a trabajar como camarera en el Hospital donde ocurrieron los hechos en el año 1988, encontrándose en el servicio de la Sala de Parto, para el momento en que ocurrió el infortunio. Entre las principales afecciones de dicha ciudadana, destacaron, además de las comunes a todos los demandantes en el momento del accidente, esto es, ardor de los ojos, irritación de las mucosas, mareos y dolores abdominales, las siguientes:

“…fue intervenida quirúrgicamente por presentar una fibromatosis uterina. Al igual que muchos de sus compañeron afectados, presentó un fuerte cuadro depresivo, en gran medida producto del sufrimiento que le genera el notable deterioro de su condición de salud y, por consiguiente, de su calidad de vida. (…)

En junio de 1999, según Informe de Neumología nuestra representada padece de tos regular, obstrucción nasal, rinorrea posterior y goteo retronasal afebril (…). Asimismo según evaluación del Servicio de Radiología del Hospital Central de Maracay, Dra. María T. Guédez, en octubre de 1999, seis años después de la intoxicación, CARMEN VERA presenta un diagnóstico clínico de: cervicalgia aguda con degeneración discal C4-C5; trastorno de la memoria reciente e hipertensión arterial.  En tal sentido, según la resonancia magnética cerebral nuestra representada presenta signos de leucoencefalopatía, pansinusopatía de probable naturaleza inflamatoria – infecciosa y rinopatía obstructiva parcial. Con respecto a la resonancia magnética de columna cervical, presenta un cuadro de discopatía degenerativa C3-C4 y C5-C6, leve profusión discal central C5-C6 y C6-C7, cervicoartrosis leve y rectificación de la lordosis cervical (…). Otros exámenes realizados dieron cuenta de discopatía degenerativa, obesidad y cefales EAP (…).

A este diagnóstico se le debe agregar el del Dr. William Delgado F., Neurólogo adjunto de la consulta externa de neurología del hospital José María Carabaño Tosta del IVSS, quien en 1998, emitió una constancia donde manifiesta que (…) estaba en tratamiento por síntomas y signos de secuelas neurológicas de encefalopatía tóxica (…).

Para julio de 1998, los estudios médicos revelaron que nuestra representada presentaba además reducción de la curva caquis cervical y reducción del espacio femoro-tibial con predominio izquierdo interno (…). En septiembre de 1998, CARMEN VERA se somete a un examen de ultrasonido cuantitativo en el cual se le diagnostican cambios en la masa ósea. En dicho informe se concluye que sufre de una osteopenia. En octubre de 1998, le fueron realizados varios exámenes radiológicos en varias partes del cuerpo, evidenciando un proceso de desmineralización ósea en ambas manos y pies, así como un pinzamiento interfalange en ambos pies (…).

Adicionalmente, según informe médico radiográfico de 1999, nuestra representada presenta fibrosis pulmonar con aumento de la transparencia pleura – pulmonar bilateral de probable relación con EBOPC (…)

Por otra parte, según informes de Anatomía Patológica del IVSS, nuestra representada sufrió fibrosis uterina, liomiomas, endometrio tipo proliferativo y folículos quísticos en ambos ovarios, por lo que tuvo que realizarse una histerectomía total abdominal, junto con una enexectomía bilateral (…).

Por último, CARMEN VERA cuenta con un diagnóstico psiquiátrico de trastorno mental orgánico no especificado, con alteración de las funciones cognoscitivas, tales como: la memoria (dificultad en memoria de fijación, olvido de cosas y episodios de desorientación espacial), estado afectivo depresivo (pensamientos recurrente sobre la muerte), dificultad para controlar los impulsos (conductas agresivas) y trastornos del sueño. Todo lo cual le ha generado una disfunción social, laboral y familiar importante…”. (Sic).   

En virtud de lo anterior, solicitaron como indemnización del daño moral padecido por esta ciudadana el pago de la cantidad de Quinientos Millones de Bolívares Exactos (Bs. 500.000.000,00), actualmente expresados en Quinientos  Mil  Bolívares  Exactos  (Bs. 500.000,00).

7.      La ciudadana Glenys Ydali Pérez Wateima.

Con relación a dicha co-demandante alegaron que se desempeñaba en el cargo de auxiliar de enfermera y para la fecha del infortunio tenía 25 años de edad y entre sus principales secuelas de la intoxicación está el hecho de no haber podido ser madre por la histerectomía que tuvieron que practicarle en el año 2000, así como el haber tenido que abandonar sus estudios de enfermera, a causa de sus dolencias físicas y psicológicas.

Asimismo, exponen que aunque no estuvo presente en los episodios del 20 y 21 de marzo de 1993, el lunes 22 de ese mismo mes y año fue obligada a trabajar en un centro que aún presentaba niveles de contaminación. Derivado de ello fue víctima de intoxicación y como consecuencia de esa situación presenta los padecimientos que sintetizaron en el siguiente orden:

