MAGISTRADO PONENTE: EMIRO GARCÍA ROSAS

  EXP. Nº 2007-0559

Mediante oficio Nº 346-07 del 8 de marzo de 2007, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, remitió a esta Sala el expediente contentivo de la demanda de servidumbre judicial interpuesta por los abogados Pedro Rodolfo Gutiérrez Rodríguez y Carlos Eduardo Altimari Schmilinski, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 28.524 y 96.510, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil YPERGAS, S.A., inscrita ante el Registro Mercantil VII de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 31 de julio de 2001, bajo el Nº 39, Tomo 206-A; contra el ciudadano BENITO GUTIÉRREZ FERRER, titular de la cédula de identidad Nº 4.713.202.

La remisión se efectuó en virtud de la sentencia dictada por el referido Juzgado en fecha 8 de marzo de 2007, mediante la cual se declaró incompetente para conocer de la demanda, planteando ante esta Sala un conflicto negativo de competencia.

El 29 de mayo de 2007 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Emiro García Rosas, a los fines de decidir el conflicto de competencia.

Para decidir, la Sala observa:

I

ANTECEDENTES

En fecha 27 de enero de 2006 los apoderados judiciales de la sociedad mercantil YPERGAS, S.A., interpusieron ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, en funciones de distribuidor, demanda por constitución de servidumbre judicial contra el ciudadano BENITO GUTIÉRREZ FERRER.

En dicho escrito, los apoderados de la actora expresaron que le fueron concedidas dos licencias vinculadas a proyectos de desarrollo de fuentes de gas.

Que dichos proyectos le confieren el derecho para ejercer actividades de exploración y explotación de hidrocarburos gaseosos no asociados sobre el área denominada Yucal Placer Norte, ubicada en la jurisdicción de los municipios Monagas y Chaguaramas, Estado Guárico y sobre el área denominada Yucal Placer Sur, ubicada en la jurisdicción del Municipio Rafael Urdaneta, Estado Aragua, y de los Municipios Monagas y Chaguaramas, Estado Guárico.

La parte demandante, luego de señalar brevemente los antecedentes del caso, efectuó consideraciones acerca de las actividades realizadas en el Fundo La Gutierreña con la finalidad de indicar el área total a ser afectada por el tramo de gasoducto, para posteriormente hacer referencia a la necesidad de constituir la servidumbre judicial y ocupar temporalmente los terrenos en vista de las infructuosas gestiones para resolverlo amistosamente realizadas con el ciudadano Benito Gutiérrez Ferrer, propietario del área afectada.

Indicaron que el mencionado ciudadano impide “el acceso a las instalaciones, hacia y desde las áreas donde se encuentran el gasoducto, ocasiona graves daños al patrimonio de la Nación Venezolana, al dejar de recibir esta los beneficios que debe obtener de conformidad con los términos de la Licencia para la Explotación de Hidrocarburos Gaseosos No Asociados, y en segundo lugar, se difiere, y en algunos casos se pierde, la producción de los hidrocarburos gaseosos de los pozos cuya producción diaria no puede ser procesada ni comercializada (…)” ; por lo que solicitó:

“AUTORICE judicialmente a [su] representada, por intermedio de sus dependientes, y a las personas naturales o jurídicas contratadas al efecto, el uso y la ocupación de las superficies afectadas dentro del fundo conocido como Fundo La Gutierreña, identificado precedentemente en esta solicitud, para las instalaciones gasíferas constituidas por un tramo de gasoducto de doce pulgadas (12”) de diámetro transportadora de gas, con una longitud de un mil ciento noventa y cinco metros (1.195 m) y un ancho de cuarenta y dos metros (42 m) incluyendo la zona de seguridad, que va desde los pozos hasta el Centro de procesamiento de Gas-CPF, y consecuencialmente declare este Tribunal constituida la Servidumbre a favor de Ypergas, S.A., por un período de cinco (5) años (…) .”

Finalmente solicitaron medida cautelar innominada con el propósito de evitar mayores perjuicios y lesiones irreparables al patrimonio nacional y a los derechos de su representada, en los siguientes términos:

AUTORICE provisionalmente a Ypergas, S.A., y a sus dependientes y contratista a entrar al Fundo La Gutierreña y en particular a las áreas ocupadas por las instalaciones descritas en esta solicitud, hacer uso de las vías de penetración existentes o las picas que al efecto abra, mientras se cumplen los requisitos que harían procedente la constitución de la ocupación judicial de dicho Fundo (…)” (sic).