“…En el año 1993, se le diagnosticaban cifras elevadas de glucosa, anemia, problemas renales, infecciones urinarias, lagunas mentales, dolores óseos e hiperlipidemia. En el año 1994, problemas renales, problemas de tensión, edema de miembros inferiores, problemas endocrinológicos, hipocalcemia y dolores óseos. En 1995, problemas renales, infecciones urinarias, hipocalcemia, dolores óseos, edema de los miembros inferiores, fatiga, disnea. En 1996, problemas renales, problemas de tensión, hipocalcemia, infecciones urinarias, hernia diatal, esofagitis grado I, duodinitis, fibromatosis interna, quiste de ovario 139. En 1997, sístole grado I, anemia, THA, problemas renales, infecciones urinarias, litiasis renal I39,  quiste renal I39, problemas hematológicos, hiperlipidema, problemas con los senos paranasales. En 1998, rectificación de la columna cervical, poliartragia, hipocalcemia, disminución del riñon derecho, edema de miembros inferiores bilateral grado II, dislipidemia tipo II, problemas renales, anemia, problemas hormonales, edema idiomático. En 1999, anemia, dislipidemia, dolores generalizados, agotamiento físico, cambios degenerativos, cambios osteoartósicos, infecciones urinarias, disnea. En el año 2000: problemas inmunológicos, problemas hormonales, infecciones urinarias, edema Misi, anemia, fibromatosis uterina, atragia cervical, artritis de ambos hombros,  parientiditis de rodillas, distipidemia, foramel oval. En 2001, diabetes tipo II, hipotiroisdismo de hashimoto, litiasis renal, dislipidemia, problemas renales, foramen oval, problemas inmunológicos, esteatosis hepática, quiste en el riñón derecho, enfermedad cardiovascular hipertensiva, dolor lumbar crónico. En el año 2002, hiperreactividad bronquial, edema de miembros inferiores, disnea, bocio, dislipidemia, proceso degenerativo, hipotiroidismo de hashimoto auto inmune, osteoporosis, diabetes, síndrome del túnel de Carpio bilateral, sinusitis, infecciones urinarias, trastorno de la memoria (numérica y escrita), trastorno cognoscitivo no específico inducido por sustancia química, F198 trastorno de estado de ánimo no específico inducido por sustancia química, deterioro neuronal…”. (Sic)

Paralelamente advierten que el diagnóstico del examen psicológico practicado reveló lo siguiente:

“…Durante la evaluación se muestra interesada, se siente frustrada cuando no logra realizar la actividad, lo que la afecta en su estado de ánimo, manifestando su preocupación ante el deterioro progresivo y su incapacidad. En los resultados de la evaluación se encuentra un deterioro MODERADO en las siguientes áreas: - Sensibilidad aumentada a olores sumada a desorden afectivo, lo que indica lesión en la región temporal. – Dificultad en la comprensión de las estructuras numéricas, definido como afasia constructiva, lo que señala lesión en área inferior parietal, además de debilitación general en los procesos corticales. – Extinción del significado directo, lo que se traduce en una afasia semántica aritmética y afasia acústica, señalando lesión de la región temporal izquierda. Se encuentra deterioro SEVERO en las siguientes áreas: - Procesos de aprendizaje, lo que señala lesión en las divisiones posteriores del cerebro y debilitación general de los procesos corticales. – Acalculia (…). De acuerdo a la evaluación realizada se concluye que la paciente Glenys Pérez presenta trastornos en las funciones aritméticas, acalculia, afasia constructiva y afasia acústica, además de disminución en los procesos de aprendizaje, lo que nos indica la presencia de lesión en el área temporal del cerebro y debilitamiento de los procesos corticales. Además presenta un Episodio Depresivo…”. (Sic)

Por todo ello solicitan en nombre de dicha ciudadana una indemnización del daño moral estimada en la cantidad de Seiscientos Millones de Bolívares (Bs. 600.000.000,00), actualmente expresados en Seiscientos Mil Bolívares (Bs. 600.000,00).     

8.      La ciudadana Belkis Berroterán Rizo.

Para la fecha del accidente contaba con 37 años de edad y se desempeñaba como auxiliar de enfermera en el Servicio de Sala de Parto, entre las secuelas principales se describen las siguientes:

“…presentaba fibroesclerosis moderada, aumento de la transparencia pleura – pulmonar bilateral  en relación con la enfermedad bronco – pulmonar obstructiva crónica (EBPOC) y aorta ligeramente alongada.

A nivel traumatológico, según un examen de electromiografía del 21 de octubre de 1999, se determinó que nuestra representada evidencia signos de radiculopatía C6 derecha de leve intensidad y Síndrome de Túnel del Carpiano bilateral con predominio derecho. Este diagnóstico fue corroborado por la Dra. Silvia Balcazar del Servicio de Reumatología del Hospital Carabaño Tosta del IVSS, en el cual se señala que BELKIS BERROTERAN presenta una enfermedad degenerativa articular en rodillas, codos y manos, además del Síndrome de Tunel de Carpiano (…). También realizó examen de Rx de rodilla y mano derecha, así como de columna cervical. Los resultados indicaron que en la rodilla existía disminución del espacio interarticular femoro – tibial interno.  Asimismo, en columna y mano derecha se observa disminución de la densidad ósea, lo que afecta su capacidad de flexionarse. Para mayo de 1998, ya se había concluido que BELKIS BERROTERAN presentaba signos de oncoartrosis cervical, espondilosis cervical asociada y leve inestabilidad en los segmentos C5-C6.  En la región dorsal se observa escoliosis dorso/lumbar e irregularidades a nivel de la apófisis transversas de L1. Asimismo, en la región lumbar se observa hipoplastia de apófisis transversa derecha de L1, disminución del espacio intervertebral L5-S1 en su aspecto posterior y acentuación de la lordosis lumbar fisiológica.

Otra patología se hizo evidente en un estudio de Tomografía Axial Computarizado (TAC) de abdomen y pelvis, realizado el 27 de junio de 1996, en el Hospital Central de Maracay, en el que se observa una ligera ectansia pielica derecha con cambios post – quirúgicos sobre el flanco respectivo y ligera hepatomegalia a expensas del lóbulo derecho versus lóbulo accesorio riedel. Cuando realizaron este estudio, (…) había sido operada por presentar constantes problemas urinarios, lo que evidencia que sus afecciones son de tipo recurrente. Además cuenta con un diagnóstico de hepatomegalia que consiste en un aumento de tamaño del hígado. (…)

A nivel cardíaco (…) presenta trastornos de hipertensión arterial sistólica aislada (…).

No conforme con los padecimientos anteriores, (…) ha desarrollado una pérdida progresiva de la visión y de la audición (…). Lamentablemente, estas afecciones han evolucionado al punto que hoy en día (…) presenta un glaucoma que avanza indefectiblemente hacia la pérdida de visión en ese ojo.

A nivel neurológico, según informe electroencefalográfico del 10 de septiembre de 1998, en el cual se exploran las posibles secuelas neurológicas por encefalopatía tóxica, resultó que nuestra representada presenta una actividad cerebral anormal moderada (…)

Por último, el informe psiquiátrico da cuenta de un trastorno mental debido a la enfermedad, lesión o disfunción cerebral que presenta, con estado de ánimo depresivo, síntomas sicóticos no congruentes con el estado de ánimo, alteración de las funciones cognoscitivas importantes (atención, concentración, memoria y pensamiento) y deterioro de funciones intelectuales (capacidad de abstracción y generalización de conceptos). Todo lo cual, le ha generado una disfunción social, laboral y familiar importante que no tiene el deber jurídico de soportar…”. (Sic).

Con base en lo expuesto, los apoderados judiciales de los accionantes solicitaron que se indemnizara a dicha ciudadana con la cantidad de Quinientos Millones de Bolívares (Bs. 500.000.000,00) actualmente  expresados  en Quinientos Mil Bolívares (Bs. 500.000,00).    

9.      La ciudadana Miguelina Berroterán Rizo.

Para el momento del accidente tenía 31 años de edad y se desempeñaba como camarera en la Sala de Partos, entre las principales secuelas que se describen en su caso se encuentran las siguientes:

“…parasinusitis e hipertrofia bilateral de cornetes, según se desprende de informe radiológico presentado por la Dra. Yanet Cardozo del 21 de enero de 2000. Estos problemas continuaron, caracterizados por disnea respiratoria, por lo que ameritó la realización de un examen de gammagrama, el cual arrojó como resultado un trastorno parenquimatoso (…).

(…) presenta problemas de disfunción auditiva. A nivel neurológico, en 1999, el Dr. David Lara, refiere que nuestra representada presentaba un trazado alterado con síndrome vertiginoso y cefalea vascular paroxística.  Asimismo, según informe electroencefalográfico del Centro Médico de Maracay se concluye que nuestra representada presenta un trazado anormal de grado ligero, paroxístico, temporal y desorganizado (…). Por otra parte, nuevos estudios de resonancia magnética de la región cervical y lumbo – sacra, realizados en el hospital Central de Maracay, el 27 de septiembre de 1999, demostraron que nuestra representada tiene una discopatía degenerativa cervical discreta, una cervicoatrosis leve y una rectificación de la lordosis cervical, con posible discopatía L5-S1 y escoliosis moderada (…).

(…) además de tener esta dolorosa enfermedad, presenta un diagnóstico de artritis reumatoide, lo que implica constantes inflamaciones en las articulaciones caracterizadas por dolores intensos  y lesiones que progresivamente dificultan los movimientos del cuerpo.

(…) al igual que el resto de nuestros representados presenta un cuadro clínico de hipocalcemia, que se presenta de manera recurrente y que es responsable de anormalidades metabólicas y enfermedades degenerativas del sistema osticular.

(…) presenta problemas cardiológicos que registran una taquicardia sinusual episódica (…). Es por ello, que (…) el 18 de junio de 2001, le realizan un estudio de ecocardiograma Doppler, donde se concluyó que (…) presentaba problemas en la función ventricular izquierda, con trastornos en el llenado de sangre.

Por último, en el área de salud mental, (…) cuenta con un diagnóstico clínico de trastorno mental orgánico o sintomático no específico, consiste en alteraciones importantes de las funciones cognoscitivas, lo que ha conllevado un deterioro en el funcionamiento social, laboral y familiar.  En palabras textuales nuestra representada ‘era activa, amigable, tenía amistades, salía mucho, solucionaba sus problemas, no dependía de nadie; ahora hay sensación de impotencia. Verbatum: Me frena el miedo…’. Todo ello, revela la pérdida de autoestima y un estado de ánimo persistentemente depresivo…”(Sic).

Por todo ello, solicitan, en nombre de dicha ciudadana, se condene al demandado a pagar por concepto de indemnización la cantidad de Quinientos Millones de Bolívares (Bs. 500.000.000,00) ahora expresados en la suma de Quinientos Mil Bolívares (Bs. 500.000,00).     

10.  La ciudadana Elsa Cilene Torres.

Para la fecha del infortunio tenía 30 años de edad y se desempeñaba en el cargo de Técnico I en Registros de Salud, como secuelas de la intoxicación que alega haber padecido, destacan las que se exponen a continuación:

“…hipocalcemia; hernia discal L4-L5, L5-S1; osteo-artrosis de columna cervical; fibro-esclerosis pulmonar leve; rinitis alérgica; amigdalitis crónica y acné medicamentoso. Cuando (…) ingresa al hospital presentaba un cuadro  clínico caracterizado por: convulsiones; deshidratación; hipoglicemia; síndrome visual; cefalea fronto – occipital; dolor cervical con limitación funcional; vértigos que le impedían caminar; trastornos gástricos y; trastornos mentales, tales como trastornos de la memoria reciente, desorientación temporo espacial y periodos alternos de irritabilidad con estado emocional depresivo.

En el año 2000, se le diagnostican las siguientes patologías: quiste endometriosico en ovario derecho; apéndice con cambios inflamatorios agudos focales; presencia de material fibrino – hemático y líquido peritoneal. Por otra parte, debido a las constantes infecciones urinarias que presentaba, según estudios citológicos de muestra vaginal, se evidencia un proceso inflamatorio bacteriano inespecífico y hormonal (…).

Al igual que el resto de nuestros representados, (…) cuenta con un estudio de Traumatología que evidencia valores de calcio por debajo de los niveles normales.

Igualmente, los resultados de exámenes realizados dan cuenta de una ligera rectificación de lordosis fisiológica cervical. Así, como cambios degenerativos de columna lumbo –sacra con comprensión tecal anterior L3-L4, sin compromiso radicular, discopatía degenerativa asociada a estenosis de canal con comprensión tecal y comprensión de emergencias radiculares en el nivel L4-L5.