Mediante decisión de fecha 2 de febrero de 2006, el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico se declaró incompetente para conocer la demanda interpuesta y declinó la competencia en los Juzgados Superiores Contenciosos Administrativos de la Región Central, con fundamento en lo siguiente:

“…Vista la demanda presentada por (…) la sociedad mercantil YPERGAS S.A., (…) de los recaudos acompañados al libelo de demanda, se desprende que la mencionada empresa actúa con licencia otorgada por el Estado Venezolano por órgano del Ministerio de Energía y Minas, en fecha 15 de Agosto de 2.001, según Resoluciones Nº 119 y 1210, de esa misma fecha, publicadas en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.266, de fecha 22 de Agosto de 2.001, lo que demuestra que está autorizada para ejercer la presente acción conforme a la licencia otorgada ya descrita. Habida cuenta que se encuentra involucrado el Estado Venezolano como parte interesada, y conforme lo establece la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional de fecha 15 de Diciembre del año 2.005, Exp. Nº 05-0204, caso MARIO FREITAS SOSA contra Inversiones Recreativas Invereca C.A. (INVERECA), Que: Las demandas que interpongan la República, los Estados, los Municipios, o algún instituto Autónomo, ente Público o empresa, la cual la República, los Estados o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere contra los particulares o entre sí, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.) correspondería LA COMPETENCIA A LOS JUZGADOS SUPERIORES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO REGIONALES (sent. Sala Político administrativa Nº 1900/2004), este Tribunal se considera incompetente en razón de lo antes dicho, y en consecuencia declina su competencia ante el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) Contencioso Administrativo de la Región Central con sede en Maracay Estado Aragua, y ordena remitir las presentes actuaciones al mismo con oficio, señalando los recaudos anexos y así se decide.”  (Resaltados del texto).

Mediante auto de fecha 13 de febrero de 2006, el referido Juzgado remitió el expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central .

El 8 de marzo de 2007 el citado Juzgado Superior declaró su incompetencia para conocer la demanda de autos y planteó un conflicto de competencia ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con los siguientes argumentos:

“…Revisados y analizados como han sido los recaudos cursante desde el folio 17 al 88 del expediente, así como los estatutos o acta constitutiva de la Sociedad Mercantil YPERGAS S.A., de donde se desprende que si bien es cierto que la mencionada Sociedad Mercantil, es una Sociedad inversionista del estado Venezolano, mediante licencias otorgadas por el mismo, permitiéndole de esta manera a éste el control decisivo y permanente de la misma, tampoco es menos cierto que nos encontramos frente a una demanda, mediante la cual la Sociedad Mercantil supra mencionada, pretende se le constituya a su favor el derecho de servidumbre, de uso y ocupación sobre un área de terreno de aproximadamente Un Mil Ciento Noventa y Cinco (1.195 m) y un ancho de cuarenta y dos metros (42 m), incluyendo la zona de seguridad, dentro del Fundo La Gutierreña, ubicado en jurisdicción del municipio José Tadeo Monagas del Estado Guárico, propiedad del ciudadano Benito Gutiérrez, con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento y cuido del tramo de gasoducto instalado en dicho fundo, en virtud de que dicho propietario se ha negado a suscribir contrato de servidumbre con la referida Sociedad Mercantil, y como quiera que la Ley de Reforma Parcial del decreto con Fuerza y de Tierras y Desarrollo Agrario (Sancionada el 28 de abril de 2005), en su Capítulo II, Artículo 167, establece que: `Son competentes para conocer de los recursos que se intenten contra cualquiera de los actos administrativos agrarios: (sic)

1) Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios….como Tribunales de Primera Instancia….´.

Asimismo se desprende del artículo 168 de la misma Ley que, `Las competencias atribuidas de conformidad con el artículo anterior comprenden el conocimiento de todas las acciones que por cualquier causa, sean intentadas con ocasión a la actividad u omisión de los órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos….´(…); por lo que se observa que el conocimiento de la presente demanda le corresponde al Tribunal Superior Regional Agrario, con sede en San Carlos de Cojedes, Estado Cojedes, por cuanto estamos en presencia de una demanda de naturaleza agraria, en virtud de que la demanda tiene por objeto una servidumbre sobre un predio rustico (fundo), lo que trae como consecuencia que este Tribunal no tiene Competencia para conocer de la misma, planteando de esta manera el conflicto negativo de competencia o de no conocer del presente proceso; y por cuanto la presente causa, fue remita a este despacho por declinatoria de competencia del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la Victoria, no existiendo un Tribunal Superior afín entre ambos, es por lo que se ORDENA remitir las presentes actuaciones a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de que este dictamine quien es el competente para conocer de la presente causa. Y así se decide…”. (Resaltados del texto) (sic).

II

COMPETENCIA DE LA SALA

Corresponde a la Sala establecer su competencia para resolver el conflicto negativo planteado para lo cual debe atender a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, los cuales rezan:

Artículo 70. Cuando la sentencia declare la incompetencia del Juez que previno, por razón de la materia o por el territorio en los casos indicados en el artículo 47, si el Juez o Tribunal que haya de suplirle se considerare a su vez incompetente, solicitará de oficio la regulación de la competencia”.

Artículo 71. La solicitud de regulación de la competencia se propondrá ante el Juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aún en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación. En los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior…” (Resaltado de la Sala).

Por su parte, el numeral 51 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, dispone lo siguiente:

Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:

51. Decidir los conflictos de competencia entre Tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro Tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico, remitiéndolo a la Sala que sea afín con la materia y naturaleza del asunto debatido”.

En atención a las normas indicadas se observa que, en el caso bajo análisis, se ha planteado un conflicto de competencia entre el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico y el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, los cuales se declararon incompetentes para conocer de la demanda por constitución de servidumbre judicial incoada por la sociedad mercantil YPERGAS S.A. contra el ciudadano BENITO GUTIÉRREZ FERRER; y por cuanto el último de los órganos jurisdiccionales antes señalados tiene atribuida la competencia en materia contencioso-administrativa, esta Sala Político-Administrativa, cúspide de la mencionada jurisdicción, se declara competente para conocer el conflicto planteado. Así se decide.

III

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

            Determinado lo anterior, debe esta Sala resolver el conflicto negativo de competencia suscitado entre los Tribunales antes mencionados, lo cual pasa a hacer en los siguientes términos:

El asunto bajo análisis versa sobre la demanda de constitución de servidumbre judicial interpuesta ante el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, por la representación judicial de la sociedad mercantil YPERGAS S.A. contra el ciudadano BENITO GUTIÉRREZ FERRER.

De las actas procesales, esta Sala observa que mediante sentencia de fecha 2 de febrero de 2006, el referido Juzgado declaró su incompetencia para conocer y decidir el asunto planteado, por considerar que de acuerdo a la jurisprudencia emanada de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, bajo el Nº 1900 del 2004 (…) “Las demandas que interpongan la República, los Estados, los Municipios, o algún instituto Autónomo, ente Público o empresa, la cual la República, los Estados o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere contra los particulares o entre sí, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.) correspondería LA COMPETENCIA A LOS JUZGADOS SUPERIORES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO REGIONALES; en consecuencia, declinó el conocimiento de la causa en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central.

Por su parte, el referido Juzgado ad quem se declaró a su vez incompetente para conocer la solicitud bajo análisis, indicando que “…el conocimiento de la presente demanda le corresponde al Tribunal Superior Regional Agrario, con sede en San Carlos de Cojedes, Estado Cojedes, por cuanto estamos en presencia de una demanda de naturaleza agraria, en virtud de que la demanda tiene por objeto una servidumbre sobre un predio rústico…”, basándose en lo establecido en el artículo 167 de la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; planteando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, el conflicto negativo de competencia bajo análisis.

El artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela (de fecha 20 de mayo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.942), estableció un nuevo régimen para definir su competencia como más alto Tribunal de la República. En este sentido, el numeral 24 de ese artículo dispuso entre las competencias de la Sala Político-Administrativa, la siguiente:

 “Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: (…)

(…) Conocer de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República ejerza un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T)…”.

Así, conforme al precepto normativo antes transcrito, se establecen tres requisitos de carácter concurrente a fin de definir la competencia de esta Sala, a saber: 1) Que la demanda sea interpuesta contra la República, los Estados, los Municipios, Institutos Autónomos, entes públicos o empresas en las cuales la República ejerza un control decisivo o permanente, en cuanto a su dirección o administración; 2) Que la acción ejercida supere en cuantía las setenta mil una unidades tributarias (70.001U.T); y 3) Que el conocimiento de la causa no esté atribuido a otro tribunal.

Por otra parte, mediante sentencia N° 1.462 (Caso: Marlon Rodríguez vs. Cámara Municipal del Municipio El Hatillo del Estado Miranda) publicada el 27 de octubre de 2004, con Ponencia Conjunta, se delimitaron las competencias de los órganos jurisdiccionales que componen la jurisdicción contencioso administrativa,  precisando, entre otros aspectos, lo siguiente:

 “1. Los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales, conocerán de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.

2. Las Cortes de lo Contencioso Administrativo con sede en Caracas, conocerán de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), hasta setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), la cual equivale a la cantidad de un mil setecientos veintinueve millones veinticuatro mil setecientos bolívares con cero céntimos (Bs. 1.729.024.700,00), por cuanto la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.

3. La Sala Político-Administrativa, conocerá de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), lo que equivale actualmente a un mil setecientos veintinueve millones veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 1.729.024.700,00), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.