Según diagnóstico cardiovascular, (…) sufre aorto – esclerosis, con funciones ventriculares normales. Asimismo, presenta problemas respiratorios (…). Desde una rinitis alérgica hasta verdaderas obstrucciones respiratorias (…)

…omissis…

Adicionalmente, en el ámbito de salud mental (…) cuenta con un diagnóstico clínico de: trastorno mental orgánico no especificado, caracterizado por la alteración de la funciones cognoscitivas, particularmente la memoria y orientación espacial y geográfica, así como cambios importantes de la personalidad que dificultan profundamente su funcionamiento social, laboral y familiar…”. (Sic).

            En tal virtud la estimación de la indemnización realizada en representación de dicha ciudadana asciende a la cantidad de Quinientos Millones de Bolívares (Bs. 500.000.000,00), actualmente expresados en la cantidad de Quinientos Mil Bolívares Exactos (Bs. 500.000,00).

            Ahora bien, como complemento de la indemnización pecuniaria arriba descrita solicitaron también se ordenara al demandado cumpliera con las siguientes medidas reparatorias:

“…a) Se dicte una Resolución para que en términos inmediatos, se inicie una evaluación integral de la condición de salud de todas aquellas personas afectadas por los sucesos de intoxicación masiva ocurridos en EL HOSPITAL durante el año 1993, incluyendo a los familiares afectados no reconocidos por el IVSS. Asimismo, se le ordene  al IVSS o el ente que haga sus veces definir conjuntamente con nuestros representados y demás afectados, un plan que garantice las condiciones necesarias para que nuestros representados y demás afectados por la intoxicación, disfruten de servicios de atención médico – toxicológica – en términos reales – adecuados.

b) Se dicte una Resolución mediante la cual los establecimientos hospitalarios estén obligados a crear un servicio de salud ocupacional que entre sus actividades prevenga en resguardo de trabajadores, pacientes y visitantes, la ocurrencia de accidentes como el que se produjo en EL HOSPITAL.

c) Se cree en cuatro estados, por lo menos, con cobertura regional (Occidente, Oriente, Sur-Este y Zona Central), laboratorios de toxicología capaces de procesar muestras biológicas de personas afectadas por accidentes de intoxicación química.

d) Se dicte una Resolución mediante la cual se establezca como política de la Institución, el fortalecimiento del Fondo Especial de Salud, creado, constituyéndose un fidecomiso que sea alimentado cada año vía presupuesto y se establezca que el mismo existirá hasta tanto cualquiera de las personas afectadas por la intoxicación en referencia permanezcan con vida, ya que se trata de patologías y problemas de salud de tipo crónico y degenerativo.

e) Se haga un reconocimiento institucional por la prensa diaria de circulación nacional a nuestros representados como personas que efectivamente fueron afectados por los sucesos de intoxicación química masiva ocurridos en EL HOSPITAL durante el año 1993.

f) Destine un espacio web del Instituto a la información, prevención y orientación a los usuarios en materia de seguridad e higiene del trabajo, particularmente sobre accidentes químicos…”. (Sic)

Asimismo, solicitaron el reajuste por inflación de las cantidades que por concepto de indemnización fueron reclamadas en el libelo.

III

DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Durante el lapso para la contestación de la demanda la representación judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no cumplió con la carga procesal de exponer o deducir sus defensas y excepciones; no obstante, siendo que el ente demandado es un Instituto Autónomo que a tenor de lo establecido en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Administración Pública (2001) aplicable ratione temporis, goza de los privilegios y prerrogativas que la ley nacional acuerda a la República, los Estados, los Distritos Metropolitanos y los Municipios, entre las cuales se encuentra la prevista en el artículo 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, vigente para la fecha, no resulta aplicable a dicho organismo la consecuencia procesal prevista en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la confesión ficta.

IV

DE LAS PRUEBAS

 

A. Junto al libelo, la parte actora promovió los documentos que se detallan a continuación:

1. Original del Oficio N° 169 del 24 de mayo de 2001, emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), suscrito por la Directora de Medicina del Trabajo, contentivo del Informe de Incapacidad relacionado con el caso del ciudadano Luis Asunción Bello Prado. (folio 60 de la primera pieza del expediente).

2. Original del Oficio N° 314 de fecha 19 de julio de 2001, emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), suscrito por la Directora de Medicina del Trabajo, contentivo del Informe de Incapacidad relacionado con el caso del ciudadano Víctor Jesús Miranda Henríquez. (folio 61 de la primera pieza del expediente).

3. Original del Oficio N° 0122, del 20 de julio de 2004, emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y suscrito por el Director de Medicina del Trabajo, con ocasión de la remisión que se hiciere a la apoderada judicial de las ciudadanas Thais Tibisay Perdomo Arteaga y Elsa Cilene Torres Gutiérrez de la copia certificada de los Oficios Nros 069 y 070 del 29 de agosto de 2002, así como N° 312 del 19 de julio de 2001, contentivos de la evaluación médica e Informes de Incapacidad de las referidas ciudadanas. (folios 62-65 de la primera pieza del expediente).

4. Original del Oficio N° 168 del 24 de mayo de 2001, emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), suscrito por la Directora de Medicina de Trabajo, contentivo del Informe de Incapacidad relacionado con el caso de la ciudadana Mery Josefina Unda May. (folio 66 de la primera pieza del expediente).

5. Original del Oficio N° 0122 del 20 de julio de 2004, emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), suscrito por el Director de Medicina del Trabajo de ese Instituto, por el cual se remite a la apoderada judicial de las ciudadanas Zayda Nahir Peraza y Belkis Coromoto Berroterán Rizo, copia certificada de los Oficios 172 y 182 del 24 de mayo de 2001, respectivamente, contentivos de los Informes de Incapacidad de las mencionadas ciudadanas (folios 67-69 de la primera pieza del expediente).

6. Original del Oficio N° 176 del 24 de mayo de 2001, emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), suscrito por la Directora del Trabajo, con ocasión del Informe de Incapacidad de la ciudadana Carmen Vera (folio 70 de la primera pieza del expediente).

7. Original del Oficio N° 167 del 24 de mayo de 2001, emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, suscrito por la Directora de Medicina del Trabajo, contentivo del Informe de Incapacidad de la ciudadana Miguelina Berroterán Rizo (folio 71 de la primera pieza del expediente).

Tales Oficios, descritos en los numerales 1 al 7, contentivos de los respectivos informes de incapacidad, se acogen con todo el valor probatorio que de éstos resulte, a tenor de lo establecido en el artículo 1.363 por del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de documentos administrativos, equiparables a los instrumentos privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos.

8. Copia certificada por la Directora de la Secretaría de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), contentiva de la Resolución N° 066, Acta 06 del 23 de febrero de 1999, suscrita por Rafael Arreaza Padilla, Presidente de la Junta Liquidadora del IVSS; José Manuel Pinto, representante de los patronos y Eduardo Fernández, representante de los asegurados, por la cual se evidencia: a) Que el IVSS acepta que los pacientes afectados requieren y requerirán cuidados médicos especializados continuos; b) Que debe garantizarse asistencia médica integral a todos los pacientes afectados por el accidente, a los familiares inmediatos y al personal activo que presenten clínica relacionada con el accidente químico; c) Que para garantizar una atención médica  en tales condiciones se requiere de un equipo multidisciplianrio, designándose en ese sentido a la Dra. Elvira Fano; d) Que el grado de incapacidad sería determinado por un equipo multidisciplinario; e) Que para garantizar un diagnóstico del estado de salud de los afectados, se reconoce la necesidad de realizar estudios especializados en la facultad de farmacia y medicina de la Universidad Central de Venezuela, según los criterios de pauta y protocolo de toxicología dictados por la Dra. Elvira Fano. (folios 72 al 75 de la primera pieza del expediente).

9. Copia Certificada por la Directora de la Secretaría de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), contentiva de la Resolución N° 542, Acta N° 44, de fecha 1° de octubre de 1999, suscrita por Mauricio Rivas Campo, Presidente de la Junta Liquidadora del IVSS y José Manuel Pinto, en representación de los patronos, mediante la cual se concede el beneficio de jubilación a alguno de los sujetos demandantes y se admite que “…el Fondo Operativo creado de por vida para la evaluación de los trabajadores, el pago de medicinas, gastos realizados a los afectados y viáticos para el traslado de los médicos tratantes, erogándose por estos conceptos elevadas sumas de dinero (…) no ha producido ningún diagnóstico definitivo, lo cual es de importancia fundamental para tomar medidas con relación al aspecto laboral de los trabajadores afectados…” (folios 76-79 de la primera pieza del expediente).

10. Copia certificada por la Directora de la Secretaría de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), contentiva de la Resolución N° 369, Acta N° 33 del 5 de junio de 2000, suscrita por el Dr. Mauricio Rivas Campos, Presidente de la Junta Directiva del IVSS; Pascualina Curcio y Absalón Méndez, miembros de la Junta Directiva, cuya lectura evidencia que se otorgaron, entre otras jubilaciones, las de las ciudadanas Mery Josefina Unda May y Miguelina Berroterán Rizo (folios 80-82 de la primera pieza del expediente).

11. Copia certificada por la Directora de la Secretaría de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), contentiva de la Resolución N° 104, Acta N° 08, de fecha 18 de febrero de 1997, suscrita por Reinaldo Campos Giral, Presidente del Consejo Directivo del IVSS; Mireya Rodríguez y Eduardo Fernández, no identificados, del cual se evidencia, entre otros aspectos, que a la fecha, las autoridades del Hospital donde ocurrió el accidente desconocían si dicho establecimiento presentaba las condiciones mínimas de salubridad requeridas (folios 83-84 de la primera pieza del expediente).

12. Copia certificada por la Directora de la Secretaría de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), contentiva de la Resolución N°  066, Acta N° 12, de fecha 7 de junio de 2001, suscrita por Mauricio Rivas Campo, Presidente de la Junta Directiva del IVSS; María Isabel Weffer y Brígido Sucre Rivas, en su carácter de miembros de la citada Junta Directiva, mediante la cual se deja constancia: a) Que la ciudadana Elsa Cilene Torres Gutiérrez presentó el día 20 de marzo de 1993 y días sucesivos exposición laboral aguda a mezcla de sustancias químicas “etilenglicol, flúor, carbonados, piretrinas y sodio”;  b) Que como consecuencia de esa exposición se le diagnosticó: vasculitis leucocitoplástica, gastritis crónica, colon irritable, osteoartrosis cervical, discopatía degenerativa, C3,C4, dermatofibrosis en Ms,Ss y Ms,Is, glaucoma e hipertrigliceridemia (folios 85-86 de la primera pieza del expediente).

13. Copia certificada por la Secretaria del Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP), Departamento de Nosología Animal, Laboratorio de Anatomía Patológica, del Oficio N° 1063, de fecha 18 de junio de 1993, suscrito por el Jefe del Instituto de Investigaciones Veterinarias, dirigido al ciudadano Marcos Luy Millán, en su carácter de Director del Hospital José Antonio Vargas, consistente en diagnóstico de estudio anatopatológico en 17 hámsteres centinelas, los cuales fueron ubicados en zonas estratégicas del área afectadas en el Hospital José A. Vargas y en cuyo informe se comprobó que éstos presentaron un síndrome congestivo – hemorrágico, como consecuencia de alteraciones estructurales orgánicas y de la hemodinamia, concluyéndose “…las acciones observadas en el curso de este estudio no se corresponden con la acción patógena en un biótico (bacteria, virus, parásito, hongos) en especial, por ausencia de respuesta inflamatorio, necrosis, etc., sino que en su mayor parte (100%) se presentan como síndrome congestivo hemorrágico inespecífico acompañado de procesos degenerativos agudos que involucran problema de hipoxia celular, en los cuales se compromete la función mitocondrial. Por tales consideraciones las mismas podrían interpretarse como respuestas individuales a la acción de posibles causas presentes en el ambiente, las cuales de acuerdo con el plan diseñado para la colocación de los animales muestra grados de intensidad variable…” (Sic) (folios 87 al 89 de la primera pieza del expediente).

14. Copia certificada por la Secretaria del Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP), Departamento de Nosología Animal, Laboratorio de Anatomía Patológica, del Oficio N° 1218, de fecha 14 de julio de 1993, suscrito por el Director de dicho Fondo y dirigida al ciudadano Marcos Luy Millán, consistente en el diagnóstico del estudio anatopatológico en 8 cobayos (7 centinelas y 1 control), en el que se estableció que las lesiones orgánicas reveladas en los 7 animales centinelas se originaron en sus organismos, por la acción de sustancias tóxicas presentes en el ambiente capaces de inducir además de hipoxia, disturbios del metabolismo celular que implica retención de agua, salida de electrolitos, alteración de la función mitocondrial y demás mecanismos relacionados (folios 91-95 de la primera pieza del expediente).

Los instrumentos indicados en los numerales 8 al 14 se acogen con todo el valor probatorio que de éstos resulte, a tenor de lo establecido en el artículo 1.368 del Código Civil, por cuanto se trata de la copia certificada de documentos privados tenidos legalmente por reconocidos.

15. Copia simple del Acta de fecha 6 de noviembre de 1996, suscrita por el Dr. Antonio Vargas, Director de Asistencia Médica a Nivel Central; Dra. Zulia Contreras, Directora del Hospital “Dr. José A. Carabaño T.”; Dra. Elvira Fano, Médico Toxicológico; Sr. Enrique Salcedo, Presidente del Sindicato; Sra. Mirian Ventura, Secretaria General; Sr. Bogar Pérez, como representante de la Síndica de Salud; el Sr. Pedro Rodríguez; la Sra. Rosa Rondón; la Sra. Minora Albia y la Sra. Flor Alonzo, en su condición de afectados, mediante la cual se acuerda levantar la huelga de hambre efectuada por algunos trabajadores y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales  IVSS,  asume  los  siguientes  compromisos:   a)  sufragar  todos   y  cada  uno  de  los   costos  de  exámenes,  tratamientos  y medicamentos; b) creación de una comisión multidisciplinaria de atención médica especializada coordinada por la Dra. Elvira Fano, médico toxicológica; c) diseñar un protocolo analítico toxicológico de cada una de las personas afectadas por la intoxicación; d) finalizada la investigación, proceder a la creación de un sistema de vigilancia toxicológico; nombrar una comisión de seguimiento y control por parte de cuatro representantes de los afectados, los cuales tendrían acceso directo a los resultados de las investigaciones a realizar; y f) realizar una investigación clínica toxicológica de los familiares que vivieran con las personas afectadas (folios 96-97 de la primera pieza del expediente).

La copia simple de dicho instrumento por cuanto no se encuentra comprendida en la categoría de documentos expresamente enunciados en el encabezado del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, debe desecharse; no obstante, ello no impide, en virtud de que la misma no fue impugnada que ésta se tenga como principio de prueba por escrito, la cual comporte el valor de un indicio que adminiculado a las restantes pruebas puede llevar al establecimiento de plena prueba respecto a los hechos por ella arrojados.

16. Original de la comunicación de fecha 17 de septiembre de 2001 con sello húmedo de recibido del 18 de septiembre de 2001, por el IVSS, Oficina de Presidencia, dirigido al ciudadano Edgar Ferrer, Presidente de la Junta Liquidadora del IVSS, suscrito por Glenys Pérez, Zaida Peraza, Elsa Torres y Mery Unda May, en representación del Comité pro defensa de los afectados por el accidente tóxico químico ocurrido en el hospital José Antonio Vargas, mediante la cual denuncian al equipo multidisciplinario constituido a los fines de investigar los hechos en los que se basa la presente acción, por considerar que éste no cumplía con sus obligaciones, ni garantizaba servicios de atención médica adecuada (folio 98 de la primera pieza del expediente).

17. Original de la comunicación de fecha 22 de noviembre de 2001, con sello húmedo de recibido el 22 de noviembre de 2001, por el IVSS, Oficina de Presidencia, dirigido al ciudadano Rubén González, Presidente de la Junta Liquidadora del IVSS, suscrito por Glenys Pérez, Zayda Peraza, Elsa Torres, Rosa Timaure, Mery Unda May, Arelys Torres, Elva Betancourt y Carmen Torres, en su condición de miembros del Comité pro defensa de los trabajadores afectados por el accidente tóxico químico ocurrido en el hospital José Antonio Vargas;  mediante la cual denuncian violaciones al acta compromiso firmada el 15 de junio de 1999 entre el IVSS y los actores. En esta comunicación expresaron los siguientes problemas: a) Que el IVSS no tomó las medidas pertinentes para garantizar una atención médica adecuada. A ese respecto emiten calificaciones en torno a dicha atención, tales como, mediocre, debido entre otros factores, a la falta de cumplimiento del horario médico, consulta sólo previa cita y sin garantía de atención de emergencia; b) Que tampoco cumplió con la obligación de entregar oportuna y regularmente los medicamentos; c) Que los servicios de asistencia especializada no fueron ofrecidos en forma oportuna, puesto que tenían que esperar 2 y hasta 3 meses para la consulta médica correspondiente y d) Que el IVSS, mostró desinterés en la creación de un equipo de control tóxico epidemiológico exigido reiteradamente (folios 99-100 de la primera pieza del expediente).

18. Original de la comunicación de fecha 4 de marzo de 2002, con sello húmedo de recibido el 13 de marzo de 2002 por el IVSS, Oficina de Presidencia, dirigido al ciudadano Edgar González, Presidente del IVSS, suscrito por Glenys Pérez, Zaida Peraza, Elsa Torres, Mery Unda May, Luis Bello y Carmen Torres, miembros del Comité pro defensa de los trabajadores afectados por el accidente tóxico químico ocurrido en el hospital José Antonio Vargas, mediante la cual denunciaron que la atención médica seguía siendo inadecuada, así como la circunstancia de que el suministro de medicamentos era irregular y con retrasos (folios 101-102 de la primera pieza del expediente).

En lo que atañe a los documentos descritos en los numerales 16, 17 y 18, esta Sala los acoge a tenor de lo establecido en el artículo 1.371 del Código Civil.

19. Originales de los informes médicos en las distintas especializaciones relacionadas con el caso del ciudadano Luis Asunción Bello Prado: a) Informe médico emitido por el Servicio de Neumonología del IVSS, Ministerio del Trabajo, en el cual se le recomienda un estudio de espirometría (folio 103); b) Informe médico emanado de la Dra. María del Carmen Rodríguez, del Servicio de Neumonología Clínica de la Policlínica Maracay del 19 de julio de 1993, según el cual el estudio de espirometría   reveló   alteraciones   de   la  función   de  ventilación  de  tipo obstructivo  con  perturbación  de  pequeñas  vías  aéreas  (folio 104);  c) Resumen médico proveniente del Servicio de Traumatología del IVSS, Ministerio del Trabajo del 26 de enero de 1994, por el cual se deja constancia que dicho ciudadano presentaba una clínica de dificultad respiratoria con desviación del  septum  nasal  que  requirió  de  corrección  quirúrgica  (folio 105);  d) Informe médico suscrito por la Dra. Isaura León, del Servicio de Endocrinología del IVSS de fecha 2 de septiembre de 1998, en el cual se evidencia diagnóstico de obesidad severa (folio 106); e) Informe médico suscrito por la Dra. Elvira Fano, del Servicio de Toxicología del IVSS del Ministerio del Trabajo, de fecha 07 de julio de 1999, con diagnóstico de tensión arterial con tendencia a la hipertensión (folio 107); f) Informe médico emitido por el Servicio de Toxicología, Dra. Fano, adscrita al Servicio de Neurología del IVSS, Ministerio del Trabajo, por el cual se hace constar que el ciudadano Luis Asunción Bello Prado, forma parte del grupo de pacientes estudiados en el año 1999, debido a la exposición a sustancias químicas múltiples ocurrida en el Hospital José Antonio Vargas en marzo de 1993 (folio 108); g) Informe médico del Servicio de Nutrición del IVSS del Ministerio del Trabajo, de fecha 3 de marzo de 2000, en el que se evidencian las siguientes patologías: hipotiroidismo, obesidad, dislipidemia, hiperuricemia e hiperglicemia (folio 109); h) Informe médico del 27 de junio de 2000, emitido por el Servicio de Endocrinología del IVSS, según el cual se deja constancia que el paciente presenta un diagnóstico de diabetes mellitas tipo II con hipoglicemia y obesidad (folio 110); i) Informe médico emitido por el Servicio de Radiología del Hospital J.A. Vargas del IVSS, Dra. Corina Avendaño, de fecha 08 de octubre de 2001, según el cual se revelaba cambios de tipo osteoartrósticos en cuerpos vertebrales y rectificación de lordosis fisiológica dorsal (folio 110); j) Hoja  del resumen médico de dicho ciudadano emitido por la Dra. Lennys L. García, Hospital Carabaño Tosta del IVSS, debido a la realización de una cirugía por absceso en la región lumbar, donde se hace referencia a un diagnóstico de celulitis facial, absceso dorsal y cervical, HTA sistémica, hipotiroisdismo y obesidad (folios 111-112); k) Informe médico del Servicio de Medicina Interna, Lic. Miriam Suárez del Programa de Atención Integral del Adulto de Corposalud Aragua del 15 de octubre de 2002, en el cual se evidencia diagnóstico de diabetes tipo II, hipertensión y obesidad (folio 113).

Como puede apreciarse todos los referidos informes médicos, a excepción del descrito en el literal “b”, emanan de establecimientos públicos y fueron refrendados con el sello correspondiente de la Dirección, Servicio o Centro Hospitalario respectivo, por lo que se acogen con todo el valor probatorio que de ellos se derive.

Respecto al informe médico descrito en el literal “b”, habiendo sido emanado de la Policlínica Maracay, debió ratificarse por la prueba testimonial, lo cual no ocurrió en el presente caso, razón por la que se desecha dicho instrumento a tenor de lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.

20. Originales de los Informes Médicos relacionados con el caso del ciudadano Víctor Jesús Miranda Henríquez: a) Dos certificados de reposo emitidos por el IVSS, identificados con los Nros.  51569 y 51574, donde consta que estuvo de reposo en los meses de mayo y junio de 1993, debido a exposición de agentes químicos (folios 114-115); b) Informe médico suscrito por el Dr. Juan Briceño de Medicina del Trabajo del IVSS, de fecha 25 de noviembre de 1994, donde se le otorgan reposo nuevamente, dado el malestar general que tuvo como antecedente la intoxicación hospitalaria (folio 116);  c) Evaluación cardiovascular preoperatorio del Servicio de Cardiología del Hospital José Antonio Vargas del IVSS, Dr. Rafael Ascanio, de fecha 10 de diciembre de 1993, según el cual presentaba: elevación arterial en dos ocasiones, con un diagnóstico de EBOC (folio 117); d) Ejemplar de hoja de consulta emitida por Servicio de Otorrinolaringología del IVSS del Ministerio del Trabajo, de fecha 10 de diciembre de 1993, según la cual dicho ciudadano para ese momento sufría de síndrome vertiginoso y disfonía por presunta intoxicación por etilenglicol (folio 118); e) Informe médico suscrito por la Dra. María del Carmen Rodríguez del Servicio de Neumonología Clínica de la Policlínica Maracay del 9 de agosto de 1993, según el cual el diagnóstico para ese momento fue: EBOC, observándose perturbación para la ventilación de tipo obstructivo con alteraciones de pequeñas vías aéreas (folio119); f) Hoja de Referencia médica constante de reverso, emitida por el Servicio de Neumonología del IVSS, Ministerio del Trabajo, de fecha 08 de noviembre de 1994, donde se confirma el diagnóstico de EPOC, con un cuadro de hiperreactividad bronquial en contacto con olores fuertes, polvo y humo (folios 120-121); g) Hoja de referencia médica emitida en consulta del 24 de septiembre de 1996, en el Hospital J.M. Carabaño Tosta del IVSS, en el cual se evidencia que se estaba practicando evaluación de Nefrología desde noviembre de 1993, por presentar Hematuria y Rectorragia, con antecedente de la exposición a agentes químicos desde hace tres años (folio 122-123); h) Constancia médica emitida por médico tratante del Servicio de Medicina Interna del Hospital Domingo Luciani del IVSS, de fecha 20 de julio de 1997, según la cual dicho paciente presenta intoxicación por gas tóxico, síndrome vertiginoso en estudio y rectorragia de EAD (folio 124); i) Informe médico por el Servicio de Cardiología del Hospital General de Maracay del IVSS, de fecha 8 de mayo de 1998, en el cual se hace referencia al accidente objeto de esta acción y refiere al ciudadano Víctor Miranda, quien para la fecha presentaba cardiopatía tóxica (folio 125); j) Informe de laboratorio del IVSS, emitido por el Servicio de Radiología el 8 de mayo de 1998, según el cual presenta cuadro clínico compatible con osteoporosis y artritis reumatoidea en estudio (folios 126-127); k) Dos Informes médicos del IVSS, emitidos por la Dra. Irene Pajak del 13 de junio de 1999, en los cuales se ordena la hospitalización y realización de examen de Espirometría, por presentar un cuadro de broncoespasmos en crisis con tos improductiva (folios 128-129); l) Copia con sello húmedo del Servicio de Medicina Interna – Neumonología del Hospital José María Carabaño Tosta del IVSS del 19 de julio de 1999, que hace constar que de un estudio radiográfico se constató: Fibroesclerosis pulmonar discreta con aumento importante de la transparencia pleuropulmonar bilateral en relación con EBOPC (folio 130); m) Copia simple de dos informes del Servicio de Radiología del IVSS de fechas 18 y 20 de septiembre de 1999, en los cuales se indica que presenta: Inversión de la Lordosis fisiológica con discopatía a nivel C5-C6 asociada a anillo fibroso prominente discreto, Estenosis del foramen C6 derecho, Cerviartrosis leve con discreta disminución del espacio intervertebral C3-C4 y C5-C6 (folios 131-132); n) Informe médico de la Dra. Elvira Fano, Toxicología Clínica del IVSS, de fecha 5 de octubre de 2002, en el cual se identifica a dicho ciudadano como uno de los pacientes expuestos a sustancias tóxicas en el incidente del año 1993, al tiempo que indica que desde el año 1997 presenta trastornos de ritmos cardíacos, función renal lenta, EBPOC, disnea recurrente (folio 133).

Tales recaudos fueron acompañados en original, a excepción de los mencionados en los literales “l” y “m”, que fueron consignados en copia simple. Asimismo, se aprecia que todos menos el descrito en el literal “e” emanaron de establecimientos públicos, acompañados del sello que así lo certifica, razón por la cual esta Sala, con excepción del último de los mencionados, los acoge con todo el valor probatorio que de éstos se derive, aun cuando los mismos no fueron ratificados por vía de la prueba testimonial.

21. Copias simples de los Informes Médicos relacionados con el caso de la ciudadana Thais Tibisay Perdomo Arteaga: a) Informe médico de la Dra. Agueda Elvira Fano del IVSS, donde se indica que dicha ciudadana tiene un cuadro de dificultad respiratoria recurrente, poliartritis migratoria, hemorragia digestiva superior e inferior, faringitis gramulomatosa, rinorrea posterior, tinitus bilateral, insomnio, caída de cabello y vellos, dolor intenso úngela de manos y pies, movimientos involuntarios tónicos en miembros superiores e inferiores y alucinaciones visuales durante los primeros 7 meses (folios 134-135); b) Informe médico emanado de la Dra. Luisa Pérez de la Unidad de Reumatología del Hospital Central de Maracay, Centro Nacional de Enfermedades Reumáticas, MSAS, de fecha 2 de septiembre de 1996 en el cual se señala respecto al cuadro clínico de dicha ciudadana lo siguiente: que desde julio de 1993, tiene artritis simétrica aditiva en desarrollo, con compromiso poli-articular de grandes y pequeñas articulaciones; en agosto de 1993, artritis definida; en mayo de 1996, sub-lujación atlas axis reumatoide, disminución de reflejos en miembro superior izquierdo asociado a vértigo objetivo e hipotensión postenal, disrritmia cerebral con parálisis facial central, asma bronquial, hipocalcemia en crisis, hipertensión arterial, gastritis por fámacos y hernia hiatal (folios 136-137); c) Informe médico del Servicio de Traumatología del Hospital Central de Maracay, Dra. Sorangel Hernández, de fecha 4 de marzo de 1997, en el cual se evidencia que desde septiembre de 1996 empezó a sufrir de artritis séptica en muñeca izquierda y para octubre de 1996 se le realizaron muestras de su tejido para una biopsia, cuyo reporte fue: tejido necrótico con trombosis vascular (folio 138); d) Informe de resultado sobre análisis de histopatología de muestra del tejido en muñeca izquierda de dicha ciudadana de fecha 17 de octubre de 1996, suscrito por el Dr. Nelson Guillen, médico anatomopatólogo del IVSS, cuyo resultado arroja la existencia de tejido necrótico con trombosis vascular (folio 139); e) Informe de Medicina Interna del Hospital Domingo Luciani, de fecha 12 de junio de 1997, en el cual se señala que dicha ciudadana tiene un diagnóstico clínico de: enfermedad tóxico – alérgica por exposición a fluorcarbonados, hidrocarbu