Atendiendo a los principios expuestos supra, tenemos que según el régimen especial de competencias a favor de la jurisdicción contencioso-administrativa, los tribunales pertenecientes a ésta, conocerán de aquellas acciones, que según su cuantía, cumplan con las siguientes condiciones: 1) Que se demande a la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual alguna de las personas políticos territoriales (República, Estados o Municipios) ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, y 2) Que el conocimiento de la causa no esté atribuido a ninguna otra autoridad, a partir de lo cual se entiende que la norma bajo análisis constituye una derogatoria de la jurisdicción civil y mercantil, que es la jurisdicción ordinaria, pero no de las otras jurisdicciones especiales, tales como la laboral, del tránsito o agraria.

(…omissis…)

 (Ponencia Conjunta de fecha 07 de septiembre de 2004, Nº 01315, caso: Alejandro Ortega Ortega vs. Banco Industrial de Venezuela, C.A.).”  (Resaltado de la Sala).

Con el señalado criterio jurisprudencial se creó un régimen especial transitorio de competencia a favor de la jurisdicción contencioso administrativa, partiendo de los requisitos concurrentes consagrados en la norma antes transcrita, distribuyéndose las competencias entre los órganos jurisdiccionales que la componen, de acuerdo a la cuantía en que sea estimada la demanda de que se trate.

Bajo tales premisas, debe la Sala precisar si en el caso de autos concurren efectivamente los requisitos antes señalados, a cuyo efecto se observa:

En la sentencia antes transcrita se determinó, igualmente, lo siguiente:

 “Al respecto, ya se pronunció la Sala en sendas ponencias conjuntas, de fechas 02 y 07 de septiembre de 2004, sobre la competencia para conocer de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, modificando la cuantía establecida en el numeral 2º del artículo 182 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, e incluyendo como sujetos pasivos de una eventual demanda a los Estados y Municipios, en atención a lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como de las demandas que interpongan cualesquiera de los entes o personas públicas mencionadas anteriormente contra los particulares o entre sí…” (Resaltado de la Sala).

En atención a lo indicado, y en contraposición a lo manifestado por el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, se evidencia de su Documento Constitutivo-Estatutario (folios 102 y siguientes) que la sociedad mercantil YPERGAS, S.A. conformó con las empresas Inepetrol S.A., Otepi Inversiones S.A., “TotalFinaElf Holdings Netherlands, B.V.” y Repsol YPF Venezuela S.A., una sociedad anónima, las cuales en conjunto actúan como inversionistas en las dos (2) licencias otorgadas por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para realizar todas las actividades de exploración y explotación relacionadas con hidrocarburos dentro de las áreas de Yucal Placer Norte y Yucal Placer Sur, y ser el único operador de las mencionadas licencias; por lo que no se trata de un ente público, cuya dirección y control le corresponda a la República. En consecuencia, esta Sala no considera cumplido el primero de los requisitos exigidos en la aludida norma, relativo a la condición pública del ente demandante.

Finalmente, esta Sala observa que la demanda de constitución de servidumbre judicial y ocupación temporal fue interpuesta en fecha 27 de enero de 2006, esto es, bajo la vigencia del Decreto Nº 310 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.793 del 23 de septiembre de 1999); la cual en su artículo 16, establece lo siguiente:

Artículo 16: Las personas autorizadas para ejercer las actividades de exploración, explotación, transporte, distribución, almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos gaseosos, tendrán el derecho de solicitar la constitución de servidumbres, la ocupación temporal y la expropiación de bienes.

Artículo 17: Cuando las servidumbres a que se refiere el artículo anterior, hayan de constituirse sobre terrenos de propiedad privada, las personas autorizadas celebrarán con los propietarios los contratos necesarios. De no lograrse avenimiento, las personas interesadas podrán ocurrir a un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, con jurisdicción en la localidad, para que éste autorice el comienzo de los trabajos. El solicitante señalará con precisión las áreas y bienes que se afectarán y los trabajos a realizarse (…)” (Resaltado de la Sala).

Las normas precedentemente transcritas, consagran un régimen especial de competencia, que atribuye el conocimiento de las demandas interpuestas para la constitución de servidumbres y la ocupación temporal, a los tribunales en materia civil, cuya competencia territorial se determinará por la localidad donde se encuentre el inmueble.

En consecuencia, el conocimiento de la presente acción corresponde a los Tribunales Civiles, específicamente al Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, el cual venía conociendo de la causa. Así se declara.

IV

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- Que es COMPETENTE para conocer el conflicto de competencia planteado.

2.- Que corresponde al JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUÁRICO, la competencia para conocer la demanda de constitución de servidumbre judicial y ocupación temporal interpuesta por la sociedad mercantil YPERGAS S.A. contra el ciudadano BENITO GUTIÉRREZ FERRER, al cual se ordena remitir el expediente.

Se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los tres (03) días del mes de julio del año dos mil siete (2007). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

                

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

Ponente

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En cuatro (04) de julio del año dos mil siete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01208.

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN